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¿Y tú de qué te ríes?

Carlos Mármol | 27 de marzo de 2012 a las 6:05

El PSOE celebra como una gesta la carambola de permanecer en el poder autonómico a pesar de que su respaldo electoral ha descendido en todos los ámbitos. El PP tardará tiempo en digerir la derrota. IU diseña su estrategia.

Alex O´Dogherty, uno de los mejores actores andaluces, tiene un monólogo espléndido que se llama ¿Y tú de qué te ríes? Entre otras disquisiciones sobre el humor absurdo –el mejor de todos– se pregunta en esta pieza teatral la razón por la cual la mayoría de la gente, cuando va por la calle y ve que alguien se tropieza y se cae, mucho más si es un amigo, directamente se parte de risa. Me acordé de esta imagen el domingo por la noche, cuando después de que las urnas dejaran al PP clavado en una mayoría agridulce –50 diputados, muy lejos de la absoluta que todo el mundo esperaba; sobre todo ellos– la televisión (Canal Sur, por supuesto) retransmitía la sonrisa de oreja a oreja que muchos altos cargos de la Junta de Andalucía tenían detrás de Griñán, que comparecía con gesto cansado, como quien sale de una larga pesadilla.

¿De qué se ríen? Supongo que precisamente de lo mismo que contaba O´Dogherty: alguien, de forma inesperada, se ha tropezado por la calle y está en el suelo. Ha tocado el piso, que dicen en la Argentina. La conducta no es demasiado noble, pero responde la verdad. No hay nada que haga más gracia que el fracaso ajeno, mucho más si éste resulta ser inesperado. Y, desde Maquiavelo, ya sabemos que la política –mucho más la meridional– no es noble, ni buena, ni sagrada, como dijera Lorca de la vida. Los socialistas, sin iniciativa política salvo para destrozarse mutuamente desde hace más o menos dos años, con un partido en total interinidad en Sevilla desde hace algo más de un mes, casi no terminan de creerse la carambola que les permitirá, si IU cierra un acuerdo estable de gobierno, retener el poder autonómico.

Cantares de gesta

Y es que, en realidad, los motivos para tanta risa se reducen a la desgracia ajena, no a los méritos propios. Tras cualquier elección es tradicional que los partidos políticos interpreten los resultados electorales como mejor convenga a sus intereses. Cualquier argumento es válido. Griñán habló ayer de que sus resultados electorales son “una gesta”. Quizás estemos asistiendo a una reelaboración de un género literario –de raíz clásica y cuya formulación en castellano es de época medieval– que hace varios siglos que no se practica y que Cervantes terminó de desmontar –creando la novela moderna– en El Quijote. ¿Una gesta? Decididamente es una manera optimista de verlo. Porque lo que señalan de forma nítida las urnas es que la marea del PP está empezando a retrodecer –algo previsible, aunque algunos no hayan sabido verlo– pero no porque los socialistas estén mucho más fuertes. Que uno pierda habiendo ganado y otro gane habiendo perdido no es exactamente lo mismo que ganar y perder de forma limpia. Ni de lejos.

En Andalucía, el PSOE se ha venido abajo. Diez puntos menos de respaldo electoral, nueve diputados menos y 654.831 votos por debajo del baremo de las anteriores autonómicas. Son hechos. Si Griñán se considera a sí mismo como un caballero andante en fiera y desigual batalla contra la derecha será porque, como ocurre en El Quijote, el caballero de la Blanca Luna –que no es el PP, sino los ciudadanos– le ha vencido pero le deja volver sano a casa para que recupere la cordura. La diferencia es que Alonso Quijano aceptó su derrota y el líder del PSOE andaluz no parece estar demasiado dispuesto a asumir esta misma evidencia, incluso con el inesperado regalo de mantenerse en el poder durante cuatro años. Le cuesta. Cosa que da que pensar. Bastante.

Especialmente significativo es el retroceso electoral de los socialistas en Sevilla, la provincia que, pese a todo, sigue siendo donde el PSOE tiene la mayoría. Se mire por donde se mire, los datos permiten resoplar pero no sacar pecho. En relación a las últimas autonómicas –hace cuatro años– los socialistas han caído 11 puntos. Pierden 172.287 votos. En comparación con las elecciones generales –la radiografía política más próxima– el retroceso es algo menor –porque ya estaban bastante mal– pero se acerca a casi los 28.000 votos incluso aunque, en términos relativos, por la redistribución de los sufragios, puedan argumentar una subida de dos puntos. Vano consuelo: la cuestión de fondo es que, a pesar de conservar el poder autonómico, la sangría de votos que se inició en las municipales no ha terminado. Prosigue.

En la capital, donde Zoido volvió a imponerse, el coordinador de la campaña del PSOE y líder de la oposición municipal, Juan Espadas, hizo ayer una lectura positiva de los resultados: si las municipales fueran ahora el PP no pasaría de los 16 concejales. Otra forma optimista de verlo. El PSOE no ha mejorado demasiado: en relación a las generales la pérdida de votos puede cifrarse en 7.181 votos. Es cierto que la burbuja Zoido –dada su sobreexposición provincial– parece que empieza a desinflarse –mucho desgaste en excesivamente poco tiempo–, pero eso no se traduce en un mayor grado de confianza de los electores en favor de los socialistas. Ni mucho menos. El discurso oficial del PSOE resulta previsible pero es impostado.

¿Cuál es entonces la diferencia? Parece que, frente a otras elecciones anteriores, el factor diferencial ahora radica en un hecho inédito: una buena parte de los votos del PSOE han ido directamente a Izquierda Unida, duplicando la representación parlamentaria de la coalición de izquierdas. Hasta ahora lo que ocurría era lo contrario: cada vez que los socialistas apelaban al miedo a la derecha y reclamaban el voto útil, IU era la gran perjudicada. En todos los ámbitos. Los votantes de izquierdas sacrificaban periódicamente a la coalición para sostener a un PSOE débil frente al ascenso de los populares.

Ahora, en cambio, no ha ocurrido esto: Griñán, siguiendo el catón de su partido, apeló al voto útil y centró su campaña en alertar de que el PP desmontaría el Estado del Bienestar, pero los votos huérfanos no se han quedado en las candidaturas socialistas. Se han ausentado –el descenso en la participación ha sido significativo– o se han trasladado a IU. Una diferencia notable. Tanto como para que este factor permita a la coalición de izquierdas, demonizada por el PP en Sevilla en las últimas municipales, jugar un nuevo papel en la política autonómica y, a largo plazo, quizás de nuevo en la municipal. Al tiempo.

La coalición de izquierdas ha recogido buena parte del voto socialista espantado por la sucesión de casos de corrupción. Y este hecho diferencial marcará el futuro: IU, más que en el reparto de cargos, centrará su táctica de negociación política con los socialistas en la máxima de que hay que “abrir las ventanas”. Todas. El electorado no ha avalado la corrupción, como argumentan determinados analistas de Madrid. Sencillamente han dejado a Arenas a las puertas de San Telmo: el mensaje reformista del PP dejó de ser verosímil cuando Rajoy comenzó a gobernar.

Ha pesado también la reforma laboral. Mucho. No se quiere admitir, pero los ciudadanos corren menos riesgos laborales dejando de votar al PP en las autonómicas que secundando la huelga del jueves. Arenas, asumida la debacle, salió al balcón de la calle San Fernando junto a sus ministros en el Gabinete de Rajoy: Báñez y Montoro. Los dos tienen mucho que ver con su trágica coyuntura. Tanto como el bajón electoral en la provincia de Sevilla, capital incluida.

La cuestión interna

Los resultados electorales también tienen una evidente lectura orgánica para los dos grandes partidos. El PP se enfrenta al vacío: la sucesión de Arenas es una incógnita. Durante varios lustros el propio líder del PP andaluz se ha encargado de impedirla, moviendo a los mismos para distintos puestos. Su derrota no es sólo suya, sino también de su guardia de corps. Especialmente en el caso sevillano.

Los socialistas, en cambio, tienen un escenario mucho más cómodo para sus ajustes de cuentas. Los rubalcabistas del Sur, que en caso de una derrota electoral hubieran tomado el poder orgánico andaluz y provincial sin demasiados apuros, ven ahora como la dulce derrota de Griñán y Cía bloquea en buena medida el plan de la reconquista.

Griñán pidió ayer que “le respeten su sitio”. Traducido: que el ejército chavista, sobre todo sus apéndices hispalenses, siempre activos pero casi siempre en la sombra, no piensen que va a dejarles degustar los honores de la caballería andante. Si hay cabeza habrá un pacto entre familias. Es lo más razonable para que la próxima vez su destino no dependa del fracaso de otros más que de sus propios méritos.

Topografía de la (in)justicia

Carlos Mármol | 15 de enero de 2012 a las 6:10

La singular posición del gobierno municipal sobre la ubicación de la futura Ciudad de la Justicia alimenta la sensación de que en Sevilla cumplir la normativa carece de importancia frente al poder de la influencia.

Los clásicos, tan sabios, lo recomiendan: lo mejor para una república es tener pocas leyes y que se cumplan. En Sevilla, casi siempre república superlativa de sí misma, hemos elegido justo el camino opuesto: contamos con un corpus jurídico generoso –escrito y procedente de la costumbre; lo que algunos denominan tradición– y sin embargo, como otros tantos territorios meridionales, a la hora de la verdad para muchos cuenta más la capacidad de influencia (familiar, personal y social) que cualquier principio aprobado en una cámara representativa y fijado por escrito.

En esta ciudad, donde algunos todavía creen que tiene más importancia el lugar de dónde vienes que dónde pretendes ir, cosa que explica nuestra habitual endogamia –tan sucesiva– la experiencia dice que basta tener un buen contacto para esquivar cualquier obstáculo que dificulte tu camino, por asombroso que esto parezca. A fin de cuentas, ¿quién se va a preocupar de que la ley no se cumpla? ¿Cuatro locos? ¿Un periodista? ¿Acaso una asociación de vecinos? ¿Un juez? ¿La Fiscalía?

Una sociedad que da por perdida de antemano las batallas morales básicas no se respeta a sí misma. Aunque más grave es que sea directamente el poder institucional –cualquiera que parezca ser su signo político– quien viole las mismas normas cuyo estricto cumplimiento exige a diario a los propios ciudadanos. En cualquier país razonable semejante actitud sería objeto de una reprobación general; aquí, en cambio, todo queda en una pieza (menor) de teatro sin consecuencias. Y con aplausos.

Esta semana hemos visto dos ejemplos manifiestos. Por un lado, la Junta de Andalucía ha aprobado un decreto para legalizar las construcciones ilegales en Andalucía. Por otro, el gobierno municipal de la capital ha vuelto a entablar un extraño pulso artificial con la administración regional a cuenta de la ubicación de la futura Ciudad de la Justicia. Ambas cuestiones parecen de índole distinta. No lo son. En las dos se destroza el mismo principio esencial: la ley debería ser igual para todos. Se ve que para unos más que para otros. En el Siglo de Oro esto se resumía con una frase: “Por ser vos quien sois…”

En el caso de la amnistía autonómica para las construcciones ilegales, la cuestión requiere poco análisis: la Junta de Andalucía, dada la difícil coyuntura electoral del PSOE, ha decidido sencillamente saltarse las normas y hacer lo contrario de lo que durante años ha pregonado. Literalmente se ha dado carta de naturaleza jurídica desde el Gobierno andaluz a un delito: la ocupación ilegal del territorio, en la mayoría de los casos de forma consciente. Y con alevosía. Los atenuantes argumentados por la Consejería de Obras Públicas, que tan habituales son en estos casos en los que se trata de justificar lo injustificable, son meras distracciones de salón.

Dejémonos de matices, que no existen: gracias al singular decreto del consejo de gobierno, los delincuentes (urbanísticos) ya no tendrán que resarcir a la sociedad por sus tropelías. Ni irán a la cárcel. Podrán pues ir a votar, que es de lo que aquí, en el fondo, se trataba. Todo el discurso de la legalidad urbanística –aplicado por ejemplo al caso de la ciudad de Marbella– se viene abajo como un castillo de naipes ante este sorprendente relativismo moral –en este caso, electoral– que guía a los gobernantes regionales. Al PP incluso le ha parecido que la Junta se ha quedado corta. Asombroso. ¿Desde cuándo un fin político justifica semejantes medios? ¿Desde cuándo la necesidad de conseguir votos es motivo para bendecir el incumplimiento de la legislación?

En el caso de la Ciudad de la Justicia de Sevilla, la cuestión no tiene todavía tintes penales. Aunque la lógica subyacente es casi idéntica: ¿qué importa que exista una norma aprobada en un foro democrático cuando uno es capaz de hablar en confianza con un alcalde y lograr que acepte lo que uno desea? El regidor hispalense, Juan Ignacio Zoido, ha vuelto a enredarse en su enésimo conflicto político con la Junta de Andalucía en relación a la ubicación definitiva de este importante complejo judicial.

El consejero del ramo, titular del departamento de la Junta que lleva al menos once años hablando de este proyecto sin presupuestar ni un euro para su construcción, ha requerido a Zoido para que confirme la ubicación que prefiere para la dotación judicial. Y el alcalde ha respondido que no optará por ninguna hasta tener garantías de su construcción. Como se recordará, el actual regidor de Sevilla propuso durante la campaña electoral construir dicho complejo judicial en el Prado.

El motivo del conflicto parece ser pues la situación de la Ciudad de la Justicia. No es así. Todo es impostado. Porque, en realidad, no hay nada que decidir a este respecto. Si se piensa, como dan a entender (por motivos distintos) el Ayuntamiento y la Junta, que la ubicación de la Ciudad de la Justicia es discutible entonces es cuando caemos de nuevo en el relativismo frente a la ley.

Sevilla eligió en 2006 la ubicación de su Ciudad de la Justicia: los terrenos de Los Gordales, situados sobre este antiguo brazo fluvial. Nada ha cambiado, en términos jurídicos, desde entonces. Dicha ubicación está incluida en el Plan General de Ordenación Urbana (con rango de normativa de cumplimiento general) y, por tanto, obliga a todas las partes en litigio: gobierno local, administración regional y, por supuesto, al gremio judicial, que sigue enredando siempre que puede con su vieja aspiración –en buena parte de tinte personalista– para continuar en el Prado de San Sebastián, sin considerar siquiera si este enclave sigue siendo mejor o peor para la ciudad. Cada parte piensa sólo en sus intereses. De los de Sevilla no se ocupa nadie. O peor: todos confunden sus propios caprichos con los de la ciudad.

En mitad de este cabildeo político, alguien (no se se dice nunca quién, lo que contradice la tesis de Zoido de que gobierna con luz y taquígrafos) sugiere al Ayuntamiento trasladar el complejo judicial al Noreste. A los terrenos del Buen Aire, donde desde hace tiempo la iniciativa privada debería haber desarrollado uno de los nuevos barrios de Sevilla. ¿Casualidad? Más bien picaresca: si la Ciudad de la Justicia fuera a parar a estos terrenos, cuyos usos están regulados por el PGOU, alguien haría el negocio del siglo, al activar con dinero público una urbanización que lleva retraso e impulsar así un proyecto inmobiliario privado con inversión ajena, de todos. Una jugada excelente (para quien pone el balón en juego) si no fuera porque perjudica al resto de los dueños de suelo de Sevilla.

Lo llamativo no es que alguien pretenda pescar en este río tan revuelto. Esta costumbre es cosa antigua. Qui prodest, decían los romanos. Lo extraordinario es que dos instituciones como el Ayuntamiento y la Junta de Andalucía (aunque por motivos distintos) ignoren por completo la propia norma en vigor (el PGOU), que a ambas les condiciona, y que, paradójicamente, las dos aprobaron expresamente hace apenas cinco años. Y que lo hagan además dando pábulo a una discusión inexistente y que no tiene más vocación (interesada, obviamente) que satisfacer a uno de los habituales lobbies. Suficientemente hábil para que el alcalde le preste audiencia a pesar de que, como dijo Platón, los gobernantes, antes que a cualquier otra cosa, se deben a sus propias leyes, a las que están –o deberían estar, como todos– sometidos

Zoido cuenta con mayoría suficiente para iniciar una modificación del Plan General que suprima la ciudad judicial de Los Gordales. Que pueda culminarla ya es cosa distinta. Basta ver los episodios de Ikea y la comisaría de la Gavidia para comprobar que, en urbanismo, hablar y hacer son cosas diferentes. Igual que predicar y gobernar. Hasta que esto no ocurra no hay debate posible. La Ciudad de la Justicia no tiene otra ubicación más que la legal: Los Gordales. Las mayorías políticas ni anulan las minorías ni desdibujan las leyes. Que se sepa.

La orfandad de los argumentarios

Carlos Mármol | 10 de julio de 2011 a las 6:10

Los socialistas se enfrentan a los preámbulos electorales de los comicios generales y autonómicos con una sensación de fin de siècle. Su discurso flirtea con un giro a la izquierda que desde el poder nunca han ejercido.

Se acuerdan de los hipotecados cuando truena por Levante y por Poniente. Cuando la embarcación zozobra debido a una tempestad cuya violencia destroza cualquier esperanza. O, quizás, como diría un malvado, cuando aquellos que pueden tener pronto créditos en situación de impago son ellos mismos. Cada uno que saque sus propias conclusiones. El caso es que los socialistas empiezan a andar el largo y tortuoso sendero hacia los próximos comicios autonómicos y generales –sean juntos o por separado, que esto todavía es misterio– con un inevitable sentimiento de fin de siècle, decadente, decimonónico. ¿Se ha terminado para siempre la dorada fase del poder? ¿Andalucía, igual que Roma, va a ser conquistada por los bárbaros?

La resolución política que el PSOE de Sevilla aprobó en su último comité provincial, celebrado hace unos días, confirma sin decirlo explícitamente que el principal problema de los socialistas, el que quizás los lleve a la debacle, no es Zapatero, ni la crisis, ni tampoco el vendaval ascendente que arrima al PP a todos los poderes posibles, y casi imposibles, del Estado. Sencillamente es la falta de ideas. De fondo. La enorme dificultad para recuperar la coherencia entre lo que se dice en público y lo que se hace (cuando se gobierna). Una especie de orfandad de argumentarios que corre el riesgo de convertir las próximas elecciones en una metáfora extraña: la dación en pago del poder.

–Bueno, aquí tiene usted [póngase aquí el nombre del correspondiente candidato del PP] las llaves del piso [nombre de la administración que proceda]. Ya es todo suyo. Yo me marcho.

Más o menos así. Claro que en el caso del PSOE no habrá entidad financiera que le reclame la deuda pendiente tras la subasta, porque la finca no se venderá al propio banco por el 60% de su valor, sino en su totalidad. Lo más que puede ocurrirles es que, durante algunos años, les pongan la cara colorada recordando todos los errores previos cometidos. Pero el patrimonio (material;el moral es ya cosa distinta) no lo perderán. Les quedará el regusto, si saben apreciarlo, de la melancolía. Una diferencia significativa con respecto a las familias que pueden perderlo todo, hasta el futuro amargo, por no poder pagar la letra del piso.

En el último cónclave de los socialistas sevillanos, cuya vida interna suele caracterizarse por las luchas de poder y las diatribas fenicias –prueba de la profunda pérdida de valores que padece la izquierda–, se concluía que, además de la crisis económica, el profundo retroceso de apoyo popular se debe a “los errores de comunicación con la sociedad”. Y se llamaba la atención sobre el fenómeno del movimiento ciudadano 15-M, que ha conseguido lo que ningún partido político: resultar creíble.

¿Se debe todo a un problema de no saber transmitir las cosas? No lo parece. Esta misma semana un estudio sociológico daba un dato demoledor: el 85% de los ciudadanos piensa que la corrupción es la moneda de cambio de la vida pública española. La ingenuidad sólo funciona para el 15% de los encuestados. La gente, aunque los distintos poderes hagan todo lo posible por evitarlo, sabe o intuye mejor de lo que creemos lo que ocurre. Y cuando se descubre la verdad que hay bajo la alfombra lo heroíco es seguir creyendo en el sistema. Los partidos son una parte sustancial del sistema, aunque, según convenga, hagan un discurso educadamente demagógico contra él.

Parece además que ésta es la línea por la que van a optar los socialistas ahora que la marea azul del PP amenaza con arrasar Madrid y convertir el viejo bastión inexpugnable de Andalucía en el templo derruido de Salomón. Un giro a la izquierda que parece concretarse en un repentino discurso contra los bancos alimentado a partir de una reforma (levísima) de una de las injusticias de la legislación hipotecaria. Suficiente, les parece a algunos estrategas del PSOE, para fingir un loable humanismo.

El problema es que este señuelo tiene visos de no funcionar. Mayormente porque las clases medias –que deciden su voto en función de sus intereses– perciben que no se trata más que de teatro. Un escorzo demasiado forzado para captar más que ingenuos. Y no precisamente porque el PP genere mucho entusiasmo, sino porque sencillamente la sensación que han dejado determinadas políticas de los socialistas entre su propio electorado es muy parecida a una estafa.

En la convención del PSOE sevillano hubo hasta quien propugnó una reformulación integral del mensaje político del socialismo. Una cuarta variante que vendría a adaptar el viejo sueño de Pablo Iglesias a las circunstancias. El análisis partía de la base de que los socialistas empezaron siendo marxistas (primera etapa), posteriormente abrazaron la socialdemocracia (fase dos) y, al menos en España, descubrieron por último la tercera vía del republicanismo cívico que en su día encarnó Zapatero. Liquidada esta fase –más bien liquidado políticamente el todavía presidente del Gobierno– tocaría hacer otra destilación del proyecto político que fuera capaz de convencer a los ciudadanos de que no es del todo cierto lo que se ha coreado en todas las plazas ocupadas en los últimos meses por el 15-M: no existen realmente diferencias sustanciales entre PSOE y PP.

Si se profundiza en la lógica de este discurso aparecen dos omisiones. Yno son precisamente menores. Se resumen en dos preguntas: ¿Después de tantas adaptaciones queda realmente algo suficientemente puro del mensaje socialista original?¿El pragmatismo y el relativismo moral no son los motivos que han terminado por consumir la credibilidad del PSOE? Convendría formularse ambas cuestiones. El gran talón de Aquiles de los socialistas quizás sea que no recuerdan la célebre frase de Abraham Lincoln: “No se puede engañar a todo el mundo todo el tiempo”.

Seguramente a algunos esta afirmación les parecerá muy gruesa. Exagerada. Injusta. Puede ser. Aunque quizás su juicio sea fruto de una conveniente autoabsolución. A modo de razones uno recordaría varios episodios que pueden explicar “la desafección”, como la llaman los propios socialistas, “de la ciudadanía”. Formuladas de forma genérica, como preguntas retóricas, sin destinatario concreto, quizas se entiendan mejor y no provoquen la airada reacción de algún aludido, incapaz de soportar la prueba del espejo.

Son más o menos éstas:

  • ¿Quién renunció a desinflar la burbuja inmobiliaria que ha destrozado la economía?
  • ¿Quién negaba que la crisis era crisis?
  • ¿Quién renunció no ya a intervenir en el mercado inmobiliario (en el que se vende un producto básico que es de primera necesidad) sino sencillamente a crear, al menos a título informativo, un organismo oficial de tasaciones que facilitara una mínima referencia creíble a las familias que sopesaban la posibilidad de asumir una deuda hipotecaria eterna sobre una tasación ficticia que siempre pagaban ellas pero elegían las entidades financieras?
  • ¿Quién gobernó durante lustros, hasta la reciente reconversión, algunas de las principales cajas de ahorros de este país?
  • ¿En qué negocios invirtieron estas entidades durante la pasada década?
  • ¿De qué color político son los dirigentes de sus consejos?
  • ¿Por qué no se adapta la ley hipotecaria española a criterios equivalentes al de un país tan liberal como Estados Unidos?

El único argumentario factible debería escribirse tras responder, con sinceridad, a todas estas dudas. El camino es conocido. La iglesia lo hacía con un cura y la ética no confesional a través de uno mismo. Pero el proceso íntimo siempre es el mismo. Etapas de la expiación: examen de conciencia, acto de contrición, confesión, penitencia y, al final, absolución. Por ese orden.

Once sentencias, once años

Carlos Mármol | 10 de febrero de 2008 a las 19:44

Once sentencias, once añosEl drama de Carmen Fernández, la madre de Iván y Sara, por cuya custodia luchó ante la Junta durante más de una década, demuestra la indefensión de los ciudadanos ante una administración de justicia lenta, endogámica e ineficaz

Suele decirse que la justicia que se aplica demasiado tarde deja de ser justicia. Platón, bastante más descreído, no daba siquiera opción a la duda: “Yo declaro que la justicia no es otra cosa que la conveniencia del más fuerte”. Basta con retrotraerse al juicio que le hicieron a Sócrates en el aerópago de Atenas -escenificado con todo detalle en el diálogo Apología, un tratado sobre la dignidad y la coherencia que es necesario mantener precisamente en esos momentos de zozobra- para darse cuenta de cómo demasiadas veces detrás de lo que aparenta ser un proceso justo se encuentra, furtiva y agazapada, la fría trampa de la venganza personal.

Algo así parece haber pasado en la historia de Carmen Fernández, la madre de Iván y Sara, los dos menores sevillanos cuya custodia le retiró la Junta de Andalucía en 1996 por sus problemas de alcoholismo. Su progenitora, tras su rehabilitación, emprendió una lucha judicial sin descanso por recuperar a sus vástagos -dados ya entonces en preadopción a otra familia de Dos Hermanas- que jamás ganó, aunque un sinfín de sentencias -hasta once distintas- le dieran impuntualmente la razón. La última, del Tribunal Constitucional, esta misma semana.

“flores en un ataúd”

La victoria que buscaba esta mujer consistía en recuperar a Iván y Sara a tiempo para poder verlos crecer. Pero la justicia no le ofreció lo que su mismo nombre designa -dar a cada uno lo que le corresponde-, sino que intentó tapar sus errores -la dilación imperdonable del proceso durante once años, el irresponsable enfrentamiento entre sus ministros (los jueces) y su irritante tranquilidad ante una tragedia humana que clamaba al cielo- mediante una indemnización económica para “compensar” precisamente su confeso y negligente proceder. ¿De qué le sirve a nadie pedir justicia si ésta no es capaz de funcionar?

Algunos, incluidos los jueces, todavía creen que todo puede compensarse con dinero. Incluso la maternidad robada. Carmen Fernández murió hace apenas dos meses víctima de cáncer. Su abogado, , ha estado líricamente certero al explicar lo que significa el último fallo del Constitucional: “apenas un ramo de flores en su ataúd”. Porque incluso la indemnización a la que tenía derecho como única compensación, cifrada por la Audiencia de Sevilla en 1,7 millones de euros, se le retuvo gracias a unos y otros -el juez de familia que alargó el proceso hasta en seis ocasiones; la Consejería que le retiró a sus hijos y alegó contra dicho pago justo un día después de decir lo contrario- hasta que el tiempo, que no se detiene ni tropieza, como dijera Quevedo, ha terminado dejando casi sin sentido a la propia indemnización. Se inicia ahora otro culebrón sobre cuál será el destino de este dinero, que teóricamente debería ser para sus hijos (los legítimos herederos) pero que -tremenda y asombrosa paradoja- puede terminar siendo administrado en parte por la familia a la que la Junta de Andalucía entregó los menores en 1996 debido a su aspiración de ser reconocida como tutora de -por lo menos- uno de ellos. Ni la mente más cruel podría haber diseñado con esta precisión semejante trama. Pero no es una artificiosa ficción. Es la realidad desnuda.

La ardua batalla de Carmen contra el sistema que, en teoría, debía de haber velado por sus derechos -las distintas administraciones y los intereses, no siempre del todo confesables, que las mueven- tiene, desgraciadamente, cierto halo heroico. Quizás lo que mejor la defina sea su pathos: esa voluntad por seguir adelante a pesar del constante intento de los adversarios de sembrar la duda sobre su figura. Si según los tratadistas clásicos los atributos de cualquier héroe trágico -frente al modelo instaurado en la épica- son la soledad, la constancia, el dolor y la fe, lo cierto es que todos ellos encajarían a la perfección con su figura. Estuvo sola, salvo por su abogado, en su sostenido intento por que se le hiciera justicia. Persistió en su lucha a sabiendas de que se trataba de una liza desigual y padeció además heridas por partida doble -al mantener el pulso contra un poder judicial e institucional que no quería escucharla- con el cáncer sobre su cabeza y la amputación anímica que suponía no volver a ver a sus hijos, algo que jamás comprenderán quienes no son padres. Acaso sólo le faltara la fe. No es de extrañar.

sobre las disculpas

Con todos estos antecedentes, resulta obsceno contemplar cómo el juez y la Junta todavía siguen -a estas alturas- culpándose mutuamente de la singular dilación del proceso -cada parte trata así de salvar los muebles sin hacer el menor atisbo de autocrítica- mientras a todos los demás, espectadores involuntarios, se nos hiela la sonrisa. Hasta el presidente de la Junta ha salido esta semana a perdir perdón “por si la Junta hubiera cometido algún error” en este caso. La misma forma verbal, el pluscuamperfecto de subjuntivo, resulta llamativa. ¿Todavía no está claro quién se equivocó? ¿Aún hay que discutir quién reincidió en el error de manera cerril después de que quedase claro hasta en once ocasiones la verdad última de los hechos? Oscar Wilde lo dijo con exactitud meridiana: “Una justicia llevada demasiado lejos termina transformándose en la peor injusticia”.

Ni en tiempo ni en forma

Carlos Mármol | 27 de enero de 2008 a las 21:00

Ni en tiempo ni en forma. Cárlos MármolEl sobrecoste de las obras de la línea 1 del Metro, que supera ya el40%del presupuesto oficial anunciado en su día, unido al retraso en los trabajos, es la mejor metáfora de la capacidad de gestión de la Junta de Andalucía.

No está claro si es por suerte o por desgracia (unos tendrán una opinión; otros, justo la contraria), pero lo cierto es que es una realidad indiscutible: el Metro de Sevilla –la línea1;el resto aún son meras entelequias electorales– se terminará bastante más tarde y a un coste sustancialmente más elevado de lo que en origen de prometió. Nada trágico, obviamente, pero sí relativamente grave si se tiene en cuenta que la administración promotora de este transporte público –la Junta de Andalucía– cada cierto tiempo se encarga de recordarnos a todos que los efectos de su gestión convierten a Andalucía en una comunidad imparable que da el máximo en cuanto proyecto se propone, por difícil que éste sea. Es el peligro que tienen los lemas publicitarios: suelen volverse contra aquel que los lanza, como boomerang, si no son capaces de mantener en el tiempo un mínimo de credibilidad. O si la conducta de su promotor no guarda cierta coherencia con su discurso. Ya lo dijo hace mucho tiempo el clásico: una cosa es predicar; otra, dar trigo.

Tres décadas tarde

El Metro, que en Sevilla llega más de tres décadas tarde –no así en otras ciudades andaluzas–, es, a efectos de historia local, todo un culebrón. Primero, por los agrios episodios que provocó el antiguo proyecto, enterrado por los socialistas hace años; después, en esta segunda etapa, por las dificultades existentes para poner en pie una iniciativa que la ciudad, por su tamaño y sus necesidades, debía de haber tenido en marcha hace décadas. En este último capítulo se enmarca el serial sobre la construcción de la línea 1, en el que ha ocurrido casi de todo: socavones, hundimientos de calzada, tuneladoras sin dientes y un sinfín de anécdotas mayores y menores, entre las que se encuentra la falta de compromiso con el calendario y la falta de rigor en materia presupuestaria, porque, aunque la obra dependa de un consorcio de empresas privadas, no hay que olvidar que se trata de una concesión administrativa cuyo billete se subvenciona con dinero de todos los contribuyentes.

Se dirá que muchas de las razones que explican estos dos talones de Aquiles del proyecto –su coste y su dilatado plazo– son perfectamente justificables. En el primer caso, por las mejoras introducidas en el proyecto original. En el segundo, dados los requisitos de seguridad que necesitaba el proyecto por su complicación. Ambos argumentos, al menos, son los que ha usado en su versión oficial el Gobierno andaluz a la hora de dar explicaciones. Con independencia de las evidencias –siempre será mejor un Metro seguro a uno inseguro y un ferrocarril urbano con un trazado ciudadano en lugar de uno dibujado por los políticos en los despachos–, ambos argumentos pueden volverse del revés como un calcetín. Esto es: si ha sido necesario modificar una y otra vez el proyecto original acaso se deba a que éste se diseñó mal en origen; asimismo, si las medidas de seguridad han dilatado tanto las obras, puede deberse a que, a la hora de su concepción técnica, se fue extremadamente ligero en estas cuestiones. No estamos hablando de los imponderables inherentes a una iniciativa de tanta envergadura –una gran obra civil–, sino a una forma muy singular de plantear un proyecto que, al cabo, aún no ha cumplido ninguna de las expectativas abiertas cuando se prometió a los sevillanos que contarían con un metropolitano moderno, europeo y ejemplar.

En los tiempos que corren, las buenas intenciones no sirven para hacer política. Es más: resultan bastante cuestionables. La demanda ciudadana a este respecto es absolutamente pragmática: después de tres decenios oyendo promesas y buenas palabras por parte de los políticos, es lógico que la gente reclame hechos. Y los hechos consistían en hacer la mejor obra posible, en el menor plazo y a un coste económico razonable. Sencillamente: ser capaz de cumplir las propias previsiones. Un ejercicio de rigurosidad que, dadas las evidencias puestas sobre la mesa, la Junta no parece en condiciones de cumplir.

Sobre la politización

Porque, si el Metro que todavía está en obras se ha encarecido un 40 por ciento más (hasta los 600 millones de euros) sólo puede responsabilizarse de tal situación a la Junta, que es la que ha terminado fagocitando al Ayuntamiento tras la difícil génesis de la obra, cuya realización fue la contraprestación exigida en 1999 por el PA para darle la Alcaldía a Monteseirín. Si entonces el Metro era cosa de dos instituciones –Consistorio y Gobierno andaluz– y de dos partidos –andalucistas y socialistas– pronto quedó claro que el PSOE terminaría devorando todo el escenario político. Así, el gobierno local pasó a un segundo plano –el alcalde se centró en el tranvía ante la situación de la línea1–ylos andalucistas terminaron siendo incapaces de rentabilizar electoralmente su impulso. Todo quedó en manos de la Administración autonómica. Si entonces los socialistas parecían haber conseguido la jugada maestra de rentabilizar públicamente un Metro en el que jamás creyeron –así lo demuestra la historia– parece justo que ahora que las cosas van regular no oculten la verdad bajo los habituales paños calientes. El Metro estará, pero ni en tiempo ni en forma. Ésta es la única verdad. Todo lo demás no son más que gaitas.

Sensación de desconfianza

Carlos Mármol | 13 de enero de 2008 a las 18:48

Sensación de desconfianzaLos comerciantes sufren un descenso de ventas en la campaña de Navidad del 20%y confían en las rebajas para levantar cabeza mientras el paro se coloca, según un estudio, a la cabeza de las preocupaciones de los sevillanos.

Hay quien dice que la economía, entre otros factores, funciona esencialmente debido a una larga cadena de confianzas individuales. Una suerte de certeza relativa y extendida que, como casi todo en la vida, parte en origen de personas concretas para terminar siendo lugar común –durante un cierto tiempo y en determinadas circunstancias– para toda una colectividad. En términos literarios, acaso el símil que mejor permitiría explicar tal fenómeno sea el mismo que hace que una narración funcione: la verosimilitud. Al igual que una pieza literaria no se sostiene si ésta no resulta creíble –incluso la mayor fantasía, en su contexto interno, debe ser razonablemente cierta– la maquinaria económica que impulsa el mundo contemporáneo, en especial en estos tiempos de globalización integral, no tira igual si falta lo que los analistas denominan “confianza en el futuro”.O en el presente, en su defecto. ¿En qué reside esta sensación? Esencialmente en la creencia, basada en elementos razonables, de que el día de mañana será algo mejor que el de hoy. Una especie de máxima ilustrada consistente en profesar que casi todo es susceptible de progresar. Que el mundo, en términos macroeconómicos al menos, va a avanzar.

La cadena rota

A veces, sin embargo, esta cadena se rompe. Entonces, según los expertos, es cuando el castillo de naipes que muchas veces parece ser la economía, una ficción con múltiples exégesis, empieza a quebrarse. Que se derrumbe del todo o no –que se produzca una verdadera crisis– es ya otra cuestión, pero lo cierto es que la mera creencia en aquello que dejara escrito Ferlosio en un ensayo –Vendrán años peores y nos harán más ciegos– basta para estropear las cosas y empezar a extender el mal aire de que más pronto que tarde se van a pasar apuros.

Esta semana en Sevilla, que lógicamente no es ajena a los conflictos del orbe por mucho que algunos todavía sueñen con el paraíso provincial de la infancia al sevillano modo, se han producido dos episodios que ponen de manifiesto, sin llegar al drama, que el optimismo ciudadano sobre el futuro empieza a virar con fuerza en relación a los tiempos previos, caracterizados por cierta seguridad de que la vida iría a mejor.

Uno es el cierre de la campaña comercial de Navidad. Al decir de los comerciantes –cuyo peso económico es considerable en la ciudad pero no siempre se corresponde con las condiciones laborales mínimas; de hecho, tienen un conflicto planteado a este respecto– el descenso en las ventas ha sido notable. De orden del20porciento.Una cifra elevada, en especial en un periodo –el final de año– en el que debían generarse ingresos con relativa facilidad debido al consumismo que inunda la vida, las calles, la existencia. El parón en las ventas, según la impresión de los propios afectados, no se debe ni a la peatonalización –más bien al contrario; ésta ayudó a que la caída fuera relativa– ni a ninguno de los conflictos que el gremio mantuvo en los últimos tiempos con el Consistorio. Más bien parece obedecer al encarecimiento de las hipotecas –el euríbor galopante– y a la inflación –un 4,3 en un año– registrada por el petróleo y el alza de los alimentos básicos. Tiene lógica: uno primero paga el techo y llena el estómago. Después, si tiene margen de endeudamiento –contar con liquidez es ya un milagro– acaso pueda plantearse otras alegrías, aunque a muchos éstas les parezcan disgustos más que placeres.

El segundo elemento que viene a confirmar esta tendencia es el estudio socieconómico presentado por la Fundación Antares. Pese a su limitado limitado ámbito –440 encuestas hechas a las puertas de la Navidad– el dibujo que ofrece apunta a una alteración en la escala de preocupaciones ciudadanas. Un cambio de perspectiva que tiene bastante que ver con la confianza en el futuro, aunque –según los autores del informe– la visión de los sevillanos todavía se refiera más a su entorno que a ellos mismos, algo que, por otro lado, es normal. Uno ve que las cosas malas –ruinas, muertes, desgracias– le suceden primero a los demás. Cuando a uno le llega la hora de enfrentarse a todas estas cuestiones siempre resultan ser como cosas inesperadas, aunque en ocasiones sean más que previsibles.

El paro, a la cabeza

Pues bien, la lista de los miedos ciudadanos está encabezada de nuevo por el desempleo. Hasta el punto de que la inseguridad, que durante la última década ha sido la principal queja de los sevillanos, ha pasado ya a un segundo plano. Siendo cínico bien podría decirse que el augurio del alcalde de llegar al pleno empleo en 2012– hecho cuando el Plan Estratégico de Sevilla recién amanecía– va a cumplirse pero a la inversa. Aunque la situación tiene otras ventajas para Monteseirín: las obras han dejado de ser un problema dramático. Será porque se ha bajado el ritmo y, como muestra el retraso de dos años que sufre la Encarnación, y la dilación que también se produce en la Alameda, todavía queda pendiente mucho de lo iniciado. Las cosas, resulta obvio, están cambiando. La rueda del progreso gira en sentido inverso al que traía. La Junta –por boca del consejero de Empleo– dice que lo del paro en Sevilla es más una sensación que una realidad. Pero en economía las sensaciones cuentan. Y mucho. ¿O acaso no es precisamente una agria sensación esta desconfianza?