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Cosas que hacer cuando estás muerto

Carlos Mármol | 23 de noviembre de 2011 a las 6:03

El PSOE cuenta con escaso tiempo para remontar la mayoría del PP en Andalucía · La crítica situación obliga a dar un giro político en la Junta, buscar alianzas y taponar la ‘guerra interna’.

La cuenta atrás ha comenzado. Y el tiempo, como dijo Quevedo en un verso, es la única cosa que nunca tropieza. Siempre sigue su camino. Igual que una saeta. Los socialistas andaluces tienen apenas cuatro meses –dependiendo de la fecha exacta que finalmente elija Griñán para convocar los comicios regionales– para recomponer la delicada situación electoral que el domingo mostraron las elecciones generales: 751.433 votos menos y una considerable vía de agua que quiebra la leyenda histórica de su imbatibilidad en Andalucía. Ya no se trata de encuestas o sondeos. Son las urnas.

La situación es crítica. A pesar de las declaraciones de estos días, en las que los socialistas intentan relativizar el ascenso del PP, no queda otra salida. Todo obliga a Griñán a adoptar una estrategia ofensiva si realmente quiere frenar la ola que desde Madrid parece aupar a Javier Arenas al Palacio de SanTelmo.

No es fácil: además del estrecho plazo disponible, el viento juega en contra, la tesis de que los recortes que aplicará Rajoy beneficiarán al PSOE andaluz no es perfecta y la situación orgánica es altamente explosiva. La llamada a la unidad –que se va a poner en escena en un gran acto conjunto, según se supo ayer– no garantiza por completo que, con un congreso federal previsto en febrero, a un mes de que los andaluces vayan a las urnas, la lucha por el poder interno no termine traduciéndose en un drama añadido. Probablemente, el peor.

De todo esto se habló, y mucho, en la Ejecutiva que los socialistas celebraron el lunes. La lectura oficial es que existe una “base sólida” para ganar en marzo, que se puede remontar y que ahora es necesario que Andalucía (el 25% de los delegados al congreso federal) acuda unida tanto al cónclave en el que se disputará el poder interno –en un partido que está siendo expulsado de las instituciones– como a las elecciones.

Dejando de lado la versión oficial, siempre insuficiente, lo cierto es que el PSOE andaluz sólo cuenta con un arma válida frente al ejército popular: la Junta. Un soldado que está cercado en una trinchera tiene dos opciones:o rendirse o pelear con el fusil que le quede en la mano. Punto. De ahí que probablemente en los próximos meses empecemos a ver un significativo y rápido viraje –inevitable, por otro lado– en el papel que hasta ahora ha venido jugando la administración regional. La Junta tendrá que dejar atrás el perfil que le es inherente y propio (el institucional) para ponerse a trabajar en clave política. De campaña. De guerra.

¿Cómo se concreta este giro? Con una estrategia conjunta en relación a los mensajes, la visibilidad pública y la capacidad (teórica) del Consejo de Gobierno para jugar un papel protagonista en la liza política. Algo evidentemente poco ortodoxo, pero que, igual que ha ocurrido en territorios como Castilla-La Mancha, donde el PP usó sin problemas las instituciones para aumentar su mayoría, es consustancial a una situación de guerra a vida o muerte.

Además, es urgente. Los socialistas quieren poner en valor sus posibles activos políticos. En las dos grandes cuestiones que planea explotar el PP en los próximos meses –el conflicto con los funcionarios por la reforma de la administración y la trama de los ERE– cuentan poco margen de acción. La investigación de la juez Alaya seguirá dándoles disgustos y el litigio con los funcionarios tiene ya difícil marcha atrás. A lo sumo, el único aspecto a trabajar en este campo pasaría por mantener las condiciones de los trabajadores públicos frente a los posibles recortes (salariales) que aplique el Gobierno de Rajoy. Una forma de singularizarse sin moverse demasiado.

Los socialistas creen que la ola popular ha tocado techo con la victoria del 20-N. Su tesis –la que les hizo separar los comicios estatales de los regionales– es que la acción de gobierno del PP ayudará a que muchos ciudadanos vuelvan a confiar en ellos. La teoría se antoja excesivamente optimista:es obvio que las decisiones que vaya tomando el Ejecutivo de Rajoy causarán perjudicados, aunque eso no significa necesariamente que todos estos ciudadanos vuelvan a votar a los socialistas. De hecho, la certeza que dejan estas últimas elecciones es otra distinta: miles de votantes del PSOE han huido despavoridos hacia otras marcas políticas. IU y UPyD, esencialmente.

La Junta no tiene otra opción que tratar de singularizarse con resoluciones políticas propias frente a la agenda de Rajoy. Y debe hacerlo evitando la confrontación –que tanto le ha criticado el PSOE al PP– sobre la base de explotar políticamente sus decisiones. En la mano tiene dos instrumentos: su presupuesto y la actividad institucional, cuyo protagonismo mediático está garantizado. Aunque tendrá que pasar a los hechos de forma inmediata para ser creíble. El mantra sería del siguiente tenor: “En España recortan médicos y profesores; en Andalucía, en cambio, se mantienen”. Y así una y otra vez. Hasta el infinito y con todas las cuestiones posibles, especialmente las políticas sociales, asunto al que, según los socialistas, los ciudadanos son extremadamente sensibles.

Para que la estrategia funcione hay que hacer cambios en el capítulo de la comunicación. La percepción de la calle, sobre todo en la última fase de la era Zapatero, es que quien ha recortado políticas sociales ha sido el PSOE. “Esta afirmación va a cambiar cuando Rajoy empiece a gobernar”, explica un destacado dirigente socialista. Toda la receta se resume en dos palabras:hay que responder a los ataques (de Madrid) y vender las políticas (sociales) diferenciales. Y confiar en que la pulsión de cambio político después de tres décadas de gobierno no sea superior.

Después vendría el terreno de las alianzas. Se trataría de recuperar las bolsas de voto estratégicas para, contando con que el PP no crezca más –la hoja de ruta de Arenas consiste en intensificar su presencia en las localidades interiores, donde el PSOE de Sevilla, por ejemplo, ha resistido– conseguir remontar lo suficiente para articular un pacto de gobierno con IU. Los votos que los socialistas pierdan por la izquierda tendrían pues una importancia relativa, ya que, al final, dado como están las cosas, terminarán en la misma bolsa común, si bien pagando determinados peajes. Junto a la entente cordiale política, vendría la sindical: al igual que el PP buscó una alianza estable con la patronal andaluza, los socialistas intentarán rubricar un acuerdo conjunto de acción con UGTy CCOO. Un frente público en defensa de las políticas sociales y contra los recortes del Gobierno del PP.

La papeleta más difícil de todas es la orgánica. Fundamentalmente porque un congreso se sabe cómo empieza –ahora hay dos opciones potenciales: los viejos patriarcas contra la reformulación del zapaterismo– pero nunca cómo termina. La lucha por el liderazgo en el PSOE federal amenaza con abrir en canal a la organización andaluza, enredada desde hace tiempo con sus propias batallas internas, a un mes para los comicios. Imposible de soportar.

La obsesión es dar una imagen de unidad. Algo que sólo parece posible aplicando la fórmula de paz por listas. Esto es: la dirección regional dejará margen a los secretarios provinciales –algunos abiertamente hostiles a Griñán, especialmente la cuota gaditana– para confeccionar las candidaturas autonómicas a cambio de un congreso autonómico sereno que no ponga en cuestión a la dirección regional.

Este hipotético acuerdo entre las distintas familias tropieza con una piedra de considerable tamaño: ¿qué papel jugarían en la trama los dos referentes andaluces en la Ejecutiva federal, Chaves y Zarrías? Una incógnita de cuya resolución depende casi todo su éxito. Porque lo cierto es que si la guerra sin cuartel que viene sucediéndose durante los últimos años en el seno del PSOE andaluz termina en una coyunda circunstancial, en función de lo que ocurra en Andalucía el próximo mes de marzo el asesino (político) de Griñán puede no ser Arenas. Sino los suyos.

El PP deroga el Plan de la Vivienda

Carlos Mármol | 16 de noviembre de 2011 a las 6:10

El gobierno local “liquida” el programa de vivienda pública heredado de la era Monteseirín sin sustituirlo por ningún proyecto alternativo · El sector privado no encuentra crédito · Doce mil sevillanos esperan una VPO.

La decisión, que probablemente provocará una intensa polémica política, mucho más al producirse en plena campaña electoral, guarda un raro parecido con el protocolo adoptado con el Plan Centro: una derogación sin alternativa. Una eliminación sin sustitución. Si hace unos meses el nuevo alcalde, Juan Ignacio Zoido (PP), abordó con esta singular estrategia su promesa de dejar sin efecto la ordenanza que impedía al tráfico privado acceder al corazón de la ciudad, ayer su gobierno decidió “liquidar” unilateralmente la política de vivienda pública heredada de los sucesivos ejecutivos presididos por el socialista Alfredo Sánchez Monteseirín, los dos últimos gracias al apoyo político de la coalición IU.

La dirección de Emvisesa, la empresa municipal de la vivienda, elevó ayer al consejo de administración de esta entidad un informe en el que –literalmente– se afirma que el actual gobierno “está trabajando para liquidar el anterior Plan Municipal”. Una medida que supone dejar sin validez la única previsión de construcción de VPO que existe en Sevilla, una de las escasas capitales andaluzas que hasta ahora había logrado –de forma insuficiente, pero con cierto sentido– algún tipo de tímido avance en el campo de las políticas públicas residenciales.

Los motivos que alega el PP para dar este giro en la política de VPO –uno de los principales factores de cohesión social– es que el anterior programa municipal de vivienda, elaborado por PSOE e IU, ha tenido un escaso grado de ejecución. Y añaden:la situación económica ha cambiado mucho desde su diseño. En consecuencia, entiende el gobierno municipal, hay que dejar sin efecto este documento –concertado en su momento con la Junta de Andalucía y el Estado– y plantearse la elaboración de un nuevo Plan de Vivienda “ajustado a la realidad del suelo y a la coyuntura de crisis económica, además de tener en cuenta las dificultades de las familias para acceder al crédito financiero”.

Parece lógico. No lo es tanto. El ejecutivo que preside Zoido deroga el marco existente pero no da fecha, ni plazos, ni siquiera esboza los criterios técnicos a partir de los cuales se elaborará –si se hace– este documento. La alternativa del PP en favor de la VPO queda así en el aire, ya que cualquier programa de este tipo, además de suelo urbanizado, necesita un marco financiero –público o privado– real.

Algo bastante difícil de conseguir por la crítica coyuntura económica y el contexto político (elecciones autonómicas en primavera). En todo caso, ninguno de estos dos factores han hecho que el PP, siquiera por prudencia, mantenga el plan acordado con la Junta y el Estado hasta al menos poder contar con una alternativa sólida. La derogación se presentó ayer a los consejeros de Emvisesa como un hecho consumado. PSOE e IU expresaron ayer su sorpresa y se opusieron a la medida.

Para entender las consecuencias prácticas de la decisión adoptada por el gobierno local antes habría que aclarar algunos datos sobre la política de vivienda. El Plan de VPO de Sevilla, aprobado en julio de 2009, forma parte del pacto andaluz por la vivienda negociado con la Junta. El documento que ahora ha liquidado el PP contempla la construcción de 19.000 viviendas con algún régimen de protección. Estos pisos, que se ubican en los terrenos calificados como residenciales por el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), permiten cubrir de forma holgada la demanda de los ciudadanos que, debido a sus ingresos, no pueden acceder a una vivienda en el mercado libre.

El Plan se sustentaba en dos pilares: la iniciativa privada y la promoción pública. El primer dependía de los promotores particulares, que gestionaban las ayudas y buscaban financiación. El segundo, en cambio, lo llevaba directamente el Ayuntamiento, que es el principal propietario de suelo. Emvisesa, el instrumento del Consistorio para ejecutar todas estas políticas, tenía encomendado hacer hasta un total de 6.753 viviendas. Fundamentalmente promociones residenciales destinadas a rentas medias y bajas.

El papel del Ayuntamiento para regular el mercado de la vivienda es clave. Primero porque dispone de la materia prima –el suelo que recibía Emvisesa para sus promociones era cedido por la Gerencia de Urbanismo sin coste alguno– y después porque, en un contexto de grandes dificultades de financiación, justo como las actuales, una administración pública siempre puede suplir a la iniciativa privada para lograr este dinero.

De hecho, en el momento económico por el que pasamos –con los promotores privados sin acceso al crédito y las ayudas estatales y autonómicas de vivienda recortadas–, la única opción para construir VPO en Sevilla, salvo iniciativas excepcionales, es la administración local. De ahí la importancia de dar un impulso al programa municipal existente. El PP, en cambio, ha decidido dejarlo morir. Quizás porque tiene en mente desde hace tiempo dejar esta cuestión exclusivamente en manos de los promotores privados, que en su día calificaron el papel social de Emvisesa como “competencia desleal”.

Es cierto que el Plan Municipal de Vivienda no ha cumplido todos sus objetivos. Según los datos oficiales –que ya se conocían desde el pasado verano– el grado de ejecución es de un 15%. Discreto si se comparan con las cifras oficiales, pero notable en relación al resto de Andalucía, donde el panorama general es bastante peor. El anterior gobierno municipal había empezado más de 1.000 viviendas: promociones situadas en las antiguas cocheras de Tussam (El Porvenir), el Polígono Aeropuerto, el Campo de los Mártires, la calle General Alarcón de la Lastra esquina con la avenida de Andalucía, la zona de Albérchigo, Torrelaguna (Torreblanca), la calle Flor de Papel y la barriada de Regiones Devastadas, ahora bautizada como Nuevo Amate.

La gestión del anterior director gerente, Juan Carlos de León, que fue destituido nada más llegar el PP a la Alcaldía, no pudo alcanzar sus propios objetivos por dos motivos: el tiempo de maduración de cualquier proyecto inmobiliario es muy elevado –entre 5 y 8 años– y, sobre todo, el desarrollo urbanístico de los terrenos en los que tenían que ubicarse todas estas las viviendas no ha sido el esperado. Una responsabilidad tanto de los propietarios de los suelos como del Ayuntamiento. La única vía para solucionar este problema consistía en desatascar el Plan General, algo que depende de Urbanismo, que además es titular de los terrenos públicos de las VPO de Emvisesa.

En lugar de una derogación, habría bastado con un plan serio de gestión. El PP ha decidido volver a empezar la casa desde el origen. Sin fechas. Sin plazos. Y en un escenario económico terrible donde conseguir un crédito inmobiliario –tanto para los promotores como para las familias– resulta casi imposible. Doce mil sevillanos tendrán que seguir esperando una vivienda pública.

La capitalidad pasa por San Pablo

Carlos Mármol | 19 de junio de 2011 a las 6:10

La Junta decide dejar en suspenso el proyecto de conexión del aeropuerto de Sevilla con la estación de Santa Justa por motivos presupuestarios, lo que condena a la capital de Andalucía a tener un aeródromo de segunda.

El debate sobre la capitalidad de Sevilla va a ser una de las cuestiones claves del próximo curso político. No cabe ninguna duda. El nuevo alcalde, Juan Ignacio Zoido, lleva diciendo desde que llegó a la vida municipal (hace ahora un lustro) que entre sus proyectos prioritarios figura la reivindicación de una ley de capitalidad (con su correspondiente traducción presupuestaria) ante la Junta de Andalucía. La propuesta, cuyo sesgo político es evidente, busca que la actual administración autonómica se retrate después de décadas durante las cuales la capitalidad política de la región ha sido aceptada de forma más o menos tácita pero no rotunda. Suficiente. Efectiva.

Que Sevilla es la capital de Andalucía no sólo es un hecho evidente –en términos económicos, de población, políticos– sino que responde sencillamente a la historia. Aunque hasta ahora el PSOE, al frente de la Junta de Andalucía, se haya limitado a enterrar esta cuestión recogiéndola en el Estatuto de Autonomía, sin desarrollarla desde el punto de vista jurídico.

¿El motivo? El pavor a la reacción que en otras capitales andaluzas provocaría una decisión política firme de avanzar por esta senda. Andalucía nunca ha sido una región cohesionada desde el punto de vista social ni territorial (pese a los avances de los últimos años) y los intereses del resto de virreinatos provinciales, en muchos casos en manos de dirigentes socialistas, aconsejaban dejar la cosa tal y como estaba. Algo que, obviamente, perjudica a Sevilla casi desde el día en que la Exposición Universal de 1992 cerró sus puertas. Desde entonces hasta ahora, el déficit de inversión (estatal y autonómica) en la provincia es patente. No hay más que ver los datos oficiales.

¿Cambiará esta situación el PP? Está por ver. El vuelco que se ha producido en las últimas elecciones municipales, en las que el partido conservador ha logrado teñir de azul el mapa político local, parece dar a entender que nos hallamos ante el preludio de un cambio político de mayor nivel cuya cima sería la conquista de la Junta de Andalucía. Quedan todavía diez meses para que se despeje esta incógnita (a pesar de lo que señalan las encuestas electorales) pero lo cierto es que no está garantizado que un cambio de color en el Gobierno andaluz vaya a suponer una apuesta (decidida y cierta) por la capitalidad sevillana.

Que Juan Ignacio Zoido, como punta de lanza de la ofensiva del PP contra la Junta, reivindique ahora la capitalidad entra dentro de lo lógico. Es una reclamación que permite coger en un renuncio al PSOE, que no tiene en su agenda legislativa inmediata ninguna ley de capitalidad. Al tiempo, permite al nuevo alcalde soñar con conseguir un colchón económico extraordinario para su primer mandato (en caso de cerrar un acuerdo, algo improbable) con el que podría salvar la delicada situación de las arcas municipales.

Claro que, aunque el discurso del PP en Sevilla sea éste, incluido el de su presidente, Javier Arenas, los populares todavía no han conseguido la necesaria puesta en escena: todos sus alcaldes y presidentes de diputaciones avalando la consolidación de la capitalidad sevillana. Hasta que esta imagen no se produzca, más allá de las palabras, y acompañada de los correspondientes hechos, el discurso del PP sobre la capitalidad estará teñido de un cierto interés partidario. La incógnita debe desvelarse: ¿la capitalidad de Sevilla es un proyecto de Zoido o del PP andaluz?

Si echamos la vista atrás, cosa que en política suele ser aconsejable, se cae en la cuenta que durante los gobiernos de Aznar el avance por el sendero de la capitalidad fue más bien escaso. Aunque la competencia en relación a esta cuestión es de índole autonómica (y entonces, como ahora, la Junta estaba en manos de los socialistas) por parte del Gobierno central no hubo, salvo en el caso de Madrid y Barcelona, interés alguno en mejorar el estatus económico global de las grandes ciudades, grupo en el que evidentemente se encuentra Sevilla.

Resulta pues evidente que toda la discusión, a nivel político, quiera centrarla el PP en el ámbito andaluz. Siendo el más cercano, no es el único, ya que la estructura de ingresos de una capital como Sevilla no depende únicamente de la Junta, sino sobre todo del caudal de tributos y transferencias presupuestarias que vienen de Madrid. La capitalidad de Sevilla no es pues cosa exclusiva de San Telmo, sino también de Moncloa, cuyo interés por la situación financiera de (todos) los ayuntamientos es secundario, por no decir nulo. Algo que sólo puede explicarse dado el escasísimo peso político de la ciudad hispalense en el mapa nacional.

Con independencia de la discusión política, parlamentaria e incluso económica, existen otras fórmulas para consolidar la capitalidad hispalense por la vía de los hechos consumados. Consiste tanto en la presencia de las máximas instituciones autonómicas (el Parlamento, la presidencia de la Junta y otros organismos regionales) como en un programa de inversión sostenido en infraestructuras que hagan irreversible (como todavía creen poder lograr otras urbes andaluzas, especialmente Málaga) el camino de la capitalidad sevillana. El primer aspecto de la estrategia se logró hace décadas.

Otra cuestión es el segundo: en este campo la Junta ha evitado siempre dar un trato diferencial a Sevilla con respecto a otras provincias. Prueba de ello es la construcción del Metro: Sevilla tuvo que asumir un modelo, similar al de otras urbes andaluzas, que para nada tenía en cuenta el factor singular de la antigua ley del Metro o las tres décadas (vanas) durante las cuales ni el Estado ni el entonces creciente poder autonómico quisieron oír nada de este proyecto. La línea 1, la única que existe, se construyó exclusivamente por un pacto político coyuntural con los andalucistas, que situaron al Metro como condición para ceder la Alcaldía en 1999 al PSOE. Si no se hubieran producido estas circunstancias, aún estaríamos esperando el Metro. Lo mismo que vamos a tener que esperar para ver la red completa metropolitana.

Junto al Metro, hay otra obra clave para Sevilla desde el punto de vista de la capitalidad: la conexión de AVE con Andalucía Oriental a través del aeropuerto de San Pablo. Estos días la consejera de Obras Públicas, Josefina Cruz Villalón, ha desvelado en el Parlamento que su departamento congelará sine díe dicho proyecto, que ya estaba en marcha y, aparentemente, salvado de los recortes en el capítulo de inversiones que está marcando la agenda política de las administraciones públicas. Cruz Villalón, que ya hizo lo mismo en relación al Metro en plena campaña electoral (corrigiendo sus afirmaciones después de la intervención del candidato socialista, Juan Espadas), afirma no renunciar a la conexión regional, aunque no se compromete en nada más, incluida la unión de San Pablo con Santa Justa.

El PP, a través del concejal de Economía, Gregorio Serrano, ha hecho bandera reivindicativa de esta conexión ferroviaria. Hace bien. No sólo en términos partidarios (erosionar a la Junta), sino también ciudadanos. La capitalidad de Sevilla pasa forzosamente por el aeropuerto de SanPablo, cuya potencialidad depende de convertirse en el aeródromo de referencia de Andalucía Occidental, tarea para la que necesita una conexión de transporte de alta capacidad de la que siempre ha carecido. Los populares han anunciado que aportarán soluciones para que el proyecto salga adelante. Habrá que analizarlas.

Pero si la Junta no cambia de criterio, y con independencia de que la polémica pueda beneficiar al PP a diez meses de las autonómicas, Sevilla será una de las pocas urbes españolas que, con una línea de Metro y un tranvía, seguirá teniendo un aeropuerto conectado con su núcleo urbano con una lamentable red de autobuses o un servicio de taxis más que deficiente. ¿Que ciudad del mundo renuncia al planificar sus inversiones a que su red de transporte público no conecte de forma directa, con el menor número de transbordos posibles, sus dos principales centros de comunicación, que son la estación de tren y el aeropuerto? Sólo Sevilla. La Gran Sevilla. Algo de locos.

Zoido: el mensaje ecuménico

Carlos Mármol | 12 de junio de 2011 a las 6:15

El nuevo alcalde de Sevilla inaugura la futura etapa municipal con un discurso en el que apela a la honradez, la honestidad, la cercanía a los ciudadanos, la ley y la biblia.PSOE e IU anuncian una oposición muy activa.

Lo dijo Tomás de Kempis: “Ni mejor porque te alaben, ni más vil porque te desprecien; lo que eres, eso eres”. Juan Ignacio Zoido, el candidato del PP a la Alcaldía, se convirtió ayer en el sexto alcalde de Sevilla de la democracia. Fue investido con el apoyo de sus 20 concejales, mientras el movimiento ciudadano 15-M protestaba en las puertas del Consistorio en demanda de un sistema democrático más participativo y ante una representación (ilustrativa) de lo que el PP considera que debe ser la Sevilla oficial. Gracias al extraordinario respaldo logrado el 22-M en las urnas y con el presidente de la Junta (el siguiente enemigo a batir por parte del PP) delante.

La ceremonia, marcada por la legislación de régimen local vigente, tradicionalmente añeja, similar en algunos momentos a un sufrido pregón, permite formular algunas intuiciones inmediatas. La primera: Zoido no va a ser un gran orador. Mucho menos un retórico. No es una crítica. Ni siquiera un reproche. De entrada, como cualquier gobernante, tiene cien días de gracia. Tan sólo es la constatación de una mera evidencia. Nada nuevo, por otra parte: sus seguidores lo ven como un hombre de acción (al decir de Baroja) más que como un intelectual. Sin embargo, en los momentos políticamente solemnes dicho carácter no deja de producir una cierta sensación de extrañamiento.

El nuevo alcalde, del que todos esperaban ayer un mensaje expreso y más concreto sobre los ejes por los que discurrirá durante los próximos cuatro años el futuro de la ciudad, se diferenció de todos sus predecesores en el cargo (casi todos ellos presentes, salvo su más directo antecesor) por una primera intervención pública sorprendentemente corta y casi de oficio. En la segunda, algo más amplia, se extendió más al exponer las líneas maestras de su proyecto político para Sevilla, pero las enumeró de forma similar a las cientos de intervenciones que ha hecho durante su larga y eterna campaña electoral (5 años ha durado) y que ayer, por fin, le llevó al puesto máximo del poder municipal. Lanzó adjetivos y sustantivos, pero eludió los verbos. No dio excesivos detalles ciertos. Explicó mucho el qué pero sin decir el cómo.

La importancia de este hecho es, en todo caso, relativa. La mayoría absoluta del PP abre una nueva etapa en el Ayuntamiento que no se va a caracterizar por los altos mensajes ni los alardes verbales, sino que (en teoría) deberá juzgarse en función de los hechos. La elocuencia política, que tan bien queda para la historia local, ha quedado fuera de escena desde el primer momento.

Es cierto que el discurso de Zoido, que presume de ser un hombre de pueblo, nunca ha sido muy dado a los matices, los grises o a la complejidad argumental. Su estilo es bastante más llano, sencillo y, en ocasiones, ayer mismo pudo oírse, algo redundante. Repetitivo. Ya con el bastón de mando en sus manos, el nuevo alcalde pronunció profusamente, casi se diría que en exceso, ante el auditorio del Salón Colón (autoridades civiles, religiosas y militares presentes), las palabras “talento” y “Sevilla” como principales elementos de lo que él mismo espera que sea su etapa como gobernante.

Cuatro años que van a estar marcados por la aplicación de su singular teoría sobre el hecho, en su opinión, de que para gobernar una ciudad no es necesario ningún tipo de ideología, sino sencillamente eficacia. Soluciones efectivas y reales contra los problemas básicos. Una Sevilla igual que un reloj suizo. Una suerte de Suiza hispalense que ojalá sea cierta, y posible, más allá de todas las promesas de campaña. El nuevo líder de la oposición, Juan Espadas, lo puso ayer en duda: “Una ciudad no es un metabolismo estático ni puede ser un reloj”.

Zoido, que ya se proclamó a sí mismo “alcalde de la luz” en 2007, cuando el pacto PSOEe IU le impidió llegar a la Alcaldía en el primer intento, circunstancia que a lo largo de los últimos cuatro años dio lugar a un estilo de oposición algo resentido, se sacudió ayer esta carga (para bien de todos) y comenzó el tránsito que va desde la expectativa del poder hacia el ejercicio mismo del mando. Es de suponer que en su caso será toda una satisfacción, aunque este camino no está (para nadie) exento de peligros, trampas y dificultades. Su mayor reto consistirá en saber salvarlas con seso.

El bastón de mando que desde ayer empuña el político del PP, al que no se le puede discutir su apabullante victoria electoral, tiene mieles y hieles. Permite beneficios y causa perjuicios.Tiene el brillo de las maderas nobles pero también las espinas inherentes al ejercicio del poder.

La primera dificultad, precisamente, es la obligación a cambiar de discurso y, al mismo tiempo, tratar de ser coherente. Solventar toda una paradoja. Zoido anunció ayer que será un alcalde leal pero reivindicativo con el resto de instituciones públicas (el primer año será clave para ver si en el mandato que ahora estrena como regidor predominara lo primero o lo segundo), anunció que reclamará a la Junta la capitalidad de Sevilla (primer conflicto a la vista), proclamó su honradez (a algunos de sus adversarios políticos se la ha negado en algunos de sus momentos en la oposición) y garantizó que será, ante todo, un gobernante cercano a los ciudadanos. Un servidor público.

Todo correcto. Nada censurable. Cualquier político tiene derecho a decir lo que estime conveniente. Sobre todo, dirán algunos, si ha sacado veinte concejales. Es una manera de verlo, claro. Porque este derecho de expresión es idéntico para políticos, fontaneros e incluso periodistas. Es una de las grandes virtudes de la democracia, incluso imperfecta, que tenemos. Que la gente hable con total libertad de conciencia. Sin miedos. Que diga realmente lo que piensa y, sobre todo, haga algo tan inusual como útil:argumentar lo que afirma.

El nuevo alcalde tiene por delante muchos problemas urgentes que no pueden esperar más. Ahora le toca cumplir con los ciudadanos. El tiempo de las eternas promesas ha terminado (en su caso, con éxito) y comienza el de los hechos. Soluciones sin excusas. Quien ha lanzado desde la oposición a los ciudadanos un mensaje de que nada es imposible (con talento, trabajo y esfuerzo) debe aplicar ahora estos mismos principios (no otros) en busca de la eficacia, entendida ésta no sólo en términos empresariales, sino sobre todo sociales. De justicia. El gran problema de Sevilla es el paro. Después la cohesión social. Zoido habló ayer de la ley (la Constitución) y la biblia como sus dos particulares grandes creencias vitales. Su “faro en la vida”.

Respetando ambas cuestiones, el cambio de tono y mensaje, aunque sin perder necesariamente la coherencia política, sino por exigencia de las nuevas circunstancias, parece obligado. Ortega y Gasset lo explicó extraordinariamente bien:si uno no es capaz de salvar sus propias circunstancias no se salvará a sí mismo. En el caso de Zoido su circunstancia política ha mutado: tiene que pasar de hacer una oposición inquisitorial al gobierno efectivo. De la denuncia constante en la plaza pública al ejercicio del gobierno. De prometer a hacer. No será nada fácil. Ni tarea sencilla. Sobre todo si no se tiene suficiente cintura ante las críticas, que llegarán porque son tan democráticas como las victorias electorales.

La oposición municipal (PSOE e IU) estuvo ayer cortés y crítica a partes iguales. Su actitud y sus mensajes auguran una etapa de control político muy activa. Nada cortesana y, probablemente, muy útil para la salud democrática de Sevilla. Tanto como la adaptación de Zoido a su nueva condición (accesoria, no se olvide; en la vida el poder es un atributo temporal) en la que sobresale ya el nuevo discurso ecuménico (tan diferente al pronunciado hace cuatro años, como le recordó ayer Espadas; y tan lejano al mensaje, admirable y elocuente, que le tocó hacer en su día a Jaime Raynaud, su antecesor como candidato y un político al que el PP debería tener en bastante mayor estima) del nuevo regidor, que promete una Sevilla sin los vicios del sectarismo, sin listas negras y diáfana. Ojalá sea cierta, aunque determinadas algaradas verbales, oídas ayer en el propio Salón de Plenos, lamentablemente no permitan ser totalmente optimistas. El tiempo, el único señor, nos sacará de dudas.

San Bernardo: final de trayecto

Carlos Mármol | 17 de abril de 2011 a las 6:30

La ampliación del tranvía pone punto final a una etapa municipal en la que se ha preferido actuar en el centro de Sevilla para simular una transformación urbana integral en lugar de hacerlo en los distritos.

El tiempo no perdona. Ni tropieza. El final de la era Monteseirín, a la que le queda oficialmente algo así como un mes y medio más o menos, dependiendo de si al hacer los cálculos incluimos o no el periodo de la llamada regencia en funciones, se va desdibujando paulatinamente hasta dar como resultado involuntario uno de esos desconcertantes cuadros italianos pintados con la vieja técnica del esfumatto. Contornos imprecisos, vaguedad ambiental, cierta lejanía amable, un aire raro, entre espectral y misterioso. ¿Sueño, pesadilla o realidad? Depende.

Con el alcalde en los estertores de la última de sus famosas giras institucionales (el afán del regidor por los viajes oficiales sin sentido es realmente notable) y los requisitos impuestos por la nueva legislación electoral, que impide las inauguraciones políticas, el Ayuntamiento (que en realidad no existe desde hace meses porque las tres fuerzas políticas que forman la corporación local llevan desde enero sumidas en la larga precampaña electoral) ha inaugurado esta semana la ampliación del tranvía de Sevilla, bautizado por la propaganda oficial con el nombre de Metrocentro.

El episodio parece salido de un relato de misterio. Sólo que, al contrario de lo que ocurre en los cuentos góticos, esta vez está iluminado por el sol de esta primavera extrañamente estival. Tras el insoportable vacío del Parasol, inaugurado por Monteseirín en la más absoluta de las soledades (salvo por los habituales fieles de última hora), la puesta en marcha del nuevo tramo del tranvía nos ha dejado estampas de andenes con gente que espera el momento para tomar una nueva dirección. Otra metáfora del cambio de ciclo que, ocurra lo que ocurra en las elecciones, está próximo a producirse en la ciudad.

El ferrocarril urbano construido por Monteseirín, junto al Parasol, es uno de los símbolos de su gestión política. Inaugurado hace ahora unos tres años, ha supuesto para muchos una loable apuesta por la movilidad pública y, para otros, un capricho similar (en impacto económico y realización) a las célebres setas, vigiladas desde esta semana por un sistema de cámaras de seguridad privada instalado por la empresa concesionaria del complejo comercial sin pedir permiso a nadie. Algo que no debería causar excesiva sorpresa: a fin de cuentas, a pesar de que hay quien cree que con la Encarnación se ha ganado una plaza pública, lo cierto es que Sacyr, la empresa constructora, no hace con ellas más que vigilar, como una especie de gran hermano, el trozo exacto de Sevilla cuya explotación comercial se le ha entregado durante las próximas cuatro décadas. Por así decirlo, se dedican a cuidar su propio cortijo, situado en el corazón mismo de Sevilla.

El tranvía, al contrario de lo que ocurre en el caso de la Encarnación, no privatiza un espacio público, sino que socializa un territorio (el que discurre entre la Plaza Nueva y el Prado) que solían estar lleno de coches, tráfico y ruido. En ese sentido puede decirse que quizás haya sido un éxito. Aunque, como ocurre con muchas iniciativas del alcalde saliente, sólo a medias.

Con independencia de que es más inteligente invertir en medios públicos de transporte que en complejos comerciales, si se mira detenidamente la relación coste/rentabilidad de la línea que gestiona Tussam los aparentes matices positivos pierden bastante brillo, hasta convertirse incluso en sombras.

El Metrocentro, que se ha querido presentar como un gesto de valentía de Monteseirín, en realidad es fruto de una secreta inseguridad política. El atrevimiento, si lo hubo, consistió en peatonalizar (parcialmente) la Avenida de la Constitución. La instalación del tranvía es la muestra de que, una vez hecho esto, en la Alcaldía se pensó que había que introducir en la operación un elemento nuevo para que las críticas que censurarían el hecho de dejar la zona sin un acceso mecánico (los pies, por lo visto, no sirven) no pudieran sostenerse mucho en el tiempo. Como si esto fuera a parar la maquinaria de intereses (políticos, entre otros) que se oponen al modelo urbano defendido por el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU).

Por aquel entonces, no sé si lo recuerdan, la línea 1 del Metro estaba sumida en una de sus múltiples crisis (por la tuneladora) y el gabinete de crisis de Monteseirín (formado por dos personas, casi siempre) estimó conveniente que, a pesar de que el Metro conectaría la Puerta de Jerez con el Prado de San Sebastián, había que hacer también un sistema de transporte (municipal, pero con parte del dinero de la Junta) que discurriera en paralelo al Metro durante buena parte del trazado, por si acaso las obras de la línea 1 no salían adelante.

San Bernardo final de trayecto 2 baja

El resultado fue un tranvía escaso, de apenas un kilómetro y medio, que al tiempo que parte por la mitad el que podría haber sido, junto con la Alameda de Hércules, el gran ensanche peatonal de la Sevilla histórica, fagocitó unos fondos municipales que bien pudieron ayudar a sacar a Tussam de la actual ruina económica en la que se encuentra.

No es de extrañar que hasta ahora, igual que ha ocurrido con el Parasol de la Encarnación, con el que el tranvía encierra tantas similitudes casuales, el gobierno local nunca haya hecho público el coste oficial de ejecución de este proyecto, que sufrió un largo rosario de cambios (cada uno de ellos supuso probablemente incrementos sobre el presupuesto inicial), incluyendo la reciente operación de sustitución de parte de las catenarias.

La obra salió al final por más de 80 millones de euros, cantidad a la que ahora hay que sumar los 13 millones que ha costado la prolongación del tranvía hasta San Bernardo. Unos 885 metros mal contados. En total, el Metrocentro ha costado a los sevillanos (y en cierta medida a los andaluces) casi 100 millones de euros para un recorrido completo de algo más de dos kilómetros.

Habrá opiniones para todos los gustos. Desde la que considera que es un proyecto caro a la de quienes creen que los 15.000 viajeros que lo utilizan justifican la operación. Es natural. No se discute la libertad de juicio. Lo que está fuera de discusión (o al menos debería estarlo si se quiere analizar la cuestión con algo de objetividad) es que el trazado definitivo del tranvía (cuya prometida prolongación hacia Santa Justa ha quedado olvidada) repite, en buena medida, el mismo trayecto de la línea 1 del Metro, sólo que en superficie. Algo inaudito en cualquier ciudad civilizada (la frase parece una redundancia, aunque tratándose de Sevilla quizás no lo sea tanto) en la que los recursos económicos se usan para conseguir el mayor rendimiento posible.

En Sevilla, tremenda paradoja, tenemos pues un tranvía que va al mismo sitio que el Metro (salvo por menos de un kilómetro de diferencia) y que ahora queda como en punto muerto en la estación término de Viapol. Apenas unos pocos metros fuera del casco histórico (donde habita el imaginario de la ciudad completa, siendo en realidad apenas una mínima parte de la Sevilla real) y justo a las puertas el antiguo arrabal de San Bernardo. ¿Hay mejor ejemplo de la filosofía política con la que durante los últimos años se ha intervenido en Sevilla? ¿No representa el tranvía, que apenas si discurre por la ciudad extramuros, la mentalidad profundamente centrípeta de los políticos de una urbe en la que parece que lo que no está situado dentro de los estrechos límites del centro histórico no existe?

El tranvía de Sevilla se queda así a las puertas mismas de la Sevilla de los barrios, que, sorprendentemente, es justo donde debía de haberse construido. En términos de inversión, clientes (viajeros) y rentabilidad social (cohesión) hubiera sido mucho más eficaz en los distritos. En ellos vive la mayor parte de la población que, hasta ahora, siempre ha votado al PSOE. Monteseirín, sin embargo, prefirió hacerse notar en el territorio de la Sevilla Eterna. Indignó a algunos. Entusiasmó a otros. Pero dejó sin resolver el verdadero problema de movilidad de Sevilla.

Cuentas que no salen

Carlos Mármol | 25 de mayo de 2008 a las 20:11

Cuentas que no salen

El Ayuntamiento, que en los últimos tiempos ha financiado centros de salud y el plan de comisarías, no obtiene del Estado y la Junta contraprestaciones en cuestiones como el mantenimiento de los colegios o la Ciudad de la Justicia

AL IGUAL que a veces, en las mejores casas, es preciso mirar debajo de alguna alfombra para averiguar cuál es la distancia real entre lo dicho y lo hecho, entre lo verdadero y lo aparente, a la hora de analizar cualquier acuerdo, sea éste político, económico o sentimental, resulta obligado tratar de calcular beneficios y sacrificios. Partes del pacto. En estas lides es aconsejable hacer números. No dejarse llevar por las sensaciones y por aquello que algunos llaman el pálpito. No hay acuerdo aparente que sobreviva a la aritmética, bien sea numérica o de otra condición.

En el Ayuntamiento de Sevilla rara vez se practica este ejercicio. Acaso se haga, pero probablemente se mantendrá en secreto, igual que esos vicios absurdos que cualquiera de nosotros tiene –una forma de rascarse, un estilo de caminar, cualquier guiño banal y absurdo; propio, auténtico– sin terminarse del todo de explicar. La cosa viene al caso del anuncio del plan extraordinario de inversiones para los centros escolares de Sevilla del gobierno municipal. Estos colegios, cuyo mantenimiento tiene encomendado el Consistorio, pero cuya construcción y gestión son competencia autonómica, requieren como mínimo de 7,4 millones de euros en inversiones, según las primeras cuentas oficiales. Pocos no son: casi un centenar de ellos necesitan algún tipo de renovación urgente.

El edil del ramo, Joaquín Díaz (PSOE), insinuó esta semana durante la presentación de dicho programa que espera que la Junta asuma al menos la mitad del dinero necesario para su ejecución. Su argumento: buena parte de las obras necesarias para tenerlos abiertos proceden de defectos de construcción. Cosas que en su día se hicieron mal y que hasta ahora no han hecho más que arrastrarse sin que nadie les ponga el mínimo remedio. El concejal socialista era realista a la hora de explicar sus expectativas en relación a las conversaciones con el Gobierno autonómico. “Me conformaría con lograr de la Junta un compromiso de al menos tres millones de euros”.

Alguno se preguntará si esta cifra no implica demasiado dinero. O si no es una frivolidad que una administración pública reclame a otra unos fondos que, en teoría, deberían salir de sus bolsillos. Parte de sustento para pensar todo esto hay: el dinero de los impuestos se reparte de forma desigual entre los diferentes ámbitos de gobierno –local, provincial, regional y estatal; a veces incluso más– porque en teoría cada una de las instituciones públicas tienen que afrontar competencias complementarias. De ahí que el hecho de que un gobierno aparezca, con frecuencia, ante los ciudadanos como corto de fondos –para ciertas cosas nunca falta el dinero; para otras nunca aparece– viene a ser algo así como una especie de certificación indirecta de que sus gestores no terminan de dar la talla. Quien pide dinero, suele pensarse, es porque es una especie de manirroto. No siempre es el caso. En realidad, en Sevilla, en determinadas áreas ocurre lo opuesto: quien menos tiene suele ser quien más esfuerzos hace por intentar solucionar los problemas.

En general, cualquier consistorio, y el sevillano no es una excepción, soporta una cantidad ingente de gastos superfluos: altos cargos, protocolos, consumos e insumos variados y unos sueldos que, en demasiados casos, están por encima del talento de quienes los perciben. Todo eso es cierto. Pero también lo es que cualquier consistorio es la administración que menos aportaciones recibe de las arcas públicas, que suelen ser generosas con las comunidades autónomas y muy rácanas cuando se trata del poder local. Incluso con este contexto, con menos medios, y dejando de lado los citados dispendios, lo cierto es que el Ayuntamiento intenta responder a un sinfín de necesidades que no le competen. Entre ellas se encuentra ésta de los colegios, que extrañamente requiere operadores institucionales distintos para poder andar cada día, al igual que en el caso de la Justicia, donde cada parte del proceso judicial depende de un político distinto. Sin contar el Campus Judicial. Paradojas del Estado autonómico que tanto se alaba. Y que tanto cuesta.

En una sola dirección

Vista la cosa con algo de perspectiva, la demanda del edil de colegios de Sevilla resulta de todo punto ridícula. Por lo ínfima. Aspirar pues a que la Junta aporte tres millones de euros para mejorar los colegios sevillanos es vana utopía. Si se tiene en cuenta que la ciudad financió al Gobierno andaluz hasta cinco de los diez nuevos ambulatorios que se planificaron hace tres años o el acuerdo con el Estado para la nueva red de comisarías, los números cantan: Sevilla ha ahorrado a la Junta 11 millones de euros que, sumados al acuerdo del Hospital Militar (28 millones), superan con creces el dinero que, por ejemplo, recibirá el Ayuntamiento para la ampliación del tranvía (30 millones). Dinero que ni uno ni otro se gastan en la ciudad. Al Gobierno central, de igual forma, le pagamos el edificio de la Gavidia más alto de lo que vale y le regalamos el suelo de las nuevas comisarías. Hasta 12,2 millones de euros salidos de una u otra forma de las arcas de los sevillanos. Ni siquiera esto ha servido para que todos estos equipamientos estén funcionando. El alcalde suele presumir de generoso. Pero la verdad es que las cuentas no salen. Los sacrificios sólo se hacen en una única dirección.

Círculos concéntricos

Carlos Mármol | 6 de enero de 2008 a las 17:37

Circulos concentricosLas propias administraciones públicas y lamayor parte de la sociedad civil de Sevilla no creen en el modelo de ciudad policéntrica que postula el PGOU y que ellasmismas defienden (sin pasar de la retórica) en público.

No existe nada más nefasto, para la coherencia y la propia imagen, que predicar una cosa y hacer otra. Algunos, sobre todo quienes se dedican a la política desde un punto de vista intelectual (la minoría; la mayoría tienen otras motivaciones bastante más pedestres), piensan que este ejercicio de hipocresía social resulta necesario y utilísimo para triunfar en el oficio. Lo ven como una especie de pragmatismo inherente a la propia actividad pública. En ocasiones, sin embargo, cuando alguien se atreve a decir aquello de que el rey está desnudo, termina poniéndoles en serios aprietos. El poder, cualquiera que sea su naturaleza, pretende ser coherente y sólido aunque a diario incurra en determinadas excepciones a la norma que van dibujando el verdadero sendero por donde camina.

La reflexión viene a cuento de la polémica surgida en la ciudad (entre sus sectores jurídicos y políticos, especialmente) a cuenta del traslado a la dársena del Batán de los juzgados sevillanos. Un proyecto de la Junta que va contra el propio Plan General y que se ha sacado a la luz pública más por una necesidad particular (la carrera política de la consejera del ramo, que no se sabe si continuará en el cargo) que como resultado de una reflexión seria del Gobierno regional, que prometió una Ciudad de la Justicia para Sevilla hace mucho tiempo.

Un sainete judicial

El proyecto oficial, como se ha dicho, colisiona de plano con el Plan General, convertido por la propia administración autonómica en referente del nuevo modelo urbanístico que ahora, veinte años tarde, abraza el PSOE. El libro urbano de Sevilla contemplaba construir este equipamiento en los suelos de Los Gordales, entre el campo de la Feria y Los Remedios. Una zona donde la línea 1 de Metro llegará y que tiene las mínimas conexiones viarias metropolitanas. La Junta, sin embargo, decidió alterar tal ubicación por dos motivos. Primero, para tapar una inexplicable equivocación a la hora de solicitar al Ayuntamiento la edificabilidad necesaria para hacer el proyecto. Los límites del PGOU, ajustados a lo que en su momento pidió la Consejería, ya no casan con los nuevos deseos de este departamento autonómico. Alguien hizo mal las cuentas. La Ciudad de la Justicia ya no cabe en la parcela. La segunda razón, oculta hasta que este diario la desveló, es bastante más grave: el Estado, titular del suelo donde iba el proyecto, ha impugnado judicialmente el PGOU al no estar conforme con las directrices urbanísticas municipales. Ambos factores son los que explican este sainete judicial.

Pero lo más llamativo es el trasfondo de este conflicto, en el que han intervenido todos los sectores de la judicatura y la política municipal y regional. Y lo que denota: una resistencia numantina a abandonar la costumbre, tan sevillana de situar casi todos los grandes equipamientos públicos dentro o junto al casco de la ciudad antigua. Una tendencia histórica que quizás tuvo sentido en el pasado, cuando la urbe era diferente, pero que ahora no supone más que un problema añadido a los ya existentes, al ser el centro de Sevilla una de las zonas del área metropolitana más saturadas de actividad y con peores infraestructuras y accesos.

No es además el único caso. En los últimos tiempos se han producido otros episodios con la misma lógica subyacente: la negativa de determinados colectivos sociales a dejarla ubicación de la que han disfrutado en el tiempo. El traslado de la Facultad de Derecho a Nervión es otro ejemplo de libro. Hay una revuelta de docentes contra dicha mudanza, aprobada en su momento sin problemas. Otro caso: la ubicación en la calle Torneo de la sede del Centro de Estudios Andaluces, dependiente de la Junta. Este organismo reclamó al Consistorio una parcela céntrica para su edificio central. Dicho requerimiento implicó dejar sin un equipamiento –el solar en cuestión estaba ya calificado para hacer un centro de salud– a todo el casco histórico.

La única excepción

Tan sólo la Cámara de Comercio, reubicada en el edificio Galia Puerto, ha roto esta tendencia de querer permanecer y concentrarse en el centro de la ciudad, que puede ser legítima, pero que, en todo caso, no casa con el discurso de urbe policéntrica –con distintos centros de actividad– que defiende tanto el PGOU como las administraciones públicas (Junta, Estado y Ayuntamiento) y, en público, incluso muchos de estos colectivos civiles que cada día hacen todo lo posible con su conducta para desmentir sus propios discursos. Ya se sabe: hay tesis que se defienden con entusiasmo siempre y cuando no se las apliquen a uno. Las causas al respecto de tal situación pueden ser múltiples. Entre ellas parece sobresalir, casi asomarse, la pervivencia de la vieja costumbre barroca, tan hispalense, de seguir creyendo que las ciudades, sobre todo, un decorado de poder (humano, más que divino) que requiere necesariamente de buena ubicación, vistas y de eso que antiguamente se denominaba la presencia. Para esta mentalidad lo que no está en el centro sencillamente no existe. Es como si no hubiera vida inteligente, con escasas excepciones, más allá de la Sevilla intramuros. Curiosa forma ésta de hacer y construir una ciudad distinta: perpetuando los viejos vicios de la aldea. Es lo que hay.