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Bienvenidos a la Ínsula Barataria

Carlos Mármol | 22 de abril de 2012 a las 6:04

La nueva ordenanza municipal de veladores consuma la conversión de los espacios públicos de Sevilla en una especie de abrevadero al aire libre. El Ayuntamiento, ineficaz para hacer cumplir sus propias normas, abre la mano.

Ante la figura de Miguel de Cervantes, el manco de Lepanto, el hombre adusto de la pequeña estatua que en Sevilla tenemos algo abandonada en la calle Entrecárceles, ignorada entre el océano de figurines y adefesios que últimamente colocan las fuerzas vivas de la ciudad para hacerse notar a sí mismos, hasta los ateos deberíamos arrodillarnos. No por la estatua, obra de Sebastián Santos, sino por el personaje. Es difícil encontrar alguien más sublime. Una extraña anomalía: por esta tierra del Sur caminó alguna vez alguien con verdadero amor a la mesura, a la inteligencia y al sentido común. Rara avis.

Véase, si no, uno de los consejos que Don Quijote da a su fiel escudero Sancho Panza cuando se dispone a gobernar la ínsula Barataria, a la que Sevilla cada día se parece más.

“No hagas muchas pragmáticas; y si las hicieres, procura que sean buenas, y, sobre todo, que se guarden y cumplan; que las pragmáticas que no se guardan lo mismo es que si no lo fuesen; antes dan a entender que el príncipe que tuvo discreción y autoridad para hacerlas no tuvo valor para hacer que se guardasen; y las leyes que atemorizan y no se ejecutan vienen a ser como la viga, rey de las ranas, que al principio las espantó, y con el tiempo la menospreciaron y se subieron sobre ella”.

Viene la cuestión al caso por un asunto mucho más pedestre pero, en términos urbanos, importante: la nueva ordenanza de veladores de Sevilla. Una muestra evidente de un conflicto de intereses entre un importante sector económico –los hosteleros– y el resto de los ciudadanos. Un ejemplo de cómo el gobierno local pretende contentar a dos partes en litigio sin conseguirlo y sin solventar la cuestión de fondo. Algo que, bien mirado, casi hace completamente innecesaria su propia existencia. ¿Para qué sirve un gobierno municipal que no soluciona los problemas?

La herencia meridional

Vayamos por partes. Sevilla es una ciudad tomada por las terrazas. Una costumbre heredada de la vieja cultura meridional –todo se hace en la calle– que entiende la vida como una ceremonia a cielo abierto. Sin puertas ni techos. Nada que objetar. Probablemente éste sea uno de nuestros atractivos como urbe de raíz mediterránea, lejos de la concepción puritana que tiende a planificar las ciudades en función de lo privado, limitando el espacio público al tránsito o a los desfiles. Militares, por supuesto.

En que nos gusta usar la calle se nota que somos una ciudad vieja, secular: la urbe moderna, definida a partir de las primeras décadas del pasado siglo, concibe el espacio colectivo como un ámbito mucho menos participativo y flexible que la ciudad clásica, donde el ágora es el centro de la vida. La sociabilidad sajona tiene un marcado componente difuso que explica dos cosas. Una: que las calles y plazas tengan una función bastante más instrumental que finalista –son sitios por donde se pasa; más que lugares donde se está–.

Y dos: que la política, que comenzó como una costumbre que se practicaba originariamente en el foro colectivo, donde la argumentación se convirtió en arte, se recluyera en los magnos edificios oficiales. Monumentales, enormes, mayestáticos. Tan aparatosos como las catedrales del gótico. Desde entonces la política es, sobre todo, una perpetua batalla de salón, una tarea conspirativa, llena de silencios y estancias de pasos perdidos. Una actividad de alfombras más que de adoquines. La calle se quedó fuera de los parlamentos. Muy rara vez entra.

En Sevilla casi nunca se ha visto como un problema que muchos negocios pongan sus salones en la calle. Se asume como algo natural, lógico y hasta positivo. ¿Lo es? Depende. Al igual que aconsejaba El Quijote –toda afectación es mala–, los excesos de los últimos tiempos han cambiado la percepción que los ciudadanos tienen de la utilización de las plazas por parte de la hostelería. Un rasgo que muestra que, sin dejar de ser meridionales, nos sentimos europeos. Y en Europa los reglamentos son una excelente costumbre para conciliar derechos.

El fenómeno, pues, hay que verlo en positivo. La demanda ciudadana para que los veladores de los bares no terminen convirtiéndose en dueños y señores de la ciudad responde en buena medida a la regeneración de las principales plazas del centro. Llenas de coches durante años, pasaron a ser peatonales –por un brevísimo intervalo– para mutar, debido a la ineficacia municipal, y convertirse en auténticos abrevaderos al aire libre. No porque se coma en la calle –cada uno llena el buche donde puede–, sino porque tal actividad no debería impedir otras.

Sevilla siempre ha tenido una norma para regular los veladores. Primero existió una ordenanza genérica de ocupación de la vía pública. Después se hizo una directiva concebida para las terrazas. La reforma que ahora plantea el gobierno de Zoido supone el tercer intento por cerrar una cierta regulación. Ocurre, sin embargo, que elige quedarse en un punto intermedio en una cuestión en la que las posiciones son extremas. Quizás aspiraba a la virtud, pero en este caso concreto incurre en un defecto. No se puede tratar igual a los desiguales.

El nuevo reglamento, contra el que ya se han levantado los hosteleros, a los que todo les parece poco, permite ampliar las terrazas y extender las existentes a cambio de restringir sus horarios. De esta forma no se frena la actividad hostelera pero, según la lectura oficial, se protege “el derecho al descanso”.

Al parecer, en Sevilla tal derecho sólo puede disfrutarse de noche, no durante el día. Lo cual significa que hay quien considera que todos vivimos de acuerdo al mismo horario y, obviamente, sometidos al mismo Dios. Cosas de las aldeas, donde un espacio público no se concibe con vida más que si hay terrazas o procesiones. Multitud de ejemplos demuestran lo contrario.

Las sanciones a los empresarios que no cumplan estas reglas se quedan más o menos igual que antes, aunque se incremente levemente su importe. Cabría aquí preguntarse lo que Don Quijote decía a Sancho: pocas leyes, pero que se cumplan. Porque lo cierto es que el grado de eficacia de la normativa de ocupación de la vía pública en Sevilla es lamentable.

La Policía Local está en otras cosas –en sus cosas– y raro es ver a un funcionario controlando que se respeten las normas. Abrir la mano, permitiendo todavía más veladores, sabiendo que no hay medios –o no se usan– para hacer cumplir la ley, supone, más que un ejercicio de conciliación, una decidida apuesta por consolidar la imagen de ciudad abrevadero que, por momentos, se percibe en determinadas plazas de Sevilla. Sin ir más lejos, en la vieja Plaza de San Francisco, por la que –es de suponer– pasan nuestros capitulares.

Nadie apela al buen gusto –cosa subjetiva– ni a la elegancia –también discutible–, sino a la coherencia. ¿Por qué los ciudadanos, que son los que pagan con sus impuestos las reformas de las plazas y costean los servicios de limpieza se ven cada día con menos espacio disponible mientras los hosteleros patrimonializan las ágoras sevillanas?

En lugar de permitir más veladores a cambio de una leve reducción horaria que todos sabemos que no va a cumplirse, o fijar unas sanciones que son baratas en relación a los beneficios que se obtienen incumpliendo las normas, más le hubiera valido al gobierno local conseguir que los bares abonen la limpieza integral de unas plazas y calles que sólo a ellos sirven, porque no hay quien camine por Sevilla sin sortear el comedor patrio. Quien ejerce una actividad privada gracias al patrimonio de todos debe asumir parte de los gastos.

En Estados Unidos es habitual. Hasta en Las Vegas las tiendas recogen y procesan toda la basura que generan sus negocios. Puro sentido común. Algo que en Sevilla no se ve desde los tiempos de Cervantes.

Escenarios en disputa

Carlos Mármol | 11 de mayo de 2008 a las 19:53

Escenarios en disputaLa pretensión de los hosteleros de ocupar con terrazas todas las plazas ganadas a los coches gracias a las reformas municipales abre un debate sobre la gestión de los espacios públicos y, en definitiva, sobre la misma idea de ciudad

SI ES VERDAD que el ejercicio del poder, cualquiera que éste sea, requiere necesariamente de ciertas dotes de teatralidad y escenografía, la mejor platea desde donde medir tal tesis es una ciudad. Cualquier ciudad. Desde su origen, la civilización humana ha traducido al espacio que le es propio –el más próximo– una serie de símbolos que cuyo único fin es dar a entender quién es quién en el circo vital de la existencia. Las urbes se convierten así en las mejores metáforas de los sucesivos cambios políticos –también de su ausencia– y en muestra de la inevitable colisión de intereses que marca la convivencia.

Quien es capaz de leer bajo este prisma la fisonomía de cualquier ciudad, incluso del pueblo más remoto del orbe, obtiene una idea bastante aproximada de cómo es la obra dramática que se representa en ese lugar en ese momento. Sabrá así si se trata de un sainete o de una comedia. Incluso si la materia devendrá de pronto en tragedia. Porque es justamente en lo urbano donde se hacen expresos casi todos los mecanismos de dominación entre los distintos grupos sociales. Al fin y al cabo, la historia de cualquier lugar puede resumirse en una suerte de noria en la que todos giramos.

espacios públicos

No es por tanto de extrañar que en las ciudades, con independencia de su tamaño, su importancia o su personalidad, se suceda el viejo ritual que consiste en la pugna sostenida por ocupar los espacios comunes, que es donde, según los clásicos, radica la propia esencia de lo urbano. Quien ocupa el espacio colectivo, sea de forma estable o temporal, dejando una marca circunstancial o instaurando una huella algo más permanente, no hace en realidad sino intentar tornar a su favor toda la potencialidad –económica, visual y presencial– del gran foro que es cualquier urbe. El escenario físico y sentimental de nuestras múltiples vidas. A veces este proceso nos viene dado: todos vivimos en ciudades que hicieron quienes nos precedieron de acuerdo con sus valores y sus creencias. Somos pues parte de esa corriente. Lo normal es que hagamos lo propio: tratar de adaptar la urbe que recibimos a la ciudad que queremos.

En Sevilla, durante los últimos tiempos, el Ayuntamiento ha acometido siguiendo este sendero una serie de reformas en determinados enclaves de la ciudad histórica –la que sirve de referente común a casi todos los ciudadanos– que pretendían, al tiempo que generar cierta idea de transformación global, salvar determinadas ágoras antiguas de la acción del tráfico particular. Convirtiéndolas en espacios peatonales, el Consistorio entraba, aunque con un retraso de varias décadas, por la senda del urbanismo civilizado y europeo, que consiste en intentar hacer amable la ciudad ordinaria destinando sus mejores lugares a la vida ciudadana. Este proceso, que ha recibido críticas de determinados sectores y elogios de otros muchos, con todos los reparos de la inevitable subjetividad estética que ha condicionado la mayoría de estas discusiones, ha resultado ser, en líneas generales, positivo para un centro que todavía está en buena medida preso de los coches. Sin embargo, ahora se ha abierto otra etapa en la que ciertos colectivos sociales –peatones y hosteleros, esencialmente; aunque también los ciclistas– empiezan a pugnar por copar los beneficios de estos foros peatonalizados. Alguno debe dibujar una sonrisa de satisfacción al contemplar el espectáculo: ¿si tan lesivas resultaban ser estas reformas por qué ahora se inicia una lucha por intentar aprovecharse de sus beneficios?

La cuestión esencial, en todo caso, es otra. La discusión hace tiempo que dejó de ser si estas remodelaciones urbanas se abordaron con más o menos acierto –la mayoría están ya hechas o han sido iniciadas, aunque algunas sufran retrasos y padezcan una más que deficiente ejecución–, sino cuál será, al cabo, su resultado definitivo. La patronal de la hostelería lleva varios meses intentando introducir en la agenda política un proyecto global que esta misma semana por fin ha hecho expreso. Se trata de ocupar con veladores buena parte de los espacios ganados para el paseo y el disfrute –gratuito; y este factor no es baladí– de los ciudadanos, que son los que –a través de sus impuestos– han pagado estas reformas.

El argumento de los dueños de los bares, que no han financiado ninguna de las citadas reurbanizaciones, es que no pueden “competir con el comercio” y, por tanto, tienen un supuesto derecho a ocupar con sus instalaciones lucrativas “los espacios públicos”. Esta fórmula ya se planteó hace tiempo para la Plaza Nueva y la Avenida –se dejó en suspenso–, después llegó a pactarse en la Alameda –el PSOE quería transformar en un inmenso velador para 2.500 personas el bulevar–, y ahora vuelve a resucitarse para la Alfalfa. Hasta ahora el Consistorio se había mantenido prudente por miedo a la reacción ciudadana. Esta semana ha optado por tomar partido en favor de los hosteleros. Alegan ambos que los veladores dan vida a la plazas. Y así es, siempre que no sobrepasen su justa medida y se atengan a las normas. Rara vez sucede esto. Esta ciudad se caracteriza justo por todos lo contrario: aceras inundadas de obstáculos y mesas por doquier. Los sevillanos están acostumbrados a vivir en la calle. Cierto. Pero para hacerlo necesitan espacios sin tasas donde no haya que pagar. Ágoras libres. Alamedas llenas de bancos y paseos. No de terrazas.