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La herencia, futuro imperfecto

Carlos Mármol | 3 de junio de 2012 a las 6:05

La recta final de las obras de Fibes permite a Zoido aprovechar en su beneficio político un proyecto iniciado por su antecesor en la Alcaldía. Un hecho que contrasta con las recurrentes críticas del PP sobre la herencia recibida.

Si tenemos por cierta la sentencia clásica que sostiene que el hombre es esclavo de sus propias palabras y, al mismo tiempo, dueño de sus particulares silencios, convendremos en que la única defensa real ante nosotros mismos es mantener la boca cerrada. Es la mejor manera de que a uno no lo cojan en una irremediable contradicción. Extraña que este consejo, tan sabio, no se aplique con demasiado interés en la vida política sevillana, donde el cúmulo de contradicciones, autodesmentidos e incoherencias es tal que casi podríamos hacer, a la manera de Ciorán, un verdadero breviario de podredumbre política basado en las mentiras a la hispalense manera, que es amplia y, por lo que se ve, extensa. Casi un oficio.

En Sevilla hablar sin mesura, e incluso sin mucho fundamento, no es que salga gratis, sino que incluso permite a determinados personajes lograr singulares recompensas que no siempre, en realidad casi nunca, se corresponden con su propio esfuerzo; la única razón, en mi opinión, por la que debería avanzarse en la vida, más allá de los habituales linajes, las influencias y eso que –ahora– se llaman contactos; conceptos todos ellos contrarios al hermoso e ilustrado espíritu de la meritocracia.

El alcalde de Sevilla, Juan Ignacio Zoido, ha anunciado esta semana con honda satisfacción en una entrevista radiofónica que a finales de mes terminan por fin las obras del Palacio de Congresos de Sevilla (Fibes), el complejo que la ciudad necesita desde hace más de una década para dar un salto de escala en la captación de eventos turísticos. En mitad del océano diario de desgracias, parece que estamos ante una buena noticia. Aunque, quizás, también nos encontremos delante de una nueva contradicción en el discurso político del gobierno municipal. Ambos términos no son necesariamente incompatibles.

En realidad, la fecha de finales de junio no es una novedad: a las tres empresas constructoras ya se les dijo al pagarles el último plazo (más de siete millones de euros) que si no terminaban la obra el 30 de junio serían penalizadas con la imposición de una multa millonaria. Es una cuestión básica que se recoje en los pliegos que regulan la mayoría de las contrataciones públicas, de las que vamos a dejar de hablar durante mucho tiempo dada la actual situación de crisis.

¿Cuál es entonces la novedad en Fibes? Fundamentalmente, el propio edificio, cuya calidad arquitectónica es mayúscula. Cuando Monteseirín intentó improvisar una precipitada inauguración antes de abandonar la Alcaldía con el fin de no dejar nada por estrenar a su hipotético sucesor –fuera Zoido o Espadas–, todavía no se percibía del todo su envergadura. Ahora, después de que dentro de unas semanas terminen los últimos trabajos pendientes, el resultado es a todas luces extraordinario. Vázquez Consuegra roza la perfección con este proyecto a pesar incluso de todas las dificultades que han acompañado a esta extrañísima obra.

La ejecución del nuevo Palacio de Congresos nunca fue un ejemplo de rigurosidad administrativa. Una responsabilidad que corresponde imputar más al promotor –el anterior gobierno local– que al padre de la criatura, que ya advirtió antes de la contratación que el edificio terminaría costando mucho más del precio oficial de salida que –inexplicablemente;o quizás no tanto– fijó el Consistorio. Así lo corroboraron incluso las consultoras externas a las que recurrió el Ayuntamiento.

Todo fue anómalo casi desde el origen. Por eso es llamativo que, aunque sea a un coste importante, y con retraso, el nuevo Fibes haya terminado tan bien, todo lo contrario a otros proyectos, como el Parasol de la Encarnación. Desde el singular método jurídico para contratar el edificio –una encomienda legal a favor de Emvisesa, la empresa municipal de vivienda–, al sistema de ejecución elegido, confiado a un consorcio de tres empresas distintas que dijeron que podrían construir por 65 millones de euros lo que el arquitecto advertía que costaría 90 millones, todo abocaba al conflicto.

La dirección misma del proyecto se dividió en compartimentos estancos: la responsabilidad arquitectónica, por un lado; la ingeniería;por otro; y la ejecución material, por otro. Se intuían problemas de plazo y coste. Y el posterior sinfín de reformados sobrevenidos por la estrategia de las constructoras de recuperar en la obra –con el contrato ya en cartera– un presupuesto que no fue nunca el del concurso.

Que con todos estos condicionantes Vázquez Consuegra haya hecho lo que ha hecho, sin las ataduras que, por ejemplo, tuvo en San Telmo, donde el elemento patrimonial marcó su trabajo, sólo puede deberse al talento o a un milagro, más que a la versión oficial del actual Consistorio, que incide estos días en resaltar la desconcertante habilidad del presente alcalde para llegar y desbloquear con inusitada eficacia suiza cualquier proyecto que se le ponga delante.

Rara vez las cosas son tan simples, aunque sospecho que el trazo excesivamente grueso de este relato es propio de quien escribe los renglones torcidos por los que discurre el sendero que ha elegido el regidor. ¿Si la herencia anterior es la excusa recurrente de su magro balance de gobierno cómo se explica que ahora se adjudique el tanto de una obra ajena? La herencia, tan denostada, va camino de ser el único futuro –probablemente imperfecto– del gobierno local. De momento, no se vislumbra otro.

Es indiscutible, porque hablamos de un hecho, que la conclusión del Palacio de Congresos es un aliento de esperanza en un momento económico grave. Si el turismo sevillano quiere seguir siendo la única industria local debía contar con un recinto capaz de jugar en una división distinta en el mercado de congresos. Sevilla nunca ha albergado, dadas sus dotaciones, ni una cuarta parte de las mayores reuniones profesionales españolas. En el ámbito europeo todavía era peor: un 75% de estos congresos jamás han venido al Sur.

El Fibes de Vázquez Consuegra soluciona esta cuestión, aunque su éxito dependerá de que el Consistorio sea capaz de sacar rendimiento a unas instalaciones que nos permiten jugar –esta vez sin retórica ni exageración– en la misma liga que grandes capitales europeas. La idea de los actuales gestores de Fibes de mantener sus instalaciones en el antiguo recinto y abrir sólo parte del nuevo palacio con el argumento de la austeridad inducen a pensar que quizás el gobierno local no es consciente de la gran potencialidad del auditorio congresual.

El proyecto ha salido caro. Aunque pongamos las cosas en su contexto:en comparación con otros recintos congresuales, de menor tamaño y presupuesto inicial similar, no tanto. Al menos, en términos relativos. A quienes focalizan todo el análisis en el coste definitivo del proyecto congresual acaso habría que recordarles que la pérdida de beneficios que ha sufrido Sevilla por no contar antes con un palacio de congresos adecuado se calculó en 40 millones de euros al año. Cifra notable.

También se olvida que es una iniciativa pública. Y no por elección, sino por exclusión. Los empresarios del sector turístico sevillano jamás quisieron participar en el proyecto porque aspiraban a un palacio de congresos en el centro, aunque probablemente sí aprovechen ahora su actividad. Sería deseable que esta anómala participación sobrevenida, financiada, como siempre, con el dinero de todos, tuviera cierta contraprestación social en términos de empleo. Es lo mínimo.

Fibes: una obra contra los elementos

Carlos Mármol | 17 de noviembre de 2011 a las 6:01

El proyecto del nuevo Palacio de Congresos ha sufrido un sinfín de problemas por la decisión municipal de adjudicarlo, en contra del criterio de la dirección técnica, con una baja del 25% sobre el presupuesto real.

Lo barato sale más caro, se termina más tarde y, con bastante frecuencia, acaba dando más problemas de lo esperado. Las obras del nuevo Palacio de Exposiciones y Congresos de Sevilla (Fibes), que todavía tienen por delante más de seis meses de ejecución, han sufrido a lo largo del último año sucesivos parones imputables al perverso sistema de gestión elegido por el anterior Ayuntamiento para sacar adelante la construcción de este edificio singular, llamado a convertirse en uno de los nuevos símbolos de la ciudad.

El gobierno de Juan Ignacio Zoido (PP) anunció este martes que había “desbloqueado” el proyecto tras acordar con las empresas constructoras (Acciona, Heliopol e Inabensa) lo que denominó como una “quita” sobre las cantidades económicas que estas firmas, asociadas en una Unión Temporal de Empresas (UTE) para la realización del proyecto, reclamaban al Consistorio bajo la amenaza de no continuar con los trabajos. El propio regidor, que celebró el acuerdo como muestra de la voluntad de su gobierno por “desbloquear” las iniciativas de la anterior etapa municipal, culpó a su antecesor en el cargo –sin nombrarlo– de los retrasos y elogió públicamente la “predisposición y generosidad de las empresas” para terminar el edificio.

En el primer punto quizás tenga parte de razón. En el segundo, desde luego, no demasiada. La construcción del nuevo Fibes es un ejemplo de que Sevilla y Suiza –cuyo concepto de eficacia reclama Zoido para la administración local que preside– se parecen más bien poco. Por no decir nada. Una obra de tal magnitud se hubiera construido en el país helvético en plazo y respetando el presupuesto inicial. En Sevilla, sin embargo, ni los plazos se han cumplido, lo que perjudica a la ciudad, ni la gestión de la obra ha sido ejemplar. Un cúmulo de circunstancias que se cierran ahora con la decisión del alcalde de zanjar el litigio pagando siete millones de euros, frente a los trece que exigían las constructoras.

¿De quién es la responsabilidad de los retrasos? ¿Había realmente que pagar más dinero? Para contestar a ambas cuestiones es necesario analizar cuál fue el proceso de gestación de esta obra. Cosa que el actual equipo de gobierno debía de haber hecho para delimitar la conveniencia –o no– de aportar más dinero público al edificio.

El proyecto del nuevo Palacio de Congresos lo ganó en un concurso público el arquitecto sevillano Guillermo Vázquez Consuegra, premio nacional de arquitectura. Consuegra diseñó un edificio de nueva planta adosado al recinto ya existente que, en realidad, lo reinventa al convertirlo en un objeto de arquitectura de vanguardia. Su estudio se hizo cargo, por decisión de Fibes –el consorcio que gestiona el Palacio de Congresos– exclusivamente de la dirección arquitectónica de la obra. Todas las instalaciones y las estructuras se adjudicaron a otro: la empresa Ayesa, propiedad del ingeniero José Luis Manzanares.

Tras designar a los dos técnicos encargados del nuevo palacio, Fibes dejó el proyecto en manos de la empresa municipal de la vivienda (Emvisesa), que recibió una encomienda especial del anterior gobierno local para poder adjudicar las obras. Es entonces cuando se opta por dar el contrato al consorcio empresarial formado por Acciona, Heliopol e Inabensa.

La clave del retraso de las obras radica en el perverso sistema de gestión elegido en su día por el Ayuntamiento, que opta por separar la dirección técnica de las obras de la estructura y las instalaciones –la dirección facultativa corresponde pues a dos operadores diferentes– y, a su vez, asignar la ejecución material del proyecto a la UTE, que ha puesto en jaque su realización debido a que sus prioridades (económicas) a medida que avanzaba la obra dejaron de coincidir con las que prometieron al obtener la licitación. Hablar de “generosidad” en su caso, como ha hecho Zoido, se antoja como un gesto cortés, pero algo gratuito.

El edificio de Vázquez Consuegra costaba 86 millones de euros, sin incluir el IVA. Esta cifra se refiere exclusivamente al precio de la contrata. Emvisesa encargó a una consultoría que revisase el plan económico presentado por el arquitecto sevillano antes de iniciar el proceso de licitación. Dicha empresa confirmó los datos:Fibes costaba en el año 2007 ese dinero. Sin embargo, a la hora de contratar las obras el Ayuntamiento decidió adjudicarlas por 65,4 millones a la citada UTE. Exactamente un 24,5% menos de su coste real. Decisión llamativa. ¿Cómo puede costar una cuarta parte menos un edificio que, según su autor y una consultora independiente, no podía bajar, con unas determinadas calidades, de los 86 millones de euros?

Cualquier ingenuo pensaría que el Ayuntamiento hizo bien. Aparentemente se ahorraba dinero. Exactamente: 21,2 millones de euros. En realidad lo que ha ocurrido después ha sido todo lo contrario: las empresas adjudicatarias, una vez conseguido el contrato, han estado modificando sin parar el programa de obras –cuya ejecución era responsabilidad suya– para lograr por la vía de los extras parte del dinero que en su momento no incluyeron en la adjudicación. Precisamente el dinero que desde el principio costaba el edificio, tal y como aparece en el proyecto de Vázquez Consuegra.

Los cambios introducidos en Fibes no benefician a la dirección arquitectónica: sus honorarios profesionales se liquidan en función del presupuesto de adjudicación y tiene, además, que supervisar los cambios de la ejecución. La existencia de tres responsables distintos en las obras, además, suele ser con frecuencia objeto de conflicto. Tan anómala situación arroja cierta luz sobre la naturaleza de los retrasos: cada vez que interesaba presionar al gobierno local para conseguir un determinado pago, las obras se detenían. Hasta que el Ayuntamiento no liberaba el dinero de los gastos extraordinarios no continuaban.

Ocurrió justo antes de las elecciones locales, cuando el ex alcalde Monteseirín decidió inaugurar el edificio sin terminar, a sabiendas de que la obra no había sido recepcionada. Y ha vuelto a ocurrir ahora que Zoido ha terminado aceptando –probablemente porque no tenía otro remedio– este singular modus operandi para evitar que el palacio se quedara sin terminar. Efectivamente, se trata de un sacrificio, aunque no sea precisamente objeto de celebración alguna, sino más bien de resignación.

El acuerdo final al que ha llegado el PP recoge las modificaciones del diseño original asumidas por la dirección de obras. Aquellas mejoras reales sobre el primer proyecto y los gastos extraordinarios inherentes a su ejecución, como las nuevas las infraestructuras escénicas, el mobiliario (el edificio se entrega completo) y otros conceptos, como el saneamiento integral de una calle exterior que no se había contemplado. También un nuevo cerramiento.

El presupuesto original ha tenido una desviación relativamente baja. Otra cosa es el coste final en relación al precio de adjudicación (menor), cuya vigencia era responsabilidad de las constructoras, que se comprometieron a entregar el edificio a un precio que después ha sido objeto de “optimizaciones” técnicas. Un eufemismo que esconde una agresiva política de ahorro de costes y modificados. Las constructoras, que han tenido una disputa con Ayesa sobre la responsabilidad de ciertas partes del edificio (en concreto, una pasarela), tenían hasta doce personas dedicadas exclusivamente a modificar el proyecto. Una forma de construir que es todo menos suiza.