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Mercasevilla: la instrucción infinita

Carlos Mármol | 30 de octubre de 2011 a las 6:00

La juez Alaya cierra el sumario por el supuesto pago de comisiones ilegales en Mercasevilla mientras la Fiscalía pide medidas económicas cautelares para los implicados en el fraude de los ERE. La instrucción no se detiene.

Se mueve, como dijo Galileo, a ritmo constante. Lenta pero sin descanso. La instrucción de la juez Mercedes Alaya sobre el caso Mercasevilla –desgajado en al menos cuatro sumarios distintos– avanza en paralelo a las polémicas políticas que, a raíz de la aparición de las distintas irregularidades vinculadas a la gestión de la empresa municipal de alimentación de Sevilla, vienen sucediéndose en los distintos foros políticos desde hace algo más de dos años. La magistrada, cuya figura ha sido cuestionada por los socialistas en repetidas ocasiones, aunque hasta ahora sin una argumentación objetiva y sólida que tener en consideración, ha cerrado esta semana la instrucción de la causa relativa al (supuesto) pago de comisiones ilegales en el mercado de abastos.

La apertura de este juicio oral marca una nueva etapa en el caso, al concluir la fase de investigación judicial con una acusación formal por un delito de cohecho contra los principales imputados, todos ellos altos cargos socialistas. Con independencia de todo el ruido que durante los meses previos a la pasada campaña electoral de los comicios locales se ha producido en el ámbito político, los hechos objetivos que emergen de la investigación judicial, y ahora tendrá que enjuiciar un jurado popular, no dejan demasiado lugar a las dudas: en Mercasevilla existen indicios serios de una supuesta red de financiación ilegal, aunque será misión de la justicia aclarar si los beneficiarios de esta trama lo hicieron en su propio beneficio o a favor del PSOE.

El matiz es sustancial: en el primer supuesto estaríamos hablando de un caso de corrupción con una serie de beneficiarios concretos. En el segundo, en cambio, de la perversión de una organización política cuyo poder en Sevilla –a pesar del cambio de escenario producido en el marco municipal hace unos meses– continúa siendo considerable. Los ciudadanos tendrán que sacar las correspondientes conclusiones en función de cuál sea el fallo judicial definitivo, que, inevitablemente, vendrá a reforzar o a cuestionar –en función de la sentencia que se produzca– la (para algunos) discutida instrucción de la juez.

Probablemente durante los próximos meses –antes de finales de este año– el juzgado concluya también la investigación abierta sobre la segunda rama de la causa: las irregularidades que se produjeron en la operación de adjudicación de unos terrenos de la empresa de alimentación en favor de la inmobiliaria Sando. Las diligencias efectuadas por el juzgado prácticamente han agotado la investigación y, a falta de algún trámite, o salvo sorpresa de última hora, todo hace indicar que Alaya concluirá su labor sobre este tema con la apertura de otro juicio oral. Sería pues el segundo. En esta ocasión, contra aquellos que participaron en la polémica adjudicación de los suelos del mercado de abastos de Sevilla, entre ellos el principal hombre de confianza del anterior alcalde y ex gerente de Urbanismo, Manuel Jesús Marchena.

Quedarían pues vivas dos piezas más:la relativa al delito societario (cuyo desarrollo es por ahora discreto) y, sobre todo, la gran causa general que convirtió lo que hasta entonces era un caso de ámbito local en una cuestión política de rango autonómico y nacional:la trama de fraude supuestamente existente en la administración del dinero público dedicado a los expedientes de regulación de empleo. Una causa paralela que tiene desde hace meses al secretario general del PSOEde Sevilla, José Antonio Viera, en el ojo de la diana del PP (y del llamado sector crítico dentro de su propio partido), además de a otros políticos y altos cargos de gobiernos socialistas, entre ellos el ex consejero de Empleo de la Junta de Andalucía, el jerezano Antonio Fernández.

Precisamente esta semana la Fiscalía Anticorrupción ha reclamado al juzgado la adopción de medidas cautelares para los 28 implicados en esta cuestión. Una petición llamativa: procede del Ministerio Público encargado de acusar (si encuentra indicios) a los imputados por la magistrada. En este justo punto el discurso habitual del PSOE sobre la motivación política de la instrucción judicial se viene abajo: quien pide embargos y fianzas económicas para los posibles implicados por el fraude de los ERE ya no es la juez, sino la institución judicial que depende directamente del Gobierno. Una diferencia que algunos deberían tener en cuenta antes de expandir insidias en determinados cenáculos privados, aunque con la plena seguridad de que, antes o después, dichos comentarios terminarán siendo públicos, que es lo que en el fondo se pretende. Esto es: tirar la piedra –susurrando rumores en ámbitos periodísticos– para después esconder la mano. Una singular forma de hacer política que define por sí misma a todo aquel que la practica, sea del PP o del PSOE. Les ahorro a ustedes el adjetivo que define tal conducta, aunque sea por un excepcional ejercicio de diplomacia.

De cualquier forma, los tiempos judiciales no coinciden necesariamente con los políticos. A pesar de que la instrucción de estas dos ramas abiertas del caso Mercasevilla seguirán generando en los próximos meses novedades procesales –con su correspondiente traducción política– lo cierto es que los hechos a esclarecer son de tal magnitud que no es probable que antes de las elecciones autonómicas (la verdadera lucha a muerte entre PP y PSOE es Andalucía;en Madrid se da por descontada la victoria de Rajoy) estén concluidas.
Las vistas orales de los dos sumarios cerrados, además, no se celebrarán hasta mediados de 2012. Lo que implica que los ciudadanos van a tener que acudir a las urnas sin que la justicia haya delimitado, más que en la fase de instrucción, las irregularidades penales y civiles cuyo epicentro es Mercasevilla, pero que se ha extendido a otros ámbitos, empresas y provincias hasta convertirse en una bola de nieve inmensa. Una causa infinita

Parece pues evidente que el juicio electoral sobre este caso tendrá que hacerse en base a indicios. Acusaciones que, siendo sólidas en ciertos aspectos, todavía necesitan la ratificación que supone contar con una sentencia firme. Indudable. Será probablemente éste el único argumento que los socialistas podrán esgrimir en su defensa durante los próximos meses. Poco más. Quizás por eso el PSOE andaluz confía en que la victoria de Rajoy, y las medidas de ajuste que tendrá que abordar su Gobierno en los primeros cien días, puedan darle algo de oxígeno ante los votantes. Es la razón por la que, por primera vez, se ha decidido ir a las urnas con independencia de la fecha de las generales. Es curioso que la autonomía política de Andalucía se ejerza por culpa del problema electoral de un partido, más que por una convicción política.

El circo electoral, que se intensificará en los próximos meses, en el caso de Sevilla, tiene programada una función continua que no dejará percibir de forma clara el panorama político venidero ni en el ámbito autonómico ni en el municipal hasta que la incógnita de San Telmo quede despejada. La gestión de Zoido, ariete de Arenas en su conquista de la Junta, se ha convertido en el símbolo del llamado cambio (relativo, en todo caso). Pero, al igual que sucede con todas las victorias excesivas, al mismo tiempo que satisfacción traen consigo un envés problemático:la amplificación de los propios errores, por mucho que desde la calle San Fernando se atenúen. Algunos los consideran anécdotas. Otros, categoría. De cualquier forma, y pase lo que pase, lo que sí es cierto es que tendremos que votar a partir de indicios (judiciales) y simulacros (municipales). Cosas del calendario.

Mercasevilla: la red infinita

Carlos Mármol | 13 de febrero de 2011 a las 8:45

El sumario múltiple que instruye la juez Alaya ha puesto patas arriba la política municipal y autonómica y amenaza con convertirse en la metáfora perfecta de la gravísima decadencia política y social de Sevilla.

Bukowski, el gran escritor norteamericano, tiene unos versos magníficos en su poemario La gente parece flores al fin [Visor] en los que reclama, en un lugar bastante inapropiado para hacer cualquier vindicación (un camposanto, justo al borde de una tumba abierta), la íntima necesidad vital de encontrar, siquiera por una sola vez en la vida, una pizca de verdad en el mundo. Algo que en una sociedad tan llena de mentiras como la nuestra se antoja casi un milagro.

Dicen así: Ojalá en algún funeral / alguien dijera: Qué tipo tan odioso era / Incluso en mi funeral / que haya un poco de verdad / y, luego, la buena tierra / limpia”.

Salvando todas las distancias de tiempo y lugar, incluso las líricas, mucho más subjetivas, es la misma sensación agria pero real que dejan tras esta semana extraña las noticias que han ido sucediéndose como resultado de la instrucción judicial que la juez Mercedes Alaya dirige desde los juzgados sevillanos por el sumario múltiple (con hasta cinco derivaciones distintas) del llamado caso Mercasevilla, la empresa municipal de alimentación.

La visión no es edificante. Pero arroja (a la cara)un poco de la verdad necesaria para poder asumir de frente la realidad de Andalucía y, principalmente, de Sevilla. Probablemente tras conocer la extensión completa e integral de este mayúsculo escándalo más de uno habrá experimentado un idéntico sentimiento: no se habrá visto igual a sí mismo al mirarse al espejo.

Suele pasar cuando sabemos, con certeza además, que la mirada que los otros tienen de nosotros, por algún hecho singular o fortuito, cambia de repente, alterando por completo el discreto equilibrio de lo que podríamos llamar vergüenza o autoestima, dependiendo de las propias circunstancias.

Mercasevilla, que se inició como un supuesto episodio de soborno al empresario sevillano que dirige el restaurante La Raza, al que altos directivos municipales le exigieron el pago de una comisión por la adjudicación de una escuela de hostelería, ha terminado transformándose, por mutación, en un cáncer que muestra las tripas de la política patria y que, en cierto sentido, explica, junto a otras circunstancias diversas, los motivos por los que una buena parte de la juventud sevillana (también gente madura) piensa que el exilio laboral, mental o unipersonal es la única solución inteligente ante el derrumbe de valores, conductas y constantes evidencias de la decadencia por la que pasa el Sur de España.

Decir que los hechos producen asco se queda corto. Es bastante peor. No sólo porque una supuesta trama haya estado durante lustros lucrándose con fondos públicos destinados a atenuar un hecho tan dramático y duro como es un despido individual o colectivo, sino porque hasta que la juez decidió tirar del hilo de Ariadna oculto en las naves del mercado municipal de abastos de Sevilla los hechos, todavía hipotéticos delitos, pero irregularidades evidentes, sucedían a plena luz del día. Con total impunidad. Y alevosía.

No voy a extenderme demasiado en los detalles. Son conocidos: casi 40 intrusos, entre ellos notables ex dirigentes socialistas, fueron colocados en secreto en las listas de beneficiarios de los expedientes de regulación de empleo que autorizaba la Administración andaluza.

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Junto a los intrusos, que eran señuelos, políticos o ex sindicalistas, pululaba todo un ejército de intermediarios, comisionistas y conseguidores. Un paisanaje surrealista mucho más parecido a las novelas de Mario Puzo sobre Sicilia que a la Andalucía eficiente y eficaz que un día, hace ahora más o menos treinta años, soñamos ser. Si la autonomía, tan idealizada por ciertas generaciones, al final iba a servir para esto más valdría disolverla, sobre todo dada la actual fiebre revisionista.

Cualquiera en su sano juicio se preguntaría para qué diablos sirve una administración que ni ha conseguido que el acceso a una vivienda digna esté garantizado para los ciudadanos ni ha sacado del cambalache de la usura y la miseria moral algo tan sagrado como es el trabajo. Educa a nuestros hijos (en muchos casos mal) y cura nuestras dolencias, es verdad, pero a la vista del episodio de Mercasevilla y su red infinita, el sueño de la Andalucía imparable e innovadora se viene sencillamente abajo. Se derrumba como un castillo de cartón.

La náusea moral

La lectura política que cada uno quiera darle a los hechos es materia libre. Así debe ser en una sociedad que aspire a formarse su propio juicio. Incluso no es la más importante. Por mucho que el PP, en Sevilla y en Andalucía, trate de explotar el escándalo en favor de sus intereses electorales, particulares y partidarios, un ejercicio que algunos estiman lícito pero que a mi juicio también debería estar sujeto a ciertas reglas y a un determinado sentido de la contención, lo cierto es que, igual que no existen salvadores que estén esperando a la vuelta de la esquina (en realidad somos nosotros mismos) la profunda náusea que produce el hecho de que con el dinero de todos se haya estado alimentando lo que uno de los implicados ha llamado un fondo de reptiles es, sobre todo, moral. Ética.

Los socialistas, principales afectados por la investigación, tratan de delimitar la responsabilidad de los hechos a la conducta de “cuatro aprovechados”. Parece difícil de creer si se tienen en cuenta el número de intrusos que han aparecido (por ahora) en los expedientes de empleo analizados (casi cuarenta), las empresas cómplices en la operación (más de una treintena), los detenidos por la policía judicial (11) y los fondos (700 millones de euros) usados para alimentar la rueda, burlando todos los controles públicos. Si es una trama o una cadena de irregularidades tendrá que dictaminarlo la justicia.

Lo meridiano, de cualquier forma, es que Mercasevilla es un síntoma (sin anestesia) de que las cosas han llegado a un límite que sencillamente resulta insoportable para la mayor parte de la ciudadanía, a la que se le está aplicando sin piedad los ajustes derivados de la crisis (paro, inestabilidad, subida de impuestos, incertidumbre, empeoramiento de las condiciones de vida) mientras una casta política, ajena al mundo real, goza de todo tipo de prebendas, excepciones y discrecionalidad para dar y repartirse el dinero público.

Tendría gracia, si la sonrisa no se congelase de golpe, oír a ciertos políticos decir que la inclusión de determinados dirigentes socialistas en los expedientes que están bajo sospecha, siendo condenable, en el fondo es una forma incorrecta de entender “la solidaridad” con antiguos representantes públicos que no han cotizado lo suficiente por haberse dedicado a la política. De pensar esto al antiguo derecho de pernada sólo hay un escalón (mental).

Mejor mirar las cosas de frente. Sin paños calientes. Sevilla, desgraciadamente, es el escenario de una función de teatro que, además de añeja, se ha tornado increíble. Inverosímil. Asombrosa. Nadie en su sano juicio puede entender que durante décadas el despido de la plantilla de una empresa se subvencionase con el dinero común, que gracias a este sistema haya trabajadores (en unos casos excelentemente pagados, en otros no) en su casa sin hacer nada, que las empresas se ahorrasen los costes legales e incluso, en algunos casos, no repusieran el empleo (hay sociedades investigadas que de forma simultánea han recibido subvenciones por destruir empleo y recalificaciones urbanísticas para aumentar sus ingresos) y que, para colmo, estas prácticas más que cuestionables sirvieran además para el retiro dorado, o sencillamente para el enriquecimiento, de unos pocos elegidos.

Y, sin embargo, como dejó dicho Neruda, sucede.