La Noria » Ayuntamiento

Archivos para el tag ‘Ayuntamiento’

Urbanismo pluscuamperfecto

Carlos Mármol | 28 de octubre de 2012 a las 6:15

La recalificación del entorno urbano del Estadio de la Isla de la Cartuja es un ejemplo de ‘la eficacia’ del gobierno municipal en asuntos urbanísticos: un expediente que no se sostiene unido a una media verdad.

Hay quien piensa que un buen sistema para ocultar las carencias es dar gritos. Hacer un alarde para distraer la atención. Puede ser. En cualquier caso, éste es el sendero que ha elegido para el presente el gobierno municipal del PP, cuya extraordinaria mayoría en el Pleno –20 ediles tiene– parece ser proporcional a su falta de solvencia política. Especialmente en las lides urbanísticas. El alfa y omega de la política municipal. Una pena. Una triste realidad.

Estos días repaso la prensa atrasada –dicen no hay nada más antiguo que un periódico (de ayer)– después de un largo paréntesis. Al hacer el obligado escrutinio otoñal encuentro una extraña sucesión de golpes de efecto, en su mayoría fallidos, impulsados con vehemencia por el habitual equipo de guardia de la Alcaldía, que da la impresión de haber volcado sus energías en la delegación más problemática, donde sigue estando, tan rotunda como evidente, la misma piedra con la que desde hace ya dos años no deja de tropezar el alcalde.

El rosario tiene las cuentas muy claras. Las enumero. En el último mes el PP ha puesto al borde del fracaso al estratégico proyecto cultural del CaixaForum con un cambio de criterio inexplicable y caprichoso. Ha recibido un sonoro tirón de orejas en público por parte de la patronal sevillana por subir casi todos los impuestos. Comienza ya a escribir el preámbulo del gigantesco ajuste que viene y que no ha empezado todavía a vislumbrarse en toda su extensión: Sevilla Global ya no existe, Giralda TV va camino de la disolución. De colofón, según cuentan ciertas voces oficiales, ha hecho una recalificación como un estadio. La del coliseo de la Cartuja, que el viernes ratificó el Pleno.

El ‘episodio Decathlon’. Sobre esta cuestión merece la pena detenerse. Los exégetas del alcalde nos la transmitieron con tono marcial: “He dado las instrucciones oportunas para que se cambie el PGOU”, dijo el regidor. La versión oficial afirma que con la operación se busca que Sevilla no pierda inversores por culpa del marco urbanístico vigente. No es cierto. Aunque eso a ellos se ve que les importa poco. Nada. En su lógica política la verdad ha pasado a ser algo contingente.

Zoido acaso no ansíe con este nuevo movimiento más que otro argumento interesado en su perpetua estrategia de confrontación con la Junta. En caso contrario no se explica bien ni el fondo ni la forma elegidos. Francamente, la eterna canción del victimismo municipal cansa. Los ciudadanos tienen otras cosas que atender. La esencial: tratar de seguir vivos en el enorme océano de amargura en el que se está convirtiendo la vida diaria. En la Alcaldía parecen haber dejado de reparar en la rotunda postración por la que pasan miles de sevillanos y continúan vendiéndonos el libro de siempre: el superhombre contra los diablillos rojos de San Telmo. En fin.

En honor a la verdad, el único principio al que se debe un periodista, habría que decir que el episodio de Decathlon no es sino una muestra más del sentido de la eficacia de Plaza Nueva: es un expediente urbanístico que no se tiene en pie y que tan sólo persigue armar un relato político sesgado sustentado en una media verdad. Algo casi peor que una mentira.

La historia ya la publicó –en exclusiva– este diario. El equipo de gobierno del PP ha estado durante muchos meses dando un trato dispar y caprichoso a los inversores privados interesados en desarrollar proyectos inmobiliarios en Sevilla en función de quién fuera el promotor, no de pautas técnicas, objetivas y expresas. Mientras en el caso del aparcamiento de la Alameda o la recalificación de la Gavidia modificaba el Plan General sin más miramientos, a Decathlon, una empresa que quería abrir una gran superficie comercial junto al estadio de la Cartuja, le cerraron las puertas. El hecho resultaba contradictorio con el discurso público de la Alcaldía. No les importó demasiado. ¿Quién se iba a enterar?

Su actitud sólo se entiende debido a la competencia que existía entre la iniciativa de esta firma y el proyecto virtual de nuevo pabellón deportivo de la Federación Española de Baloncesto, después fallido. Dado que el alcalde es aficionado a ejercer de promotor deportivo, en las caracolas le dijeron a los de Decathlon que lo suyo no sólo no podía ser, sino que era imposible. Dos veces. En reuniones documentadas. En la sorprendente falta de interés del Ayuntamiento pesó también otro hecho: la recalificación del estadio de la Cartuja sólo beneficiaba a la Junta de Andalucía, gestora del recinto deportivo, con quien Decathlon tenía suscrita una concesión económica.

Al equipo municipal no le gustó nada verse retratado en esta suerte de urbanismo reversible. Es lógico. No salían bien. Lo inaudito es que apenas unos meses después quienes dejaron morir un proyecto que hubiera sido relativamente viable con determinados cambios quieran aparecer como salvadores de la patria. Justo ahora, cuando la compañía de artículos deportivos ya ha desistido de su iniciativa dada la respuesta oficial del Consistorio.

Zoido obvió al comunicar su marcial decisión todos estos antecedentes –molestos para el discurso del Ayuntamiento– y, como suele ser recurrente, culpó al anterior gobierno local de todo. Hasta de la guerra de Troya. Es el disco habitual: traspasar las responsabilidades propias a los demás se ha convertido en una insana costumbre en el PP. También lo hizo el concejal de Urbanismo, Maximiliano Vílchez, después de poner a la Caixa al borde de renunciar a la rehabilitación de las Atarazanas al culpar a la entidad financiera de hacer las cosas tarde y mal. Cosa que no deja de ser sorprendente si se tiene en cuenta que fue el propio gobierno del PP –ningún otro– quien dijo por escrito que este proyecto era totalmente viable sin necesidad de un plan especial.

La recalificación. Si se analiza el expediente de la recalificación del Estadio Olímpico –una parcela exterior, en realidad–, se verá que estamos ante un ejemplo de aquella excelencia suiza que nos prometió en campaña el regidor. El Consistorio va a modificar una normativa de aplicación general para dar cobijo exclusivamente a una hipotética situación particular cuyo promotor es inexistente. Una heroicidad. La fórmula no sólo es extraña, sino ilegal. Y lo es porque la figura jurídica en la que se sustenta –la reserva de dispensación– ha sido tumbada en los tribunales. El motivo: un Ayuntamiento no puede cambiar una norma general para satisfacer un interés parcial. De hacerse, el cambio debería alcanzar también a todos los otros propietarios de suelo en idéntica situación. Esperaremos a que el Consultivo se lo explique.

No es la única paradoja. Al tomar este singular sendero urbanístico, a quien realmente perjudica Zoido es al propio Ayuntamiento. Y lo hace además para beneficiar a la Junta. ¿No me creen? Es obvio: el Estadio verá incrementado automáticamente su valor patrimonial gracias a este urbanismo a la carta mientras el Consistorio, que es el titular registral de la mayoría de dotaciones deportivas de Sevilla, no porque todas ellas quedan excluidas de la nueva norma. Extraña forma de velar por los intereses públicos.

La operación además no soluciona nada. Y no permitirá la implantación de una gran superficie en el coliseo deportivo. El PP ha optado por modificar un artículo equivocado  –el 6.6.11 de las normas del PGOU– sin reparar en que en 2010 se modificó otro –el número 6.5.39– que sigue impidiendo legalizar “grandes superficies comerciales en suelo urbano consolidado”. Sólo es posible en terrenos urbanizables. El Estadio está en territorio urbano.

Vílchez dijo en el Pleno: “El PGOU no es infalible, ni perfecto, ni intocable”. Podría discutirse. De lo que ya no nos cabe  duda es de que al gobierno del PP le ocurre lo mismo. Ni es infalible, ni perfecto, ni intocable. Más bien parece un perfecto desastre. A pesar de su piadosa costumbre de creerse pluscuamperfecto. Laus Deo.

El talento sin alfombra

Carlos Mármol | 14 de octubre de 2012 a las 6:15

El Ayuntamiento sólo concibe la participación ciudadana en la gestión municipal a través del asentimiento o la propaganda. El PP se queja de que no tiene dinero para nada. ¿Por qué no dejar a los vecinos la iniciativa?.

Existen dos formas de concebir la participación ciudadana en política local. Una, tradicional de la izquierda, consiste en dejar que los vecinos decidan las inversiones y supervisen el resultado de las decisiones políticas. Otra, históricamente más propia de la derecha, centrada en facilitar los servicios públicos –previo pago– a sus usuarios. Ninguna de las dos es perfecta. Y ambas son, en cierto sentido, necesarias. Lo llamativo es que, siendo esta cuestión una de las que más se ponderan en las campañas electorales y un asunto que siempre se vindica en los discursos de investidura –llenos de promesas que se dejan en el cajón a las primeras de cambio–, ninguno de los sucesivos gobiernos locales haya conseguido mezclar ambos planteamientos hasta lograr una fórmula propia que dé con el punto acertado, que casi siempre es el término medio, no los extremos.

La cuestión resulta mucho más sorprendente en el actual contexto municipal, marcado por la mayoría –absolutísima– de la que disfruta el PP en Sevilla. El rotundo triunfo de Zoido en las últimas elecciones locales, que cada día quedan más lejos para desconsuelo de algunos en la Plaza Nueva, aparentemente iba a permitir contar con concejales suficientes para, mientras los tenientes de alcaldes se centraban en las áreas más globales y estratégicas, el resto de ediles dedicaran su tiempo sólo a los distritos. A la gente.

Un problema de visión. Aparentemente ésto es lo que ocurre en el actual Ayuntamiento. Una división de funciones. Sin embargo, el modelo no está funcionando del todo. E incluso en determinadas ocasiones, hace aguas. Algo en lo que no se repara por dos motivos: muchos ciudadanos sólo conciben las juntas municipales territoriales como sedes burocráticas –desde donde se maneja el padrón o se dan talleres, por ejemplo– y, en el fondo, a determinados políticos la movilización ciudadana siempre le resulta inquietante. Problemática. Es mejor entretener a los ciudadanos que dejarlos que piensen por sí mismos.

Y, sin embargo, en los tiempos que corren no hay nada más necesario en los ayuntamientos que facilitar el protagonismo civil en la vida municipal. Algo totalmente distinto a la concepción aldeana que limita exclusivamente la participación de la sociedad civil a los cócteles de media tarde –con el cuerpo consular, a ser posible–, a la entrega de algún premio de ocasión o a la inauguración, como meros espectadores, de alguna obra menor.

El problema esencial, como casi siempre, es de concepción mental. De concepto. El gobierno municipal dijo al llegar al poder que la reforma de la estructura del Ayuntamiento sería una de sus prioridades políticas. Todavía no se percibe demasiado. Es cierto que algunos distritos concretos intentan atender a diario las demandas vecinales –políticamente minúsculas, pero trascendentes en la gestión de un ayuntamiento– en función de los limitados recursos disponibles, pero lo que no ha logrado todavía el equipo de Zoido es invertir la tradición política sevillana que insiste en ver a los ciudadanos como meros sujetos pasivos.

A los vecinos se les quiere para que respalden –a veces con el voto;en otras ocasiones ante la oposición– determinadas decisiones del Ayuntamiento, pero rara vez se les permite tomar el mando. Para eso ya están los concejales. A lo sumo, la relación se queda en la mera interlocución, muchas sonrisas, palmadas en la espalda y, eso sí, invitaciones al protocolo amable que el edil Beltrán Pérez administra desde el Palacio de los Marqueses de la Algaba, junto a la calle Feria. Si hay suerte, y se tiene poco aprecio al sentido crítico inherente a la propia concepción de ciudadanía –según su concepción clásica–, determinadas entidades pueden optar a algún tipo de subvención o ayuda pública con el pretexto de algún proyecto. No es raro que ambas funciones –las subvenciones y la administración de los distritos– hayan recaído en el mismo edil. No se concibe una cosa sin la otra.

El PP sigue en este punto sin demasiadas variantes el modelo de los socialistas, que desde los años de la transición desactivaron el movimiento vecinal –muy activo en la Sevilla del tardofranquismo– por la vía de la asimilación, la compra de voluntades o la connivencia, no siempre edificante, en determinados negocios. El PP todavía no ha tenido tiempo de llegar a esta situación. Pero todo se andará. Porque en apenas año y medio ya sufrió una crisis política de credibilidad por varios casos de clientelismo (familiar, como casi siempre) en algunos de sus distritos. Un desliz mayor del que se distanció Zoido, con sabiduría, porque tuvo presente el riesgo que supone que después de prometer eficacia, seriedad y profesionalidad se descubra que tienes un equipo dedicado a la guerra sucia. Tal y como se concibe la política hoy día, incluido el actual Ayuntamiento, lo malo no es contar con una unidad para cubrir las tareas de la tramoya teatral que existe tras la política, sino que la gente descubra de pronto la evidencia que tan bien contó Maquiavelo. Que el cinismo, en política, no es una excepción, sino la norma. Un método de conducta.

Hasta ahora el PP sólo ha dado pasos en la política de participación ciudadana en dos sentidos. Intentar cubrir el vacío que existía durante el anterior mandato municipal, cuando Monteseirín hablaba sólo de sus grandes proyectos mientras cuestiones esenciales, como el mantenimiento de los colegios, no funcionaban; y usarlos como canal de comunicación (es el término oficial) para estar en contacto con la calle. Todo esto es la teoría, claro, porque lo cierto es que el área de Beltrán Pérez trabaja sobre dos máximas:propaganda y agitación. Esto es: vender los logros del ejecutivo local, aplicar con disimulo relativo una cierta limpieza (ideológica) en determinados ámbitos del Ayuntamiento y ganarse el máximo apoyo de muchas entidades vecinales.

Cambio de enfoque. Se busca así no perder credibilidad –lo primero que se resiente cuando se gobierna– y apuntalar de forma estable los resultados que llevaron a Zoido a la Alcaldía. Toda esta estrategia, que es obvia para quien analice el panorama sin incurrir en el síndrome de Estocolmo y sin esperar ser agraciado con algún detalle (vía subvención) de Participación Ciudadana, pudiera tener sentido político (si es que se piensa que la política consiste en no perder el poder),pero no reporta demasiados beneficios a la ciudad. No fomenta la ciudadanía libre y con criterio, sino a electores fieles y agradecidos.

Hay otras fórmulas. Justamente son las que en estos momentos de crisis y falta de recursos resultan más necesarias que nunca. El gobierno local nos ha suministrado desde el primer día abundantes dosis de su único relato:“no podemos hacer casi nada porque las arcas están vacías y el despilfarro de PSOE e IU nos impide cumplir el programa”. No es que sea incierto. Sencillamente es una media verdad: en esta herencia, tan maldita, también están algunos de los únicos proyectos a los que el PP no ha tenido más remedio que recurrir para defender que Sevilla no está parada (Fibes, Ciudad de la Imagen, Nuevo Amate).

De cualquier forma, la cuestión no es el pasado, sino el futuro. No hay dinero. Bien ¿Se puede hacer algo para salvar la situación con la ayuda de los ciudadanos? Sin ser garantía de éxito, puede intentarse. Por ejemplo: dejar que sean los propios vecinos quienes doten de uso con sus propias iniciativas edificios tan importantes como la Fábrica de Artillería o el Mercado de la Puerta de la Carne, el Pompidou (imposible) de Zoido. A falta de inversores, está la gente que tiene ideas y talento. En Plaza Nueva hay quien piensa que si los vecinos conquistan ahora estos lugares después ya no se le podrá poner la alfombra roja a los inversores. ¿Sería malo acaso?

Viva el protocolo

Carlos Mármol | 7 de octubre de 2012 a las 6:15

El último trimestre de 2012 comienza sin que se hayan cumplido, de momento, las previsiones de ingresos del presupuesto municipal, cuya ejecución se revela incompleta justo cuando toca comenzar con el siguiente.

No pueden alegar ni ignorancia ni desconocimiento. Sabían de sobra lo que ocurriría y el jardín en el que se metían. Consecuencia de ver la política exclusivamente en el corto plazo. El último trimestre del año 2012 se inicia este mes de octubre, comienzo del imperceptible otoño sevillano, tan leve, sin que el gobierno local haya podido hasta ahora cumplir con las previsiones que él mismo hizo al elaborar las cuentas municipales del año fatídico que ahora entra en su recta final. El presupuesto municipal todavía en vigor tiene una trascendencia política superior a la de cualquier otro año. Dos elementos lo explican: fue el primero de Zoido como alcalde de Sevilla y se elaboró en un contexto económico adverso provocado por la suma de la crisis económica, el descenso de los ingresos municipales ordinarios y las consecuencias de los años de grandeur de Alfredo Sánchez Monteseirín. La célebre herencia.

Zoido tuvo que dirigir el Ayuntamiento durante los primeros compases de su mandato –seis meses– con las cuentas que aprobaron socialistas e IU, un factor que lógicamente jugaba en su contra, ya que el campo de acción del que disponía el alcalde tan sólo le permitía hacer modificaciones parciales de las cuentas en un momento en el que la recaudación ya no iba bien, al estar vinculada a la marcha de la actividad económica global y a unas ordenanzas fiscales que también procedían de su antecesor.

Un cambio con herencia. El arranque del mandato no fue, en términos económicos, nada sencillo. Quizás por eso las decisiones más importantes que tomó el gobierno local consistieron en una contradicción:desmontar los símbolos del pasado municipal más reciente (Plan Centro) para vender la idea de cambio sin dejar en paralelo de usar un argumento –la nefasta herencia– que precisamente remitía al pretérito en lugar de al presente. Y  que daba pocas pistas, y no precisamente optimistas, del futuro.

El viento, sin embargo, soplaba a favor. La ola de popularidad del regidor era enorme –los famosos 20 ediles, las advocaciones en la procesión del Corpus– y parecía harto difícil que nadie reparase, y mucho menos llamase la atención, sobre estas incoherencias argumentales, demasiado finas para ser percibidas por los ciudadanos, que estaban encantados unos, y esperanzados otros, con la idea del deseado relevo municipal. Los tiempos nuevos sólo se construyen con ciertas dosis de olvido sobre los malos momentos pasados, aunque en este caso desde primera hora el gobierno municipal siguiera explotando a su favor la ventaja que suponía contar con información delicada y el vicio de enfocar los faros, en cuanto alguien osaba hacer una mínima crítica, hacia el mandato anterior.

Todo esto empezó a cambiar a medida que los meses se sucedieron. El PP intentó, con éxito relativo, transmitir a los ciudadanos durante esta primera fase que su gestión estaría guiada por la austeridad, la profesionalidad y la eficacia. El saldo es muy discutible, si bien es cierto que en apenas un año su imagen, siendo ya peor que al arranque del mandato, está todavía muy lejos del deterioro que sufrió Monteseirín al final de su última Alcaldía. No es casual. En Plaza Nueva se sabía que las dificultades comenzarían cuando se pusieran a hacer números. No sólo para ver cómo estaban las arcas municipales, sino para con la realidad heredada –impagos, dinero escaso, promesas laborales sin presupuestar– poder marcar por primera vez sus propias prioridades en el documento político más importante: un presupuesto.

Luces cortas. Las opciones estaban fijadas desde el principio. El PP, pese a poder justificar su apuesta presupuestaria sobre la herencia recibida, sólo tenía dos caminos. O traducir directamente su programa de gobierno en el presupuesto o posponer determinadas medidas –las más impopulares, y las que según los expertos deben tomarse nada más llegar al poder– en el tiempo. Se optó por la segunda opción. Algo sorprendente si hablamos de un gobierno recién formado y con un apoyo electoral increíble. No era falta de ganas, sino consecuencia de un cálculo puramente electoral. Zoido sabía desde la oposición que si ganaba las elecciones el desgaste sería inmediato en caso de empezar a aplicar un plan de saneamiento y ajuste en el Ayuntamiento que inevitablemente pasa por reducir las plantillas en las empresas municipales, replantear convenios, ajustar los gastos a los ingresos –entonces ya en retroceso– y hasta abrir la puerta a privatizaciones de empresas públicas. Todo esto iba en contra del discurso de la campaña electoral, cuando no había ciudadano que se acercara al candidato del PP sin irse con una promesa bajo el brazo que no fuera a ser cumplida.

El desgaste de la figura política del alcalde era en todo caso asumible. Estaba en la cumbre. El PP confiaba en que fuera leve (lógico después del milagro de los veinte concejales) y podía responsabilizar de las medidas impopulares a la herencia, más que a la voluntad del nuevo gobierno. El problema no era estrictamente de índole municipal, sino autonómica. Apenas unos meses después los comicios regionales, en los que el PP era el claro favorito según las encuestas, debían cerrar el giro maestro:la victoria completa en todos los ámbitos de poder (municipal, regional y estatal) en España. Especialmente importante era la batalla de San Telmo: si Javier Arenas llegaba a la presidencia de la Junta el éxito, apoyo y sustento a las políticas municipales de su hipotético Gobierno regional estaba garantizado. Entonces se pondría en marcha el plan previsto:modificación por partes, pero integral, del Plan General de Sevilla; y cambios legales en consonancia con el programa de ajustes presupuestarios y asistenciales que se estudió en la oposición. Todo ello con un factor ambiental favorable. No habría más poder institucional que el del Partido Popular.

Con esa lógica Zoido hizo su primer presupuesto, consagrado, mayormente, al protocolo amable, su gran aportación política, junto a la promoción de eventos deportivos, en su año largo de mandato. La reducción del gasto (en realidad se ha desviado por otras vías) se programó en distintas etapas y se pospusieron hasta final de año decisiones críticas, como la renegociación de los convenios en las empresas públicas. No bastaba. Tuvieron también que fabricar un plan de inversiones irreal para vestir el muñeco porque el PP no podía dar a la oposición la munición que suponía la evidencia de un primer presupuesto sin inversiones reales. El discurso de que la ciudad se había parado de pronto sería imbatible. Ni siquiera el famoso argumento de la deuda heredada impediría que en plena guerra por conquistar San Telmo que el PSOE no aprovechase tal error.

El resultado fueron unas cuentas municipales –las que ahora entran en su tramo final– que son pura ficción, al estar supeditado su capítulo más importante a unas operaciones patrimoniales (la venta de la Gavidia, del edificio municipal de la calle Pajaritos y la subasta del mobiliario del hotel Alfonso XIII) que se sabían inviables. Zoido subastó la antigua grandeur del principal hotel de la Exposición del 29, pero se quedó sin los ingresos de los edificios municipales porque chocó con la legislación urbanística, su mayor talón de Aquiles. La recurrente confrontación con la Junta le permitió disimular el planteamiento de partida, pero casi un año después de la batalla urbanística ni ha vendido estos edificios ni ha ingresado el dinero que necesitaba para pagar las inversiones que prometió. Eran casi 20 millones de euros. Tras la estéril victoria electoral de Arenas, que alejó definitivamente a la Junta del PP, las cábalas municipales sólo han empeorado. Ni dinero, ni inversiones, ni sintonía con la administración regional. Ahora se aproxima el segundo presupuesto. Las cuentas de los inminentes recortes.

El tiempo, ese enemigo

Carlos Mármol | 30 de septiembre de 2012 a las 6:15

El mandato municipal de Zoido corre rumbo a su ecuador y augura una maquiavélica encrucijada: cada vez queda menos tiempo para un gran proyecto y menos para posponer el calendario del futuro ajuste municipal.

Tempus fugit, decían los clásicos. Las horas se esfuman aunque nos parezcan eternas. La vida corre. Todo muta. Buena parte de la cultura occidental está basada en las variantes sobre el concepto del tiempo. Dicen que es uno de los elementos que nos diferencian a occidentales y orientales. En la Europa del Norte el calvinismo lo convirtió en un lingote. Las horas son de oro, se dice. En el vértice meridional del Viejo Continente, en cambio, el grito de guerra es de estirpe latina: carpe diem. Aprovecha el momento porque, como nos dijera Quevedo, el tiempo es el único caminante que no se vuelve tras sus pasos. Ni tropieza ni mira hacia atrás. Los que miramos en dirección a los días vacíos del pretérito sólo somos nosotros.

La literatura clásica está llena de apelaciones a la eternidad efímera –un tiempo que se sueña detenido pero que se diluye– y maldiciones contra los relojes, los artefactos que con arena, mecánica o la propia luz del sol usamos para dibujar un relato, el de nuestra propia existencia, cuyo desarrollo siempre se nos escapa. En política ocurre lo mismo. Las horas cuentan. Los años pesan.

El principal activo de un gobernante no es el dinero ni las ideas, sino el tiempo. Antes de llegar al poder, cuando se está en la oposición, la batalla se plantea en términos de conquista electoral: el plazo de un mandato o una legislatura viene a ser el único método de medición. Cosa que no siempre beneficia a los administrados, a los que muchos políticos sólo valoran en función de la decisión que toman cada cuatro años: ir (o no) a votarles. Después, cuando se ha alcanzado la cima, que no siempre está tan lejos de la sima, el calendario, otra medida de tiempo, se impone: la planificación es la primera decisión estratégica que toma un gobernante instalado en el sillón del poder. Nada más coger el bastón de mando en un Ayuntamiento, lo inteligente es mirar la caja y, a continuación, medir los tiempos. Planificar.

Reinar o gobernar. No se trata de ningún capricho, sino de una evidencia: en política lo mejor suele ser enemigo de lo bueno, sobre todo si para alcanzar lo primero se carece de la habilidad necesaria para lograr lo segundo. Ocurre mucho más en el ámbito municipal, donde el tiempo útil de cualquier alcalde está devorado por las obligaciones protocolarias y sociales, dejando escaso margen temporal a las que quizás sean las tareas políticas más trascendentes: pensar, calibrar, dirigir, decidir. Sin ellas se puede reinar, pero no gobernar. Quizás por eso la obsesión de los políticos que conocen la vida municipal sea trabajar con un calendario global del mandato. Porque las iniciativas que no se culminan se convierten en frustraciones y aquello que no se empieza en su debido momento puede volverse pesado como la cadena de un reo. Será visto como una muestra de incapacidad.

Que los mandatos municipales se limiten a cuatro años es garantía de que un mal gobierno no será eterno, aunque a veces priva a las ciudades de un futuro estable. Los ciclos políticos integrales generalmente requieren un mínimo de ocho años. Los motivos son dos: una ciudad no se transforma en un año y buena parte de las energías de los gobernantes se pierden en poner a caminar –hacia la dirección correcta– la maquinaria municipal, que es un organismo con males de origen decimonónimo y demasiadas costumbres ajenas a los tiempos.

No es pues ninguna locura lo que dice el viejo consejo de un regidor sevillano: “el primer año piensas y, si puedes, inicias los proyectos; el segundo los impulsas y los supervisas. El tercero, los compruebas. Y el cuarto año los cuentas. Si fallas en cualquiera de estas fases sencillamente estás muerto. Llegarás a la reelección con problemas”.

Hay quien cree que a Zoido ya le está ocurriendo justamente esto. Acaso por eso Soledad Becerril, la única alcaldesa que ha tenido el PP en Sevilla, le aconsejó al llegar a la Alcaldía que hiciera pocas cosas, pero bien. Sabía de sobra por experiencia propia que el calendario es el primer enemigo de un alcalde. La guillotina constante. Después vienen las tareas de representación institucional, muy útiles para el contacto electoral permanente con ciertos sectores sociales pero, por contra, estériles para sacar adelante los proyectos, sean éstos grandes –estratégicos– o pequeños.

Posiblemente sea una extraña broma del destino, pero en el caso de Zoido no hay metáfora más acertada para representar esta encrucijada que la que él mismo utilizó, sin reparar en su vigencia, durante su última fase en la oposición. Decía entonces, cuando era un candidato con muchas opciones, pero no todavía el alcalde con mayor respaldo electoral de la historia en Sevilla, que quería que la ciudad funcionase como un reloj (suizo). Una acertadísima expresión: denotaba algo de europeísmo, eficacia y puntualidad. Todo lo contrario a lo que históricamente ha sido la gestión de los sucesivos gobiernos municipales sevillanos, con independencia de su diferente signo político.

Pues sí: todo se resume en un reloj. Hasta los socialistas, una vez asumido su batacazo tras las elecciones, planificaron su primera etapa de oposición al PP sobre un sencillo eje de coordenadas: la primera fueron las promesas electorales múltiples de Zoido; la segunda, el tiempo. Hasta hicieron una web para medir los incumplimientos del gobierno municipal, lo que no deja de ser en cierto sentido un reconocimiento: no buscan todavía ilusionar los electores, sino decepcionar a los contrarios. Bautizaron el invento como El cronómetro, robándole el nombre a la célebre relojería de la calle Sierpes.

Su lectura, lógicamente, es interesada. Pero incluso si no se comparte su enfoque parece obvio tras más de un año y medio al frente del Ayuntamiento que el principal enemigo del PP no es Espadas –el portavoz socialista– ni el líder de IU, Antonio Rodrigo Torrijos, al que el equipo de Zoido castigó civilmente para llegar al poder tanto como ahora lo ignora, sino la figura del propio alcalde en relación al paso de los meses. Su famoso reloj. El tiempo va a ser el factor que inclinará en un sentido o en otro la valoración de este mandato municipal. Un recurso efímero, escurridizo y que dificulta la estrategia política porque, al contrario que otros elementos, las impresiones que fija el mero discurrir del calendario no pueden negarse, matizarse ni disfrazarse.

En la Plaza Nueva todo lo justifican por la mala herencia recibida. Un argumento que cada día está más amortizado. No por capricho: es el mero paso del tiempo quien lo desgasta. Muchos ciudadanos, entre ellos votantes del actual alcalde, han visto en este periodo cómo las promesas se han ido quedando en gestos y la buenas intenciones en reprobaciones hacia otros que ya no están. El ejecutivo local ha perdido mucho tiempo (que era su mayor activo) haciendo de oposición de la oposición, sin comprender que su problema no está en el pasado, sino en el futuro.

A medida que las elecciones quedan más lejos en la distancia se acorta el tiempo de gracia y se aproxima el momento del gran ajuste municipal, que viene obligado por la nueva ley municipal y la situación económica del Consistorio. El plan de adelgazamiento, que costará votos, sacrificios y disgustos, tiene fecha. Un calendario de hierro. El tiempo, que fue el gran aliado del PP en la oposición al contribuir al desgaste completo de Monteseirín, empieza a jugar ahora en su contra. Tanto por los meses  transcurridos sin fruto como por los dos años de previsibles quebrantos que restan de mandato. La maldita encrucijada del reloj.

El espejismo flotante

Carlos Mármol | 26 de agosto de 2012 a las 6:15

El Ayuntamiento y el Puerto celebran como un hito histórico para la ciudad y el preludio de “una singladura de riqueza y empleo” la llegada a Sevilla de un crucero de lujo que parece una metáfora de nuestro destino.

En Sevilla nos repetimos con facilidad recurrente. Casi todos los asuntos de discusión pública, aquellos que nos parecen realmente trascendentes, tienen que ver con nuestra identidad. Versan sobre cómo somos o creemos que debemos ser. Tratan de cómo nos ven o cómo queremos que nos vean los demás. Desde el Parasol a la Torre Pelli, pasando por las procesiones y las estatuas –absurdas– con las que algunos intentan colonizar simbólicamente las plazas, que son de todos, antes o después estas discusiones siempre nos remiten a una profunda crisis de identidad. Una duda secular nos atenaza. ¿Somos de verdad lo que creemos?

El insistente pasado de la ciudad es una de las raíces que explicarían esta costumbre, que es casi una patología psicológica. Fruto de una leyenda –la Sevilla imperial que dejó escrita sobre papel don Santiago Montoto– que, como casi todos los cuentos, tuvo una parte de realidad y abundantes dosis de ficción, ambas vinculadas con notable habilidad por un lirismo de cartón piedra parecido al de los célebres pregones, tan de la tierra. En Sevilla la nostalgia es la asesina constante de la historia y el origen de una pertinaz autoinvención colectiva que tiene la costumbre de amplificar hasta el extremo cualquier hecho anécdotico hasta convertirlo en sublime categoría.

El barco. Esta semana hemos asistido, algunos desde el entusiasmo, otros desde un profundo escepticismo, a otro episodio de esta larga tradición que consiste en dibujarnos a nosotros mismos como el centro del orbe siendo, en realidad, una egregia periferia. Al Puerto de Sevilla arribó un barco de lujo –el Azamara Journey– con un millar de turistas, en su mayoría norteamericanos, con la sana intención de visitar la ciudad, donde el crucero hizo escala durante un par de jornadas. Una buena noticia.

Lo que ya no ha resultado precisamente tan notable, al menos para algunos, es el circo paralelo montado por el Ayuntamiento y el Puerto de Sevilla, que han usado la visita del crucero para varias cosas: darse cera a sí mismos, presumir en público de su capacidad de organización –de la que nadie duda y, por tanto, no es necesario remarcar– y, sobre todo, afianzar la tesis de que la prosperidad de Sevilla está ligada al dragado del Guadalquivir, un polémico proyecto –por sus repercusiones ambientales– que todavía carece del necesario permiso administrativo.

Sólo así se entiende que una cuestión como ésta, de la que habría que felicitarse, pero con cierto sentido de la mesura, haya sido presentada ante los ciudadanos con un perfil épico. “Es el principio de una singladura de empleo y riqueza”, sentenció el día de autos el edil Gregorio Serrano, hombre de mar, probablemente el más activo del gobierno de Zoido y uno de los políticos con mejor imagen del equipo municipal.

Sin afán de polemizar con el insigne capitular –líbreme Dios y la Virgen (de los Reyes)– lo cierto es que, felicitándolo por la visita del crucero de lujo, aunque el mérito sea más bien de naturaleza portuaria, hay que poner las cosas en su sitio. No dejar que tanto optimismo nos nuble la vista.

La visita del crucero, siendo real, tiene bastante de efímero espejismo. Sirve para ver gigantes donde ahora sólo hay molinos. Es cierto que el tamaño del barco ayudaba, lo mismo que los efectos de la ola de calor, pero conviene, en esto y en otras tantas cosas, acordarse de la frase del Quijote: “Llaneza, muchacho, no te encumbres, que toda afectación es mala”.

Es mejor, claro, mirar un barco que el vacío de los muelles, pero a la ciudad no le ayuda confiar sólo en los milagros venidos de fuera, sino concentrarse en qué puede hacer –por sí misma– para salir de su situación. Sevilla no debe aspirar a ser un mero escenario turístico –una urbe temática– sino una ciudad viva. Activa. Mentalmente autónoma.

Algunas cifras. Incluso aunque la visita del barco de lujo pueda llegar a repetirse hasta en ocho ocasiones más en los próximos dos años –ésta es la promesa del Puerto y del Ayuntamiento– conviene hacer un somero ejercicio de puesta en contexto en relación a los beneficios económicos que reportan las visitas de estos cruceros, cosa que no creo que le importe al gobierno local, tan alejado de los dogmas.

Si analizamos los datos del mercado de cruceros en España, en los que Sevilla apenas si empieza a figurar, podemos obtener algunas conclusiones. A los diferentes puertos españoles llegan 3,2 millones de turistas al año. El impacto económico de estas travesías, según datos oficiales, se sitúa en 230 millones de euros. Una cantidad importante.

La mayor parte de este dinero fue a parar a Barcelona, cuya marca turística se ha consolidado de tal manera que es uno de los escasos destinos urbanos que este verano –en el que está fallando el turismo nacional– ha mantenido su rentabilidad. Por detrás de la Ciudad Condal figuran los puertos de Canarias, Baleares, Valencia y otras urbes como Málaga o Cádiz, donde que lleguen barcos es una buena noticia pero no se interpreta como un acontecimiento cósmico.

Sevilla es un puerto fluvial. Una característica que, lógicamente, la sitúa en clara desventaja con otros destinos turísticos. Quizás por eso haya quien piense que la visita del Azamara Journey tiene mucho de gesta. Y que es un hilo de esperanza para mejorar unas cifras de visitantes que en el último mes confirmaron que ni el verano, ni los precios, ni la oferta empresarial –basada casi en exclusiva en la política turística pública– contribuyen a evitar el elocuente descenso de un 10% de visitantes en apenas un mes. Los hoteles pierden cuota de mercado.

El gasto medio de un turista de crucero en España, según los datos oficiales, no llega a los 72 euros. Lo cual significa que el impacto económico potencial de estos visitantes a Sevilla –9.000 pasajeros en los próximos dos años; a razón de 1.000 turistas por barco– será del orden de los 646.200 euros. Nada más. A esta cantidad habría que restar los gastos –siempre públicos, por supuesto– que implica su atención. El famoso Cecop de Cruceros con el que esta semana nos ha deleitado el Ayuntamiento, que sólo ha puesto en práctica este dispositivo extraordinario en el caso de las cofradías y los cruceros.

Bueno es, en todo caso, este dinero, aunque sea tan magro. Pero no parece ser suficiente, al menos por el momento, para augurar futuros ríos de leche y miel para el sector. Ni siquiera nos sirve para cubrir el déficit que nos dejó la final de la Copa Davis. Mientras en estas iniciativas no estén mucho más implicados los empresarios del ramo –con dinero, mayormente– lo que sí será una hazaña es conseguir incrementar el gasto medio de un turista en Sevilla. No es de extrañar que la versión oficial sobre los beneficios económicos del famoso crucero haya sido muy cauta. Prudente. “Es incalculable”, dijo Serrano. Más bien es discreta. No es exactamente lo mismo.

La metáfora. El arribo del buque, en todo caso, se presta a otra lectura más subjetiva. ¿No será la visita del barco de lujo una metáfora? Por el Guadalquivir llegaban en el Siglo de Oro los barcos cargados con los metales preciosos del Perú. También partían naves llenas con los productos que necesitaban las colonias americanas. Ahora arriban viajeros de cruceros que –al tenerlo todo incluido en el billete– gastan lo justo.

Podría ser peor: a Italia hace unos años los únicos barcos que llegaban en verano eran los cargados de inmigrantes albaneses huyendo del estalinismo en busca de la tierra prometida. Una imagen onírica, como en la película de Fellini (E la nave va). Ahora los albaneses quizás seamos nosotros. Nuestro problema, en realidad, no son los barcos que llegan o los que puedan llegar, sino los barcos que no salen. Hace tiempo que no mandamos naves a América. No exportamos. Somos una mera escala, lejos del destino, que siempre es Montecarlo.

Sevilla: el vaso medio vacío

Carlos Mármol | 5 de agosto de 2012 a las 6:06

El Ayuntamiento se gasta 14.000 euros de dinero público en hacer una encuesta para examinar los servicios municipales y, de paso, rastrear la posible intención de voto. La conclusión:Sevilla aún sigue sin funcionar.

Una encuesta que sólo recoge aquello que se quiere oír es la mejor receta para el autismo político. Tiene devotos, no crean. El gobierno municipal, tras varios días poniendo el parche antes de que saliera la herida –sabedor de que no quedaría bien–, ha querido hacer “un ejercicio de transparencia” –el término es suyo– y publicar los resultados del sondeo que, con el dinero de todos, contrató entre mayo y junio para saber cuál es la valoración de los ciudadanos sobre su gestión, cómo funcionan los servicios públicos y todos aquellos datos que a los políticos les interesan para diseñar sus estrategias. Muchas gracias, hombre. Es todo un detalle.

Que este tipo de sondeos se financien con el dinero de los impuestos, y encima se justifique, dice bastante de cuál es el concepto que ciertos gobernantes sevillanos tienen de los contribuyentes: somos gente cuya única función consiste en asentir y pagar. El Consistorio, desgraciadamente, no es una excepción en esta tónica dominante –la cosa es habitual desde hace años en la Junta y en la Diputación– a pesar de las altas dosis de azúcar con las que el equipo municipal acostumbra a aderezar sus postres.

La encuesta, realizada por la empresa que gestiona el 010, pregunta a los sevillanos por su percepción sobre la ciudad pero incluye en sus cuestionarios asuntos que forman parte de lo privado: ideología, sentido del voto y simpatía por los referentes municipales. Algo que el edil responsable de su realización (Beltrán Pérez, el hombre subvención del gobierno local), todavía no ha explicado bien. Ni lo va a explicar. Es natural: no puede. Si dijera la verdad del caso tendría que dimitir. Todavía no está en la edad.

Con independencia de este lamentable hecho –los partidos deberían dejar de pagar sus sedes con la consignación de los grupos institucionales, como le ocurre al PSOE y contratar con sus propios fondos sus encuestas, recomendación que no respeta el PP– la lectura del sondeo Beltrán depara momentos de placer inauditos que ayudan a pasar la tarde. Tras su análisis uno termina convencido de que, en lugar de en Sevilla, vive en Marte.

El aprobado, raspado. La lectura oficial de la encuesta afirma que los ciudadanos han aprobado a Zoido por la mínima. Un cinco. Si hubiera sido al contrario probablemente la figura política del alcalde se hubiera diluido interesadamente en el genérico “gobierno local”. Nos lo enseñaron los clásicos: la victorias siempre son cosa de uno; las derrotas siempre están huérfanas de protagonistas. Son de todos. El dogma del suficiente, sin embargo, es discutible: un aprobado justísimo (en una encuesta con cocina política) y con un margen estimado de error del 3% no es precisamente para felicitarse.

Sobre todo si en muchas de las respuestas los ciudadanos que son incapaces de valorar la gestión e incluso identificar los méritos concretos del actual equipo de gobierno son numerosos. Por ejemplo: hasta un tercio de los encuestados no saben ni contestan cuando se les pide que digan cuáles son los aspectos más positivos de la gestión del PP en el Ayuntamiento. El 20%, en cambio, piensa que todo ha ido a peor.

Por tanto, más de la mitad de los encuestados o no tienen ni idea o son críticos con la gestión del gobierno local. Repárese en la glosa oficial de este capítulo: “La respuesta más repetida, sin referirse a ningún hecho concreto, va encaminada [es de suponer que lo que el encuestador trata de usar sin llegar a conseguirlo es el verbo resaltar] a los intentos del gobierno de actuar de la mejor manera posible”. ¿Les parece una lectura objetiva? Más bien se diría que es cándida. Enternecedora.

La ‘micropolítica’. Nadie lo ha dicho estos días, pero la encuesta Beltrán tiene otro mérito oculto: confirma que la leyenda urbana de la micropolítica –el término también es del PP local– no es sinónimo de éxito. En el año largo de mandato de Zoido, una de cuyas principales banderas políticas han sido las cuestiones domésticas, muchos ciudadanos no ven que los “intentos” del equipo de gobierno se concreten en su entorno más próximo.

El aprobado virtual se convierte así en suspenso: casi un 40% de los encuestados no aprueban la gestión municipal que se desarrolla en su ámbito más cercano. Sólo un 2,5% de los sondeados dicen haber visto con sus propios ojos los efectos de la micropolítica. Esto debería preocupar –y mucho– en la Alcaldía por aquello de la famosa pieza teatral de Pirandello: Así es si así os parece. Si esto es lo que piensan los ciudadanos, quizás ocurra que la propaganda municipal no funcione más que en los entornos favorables. La calle no hace precisamente la ola a la gestión municipal.

De hecho, la seguridad, la limpieza y el tráfico siguen siendo las grandes preocupaciones al evaluar el funcionamiento de la ciudad. Una constante que apenas si varía en cualquier estudio de opinión sobre Sevilla. Todas ellas son tareas primordiales del Consistorio. Parece evidente que algo no está funcionando. Quizás por eso se pregunte a continuación con insistencia algo que no tiene nada que ver con los servicios municipales: “¿Qué periódico lee usted , qué radio escucha y qué televisión prefiere?”.

A tenor de esta pregunta habría que preguntarse quizás si la verdadera preocupación en la Plaza Nueva no tiene que ver más con su imagen que con su gestión. Ambas cosas no son exactamente lo mismo. Gestionar bien favorece la valoración ciudadana, pero tener buena prensa no es lo mismo que gobernar con acierto.

Esta es justo impresión que deja el sondeo: el PP quiere atisbar si la valoración que se tiene del gobierno local en la calle –donde están los votantes– sigue respondiendo al guión preestablecido de las buenas apariencias. Parece que hay dudas. Sensación de desgaste prematuro. Existe la posibilidad, aunque para algunos sea remota, de que la opinión publicada del equipo de Zoido –generalmente favorable o muy benigna– no coincida ya exactamente con la opinión pública. Justo al contrario de lo que le ocurrió en su día a los socialistas.

La prioridad, sin resultado. Otro de los elementos del sondeo es su aparente incoherencia. En todas las encuestas se registran contradicciones –el juicio de los ciudadanos no tiene que responder fielmente a los criterios de coherencia argumental– pero determinadas afirmaciones categóricas contra tendencia dan que pensar. Y mucho.

Un caso: ¿cómo es posible que la valoración global del gobierno local sea un aprobado raspado si lo que menos puntúan los ciudadanos de su trabajo es justo aquella cuestión que socialmente se estima más importante? El paro y los problemas económicos focalizan la agenda política y social desde hace cinco años. Dos terceras partes de los ciudadanos creen que éste es el asunto capital.

La diferencia con respecto a otros problemas además es abismal y al menos un tercio de los encuestados consideran que esta cuestión es competencia exclusiva de Zoido (un 53% estima que es compartida con otras administraciones). En este campo en el último año no se ha avanzado nada. ¿Tiene pues lógica el aprobado?

Según la encuesta Beltrán, tal milagro (a favor del equipo de gobierno) se produce por la organización de la Semana Santa, la Feria o la Copa Davis (entonces no se sabía el déficit que ha dejado el torneo). Es una forma de verlo. Hay otra: Sevilla sigue sin funcionar, que es lo que se prometió. Todavía restan tres años de mandato. Pero para ciertas cosas comienza a ser tarde.

El equipo de Zoido tiene muchos factores a su favor, pero también empieza a tenerlos en su contra. Fin del idilio. La proporción entre quienes ven el vaso medio lleno y medio vacío ya no es tan insalvable. Un posible trasvase de opinión es una hipótesis factible. El rostro ideal que el PP dibujó en la oposición puede estar resquebrajándose. Veremos.

La herencia, futuro imperfecto

Carlos Mármol | 3 de junio de 2012 a las 6:05

La recta final de las obras de Fibes permite a Zoido aprovechar en su beneficio político un proyecto iniciado por su antecesor en la Alcaldía. Un hecho que contrasta con las recurrentes críticas del PP sobre la herencia recibida.

Si tenemos por cierta la sentencia clásica que sostiene que el hombre es esclavo de sus propias palabras y, al mismo tiempo, dueño de sus particulares silencios, convendremos en que la única defensa real ante nosotros mismos es mantener la boca cerrada. Es la mejor manera de que a uno no lo cojan en una irremediable contradicción. Extraña que este consejo, tan sabio, no se aplique con demasiado interés en la vida política sevillana, donde el cúmulo de contradicciones, autodesmentidos e incoherencias es tal que casi podríamos hacer, a la manera de Ciorán, un verdadero breviario de podredumbre política basado en las mentiras a la hispalense manera, que es amplia y, por lo que se ve, extensa. Casi un oficio.

En Sevilla hablar sin mesura, e incluso sin mucho fundamento, no es que salga gratis, sino que incluso permite a determinados personajes lograr singulares recompensas que no siempre, en realidad casi nunca, se corresponden con su propio esfuerzo; la única razón, en mi opinión, por la que debería avanzarse en la vida, más allá de los habituales linajes, las influencias y eso que –ahora– se llaman contactos; conceptos todos ellos contrarios al hermoso e ilustrado espíritu de la meritocracia.

El alcalde de Sevilla, Juan Ignacio Zoido, ha anunciado esta semana con honda satisfacción en una entrevista radiofónica que a finales de mes terminan por fin las obras del Palacio de Congresos de Sevilla (Fibes), el complejo que la ciudad necesita desde hace más de una década para dar un salto de escala en la captación de eventos turísticos. En mitad del océano diario de desgracias, parece que estamos ante una buena noticia. Aunque, quizás, también nos encontremos delante de una nueva contradicción en el discurso político del gobierno municipal. Ambos términos no son necesariamente incompatibles.

En realidad, la fecha de finales de junio no es una novedad: a las tres empresas constructoras ya se les dijo al pagarles el último plazo (más de siete millones de euros) que si no terminaban la obra el 30 de junio serían penalizadas con la imposición de una multa millonaria. Es una cuestión básica que se recoje en los pliegos que regulan la mayoría de las contrataciones públicas, de las que vamos a dejar de hablar durante mucho tiempo dada la actual situación de crisis.

¿Cuál es entonces la novedad en Fibes? Fundamentalmente, el propio edificio, cuya calidad arquitectónica es mayúscula. Cuando Monteseirín intentó improvisar una precipitada inauguración antes de abandonar la Alcaldía con el fin de no dejar nada por estrenar a su hipotético sucesor –fuera Zoido o Espadas–, todavía no se percibía del todo su envergadura. Ahora, después de que dentro de unas semanas terminen los últimos trabajos pendientes, el resultado es a todas luces extraordinario. Vázquez Consuegra roza la perfección con este proyecto a pesar incluso de todas las dificultades que han acompañado a esta extrañísima obra.

La ejecución del nuevo Palacio de Congresos nunca fue un ejemplo de rigurosidad administrativa. Una responsabilidad que corresponde imputar más al promotor –el anterior gobierno local– que al padre de la criatura, que ya advirtió antes de la contratación que el edificio terminaría costando mucho más del precio oficial de salida que –inexplicablemente;o quizás no tanto– fijó el Consistorio. Así lo corroboraron incluso las consultoras externas a las que recurrió el Ayuntamiento.

Todo fue anómalo casi desde el origen. Por eso es llamativo que, aunque sea a un coste importante, y con retraso, el nuevo Fibes haya terminado tan bien, todo lo contrario a otros proyectos, como el Parasol de la Encarnación. Desde el singular método jurídico para contratar el edificio –una encomienda legal a favor de Emvisesa, la empresa municipal de vivienda–, al sistema de ejecución elegido, confiado a un consorcio de tres empresas distintas que dijeron que podrían construir por 65 millones de euros lo que el arquitecto advertía que costaría 90 millones, todo abocaba al conflicto.

La dirección misma del proyecto se dividió en compartimentos estancos: la responsabilidad arquitectónica, por un lado; la ingeniería;por otro; y la ejecución material, por otro. Se intuían problemas de plazo y coste. Y el posterior sinfín de reformados sobrevenidos por la estrategia de las constructoras de recuperar en la obra –con el contrato ya en cartera– un presupuesto que no fue nunca el del concurso.

Que con todos estos condicionantes Vázquez Consuegra haya hecho lo que ha hecho, sin las ataduras que, por ejemplo, tuvo en San Telmo, donde el elemento patrimonial marcó su trabajo, sólo puede deberse al talento o a un milagro, más que a la versión oficial del actual Consistorio, que incide estos días en resaltar la desconcertante habilidad del presente alcalde para llegar y desbloquear con inusitada eficacia suiza cualquier proyecto que se le ponga delante.

Rara vez las cosas son tan simples, aunque sospecho que el trazo excesivamente grueso de este relato es propio de quien escribe los renglones torcidos por los que discurre el sendero que ha elegido el regidor. ¿Si la herencia anterior es la excusa recurrente de su magro balance de gobierno cómo se explica que ahora se adjudique el tanto de una obra ajena? La herencia, tan denostada, va camino de ser el único futuro –probablemente imperfecto– del gobierno local. De momento, no se vislumbra otro.

Es indiscutible, porque hablamos de un hecho, que la conclusión del Palacio de Congresos es un aliento de esperanza en un momento económico grave. Si el turismo sevillano quiere seguir siendo la única industria local debía contar con un recinto capaz de jugar en una división distinta en el mercado de congresos. Sevilla nunca ha albergado, dadas sus dotaciones, ni una cuarta parte de las mayores reuniones profesionales españolas. En el ámbito europeo todavía era peor: un 75% de estos congresos jamás han venido al Sur.

El Fibes de Vázquez Consuegra soluciona esta cuestión, aunque su éxito dependerá de que el Consistorio sea capaz de sacar rendimiento a unas instalaciones que nos permiten jugar –esta vez sin retórica ni exageración– en la misma liga que grandes capitales europeas. La idea de los actuales gestores de Fibes de mantener sus instalaciones en el antiguo recinto y abrir sólo parte del nuevo palacio con el argumento de la austeridad inducen a pensar que quizás el gobierno local no es consciente de la gran potencialidad del auditorio congresual.

El proyecto ha salido caro. Aunque pongamos las cosas en su contexto:en comparación con otros recintos congresuales, de menor tamaño y presupuesto inicial similar, no tanto. Al menos, en términos relativos. A quienes focalizan todo el análisis en el coste definitivo del proyecto congresual acaso habría que recordarles que la pérdida de beneficios que ha sufrido Sevilla por no contar antes con un palacio de congresos adecuado se calculó en 40 millones de euros al año. Cifra notable.

También se olvida que es una iniciativa pública. Y no por elección, sino por exclusión. Los empresarios del sector turístico sevillano jamás quisieron participar en el proyecto porque aspiraban a un palacio de congresos en el centro, aunque probablemente sí aprovechen ahora su actividad. Sería deseable que esta anómala participación sobrevenida, financiada, como siempre, con el dinero de todos, tuviera cierta contraprestación social en términos de empleo. Es lo mínimo.

Alameda: razones para decir no

Carlos Mármol | 27 de mayo de 2012 a las 6:15

La obsesión municipal por construir un parking en la Alameda y recalificar la comisaría de la Gavidia es un digno ejemplo de una llamativa forma de hacer política: imponer las cosas sin sustentarlas antes desde el prisma técnico.

Shakespeare decía que para un rey es bueno tener la fuerza de un gigante a condición de no acostumbrarse a utilizarla. Quizás porque cuando un gobernante opta por mandar sólo en función del predominio aritmético, sin dejar sitio al diálogo, corre el riesgo de incurrir en un error impropio de los políticos inteligentes. Aplíquese dicha lección a algunos de los actuales proyectos del gobierno municipal de Sevilla, que estos días celebra su primer año de éxitos, y obténganse las pertinentes conclusiones. No sé si lo verán ustedes igual que yo, pero me debo al ilustre oficio de la sinceridad impertinente. Van mal.

Veamos dos ejemplos: la construcción del aparcamiento subterráneo de la Alameda de Hércules y la recalificación de la antigua comisaría de la Gavidia. De ambos ha hecho bandera el equipo de Zoido. Estas dos iniciativas, por así decirlo, son metáforas de su forma de concebir la política aunque no reflejen exactamente lo que se pretende enseñar –una gestión eficaz– y, en cambio, vayan camino, igual que pasó con Ikea, de convertirse justo en símbolos de todo lo contrario.

Me explico. En el episodio del aparcamiento situado bajo el principal espacio público del centro de Sevilla –Monteseirín destinó el otro, la Encarnación, a albergar un centro comercial–, la idea de Zoido de volver a levantar la urbanización hecha hace sólo dos años, que costó siete millones de euros pagados con dinero público, para convertir este enclave en la cubierta de un estacionamiento rotatorio se sustenta en argumentos con los que se podrá o no estar de acuerdo pero que remiten –siempre– a un interés particular –el de los comerciantes del centro, sin olvidar al hipotético operador del parking– bastante alejado de sus supuestos beneficios públicos.

La Alameda es desde hace unos años un espacio vivo, lleno de actividad ciudadana, donde se han abierto multitud de negocios. La decisión municipal de reinventarlo obvia todos estos elementos en busca de imponer su propio dogma:“hay que hacer un parking para que la gente compre en las tiendas de Aprocom”.

Analicemos a fondo la cuestión. En primer lugar, el tono: el Consistorio no se plantea al defender esta postura que su posición de partida pueda estar equivocada –mal síntoma– ni tampoco la viabilidad jurídica real de la iniciativa. Recurre a lo habitual: el alcalde así lo cree. ¿Para qué discutir nada?

Y, sin embargo, la discusión es lo más interesante, porque es categórica: demuestra que en el gobierno local las cosas se deciden y se anuncian, cosa que también ocurría antes, sin sopesarlas en demasía y sin articular mínimamente desde el punto de vista técnico. Con Ikea pasó igual: un año después de prometer arreglarla en semanas, la cuestión todavía sigue abierta en canal.

La pregunta clave es otra: ¿es legal la decisión municipal de cambiar el Plan General para destruir la actual Alameda? Repárese en que nadie habla de legitimidad. Zoido, con su amplia mayoría, puede iniciar el proceso administrativo para cambiar el PGOU. Sí. Otra cosa es que tenga éxito en el intento. Y no precisamente por una conspiración política, sino por su propio talento.

La legislación urbanística, que es el único marco objetivo para analizar esta premisa, fija que cualquier cambio en el planeamiento vigente de una ciudad debe mejorar la ordenación previa. Se trata de un condicionante general, con independencia de los motivos oficiales que se esgriman para defender este tipo de propuestas. Las reglas del juego son nítidas: si la idea de hacer un parking en la Alameda no mejora el PGOU difícilmente podrá ser validada por la Junta de Andalucía. O ser respaldada por un juzgado.

Con independencia de lo que se piense al respecto, el criterio para evaluar esta cuestión está fijado expresamente en la normativa: es el interés público; nunca el privado. Así, además, lo recoge en su amplia jurisprudencia el Consejo Consultivo, el máximo órgano jurídico de Andalucía, que tiene que emitir un informe vinculante al respecto de este proyecto. Su tesis: para alterar el Plan General de una ciudad debe justificarse y concretarse que la nueva propuesta urbanística mejorará el plan vigente. ¿Lo hace el PP?

A tenor del singular expediente aprobado por Urbanismo, no demasiado. La única justificación formal que da el gobierno del PP para defender su iniciativa –y sobre la que en su momento opinará el Consultivo– es que Zoido ha derogado el Plan Centro. Punto. En ningún momento se explica –acaso porque no se pueda– en qué medida el hecho de hacer un parking rotatorio optimiza el modelo urbano de Sevilla.

El cambio que persigue el PP no es menor: alterar el PGOU en este punto abrirá la mano para construir otros estacionamientos comerciales –cerrados a los residentes– en cualquier punto del casco histórico. Una decisión de fondo que invalida uno de los elementos estructurales del Plan de Sevilla:  su programa de movilidad. Evidentemente, una cuestión tan sustancial no puede ser alterada sólo con un mero documento de modificación puntual, que es lo que el Ayuntamiento ha aprobado.

Porque además de no explicar en qué beneficiará a la ciudad –un requisito legal–, el Ayuntamiento basa su propuesta únicamente en la eliminación de una medida (el Plan Centro) sin demasiada entidad urbanística. El sustento legal de este proyecto era una ordenanza y, por tanto, con un rango jurídico inferior al PGOU. Por otro lado, la supresión del veto a los aparcamientos rotatorios cuestiona los principios de protección patrimonial del Plan General para el Casco Histórico: menos coches. ¿Esto es un beneficio colectivo?

En la Gavidia sucede otro tanto. Ni la justificación oficial es sólida, dadas las exigencias jurídicas que hay que cumplir, ni atiende a los requerimientos de la norma. El PP elimina la calificación urbanística del antiguo edificio policial –un equipamiento público– para convertirlo en “una gran superficie comercial”. El objetivo es venderlo al mejor postor: el presupuesto local de 2012 cuenta con estos ingresos, aunque estamos en mayo y la operación aún no tiene calendario cierto.

Asumir que la eliminación de un equipamiento vecinal será buena para la ciudad se antoja difícil. Quizás por eso el PP haya optado por otra vía: en el expediente urbanístico alega una motivación económica. Esto es: la necesidad de obtener recursos. ¿Convencerá al Consultivo? Ya se verá. Pero lo que es evidente es que no cumple la ley urbanística de Andalucía, que exige justificar cuál es la mejora que supondrá cambiar el PGOU, además de que ésta se sustente en el “mejor cumplimiento de los fines de la actividad pública urbanística”. ¿El fin del urbanismo es ganar dinero?

De otro lado, la exigencia legal de compensar el equipamiento que se perderá en la Gavidia debe hacerse, según la LOUA (artículo 36), en “la propia área objeto de innovación”. El Ayuntamiento quiere cumplir este trámite con el mercado del Arenal y el registro de la calle Pajaritos, de menor entidad y situados en zonas urbanas distintas. Otro desliz que dificulta la viabilidad del expediente. De hecho, el proyecto del PP no cumple casi ninguna de las obligaciones legales: ni justifica la innecesariedad del uso público de la Gavidia –sólo se habla de obtener fondos– ni tiene informes viables de la Junta, además de optar por una calificación –gran superficie comercial–que ni es pública ni de interés social. Sólo mercantil.

Lo que explica que, según fija la legislación de comercio, también sea necesario un informe sobre el impacto que tendrá sobre el comercio tradicional, además de un permiso ambiental único. El centro comercial de la Gavidia estará a menos de 500 metros de una zona residencial. Todo conduce pues al abismo: la recalificación urbanística del PP resulta ser tan pretenciosa como frágil desde el punto de vista legal. Zoido, claro está, puede politizar la cuestión. No servirá de mucho. Su talón de Aquiles no lo solucionará su nutrida mayoría en el Pleno. Se llama de otra forma. Eficacia, quizás.

¿Un cambio a medias?

Carlos Mármol | 25 de marzo de 2012 a las 6:15

Los resultados electorales en Sevilla condicionarán el poder autonómico en Andalucía. El proyecto político de Zoido para la capital depende de la victoria de Arenas. El PSOE entrará en crisis si no aguanta el envite.

Es cierto. Sevilla se juega muchas cosas hoy, jornada de las trascendentes –sobre todo para los políticos– elecciones autonómicas. En cambio, no está tan claro, ni es tan nítido, que los sevillanos nos juguemos demasiado. Toda una paradoja. Indudablemente, lo que se dirime es importante: quién administrará el poder regional, quién repartirá un presupuesto que, por fuerza, será menguante a medida que pase el tiempo y quién decidirá el sentido del ajuste que hundirá a Andalucía en su situación económica real –tenebrosa– durante los próximos cuatro años, como mínimo. Todo esto depende de las urnas.

Los problemas reales, domésticos, de los ciudadanos –el paro estructural, la falta de perspectivas individuales, la ilusión cada vez más inexistente, convertida ya casi en una utopía yerma, el inmenso miedo al incierto futuro– tienen, en cambio, bastante poco que ver con las gráficas que dicte el recuento de las papeletas electorales. El mundo no se va a arreglar en un día. Ni siquiera en dos. Probablemente nunca.

La importancia –relativa– de los comicios, por tanto, es sobre todo política. Pero no en el sentido más noble del término –el interés por el devenir de los asuntos colectivos– sino más bien en su más clásica acepción gremial. Se trata de una pura guerra abierta entre políticos profesionales en la que los ciudadanos somos decisivos pero apenas durante un breve suspiro. Una vez introduzcamos nuestro voto en las urnas pasaremos de nuevo a una posición secundaria en beneficio total de la democracia representativa e imperfecta en la que todos cohabitamos. Así es el cuento.

En el caso de Sevilla, los comicios del 25-M van a condicionar el signo político de la Junta de Andalucía, la gran maquinaria de prebendas y disgustos de la región. Los resultados ya están más o menos escritos, salvo sorpresa mayúscula, en la mayoría de las distintas provincias excepto en tres, entre ellas Sevilla, donde la cuestión está suficientemente abierta como para que en ella se vaya a resolver quién gobernará. Lo que se decide hoy es el gobierno, no la victoria. Todos los sondeos dan por seguro desde hace tiempo que el PP será la lista electoral más votada. Que finalmente llegue a gobernar ya es otra cuestión distinta.

Además de esta lectura, el mapa político autonómico que saldrá del 25-M tendrá incidencia directa en el porvenir inmediato de los dos grandes partidos políticos de la provincia. En el caso del PP sevillano, favorito en la pugna, lo que está por ver es si será capaz de romper por vez primera la histórica hegemonía política de los socialistas. En el ámbito local esta asignatura pendiente se superó hace nueve meses, pero no así en una serie de localidades medias donde el crecimiento de las candidaturas populares está más vinculado a la ola política nacional que a una convicción profunda. Justamente es en estas localidades donde Arenas tiene que crecer –al menos cinco puntos en relación a los resultados de los comicios generales– para poder entrar en el Palacio de San Telmo.

En Sevilla capital, además, está en discusión algo más: la fortaleza de la burbuja política que encarna el actual alcalde, Juan Ignacio Zoido. El regidor encabeza la lista electoral del PP a las Cinco Llagas y su principal reto es no perder sufragios –con respecto a citas anteriores– para poder sostener el crecimiento del PP. Probablemente lo consiga, aunque los resultados autonómicos van a condicionar toda la política municipal el resto del mandato.

El círculo perfecto

Si Arenas es investido presidente de la Junta de Andalucía, el círculo perfecto del PP se habrá cerrado. Zoido tendrá entonces a su favor una herramienta institucional clave para poder consolidar en el tiempo su proyecto para dirigir la capital de Andalucía. El aval de la administración regional es esencial para él en muchos sentidos. Primero, en el orden simbólico: sería la primera vez que el PP dominase en ambos escenarios políticos. Después, en el terreno práctico: casi todos sus proyectos de cierta envergadura –centrados en una concepción del urbanismo muy similar a la que nos ha llevado a la debacle económica– requieren pasar filtros autonómicos que, con Arenas en la presidencia de la Junta, no sólo serán superados, sino que probablemente se eliminen por completo.

Igual que en una profecía bíblica: las barreras (para hacer ciertas cosas) caerán. El camino (en determinada dirección) se allanará. Y el poder popular será como el Dios del Antiguo Testamento: omnipresente. Hasta el punto de poder calificarse de excesivo. Basta ver algunos de los argumentos de campaña del candidato popular a la Junta para darse cuenta de que la sintonía política que se establecerá entre la Plaza Nueva y el Palacio San Telmo será total. Nítida. Completa. No es raro: Zoido es una exitosa creación (política) de Arenas.

Habrá a quien esta circunstancia –que la Alcaldía hispalense sea la correa de transmisión de la Junta del PP– le parezca una cosa ideal. Y a quien le asuste el simple hecho de pensarlo. Hay que ser pacientes. No es tampoco la primera vez que ocurre: la historia democrática de Sevilla tiene precedentes ilustres. La ciudad rara vez ha tenido a un alcalde independiente, entendiendo tal adjetivo en relación a Sevilla, más que a su propia organización política. La ciudad ha elegido o a alcaldes con excesiva sintonía con la Junta –motivo por el cual su perfil político venía a ser redondo, poco reivindicativo, instrumental– o a regidores en eterno conflicto virtual con la administración autonómica, casi siempre por intereses –también– partidarios más que institucionales.

En el primer caso, la ciudad perdía peso político. En el segundo, quedaba sin capacidad de influencia. En ambas situaciones los beneficios han sido muy escasos. De este bucle parece difícil que salgamos. Sólo podría hacerse con otros perfiles políticos. No se adivinan en el paisaje. Si Arenas gana y gobierna, el plan de ajuste que el PP tiene previsto hacer en el Ayuntamiento hispalense –incluidas las empresas y organismos autónomos– y el proyecto de corte revisionista del que se han visto notables muestras en estos nueve meses no tendrá ya freno.

En cambio, si por una broma cruel del azar el PP no llegase a la presidencia de la Junta –con independencia de que se abriría de golpe el melón del liderazgo en el PP en Andalucía, un proceso en el que Zoido parece estar muy bien colocado– y PSOE e IU logran armar un gobierno autonómico estable, el grado de confrontación entre la Plaza Nueva y el Gobierno regional subirá hasta máximos históricos. De nuevo, por motivos partidarios que, si se mira bien, son los que casi siempre condicionan la política patria. Al menos, en el mundo meridional. En todo caso, la revolución reformista del PP en Sevilla quedaría en este supuesto como un proyecto a medias, abortado. Detenido. Algo que, a largo plazo, puede terminar hasta provocando el cuestionamiento de la emergente figura del alcalde.

La espiral interna

Los socialistas no tienen este problema. Su disyuntiva es mucho más simple: o resistencia o nueva crisis interna, quizás para situarse durante años en una posición secundaria inversamente proporcional al poder total del que han disfrutado durante las tres décadas de autonomía. El PSOE de Sevilla se juega todo o nada el 25-M: si aguanta el envite y conserva su secular liderazgo político provincial, aunque sea por la mínima, habrá alguna posibilidad, por remota que parezca con Arenas en la Junta, para poder al menos dar la batalla de la oposición.

Si en cambio es barrido de sus feudos sevillanos –una hipótesis que parece difícil, pero ni mucho menos imposible– el guión está escrito: nueva crisis interna, en este caso sangrienta, a la vuelta de la esquina. Primero en clave regional; después provincial. Una guerra púnica completa de la que parece complicado que salga una alternativa sólida. Más bien , a lo sumo, una nueva variante de las tribus socialistas. Insuficiente para una organización política que, si hoy cae en las urnas, tendrá que pasar un purgatorio que será tan largo e inmisericorde que, probablemente, a muchos se les haga eterno. Como el infierno, tan temido.

La herencia inconfesable

Carlos Mármol | 26 de febrero de 2012 a las 6:05

El gobierno del PP en Sevilla construyó toda su oferta electoral sobre un cuestionamiento de la herencia política recibida de Monteseirín. El alcalde recurre ahora a sus proyectos para mostrar algo de gestión.

Marco Tulio Cicerón, orador romano, senador destacado, dijo un día: “Malos tiempos: los hijos han dejado de obedecer a sus padres y todo el mundo escribe libros”. Efectivamente: es así. Los tiempos actuales son pésimos para casi todos, incluso para aquellos a los que les toca en suerte la tarea (ardua) de gestionar algún tipo de herencia. Ya se sabe: son la causa de las mayores disputas que se producen en esa institución (social) que todavía llamamos familia.

En política ocurre igual. Hay herencias mortales y veniales, pero nunca neutras. Ninguna es fácil de llevar. Las excelentes provocan, con frecuencia, un problema de contraste: si el que llega al poder resulta ser inferior a su antecesor, la losa será imposible de levantar. Si, en cambio, es superior, acaso el gobernante que salga favorecido tras la comparación se contente con lo mínimo, en lugar de aspirar a lo máximo. Lo que suele generar, por lo normal, mediocridad.

Juan Ignacio Zoido, alcalde de Sevilla desde hace ocho meses, alcanzó el poder formal –el supremo debe ser de Dios, dueño de nuestros días– precisamente renegando de la herencia política previa que, tras ocho años de gestión, dejaba el gobierno PSOE-IU. Todo su proyecto discurrió, durante el lustro que estuvo en la oposición, por el raíl del revisionismo: el ejecutivo de Monteseirín era un gobierno con una corrupción estructural, que no salía a la calle y que se embarcaba en proyectos que dejarían en la ruina la hacienda pública. Cambio. La estrategia le salió redonda: sacó 20 concejales. Dejó sentado a un PSOE que todavía no ha sido capaz de entender cómo, con todos los recursos en su mano, su ex-alcalde, con más de una década de gestión, abandonó a su suerte a su base electoral.

Los primeros compases de la era Zoido también han estado marcados por las cuestiones de herencia. Su principal argumento político en este tiempo, casi el monotema, ha sido la denuncia (por los procedimientos habituales) de buena parte de las irregularidades cometidas por Monteseirín y Cía. Una salmodia que han repetido, por tierra, mar y aire, durante más de medio año. La táctica se equilibraba con golpes de efecto (relativos) para ir desmontando algunas de las medidas emblemáticas de la etapa anterior. Fue el caso del Plan Centro, derogado sin alternativa, o la paralización de facto de la Empresa Pública de la Vivienda (Emvisesa), pasando hasta por la modificación del callejero urbano, quitándole (ofensa sin necesidad) su calle a Pilar Bardem para rebautizarla con un nombre de Virgen. Laus Deo.

El revisionismo se ha convertido así, unas veces de forma más tibia, en otras ocasiones con un estilo más vehemente, en uno de los rasgos del ejecutivo de Zoido, que prometió –en su investidura– ser el alcalde de todos. Con veinte concejales y los añadidos externos, el ejército de guerra sucia del PP ha tenido estos meses una tarea enorme. Reunir un arsenal de bombas de racimo –de estallido mediático inmediato– por si alguien, principalmente de la oposición, se atrevía a no aplaudir el retablo de las maravillas en que algunos convirtieron la llegada al poder local del PP.

Gobernar es tarea ardua y, como la confianza ciudadana había sido alta, parecía que esta estrategia podría mantenerse hasta bien cumplida la primera anualidad del mandato. Las voces independientes y críticas –escasas– eran gotas en un océano de adulación, entusiasmo, mucho interés y cierta ceguera. Se podían hasta convertir en gestas las cosas menores: la reivindicación de la Navidad –inventada desde que la Iglesia así lo decidió– o asuntos delicados, como las tragedias personales (caso Marta), que si algo merecen por parte de todos no es compasión, sino respeto. Un hondo y profundo respeto.

Y, sin embargo, algo empezó a virar el rumbo del barco municipal, impulsado con fuerza por el viento de Poniente. Quizás la cosa mutó cuando, en un exceso de entusiasmo, el gobierno del PP decidió –en plena crisis económica– organizar en Sevilla aquella final de la Copa Davis que costearon las arcas municipales. El político sencillo y austero, sorprendentemente, iba por el mismo sendero de sus antecesores: los grandes eventos, espejismo en el que en su día nadaron Manuel del Valle (PSOE), Alejandro Rojas Marcos (PA) y Monteseirín. Tan sólo Soledad Becerril, casualmente de su mismo partido, se salvó de esta pandemia.



A partir de la Davis, todo ha ido a peor. No tanto porque el barco municipal esté naufragando –cosa imposible dado el escaso tiempo de gobierno, la solidez de la mayoría en el Pleno, la marea azul que vive el PP en España y muchos otros factores–, sino porque la imagen excesivamente idílica construida durante la campaña ha ido, poco a poco, resquebrajándose. Es el gran riesgo, en política, de los episodios de amplificación hasta la desmesura. Cuando se quiebran, se parten mucho más rápido que los retratos de corte más realista. Ciertos.

Curiosamente, el ocaso del mensaje evangelista del PP de Sevilla está coincidiendo con las vísperas de los comicios autonómicos, a los que Zoido concurre –de nuevo– como candidato a diputado regional. Quizás por esta circunstancia, la máquinaria municipal decidió hace unas dos semanas que convenía resaltar ante los ciudadanos la imagen del alcalde como la de un político capaz de impulsar los proyectos relacionados con el empleo. Ya no valían las soflamas contra los de antes. Cumplidos los ocho meses, los de antes ya eran los de ahora.

El plan consistió en escoger una serie de hitos que sustentasen la tesis electoral: Zoido impulsa proyectos para que exista trabajo en Sevilla. En un momento crítico –la reforma laboral del PP favorece el despido– parecía ser una buena táctica, si no fuera porque, ante la ausencia de una cosecha propia –la gestión de estos ocho meses es magra– tuvieron que recurrir a la herencia previa, tan criticada, y ocultando además su procedencia. Se sucedieron así las estampas: la remodelación del Mercado del Barranco, el impulso a la Ciudad de la Imagen (Higuerón Sur) y, por último, el “desbloqueo definitivo” de Ikea. Todo en sólo tres días. En un escenario egregio (la sala capitular) y con un mismo mensaje: Sevilla funciona gracias a Zoido.

La cosa, sin embargo, no salió como estaba previsto. Primero porque la gente normal, pero sobre todo la oposición, todavía tiene algo de memoria. Y segundo porque las medias verdades tienen las patas cortas. Era demasiado grueso hacer pasar lo que no eran sino meros trámites administrativos por hechos trascendentes. Incluso el colofón de Ikea saltó por los aires apenas unos días después cuando la propia multinacional sueca enfrió el optimismo municipal.

No hubiera sido demasiado trágico si la semana no hubiera terminado con el fin de la inocencia: los socialistas, quién se lo iba a decir a algunos, desvelaron que el PP tenía, al igual que ellos en su época, una red para contratar a familiares de hasta tres concejales y cargos provinciales del partido en los distritos. La primera reacción fue combativa: el edil responsable del asunto, Beltrán Pérez, dio una surrealista rueda de prensa en la que, como no podía negar la mayor (era verdad), amenazó a la oposición con rebuscar en su idílico pasado. Cosa singular: el pecado, parecía pensar el concejal, no era hacer ciertas cosas, sino que te cojan, como si determinados precedentes invalidasen el presente.

Al final, siendo un tema menor, terminó en causa mayor cuando Zoido forzó –gesto que es digno de reconocimiento– la salida de cinco de los familiares contratados por sus vínculos con el PP. Quizás la medida sea insuficiente. Cosmética. Pero demuestra varias cosas. Una: el periodo general de gracia ha terminado. Dos: la oposición, a pesar de los habituales espadanoicos, está funcionando. Y tres: los discursos excesivos siempre encierran en su interior la semilla misma de su contradicción. Es así.