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Urbanismo pluscuamperfecto

Carlos Mármol | 28 de octubre de 2012 a las 6:15

La recalificación del entorno urbano del Estadio de la Isla de la Cartuja es un ejemplo de ‘la eficacia’ del gobierno municipal en asuntos urbanísticos: un expediente que no se sostiene unido a una media verdad.

Hay quien piensa que un buen sistema para ocultar las carencias es dar gritos. Hacer un alarde para distraer la atención. Puede ser. En cualquier caso, éste es el sendero que ha elegido para el presente el gobierno municipal del PP, cuya extraordinaria mayoría en el Pleno –20 ediles tiene– parece ser proporcional a su falta de solvencia política. Especialmente en las lides urbanísticas. El alfa y omega de la política municipal. Una pena. Una triste realidad.

Estos días repaso la prensa atrasada –dicen no hay nada más antiguo que un periódico (de ayer)– después de un largo paréntesis. Al hacer el obligado escrutinio otoñal encuentro una extraña sucesión de golpes de efecto, en su mayoría fallidos, impulsados con vehemencia por el habitual equipo de guardia de la Alcaldía, que da la impresión de haber volcado sus energías en la delegación más problemática, donde sigue estando, tan rotunda como evidente, la misma piedra con la que desde hace ya dos años no deja de tropezar el alcalde.

El rosario tiene las cuentas muy claras. Las enumero. En el último mes el PP ha puesto al borde del fracaso al estratégico proyecto cultural del CaixaForum con un cambio de criterio inexplicable y caprichoso. Ha recibido un sonoro tirón de orejas en público por parte de la patronal sevillana por subir casi todos los impuestos. Comienza ya a escribir el preámbulo del gigantesco ajuste que viene y que no ha empezado todavía a vislumbrarse en toda su extensión: Sevilla Global ya no existe, Giralda TV va camino de la disolución. De colofón, según cuentan ciertas voces oficiales, ha hecho una recalificación como un estadio. La del coliseo de la Cartuja, que el viernes ratificó el Pleno.

El ‘episodio Decathlon’. Sobre esta cuestión merece la pena detenerse. Los exégetas del alcalde nos la transmitieron con tono marcial: “He dado las instrucciones oportunas para que se cambie el PGOU”, dijo el regidor. La versión oficial afirma que con la operación se busca que Sevilla no pierda inversores por culpa del marco urbanístico vigente. No es cierto. Aunque eso a ellos se ve que les importa poco. Nada. En su lógica política la verdad ha pasado a ser algo contingente.

Zoido acaso no ansíe con este nuevo movimiento más que otro argumento interesado en su perpetua estrategia de confrontación con la Junta. En caso contrario no se explica bien ni el fondo ni la forma elegidos. Francamente, la eterna canción del victimismo municipal cansa. Los ciudadanos tienen otras cosas que atender. La esencial: tratar de seguir vivos en el enorme océano de amargura en el que se está convirtiendo la vida diaria. En la Alcaldía parecen haber dejado de reparar en la rotunda postración por la que pasan miles de sevillanos y continúan vendiéndonos el libro de siempre: el superhombre contra los diablillos rojos de San Telmo. En fin.

En honor a la verdad, el único principio al que se debe un periodista, habría que decir que el episodio de Decathlon no es sino una muestra más del sentido de la eficacia de Plaza Nueva: es un expediente urbanístico que no se tiene en pie y que tan sólo persigue armar un relato político sesgado sustentado en una media verdad. Algo casi peor que una mentira.

La historia ya la publicó –en exclusiva– este diario. El equipo de gobierno del PP ha estado durante muchos meses dando un trato dispar y caprichoso a los inversores privados interesados en desarrollar proyectos inmobiliarios en Sevilla en función de quién fuera el promotor, no de pautas técnicas, objetivas y expresas. Mientras en el caso del aparcamiento de la Alameda o la recalificación de la Gavidia modificaba el Plan General sin más miramientos, a Decathlon, una empresa que quería abrir una gran superficie comercial junto al estadio de la Cartuja, le cerraron las puertas. El hecho resultaba contradictorio con el discurso público de la Alcaldía. No les importó demasiado. ¿Quién se iba a enterar?

Su actitud sólo se entiende debido a la competencia que existía entre la iniciativa de esta firma y el proyecto virtual de nuevo pabellón deportivo de la Federación Española de Baloncesto, después fallido. Dado que el alcalde es aficionado a ejercer de promotor deportivo, en las caracolas le dijeron a los de Decathlon que lo suyo no sólo no podía ser, sino que era imposible. Dos veces. En reuniones documentadas. En la sorprendente falta de interés del Ayuntamiento pesó también otro hecho: la recalificación del estadio de la Cartuja sólo beneficiaba a la Junta de Andalucía, gestora del recinto deportivo, con quien Decathlon tenía suscrita una concesión económica.

Al equipo municipal no le gustó nada verse retratado en esta suerte de urbanismo reversible. Es lógico. No salían bien. Lo inaudito es que apenas unos meses después quienes dejaron morir un proyecto que hubiera sido relativamente viable con determinados cambios quieran aparecer como salvadores de la patria. Justo ahora, cuando la compañía de artículos deportivos ya ha desistido de su iniciativa dada la respuesta oficial del Consistorio.

Zoido obvió al comunicar su marcial decisión todos estos antecedentes –molestos para el discurso del Ayuntamiento– y, como suele ser recurrente, culpó al anterior gobierno local de todo. Hasta de la guerra de Troya. Es el disco habitual: traspasar las responsabilidades propias a los demás se ha convertido en una insana costumbre en el PP. También lo hizo el concejal de Urbanismo, Maximiliano Vílchez, después de poner a la Caixa al borde de renunciar a la rehabilitación de las Atarazanas al culpar a la entidad financiera de hacer las cosas tarde y mal. Cosa que no deja de ser sorprendente si se tiene en cuenta que fue el propio gobierno del PP –ningún otro– quien dijo por escrito que este proyecto era totalmente viable sin necesidad de un plan especial.

La recalificación. Si se analiza el expediente de la recalificación del Estadio Olímpico –una parcela exterior, en realidad–, se verá que estamos ante un ejemplo de aquella excelencia suiza que nos prometió en campaña el regidor. El Consistorio va a modificar una normativa de aplicación general para dar cobijo exclusivamente a una hipotética situación particular cuyo promotor es inexistente. Una heroicidad. La fórmula no sólo es extraña, sino ilegal. Y lo es porque la figura jurídica en la que se sustenta –la reserva de dispensación– ha sido tumbada en los tribunales. El motivo: un Ayuntamiento no puede cambiar una norma general para satisfacer un interés parcial. De hacerse, el cambio debería alcanzar también a todos los otros propietarios de suelo en idéntica situación. Esperaremos a que el Consultivo se lo explique.

No es la única paradoja. Al tomar este singular sendero urbanístico, a quien realmente perjudica Zoido es al propio Ayuntamiento. Y lo hace además para beneficiar a la Junta. ¿No me creen? Es obvio: el Estadio verá incrementado automáticamente su valor patrimonial gracias a este urbanismo a la carta mientras el Consistorio, que es el titular registral de la mayoría de dotaciones deportivas de Sevilla, no porque todas ellas quedan excluidas de la nueva norma. Extraña forma de velar por los intereses públicos.

La operación además no soluciona nada. Y no permitirá la implantación de una gran superficie en el coliseo deportivo. El PP ha optado por modificar un artículo equivocado  –el 6.6.11 de las normas del PGOU– sin reparar en que en 2010 se modificó otro –el número 6.5.39– que sigue impidiendo legalizar “grandes superficies comerciales en suelo urbano consolidado”. Sólo es posible en terrenos urbanizables. El Estadio está en territorio urbano.

Vílchez dijo en el Pleno: “El PGOU no es infalible, ni perfecto, ni intocable”. Podría discutirse. De lo que ya no nos cabe  duda es de que al gobierno del PP le ocurre lo mismo. Ni es infalible, ni perfecto, ni intocable. Más bien parece un perfecto desastre. A pesar de su piadosa costumbre de creerse pluscuamperfecto. Laus Deo.

San Petersburgo: efectos secundarios

Carlos Mármol | 29 de junio de 2012 a las 6:05

Las promesas que Zoido ha hecho ante el Comité Mundial de Patrimonio de la Unesco necesitan el visto bueno de la Junta, implican cambios urbanísticos y, en ciertos casos, podrían obligar a pagar indemnizaciones a terceros.

La frase de moda dice que el demonio está en los detalles. En las hipotecas. En los seguros. En los contratos. También en los compromisos políticos que se adquieren ante las instituciones internacionales. Si aplicamos el principio de ver la letra pequeña de las cosas, costumbre que aconsejan la prudencia y la experiencia, a la teórica victoria que el Ayuntamiento de Sevilla insiste en haber conseguido esta semana en la cita de San Petersburgo habría que aplicarle algunos atenuantes . Quizás demasiados.

La supuesta gesta se asemeja mucho más a un acto de piedad. Según el relato del Ayuntamiento, los argumentos que hicieron que el dedo de la Unesco se levantara hacia arriba –como una torre– en lugar de hacia abajo son como una réplica de las arquitecturas efímeras que en el Siglo de Oro se levantaban en las ágoras sevillanas para disimular la realidad. Digámoslo de forma coloquial: son unos excelentes argumentos retóricos, pero a efectos prácticos no sirven de casi nada. Vayamos despacio. Por partes.

En primer lugar hay que analizar el relato municipal de la victoria. La historia oficial. Según esta versión –cuya fuente es única y es imposible contrastar hasta ver la redacción final del acta de la Unesco–, Sevilla no ha perdido el sello patrimonial de sus tres grandes monumentos –Catedral, Alcázar y Lonja– porque Juan Ignacio Zoido, apoyado por el Gobierno de Mariano Rajoy, se empleó a fondo ante el sanedrín patrimonial.

Los juglares nos cuentan que a pesar de que la posición de partida era muy difícil –en los relatos épicos siempre es bueno resaltar las dificultades del héroe para que su victoria sea más egregia– las razones que puso encima de la mesa el alcalde terminaron al punto por convencer a la Unesco, incluso a pesar de la dura postura (los enemigos en la narración mítica deben ser sólidos) de Alemania.

¿Cuáles son estos argumentos? ¿Cómo han sido capaces de obrar el prodigio? Sustancialmente son dos. Primero: ampliar la protección del patrimonio histórico en Sevilla. Dos:evitar que nuevos edificios en altura puedan verse desde la zona monumental. Al acto de contrición, que es en lo que consistió la intervención de Zoido, que primero prometió parar la torre y ha terminado defendiéndola, siguió una amplificatio involuntaria: el alcalde hasta está dispuesto a que Sevilla acoja un “congreso doctrinal” sobre cómo combinar el paisaje con el patrimonio. Algo de lo que sabemos mucho en esta ciudad. A la vista está.

Hasta aquí la versión oficial, que vende como logro lo que es una excepción política. La Unesco llegó a su reunión con una resolución en contra de la Torre Pelli y en esa misma asamblea castigó a la ciudad de Liverpool. Las gestiones del alcalde han logrado que nos perdonen la vida –durante un año más– pero el motivo, desde luego, no parecen ser los argumentos oficiales. Ni mucho menos. Sobre todo porque son bastante discutibles.

En primer término hay que aclarar una cuestión clave para enjuiciar el argumentario:la Torre Pelli existe no porque Sevilla carezca de un sistema de protección patrimonial o este edificio lo haya violado, sino pese a ambos factores. Nuestro corpus patrimonial rige desde hace casi medio siglo y ha sido desarrollado durante más de dos décadas. Lo único que pasa es que la torre de la discordia está fuera de su ámbito jurídico, no dentro. ¿Es un mérito prometer que se hará lo que ya se tiene? Como demuestra justamente el polémico rascacielos, esto no afecta al fondo. Es tangencial.

El Conjunto Histórico de Sevilla fue declarado por decreto en 1964. Fue objeto de una ampliación iniciada en 1982 que no culminó hasta 1990. El Ayuntamiento no ha explicado aún si su compromiso significa incrementar la superficie de su ámbito legal o, por el contrario, se limitará sólo a mejorar las normas existentes dentro del perímetro ya establecido. En cualquier caso, el cumplimiento de ambas cuestiones no es de índole municipal.

Es la Junta de Andalucía, que tiene las competencias en la materia, quien deberá resolver el asunto. Lo que significa que para que Zoido pueda cumplir su palabra ante la Unesco –en cualquiera de los dos sentidos antes mencionados– debe contar con un acuerdo marco con la administración regional, a la que precisamente acusa de bloquearle proyectos –la Alameda, la Gavidia– y cuya ausencia en el examen de San Petersburgo es enjuiciada por la Alcaldía como un acto hostil hacia Sevilla.

Si la opción pasa por ampliar el actual límite de la Sevilla histórica para incluir a la Cartuja en su totalidad, dicho cambio afectaría a la licencia de la torre, que habría que revisar y, en su caso, adaptar mediante el pago de una indemnización a la que Zoido se ha negado antes de ir a la Unesco. Una locura. Si lo que el Consistorio ha prometido es que el ámbito administrativo de la Sevilla monumental contará con un marco de protección patrimonial suficiente estamos ante un argumento descontado. Toda esta normativa ya existe.

De los 27 sectores en los que se divide el Conjunto Histórico casi todos cuentan con planes de protección convalidados, además de con catálogos que controlan las operaciones inmobiliarias en el caserío histórico. Los grandes monumentos cuentan con su propia normativa específica, que no requiere de más planes más concretos. Es mucho más estricta. De donde se concluye: prometer lo que ya existe es un sacrificio que no es sacrificio.

¿Cómo ha podido levantarse entonces la torre? Porque está fuera de este ámbito en el que manda la normativa patrimonial. A las puertas del centro, pero fuera de la línea administrativa, que se queda en la orilla de la dársena, con la única excepción del Monasterio de Santa María de las Cuevas. La legislación válida fuera de la Sevilla histórica es la ordinaria. Es la que se ha aplicado a la Torre Pelli, cuya licencia es legal. Tanto una como otra están recogidas en el Plan General de Sevilla, puesto en cuestión de forma obsesiva por el propio gobierno local.

Aquí llegamos al supuesto segundo gran compromiso: que no se construyan más edificios en altura en Sevilla. De entrada, en dicha promesa late una contradicción. ¿Si la Torre Pelli no debe repetirse por qué entonces la defiende Zoido ante la Unesco? Dicho de otra manera: ¿Si defendemos a los promotores de este edificio por qué no vamos a hacer lo mismo con todos los demás? Consciente del aprieto, el Gobierno central acuñó ante la Unesco un singular concepto: “el impacto no directo”. Una expresión que es intrísecamente imposible. Un edificio tiene impacto o no lo tiene. Punto.

Esta promesa también tiene sus problemas. ¿Puede cumplirla el alcalde? Depende. En esta cuestión, igual que en otras de índole urbanística, lo trascendente no es la mayoría, sino la ley. Los problemas son dos. Primero, el cauce:el Consistorio tendría que cambiar fichas urbanísticas y ordenanzas del PGOU. La última palabra no es suya, sino de la Junta.

Esto es lo de menos: lo sustantivo es que si decide recortar la edificabilidad a otros dueños de terrenos con el derecho reconocido a construir edificios en altura tendrá que indemnizarles por tal quebranto. Da igual que tengan o no licencia. Su seguridad jurídica está amparada por el PGOU, que consolida derechos de terceros. Si éstos se ven mermados (aplicándoles de forma arbitraria un patrón opuesto a la Torre Pelli), deberán ser compensados. No es raro que Zoido empezara ayer a autoenmendarse.

¿Cuánto cuesta dicha ocurrencia? Aún es un misterio. Tampoco se conoce el número de propietarios afectados, ya que Zoido no ha aclarado aún cuál será su criterio para limitar la altura de los edificios en el entorno histórico. Empresas potencialmente afectas ya tienen proyectos en marcha. Otras podrían negociar otras tipologías si no se reduce su edificabilidad global, aunque esto no depende de la voluntad de las partes, sino del tamaño de las parcelas. En ciertos casos, no hay margen, lo que implica que habrá que pagarles o enfrentarse a juicios.

Las promesas de San Petersburgo tienen pues sus efectos secundarios. No existen las guerras sin daños colaterales. Ni hay victorias neutras. Y al hombre lo duermen con cuentos (León Felipe).

Los Gordales resucitan

Carlos Mármol | 9 de junio de 2012 a las 6:15

El Supremo respalda el PGOU y deja al gobierno local sin su principal argumento para trasladar el distrito judicial al Prado.

La frase es de las que merecerían quedar fijas en la historia. Sin duda, esculpida en mármol, así que intentaremos hacer todo lo posible. Reza así:“No estamos en condiciones de afirmar absolutamente nada”. La pronunció ayer en una rueda de prensa Curro Pérez, el portavoz del gobierno de Juan Ignacio Zoido.

Para haber sido dicha por un vocero oficial –como llaman en Argentina a los encargados de transmitir a los ciudadanos lo que piensan los gobernantes públicos– convendrán conmigo en que es realmente notable. Talentosa. El portavoz habla pero admite que no dirá nada. Mejor dicho: asume que sólo contará lo que pueda decir. Aquello que le dejan. Da igual

No es raro. La sentencia del Supremo que ayer dio la razón a la Junta de Andalucía, que es la que aprobó definitivamente el PGOU, pone fin a la incertidumbre que durante el último lustro ha mantenido en el aire la ordenación urbana de uno de los enclaves más estratégicos de Sevilla: los terrenos de Los Gordales, herencia de un antiguo brazo del Guadalquivir que fue soterrado el pasado siglo y que, a partir de los años setenta, terminó convertido en el Real de la Feria. Hasta ahora.

En este sentido, la resolución judicial es una noticia excelente. Magnífica. La ciudad ya sabe con certeza que goza de autonomía para que Los Gordales acojan los proyectos previstos: un campus universitario, zonas verdes, una banda de usos terciarios (comercial y oficinas) y la futura Ciudad de la Justicia. Lo que estaba en discusión, además de dinero –el Gobierno central reclamaba mayor tajada por ceder los suelos–, era la propia capacidad jurídica del Consistorio para ordenar su territorio. Algo que se ha puesto en duda interesadamente en algunos otros litigios anteriores –Tablada, sin ir más lejos– y que, últimamente, al calor de la obra interruptus de la biblioteca del Prado, parecía ser cuestionado hasta por el actual gobierno local. Cosa llamativa.

Tanto el famoso fallo del TSJA avalando la calificación urbanística de Tablada –cosa distinta es el proceso de expropiación– como el que ayer dio a conocer el Supremo respaldan las directrices del Plan General de Sevilla, cuyos principales críticos –ahora– son justamente los políticos a los que corresponde aplicarlo. Primero, porque es su obligación. Y segundo porque no cuentan con mejor alternativa para tratar de resucitar la maltrecha economía de la capital hispalense.

Sevilla, pues, gana. Que lo haga también el gobierno municipal de Zoido ya es cosa bastante más dudosa. Discutible. Relativa. Quizás por eso ayer su voz oficial prefirió ser cauto. No es mala actitud: los excesos, en el urbanismo al menos, no le han salido bien al PP en el año largo que lleva en la Alcaldía. Pérez se limitó a repetir el guión de los tiempos de la oposición, cuando el PP recordaba que el litigio contra el Plan General lo puso un Gobierno central presidido por Zapatero. Un presidente socialista. Anatema.

Claro que esto, a estas alturas, con las siguientes elecciones a tres años vista, tiene una trascendencia igual a cero. Mínima. Ridícula. Lo importante, más que su promotor, era la resolución final de la demanda. Y aquí nadie puede hablar demasiado alto: Zoido, aunque lo ha intentado, tampoco ha podido conseguir que la actual administración estatal –ahora dirigida por el PP– retirase el recurso de casación presentado al no aceptar la derrota judicial previa que se produjo en el fuero autonómico. Hubiera sido una gran victoria para el alcalde. Lástima.

Este fallo del Supremo no ayuda demasiado al gobierno municipal. Incluso a pesar de la versión oficial. Es cierto que no lo pone en un aprieto, pero sí invalida uno de los argumentos que esgrimía el alcalde para proponer que la Ciudad de la Justicia se construyera sobre los juzgados del Prado de San Sebastián en lugar de en Los Remedios. Si el futuro de Los Gordales era una incógnita, la opción del Prado aparecía como una cuestión, al menos, a discutir. Ahora ya no está tan claro.

Si al final se impusiera no será porque el alcalde haya convencido a la Junta, sino porque ésta –sin dinero ni demasiado entusiasmo– opta por entregar la decisión al regidor, que a su vez la delegará en una empresa constructora, porque todo el proyecto del distrito judicial del PP deviene, igual que pasa en la Alameda, de un interés comercial: construir un aparcamiento. En este caso, además, ayuda también la obsesión gremial del mundo jurídico sevillano de “no salir del centro”. Como si Los Gordales estuvieran en la luna. El habitual dogma centrípeto. Tan sevillano.

Urbanísticamente hablando, la idea del Prado es un dislate: el espacio elegido es pequeño para las necesidades de los órganos judiciales e incluye parcelas –la del antiguo equipo quirúrgico– con usos ya decididos, sin contar con el colapso que provocaría en uno de los ejes viarios más saturados de Sevilla el castillo de la judicatura. Los Gordales es la opción más lógica. En primer lugar, porque cuenta con toda la seguridad jurídica –idea que repite mucho el alcalde– del PGOU. Segundo: tiene accesos viarios de mayor capacidad. Y tercero: construye ciudad. En el Prado, en cambio, la satura. El único problema –ahora– es que hay que sacar la Feria de Los Remedios. Una operación que, aunque tiene un coste económico importante, no supone levantar una catedral. Puede y debe hacerse.

¿Dónde? Al Charco de la Pava, olvidándose de la desmesurada ampliación diseñada por Monteseirín –en caso contrario, las casetas deberían tener varias plantas–, o buscando alternativas en terrenos no urbanizables, acaso inundables –se usarán sólo una vez al año– y donde el interés público justifique una hipotética expropiación, siquiera parcial. Tablada se vislumbra como una opción. ¿Será por eso por lo que el portavoz del gobierno municipal no habla?

La ciudad posible

Carlos Mármol | 13 de mayo de 2012 a las 6:03

Sevilla carece de un proyecto urbano propio que la saque del marasmo económico. El Ayuntamiento se entretiene en cuestiones menores y golpes de efecto mientras la devastación sobre el empleo aumenta.

John Bunyan, el predicador inglés, autor de The Pilgrim´s Progress, una novela metafórica sobre la salvación del alma que es uno de los libros más leídos en lengua inglesa, debería haber nacido en Sevilla. El destino, en cambio, quiso que viera la luz primera en Elstow, una pequeña aldea británica. A pesar de la enorme distancia –en el tiempo y en el espacio– que nos separa de él, uno de los elementos dogmáticos que defiende en su obra, una suerte de embrión del puritanismo religioso, resulta ser mucho más aplicable a la situación por la que pasa la capital de Andalucía que a los villorrios baptistas por los que discurrió su existencia, marcada por el afán de predicar su evangelio sin el correspondiente permiso legal; costumbre que le llevó a prisión durante algo más de una década. Ya entonces se sabía que decir a los demás lo que se piensa en público era fuente segura de problemas. Nada nuevo bajo el sol.

Bunyan relata en este libro su viaje alegórico desde la Ciudad de la Destrucción a la Urbe Celestial. Una especie de sendero iniciático. La ardua búsqueda de la salvación. Camino similar deberíamos estar recorriendo los sevillanos en estos momentos de quiebra de todos los valores materiales y anímicos en los que hasta las cosas que parecían ser más seguras se tornan hipotéticas. Y, sin embargo, aquí estamos como siempre: parados, esperando los trenes de fuera –que no van a llegar– y con el discurso aldeano de que hay que ponerle una alfombra roja a quien quiera venir a salvar a Sevilla de la lamentable situación en la que se encuentra. Como si todavía existieran los profetas.

Paradójicamente, en estos tiempos de zozobra la gente cree, y hasta vota, a los políticos milagrosos. Lo que viene ser igual a pensar que los hechos inauditos existen. Sin entrar en materia de fe, la estadística desmiente a diario tal aserto, pero esto no impide que muchos se arropen en nuestros propios tejidos puritanos –las hondas tradiciones, las esencias– como única defensa ante la enorme incertidumbre, que crece por doquier. La actitud del avestruz: esconder la cabeza y mirar hacia el suelo. Disimular. No cruzar la mirada con el peligro. Fingir tranquilidad e ignorar la realidad: las cosas no dejan de empeorar.

Sevilla carece en estos momentos de un proyecto urbano propio para tratar de navegar en mitad de esta tempestad. El que se trazó hace ya un lustro –plasmado en un Plan General que apenas si se ha puesto a funcionar– es perfectamente válido pero, a efectos políticos, parece no contar demasiado. La mayoría absoluta del PP en el Ayuntamiento, al menos en el año que lleva en el poder, no ha hecho más que gritar que su validez es cero y defender que es necesario superarlo. Curiosamente, este discurso –que no es cosecha propia, sino que responde a otros intereses; legítimos pero partidarios– se hace sin que nunca aflore de quienes critican al Plan General ninguna alternativa distinta a la jurídicamente vigente.

No es extraño que esto ocurra. Si la mentalidad de muchos, entre ellos los políticos, es que debemos ser salvados desde el exterior –en realidad lo más probable es que nos intervengan, lo que sería bastante más traumático– parece descontado que se dediquen, sobre todo desde el Consistorio, a esperar a que sobrevenga ese incierto milagro mientras nos entretienen, como en la Feria, con sus golpes de efecto –el mandato comenzó con la obsesión por el tenis; así seguimos– y el revisionismo fácil.

Mala cosa. No tenemos futuro alguno como ciudad, que no es sólo un territorio, sino una comunidad, más allá de nosotros mismos. Frente a la ciudad celestial que, con variantes distintas, nos vienen vendiendo desde la Plaza Nueva desde hace un año, en la que las grandes reformas se limitan a cambiarle el nombre de una calle –Marinaleda hizo lo mismo en sus tiempos míticos; ya se sabe que una revolución no es nada si no modifica el nomenclátor–, es necesario reivindicar la ciudad posible, que es la depende de nosotros mismos. De los sevillanos.

Habría que invertir por completo los términos de la discusión: no esperar de fuera ninguna salvación, sino salir a conquistar un destino plausible. Porque las soluciones, los proyectos, no son el maná bíblico, que cae del cielo porque Dios ha decidido alimentar a su pueblo, sino el resultado del trabajo, la solvencia y el talento de quien persigue un horizonte. La supervivencia, en este caso.

Sevilla sigue presa de sus habituales discusiones sobre la estética patria y el idealismo infantil sobre la urbe predestinada y elegante, mientras sus cimientos –que son la gente– se hunden en el barro del desempleo, la ruina y la quiebra diaria. Quizás todo está escrito y a esta generación de sevillanos nos va a tocar revivir las famosas estampas del 98: las últimas colonias americanas perdidas sin remedio mientras se jalean los toros en la Maestranza. Puede ser. Pero también, aunque es difícil, puede pasar que seamos al fin capaces de reaccionar.

Las sociedades inteligentes son aquellas que, además de permitir la discrepancia y el intercambio de ideas, dejan a sus individuos avanzar por sí mismos sin tener que depender –más allá de lo estrictamente necesario– de los rituales del hormiguero. El futuro se gana, no se espera. Sentarse a sestear en la estación no tiene mérito alguno: el tiempo discurre por su sendero sin que movamos un dedo. Lo meritorio es caminar, trazar un plan colectivo –fruto del consenso ciudadano; no de los intereses de los habituales linajes hispalenses– y trabajar en una determinada dirección con el mayor impulso posible. Salir fuera. Aprender. Equivocarse. Volver a la carga. Dejarse de discursos, concentrarse en los hechos. Dedicarse a la tarea.

Urge impulsar una profunda discusión ciudadana sobre esta cuestión. Quien espere que la iniciativa salga de los foros políticos es un perfecto ingenuo. O peor. Ni existe suficiente conciencia ni probablemente haya suficiente capacidad intelectual para asumir este enorme reto. Su papel, con suerte, consistirá en reaccionar, cosa que sólo se producirá si perciben a su alrededor un verdadero movimiento civil independiente que no sean capaces de controlar. Alguien que baje el telón del teatro.

La ciudad posible que podría ser Sevilla no va a venir de la clase política, sino de los ciudadanos, que son algo muy distinto a lo que algunos llaman la sociedad civil. Es la gente la que tiene que asumir su propia responsabilidad como ciudadanos, resolver sus incógnitas –si las tienen– y modificar la percepción del mundo heredada –porque el mundo tal y como lo hemos conocido hasta ahora se viene abajo;no va a quedar nada en pie– si quiere llegar a sobrevivir con cierto grado de autonomía. Y todo empieza por lo mismo:perder el miedo a hablar.

Sevilla debería dejar de ser una ciudad de silencios por miedo a situarse en el lugar equivocado. Una ciudad en la que en lugar de rogar, rezar y pregonar –rituales de las civilizaciones primitivas– se empiece de una vez a argumentar, inventar y colaborar.

Todas las ciudades nacen por un motivo determinado, concreto. En ocasiones es la geografía –el vado de un río es nuestro caso–, la economía o el simple capricho de un príncipe –éste, por ejemplo, es el germen de la urbe barroca– pero lo que está comprobado, principalmente porque nos lo enseña la historia, maestra de la vida, es que cualquier ciudad, por sólida que nos parezca, incluso aunque como Roma sueñe con convertirse en una urbe eterna, puede morir –sin dejar de existir sobre un plano físico– si sus propios habitantes no son capaces de impedirlo.

El dogma

Carlos Mármol | 19 de abril de 2012 a las 6:03

Hacía falta pasar de la retórica a los hechos. Entre otras cosas, porque la retórica ya no se la cree nadie. Ni ellos. Tanto es así que no extraña nada, sino todo lo contrario, que después del interruptus de las autonómicas, cuando ya no hay forma de sostener la ficción, el alcalde –a través del interestelar concejal de Urbanismo– se haya descolgado con una macromodificación del Plan General para, entre otras gestas, hacer un aparcamiento rotatorio en la Alameda que no reclaman más que los dirigentes de Aprocom, vanguardistas reconocidos tanto en materia textil como de movilidad.

Nadie le niega a Zoido la legitimidad para iniciar el proceso. Tiene mayoría en el Pleno. Ya lo sabemos. También sabemos, aunque ellos a veces lo olviden, que debe de cumplir la ley, lo que implica aceptar el criterio técnico de la Junta. Ayer lo admitía hasta Vílchez, que en su día vendió la recalificación de la Gavidia como inmediata. Veremos en qué termina esto, porque un cambio urbanístico que toca a un sistema general –la Gavidia es un equipamiento; la Alameda un espacio libre– es una alteración estructural de planeamiento de libro. Se mire por donde se mire.

El PP politizará la cuestión diciendo que la Junta perjudica a los sevillanos. No sé de qué le sirve. No se vota hasta dentro de tres años. El rédito electoral es ínfimo. La simple idea del parking ya debe estar costándole votos: los ciudadanos que disfrutan desde hace años de un espacio público singular no van a aceptar que se lo roben para satisfacer a un lobby, tirando además a la basura una inversión de más de siete millones de euros de dinero público sin necesidad.

En la Alameda ya no quedan hippies, sino clases medias, ilustradas y con sentido cívico. Zoido reproduce las mismas formas que Monteseirín: trata de imponer su modelo de ciudad –con coches– a los demás. Dirá que tiene la mayoría. También la tenía Monteseirín. No por eso dejó el PP se apelar al consenso al criticar el Plan Centro. ¿Ahora no?

“El PGOU no es un dogma”, se justifican.

G.K. Chesterton:“El mundo moderno está lleno de hombres que sostienen dogmas con tanta firmeza que ni siquiera se dan cuenta de que son dogmas”

Urbanismo: territorio minado

Carlos Mármol | 9 de febrero de 2012 a las 6:05

La incapacidad del Ayuntamiento y la Junta para hacer cumplir la legislación medioambiental que ‘blinda’ las vías pecuarias de Sevilla va camino de quebrar el desarrollo de un Plan General que el PP considera ajeno.

Parece una cuestión secundaria. Hay quien no es capaz de comprenderla ni con subtítulos. Y, sin embargo, va a condicionar la política urbanística de los próximos años. Si les digo vías pecuarias, probablemente les suene a un árido tema medioambiental. Es lógico. Pero si les cuento que debido a un incumplimiento legal, responsabilidad exclusiva del Ayuntamiento y de la Junta de Andalucía, buena parte del marco jurídico básico que sustenta el urbanismo en la ciudad está en cuestión, quizás su percepción sobre el particular cambie de golpe. Está por ver incluso si en algún caso concreto no se ha podido cometer hasta un posible delito.

Si aportamos por último el nombre de algunas de las empresas que podrían estar potencialmente afectadas por la negligencia municipal –Gabriel Rojas, Bogaris, Iniciativas Concertadas, Iniciativas de Bienes Inmuebles, Urbanismo Concertado– el asunto seguro que salta de escala. Quien no entendía, empezará a querer comprenderlo. Lo técnico se transformará en político. Es la magia que tiene el urbanismo: interesa bastante más cuando afecta al mundo del dinero. Y esto ocurre casi siempre. Sin excepción.

Durante los dos últimos lustros padecimos en Sevilla el síndrome de la falsa grandeur: proyectos ambiciosos, arquitectura de vanguardia, concursos de ideas, rascacielos y otros hitos de la vaporosa política del anterior alcalde, Alfredo Sánchez Monteseirín. Sus arriesgadas apuestas urbanísticas provocaron en unos casos problemas patrimoniales –véase la Torre Pelli– y en otros supusieron un quebranto para las arcas públicas –el Parasol–. Pero lo que en ningún momento logró es algo mucho más básico: conseguir que la gestión diaria de la política urbanística mejorase.

La etapa de gobierno de Juan Ignacio Zoido (PP) no ha cambiado este panorama. Hasta ahora se limita a los golpes de efecto. Poco más. Ha eliminado de la agenda política los proyectos emblemáticos, algo sin mayor mérito. Desde antes de las elecciones ya se sabía que no había dinero. Ha tratado de vender una austeridad voluntaria que más bien es obligada. Se ha quejado de la herencia recibida pero sin dejar de aprovecharla en su beneficio (Regiones Devastadas). Y ha diseñado un duro programa de ajuste para la Gerencia de Urbanismo –la famosa hoja de ruta– pendiente de lo que suceda tras las elecciones.

Todas sus demás apuestas han patinado. La recalificación de Ikea está varada desde hace medio año. La venta de la comisaría de La Gavidia también. No hay noticias oficiales de las negociaciones con Altadis y otras entidades (Betis y Sevilla) partidarias de volver a la costumbre, practicada por todos los partidos políticos, del urbanismo a la carta. Sólo hay un discurso simplista:“El PGOU es un obstáculo para el desarrollo de Sevilla”. Y una actitud arrogante: “Vamos a cambiar lo que tengamos que cambiar”.

Un problema de gestión

Bien. Sin embargo, el PGOU no tiene un problema de diseño, sino de gestión. Una responsabilidad que es exclusivamente municipal. Y que, a tenor de los últimos acontecimientos, va a convertirse en un cáncer potencial cuyas consecuencias no son únicamente legales –un juzgado de Sevilla ha encargado al grupo de delitos urbanísticos de la Guardia Civil que investigue la ocupación ilegal en distintos terrenos de parte de la red pública de vías pecuarias, cuya naturaleza jurídica es la de un bien colectivo–, sino económicas.

Hace unos días, los ecologistas presentaron en los tribunales una denuncia. En ella reclaman al juez que anule seis planes urbanísticos que afectan a idéntico número de grandes bolsas de suelo. Su argumento: no se han cumplido las exigencias establecidas por la legislación ambiental. Las vías pecuarias.

San Nicolás Oeste, donde la multinacional Ikea quiere desarrollar su operación inmobiliaria contra las directrices del PGOU, es uno de los espacios afectados. El PP prometió al llegar al poder sacar adelante esta iniciativa “en semanas”. Siete meses después, la cuestión todavía sigue varada. Sin fecha. No existía ningún bloqueo, sino presiones por parte de la multinacional para adaptar el planeamiento urbanístico a sus deseos, que consistían en liderar una operación inmobiliaria más global –con el pretexto de abrir una segunda tienda propia– muy por encima de los límites estrictos del Plan General. Un bucle del que el PP todavía no ha salido.

Ikea es el caso más llamativo. Pero ni de lejos es el factor trascendente. El planeamiento de San Nicolás Oeste todavía no ha sido aprobado definitivamente –entre otras cosas porque el PP no sabe cómo hacerlo sin violar la ley– y la cuestión podría reconducirse. La nuez del problema son los demás terrenos. Según fuentes técnicas de Urbanismo, en su caso se ha incumplido la legislación ambiental, lo que supone que sus previsiones pueden ser nulas de pleno derecho. Y esto significa poner patas arriba el urbanismo sevillano. Primero, porque impide la mínima seguridad jurídica que demandan los empresarios. Y segundo porque, de facto, viene a suponer la paralización del PGOU. Una situación que incide directamente sobre los propietarios que invirtieron en estos suelos. Y que, además, deja al equipo de Zoido sin ningún balance de gestión en materia de política urbanística.

Sevilla siempre ha crecido sobre los suelos de su entorno. Terrenos que antaño eran el campo y donde existían antiguos caminos rurales comunales que servían para el ganado: las vías pecuarias. La legislación medioambiental otorga a estos caminos de la discordia un grado mayúsculo de protección: son bienes de dominio público. La ley impide ejecutar cualquier planeamiento urbanístico que les afecte si antes no se deslindan, se desafectan y cualquier posible pérdida sobre sus itinerarios originales no se compensa con un trazado alternativo.

El PGOU diseñó un plan para cumplir este requisito en su informe de impacto ambiental. Pero desde su aprobación –2006– ni el Ayuntamiento ni la Junta lo han ejecutado. Fuentes técnicas de Urbanismo han confirmado a este diario que algunas de las bolsas de suelo afectadas son Torreblanca (Este y Oeste), Palmete, el Pítamo Sur y la Hacienda El Rosario. En ellas iban a construirse 5.277 viviendas y zonas terciarias (comercial y oficinas) cuyo tamaño es cuatro veces superior a Puerto Triana.

Basta ver el mapa de las vías pecuarias sin desafectar para darse cuenta de que estas áreas no son las únicas. Hay otros casos. Se ubican en los nuevos crecimientos urbanos situados al Norte, Este y Sur de Sevilla. En espacios tan estratégicos como Higuerón Sur (Ciudad de la Imagen) o en grandes bolsas de terrenos como la Hacienda del Buen Aire, San Nicolás y Villanueva del Pítamo. Un cáncer con metástasis.

Los demonios de la Gavidia

Carlos Mármol | 5 de diciembre de 2011 a las 6:06

La recalificación impulsada por el gobierno de Zoido para transformar la antigua comisaría del centro en un espacio comercial requiere tres modificaciones del PGOU, el permiso de la Junta y el visto bueno del Consultivo.

La recalificación de la Gavidia es un nuevo rebrote de síndrome Ikea. O lo que es lo mismo: la singular costumbre del actual gobierno municipal del PP de meterse con notable facilidad en un jardín umbrío –generalmente urbanístico– sin saber exactamente cómo salir de él, sin tantear primero sus dimensiones exactas y sin llegar a averiguar del todo siquiera el número concreto de árboles que tiene. La mejor manera de meterse en un problema. Grave, además.

La decisión del ejecutivo local que preside Juan Ignacio Zoido de vender al mejor postor para hacer caja los edificios públicos de la plaza de la Gavidia y de la calle Pajaritos –la antigua comisaría de Policía y la sede del Registro Municipal– es una llamativa forma de hacer política. A las bravas. Con un sentido sui generis de la normativa. Más o menos igual que en su día se hizo al abordar la recalificación urbanística de los terrenos de San Nicolás Oeste, donde la multinacional sueca Ikea reclamaba un cambio a la carta del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) para rentabilizar –por encima de lo necesario– una operación inmobiliaria.

Entonces, la posición de entrada del gobierno de Zoido fue: “cambiaremos lo que sea necesario antes de un mes”. La de salida todavía es una incógnita: este proyecto sigue en el aire a pesar de haberse cumplido ya todos los plazos prometidos por el alcalde como consecuencia de una “negociación técnica” que no sólo se alarga en demasía, sino que incluso provocó un episodio memorable:ver a la dirección de Ikea desmintiendo en público al propio gobierno local.

Casi todos los grandes asuntos que han puesto en apuros al equipo de Zoido en estos seis meses de gobierno –salvo el Plan Centro, cuya comisión de investigación se volvió en contra el PP, que la creó para castigar a la oposición– tienen a la Gerencia de Urbanismo de Sevilla como departamento afectado. Y a su actual titular político –Maximiliano Vílchez– como principal responsable. El foco, invariablemente, busca su figura. Algo natural, si se tiene en cuenta que toda la estrategia política del PPpasa en buena medida por derivar a otros los problemas más graves para que no perjudiquen a la Alcaldía.

Vílchez, que ya dio muestras de su conocimiento de los asuntos urbanísticos en el caso Ikea –acusó a la oposición de no conocer la normativa, pero quien ha tenido que dar marcha atrás por no respetarla en primera instancia fue él– de nuevo aparece ahora en el ojo del huracán por la enajenación de la Gavidia, que augura un nuevo quebradero de cabeza al ejecutivo de Zoido.

Vayamos por partes. El gobierno local aprobó este viernes un acuerdo que literalmente ordena a Urbanismo iniciar los trámites para “desclasificar” los edificios de la Gavidia y la calle Pajaritos. El motivo: tienen que venderse para obtener ingresos. Tanto en uno como en otro caso, el gobierno local no explica qué implica la “desclasificación” de ambos inmuebles. Un concepto de andar por casa que puede aplicarse a la vertiente patrimonial –los dos están protegidos– o a su calificación urbanística. En ambos supuestos cualquier cambio conlleva una serie de trámites legales que no dependen sólo del Consistorio, sino de otras instancias administrativas.

El caso de la Gavidia es paradigmático. El Ayuntamiento piensa recalificarlo para poder venderlo. Así de fácil. La operación, sin embargo, no es tan simple como se desprende del modus operandi municipal. Su enajenación sólo será posible si se abordan hasta tres modificaciones sucesivas del Plan General de Sevilla –cuya validez jurídica es similar a una ley– y, sobre todo, si se logra el requisito inexcusable de contar con el visto bueno del máximo órgano jurídico de Andalucía. El Consejo Consultivo. Un organismo asesor independiente que, en su momento, ya puso en un serio aprieto político a Monteseirín, cuando trató con parecida suficiencia la última modificación presupuestaria para terminar de pagar las obras del Parasol de la Encarnación.

Entremos en detalles. El primer problema de la Gavidia tiene que ver con su calificación urbanística. El PGOU la considera una dotación pública con nivel de sistema general. ¿Qué significa esto? Que es parte del esqueleto urbano de Sevilla. Y, por tanto, tan intocable como un parque público. El uso principal aplicable a esta parcela es el dotacional, aunque se tolera reservar un 20% de la edificabilidad para usos comerciales.

Al Ayuntamiento le parece poco: pretende que el solar en su integridad –7.500 metros cuadrados– sea calificado para actividades terciarias. Una modificación jurídicamente complicada. Primero, por el término utilizado en el acuerdo del gobierno local: “la desclasificación”, según juristas consultados por este diario, no existe en el caso de los suelos dotacionales. “Estamos ante una recalificación pura: un cambio que implica pasar de un uso no lucrativo (equipamiento) a otro con valor económico (terciario)”.

La cuestión no es sólo nominativa. También legal: tocar un sistema general calificado como equipamiento implica, igual que ocurrió en su día en Marbella, alterar todo el equilibrio dotacional de la parte de Sevilla –lo que el PGOU llama barrio-ciudad– en el que se encuentra.

Dicho de forma más sencilla: como la Gavidia estaba llamada a ser un equipamiento, si se recalifica el Ayuntamiento tiene obligatoriamente que compensar la pérdida de dotaciones (7.500 metros cuadrados) en esta misma área urbana. Y además debe justificarlo expresamente. Cosa nada fácil: en el centro no hay muchos espacios libres de idénticas dimensiones. Por otro lado, es probable que los vecinos afectados no reciban con agrado la noticia de que les quitan un espacio público para un centro comercial.

En segundo lugar está la vertiente patrimonial. El edificio de la Gavidia, un ejemplo de arquitectura racionalista, fue construido en 1962 por el arquitecto Ramón Monserrat. Está protegido con el segundo máximo nivel de catalogación patrimonial (global). Por tanto, no puede derribarse: es un inmueble singular, monumental.

Si se intenta darle un uso comercial, hay que hacerlo sobre el inmueble existente, que sólo puede ser reformado con meros proyectos de obra menor. Para dejar sin efecto este elevado nivel de protección, Urbanismo tendría que volver a modificar el PGOU –su catálogo patrimonial–, lograr el permiso a la Junta (Cultura) y explicar, en un momento en el que políticamente busca aparecer como defensor del patrimonio (véase la Torre Pelli), los motivos por los que piensa destruir un referente arquitectónico.

La tercera cuestión se refiere al solar de la Gavidia: la parcela sobre la que se asienta el edificio de la comisaría. Es un bien de dominio público. Por tanto, no puede enajenarse sin salvar antes la concesión demanial. De nuevo habría que modificar el PGOU, que en sus normas precisa que en el caso de las dotaciones, incluso si se altera su uso, la propiedad del suelo seguirá siendo siempre pública. Estos factores dificultan cualquier operación de venta: el supuesto comprador adquiriría un edificio protegido (que no podrá tocar) en un terreno que tampoco será suyo. Algo que no suelen hacer las grandes firmas comerciales.

La tramitación de estas tres modificaciones del PGOU está reglada: es necesario obtener en todos los casos la autorización de la Junta (Obras Públicas), el visto bueno de Cultura (Patrimonio) y conseguir el permiso expreso del Consejo Consultivo de Andalucía, que, según el artículo 36.2.c.2 de la LOUA, emitirá un dictamen vinculante. Esto es: o avala la recalificación o ésta no podrá seguir adelante.

El PP puede politizar la cuestión y culpar a la Junta (PSOE) de poner freno a sus iniciativas. Cuestionar al Consejo Consultivo es más complicado. Y sobre todo: si lo hace se pondría en la misma situación que Monteseirín cuando decidió seguir con las obras del Parasol a pesar del reproche de la máxima institución jurídica andaluza. La Gavidia está llena de demonios. Y ninguno parece benigno.

La Gavidia: un mal síntoma

Carlos Mármol | 3 de diciembre de 2011 a las 6:02

No es una sorpresa. Sí una mala noticia. Aunque, no lo duden, siempre habrá quien haga el discurso habitual: “el uso comercial generará beneficio económico y dinamizará el entorno”. De hecho, es lo que ya sostiene –por escrito; ayer todos estaban en la Davis– el Ayuntamiento. Casualmente el mismo mensaje que en su día utilizó Monteseirín con el Parasol de la Encarnación: dinamización comercial. La historia, con variantes, se repite

Pues sí: la actividad económica es buena. Magnífica en estos tiempos en los que el paro es nuestro cáncer. Aunque este discurso de máximos siempre obvia los matices. En el caso de la Gavidia, son trascendentes. A pesar de la idílica versión oficial, la decisión del PP de recalificar la comisaría –sustituir un uso dotacional mayoritario por otro lucrativo– es el principio de un proceso que, ya lo verán, no va a dejar de repetirse en la Sevilla herida por la crisis durante el próximo lustro. El mismo mensaje que en los tiempos del desarrollismo: el progreso lo exige. No es del todo verdad. O, al menos, no de la forma rotunda que se pregona.

La antigua comisaría policial, construida por Ramón Monserrat en 1962, es un reconocido ejemplo de arquitectura racionalista. Algo que este gobierno local no entiende bien ni, acaso, compartirán muchos sevillanos, que sólo ven estético el barroco, ese requiebro. Y, sin embargo, su valor arquitectónico está fuera de toda duda, aunque el patrimonio –para algunos– se limite únicamente a las iglesias.

La operación, por otro lado, tiene puntos débiles. El más notable: el social. Lo que la recalificación de la Gavidia implica no es ganar un centro comercial, sino perder un equipamiento público para los vecinos del centro, que no están sobrados de dotaciones. Dígase toda la verdad. Con eso basta y cada uno puede sacar sus propias conclusiones.

El PGOU no sólo lo consideraba un espacio óptimo para un equipamiento cultural o civil, sino que lo protegía como “sistema general”. Esto es: parte del esqueleto sagrado de Sevilla. Zoido no entiende de barcos, aunque antes de llegar a la Alcaldía dijo que lo deseable era compatibilizar el uso público –que Monteseirín quiso permutar, pero nunca llegó a eliminar– con el 20% comercial que sí tolera el PGOU.

Los tiempos han cambiado. La ley no: esta recalificación deberá justificarse. Lo primero, ante los ciudadanos.

Nuevos tiempos, vicios viejos

Carlos Mármol | 17 de julio de 2011 a las 6:04

Zoido, amparado por su rotunda mayoría absoluta, retoma la peligrosa senda que iniciara Monteseirín a partir de 2003 con la política urbanística: gestionar la ciudad al margen de la concertación institucional.

Quédense en la memoria con dos frases. Ambas fueron pronunciadas en un momento solemne, su toma de posesión, por el nuevo alcalde de Sevilla, Juan Ignacio Zoido. La primera: “Gobernaré como si no tuviera mayoría absoluta”. La segunda: “Todos los políticos no somos iguales”. Dichas así, casi sin necesidad, parecen erigirse como los compromisos admirables de un gobernante que en los recientes comicios locales consiguió una representatividad de 20 concejales sobre un cabildo –como decían los cronistas antiguos– de 33 capitulares. Lo nunca visto en la historia de la democracia hispalense.

Evidentemente, la pluma que le escribió el discurso al nuevo regidor buscaba aproximarse, a su manera, al célebre recurso retórico clásico. La captatio benevolentiae. Una apelación en favor del orador –que es de lo que siempre se trata– para atraer la buena disposición de una audiencia a la que se pretendía seducir mostrando una humildad superlativa (a veces falsa; en otras ocasiones, sincera) que sirviera para equilibrar las inevitables antipatías que provocan las victorias excesivas.

Dado el notable número de devotos que parece haber conseguido en su peregrinación hacia la Alcaldía, Zoido, aclamado en público durante la última procesión del Corpus por una grey contra la que –cosa llamativa– los habituales rigoristas y guardianes de las esencias hispalenses, los célebres cuentaconcejales, no han levantado aún su voz tronante, probablemente porque hace cierto tiempo que la pusieron en venta, afirma sentir rubor ante tan elevadas dosis de entusiasmo e intenta mostrarse llano, sencillo. Justo lo que recomendaba El Quijote: “Llaneza, muchacho, no te encumbres, que toda afectación es mala”.

Claro que una cosa es lo que se dice y otra distinta lo que se hace. Suele suceder. ¿No es contradictorio decir que uno gobernará como si no tuviera la mayoría (absolutísima) que tiene, o de forma diferente a otros cargos políticos y, justo después de declaradas ambas cuestiones, venir a hacer justo lo opuesto? Zoido debe hacer una gimnasia diaria de contención y repasar las nociones básicas de la propaganda política, disciplina que fue aprendiendo día a día en la oposición, antes de llegar al despacho, porque lo cierto es que entre el discurso bondadoso del regidor y la realidad pedestre empiezan a producirse fisuras.

La política urbanística se ha convertido en los últimos días en el escenario abierto de este conflicto. En el flanco urbanístico la verosimilitud del relato oficial que ha construido el equipo de estrategia del PP –un alcalde dialogante, bonachón, muy cercano, de consenso, sin sectarismos– colisiona con ciertos vicios que, aunque algunos percibieron ya antes del acceso al poder, siempre suelen intensificarse una vez se está en el sillón de mando. Porque lo que el caso Ikea –la recalificación urbanística a la carta que el regidor está dispuesto a autorizar a la multinacional sueca con el viejo argumento del empleo– está comenzando a hacer aflorar es una concepción de la ciudad que, mutatis mutandi, se asemeja bastante a la que durante los últimos años de gobierno practicó su antecesor en la Alcaldía, el socialista Alfredo Sánchez Monteseirín:la gestión del futuro de Sevilla sin el necesario y exigible concierto político.

Volvamos por un segundo la vista atrás en busca de algo de contexto para entender esta afirmación. Primer mandato de Monteseirín. La Gerencia de Urbanismo está en manos de los andalucistas, quemados tras una política urbanística muy controvertida que terminó por convertirlos en extramunicipales. El edil de Urbanismo de entonces, Rafael Carmona, asume la tarea de limpiar la imagen del PA y abre el proceso de revisión del Plan General con un urbanista de prestigio –Manuel Ángel González Fustegueras– y una voluntad de consenso que, al menos en el primer tramo de la redacción del PGOU, resultó ser admirable. Sobre todo en una ciudad cuya evolución urbana ha estado marcada a lo largo de su historia por las decisiones de determinados sectores sociales –los siempre dominantes– que disfrazaban sus sucesivas aspiraciones con un paternalismo que algunos, ahora, parecen haber descubierto como la gran piedra filosofal.

No descubro nada nuevo: Sevilla siempre ha tenido una burguesía de origen agrario –con ínfulas nobiliarias, además– que se hizo urbana con el correr del tiempo, pero sin cambiar jamás de mentalidad. Simplemente aplicándola en otro escenario. Propietarios rústicos convertidos en tenedores de fincas urbanas. Educados en la lógica de que la ciudad es una extensión más –la más valiosa, quizás– de sus dominios agrícolas.

El crecimiento de Sevilla, con y sin planeamiento urbano, nunca logró salir de este bucle. Curiosamente, así fue hasta que en 2006 se aprobó el PGOU, que es hijo de un consenso (momentáneo) en el que los socialistas, los populares, los comunistas y los andalucistas, cada uno por motivos diferentes, desde orillas antagónicas, decidieron acordar una metodología común de trabajo y pactar unos puntos básicos para que el diseño urbano de Sevilla pudiera perdurar en el tiempo –principal condición para que algo funcione–, fuera atractivo y seguro para los inversores externos y tuviera un cierto perfil institucional.

La idea era que el urbanismo no volviera a estar sometido a las tensiones y a las cambiantes mayorías políticas que se suceden cada cuatro años. Un modelo básico para todos, igual que ocurrió en la transición política, con independencia de quien gobernase en cada momento. El PGOU de Sevilla, no el del gobierno de turno.

Toda la fortaleza del Plan –su filosofía– deriva de esta raíz: no ser consecuencia directa de las fuerzas dominantes en la sociedad, sino de la voluntad de saber reconducirlas para que, mejor o peor, se incorporen sin exigencias a un proceso en marcha en el que el protagonismo de los ciudadanos debe, como mínimo, ser equivalente. Un plan donde la gente cuenta. No sólo las inmobiliarias, los bancos o los propietarios.

En este punto había que preguntarse lo que Vargas Llosa. ¿Cuándo se jodió el Perú? Fue un día de 2003, cuando Monteseirín (que no tocó bola urbanística con los andalucistas) decidió desquitarse. El entonces regidor contaba, gracias a IU, con mayoría suficiente para dar un giro al Plan General y convertirlo –equivocadamente– en un proyecto suyo en lugar de algo de todos. Comenzó –cosa simbólica– violando el protocolo pactado entre todos los grupos y prometiendo sendas recalificaciones a Sevilla y Betis para seguir en sus estadios. Todo lo contrario de lo que en principio perseguía el Plan. ¿Importó el interés de los barrios donde ambos coliseos se ubican? Nada al lado de las ansias de grandeza y el sueño de convertirse en Napoleón. Tan intensa debió ser la pulsión interior del regidor que todo el dinero del PGOU se gastó en sus proyectos faraónicos, dejando de lado la cohesión social. Sevilla, que parecía haber logrado un sueño urbano común, se convirtió en el escenario de los compromisos del regidor.

Zoido, que también cree en el urbanismo unilateral, viene a terminar este proceso. El nuevo regidor sólo ha ofrecido un pacto a la oposición de cara a la galería, porque negocia desde hace tiempo en solitario recalificaciones en favor de Ikea, Altadis, los clubes de fútbol (otra vez) y la patronal de la construcción, Gaesco, que ha abierto una ofensiva de fondo cuyo objetivo es terminar de tumbar el PGOU aunque sea con argumentos contradictorios. Su gran tesis:hay que adaptar el PGOU a las necesidades económicas. ¿De quiénes? habría que preguntarse. ¿De ciertas empresas o de los ciudadanos?

El empleo es sólo un pretexto para invertir un modelo que, si bien comenzó a derribar su falso pregonero (Monteseirín), guarda aún suficiente espíritu de resistencia ante el hecho, quizás inevitable, de que Sevilla vuelva ser coto de los de siempre. No es un dogma de fe. Sólo es un mecanismo para lograr una ciudad más justa. Qui prodest?, decían los clásicos. El PGOU no es más que un instrumento. La cuestión es si lo será para la gente o para quienes todavía sueñan con volver al punto álgido de la burbuja inmobiliaria.

La coartada conveniente

Carlos Mármol | 4 de julio de 2011 a las 6:10

Existen paradojas terribles. Por ejemplo: que quien quiso pasar a la historia por ser el gran artífice de la ciudad razonable que Sevilla siempre ha aspirado (sin éxito) a ser vaya a convertirse, una vez esfumado el poder, atributo temporal que muchos consideran divino, en su principal enterrador. Hablo del excelentísimo ex alcalde, que se ha ido de la Alcaldía –es la versión oficial; y ya se sabe que todas las versiones oficiales suelen ser ciertas– dejando la hucha del Plan General sin un duro y poniendo en bandeja a su sucesor los argumentos necesarios para hacer (con su mayoría de 20 ediles) lo que ha venido a hacer.

En pocas palabras: alterar el libro urbano de Sevilla –con el empleo como coartada– para que el lápiz urbanístico, en el que algunos siguen confiando como único sistema para hacer negocios, vuelva a ser conducido por una mano resolutiva que transforme, sin reparos ni lirismos, el modelo urbano elegido por la mayoría –al menos, así fue– en un magma voluble y tan flexible que ya no se pueda diferenciar entre el criterio (general) y el interés (particular).

Algunos empiezan a ponerse en cola: significativamente el primero ha sido el presidente del Sevilla FC, José María del Nido, procesado por el caso minutas, quien ha abierto públicamente la veda, aunque su único mérito es verbalizar lo que otros –todavía– callan. Zoido se mantiene cauto. De momento. No cabe engañarse: la cuestión clave de la nueva etapa municipal –como siempre– será la política urbanística, en la que radica el verdadero poder. Todo lo demás es protocolo.


No es raro que algunos, al descubrir la herencia recibida, más que escandalizarse por excesos pretéritos, se pregunten los motivos íntimos por los que quien tuvo todo en su mano para invertir de forma perdurable la tendencia histórica del urbanismo sevillano haya terminado dejando el campo abierto, de nuevo, a aquellos que no profesan más fe que la del viejo círculo que nos ha llevado al desastre.