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Mercasevilla: la ‘pieza’ del cohecho

Carlos Mármol | 20 de diciembre de 2009 a las 12:27

La juez estima la existencia de un supuesto delito de cohecho en la primera causa jurídica derivada de las irregularidades existentes en la empresa municipal de alimentación, cuya gestión está siendo investigada.

LA magistrada que instruye las diligencias judiciales abiertas en los juzgados de Sevilla por el llamado caso Mercasevilla, relacionado con la gestión económica de la empresa municipal de alimentación, ha cerrado esta semana la primera de las dos piezas derivadas de su investigación. Se trata de la parte aparentemente secundaria de dicho affaire, que curiosamente fue la que provocó su entrada en los juzgados –donde se ramificó posteriormente en dos vías distintas y complementarias– y provocó la consiguiente derivación política, una auténtica bomba de relojería tanto para el gobierno local como para la Junta de Andalucía.

Como se recordará, todo parte de una serie de conversaciones grabadas por los empresarios del grupo de restauración La Raza, que en dos reuniones consecutivas celebradas con los máximos ejecutivos de Mercasevilla (Fernando Mellet y Daniel Ponce), son invitados por éstos, presuntamente, a dejar olvidado un maletín de dinero en un despacho como colaboración (des)interesada con, según sus propias palabras, la Junta de Andalucía. No se trataba de una mera charla de café, sino de una conversación de despacho. Seria y, como parece desprenderse de las grabaciones aportadas por los empresarios, vinculante para lograr la subvención que dicha empresa había solicitado para sacar adelante una escuela de hostelería.

La verosimilitud

Si se entra a analizar los hechos desnudos, la causa, que será juzgada por un tribunal popular, tiene poco recorrido. Y no precisamente por carecer de importancia. Más bien todo lo contrario: las grabaciones son tan descarnadas que poca cosa puede añadirse a lo que muestran. Al menos, así lo ha estimado la instructora, que deduce la existencia un episodio de presunta corrupción. Otra cuestión es si existen elementos para que todos los imputados sean condenados. Este extremo dependerá de los ciudadanos del tribunal.

La instrucción judicial, que hay que recordar que llegó al juzgado debido a la decisión del PP de presentar una denuncia, porque el asunto llevaba meses en la Fiscalía, que en el momento de recibir la querella impulsada por Zoido no tuvo más opción que derivarla, se sustenta casi por completo en el registro de audio presentado por los empresarios. Y en su declaración en sede judicial, donde ratificaron su denuncia. Punto.

El resto del caso salta de escala –reducida entonces a los ejecutivos de Mercasevilla y a los empresarios– debido a las declaraciones de Fernando Mellet y Daniel Ponce. Especialmente el primero, que es quien –ante la Policía– sostiene que fue el delegado de Empleo de la Junta de Andalucía, Antonio Rivas, quien, en dos llamadas telefónicas, presuntamente le instó a reclamar a los empresarios el pago de la citada comisión.

MERCASEVILLA COHECHO baja

Aquí es donde el episodio, hasta ese momento limitado a los actores que participaron en la grabación, muta y empieza, como un escalador sordo, a ascender por el organigrama de la Consejería de Empleo. Rivas, en sus sucesivas comparecencias ante el juzgado, siempre ha negado estos hechos. Por activa y por pasiva. El PSOE de Sevilla, que se incorporó al caso con cierto retraso, y después de que el PP, al ser el único partido personado, amplificara mediáticamente buena parte de la instrucción, ha salido en su defensa. Tratando, evidentemente, de cortar cualquier posibilidad de que lo que pudiera ser un teórico cohecho cometido por responsables de una empresa municipal –y este factor se antoja esencial para entender todos los hechos– termine salpicando al final a cargos políticos de máximo nivel.

La juez, sin embargo, otorga la credibilidad necesaria al testimonio de Mellet. En él se apoya para ampliar el abanico de procesados y, tras conocer la posición de las partes, ordenar la apertura de un juicio oral por un supuesto delito de cohecho. Algo inusual en la historia reciente del Ayuntamiento. Muchos casos municipales habían sido hasta ahora objeto de litigio judicial. Pero, en su mayor parte, o quedaban en nada o se limitaban a la jurisdicción administrativa. El apartado penal, sobre todo con políticos de por medio, es toda una novedad. Será el tribunal ciudadano quien tendrá que avalar o cuestionar la verosimilitud que la instructora otorga a las palabras de Mellet. La clave se sabrá el miércoles, cuando la Fiscalía, que es quien comenzó la investigación, fije su posición. De ella depende el futuro de Rivas.

La ‘rama’ urbanística

Claro que la trascendencia política del caso Mercasevilla no radica ya, sin dejar de ser importante, en este supuesto cohecho. La madre del cordero está en la segunda pieza jurídica: la investigación sobre un supuesto acuerdo para beneficiar a la inmobiliaria Sando frente a Osuna en la adjudicación de los terrenos del mercado, cuya operación de traslado –fijada en el PGOU– está en cuestión a raíz de la denuncia inicial. En este asunto es donde el gobierno local tiene encima de la cabeza una espada de Damocles. De momento, junto a los técnicos imputados por la juez aparece ya un cargo electo: el ex concejal Gonzalo Crespo, presidente de la empresa en el momento de los hechos. El gobierno municipal no debería seguir mirando hacia otro lado.