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La alfombra roja destiñe

Carlos Mármol | 28 de julio de 2012 a las 6:06

Lo peor que puede ocurrirle a cualquier gobernante no es equivocarse, sino ser arbitrario, discrecional, caprichoso. En Sevilla ya está ocurriendo. El gobierno municipal lleva algo más de un año lanzando dos mensajes. Uno: le vamos a poner “una alfombra roja” a cualquier inversor que quiera venir a Sevilla. Dos: la normativa urbanística, que es la que define el modelo de una ciudad, no es un problema porque estamos dispuestos a cambiarla las veces que haga falta. Las inversiones están por encima de las leyes.

Como todo discurso grueso, sin matices, sin demasiados grises, el planteamiento tiene un fondo demagógico. El proceso debería ser justo el opuesto: las ciudades eligen primero cómo quieren ser, a ser posible en función de las necesidades de los ciudadanos, y después se lanzan a buscar inversores que obtengan sus legítimos beneficios sin alterar la esencia de su modelo. En esto pasa como con los hijos: uno quiere que trabajen y que las cosas les vayan bien pero no en cualquier cosa ni a cualquier precio. Porque en la vida existen los límites. Los principios.

El Ayuntamiento, sin embargo, ha convertido el urbanismo sevillano en una mera ventanilla de viabilidad para las ideas de terceros. Sin luz y sin taquígrafos. Habría que preguntarse si esta ciudad no requiere algo más. Sobre todo ahora, cuando la burbuja inmobiliaria, que se justificó recurriendo al empleo, ha devastado el presente y oscurecido el futuro.

Lo curioso es que Zoido abre esta ventanilla urbanística pero ni cuenta con la competencia plena en la materia –de ahí sus problemas con la Junta, que son más técnicos que políticos– ni, por lo que nos enseña en el caso Decathlon, aplica el mismo trato a todos los inversores. Para unos la alfombra sigue siendo roja. Para otros destiñe.

La ley rige igual para todos. Sin excepciones. Si el PGOU da seguridad jurídica a los inversores es porque sus criterios son objetivos. El PP, sin embargo, ha optado por la subjetividad:en unas ocasiones zarandea el Plan General y en otras se esconde tras él. Esta contradicción requiere una explicación. El urbanismo de Sevilla no debería ser reversible.

Alameda: dirección prohibida

Carlos Mármol | 20 de junio de 2012 a las 6:06

Patrimonio informa en contra de la modificación del PGOU que impulsó el gobierno municipal para construir un parking subterráneo en la Alameda, recalificar la comisaría de la Gavidia y ‘vender’ los cines históricos de Sevilla.

Primer tropezón. No será el único. Ni el último. El expediente aprobado por Juan Ignacio Zoido en el mes de abril para modificar el Plan General de Ordenación Urbana de Sevilla (PGOU) ha sufrido ya el primer revolcón en su larga y obligada tramitación administrativa.

La Comisión de Patrimonio, dependiente de la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía, analizó hace dos semanas las recalificaciones urbanísticas que el gobierno local quiere acometer para, entre otras cuestiones, obtener ingresos económicos extraordinarios; destruir la actual Alameda de Hércules y construir un aparcamiento rotatorio; convertir la antigua comisaría de la Gavidia en una nueva gran superficie comercial y reclasificar los usos dotacionales asignados a los antiguos cines del centro. Su diagnóstico: son operaciones lesivas para el patrimonio de Sevilla. Sin lugar a duda alguna.

La opinión de Patrimonio es relativamente importante. Se trata de un órgano consultivo del Gobierno autonómico que, formalmente hablando, aún no ha tomado una resolución. La decisión última es de la Dirección General de Bienes Culturales. Lo que diga es todavía un misterio, aunque en Cultura existe una regla no escrita: difícilmente la dirección política de una consejería informaría en sentido positivo una cuestión que previamente ha desautorizado el foro que tiene para ayudarle a fijar su criterio. Caben pues las sorpresas, pero todo induce a pensar que su conclusión final no será favorable a las pretensiones municipales. Otra cosa es cómo se decida argumentar esta negativa.

El informe de Patrimonio no invalida por completo el expediente de Zoido. Aunque sí pone en cuestión las operaciones políticamente más importantes que perseguía el Consistorio. De las 17 modificaciones puntuales que ambicionaba el PP, la comisión valida trece porque las ve compatibles con la legislación de protección patrimonial. En cambio, cuatro de ellas piensa que atentan contra “los elementos con valores culturales reconocidos por la actual legislación en materia de Patrimonio”.

Dicho en román paladino: la política urbanística y de movilidad del PP tendrá un impacto negativo en el Conjunto Histórico de Sevilla. Además del dictamen definitivo de la consejería de Cultura, este expediente tiene que ser analizado por otras instancias regionales: la Dirección General deUrbanismo y Ordenación del Territorio y el Consejo Consultivo de Andalucía.

¿Cuáles son estas operaciones lesivas contra el patrimonio? Las dos más conocidas se refieren a la Alameda de Hércules y al edificio de la comisaría de la Gavidia, protegido como una de las primeras muestras de la arquitectura del movimiento moderno en Sevilla. En el primer caso, el gobierno local quería construir un aparcamiento rotatorio –cuestión prohibida por el PGOU– y reurbanizar por completo un espacio cuya remodelación integral data del anterior mandato municipal, cuando se gastaron más de siete millones de euros. El PP quiere darle el aparcamiento a una empresa y restituir una estética de corte más clásico.

Patrimonio, en su informe, dice que este proyecto “choca frontalmente con el modelo de accesibilidad interna del área central de Sevilla”. Y añade: “El objetivo de la modificación no parece perseguir la línea de las actuales tendencias, convenios y cartas sobre accesibilidad en los Conjuntos Históricos”. En otras palabras: el Ayuntamiento va contra la tendencia de las urbes históricas de Europa, que buscan reducir el protagonismo del vehículo privado.

En el segundo de los casos lo que se persigue es la conversión de la antigua comisaría en un centro comercial. Ambas iniciativas parecen estar vinculadas: el parking de la Alameda es parte de la operación de terciarización de la Gavidia. Sobre la reconversión de este edificio, la opinión de Patrimonio es que implantar una gran superficie comercial, “con los problemas de accesibilidad existentes, produciría una merma considerable de los valores ambientales y visuales de este sector del Conjunto Histórico”.

También hay otras dos cuestiones. Parecen menores. Pero son importantes. Una se refiere a los edificios calificados como fuera de ordenación. Y la última, a la clasificación urbanística de las parcelas de algunos de los antiguos cines históricos del centro de Sevilla.

En el primer caso el Ayuntamiento ambiciona flexibilizar el régimen jurídico de este tipo de edificios –los existentes antes del PGOU y que colisionan con sus directrices, lo que significa que aunque no se derriben sólo serán objeto de obras de conservación– eliminando la “altura” como una de las cuestiones a considerar para dejar a un edificio sin asidero urbanístico. Patrimonio cree que esta propuesta implica un peligro para los espacios monumentales.

Sobre los cines, la discusión es otra. El Plan los calificaba originalmente como dotaciones culturales –suelos de interés público y social– pero tres de sus titulares ganaron un pleito contra esta catalogación, que les impedía patrimonializar las plusvalías urbanísticas potenciales de los edificios. Cosa natural. Al asignar este uso, el Plan lo que buscaba era precisamente blindar estos espacios culturales frente a posibles operaciones inmobiliarias auspiciadas por sus propietarios. Les ponía un freno: sólo podían traspasarse para usos culturales.

El fallo judicial obliga ahora al Consistorio a alterar la calificación original del PGOU, aunque no establece ninguna alternativa. La fórmula elegida por el Ayuntamiento es la peor para garantizar la subsistencia de estos equipamientos culturales porque, en lugar de sustituir el uso dotacional por el terciario, que permite que sobrevivan, aunque con menor grado de protección, les otorga una catalogación genérica y abierta: Casco Histórico. En consecuencia, estas salas pueden ser sustituidas por promociones residenciales de hasta tres plantas de altura.

El Ayuntamiento, además, no circunscribe el cambio sólo a los tres propietarios que ganaron la batalla judicial –las salas Alameda, Cervantes y Avenida– manteniendo el uso dotacional para las demás. La recalificación del PP elimina la protección también a otras que no estaban en discusión: la antigua Sala X de la calle Amor de Dios, el teatro Imperial (calle Sierpes), la antigua Sala Pathe (Cuna), el teatro Álvarez Quintero (Laraña) y el local del antiguo Cine Llorens (Rioja con Sierpes).

Según Cultura, esta nueva calificación urbanística “puede resultar incompatible con las determinaciones de protección incluidas en las fichas patrimoniales de los inmuebles que están protegidos”. La Junta cree pues que contribuye a la sustitución de los espacios escénicos con interés patrimonial.

Pero el impacto del dictamen de la Comisión de Patrimonio afecta sobre todo a la Alameda y a la Gavidia. Hay que tener en cuenta que, aunque la recalificación impulsada por Zoido se identifica siempre con estos dos proyectos concretos, en realidad abre la mano a cualquier otro que quiera instalar un estacionamiento rotatorio intramuros o reconvertir cualquier edificio singular en una gran superficie comercial. A juicio de Patrimonio, esta posibilidad jurídica supone “una alteración integral del modelo de ciudad y, en todo caso, de su ordenación estructural”.

Esto significa que el Consistorio no puede cobijarlas bajo la figura administrativa de la modificación puntual, sino que, si insiste en acometerlas, debe revisar por completo el modelo urbano del PGOU. Una hipótesis impensable. Primero, porque el Plan General vigente apenas tiene seis años. Segundo: un procedimiento de revisión demora entre tres y cuatro años. Y tercero: si se iniciase obliga a la paralización de facto de todas las licencias urbanísticas.

Una decisión que, además de bloquear cualquier iniciativa particular que sí fuera acorde con el Plan General, dejaría a todos los operadores urbanísticos –públicos y privados– sin la seguridad jurídica plena que sólo da el actual libro urbano de Sevilla. Ya se sabe: a veces lo mejor resulta ser el peor enemigo de lo bueno.

Alameda: razones para decir no

Carlos Mármol | 27 de mayo de 2012 a las 6:15

La obsesión municipal por construir un parking en la Alameda y recalificar la comisaría de la Gavidia es un digno ejemplo de una llamativa forma de hacer política: imponer las cosas sin sustentarlas antes desde el prisma técnico.

Shakespeare decía que para un rey es bueno tener la fuerza de un gigante a condición de no acostumbrarse a utilizarla. Quizás porque cuando un gobernante opta por mandar sólo en función del predominio aritmético, sin dejar sitio al diálogo, corre el riesgo de incurrir en un error impropio de los políticos inteligentes. Aplíquese dicha lección a algunos de los actuales proyectos del gobierno municipal de Sevilla, que estos días celebra su primer año de éxitos, y obténganse las pertinentes conclusiones. No sé si lo verán ustedes igual que yo, pero me debo al ilustre oficio de la sinceridad impertinente. Van mal.

Veamos dos ejemplos: la construcción del aparcamiento subterráneo de la Alameda de Hércules y la recalificación de la antigua comisaría de la Gavidia. De ambos ha hecho bandera el equipo de Zoido. Estas dos iniciativas, por así decirlo, son metáforas de su forma de concebir la política aunque no reflejen exactamente lo que se pretende enseñar –una gestión eficaz– y, en cambio, vayan camino, igual que pasó con Ikea, de convertirse justo en símbolos de todo lo contrario.

Me explico. En el episodio del aparcamiento situado bajo el principal espacio público del centro de Sevilla –Monteseirín destinó el otro, la Encarnación, a albergar un centro comercial–, la idea de Zoido de volver a levantar la urbanización hecha hace sólo dos años, que costó siete millones de euros pagados con dinero público, para convertir este enclave en la cubierta de un estacionamiento rotatorio se sustenta en argumentos con los que se podrá o no estar de acuerdo pero que remiten –siempre– a un interés particular –el de los comerciantes del centro, sin olvidar al hipotético operador del parking– bastante alejado de sus supuestos beneficios públicos.

La Alameda es desde hace unos años un espacio vivo, lleno de actividad ciudadana, donde se han abierto multitud de negocios. La decisión municipal de reinventarlo obvia todos estos elementos en busca de imponer su propio dogma:“hay que hacer un parking para que la gente compre en las tiendas de Aprocom”.

Analicemos a fondo la cuestión. En primer lugar, el tono: el Consistorio no se plantea al defender esta postura que su posición de partida pueda estar equivocada –mal síntoma– ni tampoco la viabilidad jurídica real de la iniciativa. Recurre a lo habitual: el alcalde así lo cree. ¿Para qué discutir nada?

Y, sin embargo, la discusión es lo más interesante, porque es categórica: demuestra que en el gobierno local las cosas se deciden y se anuncian, cosa que también ocurría antes, sin sopesarlas en demasía y sin articular mínimamente desde el punto de vista técnico. Con Ikea pasó igual: un año después de prometer arreglarla en semanas, la cuestión todavía sigue abierta en canal.

La pregunta clave es otra: ¿es legal la decisión municipal de cambiar el Plan General para destruir la actual Alameda? Repárese en que nadie habla de legitimidad. Zoido, con su amplia mayoría, puede iniciar el proceso administrativo para cambiar el PGOU. Sí. Otra cosa es que tenga éxito en el intento. Y no precisamente por una conspiración política, sino por su propio talento.

La legislación urbanística, que es el único marco objetivo para analizar esta premisa, fija que cualquier cambio en el planeamiento vigente de una ciudad debe mejorar la ordenación previa. Se trata de un condicionante general, con independencia de los motivos oficiales que se esgriman para defender este tipo de propuestas. Las reglas del juego son nítidas: si la idea de hacer un parking en la Alameda no mejora el PGOU difícilmente podrá ser validada por la Junta de Andalucía. O ser respaldada por un juzgado.

Con independencia de lo que se piense al respecto, el criterio para evaluar esta cuestión está fijado expresamente en la normativa: es el interés público; nunca el privado. Así, además, lo recoge en su amplia jurisprudencia el Consejo Consultivo, el máximo órgano jurídico de Andalucía, que tiene que emitir un informe vinculante al respecto de este proyecto. Su tesis: para alterar el Plan General de una ciudad debe justificarse y concretarse que la nueva propuesta urbanística mejorará el plan vigente. ¿Lo hace el PP?

A tenor del singular expediente aprobado por Urbanismo, no demasiado. La única justificación formal que da el gobierno del PP para defender su iniciativa –y sobre la que en su momento opinará el Consultivo– es que Zoido ha derogado el Plan Centro. Punto. En ningún momento se explica –acaso porque no se pueda– en qué medida el hecho de hacer un parking rotatorio optimiza el modelo urbano de Sevilla.

El cambio que persigue el PP no es menor: alterar el PGOU en este punto abrirá la mano para construir otros estacionamientos comerciales –cerrados a los residentes– en cualquier punto del casco histórico. Una decisión de fondo que invalida uno de los elementos estructurales del Plan de Sevilla:  su programa de movilidad. Evidentemente, una cuestión tan sustancial no puede ser alterada sólo con un mero documento de modificación puntual, que es lo que el Ayuntamiento ha aprobado.

Porque además de no explicar en qué beneficiará a la ciudad –un requisito legal–, el Ayuntamiento basa su propuesta únicamente en la eliminación de una medida (el Plan Centro) sin demasiada entidad urbanística. El sustento legal de este proyecto era una ordenanza y, por tanto, con un rango jurídico inferior al PGOU. Por otro lado, la supresión del veto a los aparcamientos rotatorios cuestiona los principios de protección patrimonial del Plan General para el Casco Histórico: menos coches. ¿Esto es un beneficio colectivo?

En la Gavidia sucede otro tanto. Ni la justificación oficial es sólida, dadas las exigencias jurídicas que hay que cumplir, ni atiende a los requerimientos de la norma. El PP elimina la calificación urbanística del antiguo edificio policial –un equipamiento público– para convertirlo en “una gran superficie comercial”. El objetivo es venderlo al mejor postor: el presupuesto local de 2012 cuenta con estos ingresos, aunque estamos en mayo y la operación aún no tiene calendario cierto.

Asumir que la eliminación de un equipamiento vecinal será buena para la ciudad se antoja difícil. Quizás por eso el PP haya optado por otra vía: en el expediente urbanístico alega una motivación económica. Esto es: la necesidad de obtener recursos. ¿Convencerá al Consultivo? Ya se verá. Pero lo que es evidente es que no cumple la ley urbanística de Andalucía, que exige justificar cuál es la mejora que supondrá cambiar el PGOU, además de que ésta se sustente en el “mejor cumplimiento de los fines de la actividad pública urbanística”. ¿El fin del urbanismo es ganar dinero?

De otro lado, la exigencia legal de compensar el equipamiento que se perderá en la Gavidia debe hacerse, según la LOUA (artículo 36), en “la propia área objeto de innovación”. El Ayuntamiento quiere cumplir este trámite con el mercado del Arenal y el registro de la calle Pajaritos, de menor entidad y situados en zonas urbanas distintas. Otro desliz que dificulta la viabilidad del expediente. De hecho, el proyecto del PP no cumple casi ninguna de las obligaciones legales: ni justifica la innecesariedad del uso público de la Gavidia –sólo se habla de obtener fondos– ni tiene informes viables de la Junta, además de optar por una calificación –gran superficie comercial–que ni es pública ni de interés social. Sólo mercantil.

Lo que explica que, según fija la legislación de comercio, también sea necesario un informe sobre el impacto que tendrá sobre el comercio tradicional, además de un permiso ambiental único. El centro comercial de la Gavidia estará a menos de 500 metros de una zona residencial. Todo conduce pues al abismo: la recalificación urbanística del PP resulta ser tan pretenciosa como frágil desde el punto de vista legal. Zoido, claro está, puede politizar la cuestión. No servirá de mucho. Su talón de Aquiles no lo solucionará su nutrida mayoría en el Pleno. Se llama de otra forma. Eficacia, quizás.

La austeridad era esto

Carlos Mármol | 15 de diciembre de 2011 a las 6:05

El nuevo presupuesto municipal dejará a Sevilla huérfana de inversiones tangibles durante 2012. El gobierno local ‘politiza’ la elaboración de las cuentas públicas al usarlas para culpar a la oposición en lugar de para gobernar.

La política municipal se ha convertido en Sevilla en un déjà vu. Una paramnesia. Una réplica del famoso síndrome de lo ya visto, ya oído. Sólo que en esta ocasión con vocación perpetua. El gobierno local presentó esta semana –en dos tiempos, como si temiera hacerlo de forma íntegra– los nuevos presupuestos de la ciudad para el año 2012. El primer acto de gobierno –al menos formal– de Juan Ignacio Zoido (PP), que durante los seis meses que lleva en la Alcaldía ha tenido que reinar con las cuentas que le dejó en herencia Monteseirín. Sobra decir que el legado del regidor socialista no era precisamente brillante. Sobre todo en términos financieros.

Las nuevas cuentas municipales no podían ser, en consecuencia, holgadas. Ni osadas. Cuestión distinta es la singular actitud con la que el nuevo ejecutivo local ha abordado el ejercicio político (trascendente) que consiste en marcar prioridades, ordenar recortes y reorientar la gestión municipal en una determinada dirección; asunto cuyo impacto sobre la economía local es notable: el Consistorio es la principal empresa de la ciudad, aunque tal circunstancia sea más un síntoma de debilidad –del tejido empresarial sevillano– que un verdadero activo económico.

Nadie esperaba sorpresas. Tampoco alegrías. A lo sumo, actitudes. Del análisis de los presupuestos, sin embargo, no se obtiene más que una conclusión agria: el PP ha decidido politizar también en su provecho la elaboración de las cuentas públicas para seguir alimentando su estrategia –cuyo horizonte final son las autonómicas de marzo– de culpar a la oposición municipal de una ruina a la que ciertamente contribuyeron –y que pagaron en las urnas; aspecto éste importante– pero que, en cualquier caso, no exime ya de gobernar a quien actualmente disfruta de la mayoría en el Pleno .

Los presupuestos de Sevilla no son los de un gobierno en sentido estricto. Más bien parecen las cuentas de una administración condicionada por un extraño afán de confrontación que se destila hasta en las meras cuestiones terminológicas. Un ejemplo: la edil responsable de elaborar la cuentas, Asunción Fley, calificó de “enchufados” a todos los cargos de confianza de la anterior estructura municipal. Una figura que el PP también usa desde que llegó al gobierno, incrementando incluso el gasto global si la cuestión se analiza estrictamente desde el punto de vista de los altos puestos directivos. Parece obvio que bajo un prisma técnico el adjetivo utilizado era innecesario. Políticamente, al parecer, resultaba esencial. La orientación de un presupuesto, como es obvio, es una decisión de naturaleza política. Hasta ahora se hacía siempre hacia el futuro, nunca hacia el préterito. Salvo para el PP de Sevilla, que sigue mirando hacia el pasado.

Con independencia de la tesis elegida para presentar las cuentas –el Ayuntamiento está en la ruina por culpa del anterior gobierno local–, los presupuestos, pendientes aún del análisis del interventor municipal, y que ayer comenzaron a ser cuestionados por la oposición, dibujan un preocupante porvenir para la institución municipal. Hasta el punto de que no es descartable que, pasados los comicios autonómicos, veamos medidas de ajuste que tendrían a las empresas y organismos municipales en el punto de mira. Todos ellos, salvo Tussam, que tiene ya problemas para pagar las nóminas, recibirán menos fondos sin que los ingresos aumenten. Lo que augura cambios profundos desde el punto de vista jurídico si se quieren mantener los servicios.

Entremos en detalles. En primer lugar, los motivos de la ruina: la carga financiera municipal ronda ya los 70 millones de euros. ¿A qué se debe su incremento? Las razones son dos: el pago de la operación financiera suscrita en 2008 para aminorar el impacto de la deuda municipal global y la liquidación del dinero estatal recibido en los dos últimos años. El anterior gobierno local incumplió periódicamente la legislación de estabilidad presupuestaria, lo que provocó la tutela de la Junta de Andalucía. En cifras: en lugar de lograr un incremento de la tesorería del orden de 16 millones de euros (la previsión), las desviaciones fueron de 33 millones. La ley obliga a asumir este desajuste, lo que recorta la capacidad maniobra del PP.

La situación, siendo grave, no es una completa sorpresa: el plan fue objeto de dos ajustes antes de que llegase Zoido a la Alcaldía y los términos del acuerdo con los bancos –pago de intereses sin amortizar capital hasta 2012– eran conocidos. ¿Entonces? El segundo factor es el trascendente: las liquidaciones a cuenta del dinero que el Estado entrega a los ayuntamientos han sido negativas –la recaudación ha caído– y por tanto hay que devolver todo el dinero entregado en demasía. Hasta 106 millones de euros, que el Estado restará anualmente de las futuras aportaciones durante varios años.

Las tres fuentes que nutren de ingresos al Consistorio (transferencias estatales, tributos, operaciones financieras) van en regresión mientras los gastos se ven reducidos de forma discreta. Lo que dejará al Ayuntamiento durante 2012 sin capacidad real para poder invertir. Cierto es que el gobierno del PP ha decidido –cosa que le honra– hacer aflorar la deuda subterránea del Consistorio: facturas con proveedores por importe de hasta 12 millones de euros asumidos de forma extrapresupuestaria. Es la principal medida positiva –casi la única– de las cuentas locales, que al menos impedirán que las empresas afectadas continúen sin cobrar. Aunque, en términos macroeconómicos, la realidad subyacente en el presupuesto no cambia: no se percibe una decidida apuesta por el empleo, el ahorro es más aparente que sustancial y todos los problemas estructurales de la administración local se dejan sobre la mesa.

Las dos mayores contradicciones de las cuentas proceden del propio discurso oficial del gobierno local. El PP ha dicho que sus cuentas son realistas –a su juicio no contemplan ingresos hipotéticos, sino ciertos– y austeras. Sobre el primer aspecto llama la atención un hecho: probablemente para poder presentar un capítulo de inversiones en las cuentas –apenas 15 millones de euros– se han consignado unos ingresos teóricos por venta de patrimonio –el edificio de La Gavidia, entre otros– que no están garantizados. Ni de lejos. Los socialistas e IU se apoyaron ayer en este punto para decir que las cuentas son “falsas”. Más correcto sería decir que son una ficción. Y, como tal, arbitraria: se presupuestan sin rubor alguno estos ingresos inseguros pero, en cambio, no se consignan todos los fondos de personal para determinados programas de empleo porque se desconoce si se aprobarán por parte de la Junta. Criterios opuestos ante una misma incertidumbre presupuestaria. Curioso.

Sobre la austeridad, la regla utilizada también es discutible. En altos cargos (el gran argumento político del PP) el recorte es de sólo un millón de euros. Un cifra que no casa con la trascendencia de la versión oficial, sin que ello cuestione su necesidad. El capítulo I [Personal] se reduce en apenas un 4%. Los gastos de funcionamiento [capítulo II] descienden un 5%, aunque en realidad crecen, al tener que incluir la ayuda a domicilio y reconocimientos extrajudiciales. Los gastos financieros [capítulo III], en cambio, se disparan un 39% y las inversiones quedan en un mero deseo: el propio presupuesto reconoce que “no se pueden pedir préstamos para invertir”, por lo que recurren a la supuesta venta de patrimonio para al menos incluir una cifra en las cuentas. Que se cumpla ya es otro cantar.

El gran tijeretazo es para las empresas y entidades municipales: un 23% menos de dinero. ¿Afectará a los servicios? Todavía está por ver. La desaparición de Sevilla Global y otros organismos facilita el ajuste. En el caso de Tussam, que se salva de la regla, no se modifica la situación de fondo, al haber aprobado bonificaciones que reducirán sus recursos. Las políticas asistenciales (secundarias en el ámbito político local) se mantienen, aunque en materia de construcción de VPO no se contempla ni una sola obra nueva. Una señal evidente de que la vivienda pública va a pasar a mejor vida en Sevilla.

Los demonios de la Gavidia

Carlos Mármol | 5 de diciembre de 2011 a las 6:06

La recalificación impulsada por el gobierno de Zoido para transformar la antigua comisaría del centro en un espacio comercial requiere tres modificaciones del PGOU, el permiso de la Junta y el visto bueno del Consultivo.

La recalificación de la Gavidia es un nuevo rebrote de síndrome Ikea. O lo que es lo mismo: la singular costumbre del actual gobierno municipal del PP de meterse con notable facilidad en un jardín umbrío –generalmente urbanístico– sin saber exactamente cómo salir de él, sin tantear primero sus dimensiones exactas y sin llegar a averiguar del todo siquiera el número concreto de árboles que tiene. La mejor manera de meterse en un problema. Grave, además.

La decisión del ejecutivo local que preside Juan Ignacio Zoido de vender al mejor postor para hacer caja los edificios públicos de la plaza de la Gavidia y de la calle Pajaritos –la antigua comisaría de Policía y la sede del Registro Municipal– es una llamativa forma de hacer política. A las bravas. Con un sentido sui generis de la normativa. Más o menos igual que en su día se hizo al abordar la recalificación urbanística de los terrenos de San Nicolás Oeste, donde la multinacional sueca Ikea reclamaba un cambio a la carta del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) para rentabilizar –por encima de lo necesario– una operación inmobiliaria.

Entonces, la posición de entrada del gobierno de Zoido fue: “cambiaremos lo que sea necesario antes de un mes”. La de salida todavía es una incógnita: este proyecto sigue en el aire a pesar de haberse cumplido ya todos los plazos prometidos por el alcalde como consecuencia de una “negociación técnica” que no sólo se alarga en demasía, sino que incluso provocó un episodio memorable:ver a la dirección de Ikea desmintiendo en público al propio gobierno local.

Casi todos los grandes asuntos que han puesto en apuros al equipo de Zoido en estos seis meses de gobierno –salvo el Plan Centro, cuya comisión de investigación se volvió en contra el PP, que la creó para castigar a la oposición– tienen a la Gerencia de Urbanismo de Sevilla como departamento afectado. Y a su actual titular político –Maximiliano Vílchez– como principal responsable. El foco, invariablemente, busca su figura. Algo natural, si se tiene en cuenta que toda la estrategia política del PPpasa en buena medida por derivar a otros los problemas más graves para que no perjudiquen a la Alcaldía.

Vílchez, que ya dio muestras de su conocimiento de los asuntos urbanísticos en el caso Ikea –acusó a la oposición de no conocer la normativa, pero quien ha tenido que dar marcha atrás por no respetarla en primera instancia fue él– de nuevo aparece ahora en el ojo del huracán por la enajenación de la Gavidia, que augura un nuevo quebradero de cabeza al ejecutivo de Zoido.

Vayamos por partes. El gobierno local aprobó este viernes un acuerdo que literalmente ordena a Urbanismo iniciar los trámites para “desclasificar” los edificios de la Gavidia y la calle Pajaritos. El motivo: tienen que venderse para obtener ingresos. Tanto en uno como en otro caso, el gobierno local no explica qué implica la “desclasificación” de ambos inmuebles. Un concepto de andar por casa que puede aplicarse a la vertiente patrimonial –los dos están protegidos– o a su calificación urbanística. En ambos supuestos cualquier cambio conlleva una serie de trámites legales que no dependen sólo del Consistorio, sino de otras instancias administrativas.

El caso de la Gavidia es paradigmático. El Ayuntamiento piensa recalificarlo para poder venderlo. Así de fácil. La operación, sin embargo, no es tan simple como se desprende del modus operandi municipal. Su enajenación sólo será posible si se abordan hasta tres modificaciones sucesivas del Plan General de Sevilla –cuya validez jurídica es similar a una ley– y, sobre todo, si se logra el requisito inexcusable de contar con el visto bueno del máximo órgano jurídico de Andalucía. El Consejo Consultivo. Un organismo asesor independiente que, en su momento, ya puso en un serio aprieto político a Monteseirín, cuando trató con parecida suficiencia la última modificación presupuestaria para terminar de pagar las obras del Parasol de la Encarnación.

Entremos en detalles. El primer problema de la Gavidia tiene que ver con su calificación urbanística. El PGOU la considera una dotación pública con nivel de sistema general. ¿Qué significa esto? Que es parte del esqueleto urbano de Sevilla. Y, por tanto, tan intocable como un parque público. El uso principal aplicable a esta parcela es el dotacional, aunque se tolera reservar un 20% de la edificabilidad para usos comerciales.

Al Ayuntamiento le parece poco: pretende que el solar en su integridad –7.500 metros cuadrados– sea calificado para actividades terciarias. Una modificación jurídicamente complicada. Primero, por el término utilizado en el acuerdo del gobierno local: “la desclasificación”, según juristas consultados por este diario, no existe en el caso de los suelos dotacionales. “Estamos ante una recalificación pura: un cambio que implica pasar de un uso no lucrativo (equipamiento) a otro con valor económico (terciario)”.

La cuestión no es sólo nominativa. También legal: tocar un sistema general calificado como equipamiento implica, igual que ocurrió en su día en Marbella, alterar todo el equilibrio dotacional de la parte de Sevilla –lo que el PGOU llama barrio-ciudad– en el que se encuentra.

Dicho de forma más sencilla: como la Gavidia estaba llamada a ser un equipamiento, si se recalifica el Ayuntamiento tiene obligatoriamente que compensar la pérdida de dotaciones (7.500 metros cuadrados) en esta misma área urbana. Y además debe justificarlo expresamente. Cosa nada fácil: en el centro no hay muchos espacios libres de idénticas dimensiones. Por otro lado, es probable que los vecinos afectados no reciban con agrado la noticia de que les quitan un espacio público para un centro comercial.

En segundo lugar está la vertiente patrimonial. El edificio de la Gavidia, un ejemplo de arquitectura racionalista, fue construido en 1962 por el arquitecto Ramón Monserrat. Está protegido con el segundo máximo nivel de catalogación patrimonial (global). Por tanto, no puede derribarse: es un inmueble singular, monumental.

Si se intenta darle un uso comercial, hay que hacerlo sobre el inmueble existente, que sólo puede ser reformado con meros proyectos de obra menor. Para dejar sin efecto este elevado nivel de protección, Urbanismo tendría que volver a modificar el PGOU –su catálogo patrimonial–, lograr el permiso a la Junta (Cultura) y explicar, en un momento en el que políticamente busca aparecer como defensor del patrimonio (véase la Torre Pelli), los motivos por los que piensa destruir un referente arquitectónico.

La tercera cuestión se refiere al solar de la Gavidia: la parcela sobre la que se asienta el edificio de la comisaría. Es un bien de dominio público. Por tanto, no puede enajenarse sin salvar antes la concesión demanial. De nuevo habría que modificar el PGOU, que en sus normas precisa que en el caso de las dotaciones, incluso si se altera su uso, la propiedad del suelo seguirá siendo siempre pública. Estos factores dificultan cualquier operación de venta: el supuesto comprador adquiriría un edificio protegido (que no podrá tocar) en un terreno que tampoco será suyo. Algo que no suelen hacer las grandes firmas comerciales.

La tramitación de estas tres modificaciones del PGOU está reglada: es necesario obtener en todos los casos la autorización de la Junta (Obras Públicas), el visto bueno de Cultura (Patrimonio) y conseguir el permiso expreso del Consejo Consultivo de Andalucía, que, según el artículo 36.2.c.2 de la LOUA, emitirá un dictamen vinculante. Esto es: o avala la recalificación o ésta no podrá seguir adelante.

El PP puede politizar la cuestión y culpar a la Junta (PSOE) de poner freno a sus iniciativas. Cuestionar al Consejo Consultivo es más complicado. Y sobre todo: si lo hace se pondría en la misma situación que Monteseirín cuando decidió seguir con las obras del Parasol a pesar del reproche de la máxima institución jurídica andaluza. La Gavidia está llena de demonios. Y ninguno parece benigno.