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Alameda: dirección prohibida

Carlos Mármol | 20 de junio de 2012 a las 6:06

Patrimonio informa en contra de la modificación del PGOU que impulsó el gobierno municipal para construir un parking subterráneo en la Alameda, recalificar la comisaría de la Gavidia y ‘vender’ los cines históricos de Sevilla.

Primer tropezón. No será el único. Ni el último. El expediente aprobado por Juan Ignacio Zoido en el mes de abril para modificar el Plan General de Ordenación Urbana de Sevilla (PGOU) ha sufrido ya el primer revolcón en su larga y obligada tramitación administrativa.

La Comisión de Patrimonio, dependiente de la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía, analizó hace dos semanas las recalificaciones urbanísticas que el gobierno local quiere acometer para, entre otras cuestiones, obtener ingresos económicos extraordinarios; destruir la actual Alameda de Hércules y construir un aparcamiento rotatorio; convertir la antigua comisaría de la Gavidia en una nueva gran superficie comercial y reclasificar los usos dotacionales asignados a los antiguos cines del centro. Su diagnóstico: son operaciones lesivas para el patrimonio de Sevilla. Sin lugar a duda alguna.

La opinión de Patrimonio es relativamente importante. Se trata de un órgano consultivo del Gobierno autonómico que, formalmente hablando, aún no ha tomado una resolución. La decisión última es de la Dirección General de Bienes Culturales. Lo que diga es todavía un misterio, aunque en Cultura existe una regla no escrita: difícilmente la dirección política de una consejería informaría en sentido positivo una cuestión que previamente ha desautorizado el foro que tiene para ayudarle a fijar su criterio. Caben pues las sorpresas, pero todo induce a pensar que su conclusión final no será favorable a las pretensiones municipales. Otra cosa es cómo se decida argumentar esta negativa.

El informe de Patrimonio no invalida por completo el expediente de Zoido. Aunque sí pone en cuestión las operaciones políticamente más importantes que perseguía el Consistorio. De las 17 modificaciones puntuales que ambicionaba el PP, la comisión valida trece porque las ve compatibles con la legislación de protección patrimonial. En cambio, cuatro de ellas piensa que atentan contra “los elementos con valores culturales reconocidos por la actual legislación en materia de Patrimonio”.

Dicho en román paladino: la política urbanística y de movilidad del PP tendrá un impacto negativo en el Conjunto Histórico de Sevilla. Además del dictamen definitivo de la consejería de Cultura, este expediente tiene que ser analizado por otras instancias regionales: la Dirección General deUrbanismo y Ordenación del Territorio y el Consejo Consultivo de Andalucía.

¿Cuáles son estas operaciones lesivas contra el patrimonio? Las dos más conocidas se refieren a la Alameda de Hércules y al edificio de la comisaría de la Gavidia, protegido como una de las primeras muestras de la arquitectura del movimiento moderno en Sevilla. En el primer caso, el gobierno local quería construir un aparcamiento rotatorio –cuestión prohibida por el PGOU– y reurbanizar por completo un espacio cuya remodelación integral data del anterior mandato municipal, cuando se gastaron más de siete millones de euros. El PP quiere darle el aparcamiento a una empresa y restituir una estética de corte más clásico.

Patrimonio, en su informe, dice que este proyecto “choca frontalmente con el modelo de accesibilidad interna del área central de Sevilla”. Y añade: “El objetivo de la modificación no parece perseguir la línea de las actuales tendencias, convenios y cartas sobre accesibilidad en los Conjuntos Históricos”. En otras palabras: el Ayuntamiento va contra la tendencia de las urbes históricas de Europa, que buscan reducir el protagonismo del vehículo privado.

En el segundo de los casos lo que se persigue es la conversión de la antigua comisaría en un centro comercial. Ambas iniciativas parecen estar vinculadas: el parking de la Alameda es parte de la operación de terciarización de la Gavidia. Sobre la reconversión de este edificio, la opinión de Patrimonio es que implantar una gran superficie comercial, “con los problemas de accesibilidad existentes, produciría una merma considerable de los valores ambientales y visuales de este sector del Conjunto Histórico”.

También hay otras dos cuestiones. Parecen menores. Pero son importantes. Una se refiere a los edificios calificados como fuera de ordenación. Y la última, a la clasificación urbanística de las parcelas de algunos de los antiguos cines históricos del centro de Sevilla.

En el primer caso el Ayuntamiento ambiciona flexibilizar el régimen jurídico de este tipo de edificios –los existentes antes del PGOU y que colisionan con sus directrices, lo que significa que aunque no se derriben sólo serán objeto de obras de conservación– eliminando la “altura” como una de las cuestiones a considerar para dejar a un edificio sin asidero urbanístico. Patrimonio cree que esta propuesta implica un peligro para los espacios monumentales.

Sobre los cines, la discusión es otra. El Plan los calificaba originalmente como dotaciones culturales –suelos de interés público y social– pero tres de sus titulares ganaron un pleito contra esta catalogación, que les impedía patrimonializar las plusvalías urbanísticas potenciales de los edificios. Cosa natural. Al asignar este uso, el Plan lo que buscaba era precisamente blindar estos espacios culturales frente a posibles operaciones inmobiliarias auspiciadas por sus propietarios. Les ponía un freno: sólo podían traspasarse para usos culturales.

El fallo judicial obliga ahora al Consistorio a alterar la calificación original del PGOU, aunque no establece ninguna alternativa. La fórmula elegida por el Ayuntamiento es la peor para garantizar la subsistencia de estos equipamientos culturales porque, en lugar de sustituir el uso dotacional por el terciario, que permite que sobrevivan, aunque con menor grado de protección, les otorga una catalogación genérica y abierta: Casco Histórico. En consecuencia, estas salas pueden ser sustituidas por promociones residenciales de hasta tres plantas de altura.

El Ayuntamiento, además, no circunscribe el cambio sólo a los tres propietarios que ganaron la batalla judicial –las salas Alameda, Cervantes y Avenida– manteniendo el uso dotacional para las demás. La recalificación del PP elimina la protección también a otras que no estaban en discusión: la antigua Sala X de la calle Amor de Dios, el teatro Imperial (calle Sierpes), la antigua Sala Pathe (Cuna), el teatro Álvarez Quintero (Laraña) y el local del antiguo Cine Llorens (Rioja con Sierpes).

Según Cultura, esta nueva calificación urbanística “puede resultar incompatible con las determinaciones de protección incluidas en las fichas patrimoniales de los inmuebles que están protegidos”. La Junta cree pues que contribuye a la sustitución de los espacios escénicos con interés patrimonial.

Pero el impacto del dictamen de la Comisión de Patrimonio afecta sobre todo a la Alameda y a la Gavidia. Hay que tener en cuenta que, aunque la recalificación impulsada por Zoido se identifica siempre con estos dos proyectos concretos, en realidad abre la mano a cualquier otro que quiera instalar un estacionamiento rotatorio intramuros o reconvertir cualquier edificio singular en una gran superficie comercial. A juicio de Patrimonio, esta posibilidad jurídica supone “una alteración integral del modelo de ciudad y, en todo caso, de su ordenación estructural”.

Esto significa que el Consistorio no puede cobijarlas bajo la figura administrativa de la modificación puntual, sino que, si insiste en acometerlas, debe revisar por completo el modelo urbano del PGOU. Una hipótesis impensable. Primero, porque el Plan General vigente apenas tiene seis años. Segundo: un procedimiento de revisión demora entre tres y cuatro años. Y tercero: si se iniciase obliga a la paralización de facto de todas las licencias urbanísticas.

Una decisión que, además de bloquear cualquier iniciativa particular que sí fuera acorde con el Plan General, dejaría a todos los operadores urbanísticos –públicos y privados– sin la seguridad jurídica plena que sólo da el actual libro urbano de Sevilla. Ya se sabe: a veces lo mejor resulta ser el peor enemigo de lo bueno.

Alameda: razones para decir no

Carlos Mármol | 27 de mayo de 2012 a las 6:15

La obsesión municipal por construir un parking en la Alameda y recalificar la comisaría de la Gavidia es un digno ejemplo de una llamativa forma de hacer política: imponer las cosas sin sustentarlas antes desde el prisma técnico.

Shakespeare decía que para un rey es bueno tener la fuerza de un gigante a condición de no acostumbrarse a utilizarla. Quizás porque cuando un gobernante opta por mandar sólo en función del predominio aritmético, sin dejar sitio al diálogo, corre el riesgo de incurrir en un error impropio de los políticos inteligentes. Aplíquese dicha lección a algunos de los actuales proyectos del gobierno municipal de Sevilla, que estos días celebra su primer año de éxitos, y obténganse las pertinentes conclusiones. No sé si lo verán ustedes igual que yo, pero me debo al ilustre oficio de la sinceridad impertinente. Van mal.

Veamos dos ejemplos: la construcción del aparcamiento subterráneo de la Alameda de Hércules y la recalificación de la antigua comisaría de la Gavidia. De ambos ha hecho bandera el equipo de Zoido. Estas dos iniciativas, por así decirlo, son metáforas de su forma de concebir la política aunque no reflejen exactamente lo que se pretende enseñar –una gestión eficaz– y, en cambio, vayan camino, igual que pasó con Ikea, de convertirse justo en símbolos de todo lo contrario.

Me explico. En el episodio del aparcamiento situado bajo el principal espacio público del centro de Sevilla –Monteseirín destinó el otro, la Encarnación, a albergar un centro comercial–, la idea de Zoido de volver a levantar la urbanización hecha hace sólo dos años, que costó siete millones de euros pagados con dinero público, para convertir este enclave en la cubierta de un estacionamiento rotatorio se sustenta en argumentos con los que se podrá o no estar de acuerdo pero que remiten –siempre– a un interés particular –el de los comerciantes del centro, sin olvidar al hipotético operador del parking– bastante alejado de sus supuestos beneficios públicos.

La Alameda es desde hace unos años un espacio vivo, lleno de actividad ciudadana, donde se han abierto multitud de negocios. La decisión municipal de reinventarlo obvia todos estos elementos en busca de imponer su propio dogma:“hay que hacer un parking para que la gente compre en las tiendas de Aprocom”.

Analicemos a fondo la cuestión. En primer lugar, el tono: el Consistorio no se plantea al defender esta postura que su posición de partida pueda estar equivocada –mal síntoma– ni tampoco la viabilidad jurídica real de la iniciativa. Recurre a lo habitual: el alcalde así lo cree. ¿Para qué discutir nada?

Y, sin embargo, la discusión es lo más interesante, porque es categórica: demuestra que en el gobierno local las cosas se deciden y se anuncian, cosa que también ocurría antes, sin sopesarlas en demasía y sin articular mínimamente desde el punto de vista técnico. Con Ikea pasó igual: un año después de prometer arreglarla en semanas, la cuestión todavía sigue abierta en canal.

La pregunta clave es otra: ¿es legal la decisión municipal de cambiar el Plan General para destruir la actual Alameda? Repárese en que nadie habla de legitimidad. Zoido, con su amplia mayoría, puede iniciar el proceso administrativo para cambiar el PGOU. Sí. Otra cosa es que tenga éxito en el intento. Y no precisamente por una conspiración política, sino por su propio talento.

La legislación urbanística, que es el único marco objetivo para analizar esta premisa, fija que cualquier cambio en el planeamiento vigente de una ciudad debe mejorar la ordenación previa. Se trata de un condicionante general, con independencia de los motivos oficiales que se esgriman para defender este tipo de propuestas. Las reglas del juego son nítidas: si la idea de hacer un parking en la Alameda no mejora el PGOU difícilmente podrá ser validada por la Junta de Andalucía. O ser respaldada por un juzgado.

Con independencia de lo que se piense al respecto, el criterio para evaluar esta cuestión está fijado expresamente en la normativa: es el interés público; nunca el privado. Así, además, lo recoge en su amplia jurisprudencia el Consejo Consultivo, el máximo órgano jurídico de Andalucía, que tiene que emitir un informe vinculante al respecto de este proyecto. Su tesis: para alterar el Plan General de una ciudad debe justificarse y concretarse que la nueva propuesta urbanística mejorará el plan vigente. ¿Lo hace el PP?

A tenor del singular expediente aprobado por Urbanismo, no demasiado. La única justificación formal que da el gobierno del PP para defender su iniciativa –y sobre la que en su momento opinará el Consultivo– es que Zoido ha derogado el Plan Centro. Punto. En ningún momento se explica –acaso porque no se pueda– en qué medida el hecho de hacer un parking rotatorio optimiza el modelo urbano de Sevilla.

El cambio que persigue el PP no es menor: alterar el PGOU en este punto abrirá la mano para construir otros estacionamientos comerciales –cerrados a los residentes– en cualquier punto del casco histórico. Una decisión de fondo que invalida uno de los elementos estructurales del Plan de Sevilla:  su programa de movilidad. Evidentemente, una cuestión tan sustancial no puede ser alterada sólo con un mero documento de modificación puntual, que es lo que el Ayuntamiento ha aprobado.

Porque además de no explicar en qué beneficiará a la ciudad –un requisito legal–, el Ayuntamiento basa su propuesta únicamente en la eliminación de una medida (el Plan Centro) sin demasiada entidad urbanística. El sustento legal de este proyecto era una ordenanza y, por tanto, con un rango jurídico inferior al PGOU. Por otro lado, la supresión del veto a los aparcamientos rotatorios cuestiona los principios de protección patrimonial del Plan General para el Casco Histórico: menos coches. ¿Esto es un beneficio colectivo?

En la Gavidia sucede otro tanto. Ni la justificación oficial es sólida, dadas las exigencias jurídicas que hay que cumplir, ni atiende a los requerimientos de la norma. El PP elimina la calificación urbanística del antiguo edificio policial –un equipamiento público– para convertirlo en “una gran superficie comercial”. El objetivo es venderlo al mejor postor: el presupuesto local de 2012 cuenta con estos ingresos, aunque estamos en mayo y la operación aún no tiene calendario cierto.

Asumir que la eliminación de un equipamiento vecinal será buena para la ciudad se antoja difícil. Quizás por eso el PP haya optado por otra vía: en el expediente urbanístico alega una motivación económica. Esto es: la necesidad de obtener recursos. ¿Convencerá al Consultivo? Ya se verá. Pero lo que es evidente es que no cumple la ley urbanística de Andalucía, que exige justificar cuál es la mejora que supondrá cambiar el PGOU, además de que ésta se sustente en el “mejor cumplimiento de los fines de la actividad pública urbanística”. ¿El fin del urbanismo es ganar dinero?

De otro lado, la exigencia legal de compensar el equipamiento que se perderá en la Gavidia debe hacerse, según la LOUA (artículo 36), en “la propia área objeto de innovación”. El Ayuntamiento quiere cumplir este trámite con el mercado del Arenal y el registro de la calle Pajaritos, de menor entidad y situados en zonas urbanas distintas. Otro desliz que dificulta la viabilidad del expediente. De hecho, el proyecto del PP no cumple casi ninguna de las obligaciones legales: ni justifica la innecesariedad del uso público de la Gavidia –sólo se habla de obtener fondos– ni tiene informes viables de la Junta, además de optar por una calificación –gran superficie comercial–que ni es pública ni de interés social. Sólo mercantil.

Lo que explica que, según fija la legislación de comercio, también sea necesario un informe sobre el impacto que tendrá sobre el comercio tradicional, además de un permiso ambiental único. El centro comercial de la Gavidia estará a menos de 500 metros de una zona residencial. Todo conduce pues al abismo: la recalificación urbanística del PP resulta ser tan pretenciosa como frágil desde el punto de vista legal. Zoido, claro está, puede politizar la cuestión. No servirá de mucho. Su talón de Aquiles no lo solucionará su nutrida mayoría en el Pleno. Se llama de otra forma. Eficacia, quizás.

Alameda: la involución del modelo

Carlos Mármol | 20 de abril de 2012 a las 6:05

La decisión de Zoido de levantar la Alameda de Hércules para sustituir este espacio ciudadano por un parking subterráneo eleva la intensidad de la política de corte revisionista que ha aplicado desde su llegada a la Alcaldía.

Para empezar, habría que preguntarse primero qué fue antes, si el huevo o la gallina. Es decir: la oferta de una empresa privada para convertir la Alameda de Hércules en un inmenso aparcamiento rotatorio –por tanto, un negocio– o la rotunda resolución del alcalde, Juan Ignacio Zoido, para arriesgarse por primera vez en los seis años que lleva en el Ayuntamiento –uno como candidato externo, cuatro en la oposición y ya prácticamente otro como regidor– a tomar una verdadera decisión de calado.

Me inclino por la primera opción: el PP, más que un modelo urbano para Sevilla, concibe la gestión municipal como una simple ventanilla para dar curso a proyectos externos, al estilo de la escuela marbellí. El Ayuntamiento está para el protocolo y poner las cosas fáciles. No para crear problemas.

El regidor parece con la toma de la Alameda querer marcar un hito después de consumido su primer año de mandato, caracterizado por la utilización del Ayuntamiento como plataforma política para allanar el camino del PP hacia la Junta de Andalucía, una estrategia que hizo que los primeros meses de gobierno, salvo ciertos episodios puntuales, se caracterizan por la falta de verdaderas decisiones, más allá de los habituales golpes de efecto.

Fracasado el asalto final a SanTelmo, un símbolo pero también la bolsa de oxígeno que requería Zoido para tener una gestión municipal presentable dentro de tres años, el PP ha optado por intensificar al máximo su política de revisionismo de la etapa municipal anterior, de la que ha dado abundantes muestras, aunque de inferior entidad, desde su acceso a la Alcaldía.

La derogación del Plan Centro fue el primer capítulo. La coartada de la herencia económica recibida, el segundo. Todos los abundantes escándalos previos –manipulados a capricho–, el tercero. Los cambios en el nomenclátor, el cuarto. Los sucesivos amagos de paralizar la Torre Pelli, a los que hasta ahora acompañan constantes marchas atrás, el quinto. El tono de la sinfonía era monocorde.

Hacía falta una disonancia, un paisaje abrupto. Y puesto que lo de Ikea sigue en barbecho y los plazos prometidos por Zoido –palabra de Dios, para algunos– se han ido incumpliendo de forma sistemática, no había más remedio que intentar elevar el listón de la deriva revisionista cuestionando por completo uno de los símbolos de la gestión política de la coalición PSOE-IU.

La Alameda es el terreno perfecto. Situada en el área Norte del Centro, segregada hasta hace una década del resto del casco histórico por una herencia de pobreza y marginalidad, su regeneración, impulsada por Izquierda Unida con el aval de los socialistas, que prefirieron erigir en la Encarnación el símbolo de la era Monteseirín, es el único espacio que quedaba ajeno al proceso de terciarización –transformación de zonas urbanas en meras plataformas comerciales– que en Sevilla comenzó en durante las décadas de los años 60 y 70, cuando en el centro de la capital de Andalucía la piqueta destruía el patrimonio para dejar paso libre a los coches y a los centros comerciales.

El asilvestramiento del antiguo arrabal diseñado por el Conde de Barajas –el paseo de damas de la Sevilla del siglo XVI– constituía toda una anomalía que, a lo largo de la historia reciente, siempre se intentó corregir, aunque con fórmulas distintas. Las más antiguas, en los años del tardofranquismo, pasaban por lo de siempre: convertir el bulevar en un gigantesco centro comercial. Arrasar con las sórdidas casas de meretrices, y de paso con buena parte del patrimonio de la Sevilla más contestataria, para dejar todo el espacio a las tiendas.

Aquella operación, recreada por Juan Sebastián Bollaín en sus películas underground sobre el urbanismo sevillano, quedó en nada gracias a la movilización de una parte de la ciudad ilustrada –inevitablemente roja, en algunos casos– que hizo bandera de la defensa de la población popular del único arrabal intramuros que ha tenido Sevilla en su historia. El movimiento detuvo la operación especulativa pero no frenó el intenso deterioro del barrio, que continuó durante años sumido en la carcoma. “Aquello es irrecuperable”, sostenía la Sevilla bienpensante, que se lamentaba pero no movía un dedo por sacar adelante un proceso de rehabilitación que no implicara la alteración del barrio histórico.

Tuvieron que ser los andalucistas, que gobernaron Sevilla en los noventa con el apoyo del PP, quienes comenzaron un proceso de rehabilitación que le tocó culminar a la coalición PSOE e IU. Eligieron un frente de batalla lateral –convertir la Casa de las Sirenas en un centro cívico, recuperar el Palacio de los Marqueses de la Algaba, captar fondos europeos para programas sociales y de empleo– porque un ataque directo parecía condenado al fracaso. Tuvieron el mérito de ser los pioneros, pero también cometieron errores: la destrucción del corazón del barrio de San Luis o la falta de acción ante el inicio del proceso de expulsión de los habitantes tradicionales, entonces mayoritarios y ahora, veinte años después, reducidos tan sólo al Palacio del Pumarejo.

Los andalucistas fueron los primeros a los que los comerciantes –Aprocom– presionaron para hacer un parking. El lobby al que ahora Zoido parece haber vinculado su futuro político –cosa inaudita– ya actuaba entonces a través del PP. Rojas Marcos se lo pensó, pero dado el tormento que Aprocom le dio con la peatonalización de Tetuán –la asociación decía que el gremio no quería; los asociados de la calle respaldaron al final la iniciativa del alcalde andalucista– el PA optó por dejar la cuestión, que ya entonces amenazaba con provocar una movilización social en beneficio de IU y los socialistas, sobre la mesa. El aparcamiento no se construyó.

Monteseirín, que en su primer mandato no hizo nada por cambiar la situación, decidió en 2003 dar a Izquierda Unida su cuota de protagonismo en este enclave urbano –el mayor espacio libre de un casco histórico que los ha ido configurando a lo largo de la historia por azar o gracias a la desamortización– a cambio de que la federación de izquierdas le dejara hacerse un mausoleo –el Parasol– en la Encarnación. Dicho acuerdo cerró la puerta a la idea del parking, que obligaba a destruir no sólo el espacio público, sino todo el arbolado.

Apostaron por un modelo de plaza pública que, si bien desde el punto de vista arquitectónico es discutible, ha logrado no sólo normalizar la Alameda, sino potenciarla como un enclave metropolitano donde el precio del metro cuadrado se ha multiplicado –la crisis inmobiliaria es mucho menor porque se la considera un área singular–, la proliferación de negocios una constante y las familias cuentan con los mínimos equipamientos para poder ir con sus hijos. La Alameda actual no tiene ningún problema urbanístico y, sin embargo, el alcalde ha decidido crearlo, arriesgando a todo o nada no sólo su imagen, sino, a largo plazo, puede que hasta la mayoría política que tiene en el Pleno. ¿Merece la pena?

A diferencia de lo que ocurrió en la etapa del PA, la resurrección del aparcamiento no se enmarca en un proceso de regeneración urbana, sino de destrucción manifiesta. La reciente reforma integral costó siete millones de euros. Dinero público que ahora se tira a la basura para facilitar un negocio particular. Una apuesta en la que la idea de ciudad está clara: Sevilla debe ponerse al servicio de algunos comerciantes, no de todos los ciudadanos.

El aparcamiento, innecesario si se tiene en cuenta que la demanda de plazas está más cubierta con las bolsas menores de estacionamiento que existen en el entorno, algunos de cuyos adjudicatarios –caso de la calle Mendigorría– hasta han devuelto las plazas asignadas por no poder pagarlas, convertirá Calatrava en otra calle Baños –colapsada por los coches– y transformará un jardín urbano vivo en la cubierta de un aparcamiento. Basta observar la plaza de la Concordia para percibir la diferencia. La destrucción de la Alameda ha sido concebida por Zoido como una operación con aspiraciones simbólicas. Se trata de revertir el modelo urbano previo. Pura involución.

El dogma

Carlos Mármol | 19 de abril de 2012 a las 6:03

Hacía falta pasar de la retórica a los hechos. Entre otras cosas, porque la retórica ya no se la cree nadie. Ni ellos. Tanto es así que no extraña nada, sino todo lo contrario, que después del interruptus de las autonómicas, cuando ya no hay forma de sostener la ficción, el alcalde –a través del interestelar concejal de Urbanismo– se haya descolgado con una macromodificación del Plan General para, entre otras gestas, hacer un aparcamiento rotatorio en la Alameda que no reclaman más que los dirigentes de Aprocom, vanguardistas reconocidos tanto en materia textil como de movilidad.

Nadie le niega a Zoido la legitimidad para iniciar el proceso. Tiene mayoría en el Pleno. Ya lo sabemos. También sabemos, aunque ellos a veces lo olviden, que debe de cumplir la ley, lo que implica aceptar el criterio técnico de la Junta. Ayer lo admitía hasta Vílchez, que en su día vendió la recalificación de la Gavidia como inmediata. Veremos en qué termina esto, porque un cambio urbanístico que toca a un sistema general –la Gavidia es un equipamiento; la Alameda un espacio libre– es una alteración estructural de planeamiento de libro. Se mire por donde se mire.

El PP politizará la cuestión diciendo que la Junta perjudica a los sevillanos. No sé de qué le sirve. No se vota hasta dentro de tres años. El rédito electoral es ínfimo. La simple idea del parking ya debe estar costándole votos: los ciudadanos que disfrutan desde hace años de un espacio público singular no van a aceptar que se lo roben para satisfacer a un lobby, tirando además a la basura una inversión de más de siete millones de euros de dinero público sin necesidad.

En la Alameda ya no quedan hippies, sino clases medias, ilustradas y con sentido cívico. Zoido reproduce las mismas formas que Monteseirín: trata de imponer su modelo de ciudad –con coches– a los demás. Dirá que tiene la mayoría. También la tenía Monteseirín. No por eso dejó el PP se apelar al consenso al criticar el Plan Centro. ¿Ahora no?

“El PGOU no es un dogma”, se justifican.

G.K. Chesterton:“El mundo moderno está lleno de hombres que sostienen dogmas con tanta firmeza que ni siquiera se dan cuenta de que son dogmas”

Solsticio de invierno en la Alameda

Carlos Mármol | 21 de diciembre de 2008 a las 12:52

El gobierno municipal convierte la inauguración oficial de la gran plaza pública del centro de Sevilla en un acto de reivindicación propia frente a las críticas de los vecinos por el retraso en las obras y sus múltiples desperfectos.

FALTOS de cariño. Huérfanos de afecto. Acaso con cierto complejo de artistas incomprendidos. Así parecen sentirse los miembros del gobierno local, formado por PSOE e IU, que ayer se vieron en la necesidad –unos más que otros, claro está– de convertir la inauguración oficial de la Alameda de Hércules en una ceremonia de reivindicación propia frente a aquellos, a los que siempre citan sin concretar en demasía, que insisten en no aplaudir a manos llenas su gestión al frente de la ciudad. La situación recordaba vagamente a aquel verso del canto primero del Poema del Cid: “Esto (la desgracia) me han urdido míos enemigos malos”. O al Quijote, cuando el ilustre hidalgo insistía en ver malandrines y magos malignos por doquier. Obviamente, dicha comparación resulta algo injusta: ninguno de los concejales de PSOE e IU tienen el encanto de ambos personajes literarios.

Pero lo cierto es que el acto celebrado ayer en la principal plaza del centro de Sevilla fue una muestra de orfandad más que de fortaleza. Fruto más de la necesidad que del mínimo sentido de la oportunidad. Se notaba que, tras el socavón del Metro, algo había que inventar. O mejor dicho: reinventar lo ya inventado en busca del aplauso general y de una encuesta de autodefensa.

Uno siempre ha pensado que si una persona, incluso un gobernante, decide hacer determinadas cosas por convicción en lugar de por interés puntual raramente necesita los aplausos. Sobra y basta sencillamente con saber las razones por las que se actúa. Si se reciben felicitaciones, aunque a veces reconforten, en realidad éstas deben tenerse por irrelevantes cuando se tienen las cosas claras. Uno no deja de tener razón –o sigue sin tenerla– con independencia de los aplausos que reciba. Ya se sabe: esta tierra nuestra, y en especial Sevilla, está llena de palmeros.

Porque, en realidad, ¿qué es lo que ayer se inauguró oficialmente? ¿La Alameda? ¿Las fuentes? Nadie sabría decirlo, dada la continua puesta en abismo a la que ha jugado el gobierno local durante los últimos dos años, al simular inaugurar, pero sin llegar a inaugurar del todo, las distintas plazas del centro. Una táctica que peca de simpleza: la gente, al valorar una obra pública, suele reclamar presupuestos, plazos y calidad. Y en la mayor parte de los casos, a pesar de las buenas intenciones, que nadie les niega, no ha habido ninguna de las tres cosas.

En el caso de la Alameda de Hércules no existen demasiadas dudas. Mientras el alcalde y Torrijos resaltaban ayer en el escenario habilitado para la ocasión la importancia histórica del acto de inauguración de la plaza, una multitud de vecinos discutía sobre los resultados de la reforma. Y había de todo, como es lógico, aunque predominaba cierto sentimiento agridulce: “está mejor que antes, pero no está como debiera”. El lema oficial del proyecto diseñado por el arquitecto Elías Torres –La Alameda que te gusta– sencillamente no se cumplía a juicio de muchos de los presentes, en buena parte por cuestiones aparentemente menores, según el criterio del arquitecto, que el Ayuntamiento no ha querido solucionar a tiempo. Acaso lo haga dentro de meses.

Lo que más se echaba en falta fue una zona de juegos infantiles, dotación que el diseñador de la Alameda, aquel que prometió que el suelo del bulevar sería un tapiz verde, tildó de equipamiento reprobable. Habrá, como es lógico, opiniones para todos los gustos, pero lo cierto es que hasta ayer el Consistorio no se ha preocupado más que de llenar de veladores y estruendosos conciertos la plaza en vez de instalar los bancos públicos –ayer mismo sacaron algunos del almacén; colisionaban con las mesas de los bares– o habilitar zonas para niños.

Vista selectiva

La lectura municipal es demasiado unívoca. Discurre en dirección única:“la Alameda era antes un nido de prostitución y drogas. Un territorio lumpen donde la especulación expulsaba a los vecinos y nadie estaba seguro. Ahora está mejor”. Ante tal obviedad, que nadie niega, pero que tiene sus matices, al parecer hay que sacrificar la inteligencia y la vista. No deben mirarse las calles mal trazadas –algunas encharcadas con sólo cuatro gotas de lluvia–, los bolardos destrozados, las alcantarillas rotas o el pavimento grisáceo que no fue de color albero más que un par de días, y que el distrito ha tratado de limpiar durante meses con la misma arena que siempre hubo en el bulevar. Tampoco, al parecer, deben verse los problemas colaterales: el desvío del tráfico privado por las calles del entorno –más pequeñas, y con proyectos de reurbanización pendientes desde hace décadas– o la aplicación a capricho de la ley contra la botellona, un factor que explica muchos de los desperfectos de las obras después del año y medio de retraso que ayer se celebró por todo lo alto. Los vecinos son muy claros: “Faltan muchas cosas para que la Alameda esté bien”.

Admitir los fallos y recomponer lo quebrado fortalecería al gobierno local y dejaría a la oposición sin opción de crítica. Pero no hay manera: en Plaza Nueva creen que es imposible conseguir el éxito pleno y que, por tanto, debemos enjuiciar –y alabar– sus buenas intenciones más que sus actos. Creen que un fin noble justifica casi todos los métodos. Y no es eso. Pero claro, siempre es más fácil festejar el solsticio de invierno en la Alameda sin hacerse preguntas que admitir un error. No vaya a resultar ser cierto.

El derecho al silencio

Carlos Mármol | 9 de noviembre de 2008 a las 12:57

El Ayuntamiento aplica de forma caprichosa la ley contra el consumo de alcohol en la calle aprobada por el Parlamento y convierte la Alameda de Hércules, rodeada de viviendas y comercios, en un botellódromo.

NO ES QUE se haya declarado en rebeldía. Ni que Monteseirín haya resuelto, de pronto, echarse al monte. Pero lo cierto es que el Ayuntamiento de Sevilla ha pasado en los últimos tiempos de reclamar una ley para combatir el consumo de alcohol en la calle a dejar sin efecto precisamente este corpus jurídico que, a instancia suya, aprobara la cámara autonómica para diluir el botellón.

Semejante incoherencia, de la que dan buena muestra las casi dos mil denuncias presentadas ante diferentes instancias, entre ellas el Defensor del Pueblo, arroja un buen ejemplo del extraño sentido del interés general que suelen tener los políticos que afirman primero una cosa, al día siguiente hacen la contraria y, al cabo, niegan todos sus actos previos prometiendo de repente un hermoso amanecer de paz y esperanza. Cinismo se llama, en retórica, la figura.

Tal conducta, adoptada por la coalición que forman PSOE e IU, suele justificarse casi siempre desde Plaza Nueva bajo la premisa de la tolerancia y el sentido de la convivencia. No sabía uno que el cumplimiento del ordenamiento jurídico, esencial y obligado en un Estado de derecho, sobre todo en el caso de una administración pública, era cuestión de la magnanimidad o del sentido del buen rollito del regidor de turno. Aunque, al parecer, en Sevilla así es la cosa: uno cumple la ley si tiene el día generoso; en caso contrario, puede obviarla sin que le pase absolutamente nada.

El resultado de esta dejación salta a la vista en diferentes puntos de Sevilla, donde los jóvenes siguen bebiendo a su antojo, continúan orinando en la puerta de las viviendas y, en general, convirtiendo un trozo de esa ciudad, que tantos dicen amar pero tan pocos quieren, en una suerte de sumidero festivo. Especialmente grave es la situación en la Alameda de Hércules, donde, al problema de la ejecución caprichosa de la ley antibotellona, se suma la decisión del Consistorio de convertir la plaza pública en un escenario cortijero para mostrar su gestión política. No es que uno tenga nada contra la cultura –más bien al contrario– ni contra lo que ellos llaman la “dinamización de los espacios públicos”, sólo que en este caso ni se trata de lo uno –todo concierto no es cultura ni toda pretensión de trascendencia espiritual logra llevarnos al Parnaso– ni de lo otro. Sencillamente es que el Ayuntamiento, al igual que hacen los tapiceros en las ferias de pueblo, ha decidido vocear sus anuncios por las calles, a grito limpio y con altavoces, durante día, tarde y noche.

El conflicto ha llegado a tal punto que, tras sufrir cinco conciertos en seis días, con sus ensayos incluidos, un grupo de vecinos preparan un pleito contra el gobierno municipal –que si ganan tendremos que pagar todos los contribuyentes– por el incumplimiento de la norma sobre ruido. En la Alameda, en teoría, ya existía una asociación vecinal. Pero, al parecer, su margen de movimiento con PSOE e IU en el poder local es bastante limitado. Una verdadera lástima.

Los socios de gobierno, que esta semana han conocido la noticia, han reaccionado culpándose mutuamente de la situación, lo que no deja de ser edificante. Como los niños: “maestro: no fui yo; fue mi compañero”. A los vecinos, junto a cuyas casas el Ayuntamiento tiene a bien descargar cientos de decibelios, no les importa en demasía de quién fue la idea –como si esto no se supiera–, sino la razón por la cual el gobierno local, teniendo el auditorio municipal cerrado, el Estadio de la Cartuja vacío y un sinfín de edificios sin usar que bien podrían ceder regularmente a los grupos de música, prefiere organizar verbenas junto al salón de sus casas bajo el paraguas de tómbolas benéficas; fritanga incluida. Créanme: no hay escapatoria a dicha situación. Hace unos días, al tratar de huir del concierto más horrendo del año (al que el distrito llamó heavyllanos) uno se topaba, a apenas unas pocas calles de distancia, con una banda de cornetas de Semana Santa. Las dos Sevillas reventándole al ciudadano anónimo los oídos. Cofrades por un lado. Heavies, por otro. Todos gritando, en el fondo, más o menos lo mismo: “Esta ciudad es nuestra”.

“Daños colaterales”

La portavoz del gobierno local, Maribel Montaño, ha tenido la deferencia de explicar que, aunque comprende las protestas vecinales, estos conciertos deben entenderse como “daños colaterales” por el éxito que ha supuesto la reurbanización de la Alameda, donde, dice ella, se “vive de forma diferente”. Otro concejal, Alfonso Mir, justificaba unos días antes la no aplicación de la ley: “En algún lugar deben estar los jóvenes”. Que se sepa, Monteseirín aún no ha promulgado decreto alguno convirtiendo la Alameda en un botellódromo. En teoría, éste iba a ir en el Charco de la Pava. Pero, la creencia de los munícipes de que la ciudad carece de vida si ellos no la generan artificialmente –a la existencia particular parecen tenerle poco respecto; les aporta escaso rédito electoral–, ha terminado por hacerlo realidad. Es cierto. La Alameda es diferente: ni la ley se aplica, uno puede meterse coca bajo la cámara de seguridad de la comisaría de la Policía Nacional sin que nada ocurra, se puede orinar junto a una ventana sin que la Policía Local salga de su coche patrulla y los vecinos no tienen derecho no ya al descanso, sino al mero silencio. El paraíso en la tierra. Un paraíso, eso sí, diferente.

Una ley sin agujeros negros

Carlos Mármol | 22 de junio de 2008 a las 16:30

Una ley sin agujeros negros

La excepción tácita que el Ayuntamiento aplica en la Alameda de Hércules a la hora de hacer cumplir la ley autonómica que prohíbe beber en la calle demuestra la falta de coherencia de los responsables municipales

DECÍA Ortega y Gasset en su Meditación del Escorial, una de las magníficas conferencias recogidas en El Espectador, que el esfuerzo estéril suele conducir a la melancolía. Y debe de ser verdad: no hay nada más triste, aunque la depresión también cuente con sus líricos de esquina, que intentar lograr algo y, una vez tras otra, no hallar como respuesta más que el duro suelo de la derrota. Frío e inmisericorde. Sin embargo, y en esto radica la paradoja de la existencia, que es al mismo tiempo una determinada cosa y su contraria, en cierto sentido tampoco hay nada más noble que tratar de alcanzar un meta siendo realmente conscientes de la dificultad de conseguirla. Gestos heroicos, les llaman. Porque la nobleza no viene de cuna ni de estirpe, sino, como nos enseñaron los tratadistas del XVI, bebiendo de los clásicos, de los méritos propios.

El hecho de elegir cualquiera de estos dos puntos de vista sobre un mismo hecho –la lucha del hombre contra su destino, si nos ponemos estupendos; o sencillamente la dificultad de mantener cierta coherencia entre lo que deseamos y el sacrificio necesario para lograrlo– es uno de los elementos que marcan el carácter de una persona. Y de un grupo social. En este caso que nos ocupa –la no aplicación de la ley antibotellón en Sevilla– este colectivo es el gobierno local formado por el PSOE e IU.

El punto de partida es conocido. El Consistorio hace una excepción al aplicar esta norma del Parlamento andaluz en el barrio de la Alameda, donde las patrullas policiales encargadas de disolver las concentraciones juveniles no actúan hasta las cuatro de la madrugada, mientras que en otras áreas de Sevilla los dispositivos disuasorios comienza a trabajar a las diez de la noche. A tal situación se une la obsesión de PSOE e IU de utilizar la simbólica Alameda de Hércules como escenario para celebrar actividades políticas y actos de propaganda, en lugar de dejar que –como ocurre en casi todas las ciudades del mundo– sean los propios ciudadanos los que llenen de vida estas ágoras colectivas. Una práctica que se traduce en la celebración de todo tipo de ceremonias –unas excelentes; otras ridículas– en la cabecera Norte del bulevar, que ha dejado der ser una plaza pública para convertirse en una especie de atrio partidario.

Todos estos elementos, sumados al actual debate sobre la utilización de la Alameda como una gran terraza al aire libre –donde los negocios de hostelería patrimonializan buena parte del espacio de todos–, han terminado cansando a un grupo de vecinos que, reunidos esta semana en un cónclave improvisado, han anunciado que piensan acudir a los tribunales para exigir su derecho al descanso.

El Ayuntamiento, que hace apenas unas semanas ya perdió un litigio por la botellona anterior a la promulgación misma de la ley andaluza, no ha acertado aún a dar una respuesta seria a este conflicto, desatado además por él mismo dada su auténtica fijación por controlar un espacio urbano que tradicionalmente se ha asociado en el imaginario urbano a lo contestatario, a lo maldito. A cierta idea asilvestrada de la vida.

Primero negó la mayor –que las patrullas policiales fueran con retraso– sin aportar prueba alguna. Puesto que existe la contraria –este diario reprodujo en sus páginas la orden oficial de organización de la Policía Local– parece evidente que la edil del ramo, Nieves Hernández, debe tomar por estúpidos a los ciudadanos que leyeron dicho escrito. Y, de paso, dejó por mentirosos, además de a los periodistas, que es lo de menos, a sus propios agentes, que han ratificado tal instrucción. Casualmente, el efecto que buscaba –aparentar credibilidad– ha sido el contrario. La imagen de incapacidad ofrecida es evidente si se tiene en cuenta que, puesto que las pruebas existen, sólo hay dos conclusiones posibles: o la Policía Local no hace caso a las instrucciones municipales –lo que convierte en inútil la figura de esta concejala– o ella misma da directrices contradictorias con sus declaraciones. En cualquiera de ambos casos, un éxito.

El Consistorio –esta vez por boca del edil del distrito, Lolo Silva– sigue dando la impresión de que no considera la botellona un problema, cuando no incentiva directamente su celebración a diario en la misma puerta del centro cívico de las Sirenas o en el bulevar central, al organizar un sinfín de conciertos semanales –hay hasta 15 solicitades cada fin de semana para actos en distintos horarios– pagados con dinero público.

Hasta aquí los hechos desnudos. En este punto habría que recordar, empero, que PSOE e IU prometieron en su día no transformar la Alameda en un botellódromo al aire libre. Sencillamente tenía que recuperar una plaza. La ley antibotellón la reclamó –junto a otros regidores andaluces– Monteseirín. Dato que arroja una pregunta: ¿Por qué este ayuntamiento tiene esta extraña forma de ser incoherente? Acaso en el Consistorio exista quien crea que cumplir esta ley es, en el fondo, un esfuerzo estéril y, por tanto, inevitablemente melancólico. En tal caso, ¿por qué la reclamó en su día? Sería conveniente ensayar otra vía: afrontar el problema con los medios disponibles, que son los legales. Lo que no vale es decir una cosa y hacer la contraria. Disfrazar de tolerancia la incapacidad. Ninguna ley puede permitirse tener agujeros negros. Otra cosa es que haya gobernantes que no sepan aplicarla.

Escenarios en disputa

Carlos Mármol | 11 de mayo de 2008 a las 19:53

Escenarios en disputaLa pretensión de los hosteleros de ocupar con terrazas todas las plazas ganadas a los coches gracias a las reformas municipales abre un debate sobre la gestión de los espacios públicos y, en definitiva, sobre la misma idea de ciudad

SI ES VERDAD que el ejercicio del poder, cualquiera que éste sea, requiere necesariamente de ciertas dotes de teatralidad y escenografía, la mejor platea desde donde medir tal tesis es una ciudad. Cualquier ciudad. Desde su origen, la civilización humana ha traducido al espacio que le es propio –el más próximo– una serie de símbolos que cuyo único fin es dar a entender quién es quién en el circo vital de la existencia. Las urbes se convierten así en las mejores metáforas de los sucesivos cambios políticos –también de su ausencia– y en muestra de la inevitable colisión de intereses que marca la convivencia.

Quien es capaz de leer bajo este prisma la fisonomía de cualquier ciudad, incluso del pueblo más remoto del orbe, obtiene una idea bastante aproximada de cómo es la obra dramática que se representa en ese lugar en ese momento. Sabrá así si se trata de un sainete o de una comedia. Incluso si la materia devendrá de pronto en tragedia. Porque es justamente en lo urbano donde se hacen expresos casi todos los mecanismos de dominación entre los distintos grupos sociales. Al fin y al cabo, la historia de cualquier lugar puede resumirse en una suerte de noria en la que todos giramos.

espacios públicos

No es por tanto de extrañar que en las ciudades, con independencia de su tamaño, su importancia o su personalidad, se suceda el viejo ritual que consiste en la pugna sostenida por ocupar los espacios comunes, que es donde, según los clásicos, radica la propia esencia de lo urbano. Quien ocupa el espacio colectivo, sea de forma estable o temporal, dejando una marca circunstancial o instaurando una huella algo más permanente, no hace en realidad sino intentar tornar a su favor toda la potencialidad –económica, visual y presencial– del gran foro que es cualquier urbe. El escenario físico y sentimental de nuestras múltiples vidas. A veces este proceso nos viene dado: todos vivimos en ciudades que hicieron quienes nos precedieron de acuerdo con sus valores y sus creencias. Somos pues parte de esa corriente. Lo normal es que hagamos lo propio: tratar de adaptar la urbe que recibimos a la ciudad que queremos.

En Sevilla, durante los últimos tiempos, el Ayuntamiento ha acometido siguiendo este sendero una serie de reformas en determinados enclaves de la ciudad histórica –la que sirve de referente común a casi todos los ciudadanos– que pretendían, al tiempo que generar cierta idea de transformación global, salvar determinadas ágoras antiguas de la acción del tráfico particular. Convirtiéndolas en espacios peatonales, el Consistorio entraba, aunque con un retraso de varias décadas, por la senda del urbanismo civilizado y europeo, que consiste en intentar hacer amable la ciudad ordinaria destinando sus mejores lugares a la vida ciudadana. Este proceso, que ha recibido críticas de determinados sectores y elogios de otros muchos, con todos los reparos de la inevitable subjetividad estética que ha condicionado la mayoría de estas discusiones, ha resultado ser, en líneas generales, positivo para un centro que todavía está en buena medida preso de los coches. Sin embargo, ahora se ha abierto otra etapa en la que ciertos colectivos sociales –peatones y hosteleros, esencialmente; aunque también los ciclistas– empiezan a pugnar por copar los beneficios de estos foros peatonalizados. Alguno debe dibujar una sonrisa de satisfacción al contemplar el espectáculo: ¿si tan lesivas resultaban ser estas reformas por qué ahora se inicia una lucha por intentar aprovecharse de sus beneficios?

La cuestión esencial, en todo caso, es otra. La discusión hace tiempo que dejó de ser si estas remodelaciones urbanas se abordaron con más o menos acierto –la mayoría están ya hechas o han sido iniciadas, aunque algunas sufran retrasos y padezcan una más que deficiente ejecución–, sino cuál será, al cabo, su resultado definitivo. La patronal de la hostelería lleva varios meses intentando introducir en la agenda política un proyecto global que esta misma semana por fin ha hecho expreso. Se trata de ocupar con veladores buena parte de los espacios ganados para el paseo y el disfrute –gratuito; y este factor no es baladí– de los ciudadanos, que son los que –a través de sus impuestos– han pagado estas reformas.

El argumento de los dueños de los bares, que no han financiado ninguna de las citadas reurbanizaciones, es que no pueden “competir con el comercio” y, por tanto, tienen un supuesto derecho a ocupar con sus instalaciones lucrativas “los espacios públicos”. Esta fórmula ya se planteó hace tiempo para la Plaza Nueva y la Avenida –se dejó en suspenso–, después llegó a pactarse en la Alameda –el PSOE quería transformar en un inmenso velador para 2.500 personas el bulevar–, y ahora vuelve a resucitarse para la Alfalfa. Hasta ahora el Consistorio se había mantenido prudente por miedo a la reacción ciudadana. Esta semana ha optado por tomar partido en favor de los hosteleros. Alegan ambos que los veladores dan vida a la plazas. Y así es, siempre que no sobrepasen su justa medida y se atengan a las normas. Rara vez sucede esto. Esta ciudad se caracteriza justo por todos lo contrario: aceras inundadas de obstáculos y mesas por doquier. Los sevillanos están acostumbrados a vivir en la calle. Cierto. Pero para hacerlo necesitan espacios sin tasas donde no haya que pagar. Ágoras libres. Alamedas llenas de bancos y paseos. No de terrazas.

Alameda: apuntes para un espacio

Carlos Mármol | 23 de marzo de 2008 a las 4:27

alamedaCasi un año de retraso en la terminación de las obras, una ejecución discutible y el debate sobre el futuro uso de este espacio ciudadano marcan la transformación de la única gran ágora del norte de la Sevilla histórica

PARECE que la autogestión no ha sentado demasiado bien. Hace unos días, un grupo de vecinos de la Alameda, hartos de esperar el final de una remodelación que simula no terminar nunca –casi un año de retraso acusan las obras impulsadas por el Consistorio, decidieron colocar bajo la sombra de las columnas romanas –exentas y minimalistas ahora; asilvestradas antes– uno de los bancos de color albero que está previsto instalar en el bulevar. Se hicieron una foto y la mandaron a la prensa –por aquello de que lo que no sale en los medios no existe– como forma de reivindicar su firme voluntad de dar vida a este importante espacio público.

La imagen cogió con el paso cambiado a los responsables municipales; en especial a IU, que se arroga una especie de extraña paternidad sobre la Alameda. Hasta el punto de que, apenas unas horas después, el edil de distrito, Francisco Manuel Silva, salía a la palestra para reiterar que todo va bien y augurar que los trabajos estarían concluidos en unos tres meses. Justo a las puertas del verano. El banco duró bajo las columnas un par de días más. Después desapareció.

Las declaraciones del concejal de la federación de izquierdas, que se ha hecho célebre por sus viajes y alguna que otra epopeya de arte menor, demasiado gráfica de su personalidad, no tranquilizaron a casi nadie. Probablemente ni a él mismo. Llegaban meses después de que su jefe de filas, Torrijos, el primer teniente de alcalde, pronunciara una sentencia casi bíblica: “La Alameda se acabará cuando se acabe”. Los numerosos frentes que esta obra está abriendo al ejecutivo de Monteseirín resultan ilustrativos de la escasa capacidad de sus munícipes para mantener en curso más o menos razonable sus propios proyectos. Curiosamente, los mismos en los que sustentan su modelo de ciudad. Los mismos que, cuando las calendas son electorales, no paran de promocionar a los cuatro vientos. La facilidad para comunicar las bondades de su gestión se diluye en cuanto se presenta un conflicto. Y la Alameda, al igual que la reforma de la Encarnación, está dando bastantes dolores de cabeza al gobierno local. El plazo de ejecución de las obras, iniciadas en 2005, es, en realidad, lo de menos. Siendo importante –los políticos deben ser capaces de cumplir los propios tiempos que ellos mismos se marcan ante los ciudadanos– los interrogantes que ahora se abren sobre este enclave son de naturaleza patrimonial. ¿A quién pertenece? ¿Cómo se usa?

Parece obvio que la Alameda no es de nadie. Mejor dicho: es de todos. Sin embargo, algunos indicios de los planes municipales para este espacio público hacen desconfiar de que este axioma –obligado en toda ágora, al radicar en ella, desde el mundo clásico, la propia esencia del mismo concepto de lo urbano– se cumpla. Los dos frentes esenciales a este respecto son la gestión de la movida y los planes de ocupación del bulevar con veladores.

En el primer asunto, la situación es ambivalente. Por un lado se toleran las concentraciones juveniles durante las noches de los fines de semana –a veces se convierten en diarias– y, por otro, cuando conviene, se hace una aplicación singular de la ley antibotellona aprobada por el Parlamento de Andalucía. Extraña situación si se tiene en cuenta que el Ayuntamiento no puede ser discrecional a la hora de aplicar una norma con rango parlamentario, sino eficaz. Disfrazar de tolerancia esta relajación –muy gráfica durante las semanas previas a las últimas elecciones generales y autonómicas– no busca más que disimular una contradicción: Monteseirín parece reacio a aplicar la norma que él mismo, junto a otros alcaldes andaluces, reclamó en su día a la Junta de Andalucía.

‘laissez faire’…

En lo que respecta a los bares –y a sus veladores– la situación es otra. Los locales, regulados por la normativa correspondiente, funcionan, en líneas generales, sin causar demasiados problemas. Su presencia dinamiza el espacio público a determinadas horas. Otra cuestión es su voracidad por ocupar con mesas –espacios lucrativos, al cobrarse a los ciudadanos por su utilización– la mayoría del suelo ganado para el peatón. Esta práctica ya sucede, con honrosas excepciones, desde hace tiempo. De nuevo el Consistorio alega falsa tolerancia: “no queremos perjudicar a los empresarios por las molestias de las obras”. El resultado de este laissez faire, laissez passez es notorio: la colonización del espacio público cada vez es mayor sin que –todavía– hayan vuelto a abrir los quioscos construidos en el centro del bulevar. El acuerdo previo para transformar toda la plaza en una gran terraza –privada– se quebró en cuanto se conoció. Pero aún no está muerto: determinados hosteleros insisten en reavivarlo ante la falta de iniciativa municipal. En esto, como en tantas cosas, sucede lo de siempre: los espacios vacíos terminan ocupándose por aquellos que están al acecho, tenga fuero o carezcan de tal derecho. Igual da. ¿Está la Alameda vacía? Es claro que no. Otra cosa es que el Consistorio pretenda diseñar a su capricho un ágora que debería albergar, esencialmente, actividades ciudadanas. Organizadas por los propios vecinos. A su manera, en este barrio existe una activa sociedad civil, aunque no gaste corbata. De ella depende que la Alameda sea de verdad una plaza y no un mero escenario.

Barojiana de las plazas sevillanas

Carlos Mármol | 9 de marzo de 2008 a las 13:35

Barojiana de las plazas sevillanasEl Ayuntamiento altera en el Salvador su criterio para remodelar las principales plazas del casco histórico mientras los barrios y los distritos de la ciudad siguen esperando reformas en profundidad que nunca llegan

DECÍA Baroja que el hombre es un constructor de grandes ilusiones hasta que un buen día cambia de criterio y hace todo lo posible por destruirlas. Algo de eso –el fatalismo lúcido que emana de la obra del escritor vasco, el ogro de Itzea– deben probablemente de haber sentido estos últimos días los responsables del gobierno de Sevilla a juzgar por el anuncio –aparentemente imprevisto, pero en realidad preparado– de sacar la plaza del Salvador del ámbito del proyecto global de remodelación de espacios históricos bautizado con el nombre de La Piel Sensible. El Salvador, según ha prometido el alcalde Monteseirín, será ahora transformado sobre la base de un diseño clásico hecho a mediados del siglo XIX por Balbino Marrón, uno de los arquitectos que más han condicionado la fisonomía de la Sevilla tradicionalista.

Extraña tal viraje. Fundamentalmente porque se produce después de que la coalición PSOE e IU haya mantenido contra viento y marea que su lectura contemporánea de ciertos espacios sensibles de Sevilla no los estropea, como sostienen determinados sectores sociales, sino que busca justamente mejorarlos. La tesis oficial del Ayuntamiento, en todo caso, es que este cambio de opinión en relación al Salvador no obedece a una suerte de rectificación –en tal caso avalaría la mayor: las reformas de la Alfalfa y las plazas del Pan y la Pescadería, por tanto, serían erróneas– sino al fin de la rehabilitación de la Iglesia del Salvador, pórtico de la plaza. Algo tienen que decir, obviamente. Aunque dicha aseveración no se sostiene en demasía: de sobra sabían en la Alcaldía cuando se incluyó al Salvador dentro del proyecto del arquitecto José Carlos Mariñas que llegaría un día en el que la rehabilitación de la iglesia culminaría.

Si el argumento ahora es la conveniencia de velar por la estética patrimonial de esta histórica plaza parece obvio que, al menos desde el punto de vista del equipo de gobierno, en la Encarnación, la Alameda de Hércules, el Pan o la Alfalfa no había en realidad patrimonio alguno al que proteger. No se sabe muy bien qué es peor: si la contumacia –para algunos en el error; para otros, en el acierto– o semejantes razones para explicar este giro.

ausencia de modelo

Lo que viene a demostrar el nuevo catecismo aplicable al Salvador es precisamente la ausencia de coherencia en buena parte de las decisiones municipales adoptadas durante los últimos cuatro años, en su mayoría circunscritas al casco histórico y a esa nuez de Sevilla que es la urbe central. Extrañan dos cuestiones: primero, el reparto político acordado entre los dos socios de gobierno en relación a los grandes espacios públicos del centro de la ciudad; segundo, la ausencia de iniciativas de peso en la mayoría de los distritos y barrios de la ciudad, esa Sevilla que no es la oficial, sino el escenario real de la vida diaria de la mayoría de los ciudadanos.

En el primer aspecto, la cosas quedaron claras desde el principio: PSOE e IU pactaron el aprovechamiento político de las dos grandes remodelaciones urbanas de ágoras históricas –la Encarnación (PSOE) y la Alameda (IU)– confiando el resto de operaciones sobre la ciudad antigua –de índole menor– a un programa de cambios bastante más superficiales, basados esencialmente en modificaciones del pavimento y el mobiliario urbano. La piel de la ciudad. No esperaban, a este respecto, generar excesivas polémicas. Pero lo cierto es que se equivocaron como mínimo en lo que se refiere a la plaza del Pan: un espacio de la memoria íntima de la ciudad cuya transformación se vivió por parte de muchos como una auténtica afrenta. En la Alfalfa y en la Pescadería, en cambio, casi todos los cambios han sido para mejor sencillamente por eliminar los coches. Otra cuestión es la estética final, sobre la que cada uno emite, usualmente de forma categórica, su propia opinión.
En la Alameda y la Encarnación las remodelaciones previstas, además de por su mayor escala, implican cambios de uso: la primera dejó de ser un jardín, aunque estuviera asilvestrado, para convertirse en un decorado imperfecto y monocolor con algunas cosas buenas –la ausencia de coches; salvo excepciones que pueden llegar a convertirse en norma– y otras más que cuestionables, como el escaso, por no decir nulo, mantenimiento de su pretenciosa nueva imagen. La Encarnación directamente se ha privatizado al convertirla en un complejo comercial, aparatoso y gesticulante que, además, ahora no se sabe cómo construir.

En todo caso, lo más ilustrativo es que estos cambios estén circunscritos al centro histórico: el territorio donde la ciudad, probablemente por un vicio de índole psicológica, se mira a sí misma precisamente para poder reconocerse. En la ciudad real –los distritos; los barrios– los cambios de peso han sido, en cambio, muy escasos o casi imperceptibles. Curiosamente es justo donde están verdaderamente los problemas urbanos de Sevilla. ¿Había miedo a coger el toro por los cuernos y se optó por simular una transformación que en realidad sigue pendiente? En Barcelona, hace más de quince años, empezaron por los distritos y la ola de renovación terminó por llegar al centro. Aquí lo hemos hecho justo al revés y a medias. La mayoría de los barrios aún siguen esperando su momento. ¿Hasta cuándo?