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Viajes hagas y los cuentes

Carlos Mármol | 12 de agosto de 2012 a las 6:06

La visita de Zoido a los Juegos Olímpicos provoca una leve tormenta de verano con la oposición, que aplica al regidor la receta que el PP usó para llegar a la Alcaldía: sembrar dudas sobre la rentabilidad de estos viajes.

No nos habríamos ni enterado si una cámara de televisión no hubiera cazado la imagen. Pero no hay mal (para el gobierno local) que por bien (para los ciudadanos) no venga. El alcalde ha pasado esta semana cinco días en Londres, donde la épica llama olímpica todavía se consume, para participar en un acto promocional de condición institucional: la organización en España del Mundobásket 2014. Hasta aquí todo perfecto. Normal.

De la naturaleza del desplazamiento nos informó el propio Consistorio a través del twitter del regidor. Menos de 140 carácteres y sólo después de que circulara por las redes sociales –traicioneras– una instantánea que mostraba al alcalde ya in situ y muy alejado de las egregias imágenes que nos envía su “director gráfico”. Mientras el relato oficial nos mostraba a un Zoido activo, a pie de tajo, sin fatiga, durante el tórrido verano sevillano –vigilando el carril-bus, en la fábrica de Artillería, en el Vacie–, la primera autoridad municipal ya estaba en realidad en tierras británicas. Pérfida Albión.

Era de esperar que el episodio, menor pero ilustrativo, degenerase en una breve tormenta de verano. El PSOE reclama información del viaje, su coste y todos los detalles relacionados con el particular. El gobierno local aplica el protocolo usual. Admite lo evidente (negar lo obvio suele ser el primer error) y minimiza la cuestión volviendo la vista atrás con las tesis de rigor: con Monteseirín y Cía esto era un dispendio –cierto es– y a los ciudadanos no les cuesta dinero porque lo ha pagado un tercero; en este caso la Federación de Baloncesto. Por tanto, no hay tema. Esto último sí es bastante discutible. La importancia de las cosas no depende de quien pague, sino del criterio que se tenga. Aquí hay asunto.

El pasado, ese enemigo. Lo que ocurre tiene más que ver con el pasado –y su interpretación política– que con el momento actual. Aunque en este tema el pretérito es siempre presente. Zoido es libre de ir a Londres a promocionar lo que estime conveniente –esta decisión está dentro de sus atribuciones como alcalde– al igual que en su día su antecesor elegía pensando en los intereses generales si había que hacer una gira (o varias) de promoción por Estados Unidos para vender a Sevilla como destino de negocios.

Estas misiones comerciales, que acostumbran a dar escaso rédito –las estrategias que funcionan requieren más trabajo que presencia– forman parte de la normalidad. Convertirlas en un escándalo es pisar el terreno de la demagogia política. Cierto es que (antes y ahora) este tipo de aventuras deben abordarse al menor coste posible para el erario público. Con sobriedad. Sin familia ni séquito. La única diferencia con respecto a la situación anterior es que los papeles se han invertido: quien ahora viaja es Zoido, que fue implacable durante su etapa en la oposición a la hora de sembrar dudas sobre las giras de Monteseirín. Hasta el punto de parecer que un regidor no podía moverse de la Plaza Nueva. Un aldeanismo inexplicable, por otro lado

El PSOE está aplicando al PP la misma medicina que hasta hace un año el actual gobierno suministraba desde la oposición: amplificar las cosas ordinarias para transmitir a la opinión pública una imagen de dispendio, como si el único factor para valorar los viajes institucionales fuera su coste. Desde antiguo se sabe: sólo el necio confunde valor y precio. Las cosas hay que enjuiciarlas en términos de su rentabilidad en relación a su coste. Por eso el actual equipo de gobierno elude la cuestión de fondo: ¿Sirven para algo estos viajes? Habría que preguntarse qué es más importante: si el coste de la excursión propiamente dicha o la prolongada ausencia del regidor de los asuntos locales, cosa que no depende del sitio donde se encuentre, sino de cómo se fija su agenda política.

Con dinero público. Frente al argumento que utiliza el Ayuntamiento –como paga otro, no hay debate– siempre he pensado que lo preocupante no es que un político viaje a costa del erario público –siempre y cuando los gastos sean razonables y no suntuarios; sin familia y sin colaboradores–, sino que se preste a determinadas invitaciones. Nadie da duros a pesetas. Ciertos pagos en especie antes o después terminan en un cruce de favores  que pueden condicionar –en ciertos casos– la exigible independencia política que otorga una mayoría absoluta. Siempre es mejor tener como alcalde a  un hombre libre que a un promotor deportivo patrocinado.

Por otra parte, el argumento de que quien pagó el desplazamiento fue la Federación de Baloncesto (FEB) es débil. Infantil. Tan frágil como el que usó el gobierno local –por boca de Gregorio Serrano, el concejal superlativo– para justificar el polémico desfase de un millón de euros que nos dejó la organización de la final de la Copa Davis. “Es que la Junta y la Diputación no participaron”, vino a decir, obviando la mayor. Si lo hubieran hecho el coste al erario hubiera sido superior, pues ambos organismos manejan dinero del contribuyente.

Con sus particulares variantes, algo parecido le ocurre a la FEB: una parte de su financiación depende de las arcas públicas, al igual que pasa con otras entidades corporativas del mundo del deporte. El dinero lo cobran en función de una serie de programas, pero sale del mismo sitio: del bolsillo de los ciudadanos.

Si alguien lo pone en discusión, véase el BOE, que en mayo de este mismo año, en estos tiempos inmisericordes de crisis, aprobó una serie de subvenciones a las federaciones deportivas, al igual que desde diferentes administraciones se hace con los sindicatos, los empresarios y otras entidades civiles y religiosas. Todas dependen, en un porcentaje variable, del dinero de los ciudadanos. La autofinanciación es una asignatura pendiente del cuerpo social español y, especialmente, andaluz.

El patrocinador. Así pues, que quien abone la escapada sea oficialmente la FEB viene a ser, además de una cortina de humo, lo de menos. Monteseirín también se fue a Turquía con su hombre de confianza en un jet privado al final de su mandato y el argumento dado al PP, entonces en la oposición, fue el mismo: es que paga otro, no los sevillanos. La pregunta de antes continúa siendo aplicable ahora: ¿Y para qué lo paga? ¿Qué tiene que darle Sevilla a cambio? Todo esto, claro, no se explica en un mensaje de twitter. Ni para poder comprenderlo sirven la luz (relativa) ni los taquígrafos que, afortunadamente, no son iguales a los periodistas, aunque algunos sueñen con cronistas como los transcriptores del Congreso, que sólo copian; no piensan por sí mismos ni pretenden analizar nada, que es peor.

Lo más llamativo del caso es que la FEB, a cuyo presidente Zoido concedió una de las medallas de Sevilla por su buen hacer en favor de la ciudad, es, además de representante institucional de un deporte, otras muchas más cosas distintas. Entre ellas, un operador inmobiliario con determinados intereses que pueden (o no) coincidir con el beneficio general de la ciudad. Ocurrió igual con la Federación de Tenis. A la vista está que acoger la final de la Davis fuera bueno para Sevilla es discutible, sobre todo dado el balance definitivo de la aventura. Y, sin embargo, quien lo cuestiona es poco menos que un hereje.

Viniendo de un ejecutivo que dice no creer en los dogmas urbanísticos –la ley, en realidad– no deja de resultar divertido, aunque como demostró hace poco el caso Decathlon (en colisión con el primer proyecto de la FEB para el Mundobásket) el urbanismo del PP tienda a ser reversible en función de lo que se decía en el Siglo de Oro: por ser vos quien sois. Zoido hace bien en promocionar lo que crea oportuno. Ahora sólo resta que nos cuente dónde irá el pabellón del Mundobásket y cuánto nos costará el capricho. Y, como dicen en las escuelas de negocio, si el proyecto tiene retorno, y no se queda, como siempre, sólo en un billete de ida.

La ciudad: manual de instrucciones

Carlos Mármol | 1 de julio de 2012 a las 6:12

Sevilla se ha salvado de la condena pública de la Unesco pero se enfrenta a una encrucijada que consiste en saber gestionar las pulsiones que, al igual que antes se inclinaron hacia lo efectista, ahora reclaman la tradición.

La biblia nos enseña que no existe mejor propagandista que un converso. Véase el caso de Pablo de Tarso. Esta semana, mientras la ciudad oficial vivía en vilo por saber el resultado del examen de la Unesco sobre la Torre Pelli, convertido por unos en una enmienda a la totalidad sobre Sevilla al completo, probablemente para enaltecer el orgullo patrio; al mismo tiempo que reproducíamos una vez más la controversia eterna sobre la identidad del predio hispalense, fluvial y antiguo; cuando algunos insistían en salvar lo que llaman la marca Sevilla (una ciudad, en realidad), nuestro prestigio, en cierto sentido, dependía más de la impresión personal de William J.R. Curtis, un historiador y crítico que es considerado por casi todos los organismos que entienden algo de arquitectura como el mejor juez (después del tiempo) del arte que consiste en construir edificios contemporáneos.

Curtis no vino a conocer el Parasol ni la Torre de la Cartuja. Viajó para ver San Telmo y, entre otros edificios, el olvidado poblado de Esquivel. Este historiador, que es un escritor brillante y, a ratos, impertinente, aunque acostumbre a acompañar sus opiniones con su eterna sonrisa de inglés bonachón, tiene la virtud de, además de tener un criterio propio, algo que se echa de menos sobre todo en la política municipal, argumentar sus decisiones (prueba de que las ha reflexionado) y aportar, en el océano de populismo y demagogia por el que discurre el debate sobre Sevilla, una visión externa, ajena a los compromisos y a los intereses que condicionan la discusión sobre la ciudad. Quizás por eso sus enseñanzas sean tan fecundas.

Su discurso, además de un profundo conocimiento de la historia de la arquitectura, nos deja una enseñanza sorprendente. Podría resumirse así: Sevilla continúa sin llegar a ninguna conclusión sobre cómo debería evolucionar, moviéndose siempre entre los extremos del efectismo moderno y el dogma del clasicismo porque, en realidad, no sabe leerse bien a sí misma. No reconoce los versículos de su propio libro urbano.

Si una ciudad es un pergamino antiguo, noble, gastado, donde se superponen las distintas escrituras del tiempo, como una atlántida sumergida que hay que descubrir para poder seguir navegando sin naufragar, la capital de Andalucía parece haber olvidado por completo algunas de las lecciones que la historia, maestra de la vida, nos enseñó hace décadas. Incluso siglos: la modernidad consiste en saber reinventar lo antiguo en función del contexto, del lugar y de la verdadera identidad.

No se trata de ninguna teoría académica. Ni de un concepto de corte intelectual. No. Los edificios que son realmente excepcionales casi siempre tienen dos méritos: son impuros, en el sentido de que mezclan diversos lenguajes en un único discurso, generalmente nuevo; y son el fruto de la síntesis inteligente entre las lecciones del pasado y la sabiduría del presente. No es fácil dar con la combinación precisa. Por eso todas las ciudades, en cierto sentido, resultan proyectos fallidos. Y, sin embargo, el verdadero reto consiste en no dejar de buscar.

Sevilla tiene, en la Giralda y en algunos otros edificios más, desconocidos incluso para los propios ciudadanos, algunos ejemplos de esta extraordinaria capacidad de la que goza la arquitectura para poder encarnar las aspiraciones de un tiempo o una época. Curtis lo explica con otras palabras: “Los grandes edificios son aquellos que transmiten antes incluso de que se les entienda”. La pedagogía viene después.

La reflexión del crítico inglés resulta conveniente justo en este preciso momento. Cuando Sevilla, tras la certeza de que la Torre Pelli será terminada, parece condenada a repetir la pulsión de los años previos, aunque con la variante opuesta. Si en la etapa de Monteseirín se optó por una arquitectura efectista, cara y de resultados discutibles, la era Zoido parece adentrarnos en el peligroso terreno de la ciudad como parque temático, sólo que de corte tradicional en lugar de futurista. Con independencia de las preferencias que tenga cada uno, el hecho evidente es que siempre nos movemos como un péndulo salvaje (en los extremos), sin acertar a encontrar el término medio, el punto en el que, según los clásicos, radica la virtud.

Sevilla ha llegado tarde a todas estas estaciones. Los políticos, porque las ciudades las construye el poder, rara vez los ciudadanos, optaron hace una década por reproducir, a nuestra escala, mucho más provinciana, el circo de artefactos formalistas de la arquitectura de la globalización. La ciudad quedaba reducida así a una imagen, un único símbolo que permitiera su comprensión inmediata, sin tener que pensar demasiado, capaz de ser reproducido en una revista de aeropuerto.

Frutos de esta megalomanía son el Parasol de la Encarnación, cuya relación con la arquitectura es tan discutible como su estética o su rentabilidad económica; y la Torre Pelli, que quedará (ya es inevitable) como ejemplo de un tiempo marcado por la desmesura. Siendo el proyecto más sobrio de todos los posibles para el Sur de la Cartuja (el concurso de ideas tenía propuestas aún más surrealistas), reproduce la misma patología icónica de la globalización. Esto es: una ciudad (la clásica o la moderna) debe poder resumirse sólo con una única imagen. Una foto.

Habría que preguntarse si somos tan simples. Si Sevilla no será en realidad bastante más compleja. El nuevo escenario que se abre tras la Torre Pelli, por los escasos signos legibles del discurso municipal, parece augurar una especie de vuelta a las raíces, aunque con variantes. La tesis de que la Sevilla tradicional debe prevalecer en el centro y que los experimentos, si se hacen, porque ahora no hay dinero, mejor en lo que el Ayuntamiento todavía denomina “los barrios”, que es la Sevilla extramuros. La ciudad real.

El modelo, a pesar incluso de su escasa solidez conceptual, se resume en una receta: el centro debe ser un parque temático para el turismo, con azulejos en Triana; y la periferia (relativa) el territorio para dar carta blanca al inversor. La célebre alfombra roja. Y, sin embargo, ninguna ciudad puede ser un organismo armónico si se mueve entre estos dos extremos. Más bien será una ciudad dual, sin cohesión no sólo social, sino urbana.

La receta de William J.R. Curtis es de naturaleza distinta. Y, sorprendentemente, viniendo de alguien de fuera demuestra conocernos mejor que nosotros mismos. Probablemente porque, por muy singulares que creamos ser, somos iguales a otras muchas urbes. Su propuesta está llena de sentido común: hay que aprender del pasado, pero renovándolo, reinventándolo.

Sevilla nunca tuvo necesidad de acudir a modelos ajenos porque su modernidad está, aunque no sepamos atisbarla, en su raíz. Es ella misma. Tan a la vista está (en la Giralda, un edificio donde el Renacimiento se cimenta sobre el pasado musulmán y los sillares más antiguos son romanos y visigodos) que no sabemos ni mirarla.

No se trata de reproducir los modelos heredados, imitándolos, como si el tiempo no hubiera pasado, o de convertir la ciudad intramuros en un parque temático destinado al turismo para situar los edificios en altura fuera del centro. Se trata, en palabras de William J.R. Curtis, de “recordar que lo mejor de lo nuevo a veces puede depender de la metamorfosis inteligente de lo antiguo”. Toda una lección.

Torre Pelli, vicios capitales

Carlos Mármol | 24 de junio de 2012 a las 6:06

Sevilla no ha sido capaz a lo largo de su historia de construir una imagen de sí misma compartida por la mayoría de los ciudadanos. Su configuración urbana nace de la eterna oposición entre los contrarios, nunca de la síntesis.

Francisco de Quevedo y Villegas, caballero de la Orden de Santiago, espía y poeta, señor de la Torre de Juan Abad, un diminuto villorrio manchego cercano al Campo de Montiel, lo dejó escrito en su excelente tratado sobre el poder de las monarquías: Política de Dios, Gobierno de Cristo. “A vuestro cuidado, no a vuestro albedrío, confió las gentes Dios nuestro Señor”.

Otro tanto podría decirse de los alcaldes y la ciudades: las grandes urbes, igual que los pueblos y las naciones, son dejadas en custodia a los sucesivos gobernantes para que éstos las mejoren o al menos no las empeoren durante su mandato, no para que las descompongan a su antojo y capricho.

Sevilla siempre ha ignorado este consejo. Su configuración mental y urbana, en lugar de ser fruto de un cierto consenso, obedece a una sucesión de decisiones arbitrarias tomadas por los sucesivos linajes con mando en plaza, muchos de ellos efímeros, pero aspirantes perpetuos a capitalizar las tareas de su gobierno.

No somos pues una ciudad con vocación ecuménica ni armoniosa, sino el resultado de ese vicio tan sevillano que consiste en superponer las propias ficciones sobre las ajenas, imponer nuestras obsesiones jerárquicas sobre la realidad y preferir la decoración y el aderezo a la solidez de los buenos edificios. El lugar donde perduró durante más tiempo la arquitectura efímera.

Hace falta mirar hacia atrás para poder comprenderlo. En el Renacimiento, los humanistas hispalenses, de vida breve y herencia escasa, proyectaron la sombra de su ciudad ideal –Roma– sobre el territorio de la Colonia Rómula Iulia. La urbe en la que habían nacido no les satisfacía: era una ciudad medieval, abigarrada, sin plazas, llena de adarves. La conquista cristiana se limitaba a un pendón sobre una de las torres del Alcázar y a un cuerpo de campanas en la cima de las viejas mezquitas.

Prefirieron negar esta realidad –renunciando en consecuencia a mejorarla– para sustituirla por su aspiración. Recurrieron a la tecnología de los artefactos: instalaron, con motivo de las celebraciones públicas más tracendentes, un rosario de decorados virtuales –de inspiración clásica, en su mayoría– sobre un tejido urbano cerrado y difícil. Durante un tiempo hicieron cierto su sueño mediante el recurso de la suplantación.

El problema fue que, fracasando, crearon escuela. Desde entonces hasta ahora muchos continúan negando en Sevilla la ciudad cierta porque no pueden comprenderla o no son capaces de transformarla de verdad, más allá de la epidermis.

Cuando uno contempla la Sevilla actual, en cierto sentido visualiza la ciudad de los nobles arcos triunfales que podían ser barridos por el viento, hechos para el Corpus, o los túmulos dedicados a conmemorar los decesos regios. La capital del soneto con estrambote de Cervantes. Roma triunfante en ánimo y nobleza donde todo resulta majestuoso un instante y, al punto, se esfuma. Un lugar pretencioso y falso. Pues su ánimo era bastante corto y los linajes se compraban en las gradas.

Cinco siglos después, estas dos ciudades no desentonan en demasía. Todavía padecemos una sucesión de arquitecturas frustradas, muchas de ellas con vocación grandilocuente, que persiguen sustituir la Sevilla anterior confiando en los milagros. La única diferencia es que lo que antes era efímero ahora es sólido. Por lo demás, seguimos peleándonos con enorme furia por gritar a los demás cómo somos en lugar de pensar cómo deberíamos ser.

Sevilla conocerá dentro de cuatro días el resultado de la asamblea de la Unesco que decidirá si nos retira el máximo sello patrimonial que disfrutamos por el mejor cahíz de la tierra, como llamaban en el XVI al conjunto monumental formado por la Catedral, el Alcázar y la Lonja.

En función de lo que pase se harán distintas lecturas, pero todas –me temo– esquivarán el problema de fondo: ¿Por qué no asumimos de una vez la ciudad que tenemos e intentamos mejorarla en lugar de dedicarnos a enfrentar las banderas de la nostalgia costumbrista y la modernidad aparente?

Si retenemos nuestro prestigio patrimonial –relativo, en todo caso–, muchos dirán que habremos salvado el buen nombre de Sevilla. Alguno se creerá un héroe. Si nos dejan sin él, el sermón más previsible nos culpará por haber pecado de soberbia al poner en peligro nuestra alma por el capricho de la atalaya que se levanta, desafiante, al Sur de la Cartuja, que más que competir con la Giralda, la emula.

Ambas posturas prolongan el eterno bucle de Sevilla, que consiste en reinventar sin descanso una ciudad que existe desde hace siglos. Que tenemos delante de los ojos y que no queremos ver, cegados por nuestras propias ideas sobre ella. Sevilla es la suma de todas las urbes previas y la antesala de todas las futuras. Un nombre polisémico. Pero no hemos sabido configurarlo como un bien compartido, común. Preferimos tirarnos a la cara nuestros respectivos decorados.

La Sevilla antigua dejó su sitio a la musulmana; la medieval, a la renacentista. Después vinieron la urbe de la Contrarreforma y la Inquisición. La ruina y los señoríos agrarios se consolidaron algo más tarde, con el breve paréntesis de Olavide, el sueño de una hermosa ilustración hispalense que, como tantas otras cosas, nos llegó desde América. Desde entonces, añoranzas y exposiciones universales, seguidas de las correspondientes crisis. Cíclicas. Constantes.

Al calor del polémico dictamen de la Unesco discutimos de nuevo si tradición o modernidad, si paisaje histórico o rascacielos. ¿Importa demasiado si todos seguimos mirando en la dirección equivocada? Los sucesivos tránsitos históricos reproducen siempre un mismo canon: niegan la ciudad existente para prometer una utopía modernizadora, en lugar de hacer el camino contrario, que pasaría por mejorar primero la Sevilla real para justo después alcanzar los sueños.

Ninguna de estas dos visiones enfrentadas quiebra nuestra aspiración de seguir siendo una urbe celestial. Nuestro problema quizás radica justo en esto: no somos capaces de ser una ciudad normal. Llevamos siglos obsesionados con imponer a los demás nuestra propia ficción sobre Sevilla. Es controversia infinita: al fin y al cabo lo que queremos consolidar es un relato sobre nosotros mismos. Nunca lo lograremos.

Sevilla nos parece destinada a encarnar este decorado capaz de cambiar en función de las circunstancias históricas o económicas. Pero en el fondo para nosotros mismos sigue siendo un misterio íntimo, el gran secreto. Escondido y a la vista, al mismo tiempo. Si aún no lo hemos comprendido antes es porque no dejamos de inventarla, superponiendo espectros para simular transformaciones que no llegan.

En la Sevilla del Renacimiento los humanistas usaban arcos triunfales para camuflar espacios impuros que igual servían como tentaderos que para los autos de fe. La Torre Pelli, el Parasol o la difunta biblioteca del Prado tienen idéntico objeto aunque su génesis sea diferente; mientras los renancentistas ignoraron la ciudad real por su ansia de alcanzar la urbe ideal, los falsos arcos de la gloria de Monteseirín nacieron del absolutismo, el mal de quienes gobiernan sobre la regla de sus caprichos, en lugar de garantizar las necesidades generales.

Las ocurrencias más recientes de Zoido –destruir la Alameda de Hércules o instalar un azulejo de cerámica en la zapata de la calle Betis para anunciar lo evidente: que Triana sigue donde siempre, idea que parece más propia de Las Vegas que de Europa– acaso son menos aparatosas pero igualmente estériles. Porque mientras unos se regodean en la gloriosa involución y otros pregonan el futuro, del presente de Sevilla no se ocupa nadie. La verdadera ciudad sigue esperando. Extramuros.

Unos piensan en Sevilla como un organismo perfecto que no debe cambiar. Una momia que nunca envejece. Otros la ven como un pueblo pobre y con pretensiones que necesita hacer ruido para llamar la atención. ¿Por qué hay que conformarse con estos extremos? Elegir entre la urna de San Fernando y la Torre Pelli no soluciona nada.

Nuestro problema es cultural. La verdadera Sevilla se nos antoja misterio porque es evanescente. Desconocida hasta para sus hijos, queda oculta tras el velo de las polémicas. La Unesco puede condenarnos pero no resolverá esta duda. No descubrirá cómo somos porque esto –la identidad– depende de nosotros. De nadie más.

Verde, rojo y blanco: el eterno bucle municipal

Carlos Mármol | 27 de octubre de 2011 a las 6:00

Zoido recurre a la misma receta que Monteseirín: condonación tributaria para ambos equipos y posible recalificación urbanística.

Para muchos el fútbol es una hermosa pasión. Para otros, un fenómeno tribal. Como dejó dicho para la posteridad el actual presidente autonómico de Asturias, Francisco Álvarez Cascos, en su día todopoderoso secretario general del PP de Aznar, también es una cuestión de “interés nacional”. Por todo lo cual, a nadie se le escapa que hablamos de un potente instrumento de propaganda política. De imagen.

Quizás por eso no sea nada extraño que el nuevo gobierno municipal de Sevilla parezca decidido a empezar a transitar por el mismo sendero que otros –bastante antes que él– ya caminaron. Dicho en seco y por derecho:la utilización del deporte con mayor proyección popular como una herramienta para consolidar su imagen política.

El Ayuntamiento ha iniciado conversaciones informales con el Betis y el Sevilla FC –jurídicamente dos sociedades mercantiles privadas– para “colaborar por el interés general de Sevilla”. Según dijo ayer el alcalde, Juan Ignacio Zoido, al que últimamente se le ve mucho más cauto ante ciertos temas que hace apenas unos meses, dichas conversaciones todavía están en una fase “embrionaria” pero, a su juicio, el “interés [de ambos equipos] coincide con el interés de la ciudad”.

No siempre ha sido así. Ni mucho menos. Aunque el juicio definitivo dependerá, evidentemente, de cuál sea el concepto del interés general que se tenga. Si por tal se entiende dar un trato tributario y urbanístico singular a ambas entidades, estaríamos en un supuesto determinado. En cambio, si ese concepto se limita sólo al hecho de tener buenas relaciones institucionales con ambas empresas deportivas sin por eso hacer excepciones en relación a la ley, hablamos de otro escenario distinto. Lo que ocurre es que todavía no está muy claro en cuál de estas dos orillas nos encontramos.

Sacar conclusiones definitivas todavía no es posible. Al menos, de forma categórica. Sí resulta, sin embargo, oportuno recordar cuál ha sido el tratamiento que los anteriores gobiernos locales han dado a los “intereses” de Betis y Sevilla. Sencillamente como patrón para evaluar de forma seria las decisiones que vaya tomando el ejecutivo de Zoido. Sin apresurarse más de lo necesario. Antes o después, llegará el momento conveniente.

Hay que empezar por hablar de dinero. Después tocaría mencionar el siempre interesante devenir del urbanismo, que también es dinero, aunque ahora, en teoría, algo menos de lo que era hace apenas unos cuatro años, cuando cualquier convenio urbanístico timbrado con el sello municipal, incluso los más genéricos, valía su precio en oro. En sentido literal, además. El mercado inmobiliario mandaba.

La cuestión tributaria

Con respecto a la cuestión tributaria, comienzo con una obviedad: ni el Real Betis ni el Sevilla FC pagan sus impuestos en tiempo y forma al Ayuntamiento. Ambos clubes han figurado históricamente en la lista de morosos del área municipal de Hacienda sin que, paradójicamente, se les haya aplicado nunca por parte de ningún gobierno local (de uno u otro signo) ningún tipo de medida sancionadora, como ocurriría con cualquier otra empresa, ciudadano o entidad jurídica.

Habría que interrogarse sobre los motivos de este trato diferencial. Tienen donde elegir:algunos pensarán que no es de recibo;otros, que como son entidades que llevan el nombre de Sevilla por el mundo, habría que eximirlas de estas molestias tributarias. Sin entrar a valorar ninguna de ellas, lo que en cualquier caso es un hecho cierto es que tanto el Betis como el Sevilla han interpretado secularmente (son entidades centenarias) su interés particular sobre la premisa de que no hay que pagar impuestos al municipio. Cosa llamativa.

El Ayuntamiento, sin embargo, no les ha reclamado el cobro de este dinero. O, al menos, nunca ha pasado de los avisos menores. En realidad, el manual aplicado por los distintos alcaldes –con los que Zoido parece ahora venir a coincidir– pasa por salvar la situación con algún tipo de acuerdo ex profeso en el que, saltándose la normativa tributaria –que debería aplicarse por igual a empresas, ciudadanos y entidades–, se consumaba una especie de condonación de deuda o pago en especie. La prestación fiscal sustitutoria. Una forma de vestir el muñeco ante una posible reclamación de trato de favor que no se aplica jamás al resto de contribuyentes ordinarios. Probablemente porque, en el fondo, no sea del todo verdad aquello de que todos somos iguales ante la ley. En esta creencia, además, no hay excepciones en función del sesgo o de las siglas políticas.

La condición de intocables –fiscalmente hablando– de Betis y Sevilla ha sido un hecho común en la política municipal de las últimas décadas. El ejemplo más gráfico procede de la etapa de gobierno del anterior alcalde, el socialista Alfredo Sánchez Monteseirín, que estuvo en la Alcaldía desde 1999 a 2011. El ex regidor gobernó primero gracias a los andalucistas y después –durante ocho años– con el apoyo de Izquierda Unida.

Tanto en uno como en otro periodo su decisión en relación a esta cuestión fue idéntica: no exigir el pago de los impuestos municipales a los dos clubes de fútbol y, llegado el caso, habilitar procedimientos a la carta para poder condonar sus deudas con posterioridad. A nadie le pasa desapercibido que su objetivo político era similar al que ahora tiene en la cabeza el PP: lograr la simpatía de los seguidores de ambos equipos de fútbol. Algo que, en términos políticos, se traduce en un caudal de votos potenciales.

En 2002, durante su primer mandato, Monteseirín llegó incluso a montar un trofeo específico para que los débitos de Betis y Sevilla quedaran saldados. Un pago en forma de acuerdo por ciertos partidos y, también, anuncios publicitarios. El edil de Hacienda entonces era el socialista Carmelo Gómez, que ocupó cargos en la junta directiva del Sevilla FC. Unos meses antes de dejar el poder, la fórmula volvió a repetirse: Monteseirín dejó firmado un acuerdo que, al parecer, perdona al menos al Sevilla su deuda con la hacienda local. Su contenido exacto, hasta ahora, no ha trascendido.

Convendría preguntarse por qué el PP, que se ha dedicado en los primeros meses del mandato de Zoido a sacar de los cajones diversos acuerdos secretos del anterior gobierno local, no ha desvelado todavía el contenido de este convenio. ¿Acaso porque piensa hacer lo mismo? ¿La excusa de la operación será ahora aceptar jugar una serie de partidos en el Estadio de la Cartuja? En tal caso basta con pasar a pasiva la afirmación oficial de colaboración:no son los clubes los que van a ayudar a la ciudad, sino el Ayuntamiento quien ayuda a los clubes en el pago de sus impuestos. No es ni de lejos lo mismo.

Las recalificaciones

De fondo, además, está la cuestión urbanística. La razón por la que a Zoido no le conviene por ahora ser mucho más concreto sobre las negociaciones. Por lo menos, hasta después de los comicios autonómicos. Sevilla FC y Betis se pusieron en el mes de julio en la cola de las recalificaciones urbanísticas que, a raíz del caso Ikea, abrió el nuevo alcalde nada más llegar al poder. Las dos entidades deportivas, que ya fueron objeto de sendos convenios a la carta en 2003 sin que Monteseirín lograse por su parte el compromiso de trasladarse al Estadio de la Cartuja, pretenden dar una nueva vuelta de tuerca a la negociación cerrada en su día para que –de forma singular y específica– el Ayuntamiento les regale mayores plusvalías. Sin compensaciones.

Los dirigentes del equipo de Nervión quieren más espacio lucrativo para actividades comerciales. Su postura siempre ha sido contraria a irse del Sánchez Pizjuán.El Betis necesita dinero para poder terminar las obras del Villamarín. Un traslado a la Cartuja es una hipótesis con ventajas e inconvenientes. Sobre todo, económicos:¿cuánto cuesta usar y mantener el coliseo diseñado por los arquitectos Cruz y Ortiz?

Por otro lado, la ciudad no está ahora en un proceso de revisión urbanística. Terminó en 2006. Ha sido la posición política de Zoido con Ikea la que ha precipitado ambas demandas. ¿Si le dice que sí a la multinacional sueca cómo va a decir que no a los equipos de Sevilla?

Está visto: lo mejor es que el “interés general”de Sevilla sea un concepto vago e impreciso.

Y, sobre todo, variable. Por si acaso.

Pánico escénico

Carlos Mármol | 2 de agosto de 2011 a las 6:00

Ayer era 1 de agosto. Fecha fatídica. Decidieron empezar con el urbanismo. Hoy está previsto otro capítulo. Pero con un argumento aparentemente diferente: las “malas prácticas” en los distritos municipales. Parece el título de una película de miedo. Evidentemente, el relato se moverá sobre el guión más o menos previsible. E incluye el elenco habitual: los malos serán los socialistas e IU y los buenos, los hombres ejemplares de Zoido. Justicia poética, lo llaman.

El nuevo gobierno local no parece tener miedo a repetirse. Total, el verano es una época informativamente cruel. Se sabe: las defensas están bajas (si es que alguna vez estuvieron altas) y casi todo cuela en los periódicos. Serpientes de estío. De propuestas propias y proyectos políticos de futuro hasta ahora los nuevos dirigentes municipales han dicho bastante poco. Casi nada. Todo su discurso exterior –llamarlo político me parece excesivo– se basa en las habituales denuncias sobre los tiempos municipales pretéritos, paradójicamente los mismos que el pasado 22-M les llevaron al poder con un respaldo inusitado.

El menú informativo previsto es de plato único. Al menos, hasta la procesión de la Virgen de los Reyes, en la que se espera –algunos rezan ya por ello– que se produzca una reedición del pasado Corpus. Alabanzas, loas y vítores. Somos la Sevilla que quiere un alcalde. Aunque la pregunta que convendría hacerse, que algunos empiezan a hacerse a tenor del rumbo que están tomando las cosas, es otra: ¿quieren realmente gobernar o no?

Las dudas no son caprichosas: parten de la espiral en la que parece encontrarse anclado el gobierno local, que no termina de romper amarras con su etapa como oposición y, tras los esperados ceses y nombramientos, que han llevado su tiempo, continúa dirigiendo su esfuerzo a seguir culpando a la oposición (PSOE e IU) de las siete plagas de Egipto.

Este discurso sólo tiene un problema, además de la reiteración: el pasado (Monteseirín) ya no está y el futuro se desconoce, así que sólo queda a la vista el presente. Y éste debería servir para gobernar con la holgada mayoría lograda (20 ediles) y aplicando el programa electoral para que Sevilla funcione. Y, sin embargo, no pasa. Siguen obsesionados con las lecciones de moral.

Lo de ayer fue surrealista: el concejal de Urbanismo, Maximiliano Vílchez, convocó a la prensa para informar de “las novedades” del caso Ikea. Ya saben: el proyecto de la multinacional sueca para instalar un segundo complejo comercial en los terrenos de San Nicolás Oeste. Su viabilidad depende de una recalificación urbanística a la carta –imposible con el actual PGOU, y que sólo puede validar la Junta– que ya ha supuesto un antes y un después en la percepción sobre cómo va a ser el nuevo ejecutivo de Zoido.

Pues bien, a priori podían producirse dos hipótesis: que Vílchez desvelase la posición municipal en relación a este asunto o que, quizás, anunciase un acuerdo de mínimos con Ikea para salvar la situación. No en vano, el plazo oficial que el propio alcalde anunció en su día –finales de julio– expiró ayer mismo.

Ni una cosa ni otra. El edil al que el nuevo alcalde ha encomendado las negociaciones con Ikea no dijo nada sustancial de ellas, salvo que han empezado “desde cero” (en el último Pleno aseguró estar atado por un convenio firmado por Monteseirín). Tampoco aclaró cuál ha sido el planteamiento político del ejecutivo local a la hora de sentarse a hablar. Sospecho que es porque no existe. Toda la comparecencia consistió en desarrollar el mismo argumento ajado: el PSOE aprobó en Jerez una recalificación idéntica a la que ahora critica en Sevilla.

A algunos probablemente dicha afirmación les parezca un golpe de efecto. Pero, en realidad, no es ninguna novedad. Ni siquiera para el PP, que ya la ha usado antes para culpar a los socialistas de hacer todo tipo cambios en la normativa urbanística con el fin de bendecir una recalificación de Ikea. Ahora bien, ¿qué tiene que ver todo esto con el fondo de la cuestión? Y sobre todo: ¿qué tiene que ver con Sevilla? ¿O es que Vílchez es edil en Jerez?

Los hechos son tozudos:que los socialistas aprobaran el Ikea allí no hace mejor la operación que ahora el PP persigue en Sevilla. Ambas son malas para cualquier ciudad si no se respeta la normativa y se logran las suficientes contraprestaciones. Las cosas no son mejores o peores según quien las haga. Sencillamente se atienen o no a la ley. Y en el caso de la urbe hispalense, lo que persigue la multinacional sueca es ilegal: forzar una recalificación urbanística cuyas plusvalías, en lugar de ir al Ayuntamiento, servirán para financiar a coste cero su implantación. Todo un negocio.

Lo sustantivo, además, es lo que piensa hacer el PP, que es quien gobierna Sevilla con mayoría absoluta por decisión de los ciudadanos. Y esto es lo que, en realidad, no está nada claro. Se percibe cierto pánico escénico en el ejecutivo de Zoido a la hora de manejar este asunto, que sólo aborda para hablar de las “trabas” de la oposición.

Sería un milagro, porque quien negocia con Ikea son ellos y quienes tienen la mayoría política en el Pleno para aprobar cualquier acuerdo (en el ámbito municipal) es el PP. La Junta no ha llegado siquiera a evaluar la recalificación porque no se ha presentado y, según Vílchez, además no tiene que presentarse. ¿Entonces?

Da la impresión de que el PP no se atreve a seguir adelante aceptando el desgaste inherente a tener que elegir.¿Qué miedo tienen? ¿Por qué no aprueban esta recalificación si cuentan con 20 ediles? De momento lo único que han incumplido es el plazo prometido por ellos mismos. Zoido dijo que todo estaría arreglado “antes de finales de julio”.Estamos en agosto. El alcalde prometió en la campaña ser inflexible con los plazos. Empezamos con las excepciones. Aunque no es grave. Lo grave es ganar con 20 ediles y seguir con la cabeza en la oposición.

Transparencia relativa

Carlos Mármol | 31 de julio de 2011 a las 6:00

Las promesas de transparencia del nuevo equipo municipal de gobierno avanzan tímidamente a pesar de ser uno de los compromisos electorales de Zoido. Los ejemplos: los sueldos, el urbanismo y la circular de información.

Acogiéndome al generoso amparo del alcalde, que esta semana, con motivo de la polémica por la madre de todas las derogaciones (Plan Centro), ha defendido “la libertad de expresión y de opinión”, me veo en la obligación de recordarle, porque viene al caso que nos ocupa, lo que dicen que dijo Goethe en el lecho de muerte, con el pie casi rompiendo el estribo: “Luz, más luz”.

El nuevo gobierno local llegó al poder hace algo más de un mes. Y lo hizo, entre otras, con la promesa de ser transparente y ejemplar en su gestión. Lo segundo depende de lo primero. Se trata de una vieja reivindicación ciudadana que, sin embargo, los distintos grupos políticos que han gobernado la ciudad a lo largo del tiempo reciente siempre han confesado desear pero nunca terminaron de cumplir. El fondo del asunto es sencillo: un ayuntamiento es una institución pública y, al financiarse con el dinero de todos, sus decisiones pueden –y deben– ser examinadas por aquellos que deseen hacerlo más allá de la habitual propaganda con la que nos deleitan nuestros estimados gobernantes. Puro sentido común.

Zoido ha querido esta semana cumplir este compromiso. A su manera, claro. Si cuando llegó al poder tuvo el gran acierto de restituir a la oposición en los órganos de gobierno de las empresas municipales, ahora, quizás porque durante las últimas semanas ha estado tropezando con la incómoda piedra del urbanismo (asunto que aunque el ejecutivo local quiera diluir con los habituales señuelos va a seguir dando grandes tardes de gloria), el regidor, además de eliminar el Plan Centro por decreto (ellos lo llaman resolución; también las recalificaciones eran modificaciones puntuales), ha optado por otra derogación planetaria: la de la ordenanza que limitaba el acceso de la oposición a los expedientes municipales.

En su día el PP la llamó, por conveniencia electoral, la circular Torrijos. En realidad fue aprobada por la mayoría entonces vigente (PSOE e IU) con el argumento de la protección de datos. ¿Qué decía esa circular? Que cualquier edil que quisiera consultar los expedientes del gobierno tenía que pasar por un determinado filtro, aunque en realidad era un calvario.

En aquel momento el sendero establecido obligaba a la oposición a pedir cada uno de los puntos que se quisieran examinar a los distintos servicios municipales (que tenían cinco días para enseñar los documentos) una vez discutidos por el gobierno. Los populares, que sorprendentemente parecen ahora no ser capaces de abandonar la mentalidad del palomar –espacio donde habita la leal oposición en la Plaza Nueva–, censuraron tal decisión y reivindicaron sus derechos.

A quien le tocó pronunciar la solemne declaración fue al edil Curro Pérez, que en un Pleno de febrero de 2008 reclamó ver los expedientes del gobierno local tres días antes de que los discutiera el gobierno de Monteseirín, sin limitaciones de tiempo y con libertad plena para poder realizar copias de los documentos oficiales. El concejal popular se amparaba en el reglamento de funcionamiento del Consistorio (que Zoido piensa cambiar, según su programa) y en el derecho de la oposición a ejercer su labor.

Pérez tenía toda la razón. Cuestionar el derecho de la oposición (y de los ciudadanos, que no es lo mismo) a consultar la documentación municipal parecía tener poco que ver con la protección de datos. En esto hay que ser muy rotundo: cualquier sevillano debería poder tener acceso, si quiere, al recorrido administrativo de las decisiones municipales. Internet lo permite. Es posible.

Las tornas políticas han cambiado. Y el PP, dentro de su táctica de culpar de todo al anterior gobierno (a veces con razón; en otras ocasiones con una voluntad de revancha que no casa con su humildad, tan pregonada), decidió esta semana cambiar la citada circular para garantizar “la transparencia absoluta”. De nuevo Pérez, a la sazón ahora portavoz del Gobierno, fue el encargado de comunicar tan excelente decisión. Cosa digna de celebración: el capitular popular tiene capacidad política más que demostrada para bastantes más cosas que organizar la Velá de Triana, tarea a la que, inexplicablemente, le ha condenado el alcalde sin inmutarse.

Los cambios no generaron mucha alegría en la oposición. Los socialistas los critican alegando que se quedan cortos. Los populares, cuyo ánimo aflora más en las respuestas que en las propuestas, volvieron a su argumento intelectual: “Vosotros erais bastante peores. ¿De qué os quejáis?”. Torrijos, cuyo nombre quiso vincular el PP a esta circular restrictiva, explicó lo que ya dijo en su momento: que las supuestas limitaciones derivan de un informe de la secretaría municipal.

Todo esto, claro está, es la epidermis del asunto. Vayamos al fondo. ¿Qué es lo que ha cambiado el PP de dicha norma? La expectativas eran grandes. Tanto como el discurso del edil Pérez en aquel Pleno de 2008. El análisis documental –que es justo lo que todos los gobiernos quieren evitar que hagan los ciudadanos que desconfían de las consignas– arroja algunas incoherencias y atenúa en buena medida el impacto de la “transparencia absoluta” que afirma haber recuperado el PP en el Ayuntamiento. La oposición, ya se sabe, es de natural desagradecida. Incluso cuando se le ayuda.

La circular, en realidad, no se ha derogado, aunque sea el verbo de moda. El PP simplemente ha modificado su redacción jurídica en un par de párrafos. Se refieren al espacio físico donde la oposición podrá a partir de ahora consultar los expedientes y al tiempo. Si antes había que ir a los correspondientes servicios municipales cinco días después (a veces tardaban más, dada su eficacia), ahora será en el propio ayuntamiento (sección actas), tres días después de aprobar los asuntos. Los lunes pasan a ser los días grandes en Plaza Nueva, si las filtraciones previas del gobierno permiten a la oposición abrir frentes propios.

Como decían los dibujos animados, eso es todo, amigos. Punto. Ni el PP va a dar los expedientes municipales antes de ratificarlos en su reunión semanal de gobierno, ni los informes jurídicos de los funcionarios (a los que pagamos todos) van a conocerse con suficiente antelación a las decisiones políticas. Tampoco, tal y como en la oposición reclamó Zoido, los ediles podrán ver los temas tres días antes de discutirse.

De las fotocopias nos olvidamos. Si Monteseirín quería que se le pidiera permiso (como en el ejército) para obtener una mísera versión de un documento oficial, Zoido deja la situación igual que su antecesor:en su mano seguirá estando la potestad de autorizar a la oposición a tener los documentos que pida. No se les vaya a ocurrir repartirlos en una rueda de prensa. Habrá generosidad, qué duda cabe, siempre y cuando los socialistas e IU no hagan peticiones “inconcretas”, “genéricas” o “injustificadas”. ¿Quién decide todo esto? El alcalde, se supone. Para eso ha sacado 20 concejales.

A partir de aquí cada uno es libre de sacar sus conclusiones. Aunque para tal viaje no hacían falta alforjas. Zoido puede ordenar, como ha hecho en el último Pleno, todas las comisiones de investigación que desee sobre la gestión del anterior gobierno local (serán bienvenidas) para dar la impresión de llegar al fondo de las cosas. Pero mientras tenga guardada la llave de la fotocopiadora en la mesa de caoba de la Alcaldía todo parecerá impostado.

Nadie duda de la buena voluntad del PP. Nos han dado ejemplos: no supimos (por ellos) el sueldo de sus altos cargos, ni tienen intención de notificar los salarios de sus gerentes, ni han colgado su patrimonio en la web municipal. Tampoco han explicado qué es exactamente lo que negocian con las empresas que quieren recalificaciones a la carta. Ellos, mientras tanto, presumen de Open Government. Bueno. A mí me parece que la prometida luz es más bien penumbra. Y los taquígrafos, los escribas de los scriptorium medievales. Únicamente copiaban. No pensaban. Ideales, ¿verdad?

El dinero de las hermandades

Carlos Mármol | 29 de julio de 2011 a las 6:00

El Ayuntamiento de Sevilla ha entregado en el último lustro más de 4,7 millones de euros a las cofradías e instituciones religiosas. Más dinero del que destina a pasar la ITE, la rehabilitación o la infravivienda.

Más de cuatro millones y medio de euros en un lustro. A casi un millón por año. El Ayuntamiento de Sevilla ha concedido desde 2005 a las hermandades y cofradías sevillanas más de 4,7 millones de euros en ayudas y subvenciones directas –en la mayor parte de los casos a fondo perdido– para que estas entidades confesionales, gestionadas por asociaciones de fieles pero dependientes jurídicamente de la Iglesia, acometan distintos proyectos relacionados con la conservación del patrimonio artístico que poseen, amplíen sus locales sociales o desarrollen diversas actividades relacionadas con el culto.

Este desembolso, que se inició en 2005 por decisión del anterior alcalde, Alfredo Sánchez Monteseirín, ha tenido continuidad tras el reciente cambio de gobierno en el Consistorio. El nuevo regidor, Juan Ignacio Zoido, de hecho liberó hace apenas unas semanas en una de sus primeras juntas de gobierno ordinarias el segundo pago de la subvención económica municipal concedida por su antecesor a favor de la hermandad del Gran Poder.

La concesión de estas ayudas, que para algunos está justificada dado el alto valor del patrimonio de las cofradías, y para otros no es más que un sistema creado por los sucesivos gobiernos locales para ganarse la adhesión de este importante sector de la sociedad sevillana, está cubierta únicamente con un convenio global de colaboración que el Consistorio suscribió en su día con la archidiócesis de Sevilla. El objetivo oficial de este acuerdo era cofinanciar –con dinero público– una serie de obras de rehabilitación y reforma en los inmuebles particulares de las hermandades. La Gerencia de Urbanismo de Sevilla se encarga por decisión de la Alcaldía desde ese momento de redactar técnicamente todos estos proyectos y pagar su realización.

Monteseirín fue especialmente generoso con las cofradías. A pesar de su discurso político en contra de la Sevilla Eterna, el anterior alcalde, que solía acudir a los actos cofrades y presidir las procesiones, suscribió acuerdos de colaboración con estas entidades religiosas por valor de más de 3,1 millones de euros. Una cantidad considerable. Los beneficiarios de estas subvenciones, otorgadas todas de forma directa, fueron la hermandad del Cachorro (180.000 euros), la cofradía de Monserrat (40.000) y sobre todo la Esperanza de Triana, que tiene dos expedientes distintos por valor de casi 275.000 euros.

La primera entidad pidió el dinero para reformar la iglesia, mejorar su casa de hermandad e instalar un nuevo sistema de seguridad para proteger sus imágenes. La hermandad de Monserrat justificó la petición del dinero para rehabilitar la fachada de su iglesia. La Esperanza de Triana, en cambio, gastó estos fondos tanto en su templo como en una serie de fincas anexas –hasta cinco– de su propiedad para abrir un centro infantil dedicado a tratar a los “niños hiperactivos”.

Junto a ellas, en la documentación municipal a la que ha tenido acceso este periódico aparecen otras subvenciones a favor de la parroquia de la Salud (12.000 euros), el complejo parroquial San Pío X, situado en el Polígono Sur, al que se destinaron 840.000 euros, o el convento de Santa Paula, donde se reservaron 612.787 euros para recuperar su noviciado y crear un nuevo espacio expositivo.

No todos los expedientes corresponden a proyectos de perfil estrictamente patrimonial. La Hermandad de la Madre de Dios del Rosario, por ejemplo, logró 100.000 euros para rehabilitar su casa de hermandad, situada en la calle Pureza. El motivo: ser la patrona de los capataces y los costaleros.

El Gran Poder consiguió 100.000 euros limpios para pagar el camarín de su titular e instalar un sistema especial de protección de la imagen. La Macarena recibió del Ayuntamiento hasta 300.000 euros para su proyecto museográfico, unas instalaciones que administra la hermandad en régimen particular. La última gran subvención la comprometió el Ayuntamiento saliente para pagar la rehabilitación de la iglesia de Santa Catalina: 705.059 euros que saldrán de los presupuestos locales. De esta cantidad, una parte (403.650 euros) fue para el arreglo de las cubiertas del templo. El resto (301.409 millones de euros) se han comprometido para los estudios que necesita el proyecto de rehabilitación.

El cambio de gobierno cogió al anterior ejecutivo municipal con muchos de estos proyectos sin cerrar en la vía administrativa. Según la documentación municipal más actualizada, quedan por entregar aún una serie de subvenciones ya tramitadas (con un expediente abierto) pero que todavía deben vestirse jurídicamente con la firma de un convenio. Su importe global es de más de un millón y medio de euros.

Corresponden a ayudas pedidas por la Hermandad del Cerro del Águila, con la ésta quiere pagar parte del edificio de tres plantas que ha convertido en su nueva casa de hermandad (71.967 euros); la hermandad del Baratillo (que prácticamente pagará casi toda la restauración de su capilla con fondos públicos), la parroquia de Santa Ana (202.319 euros), la parroquia de San Isidro Labrador (Pino Montano), que ha recibido una ayuda de 73.065 euros para modificar la portada de su templo o la Hiniesta, que tiene un proyecto (pagado con fondos municipales) por valor de 247.513 euros para una nueva casa de hermandad, poner una sala-museo e integrar restos arqueológicos.

Estas generosas cantidades entregadas a las cofradías contrastan con la limitación presupuestaria existente para otros proyectos de naturaleza similar. Por ejemplo: las ayudas para poder pasar la ITE (sólo 200.000 euros), los programas de lucha contra la infravivienda (613.000 euros) o los planes de rehabilitación privada y autonómica de vivienda, que tienen bastantes menos fondos municipales.

Por decreto

Carlos Mármol | 26 de julio de 2011 a las 19:00

Ni hacía ninguna falta ni, a tenor del discurso oficial del PP, parecía ser conveniente. Pero ninguna de estas dos circunstancias ha servido de nada. Zoido decidió ayer derogar el Plan Centro por decreto. Promesa electoral cumplida, contradicción sobre la mesa.

Habrá quien piense que lo que ha hecho el nuevo alcalde es un ejercicio de coherencia: cumplir lo que decía su programa electoral. Es discutible. No tanto en el fondo –la eliminación de las restricciones del vehículo privado en el casco antiguo– sino en las formas: con una inesperada resolución de la Alcaldía –quien la firma viene a ser lo de menos– que instaura el viejo vicio del ordeno y mando.

Se dirá que el anterior regidor, Monteseirín, usó idéntico procedimiento. ¿Lo hace eso acaso mejor? No lo parece. Si éste es el argumento único del PP resulta débil. Infantil. Exculpatorio. Si a Monteseirín se le reprochaba haber impuesto el Plan en lugar de consensuarlo con los afectados, a su sucesor puede aplicársele el mismo patrón, pero en sentido negativo. Impone su derogación, sin matices ni consenso que valga. Que Zoido cuente con una mayoría de 20 ediles y Monteseirín tuviera una de 17 concejales es secundario. Los dos tuvieron en su momento el requisito esencial: suficientes votos en el Pleno.

                                                       Foto: Juan Carlos Vázquez

Extraña el camino elegido. Zoido, que pregonaba el consenso para todo en su etapa en la oposición, y que nada más tomar posesión prometió que gobernaría como si no tuviera la absolutísima mayoría de la que disfruta, anunció que llevaría al Pleno la derogación. Al menos la oposición iba a tener derecho al pataleo. Tres días antes decide promulgar la resolución, después de que su versión oficial –que las cámaras no funcionaban– haya sido desmentida por los propios funcionarios municipales. Algo falla. Había prevista una manifestación de protesta de 23 colectivos. ¿Miedo a la calle? Quizás no. Pero el cambio de criterio da que pensar. Y bastante.

Argumentos para una derogación

Carlos Mármol | 24 de julio de 2011 a las 6:06

La eliminación del Plan Centro, que a pesar de sus errores ha conseguido reducir la afluencia de vehículos al corazón de Sevilla, pondrá a Zoido frente a la primera movilización ciudadana contraria a su gestión política.

La estampa es asombrosa. Inusual. Todo un acontecimiento: ver al nuevo gobierno local admitiendo, por vez primera, algún tipo de éxito por parte del anterior ejecutivo municipal, al que siempre culpó de todos los males que en Sevilla, como decía la célebre cita de Miguel de Cervantes, “vieron los siglos pasados, los presentes y esperan ver los venideros”.

Lo digo por un llamado informe –yo lo denominaría de otra forma, pero ésta es una cuestión que ahora no viene al caso– que esta semana se ha sacado de la chistera la Alcaldía para justificar su honda obsesión (otros lo llaman coherencia) por derogar el Plan Centro. Ya saben: el sistema municipal de control de vehículos privados del corazón de Sevilla que, con pedagogía escasa y errores ciertamente notables, vino a poner en marcha el equipo de gobierno presidido por Monteseirín en la última fase de su tercer mandato. Antes del ocaso.

Resulta que Zoido, que juró durante la campaña electoral derogar tal medida, y que probablemente lo haga esta próxima semana en un Pleno que promete ser entretenido (tratándose de una sesión de la Corporación esto ya es toda una novedad), ha desvelado esta semana, amparándose en dicho dictamen, que las cámaras de vigilancia que debían velar por la aplicación de la medida están desactivadas desde marzo. Por tanto, su idea de dejar sin efecto las restricciones en realidad no causará problema alguno en la movilidad de la ciudad.

El documento, en honor a la verdad, no es un informe, aunque esté encabezado con este generoso epígrafe. Tampoco es técnico. Viene a ser algo así como un folio y pico que firma el director general de movilidad –que no es funcionario, sino arquitecto; uno de los altos cargos fichados por el PP del sector privado– donde se expone un singular análisis sobre la aplicación de esta polémica iniciativa municipal. El miembro del equipo de Zoido afirma (en realidad supone; de ahí las dudas sobre su naturaleza técnica) que la causa de la inoperatividad del sistema de cámaras de vigilancia del centro “pueden ser los índices de error por las deficiencias en las lecturas de las matrículas [de los coches]”. Ylo pone en negritas, para que no haya dudas. Bueno.

Lo mejor del informe, sin embargo, no es su conclusión (discutible), sino su inicio. Lo que los retóricos llamaban el introito. Reza así: “Desde 2007 a 2011 se ha producido un descenso del 48% del tráfico de vehículos particulares a la zona centro de Sevilla”. Todo un dato a tener en cuenta. De ser verdad tal afirmación –cosa que no hay que poner en duda– habría que concluir que el Plan Centro, tan denostado, ha sido un rotundo éxito incluso antes siquiera de nacer.

Porque el sistema no empezó a funcionar hasta finales de 2010. Que vengan menos coches al casco antiguo de Sevilla –100.000 vehículos lo colapsaban a diario– es un mérito del anterior gobierno local, que, como el Cid, después de fenecido ha salido triunfante del envite. Que lo diga además el actual ejecutivo municipal es doble honor. Se sabe: uno no debería juzgarse nunca a sí mismo (cosa que suelen hacer los políticos), sino aceptar que sean los otros los que analicen tus gestas. Sobre todo en la vida pública.

El PP, obviamente, no lo interpreta igual. Considera que en realidad ha sido un fracaso, algo que a todas luces es contradictorio con el único dato expuesto en el citado informe. De todas formas, la lógica en esto tiene muy poco que decir. Zoido va a derogarlo sí o sí, como se dice ahora. No hay mucho que discutir. Y, sin embargo, los argumentos de fondo en los que se sustenta esta inminente decisión política denotan cuál es la mentalidad predominante en el gobierno local sobre lo que es (o debe ser) una ciudad. Su nuez histórica, más concretamente.

El alto cargo municipal que firma este estudio nos aclara la cuestión: el Ayuntamiento, al parecer, ha recibido “quejas de los comerciantes y de las empresas que gestionan los párkings rotatorios” instalados (todavía) dentro del conjunto histórico. Dicen haber perdido clientes. Esto es: vinculan un hecho (el descenso del tráfico privado) con otro (la pérdida de ingresos). En el caso de los aparcamientos, no cabe duda: a menos coches, menos ingresos. En el supuesto de los comerciantes (afectados por la crisis, igual que todos) la cuestión ya es mucho más subjetiva. ¿La gente no va a comprar a sus comercios sólo porque no llegan a ellos en coche o quizás por otros motivos?

El Ayuntamiento dice además que, junto a las quejas de estos sectores, con evidentes intereses crematísticos en el acceso de vehículos al centro, “el ciudadano no ha entendido la medida”. Llamativo: ¿si no se ha entendido la medida cómo es que vienen muchos menos coches al centro? Todo un misterio.

Dejando de lado todas estas incógnitas, que me temo que nadie va a aclarar, el gobierno local concluye –sin dar argumento alguno– que modificar el sistema actual, como ha propuesto la oposición, “no mejoraría la consideración que los sectores económicos tienen del Plan Centro”. Magnífico: la cuestión no es el beneficio general de la medida, sino la consideración de los “colectivos económicos” antes citados. Previsible, por otra parte: a la oposición se le ofrecen todos los pactos del mundo pero a la hora de la verdad sus propuestas se desestiman. Para eso el PP cuenta con una mayoría (absolutísima) en el Pleno.

La principal razón del PP para derogar el Plan Centro es que “en estos tiempos de crisis hay que facilitar las transacciones económicas y las correctas relaciones comerciales entre los diferentes sectores de la población”. Lo de “correctas” es notable. De dicha afirmación se desprende que la movilidad en la ciudad es una cuestión en la que el único criterio a considerar, frente a todos los posibles, es la facturación de determinados negocios y tiendas particulares. Revelador, sin duda.

Que el Plan Centro nació con problemas no es un secreto. El anterior gobierno local lo quiso imponer (más que consensuar) e improvisó su implantación hasta el infinito, actitud que avivó la controversia. El tiempo, sin embargo, le ha dado la razón: la circulación (y el aparcamiento) han mejorado en el centro. Dado que las cámaras no han funcionado parece que el éxito consistió más bien en un factor psicológico: se convenció a los conductores de que se puede vivir sin llegar en coche a todos sitios. No es lo ideal, pero parece suficiente. Ni el centro se ha muerto (basta mirar a la calle para darse cuenta) ni la ciudad se ha colapsado. El plan puede y debe mejorarse. Pero levantar la veda al vehículo privado no traerá mejora alguna. Más bien quizás el colapso que se vaticinaba.

Zoido tiene que reformar una ordenanza vigente para poder derogar el plan. Todavía es un misterio si no hará en su totalidad o en parte. Tampoco se sabe si sustituirá otras medidas de dicha ordenanza. Su pregonada política de transparencia aún no ha aclarado este extremo. Sí parece claro, a tenor del informe que ha enseñado esta semana el PP, que su visión de Sevilla está mucho más influida por las quejas de estos colectivos (los párkings y un sector de los comerciantes, curiosamente aquellos instalados en zonas peatonales) que por otros ciudadanos con mentalidad distinta, menos condicionados por la facturación a la hora de discutir el tipo de ciudad en la que desean vivir. Al parecer, el centro de Sevilla no debe servir más que para aparcar en los párkings rotatorios y comprar en ciertas tiendas. Todo lo demás es secundario. Salvo el día del Corpus, por supuesto.

El regidor afirma que debe cumplir su promesa electoral. Es su opción. También lo es la decisión de las entidades sociales favorables al proyecto (peatones, ciclistas, ecologistas, discapacitados y hasta los taxistas, colectivos dispares) de manifestarse contra su derogación por entender que perjudica a la ciudad. Será la primera concentración contra la política de Zoido. El autotitulado alcalde de la calle. Veremos.

La coartada conveniente

Carlos Mármol | 4 de julio de 2011 a las 6:10

Existen paradojas terribles. Por ejemplo: que quien quiso pasar a la historia por ser el gran artífice de la ciudad razonable que Sevilla siempre ha aspirado (sin éxito) a ser vaya a convertirse, una vez esfumado el poder, atributo temporal que muchos consideran divino, en su principal enterrador. Hablo del excelentísimo ex alcalde, que se ha ido de la Alcaldía –es la versión oficial; y ya se sabe que todas las versiones oficiales suelen ser ciertas– dejando la hucha del Plan General sin un duro y poniendo en bandeja a su sucesor los argumentos necesarios para hacer (con su mayoría de 20 ediles) lo que ha venido a hacer.

En pocas palabras: alterar el libro urbano de Sevilla –con el empleo como coartada– para que el lápiz urbanístico, en el que algunos siguen confiando como único sistema para hacer negocios, vuelva a ser conducido por una mano resolutiva que transforme, sin reparos ni lirismos, el modelo urbano elegido por la mayoría –al menos, así fue– en un magma voluble y tan flexible que ya no se pueda diferenciar entre el criterio (general) y el interés (particular).

Algunos empiezan a ponerse en cola: significativamente el primero ha sido el presidente del Sevilla FC, José María del Nido, procesado por el caso minutas, quien ha abierto públicamente la veda, aunque su único mérito es verbalizar lo que otros –todavía– callan. Zoido se mantiene cauto. De momento. No cabe engañarse: la cuestión clave de la nueva etapa municipal –como siempre– será la política urbanística, en la que radica el verdadero poder. Todo lo demás es protocolo.


No es raro que algunos, al descubrir la herencia recibida, más que escandalizarse por excesos pretéritos, se pregunten los motivos íntimos por los que quien tuvo todo en su mano para invertir de forma perdurable la tendencia histórica del urbanismo sevillano haya terminado dejando el campo abierto, de nuevo, a aquellos que no profesan más fe que la del viejo círculo que nos ha llevado al desastre.