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Milagro en escabeche

Carlos Mármol | 28 de junio de 2012 a las 6:06

Los excesos de optimismo, al igual que los entusiasmos superlativos, con frecuencia degeneran en la temeridad. Ora pro nobis. Para juzgar lo que pasó ayer en San Petersburgo, ciudad de múltiples puentes levadizos, cementerio de zares, hay que reparar en las reacciones de los líderes políticos tras conocer la noticia. En especial es importante analizar todo lo que se refiere al tono. En primer lugar, la prosodia heroica. Zoido (PP): “La ciudad sale fortalecida de la Unesco. Además, vamos a hacer un congreso mundial para poner en común los avances teóricos y doctrinales en relación con el paisaje urbano y los bienes patrimoniales”.

Después, el enfoque optimista. Espadas (PSOE): “Siempre dijimos que no existía ningún riesgo. Voy a ir a recoger a Zoido al aeropuerto. Hay que hacer una campaña de promoción turística para resarcir la imagen de Sevilla”. Por último, la siempre fecunda variante neoestoica del edil Torrijos (IU):“Habríamos ahorrado meses de preocupación innecesaria si el alcalde, con su actitud, no hubiese alentado una polémica que luego ha tratado de apaciguar”. Salvo este último, que puede permitirse el lujo de decir lo que piensa sin temor al efecto que implica la verdad, en los parlamentos de los munícipes late una evidente inconsciencia, una manifiesta voluntad de cargar la suerte. Denotan su carácter y, por tanto, su probable destino.

La Unesco nos ha perdonado la vida in extremis –algunos somos ya algo mayores para creer en los cuentos– y encima sacamos pecho. Humildad, sí señor. ¿No sería mejor dejar las cosas como están? ¿Conviene abusar de la buena estrella? Sobre todo después de ciertas conversiones repentinas. Hacer un congreso doctrinal no se antoja prudente: los de la Unesco pueden cambiar el veredicto después de ver la torre con sus ojos. No es educado tampoco mentar la soga en casa del ahorcado. Recoger a Zoido en el aeropuerto tampoco se entiende. Salvo que Espadas ande falto de cariño, el regidor ya trae su séquito almonteño. La campaña turística, menos: ¿Si no existía riesgo hay que volver a reincidir con los Reyes de Gregorio (Serrano)?

Nos quieren vender la carambola como victoria. Nada nuevo.

Ya lo escribió Góngora en una coplilla satírica.

“Que anochezca cano el viejo,/Y que amanezca bermejo,/Bien puede ser;/Mas que a creer nos estreche/Que es milagro y no escabeche/No puede ser”.

El argumentario imposible

Carlos Mármol | 6 de junio de 2012 a las 6:05

El equipo de Zoido ha logrado la cuadratura del círculo: convertir en un referéndum sobre su propia gestión la polémica generada por la construcción de la Torre Cajasol, que le fue impuesta y que no ha sabido manejar.

La escena es anecdótica. Pero revela cómo han sido las cosas. Un insigne miembro del equipo de gobierno de Juan Ignacio Zoido –muy dado a la campechanía– es preguntado por otro sobre su posición política en relación a la última resolución sobre la Torre Cajasol.

–“¿Que cuál es mi criterio? Pero cómo voy a tenerlo, si la dichosa resolución está escrita en inglés”.

El interlocutor se queda perplejo ante la respuesta, a la que sigue, como era de esperar, una sonrisa de complicidad. No hay mejor metáfora para resumir la situación: el gobierno municipal, a pesar de su robusta mayoría, parece no haber entendido ni de lejos, ni de cerca, ni antes, ni ahora, el evidente riesgo político que tenía entrar en la controversia generada al calor del rascacielos del Sur de la Cartuja.

Prueba de ello es la contradicción en la que ha quedado atrapado el alcalde. Animado por su círculo más próximo, insinuó en varias ocasiones que sería capaz de parar este proyecto para que Sevilla no perdiera su condición de Patrimonio de la Humanidad; extremo que incluso mereció letras de imprenta, es de suponer que con su beneplácito.

Esta semana ha consumado un extraño giro copernicano: después de que la Unesco haya elaborado una resolución previa para declarar como bienes en peligro a la Catedral, el Archivo de Indias y el Alcázar, el regidor ha proclamado que “personalmente” defenderá el edificio de César Pelli ante este organismo internacional. ¿Cómo es posible?

Las razones son múltiples. Casi ninguna de ellas deja en buen lugar al político que ocupa la Alcaldía con el mayor respaldo popular de toda la democracia. Lo más curioso es que en el aprieto se ha metido solo, porque, como ahora insisten en recordar desde la Plaza Nueva, Zoido ni impulsó este proyecto ni le gusta. Lo cual hace mucho más singular, que no exitosa, su estrategia política en relación a este asunto.

Para entender el trasfondo de la historia primero habría que cuestionar algunos lugares comunes. Ya saben: esas frases que se repiten –generalmente porque las ha dicho otro– sin reparar en si son ciertas. La esencial: “El PP nunca amparó a la Torre Pelli, que es un proyecto del anterior alcalde, que embarcó en la operación a la antigua caja sevillana, hoy integrada en Banca Cívica y, en septiembre, en Caixabank”.

La insistencia exculpatoria de Plaza Nueva es intensa pero no sólida. Es verdad que fue la obsesión de Monteseirín de pasar a la historia –otra cuestión es con qué repercusión lo ha hecho– el origen de la Torre Pelli; igual que fue la causa del Parasol de la Encarnación.

El proyecto se aprobó con la mayoría del anterior equipo municipal –PSOE e IU– y con un aval tácito, que no expreso, de la Junta, aunque la responsabilidad jurídica –la concesión de la licencia, que es lo relevante– sea competencia única del Ayuntamiento. Una de las vías de escape que ahora usa la Alcaldía para tratar de justificar su insólito cambio de postura intenta focalizar la atención en el hecho de que “el proyecto es del PSOE”. “De Chaves, Monteseirín y Pulido”, al que Zoido califica como “un militante socialista”.

Todo esto es cierto. Hay, sin embargo, otros factores que se obvian. Por ejemplo: el marco urbanístico a partir del cual se otorgó la polémica licencia de construcción –un Plan Especial– fue aprobado con el voto favorable del PP. Lo que implica que la construcción de la torre no fue, al menos a efectos políticos, una decisión exclusiva de PSOE e IU, sino también del PP, en cuyo grupo municipal estaban entonces muchos ediles del gobierno actual.

No pueden alegar ignorancia: el documento urbanístico que votaron incluía para la Cartuja Sur una “propuesta arquitectónica de 50 plantas”. Ni siquiera su respaldo fue flor de un día: el convenio urbanístico previo al Plan Especial, sobre el que éste se sustenta, fue ratificado en el Pleno por unanimidad. El PP votó a favor.

Estos datos aclaran un poco el panorama y matizan la tesis oficial. El proyecto era del anterior gobierno, cierto, pero el PP no se opuso nunca a su realización en las sucesivas ocasiones disponibles. Siempre votó a favor. Su primer cambio de postura se produce después de que los ciudadanos contrarios al proyecto, que forman una plataforma heterogénea donde conviven desde profesionales de reconocido prestigio a grupos conservacionistas, pusieran en práctica una doble táctica: acudir a la vía judicial y censurar su impacto en el ámbito patrimonial.

Este colectivo, que empezó a funcionar cuando el Plan Especial ya había sido aprobado –algo tarde para sus propios intereses–, no ha logrado hasta ahora respaldo judicial para paralizar las obras, pero, en cambio, sí ha conseguido que su visión sea asumida, en primer término al menos, por la Unesco. Una victoria que ha cogido a contrapié a todos. Promotores, políticos y a los propios críticos con la torre.

Zoido, tanto durante la campaña electoral como en los primeros meses de su mandato, siempre se alineó con las tesis de este colectivo. Hizo suya la idea de que, si corría peligro el status patrimonial de Sevilla, había que parar las obras. Pueden ver una muestra –por si alguien todavía lo pone en cuestión– en internet.

En enero, cuando la Unesco comenzó a alertar de que la torre afectaba al paisaje histórico de Sevilla, el alcalde llegó incluso a amagar con paralizar el proyecto unilateralmente si Cajasol no aceptaba renegociarlo. Fue un proclama transitoria: la entidad financiera reiteró que no tenía intención de suspender las obras y dijo que pediría indemnizaciones millonarias. Zoido calló. Esto es: otorgó. No movió pieza. Empezó a meterse en el jardín. Todavía no ha salido.

Intentó ganar tiempo quitando importancia a las alertas de la Unesco. Esta semana la cuestión dejó de ser opinable: la propuesta de resolución que se vota a finales de mes en San Petersburgo recomienda, de entrada, retirar a Sevilla su sello patrimonial. Para asombro general, Zoido ha empezado ahora a sostener lo contrario de lo que siempre dijo, negando además estar incurriendo en ninguna contradicción. Probablemente sea para no darle al portavoz socialista en el Ayuntamiento, Juan Espadas, el gusto de terminar haciendo precisamente lo que él le había propuesto a inicios de este año. Sin éxito.

Parece claro, de cualquier forma, que Zoido no sopesó bien la cuestión cuando se alineó en contra del rascacielos, acaso por dar más importancia a los titulares de prensa que al árido mundo del derecho urbanístico. Era la clave: según la ley, una licencia es un acto reglado –no graciable– y debe concederse siempre si se ajusta a derecho. Es el caso de la Torre Pelli. Revocar su permiso de construcción sin una razón urbanística –no valen las políticas ni las estéticas– implica incurrir en un acto administrativo nulo e, incluso, potencialmente delictivo.

Las licencias están amparadas por el principio de irrevocabilidad. Es el mismo talón de Aquiles de todos los grandes asuntos de su primer año de gobierno: Ikea, Alameda, Gavidia. Contar con una mayoría de veinte ediles no exime de tener que cumplir la ley y, en su caso, contar con razones defendibles ante terceros, incluso en sede judicial. Hace falta tener argumentos. Y el argumentario oficial de la Alcaldía, ahora se ve, es sencillamente imposible.

El alcalde niega que haya cambiado de posición. Quizás sea cierto: nunca la ha tenido. La Torre Pelli, más que un atentado a la Sevilla histórica o un proyecto con beneficios económicos, para el PP ha sido simplemente un argumento electoral. Un recurso para erosionar al anterior gobierno y a la Junta sin importar las consecuencias, que ahora son nefastas.

Si se consuma la propuesta de la Unesco, Sevilla sufrirá un revés en su marca exterior, una de las obsesiones del regidor. No es el único daño: la credibilidad del alcalde también va a bajar muchos enteros, si no lo ha hecho ya. Es el peligro de gobernar a base de golpes de efecto: las cañas se tornan lanzas. Algún capitular de la Plaza Nueva debería aprender inglés. Y otros, algo de urbanismo. Es duro, pero tiene sus satisfacciones.

Hombre mirando a sudoeste

Carlos Mármol | 29 de enero de 2012 a las 6:05

Zoido ha dado marcha atrás tras su anuncio de paralizar por decreto la construcción de la Torre Pelli. El alcalde tomó esta decisión sin reparar en que su margen de movimientos es extraordinariamente escaso. Casi se diría nulo.

Probablemente en la Alcaldía, entre los gruesos muros medievales, con vistas a la Giralda, alguien pensó que a él, el alcalde los veinte concejales, nadie iba a ser capaz de decirle que no. No iban a dejar un ruego suyo sin atender. Pero cuando hablamos de dinero –y de eso, sustancialmente, se trata– la diplomacia suele tropezar con la fuerza de las evidencias. Algunos lo denominan pragmatismo. Otros sencillamente cosas del poder. Como se prefiera. El caso es que la promotora de la Torre Pelli, la entidad financiera Cajasol, vino a decirle a Zoido exactamente eso: no.

La respuesta, conociendo el paño hispalense, era bastante previsible. Esperar otra cosa distinta hubiera sido una sorpresa. Sin embargo, a algunos los cogió con el paso cambiado: confiaban en la coherencia del político que ocupa, gracias a su rotundo apoyo en las urnas, la Alcaldía. Aunque frente a determinadas circunstancias, ya se sabe: las cosas empiezan a mutar, las opiniones comienzan a matizarse y al final termina uno mirando, como se decía en la película que Subiela hizo sobre la poesía de Vicente Huidobro, al sud(o)este. Justo donde se levanta el esqueleto del futuro rascacielos, discutido por unos, alabado por otros, de la impar Sevilla.

El problema de fondo no es tanto que Cajasol haya dicho nones, sino que lo hace después de que el alcalde hubiera lanzado un mensaje unívoco: las obras de la Torre Pelli deben detenerse sí o sí. Por las buenas (la vía diplomática) o por las malas (la vía ejecutiva). De momento ninguna de las dos ha dado el más mínimo resultado: el rascacielos seguirá ascendiendo hasta que alguien tome una decisión (y asuma sus consecuencias) o hasta que la Unesco aclare si va a hacerle caso a sus propios asesores o, en cambio, optará por ignorarlos. La incógnita de Samarcanda, cuya expedición reclaman los principales interesados en defender hasta el final el proyecto. Por motivos evidentes.

Zoido parece que ha dado marcha atrás. En horas veinticuatro. Sin transición. De momento el alcalde ha anunciado que, más que la negativa a su petición, le preocupa “resolver el problema”. Habría que preguntarse cuál es el problema, si la torre (para algunos consiste justo en esto) o el bosque en el que se ha metido el regidor por su costumbre de seguir a ciegas el consejo de sus asesores, obsesionados en alimentar la máquina de los golpes de efecto sin reparar en que, a veces, las cosas no basta con simularlas, sino que llega el día de hacerlas. Exactamente en eso consiste gobernar una ciudad. En tomar decisiones, no sólo en hacer proclamas.

Lo extraordinario es que el regidor hispalense se lanzara a la piscina sin saber si había agua. El Guadalquivir queda cerca de la torre, pero parece que hubiera sido mucho más prudente elevar las pertinentes consultas, informarse, barajar, sopesar y, sólo después, tomar una resolución firme.

En los lances urbanísticos, que son dagas mortales cuando se carece de la debida mesura, el actual gobierno municipal lleva un rosario glorioso de arrepentimientos. Nada grave. Cosas del periodo en prácticas (siete meses lleva el PP gobernando el Consistorio), pero que, indirectamente, empeoran la imagen de un político cuando, además de fallidas, en lugar de admitirse honestamente, se reiteran. Sucedió con la famosa recalificación de Ikea, que iba a arreglarse en un santiamén. Todavía estamos esperando no ya una solución, sino una postura clara. Ocurrió a continuación con la venta de la comisaría de la Gavidia –que no hay técnico en Urbanismo que quiera informarla, por motivos obvios– y ha vuelto a repetirse ahora con la torre del Sur de la Cartuja, que no puede pararse (por mucho que se quiera) sencillamente porque la ley –de momento– lo impide.

Es curioso: el desarrollo urbanístico del Sur del antiguo recinto de la Exposición Universal lleva casi 15 años en discusión porque sus antiguos promotores pretendían sacar adelante un proyecto lucrativo privado con independencia del marco urbanístico común. Ahora, en cambio, es la red jurídica que arropa al urbanismo la que protege al edificio de Pelli. Un giro copernicano que ha demorado más de una década y que termina convirtiendo a los defensores de sus propios intereses en vehementes reivindicadores de la ley.

El fondo de la cuestión es nítido. El margen real de movimientos del Ayuntamiento –que es el legal– es bastante escaso. Casi nulo. Por eso causa cierta incredulidad ver al gobierno local anunciando una decisión –en este caso parar las obras de la Torre Cajasol– que sencillamente no puede defender en base a la legislación vigente. Hasta que el TSJA no resuelva el recurso presentado por las entidades ciudadanas opuestas al proyecto –que discuten que la licencia se diera correctamente– o la Unesco no defina su posición definitiva de forma expresa estamos en un punto muerto. Justo lo que necesita el rascacielos para convertirse en un hecho consumado.

El derecho urbanístico, disciplina árida pero vital para entender la política municipal, sólo permitiría revocar la licencia –cualquier licencia– por una razón urbanística objetiva. El problema es que, hasta ahora, ésta no aparece por parte alguna. Salvo que los promotores de la Torre Pelli hubieran cometido una infracción urbanística, cualquier orden de paralización sería nula de pleno derecho e, incluso, delictiva. Palabras mayores. ¿Por qué? Porque en nuestro corpus legal una licencia urbanística está condicionada por el principio de irrevocabilidad. Esto es: la administración, una vez dada, no puede ir contra ella salvo por los cauces establecidos. Con razones indiscutibles. Y en este caso no se vislumbra ninguna, salvo que el Consejo Consultivo, que tendría que informar una orden de paralización, diga lo contrario.

Zoido puede –si quiere– ordenar la paralización de los trabajos, aunque esto sería como comprar un billete directo a los juzgados. A más de un asesor puede partírsele el corazón viendo al regidor ante la puerta de la Audiencia como reo, en lugar de como denunciante. Parece pues que el Ayuntamiento, hasta ahora, parece no tiene clara la cuestión de fondo. El alcalde ha cambiado de discurso en dos ocasiones, no quiere que se hable de la cuestión en el Pleno –lo pidió el PSOE esta semana– y, tras la negativa de los promotores, recurre a las normas del viejo libro de protocolos: nombrar una comisión de trabajo e intentar que otras administraciones –Junta y Estado– se animen a apoyarlo, aunque todavía no se sabe muy bien para qué. La cuestión de momento es ganar algo de tiempo y apelar al “interés general”, que, como todo el mundo sabe, es un concepto indeterminado, mientras que la licencia es algo determinado. Concreto. O está bien o está mal.

Cabe la posibilidad de que el alcalde revise de oficio del permiso de construcción, pero este trámite, si concluye con que la licencia es acorde a derecho, sólo reforzaría la posición de Cajasol. Modificar el PGOU, cosa a la que tan dado es el PP, tampoco arreglaría nada: con independencia de que es un proceso largo e incierto, no invalidaría la torre, cuya construcción se sustenta en el Plan Especial vigente. El regidor puede argumentar en base al reglamento de servicios de las corporaciones locales, una normativa de 1955, todavía en vigor, cuyo artículo 16 permite dejar sin efecto las licencias “si se incumplieren las condiciones a que estuvieren subordinadas”. Es decir: si cambiaran las circunstancias.

¿Han cambiado? De forma objetiva, no. Y, en todo caso, esta vía no eximiría de indemnizar a los promotores por el perjuicio causado. La disyuntiva por tanto no consiste ya en detener o no las obras, sino en cuánto cuesta hacerlo. La factura, se adivina, será enorme. Millonaria. ¿Están dispuestos a pagar los ciudadanos por que no se haga nada en el Sur de la Cartuja? Conviene pensárselo. La decisión que se tome, si es errada, puede destrozar la carrera política de cualquiera. Incluido Zoido.

La obra, antes que la torre

Carlos Mármol | 21 de enero de 2012 a las 6:05

Existen dos posibilidades. O todo es un ceremonial con el fin de mostrar una posición de fuerza para una negociación posterior (fenicia, obviamente) o el futuro de la Torre Pelli puede terminar dirimiéndose ante los tribunales de justicia, donde últimamente –al menos en Sevilla– las cuestiones urbanísticas, con sus derivaciones no siempre edificantes, copan las salas de lo contencioso.

La entidad que promueve el rascacielos del Sur de la Cartuja [Cajasol] insinuó ayer, después de 24 largas horas de silencio, que no va a atender la petición municipal de negociar una rebaja de las dimensiones de su edificio. Lo que significa negar por la vía de los hechos una mayor –la evidente afección de la torre sobre la Sevilla histórica– que cada vez es más evidente. La entidad financiera defiende sus intereses. Zoido sugirió ayer por boca de su edil de Urbanismo que está dispuesto a defender los de Sevilla. El duelo, si llega, será en el Prado. Edificio de los juzgados. Y el heroísmo de ambas partes nos va a salir bastante caro.

Cajasol mantiene una calculada ambigüedad: sin negarse a colaborar invierte el objeto de la alianza institucional al plantear una réplica de la famosa embajada medieval a Tamorlán para reiterar ante la Unesco las bondades de la torre. El método es llamativo: restar valor a la opinión de sus expertos. En realidad, una forma hábil de ganar tiempo –al menos hasta junio– mientras la obra continúa, que es de lo que se trata. Y que, probablemente, al final va a terminar siendo hasta casi más importante que el proyecto de Pelli.

Con independencia del resultado del pulso, y si nadie reconduce la situación, lo que se atisba en el horizonte, junto al rascacielos, es que la ciudad va a salir perdiendo de todas formas ante la incapacidad de ambas partes para acordar una salida. El Consistorio no tiene fácil dar con un argumento sólido para tumbar la torre: la licencia es legal y su idea de que la Junta y el Estado compartan la indemnización no se sostiene. Lo que sí tiene son unas elecciones (autonómicas) en puertas y a un alcalde que repite como candidato y que, quizás, quiera volver a jugar a salvar a la Sevilla Eterna. Esperaremos las noticias de Samarcanda.

No es la torre, sino el sitio

Carlos Mármol | 20 de enero de 2012 a las 6:05

La Unesco no quiere la Torre Pelli. Esta vez no han sido necesarios intérpretes ni exégetas. Los expertos que vinieron a Sevilla en el mes de noviembre, gente extremadamente educada pero también bastante discreta y silenciosa (cosa que para algunos siempre resulta inquietante), lo han puesto por escrito (en inglés) y lo han remitido oficialmente a la embajada correspondiente. La misiva ha llegado a Plaza Nueva y alguno, lleno de inconsciencia, ha dado un salto de alegría: ya hay un argumento para paralizar la torre de Pelli que se alza al Sur de la Cartuja. Otro sueño de Monteseirín en la picota.

Claro que la cosa dista de estar arreglada. La cuestión ahora es cómo hacerlo, si es que finalmente Zoido (a quien le corresponde tomar la iniciativa) opta por detener el rascacielos de la polémica, rival de la Giralda. No tiene más que un camino: hablar con Cajasol para encontrar un punto intermedio que consistiría en reducir notablemente la volumetría del edificio (casi a la mitad, al menos) con el fin de evitar el “sustancial e indubitado impacto” que tiene sobre el paisaje de la Sevilla histórica. De esta forma se salvaría la inversión y no se privaría al Sur de la Cartuja de un foco de actividad.

Por las bravas es imposible: la licencia urbanística está en perfecto orden y revocarla sería un acto de arbitrariedad política. Además daría lugar a indemnizaciones inasumibles, aunque fueran muy inferiores a las que alguno ya había calculado antes de poner ni siquiera un ladrillo. Seguir adelante con las obras dados los duros términos del dictamen de la Unesco sería una temeridad similar a la que cometió el rector con la Biblioteca del Prado de Zaha Hadid.

Y es que la realidad tarda, pero al final se impone. La topografía suele ser tozuda. No cambia: el problema de la Torre Pelli no es sólo la superlativa escala del edificio (su diseño era el mejor de todos los posibles; sus dimensiones son discutibles), sino el enclave elegido para su construcción, cosa que sólo se explica por un factor fenicio: la venta que hizo Agesa de estos suelos públicos a los antiguos promotores de Puerto Triana. Lo mismo pasó con el campanile de Ricardo Bofill. No era la torre, sino el sitio.