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La obsesión de los ciegos

Carlos Mármol | 10 de junio de 2012 a las 6:05

La rehabilitación de la iglesia de Santa Catalina es una eterna asignatura pendiente de Sevilla. El deterioro del templo es responsabilidad de la archidiócesis, que presiona a las instituciones para que paguen parte de la factura.

Santa Catalina, que es un iglesia relativamente pequeña, doméstica, de las que permiten evocar la infancia en una ciudad que ya no existe, es motivo de diatriba. Su lamentable estado de conservación no parece suficiente motivo para que los poderes públicos pongan el dinero que requiere su rehabilitación. El asunto no es nuevo. Se trata de un clásico en el grueso libro de los quebrantos hispalenses. Últimamente, sin embargo, parece haberse convertido en una obsesión.

Existe una plataforma ciudadana que reclama (a las instituciones, no a la iglesia) su recuperación y su incierto porvenir ha pasado a formar parte de la agenda política municipal, aunque –sospecho– por motivos que tienen poco que ver con la devoción religiosa o el interés histórico-artístico y bastante más con determinadas cuestiones derivadas del mal uso de los báculos, sean éstos religiosos o civiles, que lo mismo da.

El templo se cerró hace ocho años. Desde entonces no ha hecho más que hundirse sobre sus frágiles cimientos. Santa Catalina nunca tuvo la suerte de El Salvador, cuya orden de clausura provocó la alarma general no tanto por las causas que la precipitaron –la falta de inversiones, igual que aquí– sino porque implicaba poner el candado en un monumento sin el que no se concibe Sevilla. O, al menos, una buena parte de ella.

Santa Catalina jamás fue digna del amparo de las colectas sociales, ni mereció la preocupación de los hombres de honor –relativo–. Tampoco gozó del privilegio de convertirse en la obsesión de los gobernantes. Lo suyo parecía ser, sencillamente, una lamentable desgracia, casi como una enfermedad sobrevenida. Hasta ahora. ¿Por qué?

Describir la importancia de este templo no resulta fácil. En una ciudad cuyos barrios son la herencia de una infinita red de collaciones –antiguas parroquias– surgidas a partir de viejas mezquitas moriscas, el templo dedicado a Catalina de Alejandría, una mártir cristiana del siglo IV invocada, según el santoral, en casos de muerte súbita, fue uno de los pioneros.

Su sitio resultó ser uno de los elegidos para alzar al cielo el signo de una cruz en una ciudad que era musulmana. El edificio que ahora es causa de tantos lamentos es algo posterior (siglo XIV) y, paradójicamente, fue consecuencia de la destrucción: se alzó después de que el terremoto de 1356 destruyera la primitiva iglesia fundada por el piadoso Don Remondo de Losada, que, como sabemos casi todos los sevillanos con cierta edad, es, sobre todo, el nombre de una calle.

Para los que piensan que los edificios monumentales de Sevilla son y deben ser inmutables, convendría repasar, siquiera someramente, la larga historia de alteraciones, añadidos y restauraciones (parciales) que ha acogido este templo, mixtura del gótico y del mudejar, imperfecto y mestizo. La pureza no aparece en ningún elemento de su modesta arquitectura. Desde el principio fue una iglesia extraña: con una torre de mezquita, como tantas otras, pero erigida en mitad de un barrio –el adarejo sevillano– que era plena morería. Territorio impío.

Sus atributos nobles fueron posteriores, cosa del paso del tiempo: las pinturas, los retablos, el túmulo de los Carranza y las capillas llegaron después. Nunca fue una iglesia deslumbrante. Más bien íntima, oculta, rodeada de un mar de edificaciones que la sepultaban –una característica del urbanismo sevillano– por los cuatro puntos cardinales. Hasta bien entrado el pasado siglo todavía seguía sumergida.

Su mal estado de conservación es una constante.Un párroco demente, que creía en el arte puro, decidió restaurar la torre en 1881 y mereció la airada reprimenda de José Gestoso, prohombre, que consideró un atentado despojar al alminar de sus antiguos ornatos. Se ve que el dogma del inmovilismo sevillano en su versión costumbrista viene de lejos, aunque la historia de la arquitectura nos enseñe todo lo contrario.

Quizás por eso Santa Catalina no haya sido nunca terreno fértil para encarnar los grandes mitos sevillanos. Es difícil encontrar un templo que a lo largo de los siglos haya despertado menos interés en la Sevilla oficial que éste. Prueba de ello es que se salvó por un milagro –es de suponer que cierto– de la operación de derribo que se llevó por delante al templo de San Miguel a principios del siglo XX.

Aunque la declararon monumento nacional hace ahora un siglo, esto no incrementó el aprecio por su salud, aunque al menos evitó que la piqueta se cebara con ella. Por su altar no desfilaban las infantas ni se reunían los grandes linajes, así que, en realidad, en Sevilla importaba poco que hubiera grietas en la nave central o se tapara una de sus fachadas originales con la portada del templo de Santa Lucía, que todavía oculta una de sus primitivas puertas.

Que Santa Catalina es un templo en perpetuo estado terminal lo demuestra la lista de arquitectos que pasaron bajo sus decrépitas cubiertas intentando frenar lo inevitable. Aunque hay ahora quien pretende hacerse pasar por el técnico titular del templo –en el sentido más patrimonial del término–, la relación es mucho más amplia. Y mejor: algún maestro mayor de la catedral y arquitectos insignes, como Juan de Talavera o Rafael Manzano, patriarca, siendo de Cádiz, de una de las ramas de la arquitectura clásica sevillana, que redactó en los setenta propuestas de intervención.

Los sucesivos intentos por salvar Santa Catalina, que parecen triviales e inútiles a la vista de las circunstancias, no lo son. Permiten documentar un hecho importante: buena parte de las intervenciones, integrales o parciales, en su mayoría de emergencia, realizadas a lo largo de los años en la iglesia rara vez fueron sufragadas por quien es su propietario: la archidiócesis hispalense. Unas veces pagó el Ayuntamiento –en 1912, por ejemplo– y otras una entidad financiera, como ocurrió con la restauración de la capilla sacramental que en 1996 costeó Argentaria. ¿Por qué la Iglesia no ha cuidado casi nunca este templo?

Es una buena pregunta. Curiosamente, muchos de los que ahora reclamaban otra inyección de dinero público para salvarlo no se la hacen. Acaso porque no quieran conocer la respuesta. O quizás porque la sepan demasiado bien. El último capítulo de esta nómina de incumplimientos constantes y proclamas inútiles tuvo lugar esta semana.

En un movimiento sincronizado el alcalde y el arzobispo anunciaron que pondrán 1,5 millones de euros para salvar la iglesia. Una noticia digna de celebrarse si, por debajo, no se percibiera un interés más político que patrimonial: forzar a la Junta para que asuma el resto de la factura. ¿Y cuál es el problema?, dirán algunos. Las almas cándidas se preguntarán:¿Es que la Junta, ahora gobernada por socialistas y comunistas, no quiere salvar a Santa Catalina porque es un iglesia?

Podría pensarse lo primero –lo segundo es pura demagogia– si la administración autonómica dejara los templos sevillanos a su suerte, que es la que se decide en sede episcopal, no en otro sitio. No es así. La Junta de Andalucía ha invertido en inmuebles religiosos en los últimos ocho años 19 millones de euros, pagando en algunos casos hasta el cien por cien de las restauraciones. Como mínimo, ha abonado la mitad de todos los proyectos. Lo ha hecho con el dinero de todos.

Es lógico que si un monumento está en peligro, la Junta y el Ayuntamiento eviten su deterioro acometiendo de urgencia los trabajos que sean necesarios, aunque remitiendo a posteriori la factura íntegra de estas rehabilitaciones a quien jurídicamente debe pagarlas: la Iglesia. Es lo que fija la ley de patrimonio, de cuyo cumplimiento la archidiócesis, que estos días se acoge a la legislación de mezcenazgo para no pagar el IBI, no está exenta. La misma ley que permite a la diócesis no pagar la contribución urbana en sus sedes pastorales le obliga a mantener su patrimonio.

Santa Catalina tiene que salvarse. Las administraciones no pueden obviar su responsabilidad, que es subsidiaria y disciplinaria más que económica. Zoido debería exigir a Palacio lo mismo que a cualquier ciudadano. Es hora de desterrar aquello de por ser vos quien sois. Y aprender algo de los clásicos. Non omne quod licet honestum est. [No todo lo que es lícito es honesto]

El argumentario imposible

Carlos Mármol | 6 de junio de 2012 a las 6:05

El equipo de Zoido ha logrado la cuadratura del círculo: convertir en un referéndum sobre su propia gestión la polémica generada por la construcción de la Torre Cajasol, que le fue impuesta y que no ha sabido manejar.

La escena es anecdótica. Pero revela cómo han sido las cosas. Un insigne miembro del equipo de gobierno de Juan Ignacio Zoido –muy dado a la campechanía– es preguntado por otro sobre su posición política en relación a la última resolución sobre la Torre Cajasol.

–“¿Que cuál es mi criterio? Pero cómo voy a tenerlo, si la dichosa resolución está escrita en inglés”.

El interlocutor se queda perplejo ante la respuesta, a la que sigue, como era de esperar, una sonrisa de complicidad. No hay mejor metáfora para resumir la situación: el gobierno municipal, a pesar de su robusta mayoría, parece no haber entendido ni de lejos, ni de cerca, ni antes, ni ahora, el evidente riesgo político que tenía entrar en la controversia generada al calor del rascacielos del Sur de la Cartuja.

Prueba de ello es la contradicción en la que ha quedado atrapado el alcalde. Animado por su círculo más próximo, insinuó en varias ocasiones que sería capaz de parar este proyecto para que Sevilla no perdiera su condición de Patrimonio de la Humanidad; extremo que incluso mereció letras de imprenta, es de suponer que con su beneplácito.

Esta semana ha consumado un extraño giro copernicano: después de que la Unesco haya elaborado una resolución previa para declarar como bienes en peligro a la Catedral, el Archivo de Indias y el Alcázar, el regidor ha proclamado que “personalmente” defenderá el edificio de César Pelli ante este organismo internacional. ¿Cómo es posible?

Las razones son múltiples. Casi ninguna de ellas deja en buen lugar al político que ocupa la Alcaldía con el mayor respaldo popular de toda la democracia. Lo más curioso es que en el aprieto se ha metido solo, porque, como ahora insisten en recordar desde la Plaza Nueva, Zoido ni impulsó este proyecto ni le gusta. Lo cual hace mucho más singular, que no exitosa, su estrategia política en relación a este asunto.

Para entender el trasfondo de la historia primero habría que cuestionar algunos lugares comunes. Ya saben: esas frases que se repiten –generalmente porque las ha dicho otro– sin reparar en si son ciertas. La esencial: “El PP nunca amparó a la Torre Pelli, que es un proyecto del anterior alcalde, que embarcó en la operación a la antigua caja sevillana, hoy integrada en Banca Cívica y, en septiembre, en Caixabank”.

La insistencia exculpatoria de Plaza Nueva es intensa pero no sólida. Es verdad que fue la obsesión de Monteseirín de pasar a la historia –otra cuestión es con qué repercusión lo ha hecho– el origen de la Torre Pelli; igual que fue la causa del Parasol de la Encarnación.

El proyecto se aprobó con la mayoría del anterior equipo municipal –PSOE e IU– y con un aval tácito, que no expreso, de la Junta, aunque la responsabilidad jurídica –la concesión de la licencia, que es lo relevante– sea competencia única del Ayuntamiento. Una de las vías de escape que ahora usa la Alcaldía para tratar de justificar su insólito cambio de postura intenta focalizar la atención en el hecho de que “el proyecto es del PSOE”. “De Chaves, Monteseirín y Pulido”, al que Zoido califica como “un militante socialista”.

Todo esto es cierto. Hay, sin embargo, otros factores que se obvian. Por ejemplo: el marco urbanístico a partir del cual se otorgó la polémica licencia de construcción –un Plan Especial– fue aprobado con el voto favorable del PP. Lo que implica que la construcción de la torre no fue, al menos a efectos políticos, una decisión exclusiva de PSOE e IU, sino también del PP, en cuyo grupo municipal estaban entonces muchos ediles del gobierno actual.

No pueden alegar ignorancia: el documento urbanístico que votaron incluía para la Cartuja Sur una “propuesta arquitectónica de 50 plantas”. Ni siquiera su respaldo fue flor de un día: el convenio urbanístico previo al Plan Especial, sobre el que éste se sustenta, fue ratificado en el Pleno por unanimidad. El PP votó a favor.

Estos datos aclaran un poco el panorama y matizan la tesis oficial. El proyecto era del anterior gobierno, cierto, pero el PP no se opuso nunca a su realización en las sucesivas ocasiones disponibles. Siempre votó a favor. Su primer cambio de postura se produce después de que los ciudadanos contrarios al proyecto, que forman una plataforma heterogénea donde conviven desde profesionales de reconocido prestigio a grupos conservacionistas, pusieran en práctica una doble táctica: acudir a la vía judicial y censurar su impacto en el ámbito patrimonial.

Este colectivo, que empezó a funcionar cuando el Plan Especial ya había sido aprobado –algo tarde para sus propios intereses–, no ha logrado hasta ahora respaldo judicial para paralizar las obras, pero, en cambio, sí ha conseguido que su visión sea asumida, en primer término al menos, por la Unesco. Una victoria que ha cogido a contrapié a todos. Promotores, políticos y a los propios críticos con la torre.

Zoido, tanto durante la campaña electoral como en los primeros meses de su mandato, siempre se alineó con las tesis de este colectivo. Hizo suya la idea de que, si corría peligro el status patrimonial de Sevilla, había que parar las obras. Pueden ver una muestra –por si alguien todavía lo pone en cuestión– en internet.

En enero, cuando la Unesco comenzó a alertar de que la torre afectaba al paisaje histórico de Sevilla, el alcalde llegó incluso a amagar con paralizar el proyecto unilateralmente si Cajasol no aceptaba renegociarlo. Fue un proclama transitoria: la entidad financiera reiteró que no tenía intención de suspender las obras y dijo que pediría indemnizaciones millonarias. Zoido calló. Esto es: otorgó. No movió pieza. Empezó a meterse en el jardín. Todavía no ha salido.

Intentó ganar tiempo quitando importancia a las alertas de la Unesco. Esta semana la cuestión dejó de ser opinable: la propuesta de resolución que se vota a finales de mes en San Petersburgo recomienda, de entrada, retirar a Sevilla su sello patrimonial. Para asombro general, Zoido ha empezado ahora a sostener lo contrario de lo que siempre dijo, negando además estar incurriendo en ninguna contradicción. Probablemente sea para no darle al portavoz socialista en el Ayuntamiento, Juan Espadas, el gusto de terminar haciendo precisamente lo que él le había propuesto a inicios de este año. Sin éxito.

Parece claro, de cualquier forma, que Zoido no sopesó bien la cuestión cuando se alineó en contra del rascacielos, acaso por dar más importancia a los titulares de prensa que al árido mundo del derecho urbanístico. Era la clave: según la ley, una licencia es un acto reglado –no graciable– y debe concederse siempre si se ajusta a derecho. Es el caso de la Torre Pelli. Revocar su permiso de construcción sin una razón urbanística –no valen las políticas ni las estéticas– implica incurrir en un acto administrativo nulo e, incluso, potencialmente delictivo.

Las licencias están amparadas por el principio de irrevocabilidad. Es el mismo talón de Aquiles de todos los grandes asuntos de su primer año de gobierno: Ikea, Alameda, Gavidia. Contar con una mayoría de veinte ediles no exime de tener que cumplir la ley y, en su caso, contar con razones defendibles ante terceros, incluso en sede judicial. Hace falta tener argumentos. Y el argumentario oficial de la Alcaldía, ahora se ve, es sencillamente imposible.

El alcalde niega que haya cambiado de posición. Quizás sea cierto: nunca la ha tenido. La Torre Pelli, más que un atentado a la Sevilla histórica o un proyecto con beneficios económicos, para el PP ha sido simplemente un argumento electoral. Un recurso para erosionar al anterior gobierno y a la Junta sin importar las consecuencias, que ahora son nefastas.

Si se consuma la propuesta de la Unesco, Sevilla sufrirá un revés en su marca exterior, una de las obsesiones del regidor. No es el único daño: la credibilidad del alcalde también va a bajar muchos enteros, si no lo ha hecho ya. Es el peligro de gobernar a base de golpes de efecto: las cañas se tornan lanzas. Algún capitular de la Plaza Nueva debería aprender inglés. Y otros, algo de urbanismo. Es duro, pero tiene sus satisfacciones.

Artillería: factoría de ideas

Carlos Mármol | 4 de marzo de 2012 a las 6:05

El Ayuntamiento vuelve a equivocarse al plantear usos administrativos para recuperar el edificio de la Fábrica de Artillería de San Bernardo, una joya patrimonial cuya vocación, más que albergar oficinas, debería ser acoger el Museo de Sevilla.

Cada vez que un político plantea un debate sobre un edificio con cierto valor patrimonial, en Sevilla caemos en esa vieja costumbre, tan nuestra, de los opuestos; la tensión de los contrarios. No es una fórmula exacta, pero por lo general estas discusiones discurren por dos orillas: por un lado, aquellos que quisieran que los edificios históricos volvieran a sus primitivos usos; por otro, los que no tienen reparo alguno en reinventarlos por completo para acoger nuevas funciones que quizás no sean las más adecuadas para su verdadera supervivencia.

El primer planteamiento es estéril, porque el tiempo no suele detenerse, salvo en la literatura del idealismo sevillano o en libros como los que José Martínez Ruiz, Azorín, publicó sobre una España de imposible perpetuación más allá del papel. El segundo, en cambio, implica tener mucha imaginación. Reformular un edificio histórico sin faltarle al respeto no es cosa fácil: hay que conocer de primera mano su génesis y evolución para ser capaz de hacer algo que lo complete, sin violarlo. Y, obviamente, al menos en Sevilla, luchar con los muecines patrimoniales, que acostumbran a tratar de imponer su visión de Sevilla (la estampa) a los demás.

El Ayuntamiento de Sevilla ha propuesto esta semana trasladar la Gerencia de Urbanismo, el departamento más importante del Consistorio, a la Fábrica de Artillería. Ocupado durante años por el ejército, que lo cedió a la ciudad en contraprestación por las sucesivas recalificaciones urbanísticas negociadas con el anterior gobierno de PSOE e IU, bastante generosas para los militares, que no sólo patrimonializaron estas plusvalías urbanísticas en el punto alto de la burbuja inmobiliaria, sino que lograron cuadrar el círculo al venderle al Ayuntamiento unos terrenos que en su día fueron cedidos por éste al ejército de forma gratuita, como es el caso del cuartel de Monterrey, el edificio de Artillería pasó así a manos de un Consistorio que lo asumió sin haber cerrado previamente un acuerdo con los militares para abordar su rehabilitación ni tenía (ni tiene) un programa de usos adecuado a su historia.

En la fábrica de San Bernardo no puede hacerse cualquier cosa. Un tesoro (en este caso de la arquitectura industrial) no puede cobijarse en papel de estraza, sino que requiere un cofre acorde a su valor. La Artillería de San Bernardo es un edificio semilla: explica la historia completa de Sevilla en una única pieza, aunque algunos no sepan leerla. En su interior estuvo la fundición de Juan Morel, donde además de campanas y cañones, que eran la mayor parte de los encargos que recibía este artesano de San Lorenzo, su hijo (Bartolomé) fundiría unos años después el símbolo de Sevilla (el Giraldillo) y el tenebrario de la Catedral. Motivos suficientes para tener cierto respeto al solar primigenio a partir del cual se trazó (con la trama castellana propia de los campamentos militares) la primitiva planta de la Artillería, cuya importancia sólo es comparable al edificio de la antigua Fábrica de Tabacos del Prado.

Al contrario que éste, Artillería no tuvo nunca una función pública que garantizase su supervivencia a lo largo del tiempo. Cuando se transformó en la actual fábrica (época de Carlos III) vivió su etapa de mayor actividad, pero a medida que la industria bélica y religiosa se vinieron abajo, el inmueble quedó, como otros tantos en Sevilla, bajo la custodia de un ejército que igual lo utilizaba como aparcamiento que para acoger unas oficinas donde la actividad era bastante discreta.

El gobierno municipal quiere ahora readaptarlo para que acoja usos administrativos. También comerciales. No es la primera vez que lanza una idea similar, aunque casi siempre estos globos sonda no suelen ir acompañados ni de un plan específico de usos ni de un presupuesto, factores ambos que obligan a ponerlos en cuarentena. La nueva propuesta municipal para readaptar Artillería para acoger oficinas municipales parece pues ser fruto de una improvisación, más que una cuestión sopesada. Urbanismo, de hecho, ya tenía resuelta la construcción de su nueva sede en la Isla de la Cartuja pero la llegada del PP a la Alcaldía cambió estos planes cuando el nuevo gobierno descubrió que el anterior regidor, Alfredo Sánchez Monteseirín, había permutado (saltándose la ley) parte del patrimonio municipal a cambio de arrendar oficinas en la Torre Pelli. La anulación de dicho acuerdo era obligada, pero abría una nueva incógnita: ¿dónde reubicar a la Gerencia de Urbanismo?

El ejecutivo de Zoido propone ahora que sea en la Artillería de San Bernardo, aunque no haya resuelto dos cuestiones básicas. Primera: ¿Cómo piensa financiar dicho traslado? Segunda: ¿Cómo será la futura Gerencia de Urbanismo? El plan del anterior gobierno local, desbaratado ya, al menos tenía cierta lógica: se vendían al mejor postor las Caracolas y el edificio de Emvisesa en la calle Bilbao y con los beneficios (unos 90 millones de euros, se calculó en su momento) se construía una nueva sede, diseñada por el arquitecto José Antonio Carbajal, en la Cartuja. El estallido de la burbuja inmobiliaria frustó estos planes. El problema ahora es de dinero: ¿De dónde sacarlo? Y de destino: ¿Es mejor usarlo para hacer el edificio de nueva planta en la Cartuja, valorado en 70 millones de euros, o destinarlo a adaptar la Fábrica de Artillería?

Hay quien piensa que esta segunda opción es la más inteligente. Aunque la cuestión no es tan simple. Primero porque el suelo que dejaría de usarse en Puerto Triana (la parcela dotacional donde iba el edificio de Carbajal) no puede contribuir, dada su calificación urbanística, a financiar la rehabilitación de Artillería. Y segundo porque, antes que cualquier otra cosa, el gobierno del PP tendrá que decidir qué Gerencia de Urbanismo quiere tener durante los próximos años. Algo de esto ya se explicaba en la hoja de ruta secreta que un alto cargo de Urbanismo elaboró para el equipo de Zoido. Hasta ahora sólo se ha aplicado en cuestiones superficiales. Pero tras los comicios autonómicos, la operación de ajuste llegará. E implicará reducción de personal y la salida de bastantes trabajadores. La caída de los ingresos del mercado inmobiliario han dejado a Urbanismo al borde del crack. Si el Consistorio no sale en su rescate, el pago de los sueldos no podrá garantizarse más allá del mes de septiembre. ¿Tiene sentido trasladar a un edificio tan inmenso a un departamento cuyo tamaño se va a reducir a medio plazo? No lo parece. Incluso la fórmula de acumular en Artillería otras oficinas municipales distintas (el ICAS) parece insistir en una vía que concibe a este edificio más como un contenedor de diversos usos, incluyendo incluso los comerciales privados, que como un monumento único.

Parece defenderse así que lo que se haga en la Artillería dependa sólo del interés que su rehabilitación despierte en los posibles inversores privados. Lo inteligente, sin embargo, no es abrir el edificio a una amalgama de usos divergentes. Este tipo de fórmula no funciona. Basta ver la Cartuja, donde se abogó por mezclar un parque temático con un recinto empresarial y con oficinas. Si este modelo no funcionó en el antiguo recinto de la Expo 92, difícilmente lo hará en un único edificio. Artillería debería ser objeto de un proyecto único de usos. Acaso la sede del  Museo de la Ciudad que Sevilla lleva dos décadas intentando poner en pie sin éxito. Una factoría de ideas sobre la propia ciudad abierta a todos los ciudadanos, no limitada a los funcionarios. Un proyecto público que busque la colaboración privada, pero que no se limite sólo a cumplir sus deseos.

Anatema

Carlos Mármol | 22 de febrero de 2012 a las 6:05

Si fuera por ellos, Sevilla seguiría siendo una estampa en lugar de una ciudad. Una ficción en vez de un lugar. Un sueño (con mucho de pesadilla) en lugar de un posible hogar compartido. El proyecto que Vázquez Consuegra ha concebido para las Atarazanas ha provocado la airada reacción de algunos de los sectores más conservadores –que no conservacionistas– de Sevilla, contrariados porque, a pesar de no tener presupuesto alguno, ni respaldo jurídico de nadie, ni siquiera entidad, sus particulares ideas sobre este edificio han sido desoídas por las administraciones y, en último término, hasta por Zoidoalcalde. ¿Hasta dónde vamos a llegar? Un rotundo fracaso, algo inaceptable dado que llevaban –y llevan– de embajador a un prohombre como Manuel del Valle, ex alcalde.

Hoy tienen convocada una mesa redonda en el Ateneo para debatir sus propios dogmas. Libres son de discutir lo que gusten. ¿Quién se lo impide? Sin embargo, lo que ayer preocupaba a alguno –otros son unos auténticos caballeros– era que alguien los oyera y, a ser posible, les brindara un titular de periódico que hiciera a los políticos pensárselo dos veces –ahora, en elecciones– antes de dar luz verde al proyecto del mejor arquitecto que ha dado Sevilla en décadas. Dado este anhelo, su posicionamiento debía parecerles a ellos mismos ínfimo. Quizás porque es justamente así.

El proyecto de Vázquez Consuegra acaso no guste a todos, pero tiene la inmensa virtud –frente a las peregrinas ocurrencias de esta sociedad civil, tan dada a los padrinos–, de entender y vincular en un magnífico ejercicio de síntesis la Sevilla histórica con una ciudad presente que, mal que les pese a los costumbristas de guardia, siempre atentos a establecer las esencias de la sevillanía, es tan inevitable como rotunda. Está aquí. Es la que existe. No hay otra.

Critican a Vázquez Consuegra por proyectar el CaixaForum sobre las Atarazanas, lo que, en su opinión, implica su destrucción. Al parecer, esto es un anatema. Y también es lo que hizo Hernán Ruiz en La Giralda: cimentar el Renacimiento sobre el alminar desde el que el muecín llamaba a la oración y defendía la sharia. Justo igual que ahora.