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Alameda: dirección prohibida

Carlos Mármol | 20 de junio de 2012 a las 6:06

Patrimonio informa en contra de la modificación del PGOU que impulsó el gobierno municipal para construir un parking subterráneo en la Alameda, recalificar la comisaría de la Gavidia y ‘vender’ los cines históricos de Sevilla.

Primer tropezón. No será el único. Ni el último. El expediente aprobado por Juan Ignacio Zoido en el mes de abril para modificar el Plan General de Ordenación Urbana de Sevilla (PGOU) ha sufrido ya el primer revolcón en su larga y obligada tramitación administrativa.

La Comisión de Patrimonio, dependiente de la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía, analizó hace dos semanas las recalificaciones urbanísticas que el gobierno local quiere acometer para, entre otras cuestiones, obtener ingresos económicos extraordinarios; destruir la actual Alameda de Hércules y construir un aparcamiento rotatorio; convertir la antigua comisaría de la Gavidia en una nueva gran superficie comercial y reclasificar los usos dotacionales asignados a los antiguos cines del centro. Su diagnóstico: son operaciones lesivas para el patrimonio de Sevilla. Sin lugar a duda alguna.

La opinión de Patrimonio es relativamente importante. Se trata de un órgano consultivo del Gobierno autonómico que, formalmente hablando, aún no ha tomado una resolución. La decisión última es de la Dirección General de Bienes Culturales. Lo que diga es todavía un misterio, aunque en Cultura existe una regla no escrita: difícilmente la dirección política de una consejería informaría en sentido positivo una cuestión que previamente ha desautorizado el foro que tiene para ayudarle a fijar su criterio. Caben pues las sorpresas, pero todo induce a pensar que su conclusión final no será favorable a las pretensiones municipales. Otra cosa es cómo se decida argumentar esta negativa.

El informe de Patrimonio no invalida por completo el expediente de Zoido. Aunque sí pone en cuestión las operaciones políticamente más importantes que perseguía el Consistorio. De las 17 modificaciones puntuales que ambicionaba el PP, la comisión valida trece porque las ve compatibles con la legislación de protección patrimonial. En cambio, cuatro de ellas piensa que atentan contra “los elementos con valores culturales reconocidos por la actual legislación en materia de Patrimonio”.

Dicho en román paladino: la política urbanística y de movilidad del PP tendrá un impacto negativo en el Conjunto Histórico de Sevilla. Además del dictamen definitivo de la consejería de Cultura, este expediente tiene que ser analizado por otras instancias regionales: la Dirección General deUrbanismo y Ordenación del Territorio y el Consejo Consultivo de Andalucía.

¿Cuáles son estas operaciones lesivas contra el patrimonio? Las dos más conocidas se refieren a la Alameda de Hércules y al edificio de la comisaría de la Gavidia, protegido como una de las primeras muestras de la arquitectura del movimiento moderno en Sevilla. En el primer caso, el gobierno local quería construir un aparcamiento rotatorio –cuestión prohibida por el PGOU– y reurbanizar por completo un espacio cuya remodelación integral data del anterior mandato municipal, cuando se gastaron más de siete millones de euros. El PP quiere darle el aparcamiento a una empresa y restituir una estética de corte más clásico.

Patrimonio, en su informe, dice que este proyecto “choca frontalmente con el modelo de accesibilidad interna del área central de Sevilla”. Y añade: “El objetivo de la modificación no parece perseguir la línea de las actuales tendencias, convenios y cartas sobre accesibilidad en los Conjuntos Históricos”. En otras palabras: el Ayuntamiento va contra la tendencia de las urbes históricas de Europa, que buscan reducir el protagonismo del vehículo privado.

En el segundo de los casos lo que se persigue es la conversión de la antigua comisaría en un centro comercial. Ambas iniciativas parecen estar vinculadas: el parking de la Alameda es parte de la operación de terciarización de la Gavidia. Sobre la reconversión de este edificio, la opinión de Patrimonio es que implantar una gran superficie comercial, “con los problemas de accesibilidad existentes, produciría una merma considerable de los valores ambientales y visuales de este sector del Conjunto Histórico”.

También hay otras dos cuestiones. Parecen menores. Pero son importantes. Una se refiere a los edificios calificados como fuera de ordenación. Y la última, a la clasificación urbanística de las parcelas de algunos de los antiguos cines históricos del centro de Sevilla.

En el primer caso el Ayuntamiento ambiciona flexibilizar el régimen jurídico de este tipo de edificios –los existentes antes del PGOU y que colisionan con sus directrices, lo que significa que aunque no se derriben sólo serán objeto de obras de conservación– eliminando la “altura” como una de las cuestiones a considerar para dejar a un edificio sin asidero urbanístico. Patrimonio cree que esta propuesta implica un peligro para los espacios monumentales.

Sobre los cines, la discusión es otra. El Plan los calificaba originalmente como dotaciones culturales –suelos de interés público y social– pero tres de sus titulares ganaron un pleito contra esta catalogación, que les impedía patrimonializar las plusvalías urbanísticas potenciales de los edificios. Cosa natural. Al asignar este uso, el Plan lo que buscaba era precisamente blindar estos espacios culturales frente a posibles operaciones inmobiliarias auspiciadas por sus propietarios. Les ponía un freno: sólo podían traspasarse para usos culturales.

El fallo judicial obliga ahora al Consistorio a alterar la calificación original del PGOU, aunque no establece ninguna alternativa. La fórmula elegida por el Ayuntamiento es la peor para garantizar la subsistencia de estos equipamientos culturales porque, en lugar de sustituir el uso dotacional por el terciario, que permite que sobrevivan, aunque con menor grado de protección, les otorga una catalogación genérica y abierta: Casco Histórico. En consecuencia, estas salas pueden ser sustituidas por promociones residenciales de hasta tres plantas de altura.

El Ayuntamiento, además, no circunscribe el cambio sólo a los tres propietarios que ganaron la batalla judicial –las salas Alameda, Cervantes y Avenida– manteniendo el uso dotacional para las demás. La recalificación del PP elimina la protección también a otras que no estaban en discusión: la antigua Sala X de la calle Amor de Dios, el teatro Imperial (calle Sierpes), la antigua Sala Pathe (Cuna), el teatro Álvarez Quintero (Laraña) y el local del antiguo Cine Llorens (Rioja con Sierpes).

Según Cultura, esta nueva calificación urbanística “puede resultar incompatible con las determinaciones de protección incluidas en las fichas patrimoniales de los inmuebles que están protegidos”. La Junta cree pues que contribuye a la sustitución de los espacios escénicos con interés patrimonial.

Pero el impacto del dictamen de la Comisión de Patrimonio afecta sobre todo a la Alameda y a la Gavidia. Hay que tener en cuenta que, aunque la recalificación impulsada por Zoido se identifica siempre con estos dos proyectos concretos, en realidad abre la mano a cualquier otro que quiera instalar un estacionamiento rotatorio intramuros o reconvertir cualquier edificio singular en una gran superficie comercial. A juicio de Patrimonio, esta posibilidad jurídica supone “una alteración integral del modelo de ciudad y, en todo caso, de su ordenación estructural”.

Esto significa que el Consistorio no puede cobijarlas bajo la figura administrativa de la modificación puntual, sino que, si insiste en acometerlas, debe revisar por completo el modelo urbano del PGOU. Una hipótesis impensable. Primero, porque el Plan General vigente apenas tiene seis años. Segundo: un procedimiento de revisión demora entre tres y cuatro años. Y tercero: si se iniciase obliga a la paralización de facto de todas las licencias urbanísticas.

Una decisión que, además de bloquear cualquier iniciativa particular que sí fuera acorde con el Plan General, dejaría a todos los operadores urbanísticos –públicos y privados– sin la seguridad jurídica plena que sólo da el actual libro urbano de Sevilla. Ya se sabe: a veces lo mejor resulta ser el peor enemigo de lo bueno.

Alameda: razones para decir no

Carlos Mármol | 27 de mayo de 2012 a las 6:15

La obsesión municipal por construir un parking en la Alameda y recalificar la comisaría de la Gavidia es un digno ejemplo de una llamativa forma de hacer política: imponer las cosas sin sustentarlas antes desde el prisma técnico.

Shakespeare decía que para un rey es bueno tener la fuerza de un gigante a condición de no acostumbrarse a utilizarla. Quizás porque cuando un gobernante opta por mandar sólo en función del predominio aritmético, sin dejar sitio al diálogo, corre el riesgo de incurrir en un error impropio de los políticos inteligentes. Aplíquese dicha lección a algunos de los actuales proyectos del gobierno municipal de Sevilla, que estos días celebra su primer año de éxitos, y obténganse las pertinentes conclusiones. No sé si lo verán ustedes igual que yo, pero me debo al ilustre oficio de la sinceridad impertinente. Van mal.

Veamos dos ejemplos: la construcción del aparcamiento subterráneo de la Alameda de Hércules y la recalificación de la antigua comisaría de la Gavidia. De ambos ha hecho bandera el equipo de Zoido. Estas dos iniciativas, por así decirlo, son metáforas de su forma de concebir la política aunque no reflejen exactamente lo que se pretende enseñar –una gestión eficaz– y, en cambio, vayan camino, igual que pasó con Ikea, de convertirse justo en símbolos de todo lo contrario.

Me explico. En el episodio del aparcamiento situado bajo el principal espacio público del centro de Sevilla –Monteseirín destinó el otro, la Encarnación, a albergar un centro comercial–, la idea de Zoido de volver a levantar la urbanización hecha hace sólo dos años, que costó siete millones de euros pagados con dinero público, para convertir este enclave en la cubierta de un estacionamiento rotatorio se sustenta en argumentos con los que se podrá o no estar de acuerdo pero que remiten –siempre– a un interés particular –el de los comerciantes del centro, sin olvidar al hipotético operador del parking– bastante alejado de sus supuestos beneficios públicos.

La Alameda es desde hace unos años un espacio vivo, lleno de actividad ciudadana, donde se han abierto multitud de negocios. La decisión municipal de reinventarlo obvia todos estos elementos en busca de imponer su propio dogma:“hay que hacer un parking para que la gente compre en las tiendas de Aprocom”.

Analicemos a fondo la cuestión. En primer lugar, el tono: el Consistorio no se plantea al defender esta postura que su posición de partida pueda estar equivocada –mal síntoma– ni tampoco la viabilidad jurídica real de la iniciativa. Recurre a lo habitual: el alcalde así lo cree. ¿Para qué discutir nada?

Y, sin embargo, la discusión es lo más interesante, porque es categórica: demuestra que en el gobierno local las cosas se deciden y se anuncian, cosa que también ocurría antes, sin sopesarlas en demasía y sin articular mínimamente desde el punto de vista técnico. Con Ikea pasó igual: un año después de prometer arreglarla en semanas, la cuestión todavía sigue abierta en canal.

La pregunta clave es otra: ¿es legal la decisión municipal de cambiar el Plan General para destruir la actual Alameda? Repárese en que nadie habla de legitimidad. Zoido, con su amplia mayoría, puede iniciar el proceso administrativo para cambiar el PGOU. Sí. Otra cosa es que tenga éxito en el intento. Y no precisamente por una conspiración política, sino por su propio talento.

La legislación urbanística, que es el único marco objetivo para analizar esta premisa, fija que cualquier cambio en el planeamiento vigente de una ciudad debe mejorar la ordenación previa. Se trata de un condicionante general, con independencia de los motivos oficiales que se esgriman para defender este tipo de propuestas. Las reglas del juego son nítidas: si la idea de hacer un parking en la Alameda no mejora el PGOU difícilmente podrá ser validada por la Junta de Andalucía. O ser respaldada por un juzgado.

Con independencia de lo que se piense al respecto, el criterio para evaluar esta cuestión está fijado expresamente en la normativa: es el interés público; nunca el privado. Así, además, lo recoge en su amplia jurisprudencia el Consejo Consultivo, el máximo órgano jurídico de Andalucía, que tiene que emitir un informe vinculante al respecto de este proyecto. Su tesis: para alterar el Plan General de una ciudad debe justificarse y concretarse que la nueva propuesta urbanística mejorará el plan vigente. ¿Lo hace el PP?

A tenor del singular expediente aprobado por Urbanismo, no demasiado. La única justificación formal que da el gobierno del PP para defender su iniciativa –y sobre la que en su momento opinará el Consultivo– es que Zoido ha derogado el Plan Centro. Punto. En ningún momento se explica –acaso porque no se pueda– en qué medida el hecho de hacer un parking rotatorio optimiza el modelo urbano de Sevilla.

El cambio que persigue el PP no es menor: alterar el PGOU en este punto abrirá la mano para construir otros estacionamientos comerciales –cerrados a los residentes– en cualquier punto del casco histórico. Una decisión de fondo que invalida uno de los elementos estructurales del Plan de Sevilla:  su programa de movilidad. Evidentemente, una cuestión tan sustancial no puede ser alterada sólo con un mero documento de modificación puntual, que es lo que el Ayuntamiento ha aprobado.

Porque además de no explicar en qué beneficiará a la ciudad –un requisito legal–, el Ayuntamiento basa su propuesta únicamente en la eliminación de una medida (el Plan Centro) sin demasiada entidad urbanística. El sustento legal de este proyecto era una ordenanza y, por tanto, con un rango jurídico inferior al PGOU. Por otro lado, la supresión del veto a los aparcamientos rotatorios cuestiona los principios de protección patrimonial del Plan General para el Casco Histórico: menos coches. ¿Esto es un beneficio colectivo?

En la Gavidia sucede otro tanto. Ni la justificación oficial es sólida, dadas las exigencias jurídicas que hay que cumplir, ni atiende a los requerimientos de la norma. El PP elimina la calificación urbanística del antiguo edificio policial –un equipamiento público– para convertirlo en “una gran superficie comercial”. El objetivo es venderlo al mejor postor: el presupuesto local de 2012 cuenta con estos ingresos, aunque estamos en mayo y la operación aún no tiene calendario cierto.

Asumir que la eliminación de un equipamiento vecinal será buena para la ciudad se antoja difícil. Quizás por eso el PP haya optado por otra vía: en el expediente urbanístico alega una motivación económica. Esto es: la necesidad de obtener recursos. ¿Convencerá al Consultivo? Ya se verá. Pero lo que es evidente es que no cumple la ley urbanística de Andalucía, que exige justificar cuál es la mejora que supondrá cambiar el PGOU, además de que ésta se sustente en el “mejor cumplimiento de los fines de la actividad pública urbanística”. ¿El fin del urbanismo es ganar dinero?

De otro lado, la exigencia legal de compensar el equipamiento que se perderá en la Gavidia debe hacerse, según la LOUA (artículo 36), en “la propia área objeto de innovación”. El Ayuntamiento quiere cumplir este trámite con el mercado del Arenal y el registro de la calle Pajaritos, de menor entidad y situados en zonas urbanas distintas. Otro desliz que dificulta la viabilidad del expediente. De hecho, el proyecto del PP no cumple casi ninguna de las obligaciones legales: ni justifica la innecesariedad del uso público de la Gavidia –sólo se habla de obtener fondos– ni tiene informes viables de la Junta, además de optar por una calificación –gran superficie comercial–que ni es pública ni de interés social. Sólo mercantil.

Lo que explica que, según fija la legislación de comercio, también sea necesario un informe sobre el impacto que tendrá sobre el comercio tradicional, además de un permiso ambiental único. El centro comercial de la Gavidia estará a menos de 500 metros de una zona residencial. Todo conduce pues al abismo: la recalificación urbanística del PP resulta ser tan pretenciosa como frágil desde el punto de vista legal. Zoido, claro está, puede politizar la cuestión. No servirá de mucho. Su talón de Aquiles no lo solucionará su nutrida mayoría en el Pleno. Se llama de otra forma. Eficacia, quizás.

Alameda: la involución del modelo

Carlos Mármol | 20 de abril de 2012 a las 6:05

La decisión de Zoido de levantar la Alameda de Hércules para sustituir este espacio ciudadano por un parking subterráneo eleva la intensidad de la política de corte revisionista que ha aplicado desde su llegada a la Alcaldía.

Para empezar, habría que preguntarse primero qué fue antes, si el huevo o la gallina. Es decir: la oferta de una empresa privada para convertir la Alameda de Hércules en un inmenso aparcamiento rotatorio –por tanto, un negocio– o la rotunda resolución del alcalde, Juan Ignacio Zoido, para arriesgarse por primera vez en los seis años que lleva en el Ayuntamiento –uno como candidato externo, cuatro en la oposición y ya prácticamente otro como regidor– a tomar una verdadera decisión de calado.

Me inclino por la primera opción: el PP, más que un modelo urbano para Sevilla, concibe la gestión municipal como una simple ventanilla para dar curso a proyectos externos, al estilo de la escuela marbellí. El Ayuntamiento está para el protocolo y poner las cosas fáciles. No para crear problemas.

El regidor parece con la toma de la Alameda querer marcar un hito después de consumido su primer año de mandato, caracterizado por la utilización del Ayuntamiento como plataforma política para allanar el camino del PP hacia la Junta de Andalucía, una estrategia que hizo que los primeros meses de gobierno, salvo ciertos episodios puntuales, se caracterizan por la falta de verdaderas decisiones, más allá de los habituales golpes de efecto.

Fracasado el asalto final a SanTelmo, un símbolo pero también la bolsa de oxígeno que requería Zoido para tener una gestión municipal presentable dentro de tres años, el PP ha optado por intensificar al máximo su política de revisionismo de la etapa municipal anterior, de la que ha dado abundantes muestras, aunque de inferior entidad, desde su acceso a la Alcaldía.

La derogación del Plan Centro fue el primer capítulo. La coartada de la herencia económica recibida, el segundo. Todos los abundantes escándalos previos –manipulados a capricho–, el tercero. Los cambios en el nomenclátor, el cuarto. Los sucesivos amagos de paralizar la Torre Pelli, a los que hasta ahora acompañan constantes marchas atrás, el quinto. El tono de la sinfonía era monocorde.

Hacía falta una disonancia, un paisaje abrupto. Y puesto que lo de Ikea sigue en barbecho y los plazos prometidos por Zoido –palabra de Dios, para algunos– se han ido incumpliendo de forma sistemática, no había más remedio que intentar elevar el listón de la deriva revisionista cuestionando por completo uno de los símbolos de la gestión política de la coalición PSOE-IU.

La Alameda es el terreno perfecto. Situada en el área Norte del Centro, segregada hasta hace una década del resto del casco histórico por una herencia de pobreza y marginalidad, su regeneración, impulsada por Izquierda Unida con el aval de los socialistas, que prefirieron erigir en la Encarnación el símbolo de la era Monteseirín, es el único espacio que quedaba ajeno al proceso de terciarización –transformación de zonas urbanas en meras plataformas comerciales– que en Sevilla comenzó en durante las décadas de los años 60 y 70, cuando en el centro de la capital de Andalucía la piqueta destruía el patrimonio para dejar paso libre a los coches y a los centros comerciales.

El asilvestramiento del antiguo arrabal diseñado por el Conde de Barajas –el paseo de damas de la Sevilla del siglo XVI– constituía toda una anomalía que, a lo largo de la historia reciente, siempre se intentó corregir, aunque con fórmulas distintas. Las más antiguas, en los años del tardofranquismo, pasaban por lo de siempre: convertir el bulevar en un gigantesco centro comercial. Arrasar con las sórdidas casas de meretrices, y de paso con buena parte del patrimonio de la Sevilla más contestataria, para dejar todo el espacio a las tiendas.

Aquella operación, recreada por Juan Sebastián Bollaín en sus películas underground sobre el urbanismo sevillano, quedó en nada gracias a la movilización de una parte de la ciudad ilustrada –inevitablemente roja, en algunos casos– que hizo bandera de la defensa de la población popular del único arrabal intramuros que ha tenido Sevilla en su historia. El movimiento detuvo la operación especulativa pero no frenó el intenso deterioro del barrio, que continuó durante años sumido en la carcoma. “Aquello es irrecuperable”, sostenía la Sevilla bienpensante, que se lamentaba pero no movía un dedo por sacar adelante un proceso de rehabilitación que no implicara la alteración del barrio histórico.

Tuvieron que ser los andalucistas, que gobernaron Sevilla en los noventa con el apoyo del PP, quienes comenzaron un proceso de rehabilitación que le tocó culminar a la coalición PSOE e IU. Eligieron un frente de batalla lateral –convertir la Casa de las Sirenas en un centro cívico, recuperar el Palacio de los Marqueses de la Algaba, captar fondos europeos para programas sociales y de empleo– porque un ataque directo parecía condenado al fracaso. Tuvieron el mérito de ser los pioneros, pero también cometieron errores: la destrucción del corazón del barrio de San Luis o la falta de acción ante el inicio del proceso de expulsión de los habitantes tradicionales, entonces mayoritarios y ahora, veinte años después, reducidos tan sólo al Palacio del Pumarejo.

Los andalucistas fueron los primeros a los que los comerciantes –Aprocom– presionaron para hacer un parking. El lobby al que ahora Zoido parece haber vinculado su futuro político –cosa inaudita– ya actuaba entonces a través del PP. Rojas Marcos se lo pensó, pero dado el tormento que Aprocom le dio con la peatonalización de Tetuán –la asociación decía que el gremio no quería; los asociados de la calle respaldaron al final la iniciativa del alcalde andalucista– el PA optó por dejar la cuestión, que ya entonces amenazaba con provocar una movilización social en beneficio de IU y los socialistas, sobre la mesa. El aparcamiento no se construyó.

Monteseirín, que en su primer mandato no hizo nada por cambiar la situación, decidió en 2003 dar a Izquierda Unida su cuota de protagonismo en este enclave urbano –el mayor espacio libre de un casco histórico que los ha ido configurando a lo largo de la historia por azar o gracias a la desamortización– a cambio de que la federación de izquierdas le dejara hacerse un mausoleo –el Parasol– en la Encarnación. Dicho acuerdo cerró la puerta a la idea del parking, que obligaba a destruir no sólo el espacio público, sino todo el arbolado.

Apostaron por un modelo de plaza pública que, si bien desde el punto de vista arquitectónico es discutible, ha logrado no sólo normalizar la Alameda, sino potenciarla como un enclave metropolitano donde el precio del metro cuadrado se ha multiplicado –la crisis inmobiliaria es mucho menor porque se la considera un área singular–, la proliferación de negocios una constante y las familias cuentan con los mínimos equipamientos para poder ir con sus hijos. La Alameda actual no tiene ningún problema urbanístico y, sin embargo, el alcalde ha decidido crearlo, arriesgando a todo o nada no sólo su imagen, sino, a largo plazo, puede que hasta la mayoría política que tiene en el Pleno. ¿Merece la pena?

A diferencia de lo que ocurrió en la etapa del PA, la resurrección del aparcamiento no se enmarca en un proceso de regeneración urbana, sino de destrucción manifiesta. La reciente reforma integral costó siete millones de euros. Dinero público que ahora se tira a la basura para facilitar un negocio particular. Una apuesta en la que la idea de ciudad está clara: Sevilla debe ponerse al servicio de algunos comerciantes, no de todos los ciudadanos.

El aparcamiento, innecesario si se tiene en cuenta que la demanda de plazas está más cubierta con las bolsas menores de estacionamiento que existen en el entorno, algunos de cuyos adjudicatarios –caso de la calle Mendigorría– hasta han devuelto las plazas asignadas por no poder pagarlas, convertirá Calatrava en otra calle Baños –colapsada por los coches– y transformará un jardín urbano vivo en la cubierta de un aparcamiento. Basta observar la plaza de la Concordia para percibir la diferencia. La destrucción de la Alameda ha sido concebida por Zoido como una operación con aspiraciones simbólicas. Se trata de revertir el modelo urbano previo. Pura involución.