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Los Gordales resucitan

Carlos Mármol | 9 de junio de 2012 a las 6:15

El Supremo respalda el PGOU y deja al gobierno local sin su principal argumento para trasladar el distrito judicial al Prado.

La frase es de las que merecerían quedar fijas en la historia. Sin duda, esculpida en mármol, así que intentaremos hacer todo lo posible. Reza así:“No estamos en condiciones de afirmar absolutamente nada”. La pronunció ayer en una rueda de prensa Curro Pérez, el portavoz del gobierno de Juan Ignacio Zoido.

Para haber sido dicha por un vocero oficial –como llaman en Argentina a los encargados de transmitir a los ciudadanos lo que piensan los gobernantes públicos– convendrán conmigo en que es realmente notable. Talentosa. El portavoz habla pero admite que no dirá nada. Mejor dicho: asume que sólo contará lo que pueda decir. Aquello que le dejan. Da igual

No es raro. La sentencia del Supremo que ayer dio la razón a la Junta de Andalucía, que es la que aprobó definitivamente el PGOU, pone fin a la incertidumbre que durante el último lustro ha mantenido en el aire la ordenación urbana de uno de los enclaves más estratégicos de Sevilla: los terrenos de Los Gordales, herencia de un antiguo brazo del Guadalquivir que fue soterrado el pasado siglo y que, a partir de los años setenta, terminó convertido en el Real de la Feria. Hasta ahora.

En este sentido, la resolución judicial es una noticia excelente. Magnífica. La ciudad ya sabe con certeza que goza de autonomía para que Los Gordales acojan los proyectos previstos: un campus universitario, zonas verdes, una banda de usos terciarios (comercial y oficinas) y la futura Ciudad de la Justicia. Lo que estaba en discusión, además de dinero –el Gobierno central reclamaba mayor tajada por ceder los suelos–, era la propia capacidad jurídica del Consistorio para ordenar su territorio. Algo que se ha puesto en duda interesadamente en algunos otros litigios anteriores –Tablada, sin ir más lejos– y que, últimamente, al calor de la obra interruptus de la biblioteca del Prado, parecía ser cuestionado hasta por el actual gobierno local. Cosa llamativa.

Tanto el famoso fallo del TSJA avalando la calificación urbanística de Tablada –cosa distinta es el proceso de expropiación– como el que ayer dio a conocer el Supremo respaldan las directrices del Plan General de Sevilla, cuyos principales críticos –ahora– son justamente los políticos a los que corresponde aplicarlo. Primero, porque es su obligación. Y segundo porque no cuentan con mejor alternativa para tratar de resucitar la maltrecha economía de la capital hispalense.

Sevilla, pues, gana. Que lo haga también el gobierno municipal de Zoido ya es cosa bastante más dudosa. Discutible. Relativa. Quizás por eso ayer su voz oficial prefirió ser cauto. No es mala actitud: los excesos, en el urbanismo al menos, no le han salido bien al PP en el año largo que lleva en la Alcaldía. Pérez se limitó a repetir el guión de los tiempos de la oposición, cuando el PP recordaba que el litigio contra el Plan General lo puso un Gobierno central presidido por Zapatero. Un presidente socialista. Anatema.

Claro que esto, a estas alturas, con las siguientes elecciones a tres años vista, tiene una trascendencia igual a cero. Mínima. Ridícula. Lo importante, más que su promotor, era la resolución final de la demanda. Y aquí nadie puede hablar demasiado alto: Zoido, aunque lo ha intentado, tampoco ha podido conseguir que la actual administración estatal –ahora dirigida por el PP– retirase el recurso de casación presentado al no aceptar la derrota judicial previa que se produjo en el fuero autonómico. Hubiera sido una gran victoria para el alcalde. Lástima.

Este fallo del Supremo no ayuda demasiado al gobierno municipal. Incluso a pesar de la versión oficial. Es cierto que no lo pone en un aprieto, pero sí invalida uno de los argumentos que esgrimía el alcalde para proponer que la Ciudad de la Justicia se construyera sobre los juzgados del Prado de San Sebastián en lugar de en Los Remedios. Si el futuro de Los Gordales era una incógnita, la opción del Prado aparecía como una cuestión, al menos, a discutir. Ahora ya no está tan claro.

Si al final se impusiera no será porque el alcalde haya convencido a la Junta, sino porque ésta –sin dinero ni demasiado entusiasmo– opta por entregar la decisión al regidor, que a su vez la delegará en una empresa constructora, porque todo el proyecto del distrito judicial del PP deviene, igual que pasa en la Alameda, de un interés comercial: construir un aparcamiento. En este caso, además, ayuda también la obsesión gremial del mundo jurídico sevillano de “no salir del centro”. Como si Los Gordales estuvieran en la luna. El habitual dogma centrípeto. Tan sevillano.

Urbanísticamente hablando, la idea del Prado es un dislate: el espacio elegido es pequeño para las necesidades de los órganos judiciales e incluye parcelas –la del antiguo equipo quirúrgico– con usos ya decididos, sin contar con el colapso que provocaría en uno de los ejes viarios más saturados de Sevilla el castillo de la judicatura. Los Gordales es la opción más lógica. En primer lugar, porque cuenta con toda la seguridad jurídica –idea que repite mucho el alcalde– del PGOU. Segundo: tiene accesos viarios de mayor capacidad. Y tercero: construye ciudad. En el Prado, en cambio, la satura. El único problema –ahora– es que hay que sacar la Feria de Los Remedios. Una operación que, aunque tiene un coste económico importante, no supone levantar una catedral. Puede y debe hacerse.

¿Dónde? Al Charco de la Pava, olvidándose de la desmesurada ampliación diseñada por Monteseirín –en caso contrario, las casetas deberían tener varias plantas–, o buscando alternativas en terrenos no urbanizables, acaso inundables –se usarán sólo una vez al año– y donde el interés público justifique una hipotética expropiación, siquiera parcial. Tablada se vislumbra como una opción. ¿Será por eso por lo que el portavoz del gobierno municipal no habla?

El precio de la simpatía

Carlos Mármol | 25 de abril de 2010 a las 11:30

La intervención del PSOE en el conflicto entre los trabajadores y la dirección de la empresa de autobuses ha desatado una polémica que obvia que Tussam está en situación crítica debido a lustros de ‘generosidad’.

Un viejo adagio periodístico suele aconsejar a los profesionales del oficio desconfiar, por norma, de las historias demasiado redondas. Suelen tener truco. Acostumbran a ser inciertas por el procedimiento más infame: decir una verdad a medias. Consejo pertinente en estos tiempos en los que el periodismo se confunde con las relaciones públicas, la independencia de criterio con la resistencia, el costumbrismo con el ingenio y, en general, el culo con las témporas.

Algo de todo esto hay en la polémica que esta semana ha marcado la vida política de Sevilla, sumida en plena dramaturgia de la Feria, cuando la ciudad –casi siempre teatral– se convierte en un enorme decorado efímero con los vicios hispalenses de siempre: displicencia disfrazada de frialdad, alegría interesada, emulación fútil. La diatriba viene al caso de la tradicional huelga de los trabajadores de la empresa municipal de autobuses, que convocaron un paro para presionar al gobierno local. La Feria empezó marcada por este conflicto y terminó sin él. Aparentemente por la mediación del PSOE regional.

La historia, sin embargo, presenta otros ángulos. El más llamativo es de índole política: ¿por qué tiene que intervenir el PSOE andaluz en un asunto que es estrictamente local? Todo el mundo ha dado al episodio la misma lectura: Susana Díaz, la actual secretaria de Organización del PSOE andaluz, se erigió en representante municipal para que se visualizase la debilidad del alcalde, cuya jubilación política está decidida para 2011. Según esta versión, la dirigente regional, hasta hace unas semanas número dos del PSOE provincial, demostraba así quién manda en la ciudad, con independencia de que Monteseirín siga en el cargo hasta el último día.

Otra fuente glosa el asunto de manera diferente: Díaz, casi forzada por las circunstancias, tuvo que intervenir cuando los sindicatos de Tussam se manifestaron ante la caseta del PSOE por un conflicto que el equipo municipal no ha sido capaz de resolver. Corre el rumor, además, de que Zoido quería marcarse un tanto ante los sindicatos, que, de todas formas, ya tenían decidido desconvocar por motivos económicos. Iban a dejar de cobrar los pluses salariales de Feria si seguían con la huelga. Ante esta coyuntura, el PSOE regional optó por intervenir, a falta de un alcaldable, para no dar más oxígeno al PP.

Con independencia de cuál de las dos opciones prefiera el lector, lo cierto es que en ambas se echa de menos algo más de perspectiva. Porque lo cierto es que si se analiza la situación exclusivamente en lo que se refiere al paro de la Feria no se entenderá muy bien la posición real de cada uno de los actores.

EL PRECIO DE LA SIMPATÍA baja

En primer lugar, es evidente que la negociación con los sindicatos municipales no es competencia de los partidos políticos. Éstos pueden reunirse con quien gusten para discutir de lo que estimen conveniente, aunque la capacidad de decisión (institucional) no reside en el poder orgánico, sino en los concejales y, por extensión, en el Pleno.

El aparato del PSOE, que se ha impuesto a los hombres de Monteseirín en la batalla que libran por el poder desde hace seis años, ha desautorizado con su actitud no sólo al (todavía) alcalde, sino también a IU. A todo el gobierno local. Algo que, por otra parte, ocurre en otros muchos ámbitos de la vida cuando alguien es capaz de decir no ante una disyuntiva crucial y los afectados intentan buscar a alguien más simpático y, con afán de protagonismo, que entre hacer lo que debe para salvar a la empresa o aceptar a las presiones, siempre elige esta última opción. Es lo más popular y lo menos comprometido. Y, en el fondo, ¿a quién le importa la empresa cuando lo realmente trascendente es escenificar en público una innecesaria demostración de poder?

Tussam está en una coyuntura crítica. En términos financieros es un cáncer para el Ayuntamiento. Su agujero económico, fruto de un proceso de cesiones políticas que empieza hace ya una década, lastra cada año las cuentas locales e impide al Consistorio mantener un nivel de inversión presentable. En paralelo, durante dos lustros, sus gastos de personal se han multiplicado –altos directivos incluidos– y el precio del servicio no ha dejado de subir. Sin olvidar ciertos usos y costumbres (la endogamia familiar en determinados puestos) poco edificantes. ¿No debería haber intervenido también ante todo esto el PSOE regional? ¿Nadie en el partido pudo reconducir la situación a tiempo? Lo que es la vida: alguno de los antiguos responsables de la situación son ahora conversos del PSOE provincial. Ver para creer.

Claro que, en el Ayuntamiento, tampoco es que puedan presumir de firmeza. Por mucho que el vicepresidente de Tussam haya dimitido tras el episodio y antes tratase de aparentar fortaleza frente a las reivindicaciones sindicales, Monteseirín nunca ha sido capaz de mantener ningún pulso laboral en las empresas municipales. La estrategia del no pasarán es mera retórica. Bajo cuerda siempre ha aplicado la misma táctica: dar dinero para evitar problemas. Le pasó con los taxistas. Le pasa en Tussam. Es normal que los sindicatos estén crecidos tras una década de tanta generosidad. A fin de cuentas, a ellos les da igual quién sea su interlocutor siempre y cuando éste acepte sus posiciones. Mientras nadie haga de verdad de ogro, la factura la seguiremos pagando todos los sevillanos.

Incógnitas sobre un recinto portátil

Carlos Mármol | 17 de noviembre de 2009 a las 12:07

El Ayuntamiento continúa amagando con distintas ubicaciones para reformar el recinto de la Feria de Abril a pesar de no tener un espacio habilitado ni contar con el presupuesto necesario para la mudanza.

LAS CRÓNICAS antiguas, en general, acostumbran a situar a los héroes, sobre todo si son de la estirpe de los fundadores de ciudades, que forman una especie de división aparte, sobre un páramo vacío situado junto a un río o una montaña, cerca –acaso– de un mapa militar; rodeados de sus fieles y soldados. De repente, el líder (máximo, obviamente) señala un determinado lugar. “Debe ser aquí”, sentencia. Todos los presentes se muestran maravillados.

Tal caricatura, frecuente en muchos ciclos literarios y cinematográficos, como aquellas viejas películas bíblicas en cinemascope que de pequeños nos ilustraban sobre las hazañas y las desgracias del pueblo judío y otras sagas varias, viene al caso del nada edificante espectáculo, entre divertido y lamentable, que está dando el gobierno municipal en relación al viejo y recurrente asunto del traslado de la Feria de Abril.

La iniciativa, que en los mandatos previos como regidor de Monteseirín fue expuesta como ejemplo de su ambicioso proyecto de transformación de la ciudad, consistía, en origen, en sacar del barrio de Los Remedios al Real –que lleva en los suelos de Los Gordales, un antiguo brazo del Guadalquivir desde los años 70– para su reubicación en el Charco de la Pava. Fue éste el primer lugar que el alcalde, igual que esos héroes de las relaciones añejas, señaló como espacio elegido. La tierra prometida.

Los antecedentes

Efectivamente, así fue. El área municipal de Fiestas Mayores encargó tras la resolución del regidor un proyecto ad hoc, aireó la tesis de que la ampliación, al tiempo que liberaría Los Gordales para su desarrollo urbano, permitiría ensanchar el recinto ferial e, incluso, llegó a calibrar la idea de hacer casetas de dos plantas. Sin embargo, tanto ímpetu falló en el aspecto más delicado: el urbanístico. La Oficina del Plan General incluyó en el PGOU un proyecto teórico para convertir la Feria de Sevilla en “la Feria de la Vega de Triana” –repárese en el cambio de denominación, porque en esto va a quedar casi todo– y llegó hasta la osadía de situar la calle del Infierno al otro lado del río.

El tiempo y las evidencias han ido desgastando esta propuesta. No es que sea muy grave. Bastaría con que Fiestas Mayores reconociera que cometió un error. Sí es algo sintomático: este gobierno local auguró que pasaría a la historia por trasladar la Feria y, al final, va a resultar que no puede. Evidentemente, la prioridad de la ciudad no es ésta. Ni el contexto ni la situación económica aconsejan abordar semejante mudanza. Tampoco es prioridad política. Es notorio. La tarea puede esperar.

INCÓGNITAS PARA UN RECINTO PORTÁTIL baja

Lo que ya no resulta tan correcto es tratar de disimular la realidad con argumentos peregrinos. El problema de trasladar la Feria no es que ésta no entre físicamente en el Charco de la Pava –como dice la edil del ramo, la nunca suficientemente ponderada Rosamar Prieto–, sino que no hay un duro. En caso contrario, a nadie dejaría bien el hecho cierto de que se hubiera hecho hasta ahora pública alabanza de una iniciativa que nadie se ocupó de comprobar a nivel técnico. Daría imagen de inconsistencia. De torpeza. No sólo por parte de Fiestas Mayores, sino de la Gerencia Urbanismo, donde, como se sabe, las cosas se hacen con cierto rigor.

No ocurre nada por cambiar de criterio o explicar que ahora no es la hora oportuna. Cuando sí sucede es en el momento en el que se buscan coartadas falsas para disimular las evidencias. Y esto es justo lo que se está haciendo al decir que la Feria de Abril podría ubicarse en parte de la antigua dehesa de Tablada o en cualquier otra zona de Sevilla. Qué más da.

Panorama de cifras

De entrada, porque supone una incoherencia. En un momento en el que el Ayuntamiento ha ganado el pleito sustancial sobre el futuro de estos estratégicos terrenos para Sevilla –el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía respaldó esta misma semana las directrices del PGOU de dejar Tablada fuera del proceso de urbanización para construir un parque metropolitano– parece contradictorio que, desde el propio ejecutivo de Monteseirín, se esté dando consistencia a una bola que es extraordinariamente bien acogida por las inmobiliarias. ¿El motivo? Situar la Feria en Tablada obliga a urbanizar, siquiera una parte de la dehesa. Una vez hecha la urbanización, habría que ver quién defiende todavía que esos suelos no son, justamente, urbanizables.

Por otra parte, la iniciativa tiene otro problema: urbanizar una parte de Tablada para el Real es el doble de caro que hacerlo en el Charco de la Pava. El presupuesto inicial, barajado en su día, era de 30 millones de euros. Ahora la cosa rondaría los 45 o los 50 millones. Hacerlo en Tablada, donde no existen accesos, colocaría esta misma factura en los 80 millones de euros. ¿Quién los va a pagar? ¿Tablada Híspalis? Bien es cierto que en el Charco de la Pava el crecimiento de la Feria es limitado: el recinto actual, de 1.047 casetas admitiría entre 155 y 300 módulos más, a repartir según el tamaño de las casetas. Quizás es poco. Pero la pregunta es otra: ¿De verdad necesita Sevilla expandir su Feria hacia el infinito?

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Monipodio al frente de un taxi

Carlos Mármol | 21 de abril de 2008 a las 14:47

Monipodio al frente de un taxi

El cobro de tarifas ilegales durante la Feria, sumado a los conflictos previos entre el gobierno local y un sector de los taxistas, certifica el nulo control que el Ayuntamiento ejerce sobre un servicio público clave para la ciudad

LA vida, a veces, parece un juego de naipes en el que algunos nunca dejan de tener las cartas marcadas. Un aparente divertimento que, sin embargo, puede llegar a convertirse en una trampa, dependiendo de cuál sea el espíritu de cada jugador. Si eres de naturaleza noble, probablemente terminarás mal, incluso aunque el adversario te reconozca cierta cuota de prestigio. Si por el contrario optas por el pragmatismo –en tiempos lejanos a este ejercicio se le tildaba como picaresca– existen probabilidades más que ciertas de que acaso triunfes por la vía rápida. Otra cuestión es que en el trance puedas conservar algo de eso que se llamaba dignidad y algunos todavía denominan honor. En todo caso, éste es un problema secundario: con las ganancias cosechadas en la partida siempre podrás tratar de adquirir este atributo en su vertiente más epidérmica y social. Comprar la honra. Ocurre de esta manera que, como ya nos enseñara Quevedo en sus célebres sátiras, y después han reformulado con éxito expresivo otros poetas y vates tangueros –Discépolo sin ir más lejos–, en el mundo real parece valer más incurrir en ciertos pecados mortales que optar justo por obviarlos. En especial, si se roba.

Toda una burla

Y de un robo hablamos, en definitiva. ¿O cómo debe denominarse al cobro irregular que ciertos taxistas sevillanos han exigido esta Feria de Abril a algunos ciudadanos? La vaina es simple: han llegado a cobrar hasta 50 euros por trayectos que no cuestan ni la mitad, obviando de esta manera todas las reglas, ordenanzas y normativas existentes, aprobadas en tiempo y forma por órganos democráticos y soberanos. Toda una burla. Es evidente que este tipo de prácticas no son la norma entre la mayor parte de los taxistas sevillanos. Probablemente, como recuerdan las principales asociaciones del sector, se trate de la célebre minoría de taxistas, pero lo cierto es que, de unos años a esta parte, la imagen que este gremio está dando ante la ciudadanía parece marcada por una voracidad recaudatoria mayúscula, la impunidad más obscena y el aprovechamiento sin mesura ni reparo alguno del desconocimiento y la falta de alternativas reales en materia de transporte público. Un rostro quizás desfigurado, pero cada vez más verosímil, que asoma tanto en su negativa a aceptar ciertos turnos en función de las necesidades de la ciudad –la famosa polémica sobre las jornadas nocturnas, amparada en falsas argumentaciones sobre su seguridad personal– como en su obsesión por presionar al gobierno local para incrementar, año tras años, sus tarifas.

La suma de todos estos factores, siendo defendida por una minoría o no, que lo mismo da, ha terminado creándole al taxista sevillano fama de cuatrero. Alguien que, en lugar de prestar un servicio a cambio de un justo precio, busca llenarse los bolsillos con la necesidad ajena. Algo parecido a lo que Cervantes simbolizara en el personaje de Monipodio, el hermano mayor de la cofradía de los pícaros sevillanos del Siglo de Oro, en la más célebre de sus Novelas Ejemplares. Un nombre que, curiosamente, deriva del concepto de monopolio, término que en realidad se ajusta bastante bien al tipo de concesión que, gracias a un permiso municipal, disfrutan todos los taxistas. Aquí y en otras muchas ciudades españolas.

Medidas de control

Ningún gremio está a salvo de tener en su seno un grupo que no guarde una mínima ética profesional. Incluidos los periodistas. Pero casi todos ellos intentan, en cierta manera, establecer controles para diferenciar a los verdaderos profesionales –la mayoría– de los simples arribistas. Lo que no se explica es que en Sevilla esto mismo no suceda en el taxi. Y, sobre todo, que a raíz de la denuncia formal de los ciudadanos afectados por esta estafa, el edil responsable, Francisco Fernández, concejal de Movilidad, haya dicho que no puede hacer absolutamente nada para evitar dichos abusos. Fernández, que fue jefe de gabinete del alcalde y ahora dedica más tiempo a las guerras intestinas del PSOE local que a la gestión municipal, alega que los jueces le tumban los expedientes sancionadores abiertos a los taxistas por irregularidades, además de ampararse, para lavarse las manos, en una normativa autonómica por desarrollar. Lo mismo hizo cuando el citado conflicto de los turnos nocturnos: alegar falta de sustento legal cuando las razones jurídicas necesarias dependían precisamente de su propia iniciativa.

Fernández sí ha podido y querido, en cambio, dejar en su mínima expresión las sanciones abiertas a los taxistas que, en repetidas ocasiones, han usado la violencia como argumento; así como dar luz verde a las constantes subidas en las tarifas del servicio. La Junta ha desmentido esta misma semana su argumentario de descargo. De la simple lectura de las ordenanzas en vigor se desprende que no hay otro responsable de estos abusos, junto a los taxistas, que él, al ser de su competencia “la fiscalización integral del servicio público del taxi”. No es la primera vez que echa balones fuera. Ni será la última. Como decía el clásico, en su caso se cumple el viejo aserto: carácter es destino. Aunque alguien debería plantearse hasta cuándo su singular idiosincrasia será un problema para los sevillanos. Un quebranto de 50 euros por trayecto.