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Topografía de la (in)justicia

Carlos Mármol | 15 de enero de 2012 a las 6:10

La singular posición del gobierno municipal sobre la ubicación de la futura Ciudad de la Justicia alimenta la sensación de que en Sevilla cumplir la normativa carece de importancia frente al poder de la influencia.

Los clásicos, tan sabios, lo recomiendan: lo mejor para una república es tener pocas leyes y que se cumplan. En Sevilla, casi siempre república superlativa de sí misma, hemos elegido justo el camino opuesto: contamos con un corpus jurídico generoso –escrito y procedente de la costumbre; lo que algunos denominan tradición– y sin embargo, como otros tantos territorios meridionales, a la hora de la verdad para muchos cuenta más la capacidad de influencia (familiar, personal y social) que cualquier principio aprobado en una cámara representativa y fijado por escrito.

En esta ciudad, donde algunos todavía creen que tiene más importancia el lugar de dónde vienes que dónde pretendes ir, cosa que explica nuestra habitual endogamia –tan sucesiva– la experiencia dice que basta tener un buen contacto para esquivar cualquier obstáculo que dificulte tu camino, por asombroso que esto parezca. A fin de cuentas, ¿quién se va a preocupar de que la ley no se cumpla? ¿Cuatro locos? ¿Un periodista? ¿Acaso una asociación de vecinos? ¿Un juez? ¿La Fiscalía?

Una sociedad que da por perdida de antemano las batallas morales básicas no se respeta a sí misma. Aunque más grave es que sea directamente el poder institucional –cualquiera que parezca ser su signo político– quien viole las mismas normas cuyo estricto cumplimiento exige a diario a los propios ciudadanos. En cualquier país razonable semejante actitud sería objeto de una reprobación general; aquí, en cambio, todo queda en una pieza (menor) de teatro sin consecuencias. Y con aplausos.

Esta semana hemos visto dos ejemplos manifiestos. Por un lado, la Junta de Andalucía ha aprobado un decreto para legalizar las construcciones ilegales en Andalucía. Por otro, el gobierno municipal de la capital ha vuelto a entablar un extraño pulso artificial con la administración regional a cuenta de la ubicación de la futura Ciudad de la Justicia. Ambas cuestiones parecen de índole distinta. No lo son. En las dos se destroza el mismo principio esencial: la ley debería ser igual para todos. Se ve que para unos más que para otros. En el Siglo de Oro esto se resumía con una frase: “Por ser vos quien sois…”

En el caso de la amnistía autonómica para las construcciones ilegales, la cuestión requiere poco análisis: la Junta de Andalucía, dada la difícil coyuntura electoral del PSOE, ha decidido sencillamente saltarse las normas y hacer lo contrario de lo que durante años ha pregonado. Literalmente se ha dado carta de naturaleza jurídica desde el Gobierno andaluz a un delito: la ocupación ilegal del territorio, en la mayoría de los casos de forma consciente. Y con alevosía. Los atenuantes argumentados por la Consejería de Obras Públicas, que tan habituales son en estos casos en los que se trata de justificar lo injustificable, son meras distracciones de salón.

Dejémonos de matices, que no existen: gracias al singular decreto del consejo de gobierno, los delincuentes (urbanísticos) ya no tendrán que resarcir a la sociedad por sus tropelías. Ni irán a la cárcel. Podrán pues ir a votar, que es de lo que aquí, en el fondo, se trataba. Todo el discurso de la legalidad urbanística –aplicado por ejemplo al caso de la ciudad de Marbella– se viene abajo como un castillo de naipes ante este sorprendente relativismo moral –en este caso, electoral– que guía a los gobernantes regionales. Al PP incluso le ha parecido que la Junta se ha quedado corta. Asombroso. ¿Desde cuándo un fin político justifica semejantes medios? ¿Desde cuándo la necesidad de conseguir votos es motivo para bendecir el incumplimiento de la legislación?

En el caso de la Ciudad de la Justicia de Sevilla, la cuestión no tiene todavía tintes penales. Aunque la lógica subyacente es casi idéntica: ¿qué importa que exista una norma aprobada en un foro democrático cuando uno es capaz de hablar en confianza con un alcalde y lograr que acepte lo que uno desea? El regidor hispalense, Juan Ignacio Zoido, ha vuelto a enredarse en su enésimo conflicto político con la Junta de Andalucía en relación a la ubicación definitiva de este importante complejo judicial.

El consejero del ramo, titular del departamento de la Junta que lleva al menos once años hablando de este proyecto sin presupuestar ni un euro para su construcción, ha requerido a Zoido para que confirme la ubicación que prefiere para la dotación judicial. Y el alcalde ha respondido que no optará por ninguna hasta tener garantías de su construcción. Como se recordará, el actual regidor de Sevilla propuso durante la campaña electoral construir dicho complejo judicial en el Prado.

El motivo del conflicto parece ser pues la situación de la Ciudad de la Justicia. No es así. Todo es impostado. Porque, en realidad, no hay nada que decidir a este respecto. Si se piensa, como dan a entender (por motivos distintos) el Ayuntamiento y la Junta, que la ubicación de la Ciudad de la Justicia es discutible entonces es cuando caemos de nuevo en el relativismo frente a la ley.

Sevilla eligió en 2006 la ubicación de su Ciudad de la Justicia: los terrenos de Los Gordales, situados sobre este antiguo brazo fluvial. Nada ha cambiado, en términos jurídicos, desde entonces. Dicha ubicación está incluida en el Plan General de Ordenación Urbana (con rango de normativa de cumplimiento general) y, por tanto, obliga a todas las partes en litigio: gobierno local, administración regional y, por supuesto, al gremio judicial, que sigue enredando siempre que puede con su vieja aspiración –en buena parte de tinte personalista– para continuar en el Prado de San Sebastián, sin considerar siquiera si este enclave sigue siendo mejor o peor para la ciudad. Cada parte piensa sólo en sus intereses. De los de Sevilla no se ocupa nadie. O peor: todos confunden sus propios caprichos con los de la ciudad.

En mitad de este cabildeo político, alguien (no se se dice nunca quién, lo que contradice la tesis de Zoido de que gobierna con luz y taquígrafos) sugiere al Ayuntamiento trasladar el complejo judicial al Noreste. A los terrenos del Buen Aire, donde desde hace tiempo la iniciativa privada debería haber desarrollado uno de los nuevos barrios de Sevilla. ¿Casualidad? Más bien picaresca: si la Ciudad de la Justicia fuera a parar a estos terrenos, cuyos usos están regulados por el PGOU, alguien haría el negocio del siglo, al activar con dinero público una urbanización que lleva retraso e impulsar así un proyecto inmobiliario privado con inversión ajena, de todos. Una jugada excelente (para quien pone el balón en juego) si no fuera porque perjudica al resto de los dueños de suelo de Sevilla.

Lo llamativo no es que alguien pretenda pescar en este río tan revuelto. Esta costumbre es cosa antigua. Qui prodest, decían los romanos. Lo extraordinario es que dos instituciones como el Ayuntamiento y la Junta de Andalucía (aunque por motivos distintos) ignoren por completo la propia norma en vigor (el PGOU), que a ambas les condiciona, y que, paradójicamente, las dos aprobaron expresamente hace apenas cinco años. Y que lo hagan además dando pábulo a una discusión inexistente y que no tiene más vocación (interesada, obviamente) que satisfacer a uno de los habituales lobbies. Suficientemente hábil para que el alcalde le preste audiencia a pesar de que, como dijo Platón, los gobernantes, antes que a cualquier otra cosa, se deben a sus propias leyes, a las que están –o deberían estar, como todos– sometidos

Zoido cuenta con mayoría suficiente para iniciar una modificación del Plan General que suprima la ciudad judicial de Los Gordales. Que pueda culminarla ya es cosa distinta. Basta ver los episodios de Ikea y la comisaría de la Gavidia para comprobar que, en urbanismo, hablar y hacer son cosas diferentes. Igual que predicar y gobernar. Hasta que esto no ocurra no hay debate posible. La Ciudad de la Justicia no tiene otra ubicación más que la legal: Los Gordales. Las mayorías políticas ni anulan las minorías ni desdibujan las leyes. Que se sepa.

  • Francisco Robles Jimena

    Espero que detras de este Alcalde no este la casta Sevillana de siempre eso que se escandalizan por no llevar el traje adecuado a un quinario y sin embargo si hay que mangonear para no perder sus privilegios se hace y punto

  • Antonio

    Una análisis perfecto. Este periodismo de crítica de actuaciones políticas es el que más falta nos hace, en estos tiempos de confusión. Enhorabuena,

  • Rosa

    “Literalmente se ha dado carta de naturaleza jurídica desde el Gobierno andaluz a un delito”, luego el gobierno andaluz es un delincuente………………..