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Transparencia relativa

Carlos Mármol | 31 de julio de 2011 a las 6:00

Las promesas de transparencia del nuevo equipo municipal de gobierno avanzan tímidamente a pesar de ser uno de los compromisos electorales de Zoido. Los ejemplos: los sueldos, el urbanismo y la circular de información.

Acogiéndome al generoso amparo del alcalde, que esta semana, con motivo de la polémica por la madre de todas las derogaciones (Plan Centro), ha defendido “la libertad de expresión y de opinión”, me veo en la obligación de recordarle, porque viene al caso que nos ocupa, lo que dicen que dijo Goethe en el lecho de muerte, con el pie casi rompiendo el estribo: “Luz, más luz”.

El nuevo gobierno local llegó al poder hace algo más de un mes. Y lo hizo, entre otras, con la promesa de ser transparente y ejemplar en su gestión. Lo segundo depende de lo primero. Se trata de una vieja reivindicación ciudadana que, sin embargo, los distintos grupos políticos que han gobernado la ciudad a lo largo del tiempo reciente siempre han confesado desear pero nunca terminaron de cumplir. El fondo del asunto es sencillo: un ayuntamiento es una institución pública y, al financiarse con el dinero de todos, sus decisiones pueden –y deben– ser examinadas por aquellos que deseen hacerlo más allá de la habitual propaganda con la que nos deleitan nuestros estimados gobernantes. Puro sentido común.

Zoido ha querido esta semana cumplir este compromiso. A su manera, claro. Si cuando llegó al poder tuvo el gran acierto de restituir a la oposición en los órganos de gobierno de las empresas municipales, ahora, quizás porque durante las últimas semanas ha estado tropezando con la incómoda piedra del urbanismo (asunto que aunque el ejecutivo local quiera diluir con los habituales señuelos va a seguir dando grandes tardes de gloria), el regidor, además de eliminar el Plan Centro por decreto (ellos lo llaman resolución; también las recalificaciones eran modificaciones puntuales), ha optado por otra derogación planetaria: la de la ordenanza que limitaba el acceso de la oposición a los expedientes municipales.

En su día el PP la llamó, por conveniencia electoral, la circular Torrijos. En realidad fue aprobada por la mayoría entonces vigente (PSOE e IU) con el argumento de la protección de datos. ¿Qué decía esa circular? Que cualquier edil que quisiera consultar los expedientes del gobierno tenía que pasar por un determinado filtro, aunque en realidad era un calvario.

En aquel momento el sendero establecido obligaba a la oposición a pedir cada uno de los puntos que se quisieran examinar a los distintos servicios municipales (que tenían cinco días para enseñar los documentos) una vez discutidos por el gobierno. Los populares, que sorprendentemente parecen ahora no ser capaces de abandonar la mentalidad del palomar –espacio donde habita la leal oposición en la Plaza Nueva–, censuraron tal decisión y reivindicaron sus derechos.

A quien le tocó pronunciar la solemne declaración fue al edil Curro Pérez, que en un Pleno de febrero de 2008 reclamó ver los expedientes del gobierno local tres días antes de que los discutiera el gobierno de Monteseirín, sin limitaciones de tiempo y con libertad plena para poder realizar copias de los documentos oficiales. El concejal popular se amparaba en el reglamento de funcionamiento del Consistorio (que Zoido piensa cambiar, según su programa) y en el derecho de la oposición a ejercer su labor.

Pérez tenía toda la razón. Cuestionar el derecho de la oposición (y de los ciudadanos, que no es lo mismo) a consultar la documentación municipal parecía tener poco que ver con la protección de datos. En esto hay que ser muy rotundo: cualquier sevillano debería poder tener acceso, si quiere, al recorrido administrativo de las decisiones municipales. Internet lo permite. Es posible.

Las tornas políticas han cambiado. Y el PP, dentro de su táctica de culpar de todo al anterior gobierno (a veces con razón; en otras ocasiones con una voluntad de revancha que no casa con su humildad, tan pregonada), decidió esta semana cambiar la citada circular para garantizar “la transparencia absoluta”. De nuevo Pérez, a la sazón ahora portavoz del Gobierno, fue el encargado de comunicar tan excelente decisión. Cosa digna de celebración: el capitular popular tiene capacidad política más que demostrada para bastantes más cosas que organizar la Velá de Triana, tarea a la que, inexplicablemente, le ha condenado el alcalde sin inmutarse.

Los cambios no generaron mucha alegría en la oposición. Los socialistas los critican alegando que se quedan cortos. Los populares, cuyo ánimo aflora más en las respuestas que en las propuestas, volvieron a su argumento intelectual: “Vosotros erais bastante peores. ¿De qué os quejáis?”. Torrijos, cuyo nombre quiso vincular el PP a esta circular restrictiva, explicó lo que ya dijo en su momento: que las supuestas limitaciones derivan de un informe de la secretaría municipal.

Todo esto, claro está, es la epidermis del asunto. Vayamos al fondo. ¿Qué es lo que ha cambiado el PP de dicha norma? La expectativas eran grandes. Tanto como el discurso del edil Pérez en aquel Pleno de 2008. El análisis documental –que es justo lo que todos los gobiernos quieren evitar que hagan los ciudadanos que desconfían de las consignas– arroja algunas incoherencias y atenúa en buena medida el impacto de la “transparencia absoluta” que afirma haber recuperado el PP en el Ayuntamiento. La oposición, ya se sabe, es de natural desagradecida. Incluso cuando se le ayuda.

La circular, en realidad, no se ha derogado, aunque sea el verbo de moda. El PP simplemente ha modificado su redacción jurídica en un par de párrafos. Se refieren al espacio físico donde la oposición podrá a partir de ahora consultar los expedientes y al tiempo. Si antes había que ir a los correspondientes servicios municipales cinco días después (a veces tardaban más, dada su eficacia), ahora será en el propio ayuntamiento (sección actas), tres días después de aprobar los asuntos. Los lunes pasan a ser los días grandes en Plaza Nueva, si las filtraciones previas del gobierno permiten a la oposición abrir frentes propios.

Como decían los dibujos animados, eso es todo, amigos. Punto. Ni el PP va a dar los expedientes municipales antes de ratificarlos en su reunión semanal de gobierno, ni los informes jurídicos de los funcionarios (a los que pagamos todos) van a conocerse con suficiente antelación a las decisiones políticas. Tampoco, tal y como en la oposición reclamó Zoido, los ediles podrán ver los temas tres días antes de discutirse.

De las fotocopias nos olvidamos. Si Monteseirín quería que se le pidiera permiso (como en el ejército) para obtener una mísera versión de un documento oficial, Zoido deja la situación igual que su antecesor:en su mano seguirá estando la potestad de autorizar a la oposición a tener los documentos que pida. No se les vaya a ocurrir repartirlos en una rueda de prensa. Habrá generosidad, qué duda cabe, siempre y cuando los socialistas e IU no hagan peticiones “inconcretas”, “genéricas” o “injustificadas”. ¿Quién decide todo esto? El alcalde, se supone. Para eso ha sacado 20 concejales.

A partir de aquí cada uno es libre de sacar sus conclusiones. Aunque para tal viaje no hacían falta alforjas. Zoido puede ordenar, como ha hecho en el último Pleno, todas las comisiones de investigación que desee sobre la gestión del anterior gobierno local (serán bienvenidas) para dar la impresión de llegar al fondo de las cosas. Pero mientras tenga guardada la llave de la fotocopiadora en la mesa de caoba de la Alcaldía todo parecerá impostado.

Nadie duda de la buena voluntad del PP. Nos han dado ejemplos: no supimos (por ellos) el sueldo de sus altos cargos, ni tienen intención de notificar los salarios de sus gerentes, ni han colgado su patrimonio en la web municipal. Tampoco han explicado qué es exactamente lo que negocian con las empresas que quieren recalificaciones a la carta. Ellos, mientras tanto, presumen de Open Government. Bueno. A mí me parece que la prometida luz es más bien penumbra. Y los taquígrafos, los escribas de los scriptorium medievales. Únicamente copiaban. No pensaban. Ideales, ¿verdad?

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