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La alfombra roja destiñe

Carlos Mármol | 28 de julio de 2012 a las 6:06

Lo peor que puede ocurrirle a cualquier gobernante no es equivocarse, sino ser arbitrario, discrecional, caprichoso. En Sevilla ya está ocurriendo. El gobierno municipal lleva algo más de un año lanzando dos mensajes. Uno: le vamos a poner “una alfombra roja” a cualquier inversor que quiera venir a Sevilla. Dos: la normativa urbanística, que es la que define el modelo de una ciudad, no es un problema porque estamos dispuestos a cambiarla las veces que haga falta. Las inversiones están por encima de las leyes.

Como todo discurso grueso, sin matices, sin demasiados grises, el planteamiento tiene un fondo demagógico. El proceso debería ser justo el opuesto: las ciudades eligen primero cómo quieren ser, a ser posible en función de las necesidades de los ciudadanos, y después se lanzan a buscar inversores que obtengan sus legítimos beneficios sin alterar la esencia de su modelo. En esto pasa como con los hijos: uno quiere que trabajen y que las cosas les vayan bien pero no en cualquier cosa ni a cualquier precio. Porque en la vida existen los límites. Los principios.

El Ayuntamiento, sin embargo, ha convertido el urbanismo sevillano en una mera ventanilla de viabilidad para las ideas de terceros. Sin luz y sin taquígrafos. Habría que preguntarse si esta ciudad no requiere algo más. Sobre todo ahora, cuando la burbuja inmobiliaria, que se justificó recurriendo al empleo, ha devastado el presente y oscurecido el futuro.

Lo curioso es que Zoido abre esta ventanilla urbanística pero ni cuenta con la competencia plena en la materia –de ahí sus problemas con la Junta, que son más técnicos que políticos– ni, por lo que nos enseña en el caso Decathlon, aplica el mismo trato a todos los inversores. Para unos la alfombra sigue siendo roja. Para otros destiñe.

La ley rige igual para todos. Sin excepciones. Si el PGOU da seguridad jurídica a los inversores es porque sus criterios son objetivos. El PP, sin embargo, ha optado por la subjetividad:en unas ocasiones zarandea el Plan General y en otras se esconde tras él. Esta contradicción requiere una explicación. El urbanismo de Sevilla no debería ser reversible.

La herencia inconfesable

Carlos Mármol | 26 de febrero de 2012 a las 6:05

El gobierno del PP en Sevilla construyó toda su oferta electoral sobre un cuestionamiento de la herencia política recibida de Monteseirín. El alcalde recurre ahora a sus proyectos para mostrar algo de gestión.

Marco Tulio Cicerón, orador romano, senador destacado, dijo un día: “Malos tiempos: los hijos han dejado de obedecer a sus padres y todo el mundo escribe libros”. Efectivamente: es así. Los tiempos actuales son pésimos para casi todos, incluso para aquellos a los que les toca en suerte la tarea (ardua) de gestionar algún tipo de herencia. Ya se sabe: son la causa de las mayores disputas que se producen en esa institución (social) que todavía llamamos familia.

En política ocurre igual. Hay herencias mortales y veniales, pero nunca neutras. Ninguna es fácil de llevar. Las excelentes provocan, con frecuencia, un problema de contraste: si el que llega al poder resulta ser inferior a su antecesor, la losa será imposible de levantar. Si, en cambio, es superior, acaso el gobernante que salga favorecido tras la comparación se contente con lo mínimo, en lugar de aspirar a lo máximo. Lo que suele generar, por lo normal, mediocridad.

Juan Ignacio Zoido, alcalde de Sevilla desde hace ocho meses, alcanzó el poder formal –el supremo debe ser de Dios, dueño de nuestros días– precisamente renegando de la herencia política previa que, tras ocho años de gestión, dejaba el gobierno PSOE-IU. Todo su proyecto discurrió, durante el lustro que estuvo en la oposición, por el raíl del revisionismo: el ejecutivo de Monteseirín era un gobierno con una corrupción estructural, que no salía a la calle y que se embarcaba en proyectos que dejarían en la ruina la hacienda pública. Cambio. La estrategia le salió redonda: sacó 20 concejales. Dejó sentado a un PSOE que todavía no ha sido capaz de entender cómo, con todos los recursos en su mano, su ex-alcalde, con más de una década de gestión, abandonó a su suerte a su base electoral.

Los primeros compases de la era Zoido también han estado marcados por las cuestiones de herencia. Su principal argumento político en este tiempo, casi el monotema, ha sido la denuncia (por los procedimientos habituales) de buena parte de las irregularidades cometidas por Monteseirín y Cía. Una salmodia que han repetido, por tierra, mar y aire, durante más de medio año. La táctica se equilibraba con golpes de efecto (relativos) para ir desmontando algunas de las medidas emblemáticas de la etapa anterior. Fue el caso del Plan Centro, derogado sin alternativa, o la paralización de facto de la Empresa Pública de la Vivienda (Emvisesa), pasando hasta por la modificación del callejero urbano, quitándole (ofensa sin necesidad) su calle a Pilar Bardem para rebautizarla con un nombre de Virgen. Laus Deo.

El revisionismo se ha convertido así, unas veces de forma más tibia, en otras ocasiones con un estilo más vehemente, en uno de los rasgos del ejecutivo de Zoido, que prometió –en su investidura– ser el alcalde de todos. Con veinte concejales y los añadidos externos, el ejército de guerra sucia del PP ha tenido estos meses una tarea enorme. Reunir un arsenal de bombas de racimo –de estallido mediático inmediato– por si alguien, principalmente de la oposición, se atrevía a no aplaudir el retablo de las maravillas en que algunos convirtieron la llegada al poder local del PP.

Gobernar es tarea ardua y, como la confianza ciudadana había sido alta, parecía que esta estrategia podría mantenerse hasta bien cumplida la primera anualidad del mandato. Las voces independientes y críticas –escasas– eran gotas en un océano de adulación, entusiasmo, mucho interés y cierta ceguera. Se podían hasta convertir en gestas las cosas menores: la reivindicación de la Navidad –inventada desde que la Iglesia así lo decidió– o asuntos delicados, como las tragedias personales (caso Marta), que si algo merecen por parte de todos no es compasión, sino respeto. Un hondo y profundo respeto.

Y, sin embargo, algo empezó a virar el rumbo del barco municipal, impulsado con fuerza por el viento de Poniente. Quizás la cosa mutó cuando, en un exceso de entusiasmo, el gobierno del PP decidió –en plena crisis económica– organizar en Sevilla aquella final de la Copa Davis que costearon las arcas municipales. El político sencillo y austero, sorprendentemente, iba por el mismo sendero de sus antecesores: los grandes eventos, espejismo en el que en su día nadaron Manuel del Valle (PSOE), Alejandro Rojas Marcos (PA) y Monteseirín. Tan sólo Soledad Becerril, casualmente de su mismo partido, se salvó de esta pandemia.



A partir de la Davis, todo ha ido a peor. No tanto porque el barco municipal esté naufragando –cosa imposible dado el escaso tiempo de gobierno, la solidez de la mayoría en el Pleno, la marea azul que vive el PP en España y muchos otros factores–, sino porque la imagen excesivamente idílica construida durante la campaña ha ido, poco a poco, resquebrajándose. Es el gran riesgo, en política, de los episodios de amplificación hasta la desmesura. Cuando se quiebran, se parten mucho más rápido que los retratos de corte más realista. Ciertos.

Curiosamente, el ocaso del mensaje evangelista del PP de Sevilla está coincidiendo con las vísperas de los comicios autonómicos, a los que Zoido concurre –de nuevo– como candidato a diputado regional. Quizás por esta circunstancia, la máquinaria municipal decidió hace unas dos semanas que convenía resaltar ante los ciudadanos la imagen del alcalde como la de un político capaz de impulsar los proyectos relacionados con el empleo. Ya no valían las soflamas contra los de antes. Cumplidos los ocho meses, los de antes ya eran los de ahora.

El plan consistió en escoger una serie de hitos que sustentasen la tesis electoral: Zoido impulsa proyectos para que exista trabajo en Sevilla. En un momento crítico –la reforma laboral del PP favorece el despido– parecía ser una buena táctica, si no fuera porque, ante la ausencia de una cosecha propia –la gestión de estos ocho meses es magra– tuvieron que recurrir a la herencia previa, tan criticada, y ocultando además su procedencia. Se sucedieron así las estampas: la remodelación del Mercado del Barranco, el impulso a la Ciudad de la Imagen (Higuerón Sur) y, por último, el “desbloqueo definitivo” de Ikea. Todo en sólo tres días. En un escenario egregio (la sala capitular) y con un mismo mensaje: Sevilla funciona gracias a Zoido.

La cosa, sin embargo, no salió como estaba previsto. Primero porque la gente normal, pero sobre todo la oposición, todavía tiene algo de memoria. Y segundo porque las medias verdades tienen las patas cortas. Era demasiado grueso hacer pasar lo que no eran sino meros trámites administrativos por hechos trascendentes. Incluso el colofón de Ikea saltó por los aires apenas unos días después cuando la propia multinacional sueca enfrió el optimismo municipal.

No hubiera sido demasiado trágico si la semana no hubiera terminado con el fin de la inocencia: los socialistas, quién se lo iba a decir a algunos, desvelaron que el PP tenía, al igual que ellos en su época, una red para contratar a familiares de hasta tres concejales y cargos provinciales del partido en los distritos. La primera reacción fue combativa: el edil responsable del asunto, Beltrán Pérez, dio una surrealista rueda de prensa en la que, como no podía negar la mayor (era verdad), amenazó a la oposición con rebuscar en su idílico pasado. Cosa singular: el pecado, parecía pensar el concejal, no era hacer ciertas cosas, sino que te cojan, como si determinados precedentes invalidasen el presente.

Al final, siendo un tema menor, terminó en causa mayor cuando Zoido forzó –gesto que es digno de reconocimiento– la salida de cinco de los familiares contratados por sus vínculos con el PP. Quizás la medida sea insuficiente. Cosmética. Pero demuestra varias cosas. Una: el periodo general de gracia ha terminado. Dos: la oposición, a pesar de los habituales espadanoicos, está funcionando. Y tres: los discursos excesivos siempre encierran en su interior la semilla misma de su contradicción. Es así.

Ikea: un protocolo con estrambote

Carlos Mármol | 18 de febrero de 2012 a las 6:05

Insistimos en los golpes de efecto. De acuerdo. Estamos en campaña electoral –no sé si lo han notado– y el PP celebra estos días su congreso nacional en Sevilla. Conviene salir como un gobernante comprometido con el empleo aunque el número de parados no haya dejado de aumentar en los últimos meses. Ahora bien, si se analiza con rigor –ese cualidad, tan escasa– el protocolo que ayer firmó el alcalde para poder anunciar el “desbloqueo” de la recalificación de Ikea no puede sino concluirse que el gobierno local ha parido –de nuevo– un ratón. Enhorabuena.

El supuesto documento mágico, que encajaría el proyecto en el PGOU, tiene siete páginas de las cuales cinco y media son una relación de los propietarios del suelo. Es natural que el Ayuntamiento diga que redactarlo le ha costado “mucho esfuerzo”. Las cláusulas –que en términos jurídicos es lo válido– no llegan ni a un folio. Y dicen que los promotores cumplirán con sus obligaciones legales –algo no sólo normal, sino inevitable– y que el Ayuntamiento tramitará el proyecto “con la mayor celeridad posible” e intentará construir la SE-35 en el año en curso. Nada más.

El protocolo mágico se limita pues a constatar lo obvio: ambas partes van a cumplir la ley. Notable. Zoido orientó ayer la puesta en escena de este asunto en el empleo, pero este concepto no figura en el acuerdo. Se buscaba una foto. Punto. La cuestión de fondo –la rebaja de la edificabilidad necesaria para encajar el proyecto en el PGOU– aún está pendiente. De forma que lo que oficialmente se llama “desbloqueo” deja abiertas todas las incertidumbres del proyecto. A saber: cómo se encajarán las exigencias de la empresa en el marco del Plan General, qué dirá el informe de Aviación Civil, qué pasa con la desafectación de la vía pecuaria que discurre por la zona –el asunto está en los tribunales– y quién va a pagar la SE-35. Todo esto sigue exactamente igual que estaba. Sin explicar.

Desde hace ocho meses, cuando Zoido prometió que esto lo arreglaría “en semanas”, estamos dando vueltas a lo mismo. Podemos seguir, pero resulta ridículo tratándose de una administración que aspira a la eficacia suiza. Los técnicos municipales aceptaron una leve reducción de 25.000 metros cuadrados cuando informaron inicialmente el Plan Parcial de los suelos (de 149.000m2 se pasaba a 123.000) siempre y cuando se lograse una redistribución de los mismos que no violase la norma del PGOU: las superficies comerciales no pueden superar el 49% de una unidad urbanística. La aprobación inicial estaba vinculada a subsanar esta cuestión. Y ni siquiera en esto han avanzado.

De ahí que los promotores (el 74% de los propietarios) vayan a hacer un Estudio de Detalle (una figura de planeamiento) para solventar la cuestión. Hasta que este documento no esté validado, las dudas persistirán por mucho que se quiera confundir a la gente aprovechando que el urbanismo es una disciplina hermética. Con la SE-35 ocurre igual. El dinero se lo gastó Monteseirín en el Parasol. Zoido afirma ahora que la contratará en 2012 con ayuda de la Junta y el Estado. Ojalá. Si se hace –me temo– será para implantar un peaje urbano. Como en Madrid. Al tiempo.

Gobernar no consiste sólo en limitarse a hacer propaganda. El protocolo de Ikea es como el soneto con estrambote de Cervantes. “Firmose y no hay nada”.

Urbanismo: territorio minado

Carlos Mármol | 9 de febrero de 2012 a las 6:05

La incapacidad del Ayuntamiento y la Junta para hacer cumplir la legislación medioambiental que ‘blinda’ las vías pecuarias de Sevilla va camino de quebrar el desarrollo de un Plan General que el PP considera ajeno.

Parece una cuestión secundaria. Hay quien no es capaz de comprenderla ni con subtítulos. Y, sin embargo, va a condicionar la política urbanística de los próximos años. Si les digo vías pecuarias, probablemente les suene a un árido tema medioambiental. Es lógico. Pero si les cuento que debido a un incumplimiento legal, responsabilidad exclusiva del Ayuntamiento y de la Junta de Andalucía, buena parte del marco jurídico básico que sustenta el urbanismo en la ciudad está en cuestión, quizás su percepción sobre el particular cambie de golpe. Está por ver incluso si en algún caso concreto no se ha podido cometer hasta un posible delito.

Si aportamos por último el nombre de algunas de las empresas que podrían estar potencialmente afectadas por la negligencia municipal –Gabriel Rojas, Bogaris, Iniciativas Concertadas, Iniciativas de Bienes Inmuebles, Urbanismo Concertado– el asunto seguro que salta de escala. Quien no entendía, empezará a querer comprenderlo. Lo técnico se transformará en político. Es la magia que tiene el urbanismo: interesa bastante más cuando afecta al mundo del dinero. Y esto ocurre casi siempre. Sin excepción.

Durante los dos últimos lustros padecimos en Sevilla el síndrome de la falsa grandeur: proyectos ambiciosos, arquitectura de vanguardia, concursos de ideas, rascacielos y otros hitos de la vaporosa política del anterior alcalde, Alfredo Sánchez Monteseirín. Sus arriesgadas apuestas urbanísticas provocaron en unos casos problemas patrimoniales –véase la Torre Pelli– y en otros supusieron un quebranto para las arcas públicas –el Parasol–. Pero lo que en ningún momento logró es algo mucho más básico: conseguir que la gestión diaria de la política urbanística mejorase.

La etapa de gobierno de Juan Ignacio Zoido (PP) no ha cambiado este panorama. Hasta ahora se limita a los golpes de efecto. Poco más. Ha eliminado de la agenda política los proyectos emblemáticos, algo sin mayor mérito. Desde antes de las elecciones ya se sabía que no había dinero. Ha tratado de vender una austeridad voluntaria que más bien es obligada. Se ha quejado de la herencia recibida pero sin dejar de aprovecharla en su beneficio (Regiones Devastadas). Y ha diseñado un duro programa de ajuste para la Gerencia de Urbanismo –la famosa hoja de ruta– pendiente de lo que suceda tras las elecciones.

Todas sus demás apuestas han patinado. La recalificación de Ikea está varada desde hace medio año. La venta de la comisaría de La Gavidia también. No hay noticias oficiales de las negociaciones con Altadis y otras entidades (Betis y Sevilla) partidarias de volver a la costumbre, practicada por todos los partidos políticos, del urbanismo a la carta. Sólo hay un discurso simplista:“El PGOU es un obstáculo para el desarrollo de Sevilla”. Y una actitud arrogante: “Vamos a cambiar lo que tengamos que cambiar”.

Un problema de gestión

Bien. Sin embargo, el PGOU no tiene un problema de diseño, sino de gestión. Una responsabilidad que es exclusivamente municipal. Y que, a tenor de los últimos acontecimientos, va a convertirse en un cáncer potencial cuyas consecuencias no son únicamente legales –un juzgado de Sevilla ha encargado al grupo de delitos urbanísticos de la Guardia Civil que investigue la ocupación ilegal en distintos terrenos de parte de la red pública de vías pecuarias, cuya naturaleza jurídica es la de un bien colectivo–, sino económicas.

Hace unos días, los ecologistas presentaron en los tribunales una denuncia. En ella reclaman al juez que anule seis planes urbanísticos que afectan a idéntico número de grandes bolsas de suelo. Su argumento: no se han cumplido las exigencias establecidas por la legislación ambiental. Las vías pecuarias.

San Nicolás Oeste, donde la multinacional Ikea quiere desarrollar su operación inmobiliaria contra las directrices del PGOU, es uno de los espacios afectados. El PP prometió al llegar al poder sacar adelante esta iniciativa “en semanas”. Siete meses después, la cuestión todavía sigue varada. Sin fecha. No existía ningún bloqueo, sino presiones por parte de la multinacional para adaptar el planeamiento urbanístico a sus deseos, que consistían en liderar una operación inmobiliaria más global –con el pretexto de abrir una segunda tienda propia– muy por encima de los límites estrictos del Plan General. Un bucle del que el PP todavía no ha salido.

Ikea es el caso más llamativo. Pero ni de lejos es el factor trascendente. El planeamiento de San Nicolás Oeste todavía no ha sido aprobado definitivamente –entre otras cosas porque el PP no sabe cómo hacerlo sin violar la ley– y la cuestión podría reconducirse. La nuez del problema son los demás terrenos. Según fuentes técnicas de Urbanismo, en su caso se ha incumplido la legislación ambiental, lo que supone que sus previsiones pueden ser nulas de pleno derecho. Y esto significa poner patas arriba el urbanismo sevillano. Primero, porque impide la mínima seguridad jurídica que demandan los empresarios. Y segundo porque, de facto, viene a suponer la paralización del PGOU. Una situación que incide directamente sobre los propietarios que invirtieron en estos suelos. Y que, además, deja al equipo de Zoido sin ningún balance de gestión en materia de política urbanística.

Sevilla siempre ha crecido sobre los suelos de su entorno. Terrenos que antaño eran el campo y donde existían antiguos caminos rurales comunales que servían para el ganado: las vías pecuarias. La legislación medioambiental otorga a estos caminos de la discordia un grado mayúsculo de protección: son bienes de dominio público. La ley impide ejecutar cualquier planeamiento urbanístico que les afecte si antes no se deslindan, se desafectan y cualquier posible pérdida sobre sus itinerarios originales no se compensa con un trazado alternativo.

El PGOU diseñó un plan para cumplir este requisito en su informe de impacto ambiental. Pero desde su aprobación –2006– ni el Ayuntamiento ni la Junta lo han ejecutado. Fuentes técnicas de Urbanismo han confirmado a este diario que algunas de las bolsas de suelo afectadas son Torreblanca (Este y Oeste), Palmete, el Pítamo Sur y la Hacienda El Rosario. En ellas iban a construirse 5.277 viviendas y zonas terciarias (comercial y oficinas) cuyo tamaño es cuatro veces superior a Puerto Triana.

Basta ver el mapa de las vías pecuarias sin desafectar para darse cuenta de que estas áreas no son las únicas. Hay otros casos. Se ubican en los nuevos crecimientos urbanos situados al Norte, Este y Sur de Sevilla. En espacios tan estratégicos como Higuerón Sur (Ciudad de la Imagen) o en grandes bolsas de terrenos como la Hacienda del Buen Aire, San Nicolás y Villanueva del Pítamo. Un cáncer con metástasis.

Los demonios de la Gavidia

Carlos Mármol | 5 de diciembre de 2011 a las 6:06

La recalificación impulsada por el gobierno de Zoido para transformar la antigua comisaría del centro en un espacio comercial requiere tres modificaciones del PGOU, el permiso de la Junta y el visto bueno del Consultivo.

La recalificación de la Gavidia es un nuevo rebrote de síndrome Ikea. O lo que es lo mismo: la singular costumbre del actual gobierno municipal del PP de meterse con notable facilidad en un jardín umbrío –generalmente urbanístico– sin saber exactamente cómo salir de él, sin tantear primero sus dimensiones exactas y sin llegar a averiguar del todo siquiera el número concreto de árboles que tiene. La mejor manera de meterse en un problema. Grave, además.

La decisión del ejecutivo local que preside Juan Ignacio Zoido de vender al mejor postor para hacer caja los edificios públicos de la plaza de la Gavidia y de la calle Pajaritos –la antigua comisaría de Policía y la sede del Registro Municipal– es una llamativa forma de hacer política. A las bravas. Con un sentido sui generis de la normativa. Más o menos igual que en su día se hizo al abordar la recalificación urbanística de los terrenos de San Nicolás Oeste, donde la multinacional sueca Ikea reclamaba un cambio a la carta del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) para rentabilizar –por encima de lo necesario– una operación inmobiliaria.

Entonces, la posición de entrada del gobierno de Zoido fue: “cambiaremos lo que sea necesario antes de un mes”. La de salida todavía es una incógnita: este proyecto sigue en el aire a pesar de haberse cumplido ya todos los plazos prometidos por el alcalde como consecuencia de una “negociación técnica” que no sólo se alarga en demasía, sino que incluso provocó un episodio memorable:ver a la dirección de Ikea desmintiendo en público al propio gobierno local.

Casi todos los grandes asuntos que han puesto en apuros al equipo de Zoido en estos seis meses de gobierno –salvo el Plan Centro, cuya comisión de investigación se volvió en contra el PP, que la creó para castigar a la oposición– tienen a la Gerencia de Urbanismo de Sevilla como departamento afectado. Y a su actual titular político –Maximiliano Vílchez– como principal responsable. El foco, invariablemente, busca su figura. Algo natural, si se tiene en cuenta que toda la estrategia política del PPpasa en buena medida por derivar a otros los problemas más graves para que no perjudiquen a la Alcaldía.

Vílchez, que ya dio muestras de su conocimiento de los asuntos urbanísticos en el caso Ikea –acusó a la oposición de no conocer la normativa, pero quien ha tenido que dar marcha atrás por no respetarla en primera instancia fue él– de nuevo aparece ahora en el ojo del huracán por la enajenación de la Gavidia, que augura un nuevo quebradero de cabeza al ejecutivo de Zoido.

Vayamos por partes. El gobierno local aprobó este viernes un acuerdo que literalmente ordena a Urbanismo iniciar los trámites para “desclasificar” los edificios de la Gavidia y la calle Pajaritos. El motivo: tienen que venderse para obtener ingresos. Tanto en uno como en otro caso, el gobierno local no explica qué implica la “desclasificación” de ambos inmuebles. Un concepto de andar por casa que puede aplicarse a la vertiente patrimonial –los dos están protegidos– o a su calificación urbanística. En ambos supuestos cualquier cambio conlleva una serie de trámites legales que no dependen sólo del Consistorio, sino de otras instancias administrativas.

El caso de la Gavidia es paradigmático. El Ayuntamiento piensa recalificarlo para poder venderlo. Así de fácil. La operación, sin embargo, no es tan simple como se desprende del modus operandi municipal. Su enajenación sólo será posible si se abordan hasta tres modificaciones sucesivas del Plan General de Sevilla –cuya validez jurídica es similar a una ley– y, sobre todo, si se logra el requisito inexcusable de contar con el visto bueno del máximo órgano jurídico de Andalucía. El Consejo Consultivo. Un organismo asesor independiente que, en su momento, ya puso en un serio aprieto político a Monteseirín, cuando trató con parecida suficiencia la última modificación presupuestaria para terminar de pagar las obras del Parasol de la Encarnación.

Entremos en detalles. El primer problema de la Gavidia tiene que ver con su calificación urbanística. El PGOU la considera una dotación pública con nivel de sistema general. ¿Qué significa esto? Que es parte del esqueleto urbano de Sevilla. Y, por tanto, tan intocable como un parque público. El uso principal aplicable a esta parcela es el dotacional, aunque se tolera reservar un 20% de la edificabilidad para usos comerciales.

Al Ayuntamiento le parece poco: pretende que el solar en su integridad –7.500 metros cuadrados– sea calificado para actividades terciarias. Una modificación jurídicamente complicada. Primero, por el término utilizado en el acuerdo del gobierno local: “la desclasificación”, según juristas consultados por este diario, no existe en el caso de los suelos dotacionales. “Estamos ante una recalificación pura: un cambio que implica pasar de un uso no lucrativo (equipamiento) a otro con valor económico (terciario)”.

La cuestión no es sólo nominativa. También legal: tocar un sistema general calificado como equipamiento implica, igual que ocurrió en su día en Marbella, alterar todo el equilibrio dotacional de la parte de Sevilla –lo que el PGOU llama barrio-ciudad– en el que se encuentra.

Dicho de forma más sencilla: como la Gavidia estaba llamada a ser un equipamiento, si se recalifica el Ayuntamiento tiene obligatoriamente que compensar la pérdida de dotaciones (7.500 metros cuadrados) en esta misma área urbana. Y además debe justificarlo expresamente. Cosa nada fácil: en el centro no hay muchos espacios libres de idénticas dimensiones. Por otro lado, es probable que los vecinos afectados no reciban con agrado la noticia de que les quitan un espacio público para un centro comercial.

En segundo lugar está la vertiente patrimonial. El edificio de la Gavidia, un ejemplo de arquitectura racionalista, fue construido en 1962 por el arquitecto Ramón Monserrat. Está protegido con el segundo máximo nivel de catalogación patrimonial (global). Por tanto, no puede derribarse: es un inmueble singular, monumental.

Si se intenta darle un uso comercial, hay que hacerlo sobre el inmueble existente, que sólo puede ser reformado con meros proyectos de obra menor. Para dejar sin efecto este elevado nivel de protección, Urbanismo tendría que volver a modificar el PGOU –su catálogo patrimonial–, lograr el permiso a la Junta (Cultura) y explicar, en un momento en el que políticamente busca aparecer como defensor del patrimonio (véase la Torre Pelli), los motivos por los que piensa destruir un referente arquitectónico.

La tercera cuestión se refiere al solar de la Gavidia: la parcela sobre la que se asienta el edificio de la comisaría. Es un bien de dominio público. Por tanto, no puede enajenarse sin salvar antes la concesión demanial. De nuevo habría que modificar el PGOU, que en sus normas precisa que en el caso de las dotaciones, incluso si se altera su uso, la propiedad del suelo seguirá siendo siempre pública. Estos factores dificultan cualquier operación de venta: el supuesto comprador adquiriría un edificio protegido (que no podrá tocar) en un terreno que tampoco será suyo. Algo que no suelen hacer las grandes firmas comerciales.

La tramitación de estas tres modificaciones del PGOU está reglada: es necesario obtener en todos los casos la autorización de la Junta (Obras Públicas), el visto bueno de Cultura (Patrimonio) y conseguir el permiso expreso del Consejo Consultivo de Andalucía, que, según el artículo 36.2.c.2 de la LOUA, emitirá un dictamen vinculante. Esto es: o avala la recalificación o ésta no podrá seguir adelante.

El PP puede politizar la cuestión y culpar a la Junta (PSOE) de poner freno a sus iniciativas. Cuestionar al Consejo Consultivo es más complicado. Y sobre todo: si lo hace se pondría en la misma situación que Monteseirín cuando decidió seguir con las obras del Parasol a pesar del reproche de la máxima institución jurídica andaluza. La Gavidia está llena de demonios. Y ninguno parece benigno.

¿Petisú o Magdalena?

Carlos Mármol | 20 de octubre de 2011 a las 6:05

Él me hubiera permitido la licencia. Además de un maestro en el oficio, era un amigo. Me refiero a Pepe Guzmán, impar periodista sevillano, sin premios ni tonterías, muerto (como nos va a ocurrir a todos) antes de tiempo. Miembro de la vieja escuela de sabios que van a los sitios, se enteran y lo cuentan a los demás sin tener por ello que dar palmadas en la espalda a nadie para llegar a ninguna parte. Pepe descubrió pronto que en realidad no hay sitio donde ir. Y, si lo hay, como dijo Novalis, no es más que el camino a casa después de la hora del cierre.

Guzmán acuñó en su día una técnica genial –se le ocurrió haciéndole una entrevista a Lola Flores– que consistía en preguntar a bocajarro al entrevistado: “¿Petisú o Magdalena?”. Toda una disyuntiva ontológica. Se suponía que el interpelado tenía que elegir entre ambas opciones. Y, en consecuencia, definirse metafísicamente. No es lo mismo la crema que la bollería. Dado lo que está ocurriendo con Ikea, da la impresión que lo mismo habría que preguntarle al gobierno local. ¿Petisú o Magdalena? ¿Copa Davis o Ikea? ¿Recalificación en contra del PGOUo acuerdo a la baja?

¿En qué quedamos?

Lo digo porque, cuando el lunes parecía encarrilado –que no desbloqueado– este litigio urbanístico tras aceptar empresa y gobierno local que el Plan General no es un problema, sino justo la solución, ayer la multinacional nos sorprendía diciendo que ella no había rebajado su recalificación de 149.000 metros. Ni mucho menos. Los documentos oficiales dicen otra cosa. Alguien no se entera. O no está contando la verdad. Cosa nada extraña. Me lo enseñó una noche de vinos el gran Guzmán: “Sentrañi, allí [en el Ayuntamiento] todos mienten”.

Ya me dirán. El mismo día Ikea va y dice que donde dijo digo es Diego y el edil de Urbanismo apostilla que “el entendimiento entre Ikea y el Ayuntamiento es total y que su proyecto no tiene impedimentos”.

Es sencillamente de traca.

Zoido nos prometió “eficacia, plazo y presupuesto”. En Ikea ninguna de las tres cosas están muy claras.

Lo diré a la manera de Guzmán: ¿Cuándo establecemos las relaciones diplomáticas con Suiza, patria del reloj?

Humildad, bendita virtud

Carlos Mármol | 19 de octubre de 2011 a las 6:05

Al final, la cosa no era tan difícil. Bastaba con dejar de hacer las habituales puestas en escena, tan italianas, y encerrarse en un despacho con los técnicos municipales –que son los que de verdad han obligado a Ikea y al propio gobierno local a cumplir con sus propias normas, cosa paradójica– hasta encontrar una fórmula válida. Una salida que, al tiempo que reconduce –en una mínima parte– las exigencias de Ikea, no abre de raíz y al capricho del poder dinero el Plan General de Sevilla, dando además trato diferente a unos propietarios (los que cumplen la ley) frente a otros (los que exigen recalificaciones a la carta).

Si el gobierno local, con su alcalde a la cabeza, hubiera actuado en este asunto haciendo uso de las católicas virtudes cardinales (prudencia, justicia, templanza y fortaleza) en lugar de recurrir al maximalismo impostado de las mayorías absolutas –“si hay que cambiar el PGOU se cambia y punto en boca”– se hubiera ahorrado, entre otras cosas, empezar a quebrar el idílico mito sobre sí mismo que había construido en la oposición a fuerza de reiterar lo obvio.

El affaire Ikea, sin embargo, aún no ha concluido. En realidad, tan sólo se ha encarrilado –ni mucho menos cerrado– la cuestión de la recalificación. Queda lo más difícil y, curiosamente, es lo que depende exclusivamente del equipo de Zoido:hacer la SE-35, necesaria para que el horizonte del proyecto quede despejado, algo que parece complejo a pesar de que en los próximos días puedan ver fotos y declaraciones diciendo que este asunto está solventado. Sencillamente no es cierto.

Igual que nunca fue verdad aquello que decía el edil (interestelar) Vílchez de que no existía informe técnico contrario al plan de Ikea. No sólo existe (15 marzo 2011) sino que está en el nuevo documento de planeamiento que el edil copia en su acuerdo para la junta de gobierno. En esta historia nunca hubo buenos y malos, sino gente seria y diletantes. Podría decirse que faltó humildad. Una virtud recomendable incluso si se tienen 20 concejales en el Pleno.Nunca estorba.

Pánico escénico

Carlos Mármol | 2 de agosto de 2011 a las 6:00

Ayer era 1 de agosto. Fecha fatídica. Decidieron empezar con el urbanismo. Hoy está previsto otro capítulo. Pero con un argumento aparentemente diferente: las “malas prácticas” en los distritos municipales. Parece el título de una película de miedo. Evidentemente, el relato se moverá sobre el guión más o menos previsible. E incluye el elenco habitual: los malos serán los socialistas e IU y los buenos, los hombres ejemplares de Zoido. Justicia poética, lo llaman.

El nuevo gobierno local no parece tener miedo a repetirse. Total, el verano es una época informativamente cruel. Se sabe: las defensas están bajas (si es que alguna vez estuvieron altas) y casi todo cuela en los periódicos. Serpientes de estío. De propuestas propias y proyectos políticos de futuro hasta ahora los nuevos dirigentes municipales han dicho bastante poco. Casi nada. Todo su discurso exterior –llamarlo político me parece excesivo– se basa en las habituales denuncias sobre los tiempos municipales pretéritos, paradójicamente los mismos que el pasado 22-M les llevaron al poder con un respaldo inusitado.

El menú informativo previsto es de plato único. Al menos, hasta la procesión de la Virgen de los Reyes, en la que se espera –algunos rezan ya por ello– que se produzca una reedición del pasado Corpus. Alabanzas, loas y vítores. Somos la Sevilla que quiere un alcalde. Aunque la pregunta que convendría hacerse, que algunos empiezan a hacerse a tenor del rumbo que están tomando las cosas, es otra: ¿quieren realmente gobernar o no?

Las dudas no son caprichosas: parten de la espiral en la que parece encontrarse anclado el gobierno local, que no termina de romper amarras con su etapa como oposición y, tras los esperados ceses y nombramientos, que han llevado su tiempo, continúa dirigiendo su esfuerzo a seguir culpando a la oposición (PSOE e IU) de las siete plagas de Egipto.

Este discurso sólo tiene un problema, además de la reiteración: el pasado (Monteseirín) ya no está y el futuro se desconoce, así que sólo queda a la vista el presente. Y éste debería servir para gobernar con la holgada mayoría lograda (20 ediles) y aplicando el programa electoral para que Sevilla funcione. Y, sin embargo, no pasa. Siguen obsesionados con las lecciones de moral.

Lo de ayer fue surrealista: el concejal de Urbanismo, Maximiliano Vílchez, convocó a la prensa para informar de “las novedades” del caso Ikea. Ya saben: el proyecto de la multinacional sueca para instalar un segundo complejo comercial en los terrenos de San Nicolás Oeste. Su viabilidad depende de una recalificación urbanística a la carta –imposible con el actual PGOU, y que sólo puede validar la Junta– que ya ha supuesto un antes y un después en la percepción sobre cómo va a ser el nuevo ejecutivo de Zoido.

Pues bien, a priori podían producirse dos hipótesis: que Vílchez desvelase la posición municipal en relación a este asunto o que, quizás, anunciase un acuerdo de mínimos con Ikea para salvar la situación. No en vano, el plazo oficial que el propio alcalde anunció en su día –finales de julio– expiró ayer mismo.

Ni una cosa ni otra. El edil al que el nuevo alcalde ha encomendado las negociaciones con Ikea no dijo nada sustancial de ellas, salvo que han empezado “desde cero” (en el último Pleno aseguró estar atado por un convenio firmado por Monteseirín). Tampoco aclaró cuál ha sido el planteamiento político del ejecutivo local a la hora de sentarse a hablar. Sospecho que es porque no existe. Toda la comparecencia consistió en desarrollar el mismo argumento ajado: el PSOE aprobó en Jerez una recalificación idéntica a la que ahora critica en Sevilla.

A algunos probablemente dicha afirmación les parezca un golpe de efecto. Pero, en realidad, no es ninguna novedad. Ni siquiera para el PP, que ya la ha usado antes para culpar a los socialistas de hacer todo tipo cambios en la normativa urbanística con el fin de bendecir una recalificación de Ikea. Ahora bien, ¿qué tiene que ver todo esto con el fondo de la cuestión? Y sobre todo: ¿qué tiene que ver con Sevilla? ¿O es que Vílchez es edil en Jerez?

Los hechos son tozudos:que los socialistas aprobaran el Ikea allí no hace mejor la operación que ahora el PP persigue en Sevilla. Ambas son malas para cualquier ciudad si no se respeta la normativa y se logran las suficientes contraprestaciones. Las cosas no son mejores o peores según quien las haga. Sencillamente se atienen o no a la ley. Y en el caso de la urbe hispalense, lo que persigue la multinacional sueca es ilegal: forzar una recalificación urbanística cuyas plusvalías, en lugar de ir al Ayuntamiento, servirán para financiar a coste cero su implantación. Todo un negocio.

Lo sustantivo, además, es lo que piensa hacer el PP, que es quien gobierna Sevilla con mayoría absoluta por decisión de los ciudadanos. Y esto es lo que, en realidad, no está nada claro. Se percibe cierto pánico escénico en el ejecutivo de Zoido a la hora de manejar este asunto, que sólo aborda para hablar de las “trabas” de la oposición.

Sería un milagro, porque quien negocia con Ikea son ellos y quienes tienen la mayoría política en el Pleno para aprobar cualquier acuerdo (en el ámbito municipal) es el PP. La Junta no ha llegado siquiera a evaluar la recalificación porque no se ha presentado y, según Vílchez, además no tiene que presentarse. ¿Entonces?

Da la impresión de que el PP no se atreve a seguir adelante aceptando el desgaste inherente a tener que elegir.¿Qué miedo tienen? ¿Por qué no aprueban esta recalificación si cuentan con 20 ediles? De momento lo único que han incumplido es el plazo prometido por ellos mismos. Zoido dijo que todo estaría arreglado “antes de finales de julio”.Estamos en agosto. El alcalde prometió en la campaña ser inflexible con los plazos. Empezamos con las excepciones. Aunque no es grave. Lo grave es ganar con 20 ediles y seguir con la cabeza en la oposición.

Vílchez, concejal interestelar

Carlos Mármol | 30 de julio de 2011 a las 6:00

Lo del nuevo delegado de Urbanismo es realmente notable. Va camino de convertirse en la gran estrella dentro del firmamento de los galácticos de Zoido. Y eso sin haber empezado todavía a mandar (dicen) en la Casa. Para profanos: la Casa es la Gerencia de Urbanismo. El concejal, que fue delegado del Gobierno en Cádiz durante la etapa de Aznar, y que es letrado de la Seguridad Social, ha terminado en Urbanismo por decisión (unipersonal, desde luego) del nuevo alcalde. Bueno. Para eso tiene mayoría (absolutísima) el regidor. Nada que objetar. Cuenta con todo el derecho a elegir a sus amigos y colaboradores.

Hasta ahora Vílchez había destacado por su sonrisa: al menos eso cuentan las crónicas de la nueva Giralda TV, tan objetiva como la anterior, que glosó su primera rueda de prensa como si fuera poco menos que una comparecencia de Rem Koolhaas, el autor de Delirious de Nueva York.  En fin. Víchez cae bien y no presenta demasiadas aristas. La derecha civilizada y liberal, según algunos. El problema es que cada vez que habla de la materia que gobierna (el urbanismo) suenan todas las alarmas.

Primero se despachó hace unas semanas abriendo un debate hermenéutico similar al nominalismo de Guillermo de Ockham: “Lo de Ikea no es recalificación, sino modificación puntual”. Gracias por la aclaración. Basta consultar el diccionario para ver que los académicos de la lengua (de urbanismo no hay academia que brille, fije y dé esplendor: el sector no es tan ilustre) piensan lo contrario. Como este extremo ya lo dejamos aclarado en una Noria anterior, no vamos a insistir ahora en todos los argumentos (evidentes) que desmienten la mayor. Vílchez quiso aquel día dar una lección de urbanismo y terminaron dándosela (desde la oposición) a él. Y eso que esta oposición todavía está padeciendo el tremendo golpe electoral y los veinte ediles de Zoido (Juan Ignacio).

Tras semejante aportación conceptual, el edil de Urbanismo tuvo el arrojo de irse con el alcalde a la barriada Regiones Devastadas (donde el anterior ayuntamiento proyectó un ecobarrio para realojar a los vecinos de las viejas casas baratas) para sacar pecho por haber “desbloqueado” su construcción. Cosa milagrosa: el proyecto nunca estuvo detenido. Se inició cuando los bomberos (funcionarios municipales) decidieron hacer el obligado informe de seguridad que exigía la licencia. Nada más que un trámite.

De gestión política en esta cuestión hubo más bien poco, por no decir nada. La única decisión del PP a este respecto fue despedir (con toda la legitimidad de su victoria, por supuesto) al anterior gerente de Emvisesa, la empresa municipal de la vivienda, Juan Carlos de León, precisamente quien permitió que existiera  realmente la medalla que Vílchez y Zoido se pusieron (a sí mismos) ese día.

Esta última semana hemos visto una réplica del mismo epifenómeno, esta vez con el pretexto de una comisaría de policía de barrio contratada por el anterior gobierno. También ha pasado lo mismo en una entrega de pisos de VPO (cosa loable) hecha por la anterior coalición PSOE e IU. Sin rubor alguno, ambos asuntos han sido objeto de la voluntad de apropiación selectiva del gobierno local. Está visto que miedo escénico, respeto a las cámaras, no tiene el PP municipal, que sólo mira hacia atrás para exculparse de su inactividad política (en cierto sentido natural, lleva sólo mes y pico) y, tanto si puede como si no, fagocitar los méritos ajenos.

Total, la cosa no tiene ningún riesgo: son pocos quienes se atreven a hacer honor a la verdad so riesgo de llevarle la contraria a los triunfadores. Ya se ve claramente en qué consistía aquello de la Ciudad del Talento: en apuntarse los méritos ajenos amplificando ad infinitum las sombras de la gestión previa. Sin cortarse.

Ayer, en el Pleno municipal, tuvimos otra prueba irrefutable de que lo de Vílchez va a ser, en este mandato, un asunto superlativo, digno de la máxima atención: el edil de Urbanismo nos desveló a todos que el anterior alcalde firmó (en secreto) un supuesto convenio con Ikea en el que venía a hacer lo mismo que ahora quiere hacer Zoido. Dicho en seco: pasarse el PGOU por el arco del triunfo para que la multinacional sueca tenga su recalificación a la carta. El acuerdo fue esgrimido por el PP como el nuevo secreto templario: “fijarse (que diría Lopera) que Monteseirín también estaba por la labor en lo de Ikea”. A eso algunos lo llaman golpe de efecto. Admirable.

Claro que, si se piensa bien, o en su defecto un rato, no se entiende muy bien entonces la tesis de la necesidad del cambio en el Consistorio que pregonaba el PP durante la campaña electoral: ¿si Zoido quiere hacer lo mismo que quería hacer Monteseirín (en urbanismo, al menos) por qué el actual gobierno se oponía completamente a todo en su etapa de la oposición? Parece que estamos ante una evidente contradicción.

Por otra parte, el hecho de que dicho convenio (que no fue aprobado al final en foro municipal alguno porque los técnicos de Urbanismo no autorizaron el Plan Parcial que presentó Ikea para consumarlo) exista no supone en realidad argumento alguno en favor de la operación. Sencillamente acerca un poco más los perfiles del anterior y el actual alcalde. No sé qué gana el PP con esta extraña táctica. Lo suyo era el cambio. La luz frente a las sombras. Porque tanto si Monteseirín realmente rubricó dicho acuerdo (cosas peores firmó el ex alcalde) como si dentro de unos meses suscribe uno parecido Zoido (al tiempo), el fondo de la cuestión no cambia en absoluto. Lo de Ikea seguirá siendo una recalificación a la carta que atenta contra el PGOU y que debe autorizar la Junta de Andalucía.

¿O acaso las cosas son mejores o peores dependiendo de quién las proponga?

Extraña esta obsesión del PP de señalar con el dedo al anterior gobierno local para casi todo, como si siguieran gobernando PSOE e IU en lugar de ellos. Parece una pelea de colegio entre escolares. “Pues tú, mucho más”. Lo grave es que tan edificante escena se repita en el foro político que representa a Sevilla. Sería recomendable algo más de seriedad argumental. La inteligencia de los ciudadanos, que votaron a Zoido, ya lo sabemos, las obviedades no hace falta repetirlas, exige política de altura. No más batallitas.

De todas formas, lo más llamativo son las afirmaciones hechas ayer por el delegado Víchez con respecto a esta cuestión de la recalificación de Ikea. El edil dijo que el Plan Parcial de Ikea no tiene informe negativo de Aviación Civil, ni lesiona el PGOU ni, en su opinión, supone nada más que una gran oportunidad de inversión. La opinión es libre. Los hechos no. Debería repasar el delegado los informes de sus funcionarios en relación al Plan Parcial de Ikea, donde se mencionan todas estas cuestiones.

La recalificación de Ikea no se aprobó, firmara Monteseirín lo que firmara, sencillamente porque alguien, un funcionario anónimo (aunque tiene nombre), hizo bien su trabajo. Por lo visto, para el PP el valor de los empleados municipales depende de si lo que digan en sus informes le viene bien o mal a sus objetivos políticos. Los jefes de servicio que critican el Plan Centro (otros empleados públicos del área de Movilidad, en cambio, sí asumieron la contrata de las cámaras instaladas) son buenos. Los de Urbanismo, como no han permitido la cuestión de Ikea, malos. No parece muy justo. Ni equilibrado.

Vílchez quizás debería, con todos los respetos que me merece, emular a sus propios funcionarios. Y hacer bien su trabajo. Aquí pegaría acaso citar aquella célebre frase de Rubalcaba: “Nos merecemos (un edil de Urbanismo) que no nos mienta”. Añadiendo: “Que no nos hable de transparencia y siga sin decir sobre qué bases está negociando con Ikea y otras empresas las recalificaciones urbanísticas. O que dé más credibilidad a una empresa (que en esto es parte interesada) que a un capitular electo del Ayuntamiento; al menos, de entrada”. Pero, como queremos ser ante todo corteses, y se trata del concejal de la sonrisa, sencillamente diremos: “Nos merecemos un edil de Urbanismo que respete el trabajo de sus funcionarios”. Simplemente.

Nuevos tiempos, vicios viejos

Carlos Mármol | 17 de julio de 2011 a las 6:04

Zoido, amparado por su rotunda mayoría absoluta, retoma la peligrosa senda que iniciara Monteseirín a partir de 2003 con la política urbanística: gestionar la ciudad al margen de la concertación institucional.

Quédense en la memoria con dos frases. Ambas fueron pronunciadas en un momento solemne, su toma de posesión, por el nuevo alcalde de Sevilla, Juan Ignacio Zoido. La primera: “Gobernaré como si no tuviera mayoría absoluta”. La segunda: “Todos los políticos no somos iguales”. Dichas así, casi sin necesidad, parecen erigirse como los compromisos admirables de un gobernante que en los recientes comicios locales consiguió una representatividad de 20 concejales sobre un cabildo –como decían los cronistas antiguos– de 33 capitulares. Lo nunca visto en la historia de la democracia hispalense.

Evidentemente, la pluma que le escribió el discurso al nuevo regidor buscaba aproximarse, a su manera, al célebre recurso retórico clásico. La captatio benevolentiae. Una apelación en favor del orador –que es de lo que siempre se trata– para atraer la buena disposición de una audiencia a la que se pretendía seducir mostrando una humildad superlativa (a veces falsa; en otras ocasiones, sincera) que sirviera para equilibrar las inevitables antipatías que provocan las victorias excesivas.

Dado el notable número de devotos que parece haber conseguido en su peregrinación hacia la Alcaldía, Zoido, aclamado en público durante la última procesión del Corpus por una grey contra la que –cosa llamativa– los habituales rigoristas y guardianes de las esencias hispalenses, los célebres cuentaconcejales, no han levantado aún su voz tronante, probablemente porque hace cierto tiempo que la pusieron en venta, afirma sentir rubor ante tan elevadas dosis de entusiasmo e intenta mostrarse llano, sencillo. Justo lo que recomendaba El Quijote: “Llaneza, muchacho, no te encumbres, que toda afectación es mala”.

Claro que una cosa es lo que se dice y otra distinta lo que se hace. Suele suceder. ¿No es contradictorio decir que uno gobernará como si no tuviera la mayoría (absolutísima) que tiene, o de forma diferente a otros cargos políticos y, justo después de declaradas ambas cuestiones, venir a hacer justo lo opuesto? Zoido debe hacer una gimnasia diaria de contención y repasar las nociones básicas de la propaganda política, disciplina que fue aprendiendo día a día en la oposición, antes de llegar al despacho, porque lo cierto es que entre el discurso bondadoso del regidor y la realidad pedestre empiezan a producirse fisuras.

La política urbanística se ha convertido en los últimos días en el escenario abierto de este conflicto. En el flanco urbanístico la verosimilitud del relato oficial que ha construido el equipo de estrategia del PP –un alcalde dialogante, bonachón, muy cercano, de consenso, sin sectarismos– colisiona con ciertos vicios que, aunque algunos percibieron ya antes del acceso al poder, siempre suelen intensificarse una vez se está en el sillón de mando. Porque lo que el caso Ikea –la recalificación urbanística a la carta que el regidor está dispuesto a autorizar a la multinacional sueca con el viejo argumento del empleo– está comenzando a hacer aflorar es una concepción de la ciudad que, mutatis mutandi, se asemeja bastante a la que durante los últimos años de gobierno practicó su antecesor en la Alcaldía, el socialista Alfredo Sánchez Monteseirín:la gestión del futuro de Sevilla sin el necesario y exigible concierto político.

Volvamos por un segundo la vista atrás en busca de algo de contexto para entender esta afirmación. Primer mandato de Monteseirín. La Gerencia de Urbanismo está en manos de los andalucistas, quemados tras una política urbanística muy controvertida que terminó por convertirlos en extramunicipales. El edil de Urbanismo de entonces, Rafael Carmona, asume la tarea de limpiar la imagen del PA y abre el proceso de revisión del Plan General con un urbanista de prestigio –Manuel Ángel González Fustegueras– y una voluntad de consenso que, al menos en el primer tramo de la redacción del PGOU, resultó ser admirable. Sobre todo en una ciudad cuya evolución urbana ha estado marcada a lo largo de su historia por las decisiones de determinados sectores sociales –los siempre dominantes– que disfrazaban sus sucesivas aspiraciones con un paternalismo que algunos, ahora, parecen haber descubierto como la gran piedra filosofal.

No descubro nada nuevo: Sevilla siempre ha tenido una burguesía de origen agrario –con ínfulas nobiliarias, además– que se hizo urbana con el correr del tiempo, pero sin cambiar jamás de mentalidad. Simplemente aplicándola en otro escenario. Propietarios rústicos convertidos en tenedores de fincas urbanas. Educados en la lógica de que la ciudad es una extensión más –la más valiosa, quizás– de sus dominios agrícolas.

El crecimiento de Sevilla, con y sin planeamiento urbano, nunca logró salir de este bucle. Curiosamente, así fue hasta que en 2006 se aprobó el PGOU, que es hijo de un consenso (momentáneo) en el que los socialistas, los populares, los comunistas y los andalucistas, cada uno por motivos diferentes, desde orillas antagónicas, decidieron acordar una metodología común de trabajo y pactar unos puntos básicos para que el diseño urbano de Sevilla pudiera perdurar en el tiempo –principal condición para que algo funcione–, fuera atractivo y seguro para los inversores externos y tuviera un cierto perfil institucional.

La idea era que el urbanismo no volviera a estar sometido a las tensiones y a las cambiantes mayorías políticas que se suceden cada cuatro años. Un modelo básico para todos, igual que ocurrió en la transición política, con independencia de quien gobernase en cada momento. El PGOU de Sevilla, no el del gobierno de turno.

Toda la fortaleza del Plan –su filosofía– deriva de esta raíz: no ser consecuencia directa de las fuerzas dominantes en la sociedad, sino de la voluntad de saber reconducirlas para que, mejor o peor, se incorporen sin exigencias a un proceso en marcha en el que el protagonismo de los ciudadanos debe, como mínimo, ser equivalente. Un plan donde la gente cuenta. No sólo las inmobiliarias, los bancos o los propietarios.

En este punto había que preguntarse lo que Vargas Llosa. ¿Cuándo se jodió el Perú? Fue un día de 2003, cuando Monteseirín (que no tocó bola urbanística con los andalucistas) decidió desquitarse. El entonces regidor contaba, gracias a IU, con mayoría suficiente para dar un giro al Plan General y convertirlo –equivocadamente– en un proyecto suyo en lugar de algo de todos. Comenzó –cosa simbólica– violando el protocolo pactado entre todos los grupos y prometiendo sendas recalificaciones a Sevilla y Betis para seguir en sus estadios. Todo lo contrario de lo que en principio perseguía el Plan. ¿Importó el interés de los barrios donde ambos coliseos se ubican? Nada al lado de las ansias de grandeza y el sueño de convertirse en Napoleón. Tan intensa debió ser la pulsión interior del regidor que todo el dinero del PGOU se gastó en sus proyectos faraónicos, dejando de lado la cohesión social. Sevilla, que parecía haber logrado un sueño urbano común, se convirtió en el escenario de los compromisos del regidor.

Zoido, que también cree en el urbanismo unilateral, viene a terminar este proceso. El nuevo regidor sólo ha ofrecido un pacto a la oposición de cara a la galería, porque negocia desde hace tiempo en solitario recalificaciones en favor de Ikea, Altadis, los clubes de fútbol (otra vez) y la patronal de la construcción, Gaesco, que ha abierto una ofensiva de fondo cuyo objetivo es terminar de tumbar el PGOU aunque sea con argumentos contradictorios. Su gran tesis:hay que adaptar el PGOU a las necesidades económicas. ¿De quiénes? habría que preguntarse. ¿De ciertas empresas o de los ciudadanos?

El empleo es sólo un pretexto para invertir un modelo que, si bien comenzó a derribar su falso pregonero (Monteseirín), guarda aún suficiente espíritu de resistencia ante el hecho, quizás inevitable, de que Sevilla vuelva ser coto de los de siempre. No es un dogma de fe. Sólo es un mecanismo para lograr una ciudad más justa. Qui prodest?, decían los clásicos. El PGOU no es más que un instrumento. La cuestión es si lo será para la gente o para quienes todavía sueñan con volver al punto álgido de la burbuja inmobiliaria.