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El PP hace una ‘purga’ en Urbanismo

Carlos Mármol | 17 de julio de 2012 a las 6:06

Fin de semana de cuchillos largos. Como suena. Mientras Rajoy ponía el viernes al país al borde de una aparente rebelión civil con su cuarto programa de recortes, en las caracolas de la Isla de la Cartuja, sede de la Gerencia de Urbanismo, los particulares hombres de negro del alcalde, Juan Ignacio Zoido, hacían otras cábalas distintas, pero similares, dentro de su estricto ámbito de competencias, que es el municipal.

La dirección política de Urbanismo, encomendada hace apenas un año por el regidor a Maximiliano Vílchez, el más interestelar de sus 20 concejales (para desgracia de Beltrán Pérez; que aspira pero no termina de conseguirlo, y mira que el hombre hasta patrocina premios y da generosas subvenciones), había decidido acometer sin más dilación lo que eufemísticamente se conoce como una “reorganización de sus recursos técnicos y directivos para adaptar la estructura de la Gerencia a nuevos retos”. Hablando en plata: una serie de destituciones fulminantes y en cadena que vienen a suponer la primera purga interna en toda regla que acomete el PP en Urbanismo. Una purga sorprendente: hecha contra sí mismos y planteada poco más de un año después de llegar al poder. Un periodo de tiempo tan breve como singular.

Los cambios en el cuerpo directivo trascienden el generoso libro de las cuestiones internas de Urbanismo. Son decisiones llamativas, significativas y tienen una lectura política evidente, ya que se producen en el departamento municipal más importante del Consistorio, donde el gobierno de Zoido ha cosechado más fracasos (a pesar de la retórica) y que había sido recién modelado en función de sus deseos nada más acceder a la Alcaldía.

El alcalde, que todavía pregona en el ámbito autonómico su fe en los equipos técnicos y profesionales, sobre todo si los componen funcionarios, decidió hace algo más de doce meses entregar la dirección política de la Gerencia a Vílchez (relegando al edil Curro Pérez, su anterior portavoz en la materia durante su etapa en la oposición) y nombrar gerente de Urbanismo a Alberto de Leopoldo, ex directivo de Cajasol (rama empresas), quien llegó a dicho puesto (uno de los mejores pagados del Ayuntamiento) oficialmente por su notable currículum, pero también, un factor que se obvió por completo, por una serie de relaciones circunstanciales de índole familiar que inclinaron la balanza a su favor frente a otros posibles candidatos a pesar de que su experiencia en esta materia era escasa. Nula.

Precisamente para suplir esta carencia, admitida en privado, el PP decidió entonces convertir en el número tres de la Gerencia Urbanismo (el director técnico) al arquitecto Andrés Salazar Leo, un profesional con larga experiencia en la casa, en la que viene trabajando desde hace años, a partir de la época del PA, en distintos puestos de responsabilidad.

Era una manera de compensar la falta de conocimientos técnicos tanto del delegado como del gerente, el primero dedicado exclusivamente a marcar las grandes líneas políticas y el segundo, en cambio, más centrado en las tareas de índole organizativa, sobre las que el PP quería centrar su gestión. Para ello redactó en su día, con la ayuda de un topo dentro de la anterior dirección de la Gerencia, una amplia hoja de ruta que contemplaba, a medio plazo, un ajuste salarial y laboral en la plantilla de Urbanismo (450 trabajadores) que pensaba justificarse en público debido al descenso de los ingresos procedentes de la actividad inmobiliaria.

Salazar, que también había estado vinculado a la Escuela de Arquitectura, alcanzó así hace un año el puesto de director técnico tras trabajar a lo largo de su trayectoria en la Gerencia a las órdenes de todos los delegados de Urbanismo del PA (José Núñez, Mariano Pérez de Ayala, Rafael Carmona) y mantener funciones directivas (con algún altibajo) durante la etapa socialista (Emilio Carrillo, Alfonso Gómez de Celis, Manuel Rey).

Al llegar el PP al poder, fue ascendido al puesto clave del departamento urbanístico municipal, tras el gerente. Su misión era dar viabilidad urbanística cierta a las propuestas políticas del gobierno local. Una tarea, por otra parte, nada fácil, dado los compases iniciales de la etapa de gestión municipal de Zoido, que ha tropezado con problemas urbanísticos desde que empezó a gobernar Sevilla hace algo más de un año. La fórmula, aparentemente, se basaba en la confianza del nuevo gobierno local en un técnico municipal.

El técnico recién destituido, de hecho, acompañó este lunes al propio Zoido en la presentación del nuevo plan de aparcamientos. Horas después de este acto, el PP lo relevó como número tres de Urbanismo. En silencio. Sin informar. Sin dar explicaciones. Y, al parecer, de forma nada correcta. Una manera de funcionar que algunos, en la Gerencia, donde el capítulo laboral empieza a enquistarse (se auguran recortes salariales y un incremento paulatino de la jornada laboral, además de la desaparición de muchos elementos del capítulo social del convenio) ya han bautizado como el estilo De Leopoldo.

¿En qué consistiría? Pues en filtrar primero la destitución entre el personal al cargo del directivo cesado (un viernes por la tarde) sin llegar a confirmar antes la noticia al propio interesado, dejar pasar todo un largo fin de semana dejando dicha incertidumbre en el aire y, a continuación, nada más iniciada la semana laboral, tras la jornada de trabajo, confirmar la decisión alegando una razón tan peregrina como la falta de sintonía personal. Un criterio llamativo si lo que importa es la capacidad profesional. Conducta que además define un determinado carácter. Y cuyos resultados prácticos se irán viendo con el tiempo: sin Salazar como director técnico de Urbanismo el grado de solidez de las propuestas urbanísticas del PP, ya de por sí escasísimo, queda seriamente perjudicado.

El motivo es sencillo: en la actual cúpula directiva de Urbanismo ninguno de sus principales responsables sabe demasiado de la materia. Y eso no es lo peor: tampoco consiguen dar, por desconfianza o falta de recomendaciones adecuadas, con un perfil profesional que los asesore sobre su tarea política con un mínimo de fiabilidad. Cosa que se viene notando desde hace tiempo en cuestiones como la recalificación de Ikea, la polémica del aparcamiento de la Alameda de Hércules o la conversión de la Gavidia en un centro comercial. Todas ellas varadas, de alguna otra forma, no sólo por cuestiones de fondo, sino por la debilidad de los planteamientos técnicos municipales. La táctica oficial es disfrazar este talón de Aquiles con justificaciones políticas. Una fórmula que tiene escasa verosimilitud si se prolonga demasiado en el tiempo, como está sucediendo.

La destitución del hasta responsable técnico de Urbanismo no es además el único cambio. Hay más. Unos decididos. Y otros en barbecho. Vílchez ha optado también por sustituir de sus puestos o trasladar a otros cometidos a jefes de departamentos como Amparo Guerrero, Emilia Barrial o el histórico Juan García Gil, que fue también director técnico de la Gerencia en el mandato como delegado de Rafael Carmona.

En unos casos se trata de traslados con descenso de responsabilidades, puesto que estos directivos son empleados públicos y, en caso de su destitución como altos cargos, vuelven automáticamente a su correspondiente categoría laboral con la posibilidad además de cobrar (según establece su convenio) el plus salarial de dirección durante varios años más después de su cese. Como nuevo número tres de la Gerencia el PP promociona ahora a Jorge Almazán Fernández de Bobadilla, un ingeniero y abogado experto en gestión de obras, pero cuya experiencia en materia urbanística es una incógnita que sólo desvelará el tiempo. Si es que se lo dan.

Un ‘soufflé’ que se viene abajo

Carlos Mármol | 23 de diciembre de 2011 a las 6:05

La intervención municipal pone en crisis los presupuestos de Urbanismo al confirmar que los ingresos por venta de patrimonio son ficticios. El alto funcionario recomienda prudencia al gobierno al cerrar las cuentas.

Soufflé. [Del francés]. Dícese del alimento preparado con claras de huevo a punto de nieve y cocido al horno para que quede inflado y adquiera una consistencia esponjosa. La definición es del DRAE. Exacta. Ortodoxa. Y aplicable, a tenor de la opinión de la Intervención General del Ayuntamiento de Sevilla, a las cuentas de la Gerencia de Urbanismo presentadas en público hace apenas una semana.

El titular de este área municipal, Maximiliano Vílchez (PP), deslumbró a todos hace seis días al asegurar que las inversiones de este organismo autónomo, el más importante de todo el Consistorio, crecerían un 87% gracias a una reducción del gasto corriente “drástica”. El edil explicaba que los 21 millones de inversión previstos para 2012 respondían a “un verdadero anexo de inversiones” y resaltaba por su “carácter social” el capítulo de las subvenciones de capital, dedicado a fomentar la rehabilitación privada. La cuadratura del círculo.

¿Pero los círculos son cuadrados? Geométricamente hablando, no. Se trata de un problema matemático irresoluble, salvo que se opte por la fórmula de las repeticiones sucesivas. Precisamente en esta tarea está centrado el gobierno municipal del PP, que desde hace ya dos semanas defiende sus presupuestos –que tiene previsto validar en Pleno antes de fin de año– con argumentos más retóricos que ciertos.

La valoración política de las cuentas municipales ha seguido un patrón previsible: el ejecutivo de Zoido las defiende, en buena medida culpando al anterior gobierno local por la herencia recibida, y la oposición las critica por considerarlas “falsas de toda falsedad”. Nada nuevo bajo el sol. ¿Pero qué dicen los funcionarios, tan elogiados por el gobierno municipal? En concreto: ¿Cuál es la opinión del interventor sobre las cuentas de Urbanismo? El informe realizado por este alto empleado público, encargado de velar por el adecuado uso de los fondos municipales, viene a dar la razón –indirectamente, claro– a la oposición. Se trata de una opinión técnica. Difícilmente rebatible desde el punto de vista político. Municipal, en este caso.

El dictamen elaborado por la Invervención sostiene que las cuentas de la Gerencia para 2012 no acreditan de forma fidedigna el incremento de los ingresos municipales. Lo que supone que determinados capítulos de gasto corriente e inversiones no podrán cumplirse. Especialmente trascendente es la cuestión de las inversiones, ya que, frente a la tesis oficial –se invertirá un 87% más–, la realidad pedestre que dibuja la Intervención explica que los créditos consignados en las cuentas “no podrán disponerse hasta que se acredite la obtención de la financiación prevista”.

Dicho en román paladino: si la recalificación de la comisaría de la Gavidia, la sede municipal de la calle Pajaritos y otras operaciones de Patrimonio Municipal de Suelo (PMS) no culminan con éxito financiero –cosa que se antoja muy difícil–, todo el cuadro de proyectos a ejecutar en 2012 se viene abajo. Igual que un soufflé. En palabras del interventor: “Es aconsejable una previsión prudente de los ingresos que integran este capítulo porque eventuales desviaciones pueden afectar directamente a la nivelación del presupuesto”.

No es el único reparo que pone a las cuentas de la Gerencia. La lista es extensa. Vayamos por partes. En primer lugar, el capítulo de ingresos: el PP afirma en sus cuentas que la recaudación de Urbanismo crecerá un 0,98% más. ¿Cómo es posible lograrlo en un escenario inmobiliario paralizado casi por completo? El equipo de Zoido alega que por una “previsible mejora en el ritmo de liquidación de los ingresos pendientes de ejecutar” y por la nueva tasa de servicios urbanísticos.

El interventor discrepa:“Esta mejora no está acreditada en el expediente”. Y añade: “En consecuencia, deben adoptarse medidas cautelares en relación con la ejecución de los gastos no financieros de manera que las desviaciones que se produzcan en este capítulo no se materialicen en déficit presupuestario”. Oficialmente el PP presume de aprobar un presupuesto con un superávit de 1,7 millones, aunque dicha cifra responde sólo a la obligación legal de equilibrar las cuentas, que en 2010 registraron por primera vez déficit. La forma, por tanto, no se corresponde con el fondo.

Otro de los argumentos centrales del edil de Urbanismo al presentar el presupuesto fue la reducción de los gastos corrientes (personal y funcionamiento). Sobre este particular, el informe de la intervención plantea matices. En relación a personal [capítulo I] el alto funcionario advierte al gobierno local que, dado que no existe normativa estatal sobre equilibrio presupuestario, todos los gastos consignados para las retribuciones de los empleados públicos de Urbanismo, las aportaciones a su plan de pensiones y las plazas vacantes dotadas están “condicionados” por la normativa que se apruebe por el Ejecutivo central. El interventor incluso insiste al PP en tener “prudencia” al hacer los cálculos. Esto es: las previsiones de gasto en estas tres partidas son ficticias.

Intervención llama asimismo la atención sobre la falta de rigor en determinadas partidas de personal –conceptos retributivos sin concretar, esencialmente– y menciona la incorrecta adecuación del capítulo laboral a la normativa. “No se dice qué plazas están vacantes, cuáles se han ofertado y cuáles están pendientes”, explica. A su juicio, hace falta elaborar una relación de los puestos de trabajo de Urbanismo y una valoración de los complementos salariales de cada uno de los puestos.

Sobre el pago a los proveedores –otra de las banderas políticas del PP– el dictamen del alto funcionario municipal precisa que en las cuentas de la Gerencia se proyectan pagos durante 2012, cuando la normativa obliga a asumirlos antes de final de este año, incluidos, en su caso, los intereses de demora. También alerta de anomalías en los suministros –facturas que no se mencionan en la contabilidad– y en las adjudicaciones en curso que, a su entender, “deberán suspenderse hasta que no dispongan de crédito suficiente”.

Sobre las ayudas a la rehabilitación privada –810.368 euros que el PP denomina “gasto social”– el interventor revienta la burbuja:“No se acredita la existencia de un plan de ayudas públicas para estas actuaciones que justifique la consignación prevista”. De nuevo, el pastel se viene abajo. No se sostiene.

Los demonios de la Gavidia

Carlos Mármol | 5 de diciembre de 2011 a las 6:06

La recalificación impulsada por el gobierno de Zoido para transformar la antigua comisaría del centro en un espacio comercial requiere tres modificaciones del PGOU, el permiso de la Junta y el visto bueno del Consultivo.

La recalificación de la Gavidia es un nuevo rebrote de síndrome Ikea. O lo que es lo mismo: la singular costumbre del actual gobierno municipal del PP de meterse con notable facilidad en un jardín umbrío –generalmente urbanístico– sin saber exactamente cómo salir de él, sin tantear primero sus dimensiones exactas y sin llegar a averiguar del todo siquiera el número concreto de árboles que tiene. La mejor manera de meterse en un problema. Grave, además.

La decisión del ejecutivo local que preside Juan Ignacio Zoido de vender al mejor postor para hacer caja los edificios públicos de la plaza de la Gavidia y de la calle Pajaritos –la antigua comisaría de Policía y la sede del Registro Municipal– es una llamativa forma de hacer política. A las bravas. Con un sentido sui generis de la normativa. Más o menos igual que en su día se hizo al abordar la recalificación urbanística de los terrenos de San Nicolás Oeste, donde la multinacional sueca Ikea reclamaba un cambio a la carta del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) para rentabilizar –por encima de lo necesario– una operación inmobiliaria.

Entonces, la posición de entrada del gobierno de Zoido fue: “cambiaremos lo que sea necesario antes de un mes”. La de salida todavía es una incógnita: este proyecto sigue en el aire a pesar de haberse cumplido ya todos los plazos prometidos por el alcalde como consecuencia de una “negociación técnica” que no sólo se alarga en demasía, sino que incluso provocó un episodio memorable:ver a la dirección de Ikea desmintiendo en público al propio gobierno local.

Casi todos los grandes asuntos que han puesto en apuros al equipo de Zoido en estos seis meses de gobierno –salvo el Plan Centro, cuya comisión de investigación se volvió en contra el PP, que la creó para castigar a la oposición– tienen a la Gerencia de Urbanismo de Sevilla como departamento afectado. Y a su actual titular político –Maximiliano Vílchez– como principal responsable. El foco, invariablemente, busca su figura. Algo natural, si se tiene en cuenta que toda la estrategia política del PPpasa en buena medida por derivar a otros los problemas más graves para que no perjudiquen a la Alcaldía.

Vílchez, que ya dio muestras de su conocimiento de los asuntos urbanísticos en el caso Ikea –acusó a la oposición de no conocer la normativa, pero quien ha tenido que dar marcha atrás por no respetarla en primera instancia fue él– de nuevo aparece ahora en el ojo del huracán por la enajenación de la Gavidia, que augura un nuevo quebradero de cabeza al ejecutivo de Zoido.

Vayamos por partes. El gobierno local aprobó este viernes un acuerdo que literalmente ordena a Urbanismo iniciar los trámites para “desclasificar” los edificios de la Gavidia y la calle Pajaritos. El motivo: tienen que venderse para obtener ingresos. Tanto en uno como en otro caso, el gobierno local no explica qué implica la “desclasificación” de ambos inmuebles. Un concepto de andar por casa que puede aplicarse a la vertiente patrimonial –los dos están protegidos– o a su calificación urbanística. En ambos supuestos cualquier cambio conlleva una serie de trámites legales que no dependen sólo del Consistorio, sino de otras instancias administrativas.

El caso de la Gavidia es paradigmático. El Ayuntamiento piensa recalificarlo para poder venderlo. Así de fácil. La operación, sin embargo, no es tan simple como se desprende del modus operandi municipal. Su enajenación sólo será posible si se abordan hasta tres modificaciones sucesivas del Plan General de Sevilla –cuya validez jurídica es similar a una ley– y, sobre todo, si se logra el requisito inexcusable de contar con el visto bueno del máximo órgano jurídico de Andalucía. El Consejo Consultivo. Un organismo asesor independiente que, en su momento, ya puso en un serio aprieto político a Monteseirín, cuando trató con parecida suficiencia la última modificación presupuestaria para terminar de pagar las obras del Parasol de la Encarnación.

Entremos en detalles. El primer problema de la Gavidia tiene que ver con su calificación urbanística. El PGOU la considera una dotación pública con nivel de sistema general. ¿Qué significa esto? Que es parte del esqueleto urbano de Sevilla. Y, por tanto, tan intocable como un parque público. El uso principal aplicable a esta parcela es el dotacional, aunque se tolera reservar un 20% de la edificabilidad para usos comerciales.

Al Ayuntamiento le parece poco: pretende que el solar en su integridad –7.500 metros cuadrados– sea calificado para actividades terciarias. Una modificación jurídicamente complicada. Primero, por el término utilizado en el acuerdo del gobierno local: “la desclasificación”, según juristas consultados por este diario, no existe en el caso de los suelos dotacionales. “Estamos ante una recalificación pura: un cambio que implica pasar de un uso no lucrativo (equipamiento) a otro con valor económico (terciario)”.

La cuestión no es sólo nominativa. También legal: tocar un sistema general calificado como equipamiento implica, igual que ocurrió en su día en Marbella, alterar todo el equilibrio dotacional de la parte de Sevilla –lo que el PGOU llama barrio-ciudad– en el que se encuentra.

Dicho de forma más sencilla: como la Gavidia estaba llamada a ser un equipamiento, si se recalifica el Ayuntamiento tiene obligatoriamente que compensar la pérdida de dotaciones (7.500 metros cuadrados) en esta misma área urbana. Y además debe justificarlo expresamente. Cosa nada fácil: en el centro no hay muchos espacios libres de idénticas dimensiones. Por otro lado, es probable que los vecinos afectados no reciban con agrado la noticia de que les quitan un espacio público para un centro comercial.

En segundo lugar está la vertiente patrimonial. El edificio de la Gavidia, un ejemplo de arquitectura racionalista, fue construido en 1962 por el arquitecto Ramón Monserrat. Está protegido con el segundo máximo nivel de catalogación patrimonial (global). Por tanto, no puede derribarse: es un inmueble singular, monumental.

Si se intenta darle un uso comercial, hay que hacerlo sobre el inmueble existente, que sólo puede ser reformado con meros proyectos de obra menor. Para dejar sin efecto este elevado nivel de protección, Urbanismo tendría que volver a modificar el PGOU –su catálogo patrimonial–, lograr el permiso a la Junta (Cultura) y explicar, en un momento en el que políticamente busca aparecer como defensor del patrimonio (véase la Torre Pelli), los motivos por los que piensa destruir un referente arquitectónico.

La tercera cuestión se refiere al solar de la Gavidia: la parcela sobre la que se asienta el edificio de la comisaría. Es un bien de dominio público. Por tanto, no puede enajenarse sin salvar antes la concesión demanial. De nuevo habría que modificar el PGOU, que en sus normas precisa que en el caso de las dotaciones, incluso si se altera su uso, la propiedad del suelo seguirá siendo siempre pública. Estos factores dificultan cualquier operación de venta: el supuesto comprador adquiriría un edificio protegido (que no podrá tocar) en un terreno que tampoco será suyo. Algo que no suelen hacer las grandes firmas comerciales.

La tramitación de estas tres modificaciones del PGOU está reglada: es necesario obtener en todos los casos la autorización de la Junta (Obras Públicas), el visto bueno de Cultura (Patrimonio) y conseguir el permiso expreso del Consejo Consultivo de Andalucía, que, según el artículo 36.2.c.2 de la LOUA, emitirá un dictamen vinculante. Esto es: o avala la recalificación o ésta no podrá seguir adelante.

El PP puede politizar la cuestión y culpar a la Junta (PSOE) de poner freno a sus iniciativas. Cuestionar al Consejo Consultivo es más complicado. Y sobre todo: si lo hace se pondría en la misma situación que Monteseirín cuando decidió seguir con las obras del Parasol a pesar del reproche de la máxima institución jurídica andaluza. La Gavidia está llena de demonios. Y ninguno parece benigno.

¿Petisú o Magdalena?

Carlos Mármol | 20 de octubre de 2011 a las 6:05

Él me hubiera permitido la licencia. Además de un maestro en el oficio, era un amigo. Me refiero a Pepe Guzmán, impar periodista sevillano, sin premios ni tonterías, muerto (como nos va a ocurrir a todos) antes de tiempo. Miembro de la vieja escuela de sabios que van a los sitios, se enteran y lo cuentan a los demás sin tener por ello que dar palmadas en la espalda a nadie para llegar a ninguna parte. Pepe descubrió pronto que en realidad no hay sitio donde ir. Y, si lo hay, como dijo Novalis, no es más que el camino a casa después de la hora del cierre.

Guzmán acuñó en su día una técnica genial –se le ocurrió haciéndole una entrevista a Lola Flores– que consistía en preguntar a bocajarro al entrevistado: “¿Petisú o Magdalena?”. Toda una disyuntiva ontológica. Se suponía que el interpelado tenía que elegir entre ambas opciones. Y, en consecuencia, definirse metafísicamente. No es lo mismo la crema que la bollería. Dado lo que está ocurriendo con Ikea, da la impresión que lo mismo habría que preguntarle al gobierno local. ¿Petisú o Magdalena? ¿Copa Davis o Ikea? ¿Recalificación en contra del PGOUo acuerdo a la baja?

¿En qué quedamos?

Lo digo porque, cuando el lunes parecía encarrilado –que no desbloqueado– este litigio urbanístico tras aceptar empresa y gobierno local que el Plan General no es un problema, sino justo la solución, ayer la multinacional nos sorprendía diciendo que ella no había rebajado su recalificación de 149.000 metros. Ni mucho menos. Los documentos oficiales dicen otra cosa. Alguien no se entera. O no está contando la verdad. Cosa nada extraña. Me lo enseñó una noche de vinos el gran Guzmán: “Sentrañi, allí [en el Ayuntamiento] todos mienten”.

Ya me dirán. El mismo día Ikea va y dice que donde dijo digo es Diego y el edil de Urbanismo apostilla que “el entendimiento entre Ikea y el Ayuntamiento es total y que su proyecto no tiene impedimentos”.

Es sencillamente de traca.

Zoido nos prometió “eficacia, plazo y presupuesto”. En Ikea ninguna de las tres cosas están muy claras.

Lo diré a la manera de Guzmán: ¿Cuándo establecemos las relaciones diplomáticas con Suiza, patria del reloj?

Humildad, bendita virtud

Carlos Mármol | 19 de octubre de 2011 a las 6:05

Al final, la cosa no era tan difícil. Bastaba con dejar de hacer las habituales puestas en escena, tan italianas, y encerrarse en un despacho con los técnicos municipales –que son los que de verdad han obligado a Ikea y al propio gobierno local a cumplir con sus propias normas, cosa paradójica– hasta encontrar una fórmula válida. Una salida que, al tiempo que reconduce –en una mínima parte– las exigencias de Ikea, no abre de raíz y al capricho del poder dinero el Plan General de Sevilla, dando además trato diferente a unos propietarios (los que cumplen la ley) frente a otros (los que exigen recalificaciones a la carta).

Si el gobierno local, con su alcalde a la cabeza, hubiera actuado en este asunto haciendo uso de las católicas virtudes cardinales (prudencia, justicia, templanza y fortaleza) en lugar de recurrir al maximalismo impostado de las mayorías absolutas –“si hay que cambiar el PGOU se cambia y punto en boca”– se hubiera ahorrado, entre otras cosas, empezar a quebrar el idílico mito sobre sí mismo que había construido en la oposición a fuerza de reiterar lo obvio.

El affaire Ikea, sin embargo, aún no ha concluido. En realidad, tan sólo se ha encarrilado –ni mucho menos cerrado– la cuestión de la recalificación. Queda lo más difícil y, curiosamente, es lo que depende exclusivamente del equipo de Zoido:hacer la SE-35, necesaria para que el horizonte del proyecto quede despejado, algo que parece complejo a pesar de que en los próximos días puedan ver fotos y declaraciones diciendo que este asunto está solventado. Sencillamente no es cierto.

Igual que nunca fue verdad aquello que decía el edil (interestelar) Vílchez de que no existía informe técnico contrario al plan de Ikea. No sólo existe (15 marzo 2011) sino que está en el nuevo documento de planeamiento que el edil copia en su acuerdo para la junta de gobierno. En esta historia nunca hubo buenos y malos, sino gente seria y diletantes. Podría decirse que faltó humildad. Una virtud recomendable incluso si se tienen 20 concejales en el Pleno.Nunca estorba.

Vílchez, concejal interestelar

Carlos Mármol | 30 de julio de 2011 a las 6:00

Lo del nuevo delegado de Urbanismo es realmente notable. Va camino de convertirse en la gran estrella dentro del firmamento de los galácticos de Zoido. Y eso sin haber empezado todavía a mandar (dicen) en la Casa. Para profanos: la Casa es la Gerencia de Urbanismo. El concejal, que fue delegado del Gobierno en Cádiz durante la etapa de Aznar, y que es letrado de la Seguridad Social, ha terminado en Urbanismo por decisión (unipersonal, desde luego) del nuevo alcalde. Bueno. Para eso tiene mayoría (absolutísima) el regidor. Nada que objetar. Cuenta con todo el derecho a elegir a sus amigos y colaboradores.

Hasta ahora Vílchez había destacado por su sonrisa: al menos eso cuentan las crónicas de la nueva Giralda TV, tan objetiva como la anterior, que glosó su primera rueda de prensa como si fuera poco menos que una comparecencia de Rem Koolhaas, el autor de Delirious de Nueva York.  En fin. Víchez cae bien y no presenta demasiadas aristas. La derecha civilizada y liberal, según algunos. El problema es que cada vez que habla de la materia que gobierna (el urbanismo) suenan todas las alarmas.

Primero se despachó hace unas semanas abriendo un debate hermenéutico similar al nominalismo de Guillermo de Ockham: “Lo de Ikea no es recalificación, sino modificación puntual”. Gracias por la aclaración. Basta consultar el diccionario para ver que los académicos de la lengua (de urbanismo no hay academia que brille, fije y dé esplendor: el sector no es tan ilustre) piensan lo contrario. Como este extremo ya lo dejamos aclarado en una Noria anterior, no vamos a insistir ahora en todos los argumentos (evidentes) que desmienten la mayor. Vílchez quiso aquel día dar una lección de urbanismo y terminaron dándosela (desde la oposición) a él. Y eso que esta oposición todavía está padeciendo el tremendo golpe electoral y los veinte ediles de Zoido (Juan Ignacio).

Tras semejante aportación conceptual, el edil de Urbanismo tuvo el arrojo de irse con el alcalde a la barriada Regiones Devastadas (donde el anterior ayuntamiento proyectó un ecobarrio para realojar a los vecinos de las viejas casas baratas) para sacar pecho por haber “desbloqueado” su construcción. Cosa milagrosa: el proyecto nunca estuvo detenido. Se inició cuando los bomberos (funcionarios municipales) decidieron hacer el obligado informe de seguridad que exigía la licencia. Nada más que un trámite.

De gestión política en esta cuestión hubo más bien poco, por no decir nada. La única decisión del PP a este respecto fue despedir (con toda la legitimidad de su victoria, por supuesto) al anterior gerente de Emvisesa, la empresa municipal de la vivienda, Juan Carlos de León, precisamente quien permitió que existiera  realmente la medalla que Vílchez y Zoido se pusieron (a sí mismos) ese día.

Esta última semana hemos visto una réplica del mismo epifenómeno, esta vez con el pretexto de una comisaría de policía de barrio contratada por el anterior gobierno. También ha pasado lo mismo en una entrega de pisos de VPO (cosa loable) hecha por la anterior coalición PSOE e IU. Sin rubor alguno, ambos asuntos han sido objeto de la voluntad de apropiación selectiva del gobierno local. Está visto que miedo escénico, respeto a las cámaras, no tiene el PP municipal, que sólo mira hacia atrás para exculparse de su inactividad política (en cierto sentido natural, lleva sólo mes y pico) y, tanto si puede como si no, fagocitar los méritos ajenos.

Total, la cosa no tiene ningún riesgo: son pocos quienes se atreven a hacer honor a la verdad so riesgo de llevarle la contraria a los triunfadores. Ya se ve claramente en qué consistía aquello de la Ciudad del Talento: en apuntarse los méritos ajenos amplificando ad infinitum las sombras de la gestión previa. Sin cortarse.

Ayer, en el Pleno municipal, tuvimos otra prueba irrefutable de que lo de Vílchez va a ser, en este mandato, un asunto superlativo, digno de la máxima atención: el edil de Urbanismo nos desveló a todos que el anterior alcalde firmó (en secreto) un supuesto convenio con Ikea en el que venía a hacer lo mismo que ahora quiere hacer Zoido. Dicho en seco: pasarse el PGOU por el arco del triunfo para que la multinacional sueca tenga su recalificación a la carta. El acuerdo fue esgrimido por el PP como el nuevo secreto templario: “fijarse (que diría Lopera) que Monteseirín también estaba por la labor en lo de Ikea”. A eso algunos lo llaman golpe de efecto. Admirable.

Claro que, si se piensa bien, o en su defecto un rato, no se entiende muy bien entonces la tesis de la necesidad del cambio en el Consistorio que pregonaba el PP durante la campaña electoral: ¿si Zoido quiere hacer lo mismo que quería hacer Monteseirín (en urbanismo, al menos) por qué el actual gobierno se oponía completamente a todo en su etapa de la oposición? Parece que estamos ante una evidente contradicción.

Por otra parte, el hecho de que dicho convenio (que no fue aprobado al final en foro municipal alguno porque los técnicos de Urbanismo no autorizaron el Plan Parcial que presentó Ikea para consumarlo) exista no supone en realidad argumento alguno en favor de la operación. Sencillamente acerca un poco más los perfiles del anterior y el actual alcalde. No sé qué gana el PP con esta extraña táctica. Lo suyo era el cambio. La luz frente a las sombras. Porque tanto si Monteseirín realmente rubricó dicho acuerdo (cosas peores firmó el ex alcalde) como si dentro de unos meses suscribe uno parecido Zoido (al tiempo), el fondo de la cuestión no cambia en absoluto. Lo de Ikea seguirá siendo una recalificación a la carta que atenta contra el PGOU y que debe autorizar la Junta de Andalucía.

¿O acaso las cosas son mejores o peores dependiendo de quién las proponga?

Extraña esta obsesión del PP de señalar con el dedo al anterior gobierno local para casi todo, como si siguieran gobernando PSOE e IU en lugar de ellos. Parece una pelea de colegio entre escolares. “Pues tú, mucho más”. Lo grave es que tan edificante escena se repita en el foro político que representa a Sevilla. Sería recomendable algo más de seriedad argumental. La inteligencia de los ciudadanos, que votaron a Zoido, ya lo sabemos, las obviedades no hace falta repetirlas, exige política de altura. No más batallitas.

De todas formas, lo más llamativo son las afirmaciones hechas ayer por el delegado Víchez con respecto a esta cuestión de la recalificación de Ikea. El edil dijo que el Plan Parcial de Ikea no tiene informe negativo de Aviación Civil, ni lesiona el PGOU ni, en su opinión, supone nada más que una gran oportunidad de inversión. La opinión es libre. Los hechos no. Debería repasar el delegado los informes de sus funcionarios en relación al Plan Parcial de Ikea, donde se mencionan todas estas cuestiones.

La recalificación de Ikea no se aprobó, firmara Monteseirín lo que firmara, sencillamente porque alguien, un funcionario anónimo (aunque tiene nombre), hizo bien su trabajo. Por lo visto, para el PP el valor de los empleados municipales depende de si lo que digan en sus informes le viene bien o mal a sus objetivos políticos. Los jefes de servicio que critican el Plan Centro (otros empleados públicos del área de Movilidad, en cambio, sí asumieron la contrata de las cámaras instaladas) son buenos. Los de Urbanismo, como no han permitido la cuestión de Ikea, malos. No parece muy justo. Ni equilibrado.

Vílchez quizás debería, con todos los respetos que me merece, emular a sus propios funcionarios. Y hacer bien su trabajo. Aquí pegaría acaso citar aquella célebre frase de Rubalcaba: “Nos merecemos (un edil de Urbanismo) que no nos mienta”. Añadiendo: “Que no nos hable de transparencia y siga sin decir sobre qué bases está negociando con Ikea y otras empresas las recalificaciones urbanísticas. O que dé más credibilidad a una empresa (que en esto es parte interesada) que a un capitular electo del Ayuntamiento; al menos, de entrada”. Pero, como queremos ser ante todo corteses, y se trata del concejal de la sonrisa, sencillamente diremos: “Nos merecemos un edil de Urbanismo que respete el trabajo de sus funcionarios”. Simplemente.