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Viva el protocolo

Carlos Mármol | 7 de octubre de 2012 a las 6:15

El último trimestre de 2012 comienza sin que se hayan cumplido, de momento, las previsiones de ingresos del presupuesto municipal, cuya ejecución se revela incompleta justo cuando toca comenzar con el siguiente.

No pueden alegar ni ignorancia ni desconocimiento. Sabían de sobra lo que ocurriría y el jardín en el que se metían. Consecuencia de ver la política exclusivamente en el corto plazo. El último trimestre del año 2012 se inicia este mes de octubre, comienzo del imperceptible otoño sevillano, tan leve, sin que el gobierno local haya podido hasta ahora cumplir con las previsiones que él mismo hizo al elaborar las cuentas municipales del año fatídico que ahora entra en su recta final. El presupuesto municipal todavía en vigor tiene una trascendencia política superior a la de cualquier otro año. Dos elementos lo explican: fue el primero de Zoido como alcalde de Sevilla y se elaboró en un contexto económico adverso provocado por la suma de la crisis económica, el descenso de los ingresos municipales ordinarios y las consecuencias de los años de grandeur de Alfredo Sánchez Monteseirín. La célebre herencia.

Zoido tuvo que dirigir el Ayuntamiento durante los primeros compases de su mandato –seis meses– con las cuentas que aprobaron socialistas e IU, un factor que lógicamente jugaba en su contra, ya que el campo de acción del que disponía el alcalde tan sólo le permitía hacer modificaciones parciales de las cuentas en un momento en el que la recaudación ya no iba bien, al estar vinculada a la marcha de la actividad económica global y a unas ordenanzas fiscales que también procedían de su antecesor.

Un cambio con herencia. El arranque del mandato no fue, en términos económicos, nada sencillo. Quizás por eso las decisiones más importantes que tomó el gobierno local consistieron en una contradicción:desmontar los símbolos del pasado municipal más reciente (Plan Centro) para vender la idea de cambio sin dejar en paralelo de usar un argumento –la nefasta herencia– que precisamente remitía al pretérito en lugar de al presente. Y  que daba pocas pistas, y no precisamente optimistas, del futuro.

El viento, sin embargo, soplaba a favor. La ola de popularidad del regidor era enorme –los famosos 20 ediles, las advocaciones en la procesión del Corpus– y parecía harto difícil que nadie reparase, y mucho menos llamase la atención, sobre estas incoherencias argumentales, demasiado finas para ser percibidas por los ciudadanos, que estaban encantados unos, y esperanzados otros, con la idea del deseado relevo municipal. Los tiempos nuevos sólo se construyen con ciertas dosis de olvido sobre los malos momentos pasados, aunque en este caso desde primera hora el gobierno municipal siguiera explotando a su favor la ventaja que suponía contar con información delicada y el vicio de enfocar los faros, en cuanto alguien osaba hacer una mínima crítica, hacia el mandato anterior.

Todo esto empezó a cambiar a medida que los meses se sucedieron. El PP intentó, con éxito relativo, transmitir a los ciudadanos durante esta primera fase que su gestión estaría guiada por la austeridad, la profesionalidad y la eficacia. El saldo es muy discutible, si bien es cierto que en apenas un año su imagen, siendo ya peor que al arranque del mandato, está todavía muy lejos del deterioro que sufrió Monteseirín al final de su última Alcaldía. No es casual. En Plaza Nueva se sabía que las dificultades comenzarían cuando se pusieran a hacer números. No sólo para ver cómo estaban las arcas municipales, sino para con la realidad heredada –impagos, dinero escaso, promesas laborales sin presupuestar– poder marcar por primera vez sus propias prioridades en el documento político más importante: un presupuesto.

Luces cortas. Las opciones estaban fijadas desde el principio. El PP, pese a poder justificar su apuesta presupuestaria sobre la herencia recibida, sólo tenía dos caminos. O traducir directamente su programa de gobierno en el presupuesto o posponer determinadas medidas –las más impopulares, y las que según los expertos deben tomarse nada más llegar al poder– en el tiempo. Se optó por la segunda opción. Algo sorprendente si hablamos de un gobierno recién formado y con un apoyo electoral increíble. No era falta de ganas, sino consecuencia de un cálculo puramente electoral. Zoido sabía desde la oposición que si ganaba las elecciones el desgaste sería inmediato en caso de empezar a aplicar un plan de saneamiento y ajuste en el Ayuntamiento que inevitablemente pasa por reducir las plantillas en las empresas municipales, replantear convenios, ajustar los gastos a los ingresos –entonces ya en retroceso– y hasta abrir la puerta a privatizaciones de empresas públicas. Todo esto iba en contra del discurso de la campaña electoral, cuando no había ciudadano que se acercara al candidato del PP sin irse con una promesa bajo el brazo que no fuera a ser cumplida.

El desgaste de la figura política del alcalde era en todo caso asumible. Estaba en la cumbre. El PP confiaba en que fuera leve (lógico después del milagro de los veinte concejales) y podía responsabilizar de las medidas impopulares a la herencia, más que a la voluntad del nuevo gobierno. El problema no era estrictamente de índole municipal, sino autonómica. Apenas unos meses después los comicios regionales, en los que el PP era el claro favorito según las encuestas, debían cerrar el giro maestro:la victoria completa en todos los ámbitos de poder (municipal, regional y estatal) en España. Especialmente importante era la batalla de San Telmo: si Javier Arenas llegaba a la presidencia de la Junta el éxito, apoyo y sustento a las políticas municipales de su hipotético Gobierno regional estaba garantizado. Entonces se pondría en marcha el plan previsto:modificación por partes, pero integral, del Plan General de Sevilla; y cambios legales en consonancia con el programa de ajustes presupuestarios y asistenciales que se estudió en la oposición. Todo ello con un factor ambiental favorable. No habría más poder institucional que el del Partido Popular.

Con esa lógica Zoido hizo su primer presupuesto, consagrado, mayormente, al protocolo amable, su gran aportación política, junto a la promoción de eventos deportivos, en su año largo de mandato. La reducción del gasto (en realidad se ha desviado por otras vías) se programó en distintas etapas y se pospusieron hasta final de año decisiones críticas, como la renegociación de los convenios en las empresas públicas. No bastaba. Tuvieron también que fabricar un plan de inversiones irreal para vestir el muñeco porque el PP no podía dar a la oposición la munición que suponía la evidencia de un primer presupuesto sin inversiones reales. El discurso de que la ciudad se había parado de pronto sería imbatible. Ni siquiera el famoso argumento de la deuda heredada impediría que en plena guerra por conquistar San Telmo que el PSOE no aprovechase tal error.

El resultado fueron unas cuentas municipales –las que ahora entran en su tramo final– que son pura ficción, al estar supeditado su capítulo más importante a unas operaciones patrimoniales (la venta de la Gavidia, del edificio municipal de la calle Pajaritos y la subasta del mobiliario del hotel Alfonso XIII) que se sabían inviables. Zoido subastó la antigua grandeur del principal hotel de la Exposición del 29, pero se quedó sin los ingresos de los edificios municipales porque chocó con la legislación urbanística, su mayor talón de Aquiles. La recurrente confrontación con la Junta le permitió disimular el planteamiento de partida, pero casi un año después de la batalla urbanística ni ha vendido estos edificios ni ha ingresado el dinero que necesitaba para pagar las inversiones que prometió. Eran casi 20 millones de euros. Tras la estéril victoria electoral de Arenas, que alejó definitivamente a la Junta del PP, las cábalas municipales sólo han empeorado. Ni dinero, ni inversiones, ni sintonía con la administración regional. Ahora se aproxima el segundo presupuesto. Las cuentas de los inminentes recortes.

Promesas, el vicio perpetuo

Carlos Mármol | 18 de marzo de 2012 a las 6:05

El PP desempolva todos los proyectos de infraestructuras pendientes en la provincia de Sevilla sin garantizar ni plazos ni presupuesto. Los socialistas se limitan a plantear el 25-M como un dique contra la involución.

Las campañas electorales cada vez se parecen más a una gran estafa. O a un extraño juego de trileros. O a una comedia que, en ocasiones, adquiere visos de tragedia, si se tiene en cuenta que se juega con las ilusiones de la gente y con la fe (ciega) de los ciudadanos en un sistema –la democracia– que cada vez es más formal –el ritual no se pierde– pero mucho menos sustancial. Lo mismo le ocurrió en su día a la Iglesia: todo el mensaje evangélico quedó sepultado bajo la mera liturgia.

El 25-M, al igual que los comicios municipales de hace apenas ocho meses y las últimas elecciones generales, ahondan en esta tendencia que consiste en que los candidatos –sin rubor alguno– se lancen a prometer cosas que ni siquiera tienen mínimamente estudiadas, desdigan con sus propias palabras casi todos sus hechos previos y, al cabo, limiten el debate público que debe ser inherente a una convocatoria electoral a una galería de fotos, un cuaderno de homilías y algunas misas de corte papal, con la grey moviendo banderitas al son del himno oficial. Vamos a ganar. Todo lo demás, en realidad, a quién le importa.

Este proceso, común a los dos grandes partidos, que son los que ocupan el escaso espacio disponible, aprovecha dos vicios comunes en los tiempos actuales: la insustancialidad (política) y la falta de memoria –relativa– del cuerpo electoral; incapaz, según algunos, de recordar lo que se dijo mucho más allá de una semana. No es cierto –nunca lo fue–, pero los estrategas de campaña de los candidatos trabajan siempre sobre estas dos premisas. Una: el elector funciona por un mecanismo emocional; la lógica no cuenta en una convocatoria electoral. Dos: la coherencia argumental es lo de menos; lo importante es la convicción con la que se defienden las incoherencias. Nadie se fija en el mensaje, sino el tono.

Esto es lo que dice el lugar común. Supongo que porque, en términos estadísticos, es lo que sucede. Sin embargo, hay algunas excepciones. Ciudadanos –votantes en términos electorales– que no sólo recuerdan lo que van diciendo los políticos en campaña, sino que incluso son capaces de mencionar lo que hicieron cuando gobernaban. Y que establecen diferencias. Jerarquías. Distancias. Y a partir de este ejercicio –crítico– obtienen sus propias conclusiones. Casi todas ellas dejan a los aspirantes a un cargo –alcalde, presidente de autonomía o candidato a presidir un Gobierno– en una situación escasamente edificante. No tanto porque exista una tendencia natural a criticar a la clase política –ellos niegan serlo, pero las evidencias los desmienten–, sino porque hacen su camino sin importarles demasiado sus propias renuncias. Piensan que no tienen el mínimo coste electoral.

Esta semana hemos asistido en Sevilla a un episodio ilustrativo. El PP, principal favorito en estos comicios, ha organizado una gira de actos por las localidades medias de la provincia –el cinturón urbano que todavía se le resiste– para intentar cosechar los votos que Javier Arenas necesita para lograr una mayoría suficiente, que en realidad se llamaría absoluta. Hasta aquí, lo lógico. Cada partido es libre de establecer su propia táctica de campaña. El problema surge cuando se analiza, con algo de sobriedad, sin los habituales entusiasmos, los mensajes de fondo lanzados por el partido conservador.

Todos ellos se han centrado en la política de infraestructuras, uno de los capítulos en los que la historia reciente de Sevilla muestra el escaso peso político que la provincia tiene no sólo en el ámbito andaluz, sino a nivel estatal. El discurso de Arenas, que en parte ya había puesto en práctica Zoido unos días antes, viene a afirmar que si los electores le otorgan su confianza dentro de una semana Sevilla logrará una ley de capitalidad –una vieja reivindicación de la ciudad– y, por arte de magia o milagro, recuperará el tiempo perdido en materia de inversiones públicas durante los últimos dos lustros.

Arenas no dejó –casi– nada por mencionar. Desde la red integral del Metro de Sevilla, cuya única línea hace tiempo que se quedó corta, pasando por la SE-40, la construcción de la SE-35 –una ronda urbana; municipal, por tanto– o el tranvía de Alcalá de Guadaíra. A juicio del aspirante popular, la Junta de Andalucía –el PSOE, en realidad– se “olvidó” de esta provincia después de la celebración de la Expo 92. “Esta provincia sencillamente dejó de existir”, sentenció el cabeza de lista popular.

Sobre el diagnóstico, hay poco que objetar. Son sencillamente datos estadísticos los que avalan esta tesis, aunque en otros territorios andaluces todavía continúe viva la vieja costumbre de los agravios contra la capital hispalense. Dicho esto, y dándole la razón a Arenas en el punto de partida de la discusión, lo cierto es que no sólo hay que analizar los presupuestos autonómicos, controlados por los socialistas en los últimos treinta años, para certificar estas carencias.

También los sucesivos gobiernos estatales han aprobado sus respectivas cuentas anuales con partidas de inversión muy débiles en relación al peso poblacional, económico y político que debería tener Sevilla. Y en esta cuestión, obviamente, algo también ha tenido que ver el PP. O lo que es lo mismo: los dos gobiernos presididos por José María Aznar, en los que Arenas jugó un papel político notable. Justo aquí es donde el discurso electoral del PP patina. Y la credibilidad política de su candidato resulta ser, cuanto menos, discutible. El PP sabe perfectamente que éste es uno de sus talones de Aquiles. Aunque parece confiar en que la memoria útil de los ciudadanos sea lo suficientemente escasa como para orillar semejante contradicción.

Un caso paradigmático es el Metro. El PP promete ahora hacer la red integral del ferrocarril metropolitano. Zoido lo pregonó durante su campaña, pero después pactó con la Junta un programa para dar prioridad a la línea 3, sin dejar de discutir el resto del proyecto. Parecía una solución razonable dado el contexto económico en el que vivimos. Sin embargo, vuelve a usarlo como argumento electoral. Habrá a quien le parezca lícito. A otros nos parece simplemente teatro: los gobiernos del PP en Madrid, con el ciclo económico a su favor, jamás llegaron ni siquiera a participar en la financiación de la línea 1. De donde se infiere que ahora difícilmente podrían asumir lo que entonces no quisieron pagar. Basta recordar, además, el reciente anuncio del ministro De Guindos sobre el inminente recorte del 40% en las licitaciones estatales en los próximos presupuestos para que la promesa del PP se derrumbe. Sencillamente: no es verosímil por muchas visitas de la ministra de Fomento que organice el PP. Visitas donde sólo se expresan buenas intenciones. Ni plazos ni presupuestos. Nada cierto.

La realidad es muy terca. Y los datos hablan sin excesiva glosa: el déficit de inversiones estatales que padece la provincia desde hace al menos dos lustros puede cifrarse en 2.173 millones de euros. El cálculo lo realizó en su día –2009– Francisco Ferraro, catedrático de Economía de la Universidad de Sevilla. Un argumento de peso que no induce precisamente a esperar un cambio de tendencia. Y que resta validez a la promesa electoral del PP de devolver a Sevilla el porcentaje de inversión del que viene privándosele en la última década. Esta deuda histórica oculta jamás la admitieron ni los socialistas ni los populares.

Los socialistas, asombrosamente, han querido sacar pecho al hilo del tropezón de Arenas. Para ellos el 25-M es ya el último dique contra la involución. El presidente de la gestora que dirige el PSOE sevillano tras su enésima crisis le mandó esta semana una carta al candidato popular en la que le reprocha que no quiera admitir la realidad. “Hemos hecho una segunda modernización”, le dice Manuel Gracia, el presidente de la dirección interina socialista. Basta ver las cifras del paro –el gran lastre de nuestra economía– para darse cuenta de cómo el papel lo aguanta todo. Sobre todo en campaña. Los socialistas prometieron en su día –Plan Estratégico de Alfredo Sánchez Monteseirín– el pleno empleo en la Sevilla de 2012. A la vista está que la promesa se ha cumplido. Nadamos en la abundancia.