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Los Gordales resucitan

Carlos Mármol | 9 de junio de 2012 a las 6:15

El Supremo respalda el PGOU y deja al gobierno local sin su principal argumento para trasladar el distrito judicial al Prado.

La frase es de las que merecerían quedar fijas en la historia. Sin duda, esculpida en mármol, así que intentaremos hacer todo lo posible. Reza así:“No estamos en condiciones de afirmar absolutamente nada”. La pronunció ayer en una rueda de prensa Curro Pérez, el portavoz del gobierno de Juan Ignacio Zoido.

Para haber sido dicha por un vocero oficial –como llaman en Argentina a los encargados de transmitir a los ciudadanos lo que piensan los gobernantes públicos– convendrán conmigo en que es realmente notable. Talentosa. El portavoz habla pero admite que no dirá nada. Mejor dicho: asume que sólo contará lo que pueda decir. Aquello que le dejan. Da igual

No es raro. La sentencia del Supremo que ayer dio la razón a la Junta de Andalucía, que es la que aprobó definitivamente el PGOU, pone fin a la incertidumbre que durante el último lustro ha mantenido en el aire la ordenación urbana de uno de los enclaves más estratégicos de Sevilla: los terrenos de Los Gordales, herencia de un antiguo brazo del Guadalquivir que fue soterrado el pasado siglo y que, a partir de los años setenta, terminó convertido en el Real de la Feria. Hasta ahora.

En este sentido, la resolución judicial es una noticia excelente. Magnífica. La ciudad ya sabe con certeza que goza de autonomía para que Los Gordales acojan los proyectos previstos: un campus universitario, zonas verdes, una banda de usos terciarios (comercial y oficinas) y la futura Ciudad de la Justicia. Lo que estaba en discusión, además de dinero –el Gobierno central reclamaba mayor tajada por ceder los suelos–, era la propia capacidad jurídica del Consistorio para ordenar su territorio. Algo que se ha puesto en duda interesadamente en algunos otros litigios anteriores –Tablada, sin ir más lejos– y que, últimamente, al calor de la obra interruptus de la biblioteca del Prado, parecía ser cuestionado hasta por el actual gobierno local. Cosa llamativa.

Tanto el famoso fallo del TSJA avalando la calificación urbanística de Tablada –cosa distinta es el proceso de expropiación– como el que ayer dio a conocer el Supremo respaldan las directrices del Plan General de Sevilla, cuyos principales críticos –ahora– son justamente los políticos a los que corresponde aplicarlo. Primero, porque es su obligación. Y segundo porque no cuentan con mejor alternativa para tratar de resucitar la maltrecha economía de la capital hispalense.

Sevilla, pues, gana. Que lo haga también el gobierno municipal de Zoido ya es cosa bastante más dudosa. Discutible. Relativa. Quizás por eso ayer su voz oficial prefirió ser cauto. No es mala actitud: los excesos, en el urbanismo al menos, no le han salido bien al PP en el año largo que lleva en la Alcaldía. Pérez se limitó a repetir el guión de los tiempos de la oposición, cuando el PP recordaba que el litigio contra el Plan General lo puso un Gobierno central presidido por Zapatero. Un presidente socialista. Anatema.

Claro que esto, a estas alturas, con las siguientes elecciones a tres años vista, tiene una trascendencia igual a cero. Mínima. Ridícula. Lo importante, más que su promotor, era la resolución final de la demanda. Y aquí nadie puede hablar demasiado alto: Zoido, aunque lo ha intentado, tampoco ha podido conseguir que la actual administración estatal –ahora dirigida por el PP– retirase el recurso de casación presentado al no aceptar la derrota judicial previa que se produjo en el fuero autonómico. Hubiera sido una gran victoria para el alcalde. Lástima.

Este fallo del Supremo no ayuda demasiado al gobierno municipal. Incluso a pesar de la versión oficial. Es cierto que no lo pone en un aprieto, pero sí invalida uno de los argumentos que esgrimía el alcalde para proponer que la Ciudad de la Justicia se construyera sobre los juzgados del Prado de San Sebastián en lugar de en Los Remedios. Si el futuro de Los Gordales era una incógnita, la opción del Prado aparecía como una cuestión, al menos, a discutir. Ahora ya no está tan claro.

Si al final se impusiera no será porque el alcalde haya convencido a la Junta, sino porque ésta –sin dinero ni demasiado entusiasmo– opta por entregar la decisión al regidor, que a su vez la delegará en una empresa constructora, porque todo el proyecto del distrito judicial del PP deviene, igual que pasa en la Alameda, de un interés comercial: construir un aparcamiento. En este caso, además, ayuda también la obsesión gremial del mundo jurídico sevillano de “no salir del centro”. Como si Los Gordales estuvieran en la luna. El habitual dogma centrípeto. Tan sevillano.

Urbanísticamente hablando, la idea del Prado es un dislate: el espacio elegido es pequeño para las necesidades de los órganos judiciales e incluye parcelas –la del antiguo equipo quirúrgico– con usos ya decididos, sin contar con el colapso que provocaría en uno de los ejes viarios más saturados de Sevilla el castillo de la judicatura. Los Gordales es la opción más lógica. En primer lugar, porque cuenta con toda la seguridad jurídica –idea que repite mucho el alcalde– del PGOU. Segundo: tiene accesos viarios de mayor capacidad. Y tercero: construye ciudad. En el Prado, en cambio, la satura. El único problema –ahora– es que hay que sacar la Feria de Los Remedios. Una operación que, aunque tiene un coste económico importante, no supone levantar una catedral. Puede y debe hacerse.

¿Dónde? Al Charco de la Pava, olvidándose de la desmesurada ampliación diseñada por Monteseirín –en caso contrario, las casetas deberían tener varias plantas–, o buscando alternativas en terrenos no urbanizables, acaso inundables –se usarán sólo una vez al año– y donde el interés público justifique una hipotética expropiación, siquiera parcial. Tablada se vislumbra como una opción. ¿Será por eso por lo que el portavoz del gobierno municipal no habla?

Topografía de la (in)justicia

Carlos Mármol | 15 de enero de 2012 a las 6:10

La singular posición del gobierno municipal sobre la ubicación de la futura Ciudad de la Justicia alimenta la sensación de que en Sevilla cumplir la normativa carece de importancia frente al poder de la influencia.

Los clásicos, tan sabios, lo recomiendan: lo mejor para una república es tener pocas leyes y que se cumplan. En Sevilla, casi siempre república superlativa de sí misma, hemos elegido justo el camino opuesto: contamos con un corpus jurídico generoso –escrito y procedente de la costumbre; lo que algunos denominan tradición– y sin embargo, como otros tantos territorios meridionales, a la hora de la verdad para muchos cuenta más la capacidad de influencia (familiar, personal y social) que cualquier principio aprobado en una cámara representativa y fijado por escrito.

En esta ciudad, donde algunos todavía creen que tiene más importancia el lugar de dónde vienes que dónde pretendes ir, cosa que explica nuestra habitual endogamia –tan sucesiva– la experiencia dice que basta tener un buen contacto para esquivar cualquier obstáculo que dificulte tu camino, por asombroso que esto parezca. A fin de cuentas, ¿quién se va a preocupar de que la ley no se cumpla? ¿Cuatro locos? ¿Un periodista? ¿Acaso una asociación de vecinos? ¿Un juez? ¿La Fiscalía?

Una sociedad que da por perdida de antemano las batallas morales básicas no se respeta a sí misma. Aunque más grave es que sea directamente el poder institucional –cualquiera que parezca ser su signo político– quien viole las mismas normas cuyo estricto cumplimiento exige a diario a los propios ciudadanos. En cualquier país razonable semejante actitud sería objeto de una reprobación general; aquí, en cambio, todo queda en una pieza (menor) de teatro sin consecuencias. Y con aplausos.

Esta semana hemos visto dos ejemplos manifiestos. Por un lado, la Junta de Andalucía ha aprobado un decreto para legalizar las construcciones ilegales en Andalucía. Por otro, el gobierno municipal de la capital ha vuelto a entablar un extraño pulso artificial con la administración regional a cuenta de la ubicación de la futura Ciudad de la Justicia. Ambas cuestiones parecen de índole distinta. No lo son. En las dos se destroza el mismo principio esencial: la ley debería ser igual para todos. Se ve que para unos más que para otros. En el Siglo de Oro esto se resumía con una frase: “Por ser vos quien sois…”

En el caso de la amnistía autonómica para las construcciones ilegales, la cuestión requiere poco análisis: la Junta de Andalucía, dada la difícil coyuntura electoral del PSOE, ha decidido sencillamente saltarse las normas y hacer lo contrario de lo que durante años ha pregonado. Literalmente se ha dado carta de naturaleza jurídica desde el Gobierno andaluz a un delito: la ocupación ilegal del territorio, en la mayoría de los casos de forma consciente. Y con alevosía. Los atenuantes argumentados por la Consejería de Obras Públicas, que tan habituales son en estos casos en los que se trata de justificar lo injustificable, son meras distracciones de salón.

Dejémonos de matices, que no existen: gracias al singular decreto del consejo de gobierno, los delincuentes (urbanísticos) ya no tendrán que resarcir a la sociedad por sus tropelías. Ni irán a la cárcel. Podrán pues ir a votar, que es de lo que aquí, en el fondo, se trataba. Todo el discurso de la legalidad urbanística –aplicado por ejemplo al caso de la ciudad de Marbella– se viene abajo como un castillo de naipes ante este sorprendente relativismo moral –en este caso, electoral– que guía a los gobernantes regionales. Al PP incluso le ha parecido que la Junta se ha quedado corta. Asombroso. ¿Desde cuándo un fin político justifica semejantes medios? ¿Desde cuándo la necesidad de conseguir votos es motivo para bendecir el incumplimiento de la legislación?

En el caso de la Ciudad de la Justicia de Sevilla, la cuestión no tiene todavía tintes penales. Aunque la lógica subyacente es casi idéntica: ¿qué importa que exista una norma aprobada en un foro democrático cuando uno es capaz de hablar en confianza con un alcalde y lograr que acepte lo que uno desea? El regidor hispalense, Juan Ignacio Zoido, ha vuelto a enredarse en su enésimo conflicto político con la Junta de Andalucía en relación a la ubicación definitiva de este importante complejo judicial.

El consejero del ramo, titular del departamento de la Junta que lleva al menos once años hablando de este proyecto sin presupuestar ni un euro para su construcción, ha requerido a Zoido para que confirme la ubicación que prefiere para la dotación judicial. Y el alcalde ha respondido que no optará por ninguna hasta tener garantías de su construcción. Como se recordará, el actual regidor de Sevilla propuso durante la campaña electoral construir dicho complejo judicial en el Prado.

El motivo del conflicto parece ser pues la situación de la Ciudad de la Justicia. No es así. Todo es impostado. Porque, en realidad, no hay nada que decidir a este respecto. Si se piensa, como dan a entender (por motivos distintos) el Ayuntamiento y la Junta, que la ubicación de la Ciudad de la Justicia es discutible entonces es cuando caemos de nuevo en el relativismo frente a la ley.

Sevilla eligió en 2006 la ubicación de su Ciudad de la Justicia: los terrenos de Los Gordales, situados sobre este antiguo brazo fluvial. Nada ha cambiado, en términos jurídicos, desde entonces. Dicha ubicación está incluida en el Plan General de Ordenación Urbana (con rango de normativa de cumplimiento general) y, por tanto, obliga a todas las partes en litigio: gobierno local, administración regional y, por supuesto, al gremio judicial, que sigue enredando siempre que puede con su vieja aspiración –en buena parte de tinte personalista– para continuar en el Prado de San Sebastián, sin considerar siquiera si este enclave sigue siendo mejor o peor para la ciudad. Cada parte piensa sólo en sus intereses. De los de Sevilla no se ocupa nadie. O peor: todos confunden sus propios caprichos con los de la ciudad.

En mitad de este cabildeo político, alguien (no se se dice nunca quién, lo que contradice la tesis de Zoido de que gobierna con luz y taquígrafos) sugiere al Ayuntamiento trasladar el complejo judicial al Noreste. A los terrenos del Buen Aire, donde desde hace tiempo la iniciativa privada debería haber desarrollado uno de los nuevos barrios de Sevilla. ¿Casualidad? Más bien picaresca: si la Ciudad de la Justicia fuera a parar a estos terrenos, cuyos usos están regulados por el PGOU, alguien haría el negocio del siglo, al activar con dinero público una urbanización que lleva retraso e impulsar así un proyecto inmobiliario privado con inversión ajena, de todos. Una jugada excelente (para quien pone el balón en juego) si no fuera porque perjudica al resto de los dueños de suelo de Sevilla.

Lo llamativo no es que alguien pretenda pescar en este río tan revuelto. Esta costumbre es cosa antigua. Qui prodest, decían los romanos. Lo extraordinario es que dos instituciones como el Ayuntamiento y la Junta de Andalucía (aunque por motivos distintos) ignoren por completo la propia norma en vigor (el PGOU), que a ambas les condiciona, y que, paradójicamente, las dos aprobaron expresamente hace apenas cinco años. Y que lo hagan además dando pábulo a una discusión inexistente y que no tiene más vocación (interesada, obviamente) que satisfacer a uno de los habituales lobbies. Suficientemente hábil para que el alcalde le preste audiencia a pesar de que, como dijo Platón, los gobernantes, antes que a cualquier otra cosa, se deben a sus propias leyes, a las que están –o deberían estar, como todos– sometidos

Zoido cuenta con mayoría suficiente para iniciar una modificación del Plan General que suprima la ciudad judicial de Los Gordales. Que pueda culminarla ya es cosa distinta. Basta ver los episodios de Ikea y la comisaría de la Gavidia para comprobar que, en urbanismo, hablar y hacer son cosas diferentes. Igual que predicar y gobernar. Hasta que esto no ocurra no hay debate posible. La Ciudad de la Justicia no tiene otra ubicación más que la legal: Los Gordales. Las mayorías políticas ni anulan las minorías ni desdibujan las leyes. Que se sepa.

La desubicación

Carlos Mármol | 18 de mayo de 2008 a las 12:02

La desubicación

La Junta, que no dudó en saltarse el PGOU, el Pleno municipal y hasta el sentido común para utilizar antes de las elecciones la promesa de la Ciudad de la Justicia, vuelve a abrir el melón sobre dónde irá este equipamiento público

EL problema no es de sitio, sino de método. Acaso de la escasez de un mínimo de materia gris. Un activo cotizado pero bastante escaso en ciertos ámbitos políticos. El nuevo viraje que la Junta de Andalucía ha dado hace unos días a uno de sus proyectos estrella para dotar a Sevilla de un evidente y manifiesto símbolo de capitalidad –la construcción de la nueva Ciudad de la Justicia– representa, mejor que cualquier otro ejemplo traído al caso, la escasísima capacidad de la administración autonómica para cumplir sus propias promesas, planes y compromisos con los ciudadanos.

En una semana en la que, casualmente, la nueva consejera de Obras Públicas, María del Mar Moreno, ha debutado en público anunciándoles a los sevillanos otro nuevo retraso –y van dos– en las obras de construcción de la línea 1 del Metro, la nueva titular de la Consejería de Justicia, Evangelina Naranjo, cuyo pasado político deviene de su anterior experiencia municipal, continúa sorprendiendo a propios y extraños al admitir, aunque a regañadientes, que su departamento se está replanteando por completo el proyecto de campus judicial que su antecesora –María José López– decidió, casi se diría que por decreto, que estaría funcionando en 2010 en terrenos del puerto de Sevilla.

Que dicha promesa de renovar el equipamiento judicial de Sevilla es vieja no es ningún secreto. Casi podría decirse que echar la vista atrás causa rubor. Que en este tiempo se han propuesto diferentes opciones para coger el toro por los cuernos tampoco es una novedad. La diferencia real con respecto a otras coyunturas previas radica en otro factor: antes, la responsabilidad de estos experimentos era únicamente del asesor político de turno; ahora, en cambio, el retraso pone en apuros al mismo presidente de la Junta, Manuel Chaves, que no sólo avaló personalmente los plazos oficiales del proyecto judicial, sino que llegó incluso a sugerir que si hacía falta una línea específica de Metro para ir a la Ciudad de la Justicia este ramal ferroviario también se acometería. Idos los comicios autonómicos, el mantenimiento de la palabra dada parece dejar de importar.

Siendo esta situación muy poco edificante –al menos, a nivel estético–, tampoco mejora en demasía las circunstancias que la decisión de dejar en dique seco el Campus Tecnológico Judicial –tras estos nombres tan ostentosos generalmente se oculta el vacío de ideas de ciertos dirigentes políticos; un buen nombre no hace un proyecto mejor– se produzca después de que el Gobierno autonómico se saltara sin empacho alguno la normativa urbanística –el PGOU– que apenas unos meses antes él mismo había ratificado de forma definitiva. Y del que además hizo bandera. Era natural: es uno de los pocos planes generales adaptados a la ley de ordenación urbanística de Andalucía. Pero ni por esas tuvo la suerte de ser respetado. Lo que unas semanas antes era magnífico, dejó de tener, al menos en este punto, valor. Entraba pues dentro de lo lógico que el Pleno municipal aprobase entonces, siquiera para salvar en público los muebles, un acuerdo de protesta reiterando lo obvio: la ciudad había decidido, tras consultar a la propia Junta, que la mejor ubicación para el campus de la Justicia era el cordel de Los Gordales, donde todavía se instala la Feria de Abril.

Igual que en ese momento a la administración regional no le importó autoenmendarse y, de paso, pasar por alto la normativa urbanística de Sevilla, tampoco ahora hay complejo alguno en parar. Si entonces todo valía con tal de sacar adelante dicho proyecto-virtual, cualquier justificación resulta útil estos días para argumentar lo contrario. Depende de lo que se necesite en cada momento. Anteriormente, ante la sucesión de evidentes incoherencias, se dijo que el objetivo último era loable: desbloquear de una vez el campus para no tirar el dinero público en alquileres que nacían con vocación temporal pero terminaban siendo perpetuos.

Falta de sinceridad

En estos momentos no hay disculpa posible. La Junta no puede alegar una solución alternativa mejor que el puerto porque, si existe, ésta ya debió plantearse en su día. Tampoco puede argumentar con solidez la necesidad de hacer una nueva excepción a la normativa urbanística. Ya era una tremenda paradoja que la Ciudad de la Justicia fuera a hacerse en contra de la propia ley, que en este caso sería el PGOU. Parece pues claro que no se sabe qué hacer. Acaso porque nunca se supo más que entretener a los colectivos profesionales relacionados con la justicia que, en su mayoría, se oponían a la ubicación portuaria por sus intereses corporativos y su concepción, aún decimonónica, de la ciudad.

Pero lo realmente sorprendente es que la Junta, ni antes ni ahora, en ningún momento, ha tenido el coraje de ser sincera con los ciudadanos, que son los que padecen los problemas judiciales. Jamás en este tiempo ha admitido que no ha hecho otra cosa más que encadenar sus propios errores. La sinceridad, al menos, hubiera sido un detalle. Porque, al cabo, nunca hubo más que un proyecto improvisado que se armó a la carrera. Para las elecciones. Ahora no se sabe por dónde tirar. La consejera lleva días hablando con jueces, abogados y procuradores. Sólo ella sabe qué hará. Sería de agradecer que, sin que sirviera de precedente, se atreva por una vez a llamar las cosas por su nombre. Decida lo que decida.

Círculos concéntricos

Carlos Mármol | 6 de enero de 2008 a las 17:37

Circulos concentricosLas propias administraciones públicas y lamayor parte de la sociedad civil de Sevilla no creen en el modelo de ciudad policéntrica que postula el PGOU y que ellasmismas defienden (sin pasar de la retórica) en público.

No existe nada más nefasto, para la coherencia y la propia imagen, que predicar una cosa y hacer otra. Algunos, sobre todo quienes se dedican a la política desde un punto de vista intelectual (la minoría; la mayoría tienen otras motivaciones bastante más pedestres), piensan que este ejercicio de hipocresía social resulta necesario y utilísimo para triunfar en el oficio. Lo ven como una especie de pragmatismo inherente a la propia actividad pública. En ocasiones, sin embargo, cuando alguien se atreve a decir aquello de que el rey está desnudo, termina poniéndoles en serios aprietos. El poder, cualquiera que sea su naturaleza, pretende ser coherente y sólido aunque a diario incurra en determinadas excepciones a la norma que van dibujando el verdadero sendero por donde camina.

La reflexión viene a cuento de la polémica surgida en la ciudad (entre sus sectores jurídicos y políticos, especialmente) a cuenta del traslado a la dársena del Batán de los juzgados sevillanos. Un proyecto de la Junta que va contra el propio Plan General y que se ha sacado a la luz pública más por una necesidad particular (la carrera política de la consejera del ramo, que no se sabe si continuará en el cargo) que como resultado de una reflexión seria del Gobierno regional, que prometió una Ciudad de la Justicia para Sevilla hace mucho tiempo.

Un sainete judicial

El proyecto oficial, como se ha dicho, colisiona de plano con el Plan General, convertido por la propia administración autonómica en referente del nuevo modelo urbanístico que ahora, veinte años tarde, abraza el PSOE. El libro urbano de Sevilla contemplaba construir este equipamiento en los suelos de Los Gordales, entre el campo de la Feria y Los Remedios. Una zona donde la línea 1 de Metro llegará y que tiene las mínimas conexiones viarias metropolitanas. La Junta, sin embargo, decidió alterar tal ubicación por dos motivos. Primero, para tapar una inexplicable equivocación a la hora de solicitar al Ayuntamiento la edificabilidad necesaria para hacer el proyecto. Los límites del PGOU, ajustados a lo que en su momento pidió la Consejería, ya no casan con los nuevos deseos de este departamento autonómico. Alguien hizo mal las cuentas. La Ciudad de la Justicia ya no cabe en la parcela. La segunda razón, oculta hasta que este diario la desveló, es bastante más grave: el Estado, titular del suelo donde iba el proyecto, ha impugnado judicialmente el PGOU al no estar conforme con las directrices urbanísticas municipales. Ambos factores son los que explican este sainete judicial.

Pero lo más llamativo es el trasfondo de este conflicto, en el que han intervenido todos los sectores de la judicatura y la política municipal y regional. Y lo que denota: una resistencia numantina a abandonar la costumbre, tan sevillana de situar casi todos los grandes equipamientos públicos dentro o junto al casco de la ciudad antigua. Una tendencia histórica que quizás tuvo sentido en el pasado, cuando la urbe era diferente, pero que ahora no supone más que un problema añadido a los ya existentes, al ser el centro de Sevilla una de las zonas del área metropolitana más saturadas de actividad y con peores infraestructuras y accesos.

No es además el único caso. En los últimos tiempos se han producido otros episodios con la misma lógica subyacente: la negativa de determinados colectivos sociales a dejarla ubicación de la que han disfrutado en el tiempo. El traslado de la Facultad de Derecho a Nervión es otro ejemplo de libro. Hay una revuelta de docentes contra dicha mudanza, aprobada en su momento sin problemas. Otro caso: la ubicación en la calle Torneo de la sede del Centro de Estudios Andaluces, dependiente de la Junta. Este organismo reclamó al Consistorio una parcela céntrica para su edificio central. Dicho requerimiento implicó dejar sin un equipamiento –el solar en cuestión estaba ya calificado para hacer un centro de salud– a todo el casco histórico.

La única excepción

Tan sólo la Cámara de Comercio, reubicada en el edificio Galia Puerto, ha roto esta tendencia de querer permanecer y concentrarse en el centro de la ciudad, que puede ser legítima, pero que, en todo caso, no casa con el discurso de urbe policéntrica –con distintos centros de actividad– que defiende tanto el PGOU como las administraciones públicas (Junta, Estado y Ayuntamiento) y, en público, incluso muchos de estos colectivos civiles que cada día hacen todo lo posible con su conducta para desmentir sus propios discursos. Ya se sabe: hay tesis que se defienden con entusiasmo siempre y cuando no se las apliquen a uno. Las causas al respecto de tal situación pueden ser múltiples. Entre ellas parece sobresalir, casi asomarse, la pervivencia de la vieja costumbre barroca, tan hispalense, de seguir creyendo que las ciudades, sobre todo, un decorado de poder (humano, más que divino) que requiere necesariamente de buena ubicación, vistas y de eso que antiguamente se denominaba la presencia. Para esta mentalidad lo que no está en el centro sencillamente no existe. Es como si no hubiera vida inteligente, con escasas excepciones, más allá de la Sevilla intramuros. Curiosa forma ésta de hacer y construir una ciudad distinta: perpetuando los viejos vicios de la aldea. Es lo que hay.