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Mercasevilla: la instrucción infinita

Carlos Mármol | 30 de octubre de 2011 a las 6:00

La juez Alaya cierra el sumario por el supuesto pago de comisiones ilegales en Mercasevilla mientras la Fiscalía pide medidas económicas cautelares para los implicados en el fraude de los ERE. La instrucción no se detiene.

Se mueve, como dijo Galileo, a ritmo constante. Lenta pero sin descanso. La instrucción de la juez Mercedes Alaya sobre el caso Mercasevilla –desgajado en al menos cuatro sumarios distintos– avanza en paralelo a las polémicas políticas que, a raíz de la aparición de las distintas irregularidades vinculadas a la gestión de la empresa municipal de alimentación de Sevilla, vienen sucediéndose en los distintos foros políticos desde hace algo más de dos años. La magistrada, cuya figura ha sido cuestionada por los socialistas en repetidas ocasiones, aunque hasta ahora sin una argumentación objetiva y sólida que tener en consideración, ha cerrado esta semana la instrucción de la causa relativa al (supuesto) pago de comisiones ilegales en el mercado de abastos.

La apertura de este juicio oral marca una nueva etapa en el caso, al concluir la fase de investigación judicial con una acusación formal por un delito de cohecho contra los principales imputados, todos ellos altos cargos socialistas. Con independencia de todo el ruido que durante los meses previos a la pasada campaña electoral de los comicios locales se ha producido en el ámbito político, los hechos objetivos que emergen de la investigación judicial, y ahora tendrá que enjuiciar un jurado popular, no dejan demasiado lugar a las dudas: en Mercasevilla existen indicios serios de una supuesta red de financiación ilegal, aunque será misión de la justicia aclarar si los beneficiarios de esta trama lo hicieron en su propio beneficio o a favor del PSOE.

El matiz es sustancial: en el primer supuesto estaríamos hablando de un caso de corrupción con una serie de beneficiarios concretos. En el segundo, en cambio, de la perversión de una organización política cuyo poder en Sevilla –a pesar del cambio de escenario producido en el marco municipal hace unos meses– continúa siendo considerable. Los ciudadanos tendrán que sacar las correspondientes conclusiones en función de cuál sea el fallo judicial definitivo, que, inevitablemente, vendrá a reforzar o a cuestionar –en función de la sentencia que se produzca– la (para algunos) discutida instrucción de la juez.

Probablemente durante los próximos meses –antes de finales de este año– el juzgado concluya también la investigación abierta sobre la segunda rama de la causa: las irregularidades que se produjeron en la operación de adjudicación de unos terrenos de la empresa de alimentación en favor de la inmobiliaria Sando. Las diligencias efectuadas por el juzgado prácticamente han agotado la investigación y, a falta de algún trámite, o salvo sorpresa de última hora, todo hace indicar que Alaya concluirá su labor sobre este tema con la apertura de otro juicio oral. Sería pues el segundo. En esta ocasión, contra aquellos que participaron en la polémica adjudicación de los suelos del mercado de abastos de Sevilla, entre ellos el principal hombre de confianza del anterior alcalde y ex gerente de Urbanismo, Manuel Jesús Marchena.

Quedarían pues vivas dos piezas más:la relativa al delito societario (cuyo desarrollo es por ahora discreto) y, sobre todo, la gran causa general que convirtió lo que hasta entonces era un caso de ámbito local en una cuestión política de rango autonómico y nacional:la trama de fraude supuestamente existente en la administración del dinero público dedicado a los expedientes de regulación de empleo. Una causa paralela que tiene desde hace meses al secretario general del PSOEde Sevilla, José Antonio Viera, en el ojo de la diana del PP (y del llamado sector crítico dentro de su propio partido), además de a otros políticos y altos cargos de gobiernos socialistas, entre ellos el ex consejero de Empleo de la Junta de Andalucía, el jerezano Antonio Fernández.

Precisamente esta semana la Fiscalía Anticorrupción ha reclamado al juzgado la adopción de medidas cautelares para los 28 implicados en esta cuestión. Una petición llamativa: procede del Ministerio Público encargado de acusar (si encuentra indicios) a los imputados por la magistrada. En este justo punto el discurso habitual del PSOE sobre la motivación política de la instrucción judicial se viene abajo: quien pide embargos y fianzas económicas para los posibles implicados por el fraude de los ERE ya no es la juez, sino la institución judicial que depende directamente del Gobierno. Una diferencia que algunos deberían tener en cuenta antes de expandir insidias en determinados cenáculos privados, aunque con la plena seguridad de que, antes o después, dichos comentarios terminarán siendo públicos, que es lo que en el fondo se pretende. Esto es: tirar la piedra –susurrando rumores en ámbitos periodísticos– para después esconder la mano. Una singular forma de hacer política que define por sí misma a todo aquel que la practica, sea del PP o del PSOE. Les ahorro a ustedes el adjetivo que define tal conducta, aunque sea por un excepcional ejercicio de diplomacia.

De cualquier forma, los tiempos judiciales no coinciden necesariamente con los políticos. A pesar de que la instrucción de estas dos ramas abiertas del caso Mercasevilla seguirán generando en los próximos meses novedades procesales –con su correspondiente traducción política– lo cierto es que los hechos a esclarecer son de tal magnitud que no es probable que antes de las elecciones autonómicas (la verdadera lucha a muerte entre PP y PSOE es Andalucía;en Madrid se da por descontada la victoria de Rajoy) estén concluidas.
Las vistas orales de los dos sumarios cerrados, además, no se celebrarán hasta mediados de 2012. Lo que implica que los ciudadanos van a tener que acudir a las urnas sin que la justicia haya delimitado, más que en la fase de instrucción, las irregularidades penales y civiles cuyo epicentro es Mercasevilla, pero que se ha extendido a otros ámbitos, empresas y provincias hasta convertirse en una bola de nieve inmensa. Una causa infinita

Parece pues evidente que el juicio electoral sobre este caso tendrá que hacerse en base a indicios. Acusaciones que, siendo sólidas en ciertos aspectos, todavía necesitan la ratificación que supone contar con una sentencia firme. Indudable. Será probablemente éste el único argumento que los socialistas podrán esgrimir en su defensa durante los próximos meses. Poco más. Quizás por eso el PSOE andaluz confía en que la victoria de Rajoy, y las medidas de ajuste que tendrá que abordar su Gobierno en los primeros cien días, puedan darle algo de oxígeno ante los votantes. Es la razón por la que, por primera vez, se ha decidido ir a las urnas con independencia de la fecha de las generales. Es curioso que la autonomía política de Andalucía se ejerza por culpa del problema electoral de un partido, más que por una convicción política.

El circo electoral, que se intensificará en los próximos meses, en el caso de Sevilla, tiene programada una función continua que no dejará percibir de forma clara el panorama político venidero ni en el ámbito autonómico ni en el municipal hasta que la incógnita de San Telmo quede despejada. La gestión de Zoido, ariete de Arenas en su conquista de la Junta, se ha convertido en el símbolo del llamado cambio (relativo, en todo caso). Pero, al igual que sucede con todas las victorias excesivas, al mismo tiempo que satisfacción traen consigo un envés problemático:la amplificación de los propios errores, por mucho que desde la calle San Fernando se atenúen. Algunos los consideran anécdotas. Otros, categoría. De cualquier forma, y pase lo que pase, lo que sí es cierto es que tendremos que votar a partir de indicios (judiciales) y simulacros (municipales). Cosas del calendario.

Mercasevilla: la red infinita

Carlos Mármol | 13 de febrero de 2011 a las 8:45

El sumario múltiple que instruye la juez Alaya ha puesto patas arriba la política municipal y autonómica y amenaza con convertirse en la metáfora perfecta de la gravísima decadencia política y social de Sevilla.

Bukowski, el gran escritor norteamericano, tiene unos versos magníficos en su poemario La gente parece flores al fin [Visor] en los que reclama, en un lugar bastante inapropiado para hacer cualquier vindicación (un camposanto, justo al borde de una tumba abierta), la íntima necesidad vital de encontrar, siquiera por una sola vez en la vida, una pizca de verdad en el mundo. Algo que en una sociedad tan llena de mentiras como la nuestra se antoja casi un milagro.

Dicen así: Ojalá en algún funeral / alguien dijera: Qué tipo tan odioso era / Incluso en mi funeral / que haya un poco de verdad / y, luego, la buena tierra / limpia”.

Salvando todas las distancias de tiempo y lugar, incluso las líricas, mucho más subjetivas, es la misma sensación agria pero real que dejan tras esta semana extraña las noticias que han ido sucediéndose como resultado de la instrucción judicial que la juez Mercedes Alaya dirige desde los juzgados sevillanos por el sumario múltiple (con hasta cinco derivaciones distintas) del llamado caso Mercasevilla, la empresa municipal de alimentación.

La visión no es edificante. Pero arroja (a la cara)un poco de la verdad necesaria para poder asumir de frente la realidad de Andalucía y, principalmente, de Sevilla. Probablemente tras conocer la extensión completa e integral de este mayúsculo escándalo más de uno habrá experimentado un idéntico sentimiento: no se habrá visto igual a sí mismo al mirarse al espejo.

Suele pasar cuando sabemos, con certeza además, que la mirada que los otros tienen de nosotros, por algún hecho singular o fortuito, cambia de repente, alterando por completo el discreto equilibrio de lo que podríamos llamar vergüenza o autoestima, dependiendo de las propias circunstancias.

Mercasevilla, que se inició como un supuesto episodio de soborno al empresario sevillano que dirige el restaurante La Raza, al que altos directivos municipales le exigieron el pago de una comisión por la adjudicación de una escuela de hostelería, ha terminado transformándose, por mutación, en un cáncer que muestra las tripas de la política patria y que, en cierto sentido, explica, junto a otras circunstancias diversas, los motivos por los que una buena parte de la juventud sevillana (también gente madura) piensa que el exilio laboral, mental o unipersonal es la única solución inteligente ante el derrumbe de valores, conductas y constantes evidencias de la decadencia por la que pasa el Sur de España.

Decir que los hechos producen asco se queda corto. Es bastante peor. No sólo porque una supuesta trama haya estado durante lustros lucrándose con fondos públicos destinados a atenuar un hecho tan dramático y duro como es un despido individual o colectivo, sino porque hasta que la juez decidió tirar del hilo de Ariadna oculto en las naves del mercado municipal de abastos de Sevilla los hechos, todavía hipotéticos delitos, pero irregularidades evidentes, sucedían a plena luz del día. Con total impunidad. Y alevosía.

No voy a extenderme demasiado en los detalles. Son conocidos: casi 40 intrusos, entre ellos notables ex dirigentes socialistas, fueron colocados en secreto en las listas de beneficiarios de los expedientes de regulación de empleo que autorizaba la Administración andaluza.

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Junto a los intrusos, que eran señuelos, políticos o ex sindicalistas, pululaba todo un ejército de intermediarios, comisionistas y conseguidores. Un paisanaje surrealista mucho más parecido a las novelas de Mario Puzo sobre Sicilia que a la Andalucía eficiente y eficaz que un día, hace ahora más o menos treinta años, soñamos ser. Si la autonomía, tan idealizada por ciertas generaciones, al final iba a servir para esto más valdría disolverla, sobre todo dada la actual fiebre revisionista.

Cualquiera en su sano juicio se preguntaría para qué diablos sirve una administración que ni ha conseguido que el acceso a una vivienda digna esté garantizado para los ciudadanos ni ha sacado del cambalache de la usura y la miseria moral algo tan sagrado como es el trabajo. Educa a nuestros hijos (en muchos casos mal) y cura nuestras dolencias, es verdad, pero a la vista del episodio de Mercasevilla y su red infinita, el sueño de la Andalucía imparable e innovadora se viene sencillamente abajo. Se derrumba como un castillo de cartón.

La náusea moral

La lectura política que cada uno quiera darle a los hechos es materia libre. Así debe ser en una sociedad que aspire a formarse su propio juicio. Incluso no es la más importante. Por mucho que el PP, en Sevilla y en Andalucía, trate de explotar el escándalo en favor de sus intereses electorales, particulares y partidarios, un ejercicio que algunos estiman lícito pero que a mi juicio también debería estar sujeto a ciertas reglas y a un determinado sentido de la contención, lo cierto es que, igual que no existen salvadores que estén esperando a la vuelta de la esquina (en realidad somos nosotros mismos) la profunda náusea que produce el hecho de que con el dinero de todos se haya estado alimentando lo que uno de los implicados ha llamado un fondo de reptiles es, sobre todo, moral. Ética.

Los socialistas, principales afectados por la investigación, tratan de delimitar la responsabilidad de los hechos a la conducta de “cuatro aprovechados”. Parece difícil de creer si se tienen en cuenta el número de intrusos que han aparecido (por ahora) en los expedientes de empleo analizados (casi cuarenta), las empresas cómplices en la operación (más de una treintena), los detenidos por la policía judicial (11) y los fondos (700 millones de euros) usados para alimentar la rueda, burlando todos los controles públicos. Si es una trama o una cadena de irregularidades tendrá que dictaminarlo la justicia.

Lo meridiano, de cualquier forma, es que Mercasevilla es un síntoma (sin anestesia) de que las cosas han llegado a un límite que sencillamente resulta insoportable para la mayor parte de la ciudadanía, a la que se le está aplicando sin piedad los ajustes derivados de la crisis (paro, inestabilidad, subida de impuestos, incertidumbre, empeoramiento de las condiciones de vida) mientras una casta política, ajena al mundo real, goza de todo tipo de prebendas, excepciones y discrecionalidad para dar y repartirse el dinero público.

Tendría gracia, si la sonrisa no se congelase de golpe, oír a ciertos políticos decir que la inclusión de determinados dirigentes socialistas en los expedientes que están bajo sospecha, siendo condenable, en el fondo es una forma incorrecta de entender “la solidaridad” con antiguos representantes públicos que no han cotizado lo suficiente por haberse dedicado a la política. De pensar esto al antiguo derecho de pernada sólo hay un escalón (mental).

Mejor mirar las cosas de frente. Sin paños calientes. Sevilla, desgraciadamente, es el escenario de una función de teatro que, además de añeja, se ha tornado increíble. Inverosímil. Asombrosa. Nadie en su sano juicio puede entender que durante décadas el despido de la plantilla de una empresa se subvencionase con el dinero común, que gracias a este sistema haya trabajadores (en unos casos excelentemente pagados, en otros no) en su casa sin hacer nada, que las empresas se ahorrasen los costes legales e incluso, en algunos casos, no repusieran el empleo (hay sociedades investigadas que de forma simultánea han recibido subvenciones por destruir empleo y recalificaciones urbanísticas para aumentar sus ingresos) y que, para colmo, estas prácticas más que cuestionables sirvieran además para el retiro dorado, o sencillamente para el enriquecimiento, de unos pocos elegidos.

Y, sin embargo, como dejó dicho Neruda, sucede.

Prejubilación con derecho a herencia

Carlos Mármol | 24 de noviembre de 2010 a las 1:05

El ex dirigente de PSOE de Jaén incluido en el plan de prejubilación de Mercasevilla sin haber trabajado nunca en la empresa municipal tiene asignada una “renta temporal” que pueden disfrutar hasta sus herederos legales.

La Junta, al menos en primera instancia, nunca llegó a validar su nombre. Pero según los documentos oficiales de la compañía de seguros cobró -indirectamente- dinero público procedente de la administración autonómica sin haber sido contratado por Mercasevilla.

Antonio Garrido Santoyo, el ex dirigente del PSOE de Jaén que ha aparecido como intruso en el segundo expediente de regulación de empleo de Mercasevilla, tramitado en 2007, fue incorporado al programa de beneficiarios por prejubilación de la empresa municipal sólo y exclusivamente en el momento procesal en el que el Ayuntamiento de Sevilla -a través de la dirección de Mercasevilla- y Vitalicio, la compañía encargada de gestionar la asignación de las rentas económicas de los trabajadores, pactaron las condiciones concretas de estos pagos en el tiempo.

Santoyo, según el expediente oficial merced al cual la Consejería de Empleo del Gobierno andaluz dio luz verde a este proceso de regulación de empleo, no figuraba en ese momento en la lista de trabajadores cuya baja prematura se incentivaba. Algo lógico, por otro lado: en realidad nunca estuvo contratado por Mercasevilla.

El expediente oficial

El 7 de mayo de 2007 la delegación provincial de la Consejería de Empleo, entonces dirigida por Antonio Fernández, emitió una resolución oficial firmada por el delegado provincial, Antonio Rivas, imputado en la primera pieza del caso que investigan los juzgados, referida al supuesto cohecho a un empresario de hostelería, en la que la administración regional autoriza el proceso de sustitución incentivada de la plantilla solicitado por Fernando Mellet en representación de Mercasevilla. En dicho escrito se da luz verde a la extinción formal de 63 contratos laborales sobre un total de 176 personas que forman la plantilla de la empresa de alimentación.

La medida llegaba avalada por la Inspección Provincial de Trabajo, que revisó la lista de beneficiarios y se reunió tanto con la dirección de la empresa como con el comité de empresa. Ambas partes estaban de acuerdo en lo esencial. Algo sustancial: la posición de los trabajadores era clave para que el proceso de regulación de empleo saliera adelante.

No es extraño que el comité de empresa refrendara la operación. Todo era (o parecía) legal. La dirección de Mercasevilla justificó la medida debido a la situación de “crisis” y “a las causas económicas y organizativas” y el comité, que venía de haber bloqueado un proceso similar acometido en marzo de 2006, había pactado al menos un plan de bajas incentivadas. La Administración central, y la autonómica, una vez rubricado el acuerdo entre la empresa y la parte social, decidieron bendecir la operación con una lista de trabajadores afectados. Dicha relación de empleados se incluye en un anexo del acta oficial que, en el mes de marzo de 2007, habían suscrito Mercasevilla y los sindicatos. En dicho documento se fija la condición para poder incorporarse a este proceso de bajas subvencionadas: haber cumplido 50 años de edad y, obviamente, ser trabajador de Mercasevilla.

El modelo seguido calca el utilizado en la regulación de empleo que la empresa municipal usó en 2003, también validado por la Junta de Andalucía. En este expediente también ha aparecido un segundo beneficiario irregular: una mujer que nunca llegó a trabajar en Mercasevilla y que, según la documentación del comité de empresa, fue incluida en el plan de jubilación anticipada.

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El proceso de salida de trabajadores se pactó durante tres años, dejándose abierta la incorporación de más o menos empleados. Los candidatos potenciales se mencionan con nombres, apellidos y otros datos personales, entre ellos su salario. García Santoyo no figura en dicha relación, lo que explica que ni el Estado ni la Junta pusieran inconvenientes. Todos los seleccionados eran empleados de Mercasevilla. Sólo se detectó “un error” (la no incorporación de un trabajador al proceso) que fue subsanado posteriormente. Este cambio se hizo de forma ortodoxa: fue notificado por Mercasevilla a la Junta en tiempo y forma. Tampoco se trata de Santoyo. Su inclusión en la lista fue validada por el delegado provincial de Empleo, Antonio Rivas.

Complemento salarial

Santoyo no aparece hasta que se firma la póliza de pago. Todo hace indicar que hubo un cambio entre la lista inicial que autorizó la Junta de Andalucía, que validó el comité de empresa y que vio la Inspección de Trabajo y aquella que Mercasevilla -supuestamente a través de Fernando Mellet, su director- le puso encima de la mesa a Vitalicio.

Dado que la mayor parte del dinero que sufragaba los gastos de las jubilaciones era de procedencia autonómica y, por tanto, público (Mercasevilla sólo realizaba un pago de 181.516 euros de prima) parece lógico pensar que la Junta de Andalucía tenía el deber de comprobar si los trabajadores que iban a percibir las ayudas eran los mismos del expediente de regulación de empleo. La responsabilidad mínima exigible: controlar el destino concreto de los fondos públicos. A tenor de la documentación existente, parece que esta función de control no se llevó a cabo. No estamos pues ante un problema de diligencia técnica, sino de omisión de un deber. Algo nada baladí cuando hablamos de un gasto global para las arcas autonómicas de hasta 3,4 millones de euros.

La incorporación del ex dirigente del PSOE de Jaén a la lista de beneficiarios de Mercasevilla se hace violando la ley y sin guardar las formas. Por ejemplo: ¿Qué tipo de renta se otorgaba a Santoyo si nunca llegó a ser trabajador? La póliza del Vitalicio regula los distintos tipos de aportaciones económicas de los prejubilados. Santoyo disfrutaba de la suya “de forma temporal” -durante 25 años- en concepto de “complemento salarial”. Algo sorprendente: hasta que comenzó a percibir irregularmente el dinero de la prejubilación no tenía ni nómina y ni relación contractual alguna con Mercasevilla.

El flujo de dinero a su favor además estaba garantizado en el tiempo. No sólo con respecto a su persona, sino también en relación a sus herederos. Si el comité de empresa no hubiera detectado este fraude, la inyección de dinero en favor del ex dirigente del PSOE de Jaén -al menos 112.000 euros- hubiera seguido sucediéndose en beneficio de sus familiares. La causa: la póliza incluye una cláusula que permite que, en caso de muerte del beneficiario, sus herederos legales puedan recibir durante el tiempo restante dichos fondos, aunque en un porcentaje del 50%. La generosa renta del falso prejubilado que responde por Santoyo era heredable.

Caso Santoyo: mapa de ruta

Carlos Mármol | 20 de noviembre de 2010 a las 18:56

Mercasevilla incluyó al ex dirigente del PSOE de Jaén en la lista de beneficiarios del ERE de la empresa sólo en el momento de negociar la póliza de pago con Vitalicio

Nadie conoce a nadie. Por supuesto, nadie sabe nada. Ni el alcalde, ni el ex consejero de Empleo, Antonio Fernández. Sin embargo, como diría Neruda, sucede. La tercera derivación seria del caso Mercasevilla, en el que se investigan delitos que van desde el soborno al tráfico de influencias, pasando por el cobro de supuestas comisiones ilegales, se centra en la figura de Antonio Garrido Santoyo, ex dirigente del PSOE de Jaén y, según algunos testimonios, cercano al ex sindicalista Juan Lanzas, mediador en el expediente de regulación de empleo de 2007 para “rejuvenecer” a parte de la plantilla de la empresa municipal.

Santoyo, según los documentos oficiales, figura como beneficiario del plan de prejubilación de Mercasevilla sin haber llegado nunca a pisar sus instalaciones. ¿Cobró? Él niega los hechos, pero existe constancia de que el dinero se le entregó. Con independencia de la aparición de un segundo intruso, en este caso una mujer, en el expediente anterior (de 2003), la clave del tsunami político que estos días zarandea al PSOE radica en saber en qué momento procesal se cuela a este militante socialista en la lista de beneficiarios. El punto exacto de su incorporación irregular a la nómina de empleados es lo único que permite acotar las responsabilidades iniciales, por acción u omisión, del supuesto desvío de dinero en su favor o en beneficio de un tercero, sea una organización o una persona.

La trayectoria administrativa del plan de prejubilación es un pozo de sorpresas. Bordea lo berlanguiano. Los primeros que se dieron cuenta del asunto –el comité de empresa, que trataba de confirmar con Vitalicio, la empresa con la que se firmó la póliza para financiar toda la operación, cuál era el compromiso real de pago la Junta– pensaron que era un error. ¿Ingenuos? No. Más bien nobles. En la empresa hay una persona cuyo segundo apellido es Santoyo, pero es una mujer. Las cantidades pagadas por la prejubilación no casaban con las suyas. No era un error: alguien había colado el nombre del ex dirigente del PSOE de Jaén en la relación de beneficiarios. La jugada era sutil: Santoyo, según todos los testimonios, no está en el ERE tramitado ante la Junta. Donde aparece por vez primera (al menos, hasta ahora) es en la póliza de seguros, un contrato cuyas únicas dos partes son la compañía privada que asegura y Mercasevilla. Nadie más.

La póliza en cuestión (número 83-190.001.858) se firmó el 16 de noviembre de 2007 en Madrid. En ella se regulan las condiciones del seguro colectivo de rentas en favor de los prejubilados, cuya relación es responsabilidad, según se declara en sus primeros puntos, del “tomador” del seguro. Mercasevilla. Esto es: es sólo la dirección de la empresa municipal, en aquel momento ejercida por Fernando Mellet, uno de los principales encausados en los juzgados por este caso, quien exactamente dice quién cobra.

Caso Mercasevilla

Mercasevilla –supuestamente su director, aunque el nombre de Mellet no figura expresamente en el contrato– es quien rubrica el acuerdo con Vitalicio sobre el régimen de rentas (de por vida, en unos casos; temporales, en otros) de los empleados, entre los que ya está Santoyo. La póliza tiene una memoria expositiva (nueve páginas) en la que el tomador del seguro (Mercasevilla) sella el acuerdo con Vitalicio. La firma y el sello de la empresa municipal aparecen en la página final, asumiendo pues el contenido íntegro del texto. No aparece reseñado el nombre concreto de la persona que firma, pero dichos poderes los ejercía Mellet. Ninguna de las páginas previas está firmada ni por Vitalicio ni por Mercasevilla. El documento se valida por tanto como un todo.

De idéntica manera se procede con el apéndice donde figuran cada uno de los beneficiarios de la póliza (distintos ya a los autorizados en el ERE). No hay una relación global (como muestran los documentos que el PP ha obtenido de la instrucción judicial), sino una hoja diferente por cada uno de los beneficiados. Un total de 18. En cada una de estas páginas se desglosa la forma de aplicación de la póliza global: el tipo de renta y el tiempo durante el cual se percibirá. En el séptimo lugar aparece la hoja de Santoyo.

Esta relación de beneficiarios tiene también las rúbricas de Mercasevilla y de Vitalicio, lo que significa que ambas partes validaron todos los nombres. La aseguradora asume así el compromiso de pago con los trabajadores que designa Mercasevilla, que financiaba el coste de la operación (las primas) con fondos propios y, sobre todo, con el respaldo de la Junta de Andalucía.

La dirección de la empresa municipal y la compañía de seguros firman (y sellan) en el último folio de la relación, no en cada uno de ellos por separado. Se deduce pues que, al igual que ocurrió con la memoria, lo que se rubrica es la relación en su conjunto. En bloque. ¿Cabría la posibilidad de que alguien ajeno a la dirección de Mercasevilla hubiera colado la hoja de Santoyo en la lista antes de la firma?

Parece una posibilidad bastante remota. Razones: cada una de las hojas de la memoria y del apéndice de personal están foliadas (tienen un número de registro, junto a su propio índice) y la correspondiente al ex dirigente del PSOE de Jaén tiene su referencia propia. Es consecutiva a las demás. Tampoco cabe la opción (más inverosímil) de que la dirección de Mercasevilla sólo hubiera firmado en realidad el último folio de la relación desconociendo el contenido de todos los demás. Igual que no rubrica todos los folios en el caso de la memoria de la póliza, sino sólo el último, tampoco lo hace con la lista de los trabajadores prejubilados. Si únicamente hubiera rubricado un folio, Mercasevilla sólo habría podido prejubilar a un trabajador: el último de la lista por orden alfabético.

La inclusión de Santoyo se produce, por tanto, desde el origen. Desde el momento en que se redacta el contrato de la póliza y se elabora la lista. Sin más testigos que Mercasevilla y Vitalicio. Los 18 prejubilados iniciales en realidad eran ya 17 más Santoyo. La póliza incluye unos suplementos donde se ajustan las cantidades a pagar, pero en ellos no se cambia la relación de beneficiarios.

Sin embargo, la documentación de la Junta que avala el pago de la póliza, cuya existencia siempre negó el ex consejero de Empleo, habla de “19 personas”. ¿Un lapsus? ¿Un error tipográfico? Este documento, firmado por el director de Trabajo, Francisco Javier Guerrero, sustenta la suscripción de la póliza por un importe de 3,4 millones de euros. Empleo asegura que dicho alto cargo fue destituido y que lo que firmó no tiene validez.

La fecha de la carta desmiente esta tesis: Guerrero firma el 5 de noviembre de 2007. Un año antes de su destitución. Su aval, por tanto, es firme. Institucional. Por eso Vitalicio empieza a pagar. La Junta ha tratado a posteriori de anular este compromiso, prueba de que, en realidad, siempre existió.

Intrusismo en Mercasevilla

Carlos Mármol | 18 de noviembre de 2010 a las 21:50

El misil tiene una trayectoria asesina. Y eso que venía de segunda mano. ¿Un éxito del PP? Bueno, ellos van a sacar pecho con o sin motivo, pero lo cierto es que el mérito, como saben muy bien los que conocen el asunto, es de otros. Cosa común en Sevilla: triunfar a partir de los logros ajenos. La cuestión, en todo caso, es que el asunto ha terminado por estallar. Y la intensidad es tal que la Junta de Andalucía, una vez aparecida la segunda derivación del asunto, no ha tenido más remedio que anunciar una investigación interna. Huele a decisión tardía y forzosa, aunque, dada la situación, es lo mínimo que se despacha. Por cierto: ¿Ha dicho algo el todavía alcalde?

Que dentro del expediente de regulación de empleo de Mercasevilla hayan aparecido repentinamente dos intrusos, uno de ellos un dirigente del PSOE de Jaén, es un asunto muy grave. No sólo porque tras él pueda llegar existir, presuntamente, una hipotética vía de financiación ilegal o, acaso, un posible caso de enriquecimiento personal. Ambas cuestiones tendrá que dictaminarlas un juzgado, pero en todo caso lo que viene a demostrar es que ni un proceso tan delicado como un despido colectivo se libra ya del vil interés y de la compraventa de ocasión. De los trapicheos que algunos llaman políticos y, casi siempre, son económicos.

mercasevilla

Si en Mercasevilla, donde el expediente tenía como objeto rejuvenecer la plantilla de la empresa, ha ocurrido lo que asoma, cualquiera sabe lo que hipotéticamente ha podido suceder en las numerosas regulaciones que en los últimos meses han pasado por la administración. Cuántos secretos tras algo tan triste como un despido.

Va siendo hora de aceptar la cruda realidad. Igual que hay gente que se hizo de oro en los años de la burbuja inmobiliaria con la necesidad de vivienda, por lo visto hay quien percibe beneficios, y no menores, por la destrucción de puestos de trabajo. Así funciona. Los norteamericanos hace tiempo que legalizaron los lobbies. A nosotros no nos hace falta. Ya están dentro.

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Maquillaje de cinco estrellas

Carlos Mármol | 31 de enero de 2010 a las 17:17

La auditoría definitiva de Mercasevilla, conocida esta semana, desvela el proceso de saqueo al que ha sido sometida dicha empresa municipal por los anteriores gestores, avalados por los dos partidos del gobierno local.

verdad y mentiras baja

COSAS veredes, Sancho, que harán hablar a las piedras”.

La frase, todo un clásico, acostumbra a vincularse a Cervantes, que la habría puesto en boca del Quijote. Hay sin embargo quien defiende –basta con ir a internet para contemplar cómo los españoles nos matamos a discutir incluso por estas cosas– que en realidad data de los tiempos remotos del romancero castellano, la tradición oral que permitió nacer, entre otras obras, el Cantar de Mío Cid, poema que glosa las gestas de Ruy Díaz y que oculta otra grandiosa lección de vida:

“Dios, qué buen vasallo, si hubiera buen señor…”.

Epopeya triste de un destierro injusto.

Sobre las autoridades

Los filólogos suelen utilizar este tipo de sentencias, entre otras cosas, como muestras de autoridad. Literaria, se entiende. El primer diccionario de la lengua editado por la Academia en el siglo XVIII se conoce con el nombre de compendio de autoridades porque la regulación de la lengua se ejemplifica mediante citas de escritores célebres. Rúbricas capaces de refrendar con su docto ejemplo lo que se sostiene en público. Curiosamente, en el mundo empresarial ocurre lo mismo sólo que, por lo que señalan los hechos recientes, uno puede fiarse más de los escritores que de los auditores. Quién iba a decirlo.

Mercasevilla es un buen ejemplo. El consejo de administración de la empresa municipal de alimentación ha conocido esta semana el contenido del escrutinio técnico definitivo de la etapa en la que los anteriores directivos de la entidad, ahora procesados en los juzgados por dos causas distintas, gobernaron el barco. Da miedo. Por no decir terror. El diagnóstico económico, encargado a Deloitte, desvela que durante el último lustro las cuentas oficiales de Mercasevilla han sido falseadas, saqueadas y maquilladas de forma sostenida. Con premeditación y alevosía. Sin cortarse.

La radiografía augura además un cáncer societario: pérdidas reales de 5 millones de euros mientras los balances hablaban de reparto de beneficios. Dividendos. Superávit. Y lo peor es que hay riesgo de metástasis: la empresa pública está abocada a la quiebra si la Junta de Andalucía no asume directamente el pago del expediente de regulación de empleo aprobado para “rejuvenecer a la plantilla”, calculado en unos nueve millones de euros. La Junta ya ha emitido su veredicto: no hay nada firmado, no hay nada que pagar. Punto.

El gobierno local (PSOE e IU), que fue quien nombró a los directivos cuya gestión está en cuestión, dice sentirse engañado por su conducta. Oficialmente los representantes municipales en el consejo de administración –de todos los partidos políticos; en esto no hay distingo alguno– lamentan no haber conocido antes estas irregularidades, descubiertas tan sólo a raíz de la instrucción judicial que lleva la jueza Alaya, con la que algunos socialistas parece que han perdido el Norte hasta el punto de cuestionar al propio poder judicial.

Extraña esta ignorancia teniendo en cuenta que quienes firman las cuentas son ellos. Quienes cobran dietas por evaluar la marcha de la empresa –que se nutre de fondos públicos– son ellos. Y quienes fueron elegidos por el Pleno para tal misión son ellos. Ni uno solo de los ediles –tanto del gobierno como de la oposición– ha reconocido este extremo. Andan ensimismados con el guión de la función de la tarde: los socialistas, haciéndose los suecos; los populares, jugando con los truenos de Júpiter. Los ciudadanos, mientras tanto, atónitos.

Sin responsabilidad

Aquí nadie tiene culpa de nada. Por no tener, probablemente no la tiene ni la empresa que en esos cinco años en los que se ha saqueado Mercasevilla bendijo las cuentas oficiales. Se llama Price Waterhouse y se dedica a elaborar auditorías. Es una autoridad en la materia, aunque los hechos no contribuyen mucho. Obviamente, hay excusas para todos los gustos: “Se nos facilitó información incorrecta e inexacta para la realización del trabajo”. Si se tiene en cuenta que es Mercasevilla quien elige y paga a su autoridad financiera, se entiende casi todo. Demasiado se entiende. El cazador no planeaba ser cazado. Maquillaje de cinco estrellas.

Claro que las responsabilidades tocan a todos. Incluidos los trabajadores ¿Hay necesidad de hacer un expediente para rejuvenecer la plantilla en una empresa que, aparentemente, va bien? ¿Es lógico duplicar los gastos de una sociedad pública para que siga pagando parte del sueldo a quienes se iban a acoger a este plan y, al tiempo, también a los nuevos trabajadores contratados para cubrir bajas? Barra libre de prejubilaciones con cargo, como siempre, a la bolsa del común. La noticia, por mucho que se mire, no tiene perfil bueno. Si esto ocurre en una empresa local de Sevilla, ¿qué es lo que no pasará en el sinfín de organismos, fundaciones y empresas municipales y autonómicas? Laus Deo.

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Profecías de Año Nuevo

Carlos Mármol | 11 de enero de 2010 a las 13:07

2010 será el año en el que Sevilla medirá su propia capacidad para salir de la crisis, se resolverá judicialmente el caso Mercasevilla y se dilucidará la gran incógnita política: quién será el candidato del PSOE a la Alcaldía.

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CUANDO el calendario, ese amigo cruel, marca la entrada de un nuevo año es usual hacer balance de la anualidad ida y avanzar una somera previsión de la venidera. El gran problema de esta tradición –íntima, en unos casos; pública, en otros– es incurrir en los mismos riesgos que Casandra, la mujer griega, convertida en personaje mitológico, a la que el dios Apolo –a cambio, por cierto, de un encuentro carnal– le otorgó el preciado don de predecir el futuro. Una vez que la sacerdotisa, tras la coyunda, decidió ser libre –esto suele ocurrir antes o después– y rechazó a su antiguo amante, éste le respetó la capacidad visionaria pero, en señal de desprecio por su conducta, hizo que los demás desconfiaran por norma de sus profecías.

De tal episodio se desprende una lección muy útil para la vida: cada vez que uno, aplicando la lógica, intenta anticipar a los demás lo que ocurrirá a medio plazo, la mayoría de las veces tropezará con el mismo obstáculo. El auditorio no oirá lo que uno dice, sino tan sólo lo que desea oír. Con el poder suele ocurrir igual. Algunos sólo gustan de escuchar lo que previamente dictan. La justicia poética no es su fuerte. Pero ampliando un poco la vieja sentencia clásica, bien podríamos decir que cumplir tan incómoda función es cosa de oficio: la verdad no sólo la dicen los niños y los borrachos. A veces también los periodistas.

Lo que viene

2010 será un año clave para Sevilla. En primer lugar porque después de la debacle económica y social de 2009 –basta ver las cifras de paro para confirmar los adjetivos previos– es de esperar que se produzca el inicio de la recuperación. La mayoría de los países occidentales están ya en dicha senda. En España la situación no es tan clara: todos los analistas señalan que el Reino sufrirá las consecuencias de la recesión durante mucho más tiempo que su entorno europeo. Las perspectivas, además, siguen siendo negativas: incluso aunque los indicadores económicos empiecen a mejorar en relación al último año, los expertos auguran un presente marcado por una leve recuperación pero sin capacidad de restituir los índices de empleo previos.

Sin trabajo, cualquier discurso sobre la mejora de la economía se torna irónico. Quien no tiene ingresos deja caer primero el optimismo. Después, los lazos de vinculación social. Si la situación se prolonga, la escala de valores muta. A partir de entonces cualquier supuesto es posible. Sevilla, con un tejido económico relativamente débil, dependiente de lo público, y sin la inyección de dinero que suponía la actividad inmobiliaria, tiene escasos motivos para mirar al futuro con una sonrisa. Depende sólo de ella. Y probablemente, conociendo a esta ciudad, ésta es la peor situación.

A nivel institucional, la coyuntura tendrá su correspondiente traducción. Parece poco probable que los ciudadanos presten oídos con la confianza de antaño a los cantos de modernidad impulsados por el gobierno municipal, que –por ahora– insiste en la misma vía retórica de la última década: tratar de vender un futuro luminoso –el pleno empleo, dijeron en su día– que no termina de llegar nunca. Salvo en los reportajes televisivos de rigor.

Con el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) lastrado en lo económico –por el reventón de la burbuja inmobiliaria–, la política pública de vivienda bastante atenuada por la falta de respaldo bancario y las empresas con dificultades reales para salir del pozo de la crisis, el mensaje de un inminente futuro mejor no es de esperar que coseche mucha credibilidad. O se cambia de tono, o la cosa puede volverse contra sus pregoneros, que además tienen que administrar una hacienda municipal deteriorada. Mala cosa en un año previo a unas elecciones locales que, por primera vez en mucho tiempo, aparecen como una ceremonia de fin de siècle. El momento trascendente de tener que optar entre dos mundos, aparentemente antagónicos, que acaso en Sevilla en realidad no lo sean tanto.

Asuntos pendientes

El rito electoral será en 2011. Pero huelga decir que casi todo estará cocinado antes. En primer lugar porque es de esperar que en los próximos meses se cierre la segunda pieza de la investigación judicial del caso Mercasevilla –el verdadero hito del tercer mandato de Monteseirín, atrapado entre su esfuerzo por tratar de cerrar los flecos pendientes de sus gobiernos anteriores y el eterno debate sobre su futuro político– y se resuelvan en una vista oral los dos frentes de este escándalo político. Del resultado de dicha causa pende el futuro de buena parte del gobierno local, que además tendrá que trabajar, al menos hasta el verano, con la incertidumbre de quién será el candidato a la Alcaldía de su fuerza mayoritaria: el PSOE.

En ocasiones anteriores, y sin estar en el gobierno de la ciudad, la costumbre socialista ha sido adaptar el poder institucional a las decisiones orgánicas. Hasta ahora, y hace ya cierto tiempo del último congreso provincial, esta tarea está pendiente. La designación, cualquiera que sea la opción elegida, alterará la armonía virtual en el seno del ejecutivo local. 2010 será año de ganadores y perdedores. De victorias y derrotas. Como todos. Laus Deo.

Mercasevilla: la ‘pieza’ del cohecho

Carlos Mármol | 20 de diciembre de 2009 a las 12:27

La juez estima la existencia de un supuesto delito de cohecho en la primera causa jurídica derivada de las irregularidades existentes en la empresa municipal de alimentación, cuya gestión está siendo investigada.

LA magistrada que instruye las diligencias judiciales abiertas en los juzgados de Sevilla por el llamado caso Mercasevilla, relacionado con la gestión económica de la empresa municipal de alimentación, ha cerrado esta semana la primera de las dos piezas derivadas de su investigación. Se trata de la parte aparentemente secundaria de dicho affaire, que curiosamente fue la que provocó su entrada en los juzgados –donde se ramificó posteriormente en dos vías distintas y complementarias– y provocó la consiguiente derivación política, una auténtica bomba de relojería tanto para el gobierno local como para la Junta de Andalucía.

Como se recordará, todo parte de una serie de conversaciones grabadas por los empresarios del grupo de restauración La Raza, que en dos reuniones consecutivas celebradas con los máximos ejecutivos de Mercasevilla (Fernando Mellet y Daniel Ponce), son invitados por éstos, presuntamente, a dejar olvidado un maletín de dinero en un despacho como colaboración (des)interesada con, según sus propias palabras, la Junta de Andalucía. No se trataba de una mera charla de café, sino de una conversación de despacho. Seria y, como parece desprenderse de las grabaciones aportadas por los empresarios, vinculante para lograr la subvención que dicha empresa había solicitado para sacar adelante una escuela de hostelería.

La verosimilitud

Si se entra a analizar los hechos desnudos, la causa, que será juzgada por un tribunal popular, tiene poco recorrido. Y no precisamente por carecer de importancia. Más bien todo lo contrario: las grabaciones son tan descarnadas que poca cosa puede añadirse a lo que muestran. Al menos, así lo ha estimado la instructora, que deduce la existencia un episodio de presunta corrupción. Otra cuestión es si existen elementos para que todos los imputados sean condenados. Este extremo dependerá de los ciudadanos del tribunal.

La instrucción judicial, que hay que recordar que llegó al juzgado debido a la decisión del PP de presentar una denuncia, porque el asunto llevaba meses en la Fiscalía, que en el momento de recibir la querella impulsada por Zoido no tuvo más opción que derivarla, se sustenta casi por completo en el registro de audio presentado por los empresarios. Y en su declaración en sede judicial, donde ratificaron su denuncia. Punto.

El resto del caso salta de escala –reducida entonces a los ejecutivos de Mercasevilla y a los empresarios– debido a las declaraciones de Fernando Mellet y Daniel Ponce. Especialmente el primero, que es quien –ante la Policía– sostiene que fue el delegado de Empleo de la Junta de Andalucía, Antonio Rivas, quien, en dos llamadas telefónicas, presuntamente le instó a reclamar a los empresarios el pago de la citada comisión.

MERCASEVILLA COHECHO baja

Aquí es donde el episodio, hasta ese momento limitado a los actores que participaron en la grabación, muta y empieza, como un escalador sordo, a ascender por el organigrama de la Consejería de Empleo. Rivas, en sus sucesivas comparecencias ante el juzgado, siempre ha negado estos hechos. Por activa y por pasiva. El PSOE de Sevilla, que se incorporó al caso con cierto retraso, y después de que el PP, al ser el único partido personado, amplificara mediáticamente buena parte de la instrucción, ha salido en su defensa. Tratando, evidentemente, de cortar cualquier posibilidad de que lo que pudiera ser un teórico cohecho cometido por responsables de una empresa municipal –y este factor se antoja esencial para entender todos los hechos– termine salpicando al final a cargos políticos de máximo nivel.

La juez, sin embargo, otorga la credibilidad necesaria al testimonio de Mellet. En él se apoya para ampliar el abanico de procesados y, tras conocer la posición de las partes, ordenar la apertura de un juicio oral por un supuesto delito de cohecho. Algo inusual en la historia reciente del Ayuntamiento. Muchos casos municipales habían sido hasta ahora objeto de litigio judicial. Pero, en su mayor parte, o quedaban en nada o se limitaban a la jurisdicción administrativa. El apartado penal, sobre todo con políticos de por medio, es toda una novedad. Será el tribunal ciudadano quien tendrá que avalar o cuestionar la verosimilitud que la instructora otorga a las palabras de Mellet. La clave se sabrá el miércoles, cuando la Fiscalía, que es quien comenzó la investigación, fije su posición. De ella depende el futuro de Rivas.

La ‘rama’ urbanística

Claro que la trascendencia política del caso Mercasevilla no radica ya, sin dejar de ser importante, en este supuesto cohecho. La madre del cordero está en la segunda pieza jurídica: la investigación sobre un supuesto acuerdo para beneficiar a la inmobiliaria Sando frente a Osuna en la adjudicación de los terrenos del mercado, cuya operación de traslado –fijada en el PGOU– está en cuestión a raíz de la denuncia inicial. En este asunto es donde el gobierno local tiene encima de la cabeza una espada de Damocles. De momento, junto a los técnicos imputados por la juez aparece ya un cargo electo: el ex concejal Gonzalo Crespo, presidente de la empresa en el momento de los hechos. El gobierno municipal no debería seguir mirando hacia otro lado.

Los dígitos del poder

Carlos Mármol | 11 de octubre de 2009 a las 18:56

El Ayuntamiento descarga en los técnicos municipales la responsabilidad de las irregularidades cometidas en Mercasevilla al tiempo que descarta, por boca del alcalde, asumir la más mínima consecuencia política.

ESTÁ CLARO que la coherencia no es un principio que se valore en política. Por mucho que se diga lo contrario. Esta semana, el ministro de Fomento, José Blanco, tuvo un arranque de sinceridad –venía algo sobrado, el gallego– en el Foro Joly, donde dijo, al ser preguntado por la ristra de ex ministros que han ido abandonando a Zapatero, que éstos, en lugar de criticarle, deberían darle las gracias. La razón: fueron tocados, en un momento de su vida, con el inmenso honor de formar parte del Gobierno. “Un ministro no lo es por sus méritos”, aseveró el responsable de la cartera con mayor carga inversora del Estado.

No se puede negar que dijo la verdad. No sé si toda. Pero mucha. Probablemente, se quedase incluso corto: ni los ministros, ni los consejeros, ni siquiera los concejales son elegidos para el cargo por su valía, sino porque alguien –el dedo del poder, que muta pero funciona siempre de la misma forma– puso su dígito sobre su figura en una coyuntura determinada. Las cosas cambian. Los ministros también. Incluso los dueños del dedo mágico, pero, curiosamente, en el sainete de la vida y el poder, con independencia de los personajes concretos del momento, las escenas casi siempre son las mismas. Parecidas. Similares.

Se dirá, no obstante, que en el caso de los concejales esta máxima no se cumple: al contrario que los miembros de los ejecutivos, los ediles –salvo las excepciones que permite la ley de grandes ciudades– sí son cargos electos. Pueden renunciar al ejercicio del gobierno, pero sólo a ellos compete la decisión de abandonar o no el ejercicio de su condición política de represenante de la ciudad. La teoría dice esto: la práctica, en cambio, es muy distinta. Los concejales, hasta el del pueblo más diminuto y perdido, son incluidos en listas cerradas por el correspondiente partido político, que es quien quita y pone, castiga o premia, destituye o asciende.

Lo que decía Blanco: todo se reduce a un simple dedazo. En política y en la vida, en general, hay dos tipos de personajes: aquellos que son algo por sí mismos –tienen oficio, acaso beneficio, formación, personalidad, guste ésta o no– y quienes, más que ser, se dedican a sólo estar. El lugar, siendo muy importante, no es vital. Lo trascendente es resistir y perdurar sin dejar de tener la opción de mejorar. Así se explica que aparezcan los mismos nombres ahora en un lado –la Junta– ahora en otro –el ayuntamiento– y después en un tercer lugar, cualquiera que éste sea. Siempre a la sombra del poder. Quienes nunca dejaron de ser ellos mismos, cualquiera que fuera su oficio o condición, después de pasar por un cargo, generalmente de forma amarga, hacen su análisis y terminan volviendo donde estaban o a sitios mejores. Los otros, cuando caen en desgracia, hacen pasillos.

Siendo esto así, lo curioso es que determinados políticos que aman con pasión las mieles del mando, aunque, como queda dicho, éstas no dependan de su capacidad –no vamos a poner ejemplos por no ser groseros–, no quieren las hieles. Esto es: desean ejercer el poder y conservarlo –lo difícil de mandar no es ser capaz de hacerlo, sino sobrevivir a tal experiencia, en especial en relación a los demás– pero no están dispuestos al más mínimo sacrificio ni, tampoco, a asumir las tareas ingratas inherentes a su condición. Se resumen en un concepto: la responsabilidad. Si la actividad es pública, se le puede añadir un adjetivo: política.

Algo de esto es justo lo que está ocurriendo en Sevilla al calor del escándalo de la empresa municipal Mercasevilla. La instrucción judicial, dividida en dos partes, está arrojando una serie de indicios nada edificantes sobre el funcionamiento del Ayuntamiento. Hay un número nada baladí de imputados por la magistrada instructora, declaraciones de políticos y ex concejales ante la policía, mediadores, empresarios y funcionarios públicos. Será la justicia la que delimitará la responsabilidad penal de unos y otros en este affaire que va camino de convertirse en el Gürtel de Monteseirín. Y de alguno más.

Pero esta investigación, cuyo nacimiento no es mérito de político alguno –tampoco del PP, como dice Zoido, que ha llegado al tema después de abierto el melón–, sino de los empresarios que tuvieron el coraje de denunciar ante la Fiscalía las irregularidades y aportar pruebas bastante verosímiles, no está teniendo traducción alguna a nivel político.

De hecho, la línea de defensa de los responsables municipales recuerda mucho a esta contradicción de ambicionar el poder y no sus consecuencias. Desde el alcalde al edil responsable de Mercasevilla, Gonzalo Crespo, todos han echado balones fuera con el argumento de que los técnicos no les advirtieron de nada, como si ellos pasaran por ahí. Los funcionarios, que han criticado en un escrito público esta actitud de los responsables municipales, tienen la misión de respetar la ley y asesorar a los cargos políticos. Pero éstos, a los que el partido de turno coloca –mediante el dígito mágico del poder– en un determinado lugar, no pueden pretender ser neutros ante su propia gestión. No lo son para lo bueno. Tampoco ante lo malo. En otro caso, ¿cuál es su función? ¿Simplemente estar?

Otras inquisiciones

Carlos Mármol | 28 de junio de 2009 a las 14:51

El PP fracasa en su intento de ‘armar’ una causa judicial general por el caso Mercasevilla mientras el gobierno local (PSOE-IU) simula, con la disolución de la fundación investigada, no saber de las irregularidades detectadas.

ESTÁ visto y comprobado que la política sevillana y el teatro –y no precisamente el bueno– cada vez se diferencian menos, si bien en cuestiones de dramaturgia urgente más de uno necesita con premura contratar a un buen asesor en la materia. No es además demasiado difícil de conseguir: algunos incluso cobran ya del Consistorio, vía subvenciones. Bastaría con llamarles a sede oficial y decirles convenientemente día y hora. Acudirían al instante legiones potenciales de candidatos a asesorar en el arte del buen parecer y mejor figurar. De fingir que se es como no se es. De intentar parecer mejor de lo que los hechos evidencian.

Teatro, al fin y al cabo, es lo que los tres grupos políticos municipales de Sevilla –todos– vienen haciendo desde que saltó a la luz pública el supuesto cobro de comisiones ilegales en la empresa municipal de alimentación, Mercasevilla. Un escándalo que está en los tribunales –hay en marcha una investigación de un juzgado de instrucción que ha sustituido las pesquisas iniciadas por la Fiscalía– y que ha comenzado a producir, como si fuera una máquina imperfecta, el habitual rosario de imputaciones, la desazón y alguna que otra seria preocupación en altas instancias. La cosa, efectivamente, no pinta nada bien. Más bien al contrario.

Las casualidades en política no existen. Ni tampoco, por mucho que alguno esté ahora sumido con dedicación absoluta en la tarea de su redacción, ante la falta de mayores capacidades intelecturales, las hagiografías repentinas. De loables vidas de santos sólo hay noticias expresas en la nutrida bibliografía eclesiástica. Y, como saben los expertos en Historia de la Iglesia, dicho sea con todo el respeto a quien piense lo contrario, lo suyo es descreer del autoincienso. Suele ocurrir que aquello que mejor se pinta es precisamente lo más frágil. O que detrás de la aparente fortaleza personal se esconde, agazapada, la debilidad. Cosa antigua: los romanos ya nos enseñaron que cuando se va a perder el Imperio es cuando más arcos del triunfo deben levantarse y las torres conmemorativas deben ser más altas.

En Mercasevilla los entremeses dramáticos han sido dos. Uno ha tenido a Zoido como protagonista estalar. Y el otro, al dúo que, por lo legal, forman Monteseirín y Torrijos. PSOE e IU, respectivamente. El goberno local. En el primer caso, la intención del único partido de la oposición en el Ayuntamiento –lo cual no es bueno ni malo; aunque ya se sabe que en la variedad está el gusto– era armar una causa general en los tribunales contra el ejecutivo que preside Monteseirín. Fue Zoido quien obligó a la Fiscalía de Sevilla a remitir sus instrucciones al juzgado –al denunciar los hechos en sede judicial– y el PP quien, a requerimiento de la juez, que reclamó más detalles y mayor concreción a su denuncia, presentó una querella criminal contra tirios y troyanos. Esto es: los supuestamente más implicados directamente en los hechos –petición de maletines con dinero– junto a otros muchos nombres tangenciales. No es por defender a nadie, pero el quite parecía excesivo. En la querella del PP aparece hasta el apuntador del teatro. Por si colaba. Y, a tenor de lo decidido por la magistrada, no ha colado. Es más: ha hecho que la credibilidad del líder de la oposición sea cuestionada por PSOE e IU. Es lo que tienen los excesos.

Los argumentos para hacer esta lectura no son propios. Parten del auto judicial, en el que se recrimina (de forma suave) al PP su obsesión por hacer una inquisitio generalis de la cuestión. La juez ha imputado a cuatro personas, de momento. El resto de nombres sugeridos por los populares están en barbecho, entre ellos al alcalde y a algún otro de sus hombres de mayor confianza. No porque sean inocentes de pecados varios, por acción y omisión, sino porque en este tema no hay prueba alguna contra ellos. El PP aún no se ha retractado: su portavoz justifica su decisión en base a lo que había leído y escuchado en algunos medios de comunicación. Sobran las palabras. En este punto habría que investigar, como casi siempre, qué fue antes: si el huevo o la gallina.

En el caso de PSOE e IU, el asunto discurre por idéntica senda: la de tratar de poner en escena una trama (novelesca, no se entienda mal el término) en la que algunos aparezcan como víctimas, en lugar de como consentidores tácitos. Será la juez quien formalmente acuse y juzgue. Es su oficio. Pero lo cierto es que, aunque ahora se pretenda hacer ver todo lo contrario, resulta evidente que la gestión de la Fundación Mercasevilla –cuya disolución han acordado los dos socios del gobierno local; los mismos que en su día decidieron su nacimiento– no ha sido ejemplar.

Sin entrar siquiera en cuestiones inquietantes. Al parecer, hubo un uso irregular de tarjetas de créditos, contrataciones extrañas e indemnizaciones por despido superiores a la legislación; en definitiva, utilización del dinero público con voluntad de poder. Ganar adhesiones y comprar silencios. No es que estas cuestiones sean nuevas: ocurren todo los días, son tan viejas como la propia historia. Lo que sorprende es que justo quienes han multiplicado los organigramas administrativos municipales –sufragados con dinero público– mediante experimentos como el de las fundaciones, cuyo fin es evitar los controles legales, se asombren ahora de que éstos no funcionen. Es realmente notable. Épico. Casi diría, sublime.