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Los Gordales resucitan

Carlos Mármol | 9 de junio de 2012 a las 6:15

El Supremo respalda el PGOU y deja al gobierno local sin su principal argumento para trasladar el distrito judicial al Prado.

La frase es de las que merecerían quedar fijas en la historia. Sin duda, esculpida en mármol, así que intentaremos hacer todo lo posible. Reza así:“No estamos en condiciones de afirmar absolutamente nada”. La pronunció ayer en una rueda de prensa Curro Pérez, el portavoz del gobierno de Juan Ignacio Zoido.

Para haber sido dicha por un vocero oficial –como llaman en Argentina a los encargados de transmitir a los ciudadanos lo que piensan los gobernantes públicos– convendrán conmigo en que es realmente notable. Talentosa. El portavoz habla pero admite que no dirá nada. Mejor dicho: asume que sólo contará lo que pueda decir. Aquello que le dejan. Da igual

No es raro. La sentencia del Supremo que ayer dio la razón a la Junta de Andalucía, que es la que aprobó definitivamente el PGOU, pone fin a la incertidumbre que durante el último lustro ha mantenido en el aire la ordenación urbana de uno de los enclaves más estratégicos de Sevilla: los terrenos de Los Gordales, herencia de un antiguo brazo del Guadalquivir que fue soterrado el pasado siglo y que, a partir de los años setenta, terminó convertido en el Real de la Feria. Hasta ahora.

En este sentido, la resolución judicial es una noticia excelente. Magnífica. La ciudad ya sabe con certeza que goza de autonomía para que Los Gordales acojan los proyectos previstos: un campus universitario, zonas verdes, una banda de usos terciarios (comercial y oficinas) y la futura Ciudad de la Justicia. Lo que estaba en discusión, además de dinero –el Gobierno central reclamaba mayor tajada por ceder los suelos–, era la propia capacidad jurídica del Consistorio para ordenar su territorio. Algo que se ha puesto en duda interesadamente en algunos otros litigios anteriores –Tablada, sin ir más lejos– y que, últimamente, al calor de la obra interruptus de la biblioteca del Prado, parecía ser cuestionado hasta por el actual gobierno local. Cosa llamativa.

Tanto el famoso fallo del TSJA avalando la calificación urbanística de Tablada –cosa distinta es el proceso de expropiación– como el que ayer dio a conocer el Supremo respaldan las directrices del Plan General de Sevilla, cuyos principales críticos –ahora– son justamente los políticos a los que corresponde aplicarlo. Primero, porque es su obligación. Y segundo porque no cuentan con mejor alternativa para tratar de resucitar la maltrecha economía de la capital hispalense.

Sevilla, pues, gana. Que lo haga también el gobierno municipal de Zoido ya es cosa bastante más dudosa. Discutible. Relativa. Quizás por eso ayer su voz oficial prefirió ser cauto. No es mala actitud: los excesos, en el urbanismo al menos, no le han salido bien al PP en el año largo que lleva en la Alcaldía. Pérez se limitó a repetir el guión de los tiempos de la oposición, cuando el PP recordaba que el litigio contra el Plan General lo puso un Gobierno central presidido por Zapatero. Un presidente socialista. Anatema.

Claro que esto, a estas alturas, con las siguientes elecciones a tres años vista, tiene una trascendencia igual a cero. Mínima. Ridícula. Lo importante, más que su promotor, era la resolución final de la demanda. Y aquí nadie puede hablar demasiado alto: Zoido, aunque lo ha intentado, tampoco ha podido conseguir que la actual administración estatal –ahora dirigida por el PP– retirase el recurso de casación presentado al no aceptar la derrota judicial previa que se produjo en el fuero autonómico. Hubiera sido una gran victoria para el alcalde. Lástima.

Este fallo del Supremo no ayuda demasiado al gobierno municipal. Incluso a pesar de la versión oficial. Es cierto que no lo pone en un aprieto, pero sí invalida uno de los argumentos que esgrimía el alcalde para proponer que la Ciudad de la Justicia se construyera sobre los juzgados del Prado de San Sebastián en lugar de en Los Remedios. Si el futuro de Los Gordales era una incógnita, la opción del Prado aparecía como una cuestión, al menos, a discutir. Ahora ya no está tan claro.

Si al final se impusiera no será porque el alcalde haya convencido a la Junta, sino porque ésta –sin dinero ni demasiado entusiasmo– opta por entregar la decisión al regidor, que a su vez la delegará en una empresa constructora, porque todo el proyecto del distrito judicial del PP deviene, igual que pasa en la Alameda, de un interés comercial: construir un aparcamiento. En este caso, además, ayuda también la obsesión gremial del mundo jurídico sevillano de “no salir del centro”. Como si Los Gordales estuvieran en la luna. El habitual dogma centrípeto. Tan sevillano.

Urbanísticamente hablando, la idea del Prado es un dislate: el espacio elegido es pequeño para las necesidades de los órganos judiciales e incluye parcelas –la del antiguo equipo quirúrgico– con usos ya decididos, sin contar con el colapso que provocaría en uno de los ejes viarios más saturados de Sevilla el castillo de la judicatura. Los Gordales es la opción más lógica. En primer lugar, porque cuenta con toda la seguridad jurídica –idea que repite mucho el alcalde– del PGOU. Segundo: tiene accesos viarios de mayor capacidad. Y tercero: construye ciudad. En el Prado, en cambio, la satura. El único problema –ahora– es que hay que sacar la Feria de Los Remedios. Una operación que, aunque tiene un coste económico importante, no supone levantar una catedral. Puede y debe hacerse.

¿Dónde? Al Charco de la Pava, olvidándose de la desmesurada ampliación diseñada por Monteseirín –en caso contrario, las casetas deberían tener varias plantas–, o buscando alternativas en terrenos no urbanizables, acaso inundables –se usarán sólo una vez al año– y donde el interés público justifique una hipotética expropiación, siquiera parcial. Tablada se vislumbra como una opción. ¿Será por eso por lo que el portavoz del gobierno municipal no habla?

Topografía de la (in)justicia

Carlos Mármol | 15 de enero de 2012 a las 6:10

La singular posición del gobierno municipal sobre la ubicación de la futura Ciudad de la Justicia alimenta la sensación de que en Sevilla cumplir la normativa carece de importancia frente al poder de la influencia.

Los clásicos, tan sabios, lo recomiendan: lo mejor para una república es tener pocas leyes y que se cumplan. En Sevilla, casi siempre república superlativa de sí misma, hemos elegido justo el camino opuesto: contamos con un corpus jurídico generoso –escrito y procedente de la costumbre; lo que algunos denominan tradición– y sin embargo, como otros tantos territorios meridionales, a la hora de la verdad para muchos cuenta más la capacidad de influencia (familiar, personal y social) que cualquier principio aprobado en una cámara representativa y fijado por escrito.

En esta ciudad, donde algunos todavía creen que tiene más importancia el lugar de dónde vienes que dónde pretendes ir, cosa que explica nuestra habitual endogamia –tan sucesiva– la experiencia dice que basta tener un buen contacto para esquivar cualquier obstáculo que dificulte tu camino, por asombroso que esto parezca. A fin de cuentas, ¿quién se va a preocupar de que la ley no se cumpla? ¿Cuatro locos? ¿Un periodista? ¿Acaso una asociación de vecinos? ¿Un juez? ¿La Fiscalía?

Una sociedad que da por perdida de antemano las batallas morales básicas no se respeta a sí misma. Aunque más grave es que sea directamente el poder institucional –cualquiera que parezca ser su signo político– quien viole las mismas normas cuyo estricto cumplimiento exige a diario a los propios ciudadanos. En cualquier país razonable semejante actitud sería objeto de una reprobación general; aquí, en cambio, todo queda en una pieza (menor) de teatro sin consecuencias. Y con aplausos.

Esta semana hemos visto dos ejemplos manifiestos. Por un lado, la Junta de Andalucía ha aprobado un decreto para legalizar las construcciones ilegales en Andalucía. Por otro, el gobierno municipal de la capital ha vuelto a entablar un extraño pulso artificial con la administración regional a cuenta de la ubicación de la futura Ciudad de la Justicia. Ambas cuestiones parecen de índole distinta. No lo son. En las dos se destroza el mismo principio esencial: la ley debería ser igual para todos. Se ve que para unos más que para otros. En el Siglo de Oro esto se resumía con una frase: “Por ser vos quien sois…”

En el caso de la amnistía autonómica para las construcciones ilegales, la cuestión requiere poco análisis: la Junta de Andalucía, dada la difícil coyuntura electoral del PSOE, ha decidido sencillamente saltarse las normas y hacer lo contrario de lo que durante años ha pregonado. Literalmente se ha dado carta de naturaleza jurídica desde el Gobierno andaluz a un delito: la ocupación ilegal del territorio, en la mayoría de los casos de forma consciente. Y con alevosía. Los atenuantes argumentados por la Consejería de Obras Públicas, que tan habituales son en estos casos en los que se trata de justificar lo injustificable, son meras distracciones de salón.

Dejémonos de matices, que no existen: gracias al singular decreto del consejo de gobierno, los delincuentes (urbanísticos) ya no tendrán que resarcir a la sociedad por sus tropelías. Ni irán a la cárcel. Podrán pues ir a votar, que es de lo que aquí, en el fondo, se trataba. Todo el discurso de la legalidad urbanística –aplicado por ejemplo al caso de la ciudad de Marbella– se viene abajo como un castillo de naipes ante este sorprendente relativismo moral –en este caso, electoral– que guía a los gobernantes regionales. Al PP incluso le ha parecido que la Junta se ha quedado corta. Asombroso. ¿Desde cuándo un fin político justifica semejantes medios? ¿Desde cuándo la necesidad de conseguir votos es motivo para bendecir el incumplimiento de la legislación?

En el caso de la Ciudad de la Justicia de Sevilla, la cuestión no tiene todavía tintes penales. Aunque la lógica subyacente es casi idéntica: ¿qué importa que exista una norma aprobada en un foro democrático cuando uno es capaz de hablar en confianza con un alcalde y lograr que acepte lo que uno desea? El regidor hispalense, Juan Ignacio Zoido, ha vuelto a enredarse en su enésimo conflicto político con la Junta de Andalucía en relación a la ubicación definitiva de este importante complejo judicial.

El consejero del ramo, titular del departamento de la Junta que lleva al menos once años hablando de este proyecto sin presupuestar ni un euro para su construcción, ha requerido a Zoido para que confirme la ubicación que prefiere para la dotación judicial. Y el alcalde ha respondido que no optará por ninguna hasta tener garantías de su construcción. Como se recordará, el actual regidor de Sevilla propuso durante la campaña electoral construir dicho complejo judicial en el Prado.

El motivo del conflicto parece ser pues la situación de la Ciudad de la Justicia. No es así. Todo es impostado. Porque, en realidad, no hay nada que decidir a este respecto. Si se piensa, como dan a entender (por motivos distintos) el Ayuntamiento y la Junta, que la ubicación de la Ciudad de la Justicia es discutible entonces es cuando caemos de nuevo en el relativismo frente a la ley.

Sevilla eligió en 2006 la ubicación de su Ciudad de la Justicia: los terrenos de Los Gordales, situados sobre este antiguo brazo fluvial. Nada ha cambiado, en términos jurídicos, desde entonces. Dicha ubicación está incluida en el Plan General de Ordenación Urbana (con rango de normativa de cumplimiento general) y, por tanto, obliga a todas las partes en litigio: gobierno local, administración regional y, por supuesto, al gremio judicial, que sigue enredando siempre que puede con su vieja aspiración –en buena parte de tinte personalista– para continuar en el Prado de San Sebastián, sin considerar siquiera si este enclave sigue siendo mejor o peor para la ciudad. Cada parte piensa sólo en sus intereses. De los de Sevilla no se ocupa nadie. O peor: todos confunden sus propios caprichos con los de la ciudad.

En mitad de este cabildeo político, alguien (no se se dice nunca quién, lo que contradice la tesis de Zoido de que gobierna con luz y taquígrafos) sugiere al Ayuntamiento trasladar el complejo judicial al Noreste. A los terrenos del Buen Aire, donde desde hace tiempo la iniciativa privada debería haber desarrollado uno de los nuevos barrios de Sevilla. ¿Casualidad? Más bien picaresca: si la Ciudad de la Justicia fuera a parar a estos terrenos, cuyos usos están regulados por el PGOU, alguien haría el negocio del siglo, al activar con dinero público una urbanización que lleva retraso e impulsar así un proyecto inmobiliario privado con inversión ajena, de todos. Una jugada excelente (para quien pone el balón en juego) si no fuera porque perjudica al resto de los dueños de suelo de Sevilla.

Lo llamativo no es que alguien pretenda pescar en este río tan revuelto. Esta costumbre es cosa antigua. Qui prodest, decían los romanos. Lo extraordinario es que dos instituciones como el Ayuntamiento y la Junta de Andalucía (aunque por motivos distintos) ignoren por completo la propia norma en vigor (el PGOU), que a ambas les condiciona, y que, paradójicamente, las dos aprobaron expresamente hace apenas cinco años. Y que lo hagan además dando pábulo a una discusión inexistente y que no tiene más vocación (interesada, obviamente) que satisfacer a uno de los habituales lobbies. Suficientemente hábil para que el alcalde le preste audiencia a pesar de que, como dijo Platón, los gobernantes, antes que a cualquier otra cosa, se deben a sus propias leyes, a las que están –o deberían estar, como todos– sometidos

Zoido cuenta con mayoría suficiente para iniciar una modificación del Plan General que suprima la ciudad judicial de Los Gordales. Que pueda culminarla ya es cosa distinta. Basta ver los episodios de Ikea y la comisaría de la Gavidia para comprobar que, en urbanismo, hablar y hacer son cosas diferentes. Igual que predicar y gobernar. Hasta que esto no ocurra no hay debate posible. La Ciudad de la Justicia no tiene otra ubicación más que la legal: Los Gordales. Las mayorías políticas ni anulan las minorías ni desdibujan las leyes. Que se sepa.

Palabras que se lleva el viento

Carlos Mármol | 21 de junio de 2009 a las 15:25

La sentencia que tumba la Biblioteca de la Universidad y la renuncia a recuperar la ribera fluvial de la calle Betis coinciden en un punto: son muestras de la dificultad del Consistorio para mantener su discurso político.

QUE Dios nos libre de los cambios de criterio repentinos. A veces suelen esconder verdades inconfesables. Esta semana el Ayuntamiento de Sevilla ha sorprendido a propios y extraños por su actitud en dos cuestiones aparentemente domésticas: la sentencia contra la Biblioteca Central de la Universidad en el Prado y la decisión, sorprendente, por ilógica, de dejar en barbecho una serie de proyectos de inversión hidráulica pactados con la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG). Entre ellos, la operación para salvar la inundabilidad del norte de Sevilla –requisito necesario para poder transformar dichos terrenos en urbanos– y la recuperación de la ribera fluvial situada junto a la calle Betis.

En ambos episodios late el mismo denominador común: la aparente falta de capacidad del gobierno local para ser coherente. Para mantener vivos los mismos principios que pregona ante terceros. Es el peligro que, en política, tiene la literatura: siempre se corre el riesgo de que los ciudadanos crean que lo que se les promete y se les dice es verdad. Entonces es cuando aparecen esas incómodas complicaciones añadidas: las temibles contradicciones. En los dos casos citados hay abundancia manifiesta. Vayamos por partes.

La sentencia contra la Biblioteca del Prado, que ha cogido con el paso cambiado a Urbanismo pese a la cláusula introducida en la licencia otorgada a la Universidad, en virtud de la cual ésta renunció a cualquier tipo de compensación por una hipotética paralización de la obra, tumba este proyecto –emblemático, desde el punto de vista de los cerebros municipales– con un argumento que, con independencia de la solidez que le merezca a cada uno, la sala judicial que ha emitido el fallo se ha preocupado mucho de afinar.

Los jueces anulan la clasificación de suelo del PGOU que permitió meter en el Prado este singular edificio docente con los propios argumentos municipales. Dicho de otra forma: en base a la incoherencia que, a su juicio, implica esgrimir un determinado discurso urbanístico –con independencia de su contenido exacto– y, a la hora de la verdad, hacer lo contrario. La distancia entre lo que se dice y lo que se hace. También recurre el TSJA a un argumento técnico: una zona verde es un “sistema general” –parte del esqueleto de la urbe– y, como tal, en ella reside la esencia última del planeamiento urbanístico. No puede pues alterarse con una reserva de suelo dotacional. Claro que, en este punto, habría que hacerse otra pregunta: ¿los parques no pueden tener equipamientos? Si la respuesta fuera negativa, no sólo debería anularse la Biblioteca del Prado, sino el proyecto íntegro para transformar Los Gordales en una gran zona verde con un campus universitario.

Sea como fuere, lo cierto es que en este asunto, desde el principio, el Consistorio padece cierto complejo de culpa. En caso contrario no se explican las prevenciones adoptadas ante una posible sentencia contraria y el hecho –algo ridículo– de camuflar la decisión de cambiar de ubicación la Biblioteca con una alegación de la Universidad. Un trámite que cualquiera sabe que está susurrado.

En el caso de los convenios con la CHG, la situación es parecida, aunque sin tantos matices. Aquí Urbanismo directamente ha mudado de criterio –sin explicarlo además de forma convincente– bien por falta de capacidad técnica –en el caso del proyecto de los arroyos Tamarguillo y Ranillas–, bien por falta de coraje. Ninguna de ambas posibilidades sería un drama. No es la primera vez que el gobierno local da un plazo o promete tener listo un proyecto e incumple su propio calendario. Tampoco es nueva su costumbre de dar marcha atrás. El problema –a la hora de cavilar sobre la cuestión– surge cuando se hace esto y, sin embargo, sin reparo alguno se mantiene el discurso original.

Es lo que ocurre en la calle Betis. El Consistorio aprobó en 2006 un Plan General que defiende, como uno de sus puntos básicos, la recuperación efectiva de la ribera de la dársena histórica, ocupada desde hace décadas por concesiones de hostelería y clubes deportivos. Contaba con medios económicos suficientes para compensar a los afectados. Y con el aval del Ayuntamiento en Pleno. PSOE e IU llevan años haciendo bandera, entre otros aspectos, justo de esta directriz del Plan General.

Tanto, que en su día incluso impidieron que el PP pudiera llegar, siquiera en aspectos parciales, a algún grado de consenso sobre el modelo urbanístico de Sevilla. Sus argumentos eran maximalistas: “El PGOU es nuestro modelo de ciudad”. Pasado el tiempo, sin embargo, buena parte del modelo queda orillado. Se impone otra realidad: los contactos, las relaciones. Y se olvida una maqueta que algún ingenuo estudiante de arquitectura hizo para explicar cómo sería Sevilla con Betis recuperada para los ciudadanos.

Lo defendió en su día Fustegueras, el autor del PGOU:

“Dejar las concesiones privadas junto al río es como dejar que se privatice la playa en cualquier ciudad costera”.

La maqueta –cuentan– fue secuestrada por cierto individuo. Desde entonces está escondida en un despacho oficial. Cuántas palabras hermosas. ¿Se las llevó el viento?

Deudas y favores

Carlos Mármol | 7 de junio de 2009 a las 11:50

La propuesta del Estado de pagar a Andalucía una parte de la deuda histórica a cambio de ceder a la ciudad los terrenos de Los Gordales es una suerte de ardid para que el Gobierno central nunca pierda en el litigio existente.

EN estos tiempos en los que la memoria no es un valor en alza, donde cualquiera puede decir cualquier cosa con la certeza de que (casi) nadie se va a tomar el trabajo de echar la vista atrás para analizar un poco las cosas con el fin de saber si miente o si dice la verdad, es fácil hacer pasar gato por liebre. O liebre por león, si se permite la exageración. Fijar las cosas en su contexto requiere un trabajo ímprobo que hace tiempo dejó de valorarse. Y no precisamente porque no tenga valor: cualquiera que tome decisiones, sobre todo las más trascendentes, sabe de sobra que sin información de calidad corre el riesgo probable de equivocarse. Sencillamente es porque esta vieja costumbre, esencial para aquellos ciudadanos que tienen cierto sentido crítico, molesta. Incordia.

Un ejemplo al caso: esta semana ha vuelto a resurgir el debate político –la calle tiene otras preocupaciones más urgentes– sobre si es lícito o no que el Gobierno central, que fijó en su día el pago a Andalucía de la denominada deuda histórica, abone una parte de este débito en especie. En concreto, con diferentes propiedades inmobiliarias y terrenos, entre ellos los que cada año acogen la Feria de Abril, conocidos por el nombre del antiguo brazo del Guadalquivir que les precedió en su actual ubicación. Los Gordales.

El Gobierno andaluz ha defendido en público esta opción de pago mientras el PP ha dicho que, en caso de que llegara a consumarse, puede dar lugar a un supuesto delito de “prevaricación”. Sería una noticia que coincidieran en algo. En el fondo de la cuestión, sin embargo, no ha entrado ninguno de los dos. Quizás porque no convenga hacerlo a ninguna de las dos partes en liza. Cosa frecuente.

¿Y cuál es el fondo? Pues muy simple: si se descuenta el valor de los terrenos de Los Gordales de la deuda histórica, como pretende el Gobierno de Madrid, Sevilla no habrá ganado nada. Absolutamente nada. Probablemente se dirá –no lo duden– que gracias a esta decisión la ciudad recuperará unos suelos que nunca tuvo más que cedidos, prestados. Y que, por tanto, dicho acuerdo es bueno. Nada más lejos de la realidad. Sencillamente porque nadie –no conviene– querrá recordar cómo las administraciones públicas han jugado estos años a la ruleta con estos terrenos. Primero, en la época de Aznar. Después, en la etapa de Zapatero.

El futuro de Los Gordales es incierto. El Consistorio puede usarlos exclusivamente para la Feria de Abril sin coste alguno, pero no tiene su titularidad. Ésta, en teoría, está pendiente de un litigio judicial abierto por el Gobierno central con motivo de la calificación urbanística otorgada por el Consistorio y la Junta en el PGOU de la ciudad. Suena árido, pero es simple: el Estado nunca contempló una cesión gratuita de los suelos, algo deseable al tratarse de una administración pública. Todo lo contrario: está peleando en los juzgados para que su entrega a la ciudad le reporte más beneficios de los jurídicamente ya reconocidos. Es pura y simplemente una cuestión de dinero. De euros.

Sevilla tenía previsto recuperar la titularidad de Los Gordales a cambio de una recalificación urbanística que permitía al Estado vender buena parte de estos suelos para hacer edificios terciarios: comerciales y de oficinas. Hasta ocho torres de doce plantas de altura, por ser más concretos. Nunca se planteó sin coste. Todos los Ejecutivos de Madrid han tenido idéntica posición: devolver el suelo a cambio de dinero. Si bien unos han sido más ambiciosos que otros: el PP empezó pidiendo unas plusvalías urbanísticas de 75.000 metros cuadrados y terminó consiguiendo hasta 177.263 metros cuadrados de edificabilidad lucrativa. Llegó a hacerse incluso un borrador de este acuerdo.

Tras llegar Zapatero a la Moncloa, el Estado exigió reabrir la negociación. Y en la Plaza Nueva decidieron darle más al gobierno amigo. De esta forma, los derechos urbanísticos privativos –un patrimonio que permite hacer dinero– pasaron de los citados 177.263 metros cuadrados hasta los 269.679 metros cuadrados. Un aumento notable. Tan considerable que hasta la propia Junta de Andalucía vio excesiva la contraprestación autorizada por el Consistorio y, en la última fase del PGOU, redujo esta magnitud urbanística en 71.789 metros cuadrados, decisión que es la que provoca el actual litigio judicial.

Sevilla pagará esto por Los Gordales. No los recibirá gratis. Al Estado, sin embargo, aún le parece poco. Hasta el punto de que, pese a perder en primera instancia en el TSJA, tiene el asunto en el Tribunal Supremo. Una decisión que hipoteca cualquier uso urbano de los terrenos. Si ahora se descuenta su valor catastral en el cómputo de la deuda histórica pero se deja viva la citada recalificación urbanística –que como mínimo será de 220.890 metros cuadrados de uso terciario, el tope fijado por la Junta– la ciudad estará pagando por partida doble por Los Gordales. Por un lado, con la recalificación. Por otro, reduciendo el valor del suelo del cómputo global de la deuda histórica. Por supuesto, habrá quienes por tierra, mar y aire proclamen que tal acuerdo es excelente para Sevilla. Es de esperar. Pero basta mirar atrás para darse cuenta de cuál es la verdad.