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La desubicación

Carlos Mármol | 18 de mayo de 2008 a las 12:02

La desubicación

La Junta, que no dudó en saltarse el PGOU, el Pleno municipal y hasta el sentido común para utilizar antes de las elecciones la promesa de la Ciudad de la Justicia, vuelve a abrir el melón sobre dónde irá este equipamiento público

EL problema no es de sitio, sino de método. Acaso de la escasez de un mínimo de materia gris. Un activo cotizado pero bastante escaso en ciertos ámbitos políticos. El nuevo viraje que la Junta de Andalucía ha dado hace unos días a uno de sus proyectos estrella para dotar a Sevilla de un evidente y manifiesto símbolo de capitalidad –la construcción de la nueva Ciudad de la Justicia– representa, mejor que cualquier otro ejemplo traído al caso, la escasísima capacidad de la administración autonómica para cumplir sus propias promesas, planes y compromisos con los ciudadanos.

En una semana en la que, casualmente, la nueva consejera de Obras Públicas, María del Mar Moreno, ha debutado en público anunciándoles a los sevillanos otro nuevo retraso –y van dos– en las obras de construcción de la línea 1 del Metro, la nueva titular de la Consejería de Justicia, Evangelina Naranjo, cuyo pasado político deviene de su anterior experiencia municipal, continúa sorprendiendo a propios y extraños al admitir, aunque a regañadientes, que su departamento se está replanteando por completo el proyecto de campus judicial que su antecesora –María José López– decidió, casi se diría que por decreto, que estaría funcionando en 2010 en terrenos del puerto de Sevilla.

Que dicha promesa de renovar el equipamiento judicial de Sevilla es vieja no es ningún secreto. Casi podría decirse que echar la vista atrás causa rubor. Que en este tiempo se han propuesto diferentes opciones para coger el toro por los cuernos tampoco es una novedad. La diferencia real con respecto a otras coyunturas previas radica en otro factor: antes, la responsabilidad de estos experimentos era únicamente del asesor político de turno; ahora, en cambio, el retraso pone en apuros al mismo presidente de la Junta, Manuel Chaves, que no sólo avaló personalmente los plazos oficiales del proyecto judicial, sino que llegó incluso a sugerir que si hacía falta una línea específica de Metro para ir a la Ciudad de la Justicia este ramal ferroviario también se acometería. Idos los comicios autonómicos, el mantenimiento de la palabra dada parece dejar de importar.

Siendo esta situación muy poco edificante –al menos, a nivel estético–, tampoco mejora en demasía las circunstancias que la decisión de dejar en dique seco el Campus Tecnológico Judicial –tras estos nombres tan ostentosos generalmente se oculta el vacío de ideas de ciertos dirigentes políticos; un buen nombre no hace un proyecto mejor– se produzca después de que el Gobierno autonómico se saltara sin empacho alguno la normativa urbanística –el PGOU– que apenas unos meses antes él mismo había ratificado de forma definitiva. Y del que además hizo bandera. Era natural: es uno de los pocos planes generales adaptados a la ley de ordenación urbanística de Andalucía. Pero ni por esas tuvo la suerte de ser respetado. Lo que unas semanas antes era magnífico, dejó de tener, al menos en este punto, valor. Entraba pues dentro de lo lógico que el Pleno municipal aprobase entonces, siquiera para salvar en público los muebles, un acuerdo de protesta reiterando lo obvio: la ciudad había decidido, tras consultar a la propia Junta, que la mejor ubicación para el campus de la Justicia era el cordel de Los Gordales, donde todavía se instala la Feria de Abril.

Igual que en ese momento a la administración regional no le importó autoenmendarse y, de paso, pasar por alto la normativa urbanística de Sevilla, tampoco ahora hay complejo alguno en parar. Si entonces todo valía con tal de sacar adelante dicho proyecto-virtual, cualquier justificación resulta útil estos días para argumentar lo contrario. Depende de lo que se necesite en cada momento. Anteriormente, ante la sucesión de evidentes incoherencias, se dijo que el objetivo último era loable: desbloquear de una vez el campus para no tirar el dinero público en alquileres que nacían con vocación temporal pero terminaban siendo perpetuos.

Falta de sinceridad

En estos momentos no hay disculpa posible. La Junta no puede alegar una solución alternativa mejor que el puerto porque, si existe, ésta ya debió plantearse en su día. Tampoco puede argumentar con solidez la necesidad de hacer una nueva excepción a la normativa urbanística. Ya era una tremenda paradoja que la Ciudad de la Justicia fuera a hacerse en contra de la propia ley, que en este caso sería el PGOU. Parece pues claro que no se sabe qué hacer. Acaso porque nunca se supo más que entretener a los colectivos profesionales relacionados con la justicia que, en su mayoría, se oponían a la ubicación portuaria por sus intereses corporativos y su concepción, aún decimonónica, de la ciudad.

Pero lo realmente sorprendente es que la Junta, ni antes ni ahora, en ningún momento, ha tenido el coraje de ser sincera con los ciudadanos, que son los que padecen los problemas judiciales. Jamás en este tiempo ha admitido que no ha hecho otra cosa más que encadenar sus propios errores. La sinceridad, al menos, hubiera sido un detalle. Porque, al cabo, nunca hubo más que un proyecto improvisado que se armó a la carrera. Para las elecciones. Ahora no se sabe por dónde tirar. La consejera lleva días hablando con jueces, abogados y procuradores. Sólo ella sabe qué hará. Sería de agradecer que, sin que sirviera de precedente, se atreva por una vez a llamar las cosas por su nombre. Decida lo que decida.