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Cosas que hacer cuando estás muerto

Carlos Mármol | 23 de noviembre de 2011 a las 6:03

El PSOE cuenta con escaso tiempo para remontar la mayoría del PP en Andalucía · La crítica situación obliga a dar un giro político en la Junta, buscar alianzas y taponar la ‘guerra interna’.

La cuenta atrás ha comenzado. Y el tiempo, como dijo Quevedo en un verso, es la única cosa que nunca tropieza. Siempre sigue su camino. Igual que una saeta. Los socialistas andaluces tienen apenas cuatro meses –dependiendo de la fecha exacta que finalmente elija Griñán para convocar los comicios regionales– para recomponer la delicada situación electoral que el domingo mostraron las elecciones generales: 751.433 votos menos y una considerable vía de agua que quiebra la leyenda histórica de su imbatibilidad en Andalucía. Ya no se trata de encuestas o sondeos. Son las urnas.

La situación es crítica. A pesar de las declaraciones de estos días, en las que los socialistas intentan relativizar el ascenso del PP, no queda otra salida. Todo obliga a Griñán a adoptar una estrategia ofensiva si realmente quiere frenar la ola que desde Madrid parece aupar a Javier Arenas al Palacio de SanTelmo.

No es fácil: además del estrecho plazo disponible, el viento juega en contra, la tesis de que los recortes que aplicará Rajoy beneficiarán al PSOE andaluz no es perfecta y la situación orgánica es altamente explosiva. La llamada a la unidad –que se va a poner en escena en un gran acto conjunto, según se supo ayer– no garantiza por completo que, con un congreso federal previsto en febrero, a un mes de que los andaluces vayan a las urnas, la lucha por el poder interno no termine traduciéndose en un drama añadido. Probablemente, el peor.

De todo esto se habló, y mucho, en la Ejecutiva que los socialistas celebraron el lunes. La lectura oficial es que existe una “base sólida” para ganar en marzo, que se puede remontar y que ahora es necesario que Andalucía (el 25% de los delegados al congreso federal) acuda unida tanto al cónclave en el que se disputará el poder interno –en un partido que está siendo expulsado de las instituciones– como a las elecciones.

Dejando de lado la versión oficial, siempre insuficiente, lo cierto es que el PSOE andaluz sólo cuenta con un arma válida frente al ejército popular: la Junta. Un soldado que está cercado en una trinchera tiene dos opciones:o rendirse o pelear con el fusil que le quede en la mano. Punto. De ahí que probablemente en los próximos meses empecemos a ver un significativo y rápido viraje –inevitable, por otro lado– en el papel que hasta ahora ha venido jugando la administración regional. La Junta tendrá que dejar atrás el perfil que le es inherente y propio (el institucional) para ponerse a trabajar en clave política. De campaña. De guerra.

¿Cómo se concreta este giro? Con una estrategia conjunta en relación a los mensajes, la visibilidad pública y la capacidad (teórica) del Consejo de Gobierno para jugar un papel protagonista en la liza política. Algo evidentemente poco ortodoxo, pero que, igual que ha ocurrido en territorios como Castilla-La Mancha, donde el PP usó sin problemas las instituciones para aumentar su mayoría, es consustancial a una situación de guerra a vida o muerte.

Además, es urgente. Los socialistas quieren poner en valor sus posibles activos políticos. En las dos grandes cuestiones que planea explotar el PP en los próximos meses –el conflicto con los funcionarios por la reforma de la administración y la trama de los ERE– cuentan poco margen de acción. La investigación de la juez Alaya seguirá dándoles disgustos y el litigio con los funcionarios tiene ya difícil marcha atrás. A lo sumo, el único aspecto a trabajar en este campo pasaría por mantener las condiciones de los trabajadores públicos frente a los posibles recortes (salariales) que aplique el Gobierno de Rajoy. Una forma de singularizarse sin moverse demasiado.

Los socialistas creen que la ola popular ha tocado techo con la victoria del 20-N. Su tesis –la que les hizo separar los comicios estatales de los regionales– es que la acción de gobierno del PP ayudará a que muchos ciudadanos vuelvan a confiar en ellos. La teoría se antoja excesivamente optimista:es obvio que las decisiones que vaya tomando el Ejecutivo de Rajoy causarán perjudicados, aunque eso no significa necesariamente que todos estos ciudadanos vuelvan a votar a los socialistas. De hecho, la certeza que dejan estas últimas elecciones es otra distinta: miles de votantes del PSOE han huido despavoridos hacia otras marcas políticas. IU y UPyD, esencialmente.

La Junta no tiene otra opción que tratar de singularizarse con resoluciones políticas propias frente a la agenda de Rajoy. Y debe hacerlo evitando la confrontación –que tanto le ha criticado el PSOE al PP– sobre la base de explotar políticamente sus decisiones. En la mano tiene dos instrumentos: su presupuesto y la actividad institucional, cuyo protagonismo mediático está garantizado. Aunque tendrá que pasar a los hechos de forma inmediata para ser creíble. El mantra sería del siguiente tenor: “En España recortan médicos y profesores; en Andalucía, en cambio, se mantienen”. Y así una y otra vez. Hasta el infinito y con todas las cuestiones posibles, especialmente las políticas sociales, asunto al que, según los socialistas, los ciudadanos son extremadamente sensibles.

Para que la estrategia funcione hay que hacer cambios en el capítulo de la comunicación. La percepción de la calle, sobre todo en la última fase de la era Zapatero, es que quien ha recortado políticas sociales ha sido el PSOE. “Esta afirmación va a cambiar cuando Rajoy empiece a gobernar”, explica un destacado dirigente socialista. Toda la receta se resume en dos palabras:hay que responder a los ataques (de Madrid) y vender las políticas (sociales) diferenciales. Y confiar en que la pulsión de cambio político después de tres décadas de gobierno no sea superior.

Después vendría el terreno de las alianzas. Se trataría de recuperar las bolsas de voto estratégicas para, contando con que el PP no crezca más –la hoja de ruta de Arenas consiste en intensificar su presencia en las localidades interiores, donde el PSOE de Sevilla, por ejemplo, ha resistido– conseguir remontar lo suficiente para articular un pacto de gobierno con IU. Los votos que los socialistas pierdan por la izquierda tendrían pues una importancia relativa, ya que, al final, dado como están las cosas, terminarán en la misma bolsa común, si bien pagando determinados peajes. Junto a la entente cordiale política, vendría la sindical: al igual que el PP buscó una alianza estable con la patronal andaluza, los socialistas intentarán rubricar un acuerdo conjunto de acción con UGTy CCOO. Un frente público en defensa de las políticas sociales y contra los recortes del Gobierno del PP.

La papeleta más difícil de todas es la orgánica. Fundamentalmente porque un congreso se sabe cómo empieza –ahora hay dos opciones potenciales: los viejos patriarcas contra la reformulación del zapaterismo– pero nunca cómo termina. La lucha por el liderazgo en el PSOE federal amenaza con abrir en canal a la organización andaluza, enredada desde hace tiempo con sus propias batallas internas, a un mes para los comicios. Imposible de soportar.

La obsesión es dar una imagen de unidad. Algo que sólo parece posible aplicando la fórmula de paz por listas. Esto es: la dirección regional dejará margen a los secretarios provinciales –algunos abiertamente hostiles a Griñán, especialmente la cuota gaditana– para confeccionar las candidaturas autonómicas a cambio de un congreso autonómico sereno que no ponga en cuestión a la dirección regional.

Este hipotético acuerdo entre las distintas familias tropieza con una piedra de considerable tamaño: ¿qué papel jugarían en la trama los dos referentes andaluces en la Ejecutiva federal, Chaves y Zarrías? Una incógnita de cuya resolución depende casi todo su éxito. Porque lo cierto es que si la guerra sin cuartel que viene sucediéndose durante los últimos años en el seno del PSOE andaluz termina en una coyunda circunstancial, en función de lo que ocurra en Andalucía el próximo mes de marzo el asesino (político) de Griñán puede no ser Arenas. Sino los suyos.

El búnker de la ‘Sevilla interior’

Carlos Mármol | 22 de noviembre de 2011 a las 6:05

El PSOE resiste la ‘marea azul’ gracias a los ‘municipios agrarios’ y al frenazo del PP en ciertas zonas de la capital · Sevilla situará en marzo en las Cinco Llagas al 16% de los diputados · La absoluta de Arenas depende de Sevilla.

La batalla entre PSOE y PP para conquistar el palacio de San Telmo, sede de la presidencia de la Junta de Andalucía, será una guerra de guerrillas. Cruenta y diminuta. Constante y sin respiro. Durará justo cuatro meses. Serán terribles para ambas organizaciones políticas. Los más difíciles de las últimas décadas.

A pesar de que los resultados electorales del pasado 20-N otorgan ya, en una extrapolación hipotética, una victoria clara en las próximas autonómicas a Javier Arenas, que hace sólo cinco meses logró hacerse con todas las grandes alcaldías regionales, el mapa político que los comicios generales dejaron ayer dibujado no es todo lo diáfano que se esperaba en la sala de máquinas del PP. Siendo bueno, en realidad digamos que “no es excelente”.

¿Cómo se explicaría esta aparente contradicción? Por una simple cuestión de expectativa. Quien espera lograr todo ya tiende a creer escasa la ganancia inmediata. Probablemente porque, en realidad, no deja de pensar todo el rato en conseguir el tesoro completo.

El vuelco electoral en Andalucía parece haberse producido en el sentido que auguraban todas las encuestas –el PP ha superado al PP por casi nueve puntos– pero el cambio que pregona el líder regional del partido conservador todavía no está consolidado por completo. La razón más evidente: los resultados en Sevilla siguen siendo una completa anomalía dentro de un contexto político en el que la marea azul de los populares es general. Casi completa.

Este factor –la pálida resistencia de los socialistas sevillanos, convertidos en los últimos galos frente a los romanos– quiebra la rotundidad de la supuesta victoria popular en los comicios de marzo. No permite respirar con tranquilidad al PP regional, que tiene su gran objetivo a la vista pero no cuenta con la certeza completa de poder lograrlo. Cosa que explicaría la “humildad” con la que Arenas salió del colegio electoral el pasado domingo o que el protagonismo de la noche electoral se centrase más en Juan Ignacio Zoido, el alcalde de la capital, que en otros referentes populares.

Vayamos al contexto para entender el drama: el PP ha sacado una diferencia ofensiva –entre 15 y 25 puntos– en algunas circunscripciones como Castilla-La Mancha o Madrid al PSOE. Literalmente ha aplastado a los socialistas, que en muchos de estos territorios venían haciendo un discurso alertando de los recortes que piensa aplicar el PP a su llegada a la Moncloa.

En Sevilla, además de esta misma situación favorable al partido de Arenas (lo que podríamos llamar la ola), hay un elemento extra:el escándalo por la trama de financiación irregular vinculado a los ERES. Una flecha directa al corazón de la Junta, tocada además por el agrio conflicto provocado por la reforma de la función pública en Andalucía.

¿Deberían estos dos factores haber precipitado un vuelco completo a la situación política en Andalucía el 20-N? En el PP creen que sí. De ahí que, pese a que la victoria esté al alcance de la mano y los datos electorales sean objetivamente muy buenos, la singularidad sevillana haya dejado en el partido conservador una cierta sensación de desencanto, quizás difícil de digerir pero natural. El trofeo no está ganado. Ni mucho menos.

Esta reflexión, al menos, ha sido la predominante en el seno de la organización popular en Sevilla, que es la única de España que no logra vencer todavía al PSOE en esta provincia. Uno de sus dirigentes más sólidos lo expresaba buscando una lectura positiva: “La insatisfacción, en realidad, nos va a venir muy bien precisamente ahora:evitará los excesos e impedirá que nos confiemos. El escenario político global –la rotunda victoria de Rajoy– nos ayuda, el deterioro de la situación económica seguirá siendo durante un buen tiempo parte de la herencia recibida y las zonas que se nos resisten están muy acotadas. Si no nos equivocamos, la mayoría absoluta caerá por su propio peso, pero tenemos que trabajar”. Brillante.

Es cierto. El PSOE aguantó el vendaval –perdiendo miles de votos, es verdad– gracias al tirón de Alfonso Guerra, número uno de su candidatura, y a su agenda de trabajo, opuesta radicalmente a la del aspirante del PP, Cristóbal Montoro. Mientras el hipotético ministro de Hacienda –Rajoy tiene en esto la última palabra– se paseaba por foros sociales como el de Gaesco –inmobiliario– el histórico dirigente socialista se iba a las diminutas localidades de la Sevilla agraria, donde el análisis previo del PSOE señalaba que había que taponar como fuera la sangría general de votos. Guerra ha trabajado fundamentalmente en el búnker socialista de la Sevilla interior. Pequeños pueblos, contacto directo con los electores, encuentros, mítines de arte menor. Pueblos y barrios. Lo más duro. También lo más esencial: hacía falta movilizar a los votantes socialistas más fieles, que, a tenor de lo visto el domingo, cada vez son menos.

La estrategia les ha funcionado. Hasta el punto de que a pesar de la intensísima huida de votantes –una tendencia general en España y en Andalucía, donde el importante crecimiento de IU y UPyD es la prueba de la migración de los votantes socialistas– la bandera del PSOE sigue ondeando en Sevilla. Junto a Barcelona, la patria sentimental de los irreductibles del PSOE. ¿Durante cuánto tiempo?

Los 33.000 votos que dieron el triunfo a Guerra sobre Montoro están en la Sevilla agraria. Pero no únicamente. También los hay en ciertos distritos de la capital hispalense, donde aunque el PPha vuelto a ganar tras el éxito de las recientes municipales las cosas no son ya tan idílicas como hace cinco meses.

El PP, que en los comicios locales redujo a dos puntos la distancia con los socialistas en el ámbito provincial, esperaba lograr la supremacía total en las generales aunque fuera por un solo punto. Las vías de ataque de su infantería –los alcaldes y los candidatos– se centraron en el Aljarafe (Tomares, Espartinas), en las ciudades medias (Dos Hermanas y Alcalá de Guadaíra, donde le han faltado sólo 500 votos para ganar) y en el segundo cinturón metropolitano.

Han crecido mucho, pero de forma insuficiente. La diferencia socialista, escasa pero vital, nace de la fidelidad de los votantes de los pueblos y de la táctica adoptada en Sevilla capital, donde los socialistas han movilizado –según sus cálculos– 40.000 votos más en relación al escenario político más reciente. El pasado mes de mayo. En Luis Montoto son categóricos:“con 20.000 votos más hubiéramos logrado un séptimo diputado”.

Lo cierto es que la distancia máxima lograda por Zoido en las municipales –67.000 votos– ha menguado a la mitad. El PP sigue por encima, pero con una horquilla menor. Un movimiento leve, pero significativo, por haberse conseguido en sólo cinco meses de gestión municipal. Y con un escenario general totalmente contrario al PSOE. Si el dato se pone en relación con la diferencia provincial entre PSOE y PP, estos votos tienen una importancia superior a su número: vienen a ser la diferencia entre el hundimiento o la resistencia numantina. El todo o la nada.

¿Dónde están estas bolsas electorales? Donde siempre: Cerro-Amate, Sevilla Este, Alcosa y Torreblanca, Sur, Macarena y Norte. Los graneros urbanos. La otra Sevilla interior que en mayo impuso un duro castigo a los socialistas. En el PP se admite que en el caso de la capital, sin dar pasos atrás, quizás no se han dado más hacia adelante. Algo que estaría indirectamente relacionado con la singular gestión del gobierno local, ya que los comicios generales se han presentado como un plebiscito entre las reformas (en realidad recortes) de Rajoy o el caos económico del PSOE.

La batalla de las generales, de cualquier forma, es pasado. Todo gira ya en dirección a marzo. La guerra de San Telmo. Sevilla es el último feudo que se le resiste al PP en Andalucía. Y su importancia no es sólo simbólica:el 16% de los diputados del Parlamento andaluz son los de la circunscripción sevillana. Dieciocho representantes en la cámara de las Cinco Llagas de cuya distribución final depende la hipotética mayoría absoluta de Arenas.

El viento juega a favor del PP: los comicios autonómicos suelen tener un índice de participación inferior a los generales –cosa que perjudicaría a los socialistas– y en relación a 2008 el PSOEde Sevilla ha perdido ya más de 13 puntos. Suficiente quebranto para salir a pelear fuera del búnker. A muerte.

Sevilla: la aldea gala de los socialistas

Carlos Mármol | 21 de noviembre de 2011 a las 6:05

El PSOE consigue la victoria en la provincia con una ajustadísima mayoría a pesar de retroceder en casi todas las zonas urbanas · Los votantes socialistas se refugian en IU y UPyD · La ‘marea azul’ del PP gana 7 puntos.

La bandera socialista sigue ondeando en la provincia de Sevilla. Todavía resiste. Aunque la aplastante victoria de Rajoy en Madrid y del PP en Andalucía parece condenar definitivamente al partido que desde la restauración de la democracia ha sido la organización política predominante en el estratégico territorio sevillano a convertirse en la última aldea gala de los socialistas españoles. Una especie de villorio silvestre rodeado por completo por fuerzas hostiles. Agresivas y crecientes. Tan sólo en Barcelona la lista más votada también ha sido la del PSOE.

Sevilla, histórico epicentro sentimental de los socialistas –al menos, del modelo de socialismo que encarnan los viejos patriarcas de Suresnes, a partir de ahora pendientes de la guerra púnica para recuperar el poder orgánico en el ámbito federal– queda así convertida en una suerte de excepción a la norma. Una anomalía. Toda una obstinación electoral. En términos globales, puede decirse con fidelidad a la realidad que la provincia queda así descolgada del trascendental viraje político que ayer se produjo en la política nacional. Una marea azul que entrega a Mariano Rajoy el poder total, completo, en la coyuntura económica más crítica para el país en las últimas tres décadas.

La victoria del PSOE en la provincia es agridulce. Amarga, en realidad, aunque las valoraciones oficiales insistan en lo contrario. La causa:su preocupante regresión electoral. Este aspecto, crucial de cara al pronóstico de las elecciones autonómicas de la próxima primavera, no deja demasiado lugar a las dudas. No sólo han perdido la Moncloa, sino prácticamente la totalidad del territorio político en disputa. En Andalucía el vuelco que pronosticaban las encuestas se ha cumplido como una profecía bíblica: el PP es por vez primera el partido más votado en unas generales en la región. Arenas tiene ya todas las alcaldías importantes en su mano y goza de un respaldo popular sólido. El cerco constante del PP a San Telmo, todavía ocupado por José Antonio Griñán, parece ser suficientemente peligroso como para temer una caída (estrepitosa) del imperio del PSOE en el Sur de España.

La resistencia de los socialistas sevillanos, muy apurada pero todavía válida, obedece fundamentalmente a la fidelidad de sus votantes en los pueblos más pequeños. Su famoso suelo electoral, que aunque va disminuyendo –y ahora lo ha hecho de forma notable– aún les permite salvar la cara. El retroceso, sin embargo, es intenso en la mayoría de los municipios. Y, visto en términos relativos, incluso se diría que alarmante. Crítico.

De la radiografía política que ayer fijaron las urnas se desprende que la sangría de votos del PSOEes mucho más pronunciada, en algunos casos hasta dramática, en las áreas consideradas urbanas: la capital, donde la Alcaldía ya cambió de manos hace apenas cinco meses tras la victoria de Juan Ignacio Zoido, y la mayoría de los grandes municipios metropolitanos. En muchos de ellos el PSOE sigue siendo la fuerza política más votada, pero su descenso en número de sufragios alcanza hasta los 20 puntos de diferencia en relación a los comicios de 2008.

Véase únicamente dos casos: Dos Hermanas y Alcalá de Guadaíra. En las municipales permitieron a los dirigentes socialistas hacer el discurso de que el partido resistía el zarpazo popular:se quedaron a dos puntos de diferencia en cómputo de votos, pero lejos en alcaldías y ediles. Ahora parecen haberse convertido en dos síntomas evidentes. En la primera plaza, donde Rubalcaba celebró el mitin de la resurrección de González y Guerra, los socialistas han perdido 19 puntos porcentuales de respaldo electoral, de los cuales 8,1 han ido a parar al PP. Izquierda Unida ha doblado sus resultados de 2008. La conclusión salta a la vista:la izquierda abandona al PSOE. A toda prisa, además.

Otro tanto ha ocurrido en Alcalá de Guadaíra, donde Gutiérrez Limones, su alcalde, que concurría como senador a estos comicios, ha perdido hasta 20 puntos de apoyo popular. Un único punto separa ya en esta localidad metropolitana a socialistas y populares. Un ejemplo ilustrativo del castigo que los electores han dado a los zapateristas, de los cuales Limones fue uno de los más destacados representantes junto al histórico alcalde de Dos Hermanas.

De todas formas, no todos los sufragios perdidos por el PSOE han ido en beneficio del PP. El mapa político de Sevilla se ha atomizado, sin perder del todo su clásica tendencia al bipartidismo, y el voto de izquierdas que ha abandonado a los socialistas ha sido captado por IU y otras fuerzas políticas como UPyD, que aunque no ha logrado ningún diputado electo ha logrado un registro en votos más que considerable.

Guerra, quizás el referente histórico del PSOE con más solera, diputado en el Congreso desde 1977, se ha impuesto en su particular pulso personal a Cristóbal Montoro –la apuesta de Arenas para la provincia– aunque no ha conseguido que los socialistas retengan dos de los ocho diputados que tenían en Cortes.

Los senadores electos (tres para los socialistas, uno para el PP) no han sufrido variación alguna. Señal de que el Senado importa poco. El PP, sin embargo, ha recortado las distancias (siete puntos) lo suficiente para arrancar un diputado más de los doce que estaban en juego en estas elecciones. IU ha sobrevivido al bipartidismo que en las anteriores convocatorias generales les dejó sin diputado por Sevilla. Su candidato, José Luis Centella, se sentará en el Congreso gracias al incremento de tres puntos porcentuales en el número de votos. Unión, Progreso y Democracia, el partido de Rosa Díaz, no ha logrado respaldo electoral suficiente para lograr cuota parlamentaria, pero su subida es espectacular al captar más del 5% de los votos en disputa. Un incremento neto de más de 44.000 votos.

En la capital el predominio del PP, constatable ya desde las últimas elecciones locales, se ha convertido en una supremacía estable, aunque no ha despegado en idéntica medida que en otros territorios. La extrapolación de la victoria de Zoido en relación al resultado de las generales resulta algo forzada. El 22-M las elecciones en Sevilla se plantearon como una batalla por expulsar al PSOE –y en concreto a Monteseirín, que no se presentaba a la reelección pero era el referente de la gestión socialista en Sevilla tras doce años de gobierno– del Ayuntamiento.

En esta ocasión, el duelo estaba teñido por la situación nacional. Los ciudadanos han votado –sobre todo– en clave económica y social, sin importar demasiado la imagen política del actual alcalde a pesar de que el PP lo haya enseñado –sin ser candidato a nada– todo lo que ha podido durante esta anómala campaña electoral, quizás consciente de que Montoro era un perfecto desconocido para la mayoría de los electores.

La tendencia general del voto, en todo caso, no ha dejado por ello de beneficiar al PP en Sevilla. Aunque su subida es relativa en comparación a otros sitios –seis puntos– para que la organización en la capital se adjudique excesivos méritos. Sobre todo si se pone encima de la mesa el ajustadísimo resultado provincial: 32.998 votos de diferencia. Bueno para el PP, pero todavía insuficiente para teñir de azul el mapa de Sevilla.

Quizás el fenómeno más llamativo que las urnas han grabado en el mapa político municipal, precisamente cinco meses después de las elecciones locales, es la subida de UPyD, una organización relativamente joven y sin un referente político claro en el ámbito sevillano. El partido de Rosa Díaz, con todas estas carencias, es ya la tercera fuerza política de la ciudad, incluso sin tener una representación municipal.

La marea magenta –como muchos de sus votantes denominan a esta fuerza política– ha superado en la capital incluso a IU. Quinientos votos de diferencia que valen un titular. El incremento es meritorio: casi 26.000 sufragios frente a los 7.674 de hace 2008. Y la marejada de fondo expresa: miles de votantes huyen de la marca PSOE. Su victoria sabe demasiado a hiel. Y a vinagre.

El nuevo ‘cursus honorum’

Carlos Mármol | 20 de noviembre de 2011 a las 6:02

La probable victoria de Rajoy abrirá una nueva etapa política después de ocho años de gobiernos socialistas · Tras la ‘marea azul’ de las municipales, que ha tenido a Sevilla como epicentro, el PP gozará de un poder omnímodo.

La política es una moneda de dos caras. En el anverso acostumbran a situarse el poder, los honores, los privilegios, todos los valores asociados al triunfo (social)y, en demasiadas ocasiones, también la prevalencia económica. En el reverso, que es la parte que casi nunca se tiene en cuenta, pero que suele ser la más agria, están los sacrificios asociados al ejercicio de cualquier tipo de mando: la soledad, la responsabilidad, el sentido del deber moral, la capacidad para soportar las críticas ajenas y, al mismo tiempo, la fortaleza interior necesaria para asumir que nadie, salvo uno mismo, va a entender el sentido último de tus propias decisiones.

Las elecciones generales que hoy se celebran en España probablemente abrirán un nuevo ciclo político en el que –si se cumplen los pronósticos de todos los sondeos– el Partido Popular conseguirá alcanzar la Moncloa después de ocho años de oposición. Gracias al trascendental avance logrado en las todavía recientes elecciones locales y autonómicas, en las que Sevilla ha funcionado como símbolo (efímero) del cambio, disfrutará por primera vez de un poder casi omnímodo para aplicar su programa político. Una marea azul de la que, de momento, sólo se salvan Cataluña, el País Vasco y Andalucía.

Rajoy, que llegará al poder gracias al respaldo de las urnas, tiene por delante un misión imposible:evitar de forma urgente que el país sea intervenido –por los mercados financieros–, restablecer un mínimo de confianza social y crear cierto consenso público para poder abordar un urgente plan de regeneración de España, herida por la sangría de los cinco millones de parados, la corrupción que predomina en todas las administraciones públicas –incluidas las gobernadas por el PP; el PSOE no tiene la exclusiva de las irregularidades– y un tejido productivo débil, endogámico (al menos en el Sur) y más acostumbrado, salvo contadas excepciones, a poner la mano en lugar de generar ingresos y crear empleo de calidad.

Ninguno de estos retos, que son los que tienen abierta en canal a España, son fáciles de lograr. Requerirán tiempo –cosa que no tenemos– y mucho diálogo –algo a lo que no estamos acostumbrados–. Pero sobre todo necesitan un sentido mayúsculo del equilibrio. Las decisiones que irá tomando el nuevo Gobierno nos afectarán a todos –administraciones y ciudadanos– y servirán para averiguar si la democracia formal de la que disfrutamos todavía funciona para un país que ha cambiado –hemos naufragado desde el espejismo de la riqueza a la pobreza repentina– y que, a través de plataformas como el 15-M, reclama en la calle, de forma civilizada, profundos cambios que no coinciden precisamente con los que imponen los mercados financieros y tantas veces pregonan los dirigentes políticos. Especialmente los del PP.

La gran reforma, sin embargo, no podrá acometerla Rajoy en solitario por mucha mayoría absoluta que consiga hoy en las urnas. Se trata de la reformulación del propio modelo democrático. Algo para lo que necesita al resto de grupos políticos. Desde el primero hasta el último. Lo que está en juego en el nuevo paradigma político en el que ya vivimos, probablemente sin quererlo, no es puramente el juego de mayorías y minorías, ni la representatividad parlamentaria –asuntos que nadie discute–, sino la supervivencia de un modelo que sólo permite a los ciudadanos elegir cada cuatro años a unos políticos que cada vez son menos políticos (en el sentido clásico del término) y mucho más tecnócratas (dirigentes al servicio de causas mayores; siempre económicas). La actual crisis, junto a sus repercusiones continentales, siembra dudas sobre la vigencia de la vieja democracia griega. ¿Si mandan los mercados y éstos quitan y ponen a los gobiernos para qué votan los ciudadanos?

Si alguna lección están aprendiendo los españoles de la profunda tempestad –económica y moral– en la que braceamos desde hace ya cuatro años es que la política, el territorio común y público, no puede abandonarse en manos de nuestros representantes formales, que acostumbran a llegar al poder con un programa y, en demasiadas ocasiones, terminan aplicando una agenda diferente. Cosa que en Sevilla, por ejemplo, ha empezado a suceder en el caso del nuevo gobierno municipal del PP, más dedicado a cuestiones como la Copa Davis, o a seguir escudándose en la herencia recibida, que a la tarea de gobernar desde el primer minuto. La dialéctica civil forma parte de la sustancia de la política. Lo contrario es llamar democracia a un régimen político meramente formal. Válido pero insuficiente.

Zapatero, que hoy comenzará a ejercer como presidente en funciones hasta la toma de posesión del ganador del 20-M, llegó a la Moncloa prometiendo que bajo su mandato no habría recortes de índole social. La realidad es que, forzado por las circunstancias, ha acometido el mayor ajuste que ha conocido España en décadas. Una contradicción que probablemente deje a Rubalcaba con una representación de diputados escasa en comparación con la actual.

El PP, en caso de ganar hoy los comicios generales, tendrá que desvelar –con los hechos, no con palabras– su verdadero programa político. Una agenda de reformas (recortes, en realidad)en las que deberá elegir quién soportará, y en qué medida, las consecuencias inmediatas del doloroso proceso al que nos obliga la pertenencia al euro. En su mano está compensar los posibles sacrificios –en muchos casos injustos, pues lo sufrirán capas medias de la población que no provocaron la crisis– con ciertas compensaciones sociales, de forma que el peso de levantar al país no recaiga únicamente en los de siempre.

En pocas palabras, lo que se espera de Rajoy es cierto sentido de lo que los romanos denominaban officium. El deber moral que debe exigírsele a cualquier gobernante, empezando por los de ámbito municipal. Es curioso contemplar los principios rectores de la legislación clásica sobre el gobierno municipal –la política nace en las ciudades– y ver cómo, siendo un sistema oligárgico, nada democrático en realidad, está lleno de sentido común. De una sabiduría que, en nuestro caso, hemos perdido por completo. No tanto porque no figure en los corpus legales, sino porque en la práctica ha dejado de aplicarse. Y de exigirse. Cosa que explica el relativismo moral que en política –la vida privada es otra cosa– impera en nuestros días.

Los políticos romanos tenían que pasar (en época republicana) por las diferentes estaciones de un cursus honorum. Ninguno accedía al poder –por mínimo que éste fuera– sin cierta experiencia (buena y mala; la segunda ayuda más que la primera). Lo trascendente, sin embargo, no es esta exigencia, que si se impusiera en el seno de todos los partidos políticos mejoraría sustancialmente la calidad de nuestra democracia, sino las cautelas de índole económica que el sistema romano establecía para quienes ejercían el gobierno y, por tanto, manejaban fondos públicos.

A todos ellos se les reclamaba una fianza patrimonial –en forma de aval o propiedades inmobiliarias propias– para impedir que su gestión causara un quebranto al erario común que no pudiera ser recuperado a posteriori. Una caución que, al tiempo que disuadía a los políticos de tentaciones inconfesables, reducía el ejercicio de la política sólo a las clases más pudientes, el ordo de la oligarquía. Un estamento endogámico y elitista.

En nuestros días el ejercicio de la política está –teóricamente– abierto a todos. Sin condiciones. Afortunadamente, la representación pública ya no depende del patrimonio ni de la cuna, sino de los votos. ¿Sólo de los votos? Aún no hemos perjurado del mismo mal que había en el imperio:los candidatos de las listas electorales siguen pasando por el filtro de los partidos, igual que los decuriones romanos elegían a sus sucesores en el senatus local, en lugar de concurrir en listas abiertas. No somos Roma. Pero, en ocasiones, se echa de menos algo de su sentido del equilibrio –exigir dignidad y mayores sacrificios a quien es el encargado de tomar decisiones– a la hora de elegir a nuestra clase política, cuyos errores están condenados a pagar siempre los ciudadanos.

La burbuja que nunca existió

Carlos Mármol | 13 de noviembre de 2011 a las 6:05

El PP pretende resucitar su proyecto de reformar la ley estatal del suelo para sostener artificialmente el precio de los ‘activos tóxicos’ inmobiliarios · Su fórmula consiste en crear un ‘bad bank’ para enjugar las pérdidas.

No resulta nada extraño que el PP, al que todas las encuestas serias sitúan desde hace meses como ganador en las próximas elecciones generales del 20-N, intente llegar a la inminente cita electoral sin desvelar el contenido de su programa de gobierno. Si explicitara su verdadera agenda política quizás el entusiasmo (relativo) de sus electores potenciales se enfriaría hasta alcanzar el punto mismo de la congelación. El umbral en el que lo líquido muta en sólido.

Lo que nos espera en la nueva etapa política que se abrirá dentro de algo más de una semana no es sólo un proceso de ajuste sobre las clases medias –cada vez más difusas, a tenor de los últimos estudios sobre desigualdad social– o el recorte del escuálido estado del bienestar, que en España nunca fue gran cosa (en comparación con Europa), sino algo bastante más trascendente: la reformulación integral de nuestro marco económico. Y, al cabo, de la propia soberanía. Lo que el PP llama las reformas.

¿Es malo cambiar las cosas? En absoluto. No queda otro remedio. Otra cuestión es cómo se aborde este delicado tránsito, que será doloroso. Cruento. Es un hecho admitido por todos que el enfermo está tumbado desde hace demasiado tiempo en la sala de operaciones y que tiene las constantes vitales inestables. Hay que operar de urgencia. Sólo podemos elegir entre uno de los dos cirujanos de guardia disponibles. ¿Quién es el mejor?

Cada uno deberá resolver esta incógnita por sí mismo. Con independencia de lo que se piense, lo que sí es evidente es que el programa de adelgazamiento económico exigirá cirugía invasiva. Y aquí es donde los silencios programáticos del PP hablan con una elocuencia manifiesta. Si es que se sabe –o se quiere– escuchar. Por otra parte, el discurso del PSOE de que con ellos el ajuste será más suave resulta inverosímil: ha sido el Gobierno de Zapatero el que, como les ocurre a todos los conversos de última hora, inició la senda de los recortes que ahora le tocará acelerar al PP.

El tapón del crédito

En la raíz misma de todo problema está el ladrillo. El boom inmobiliario. Las consecuencias de su singular alianza con la banca –privada y pública– durante los dos últimos lustros, la época dorada de la especulación. La afección del ladrillo en los balances bancarios, unida al cierre del mercado crediticio exterior, han taponado las arterias del sistema: la actividad bancaria. La economía real no recibe sangre. Y la máquina se detiene. A algunas empresas (y familias) el largo parón ya les ha matado. Otras están en tiempo de descuento.

De ahí la coincidencia de los dos grandes partidos políticos en la necesidad de eliminar la trombosis bancaria. La sequía de crédito continúa siendo pertinaz a pesar de los fondos públicos que el Estado ha inyectado en los últimos años a las entidades bancarias. La reconversión, insuficiente, parece no haber servido de mucho. Acaso porque ha obviado el fondo del problema: los activos del ladrillo, en su mayoría procedentes de los promotores inmobiliarios, son una ficción en los balances oficiales. Hasta que no se digieran no hay nada que hacer.

¿Cuál es el plan del PP para salir del atolladero? Misterio. El partido de Rajoy esconde sus cartas. Lo que significa que probablemente sean malas (para muchos). Alguna pista difusa, sin embargo, mostró esta semana en Sevilla Cristóbal Montoro, supuesto futuro ministro de Economía y Hacienda en caso de una victoria popular.

Montoro habló ante un foro sectorial –los constructores sevillanos– a una hora tardía –nueve de la noche– junto a un séquito plagado de dirigentes populares. De Sevilla no dijo más que obviedades –señal de que su conocimiento sobre los problemas de la provincia por la que se presenta es más bien discreto– y su discurso se centró en negar la mayor: jamás existió una burbuja inmobiliaria, mucho menos auspiciada por el PP, como denuncian los socialistas. Es una teoría bastante llamativa. Para tratarse de algo inexistente tiene un tamaño notable: la exposición de las entidades financieras españolas al ladrillo la fijó hace apenas unas semanas el propio Banco de España en 176.000 millones de euros. Una cifra que supone cerca del 12% de la inversión crediticia global.

El candidato del PP por Sevilla nos contó un cuento –el término es suyo– cuyo argumento asigna el mérito del milagro español de mediados de los noventa –ahora tornado pesadilla– a la liberalización, la privatización de las grandes empresas públicas y la doctrina del equilibrio presupuestario. Un fórmula exitosa a la que la construcción, en su opinión, sólo se incorporó en la última fase.

Montoro también rechazó la tesis del PSOE que fija el inicio de la burbuja en la ley del suelo del Gobierno Aznar. “Una sentencia del Supremo nos impidió liberalizar el suelo porque esa competencia es exclusiva de las autonomías”, vino a decir. Lo que no explicó es por qué durante ese mismo periodo la abundancia de terrenos, en contra de lo que defiende su partido, degeneró en un encarecimiento de los terrenos (rústicos y urbanos) que, unido al bucle tejido por las inmobiliarias y los bancos, terminó incrementando el precio de la vivienda y creando un mercado basado no en la verdadera riqueza, sino en las deudas familiares y empresariales. Sobre esto, silencio.

La directriz de Génova prohíbe a sus candidatos ser más explícitos a la hora de lanzar sus mensajes. Debemos pues leer entre líneas. Montoro dijo a los constructores que la estrategia de su partido va a consistir en sacar al mercado las viviendas sin vender –más de un millón, según algunos estudios–, limpiar los balances de los bancos “con fórmulas financieras” y asumir las evidencias, aunque sin culpar a nadie por los excesos del pasado. El perdón, es sabido, es una virtud cristiana.

El proceso de reactivación marcará la política fiscal: recuperarán la desgravación por compra y alquiler de vivienda (topada) y bajarán el IVA y el impuesto de transmisiones. “Vamos a hacer lo que hay que hacer sin complejos”. Ahí se quedó. Sólo al final del acto, forzado por alguno de los asistentes (que en vez de palmear quería respuestas) admitió que en la agenda está reformar la ley estatal del suelo del PSOE, cuyo último reglamento –relativo a las valoraciones– se publicó en el BOE esta misma semana. “Hay que replantearse la regulación del suelo, su calificación y su programación”.

De sus palabras se deduce que una de las primeras medidas que el PP tiene en mente para reanimar al sector inmobiliario es volver a cambiar la normativa marco –las leyes urbanísticas son autonómicas– para lograr su vieja aspiración de que todo terreno susceptible de poder ser urbanizado pueda serlo. Justo el principio que, junto a la barra libre del crédito, nos ha puesto en el borde del abismo. A un paso del final. Paradójico.

Socializar las pérdidas

La reforma del PP busca impedir que la legislación socialista sobre la materia –que atenuó de forma tardía la espiral de la especulación urbanística– tenga repercusión directa en los balances bancarios, quebrados, más que por las viviendas impagadas por los particulares, por un enorme patrimonio –terrenos sin calificar, promociones a medias– que ya no vale lo que se pagó. De valorarse a precio real –rústico, en muchos casos– obligaría a las entidades de crédito a calificar como estéril su cartera de inversiones.

Es sólo el primer paso. La siguiente ficha que se moverá en el tablero, en el que jugarán la banca y los políticos, rara vez los ciudadanos, consiste en la creación de un banco estatal que asuma todos los activos tóxicos de la especulación inmobiliaria. Una opción que supone socializar las pérdidas de un negocio –el especulativo– cuyos beneficios nunca dejaron de ser privados. La fórmula del bad bank –inspirada en lo que Alemania hizo con el Hypo Real Estate, promoviendo incluso una modificación legal para desarrollar el modelo– ya ha sido reclamada por ilustres ejecutivos bancarios. Y con condiciones:“El precio de los activos debe ser el correcto”.

¿Qué significa esto? Adquirir todo el excedente inmobiliario a un precio irreal (dado el mercado actual) para dejar sin riesgo a los bancos y que vuelvan a dar créditos. La cuadratura del círculo. El ciudadano que compró su vivienda a un precio inflado asumió un riesgo que está blindado por las cláusulas hipotecarias. La banca, en cambio, lo derivará al Estado.

Y el Estado, ya se sabe, somos todos.

Apuntes previos al derrumbe

Carlos Mármol | 6 de noviembre de 2011 a las 6:05

La campaña electoral de las generales comienza en la provincia de Sevilla con unas cifras de desempleo históricas y las dudas sobre si en esta ocasión el PSOE será capaz de resistir la creciente marea del PP.

Cinco meses después volvemos a empezar. Idéntico ceremonial. El mismo bucle electoral del que parece que no vamos a terminar de salir nunca. El viaje hacia las urnas tiene en esta ocasión aspecto infinito. Interminable. También es previsible: no esperen sorpresas. Los comicios generales del 20-N probablemente son los que menos emoción suscitan en el tablero de juego político e inmediato.

La victoria del PP se tiene por cosa ya descontada –las encuestas auguran una diferencia de hasta 15 puntos en relación a los socialistas– y todas las dudas (como si en realidad lo fueran) consisten en ponerle la lupa al programa de Rajoy para tener alguna base a partir de la cual poder atisbar el panorama venidero. Ejercicio inútil: los políticos, al convertirse en gobernantes, acostumbran a dejar sus promesas personales a un lado para –ya desde el poder– trabajar en su propia agenda. La suya.

En Sevilla ha ocurrido justo esto tras los últimos comicios locales, cuando Zoido llegó a la Alcaldía aupado por un alud de sufragios y una representación de veinte concejales. La mayor de la historia de la democracia. El respaldo electoral del alcalde fue abrumador, lo que daba a entender (a aquel que no obvie la evidencia) que los ciudadanos preferían una propuesta alejada de la grandeur de antaño y más ligada a la política doméstica. La gestión municipal. Lo que algunos neófitos en la materia llaman ahora la micropolítica.

El paso del tiempo, sin embargo, ha torcido el sendero original: el día a día municipal está siendo demasiado discreto y, salvo excepciones, todos los esfuerzos del nuevo equipo municipal siguen concentrados en los habituales golpes de imagen. No hay cambios de registro. El tono es monocorde. Acaso porque están pendientes de lo que suceda en primavera.

El prometido cambio de valores, que consiste en gobernar de otra forma, no con caras distintas, continúa aún por abordar. La incógnita es si este necesario tránsito llegará a producirse algún día. Esto es: si tras las elecciones autonómicas el PP se decidirá por fin a gobernar Sevilla (en lugar de achacar todo al pasado reciente) o seguirá durante cuatro años más concentrado en sacarle brillo a la Copa Davis.

Que las prioridades de la campaña –barrios, eficacia, soluciones, empleo, inversiones– han mutado es obvio. Basta abrir la web municipal [sevilla.org] para encontrar la mejor metáfora del cambio de perspectiva. El cuento del open goverment se guardó en un cajón:hay departamentos como Urbanismo cuya página electrónica es un verdadero monumento al desastre. De la web oficial ya sólo emerge, rutilante y brillante, la ensaladera, en la que el PP ha puesto extrañamente todo su predicamento (que era mucho) al mismo tiempo que Sevilla sufre una de las peores etapas de su historia reciente, que, a pesar de todas las apariencias, nunca fue muy dada a las alegrías.

El alcalde se fotografiaba hace unos días en un barco en el río –¿dónde quedó aquella idea de un transporte fluvial regular para todos los ciudadanos?– con el único trofeo inmediato de la nueva era, que es prestado. Mientras, los datos del paro en Sevilla –más familias que caen en el agujero negro del desempleo– certifican el raudo avance de un creciente malestar social ante cuyo paso no sirven iniciativas como la organización de trofeos deportivos.

En otros tiempos, cuando algunos confundían el trabajo con la especulación y el dinero con la riqueza, estos excesos acaso tuvieran algún sentido. Yo siempre he pensado que son el preámbulo de la decadencia. De Sevilla, en este caso. Basta repasar la historia:los fastos públicos en Roma eran mucho más deslumbrantes cuanto más mancilladas se encontraban las virtudes romanas que sirvieron para forjar el imperio. En el contexto económico actual, estas estampas denotan esencialmente dos cosas:o ausencia de sensibilidad social o falta de vista. Olas dos. Ambas hipótesis son malas.

Alguien ha dejado de preocuparse por la dirección en la que sopla el viento. Y las velas del barco están destrozadas. Tenemos encima de nuestras cabezas un temporal que no cesa y cuyas consecuencias –la factura social de la crisis– son los 257.500 parados registrados en la provincia de Sevilla. Un 27%. Hasta seis puntos por encima de la media oficial española. El mayor índice de desempleo contabilizado en los últimos quince años. ¿Realmente tenemos algo que celebrar?

El gobierno local, por lo visto, sí: se celebra a sí mismo. Sonríe de forma permanente ante el triunfo que todos los sondeos pronostican para el 20-N y, también, para la primavera del año 2012. Dicen que la clave de cualquier victoria política o bélica consiste en lograr antes un triunfo psicológico. Lo que significa que el PP quizás ya ha ganado la guerra. Aún así habría que preguntarse si, incluso pese a esta posibilidad, no sería deseable algo más de sobriedad. Ética y estética.

La batalla que sucede en la calle, en la que combaten los sevillanos anónimos, consiste en tratar de sobrevivir, pagar las deudas, no ser despedido, seguir caminando a pesar de las heridas diarias. La pelea en la dirección de los grandes partidos es totalmente distinta. Los socialistas aspiran a resistir la marea azul –en Sevilla, al menos– mientras los populares cuentan los días que restan para abrir las urnas, conscientes de que el descrédito de los sucesivos gobiernos socialistas –en Madrid, en San Telmo– les llevará en volandas a un poder que, por muy rotunda que sea su victoria, a la larga será efímero –como todos– si se separa nada más llegar de las causas profundas que lo explican. Si no se centra en hacer lo que se le prometió a la gente: contribuir a arreglar sus problemas. El ejemplo de Zapatero, el verdadero muñeco roto de la política nacional, es bastante ilustrativo.

Sevilla, en los distintos comicios generales que se han sucedido en la última década, siempre ha votado en una misma dirección:PSOE. Si se repasan los resultados históricos, se llega a dos conclusiones: la abstención se ha mantenido cercana a un tercio de electorado –bastante inferior a las convocatorias locales– y la distancia entre socialistas y populares prácticamente no se ha visto erosionada en dos lustros. Según algunas encuestas, Sevilla aparece todavía como una de las contadas provincias en las que los socialistas podrían ondear su banderín rosa.

A pesar del cambio político en la capital, la provincia nunca ha dejado de apoyar a los socialistas:casi el 60 % de los votos en los anteriores comicios generales –2004 y 2008– frente al tercio largo de votos captados por los populares, que nunca han pasado del 34% del total de los sufragios en disputa. El PSOE ha captado siempre el 49% de votos. La traducción en actas de diputados es expresiva: ocho a cuatro. Justo el doble.

Si se cumplen los pronósticos, los socialistas bajarán en votos en Sevilla, aunque se antoja difícil –pero no imposible– que queden por debajo del PP. La clave está en la participación. La movilización del electorado popular es muy alta, lo que augura que su cuota de votos superará el 34% de los sufragios que lograron en el año 2000. Éste es el techo histórico del PP en Sevilla en unas generales. Cinco diputados. Justo los que ahora les otorga el barómetro del CIS, que quita dos a los socialistas y asigna uno a IU, que lleva ya dos legislaturas sin representación sevillana en Madrid.

La tendencia actual favorece al PP. Aunque la lectura de los resultados no pasa tanto por Madrid –el hecho de sentar más o menos diputados en las Cortes– como por el Palacio de San Telmo. El comportamiento de la provincia sevillana decantará las elecciones autonómicas, previstas en marzo. La mayoría del PP en Andalucía depende de lo que ocurra en Sevilla.

Expulsados de Madrid, a los socialistas sólo les quedaría el asidero de su feudo del Sur, en trance de convertirse en la nueva Alhama. El 20-N puede ser el preámbulo del derrumbe político definitivo del PSOE. Para ellos es una tragedia. La de los demás es otra: el naufragio económico en el que braceamos desde hace ya cuatro años.