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Urbanismo pluscuamperfecto

Carlos Mármol | 28 de octubre de 2012 a las 6:15

La recalificación del entorno urbano del Estadio de la Isla de la Cartuja es un ejemplo de ‘la eficacia’ del gobierno municipal en asuntos urbanísticos: un expediente que no se sostiene unido a una media verdad.

Hay quien piensa que un buen sistema para ocultar las carencias es dar gritos. Hacer un alarde para distraer la atención. Puede ser. En cualquier caso, éste es el sendero que ha elegido para el presente el gobierno municipal del PP, cuya extraordinaria mayoría en el Pleno –20 ediles tiene– parece ser proporcional a su falta de solvencia política. Especialmente en las lides urbanísticas. El alfa y omega de la política municipal. Una pena. Una triste realidad.

Estos días repaso la prensa atrasada –dicen no hay nada más antiguo que un periódico (de ayer)– después de un largo paréntesis. Al hacer el obligado escrutinio otoñal encuentro una extraña sucesión de golpes de efecto, en su mayoría fallidos, impulsados con vehemencia por el habitual equipo de guardia de la Alcaldía, que da la impresión de haber volcado sus energías en la delegación más problemática, donde sigue estando, tan rotunda como evidente, la misma piedra con la que desde hace ya dos años no deja de tropezar el alcalde.

El rosario tiene las cuentas muy claras. Las enumero. En el último mes el PP ha puesto al borde del fracaso al estratégico proyecto cultural del CaixaForum con un cambio de criterio inexplicable y caprichoso. Ha recibido un sonoro tirón de orejas en público por parte de la patronal sevillana por subir casi todos los impuestos. Comienza ya a escribir el preámbulo del gigantesco ajuste que viene y que no ha empezado todavía a vislumbrarse en toda su extensión: Sevilla Global ya no existe, Giralda TV va camino de la disolución. De colofón, según cuentan ciertas voces oficiales, ha hecho una recalificación como un estadio. La del coliseo de la Cartuja, que el viernes ratificó el Pleno.

El ‘episodio Decathlon’. Sobre esta cuestión merece la pena detenerse. Los exégetas del alcalde nos la transmitieron con tono marcial: “He dado las instrucciones oportunas para que se cambie el PGOU”, dijo el regidor. La versión oficial afirma que con la operación se busca que Sevilla no pierda inversores por culpa del marco urbanístico vigente. No es cierto. Aunque eso a ellos se ve que les importa poco. Nada. En su lógica política la verdad ha pasado a ser algo contingente.

Zoido acaso no ansíe con este nuevo movimiento más que otro argumento interesado en su perpetua estrategia de confrontación con la Junta. En caso contrario no se explica bien ni el fondo ni la forma elegidos. Francamente, la eterna canción del victimismo municipal cansa. Los ciudadanos tienen otras cosas que atender. La esencial: tratar de seguir vivos en el enorme océano de amargura en el que se está convirtiendo la vida diaria. En la Alcaldía parecen haber dejado de reparar en la rotunda postración por la que pasan miles de sevillanos y continúan vendiéndonos el libro de siempre: el superhombre contra los diablillos rojos de San Telmo. En fin.

En honor a la verdad, el único principio al que se debe un periodista, habría que decir que el episodio de Decathlon no es sino una muestra más del sentido de la eficacia de Plaza Nueva: es un expediente urbanístico que no se tiene en pie y que tan sólo persigue armar un relato político sesgado sustentado en una media verdad. Algo casi peor que una mentira.

La historia ya la publicó –en exclusiva– este diario. El equipo de gobierno del PP ha estado durante muchos meses dando un trato dispar y caprichoso a los inversores privados interesados en desarrollar proyectos inmobiliarios en Sevilla en función de quién fuera el promotor, no de pautas técnicas, objetivas y expresas. Mientras en el caso del aparcamiento de la Alameda o la recalificación de la Gavidia modificaba el Plan General sin más miramientos, a Decathlon, una empresa que quería abrir una gran superficie comercial junto al estadio de la Cartuja, le cerraron las puertas. El hecho resultaba contradictorio con el discurso público de la Alcaldía. No les importó demasiado. ¿Quién se iba a enterar?

Su actitud sólo se entiende debido a la competencia que existía entre la iniciativa de esta firma y el proyecto virtual de nuevo pabellón deportivo de la Federación Española de Baloncesto, después fallido. Dado que el alcalde es aficionado a ejercer de promotor deportivo, en las caracolas le dijeron a los de Decathlon que lo suyo no sólo no podía ser, sino que era imposible. Dos veces. En reuniones documentadas. En la sorprendente falta de interés del Ayuntamiento pesó también otro hecho: la recalificación del estadio de la Cartuja sólo beneficiaba a la Junta de Andalucía, gestora del recinto deportivo, con quien Decathlon tenía suscrita una concesión económica.

Al equipo municipal no le gustó nada verse retratado en esta suerte de urbanismo reversible. Es lógico. No salían bien. Lo inaudito es que apenas unos meses después quienes dejaron morir un proyecto que hubiera sido relativamente viable con determinados cambios quieran aparecer como salvadores de la patria. Justo ahora, cuando la compañía de artículos deportivos ya ha desistido de su iniciativa dada la respuesta oficial del Consistorio.

Zoido obvió al comunicar su marcial decisión todos estos antecedentes –molestos para el discurso del Ayuntamiento– y, como suele ser recurrente, culpó al anterior gobierno local de todo. Hasta de la guerra de Troya. Es el disco habitual: traspasar las responsabilidades propias a los demás se ha convertido en una insana costumbre en el PP. También lo hizo el concejal de Urbanismo, Maximiliano Vílchez, después de poner a la Caixa al borde de renunciar a la rehabilitación de las Atarazanas al culpar a la entidad financiera de hacer las cosas tarde y mal. Cosa que no deja de ser sorprendente si se tiene en cuenta que fue el propio gobierno del PP –ningún otro– quien dijo por escrito que este proyecto era totalmente viable sin necesidad de un plan especial.

La recalificación. Si se analiza el expediente de la recalificación del Estadio Olímpico –una parcela exterior, en realidad–, se verá que estamos ante un ejemplo de aquella excelencia suiza que nos prometió en campaña el regidor. El Consistorio va a modificar una normativa de aplicación general para dar cobijo exclusivamente a una hipotética situación particular cuyo promotor es inexistente. Una heroicidad. La fórmula no sólo es extraña, sino ilegal. Y lo es porque la figura jurídica en la que se sustenta –la reserva de dispensación– ha sido tumbada en los tribunales. El motivo: un Ayuntamiento no puede cambiar una norma general para satisfacer un interés parcial. De hacerse, el cambio debería alcanzar también a todos los otros propietarios de suelo en idéntica situación. Esperaremos a que el Consultivo se lo explique.

No es la única paradoja. Al tomar este singular sendero urbanístico, a quien realmente perjudica Zoido es al propio Ayuntamiento. Y lo hace además para beneficiar a la Junta. ¿No me creen? Es obvio: el Estadio verá incrementado automáticamente su valor patrimonial gracias a este urbanismo a la carta mientras el Consistorio, que es el titular registral de la mayoría de dotaciones deportivas de Sevilla, no porque todas ellas quedan excluidas de la nueva norma. Extraña forma de velar por los intereses públicos.

La operación además no soluciona nada. Y no permitirá la implantación de una gran superficie en el coliseo deportivo. El PP ha optado por modificar un artículo equivocado  –el 6.6.11 de las normas del PGOU– sin reparar en que en 2010 se modificó otro –el número 6.5.39– que sigue impidiendo legalizar “grandes superficies comerciales en suelo urbano consolidado”. Sólo es posible en terrenos urbanizables. El Estadio está en territorio urbano.

Vílchez dijo en el Pleno: “El PGOU no es infalible, ni perfecto, ni intocable”. Podría discutirse. De lo que ya no nos cabe  duda es de que al gobierno del PP le ocurre lo mismo. Ni es infalible, ni perfecto, ni intocable. Más bien parece un perfecto desastre. A pesar de su piadosa costumbre de creerse pluscuamperfecto. Laus Deo.

El nuevo dogal municipal

Carlos Mármol | 2 de septiembre de 2012 a las 6:05

La reforma legislativa que prepara el PP para reducir la capacidad política de los ayuntamientos siembra el terreno para la privatización y disolución de casi todas las empresas municipales antes de agosto de 2015.

La fábula es uno de los géneros literarios más eficaces que existen para contar una historia. Desde los reinos de Mesopotamia a los imperios clásicos (Grecia y Roma), pasando por sus reformulaciones medievales, estos cuentos permiten contemplar todo el bosque en lugar de dejarnos mirando el árbol. Ayudan a entender lo complejo de forma sencilla. En Sevilla empezamos a vislumbrar una de ellas. Con el inevitable correr del tiempo terminará haciéndose realidad.

El motivo, a priori, parece baladí. Es natural: los grandes secretos salen a la luz gracias a una leve fisura. Los socialistas han vuelto del verano con ganas de marcar el nuevo curso político municipal. Su portavoz, Juan Espadas, ha denunciado que el gobierno de Zoido piensa desmantelar la Empresa Municipal de la Vivienda (Emvisesa). Sus palabras sentaron muy mal en el PP y provocaron una reacción inmediata. El gobierno niega que Emvisesa vaya a disolverse con el argumento habitual: “si esta empresa está en la ruina es porque PSOE e IU [coalición que no existe desde hace más de un año] acometió a su cargo la construcción del nuevo Fibes”.

Contradicciones. Hasta aquí todo normal. Es lo de todas las semanas. La oposición critica a Zoido y el gobierno se defiende haciendo de oposición a la oposición. Un bucle perpetuo. Sin embargo, la extraordinaria intensidad de la respuesta municipal da que pensar. ¿Por qué tanta virulencia con una mayoría absoluta de 20 concejales y un horizonte de casi tres años?

Sin entrar en demasiadas honduras, su posición incurre en algunas contradicciones. Cito sólo dos. Primero, una de ámbito escénico: ¿si la construcción de Fibes es para el PP una operación ruinosa por qué el alcalde se fotografió frente a este edificio durante una de sus poses estivales? La segunda es de sentido común: ¿no es natural que exista incertidumbre sobre el porvenir de las empresas y organismos municipales si el equipo de gobierno ya ha disuelto Sevilla Global y tiene a Emvisesa sin actividad cierta?

La directriz de la Plaza Nueva ante este tipo de noticias es negarlas categóricamente. Según su versión, no habrá privatizaciones, ni despidos de empleados públicos, ni desmantelamiento de las empresas municipales. Todo responde, a su juicio, a la necesidad del líder de la oposición de llamar la atención. Ya veremos si toda esta galería de negativas sucesivas es incierta.

Los hechos son los que son: Emvisesa tiene 15.000 demandantes de vivienda social y hace ya casi un año derogó el Plan de VPO existente sin plantear ninguna alternativa. El PP argumenta que está buscando suelo para construir estos pisos –prometió hacer 1.000 al año– y alega que el anterior programa residencial del Ayuntamiento sólo era “virtual”.

No tiene que ir muy lejos para buscar los terrenos: todos están delimitados en el Plan General. Su problema no es el suelo, sino encontrar inversores privados que urbanicen y construyan. El PP se haría un favor a sí mismo si contase sencillamente esto en lugar de inventarse la ficción de que no hay suelo disponible. ¿Por qué no lo hace? ¿Acaso porque, incluso con el suelo urbanizado, estos pisos ya no tendrán una línea de ayudas estatales –las cortó Zapatero y Rajoy no las va a recuperar– y buena parte de la demanda potencial para comprarlos es insolvente? Misterio.

La reforma que viene. La cuestión de fondo, sin embargo, va mucho más allá del caso puntual de Emvisesa. Se trata del programa global que prepara el PP para reformar el Ayuntamiento de Sevilla. Está cocinándose desde hace más de un año. Contempla la posibilidad de privatizar buena parte de los servicios públicos y disolver muchos entes municipales.

El proyecto no responde a una elucubración de la oposición, sino al análisis objetivo de la reforma legislativa que prepara el Gobierno central para reducir la capacidad política local. Un revolución sin precedentes en la arquitectura municipal española que prácticamente dejará sin autonomía a los consistorios. Un proyecto al que no es ajeno el alcalde. Ha sido hasta hace apenas unos pocos meses presidente de la FEMP.

Si el conflicto de Emvisesa de esta semana es el árbol, el anteproyecto de ley para reformar la administración local es el bosque de la fábula. El plan está perfectamente trazado. El texto definitivo de la ley todavía no se ha hecho público. No es extraño: será una bomba política. Los borradores que circulan no dejan muchas dudas. El Gobierno reformará la ley de bases de régimen local y parte de la norma de las haciendas municipales para que el criterio de solvencia económica sea el único que se aplique en la gestión municipal. Dicho así no suena trascendente. La realidad es distinta.

Si hacemos una lectura en clave sevillana de este proyecto legislativo las consecuencias son que Zoido tendrá que acometer antes del año 2015 una profundísima remodelación del consistorio hispalense que incluye privatizaciones, la disolución de muchas empresas y organismos autónomos e, inevitablemente, despidos. Ninguna empresa municipal es ahora solvente. Emasesa, la joya de la corona, dejó de serlo ya durante la etapa en que fue dirigida por Manuel Marchena, el gran valido de Monteseirín.

El modelo municipal del PP implica pues la desaparición de las actuales competencias locales en materia de medioambiente, sanidad, educación, mujer, vivienda y cultura que ahora ejercen los ayuntamientos. En Sevilla estos cambios afectarían de lleno a Emvisesa, al servicio de mantenimiento de los colegios públicos, a buena parte de la asistencia social y a organismos como el ICAS, el brazo ejecutor de toda la política cultural.

También a Tussam, Lipasam, Mercasevilla y la empresa pública de aguas. Cuando se apruebe esta nueva norma legal, el Ayuntamiento sólo podrá seguir gestionándolas directamente si alcanzan el equilibrio financiero –algo imposible sin reducir personal– o si, aplicando el principio de intervención subsidiaria, no resultasen interesantes para la iniciativa privada. Dicho de otra forma: todo es potencialmente privatizable salvo aquello que no genere beneficios.

No se trata de una mera expresión de intenciones. Hay un calendario cerrado. A partir de la aprobación de la ley se fija un plazo de apenas un año –31 de diciembre de 2013– para aprobar un plan de saneamiento en cada empresa y organismo municipal. Para superarlo hay que despedir o incrementar exponencialmente los ingresos ordinarios.

Si el déficit no ha sido eliminado el 31 de diciembre de 2014 –dentro de dos años–, estas entidades públicas entrarán en situación legal de disolución forzosa. Desaparecerán. Los ayuntamientos no pueden elegir: si los alcaldes no lo hacen la ley impone una disolución “automática” con la fecha límite del “1 de agosto de 2015”.

Salta a la vista que este plan de ajuste municipal va a generar mucha conflictividad social y un alto grado de deterioro político. Con razón decía Aristóteles que la fábula es una de las seis partes de la tragedia. El cierre del círculo es completo porque la norma estatal también impedirá a los ayuntamientos vender parte de su patrimonio para salvar a el balance de las empresas e impedir que sean disueltas de oficio dentro de tres años. No se ha dejado nada al azar. Los sindicatos municipales son los únicos que van a tener trabajo.

El Ayuntamiento de Sevilla pasará así de ser una de las administraciones con más actividad –debido a su cercanía a los ciudadanos– a un mero coordinador de servicios. Los alcaldes se limitarán al protocolo. Algunos dirán que esta fábula no es cierta. El Ayuntamiento igual hasta se atreve a hacer un mentís que mentirá.

No importa. El tiempo nunca tropieza. Sólo hay que esperar al consejo de ministros de cualquier viernes. No es raro que algunos crean que Zoido no va a presentarse a la reelección a la Alcaldía. Ganar después de esta reforma sería un milagro.

Sevilla: el vaso medio vacío

Carlos Mármol | 5 de agosto de 2012 a las 6:06

El Ayuntamiento se gasta 14.000 euros de dinero público en hacer una encuesta para examinar los servicios municipales y, de paso, rastrear la posible intención de voto. La conclusión:Sevilla aún sigue sin funcionar.

Una encuesta que sólo recoge aquello que se quiere oír es la mejor receta para el autismo político. Tiene devotos, no crean. El gobierno municipal, tras varios días poniendo el parche antes de que saliera la herida –sabedor de que no quedaría bien–, ha querido hacer “un ejercicio de transparencia” –el término es suyo– y publicar los resultados del sondeo que, con el dinero de todos, contrató entre mayo y junio para saber cuál es la valoración de los ciudadanos sobre su gestión, cómo funcionan los servicios públicos y todos aquellos datos que a los políticos les interesan para diseñar sus estrategias. Muchas gracias, hombre. Es todo un detalle.

Que este tipo de sondeos se financien con el dinero de los impuestos, y encima se justifique, dice bastante de cuál es el concepto que ciertos gobernantes sevillanos tienen de los contribuyentes: somos gente cuya única función consiste en asentir y pagar. El Consistorio, desgraciadamente, no es una excepción en esta tónica dominante –la cosa es habitual desde hace años en la Junta y en la Diputación– a pesar de las altas dosis de azúcar con las que el equipo municipal acostumbra a aderezar sus postres.

La encuesta, realizada por la empresa que gestiona el 010, pregunta a los sevillanos por su percepción sobre la ciudad pero incluye en sus cuestionarios asuntos que forman parte de lo privado: ideología, sentido del voto y simpatía por los referentes municipales. Algo que el edil responsable de su realización (Beltrán Pérez, el hombre subvención del gobierno local), todavía no ha explicado bien. Ni lo va a explicar. Es natural: no puede. Si dijera la verdad del caso tendría que dimitir. Todavía no está en la edad.

Con independencia de este lamentable hecho –los partidos deberían dejar de pagar sus sedes con la consignación de los grupos institucionales, como le ocurre al PSOE y contratar con sus propios fondos sus encuestas, recomendación que no respeta el PP– la lectura del sondeo Beltrán depara momentos de placer inauditos que ayudan a pasar la tarde. Tras su análisis uno termina convencido de que, en lugar de en Sevilla, vive en Marte.

El aprobado, raspado. La lectura oficial de la encuesta afirma que los ciudadanos han aprobado a Zoido por la mínima. Un cinco. Si hubiera sido al contrario probablemente la figura política del alcalde se hubiera diluido interesadamente en el genérico “gobierno local”. Nos lo enseñaron los clásicos: la victorias siempre son cosa de uno; las derrotas siempre están huérfanas de protagonistas. Son de todos. El dogma del suficiente, sin embargo, es discutible: un aprobado justísimo (en una encuesta con cocina política) y con un margen estimado de error del 3% no es precisamente para felicitarse.

Sobre todo si en muchas de las respuestas los ciudadanos que son incapaces de valorar la gestión e incluso identificar los méritos concretos del actual equipo de gobierno son numerosos. Por ejemplo: hasta un tercio de los encuestados no saben ni contestan cuando se les pide que digan cuáles son los aspectos más positivos de la gestión del PP en el Ayuntamiento. El 20%, en cambio, piensa que todo ha ido a peor.

Por tanto, más de la mitad de los encuestados o no tienen ni idea o son críticos con la gestión del gobierno local. Repárese en la glosa oficial de este capítulo: “La respuesta más repetida, sin referirse a ningún hecho concreto, va encaminada [es de suponer que lo que el encuestador trata de usar sin llegar a conseguirlo es el verbo resaltar] a los intentos del gobierno de actuar de la mejor manera posible”. ¿Les parece una lectura objetiva? Más bien se diría que es cándida. Enternecedora.

La ‘micropolítica’. Nadie lo ha dicho estos días, pero la encuesta Beltrán tiene otro mérito oculto: confirma que la leyenda urbana de la micropolítica –el término también es del PP local– no es sinónimo de éxito. En el año largo de mandato de Zoido, una de cuyas principales banderas políticas han sido las cuestiones domésticas, muchos ciudadanos no ven que los “intentos” del equipo de gobierno se concreten en su entorno más próximo.

El aprobado virtual se convierte así en suspenso: casi un 40% de los encuestados no aprueban la gestión municipal que se desarrolla en su ámbito más cercano. Sólo un 2,5% de los sondeados dicen haber visto con sus propios ojos los efectos de la micropolítica. Esto debería preocupar –y mucho– en la Alcaldía por aquello de la famosa pieza teatral de Pirandello: Así es si así os parece. Si esto es lo que piensan los ciudadanos, quizás ocurra que la propaganda municipal no funcione más que en los entornos favorables. La calle no hace precisamente la ola a la gestión municipal.

De hecho, la seguridad, la limpieza y el tráfico siguen siendo las grandes preocupaciones al evaluar el funcionamiento de la ciudad. Una constante que apenas si varía en cualquier estudio de opinión sobre Sevilla. Todas ellas son tareas primordiales del Consistorio. Parece evidente que algo no está funcionando. Quizás por eso se pregunte a continuación con insistencia algo que no tiene nada que ver con los servicios municipales: “¿Qué periódico lee usted , qué radio escucha y qué televisión prefiere?”.

A tenor de esta pregunta habría que preguntarse quizás si la verdadera preocupación en la Plaza Nueva no tiene que ver más con su imagen que con su gestión. Ambas cosas no son exactamente lo mismo. Gestionar bien favorece la valoración ciudadana, pero tener buena prensa no es lo mismo que gobernar con acierto.

Esta es justo impresión que deja el sondeo: el PP quiere atisbar si la valoración que se tiene del gobierno local en la calle –donde están los votantes– sigue respondiendo al guión preestablecido de las buenas apariencias. Parece que hay dudas. Sensación de desgaste prematuro. Existe la posibilidad, aunque para algunos sea remota, de que la opinión publicada del equipo de Zoido –generalmente favorable o muy benigna– no coincida ya exactamente con la opinión pública. Justo al contrario de lo que le ocurrió en su día a los socialistas.

La prioridad, sin resultado. Otro de los elementos del sondeo es su aparente incoherencia. En todas las encuestas se registran contradicciones –el juicio de los ciudadanos no tiene que responder fielmente a los criterios de coherencia argumental– pero determinadas afirmaciones categóricas contra tendencia dan que pensar. Y mucho.

Un caso: ¿cómo es posible que la valoración global del gobierno local sea un aprobado raspado si lo que menos puntúan los ciudadanos de su trabajo es justo aquella cuestión que socialmente se estima más importante? El paro y los problemas económicos focalizan la agenda política y social desde hace cinco años. Dos terceras partes de los ciudadanos creen que éste es el asunto capital.

La diferencia con respecto a otros problemas además es abismal y al menos un tercio de los encuestados consideran que esta cuestión es competencia exclusiva de Zoido (un 53% estima que es compartida con otras administraciones). En este campo en el último año no se ha avanzado nada. ¿Tiene pues lógica el aprobado?

Según la encuesta Beltrán, tal milagro (a favor del equipo de gobierno) se produce por la organización de la Semana Santa, la Feria o la Copa Davis (entonces no se sabía el déficit que ha dejado el torneo). Es una forma de verlo. Hay otra: Sevilla sigue sin funcionar, que es lo que se prometió. Todavía restan tres años de mandato. Pero para ciertas cosas comienza a ser tarde.

El equipo de Zoido tiene muchos factores a su favor, pero también empieza a tenerlos en su contra. Fin del idilio. La proporción entre quienes ven el vaso medio lleno y medio vacío ya no es tan insalvable. Un posible trasvase de opinión es una hipótesis factible. El rostro ideal que el PP dibujó en la oposición puede estar resquebrajándose. Veremos.

Alameda: dirección prohibida

Carlos Mármol | 20 de junio de 2012 a las 6:06

Patrimonio informa en contra de la modificación del PGOU que impulsó el gobierno municipal para construir un parking subterráneo en la Alameda, recalificar la comisaría de la Gavidia y ‘vender’ los cines históricos de Sevilla.

Primer tropezón. No será el único. Ni el último. El expediente aprobado por Juan Ignacio Zoido en el mes de abril para modificar el Plan General de Ordenación Urbana de Sevilla (PGOU) ha sufrido ya el primer revolcón en su larga y obligada tramitación administrativa.

La Comisión de Patrimonio, dependiente de la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía, analizó hace dos semanas las recalificaciones urbanísticas que el gobierno local quiere acometer para, entre otras cuestiones, obtener ingresos económicos extraordinarios; destruir la actual Alameda de Hércules y construir un aparcamiento rotatorio; convertir la antigua comisaría de la Gavidia en una nueva gran superficie comercial y reclasificar los usos dotacionales asignados a los antiguos cines del centro. Su diagnóstico: son operaciones lesivas para el patrimonio de Sevilla. Sin lugar a duda alguna.

La opinión de Patrimonio es relativamente importante. Se trata de un órgano consultivo del Gobierno autonómico que, formalmente hablando, aún no ha tomado una resolución. La decisión última es de la Dirección General de Bienes Culturales. Lo que diga es todavía un misterio, aunque en Cultura existe una regla no escrita: difícilmente la dirección política de una consejería informaría en sentido positivo una cuestión que previamente ha desautorizado el foro que tiene para ayudarle a fijar su criterio. Caben pues las sorpresas, pero todo induce a pensar que su conclusión final no será favorable a las pretensiones municipales. Otra cosa es cómo se decida argumentar esta negativa.

El informe de Patrimonio no invalida por completo el expediente de Zoido. Aunque sí pone en cuestión las operaciones políticamente más importantes que perseguía el Consistorio. De las 17 modificaciones puntuales que ambicionaba el PP, la comisión valida trece porque las ve compatibles con la legislación de protección patrimonial. En cambio, cuatro de ellas piensa que atentan contra “los elementos con valores culturales reconocidos por la actual legislación en materia de Patrimonio”.

Dicho en román paladino: la política urbanística y de movilidad del PP tendrá un impacto negativo en el Conjunto Histórico de Sevilla. Además del dictamen definitivo de la consejería de Cultura, este expediente tiene que ser analizado por otras instancias regionales: la Dirección General deUrbanismo y Ordenación del Territorio y el Consejo Consultivo de Andalucía.

¿Cuáles son estas operaciones lesivas contra el patrimonio? Las dos más conocidas se refieren a la Alameda de Hércules y al edificio de la comisaría de la Gavidia, protegido como una de las primeras muestras de la arquitectura del movimiento moderno en Sevilla. En el primer caso, el gobierno local quería construir un aparcamiento rotatorio –cuestión prohibida por el PGOU– y reurbanizar por completo un espacio cuya remodelación integral data del anterior mandato municipal, cuando se gastaron más de siete millones de euros. El PP quiere darle el aparcamiento a una empresa y restituir una estética de corte más clásico.

Patrimonio, en su informe, dice que este proyecto “choca frontalmente con el modelo de accesibilidad interna del área central de Sevilla”. Y añade: “El objetivo de la modificación no parece perseguir la línea de las actuales tendencias, convenios y cartas sobre accesibilidad en los Conjuntos Históricos”. En otras palabras: el Ayuntamiento va contra la tendencia de las urbes históricas de Europa, que buscan reducir el protagonismo del vehículo privado.

En el segundo de los casos lo que se persigue es la conversión de la antigua comisaría en un centro comercial. Ambas iniciativas parecen estar vinculadas: el parking de la Alameda es parte de la operación de terciarización de la Gavidia. Sobre la reconversión de este edificio, la opinión de Patrimonio es que implantar una gran superficie comercial, “con los problemas de accesibilidad existentes, produciría una merma considerable de los valores ambientales y visuales de este sector del Conjunto Histórico”.

También hay otras dos cuestiones. Parecen menores. Pero son importantes. Una se refiere a los edificios calificados como fuera de ordenación. Y la última, a la clasificación urbanística de las parcelas de algunos de los antiguos cines históricos del centro de Sevilla.

En el primer caso el Ayuntamiento ambiciona flexibilizar el régimen jurídico de este tipo de edificios –los existentes antes del PGOU y que colisionan con sus directrices, lo que significa que aunque no se derriben sólo serán objeto de obras de conservación– eliminando la “altura” como una de las cuestiones a considerar para dejar a un edificio sin asidero urbanístico. Patrimonio cree que esta propuesta implica un peligro para los espacios monumentales.

Sobre los cines, la discusión es otra. El Plan los calificaba originalmente como dotaciones culturales –suelos de interés público y social– pero tres de sus titulares ganaron un pleito contra esta catalogación, que les impedía patrimonializar las plusvalías urbanísticas potenciales de los edificios. Cosa natural. Al asignar este uso, el Plan lo que buscaba era precisamente blindar estos espacios culturales frente a posibles operaciones inmobiliarias auspiciadas por sus propietarios. Les ponía un freno: sólo podían traspasarse para usos culturales.

El fallo judicial obliga ahora al Consistorio a alterar la calificación original del PGOU, aunque no establece ninguna alternativa. La fórmula elegida por el Ayuntamiento es la peor para garantizar la subsistencia de estos equipamientos culturales porque, en lugar de sustituir el uso dotacional por el terciario, que permite que sobrevivan, aunque con menor grado de protección, les otorga una catalogación genérica y abierta: Casco Histórico. En consecuencia, estas salas pueden ser sustituidas por promociones residenciales de hasta tres plantas de altura.

El Ayuntamiento, además, no circunscribe el cambio sólo a los tres propietarios que ganaron la batalla judicial –las salas Alameda, Cervantes y Avenida– manteniendo el uso dotacional para las demás. La recalificación del PP elimina la protección también a otras que no estaban en discusión: la antigua Sala X de la calle Amor de Dios, el teatro Imperial (calle Sierpes), la antigua Sala Pathe (Cuna), el teatro Álvarez Quintero (Laraña) y el local del antiguo Cine Llorens (Rioja con Sierpes).

Según Cultura, esta nueva calificación urbanística “puede resultar incompatible con las determinaciones de protección incluidas en las fichas patrimoniales de los inmuebles que están protegidos”. La Junta cree pues que contribuye a la sustitución de los espacios escénicos con interés patrimonial.

Pero el impacto del dictamen de la Comisión de Patrimonio afecta sobre todo a la Alameda y a la Gavidia. Hay que tener en cuenta que, aunque la recalificación impulsada por Zoido se identifica siempre con estos dos proyectos concretos, en realidad abre la mano a cualquier otro que quiera instalar un estacionamiento rotatorio intramuros o reconvertir cualquier edificio singular en una gran superficie comercial. A juicio de Patrimonio, esta posibilidad jurídica supone “una alteración integral del modelo de ciudad y, en todo caso, de su ordenación estructural”.

Esto significa que el Consistorio no puede cobijarlas bajo la figura administrativa de la modificación puntual, sino que, si insiste en acometerlas, debe revisar por completo el modelo urbano del PGOU. Una hipótesis impensable. Primero, porque el Plan General vigente apenas tiene seis años. Segundo: un procedimiento de revisión demora entre tres y cuatro años. Y tercero: si se iniciase obliga a la paralización de facto de todas las licencias urbanísticas.

Una decisión que, además de bloquear cualquier iniciativa particular que sí fuera acorde con el Plan General, dejaría a todos los operadores urbanísticos –públicos y privados– sin la seguridad jurídica plena que sólo da el actual libro urbano de Sevilla. Ya se sabe: a veces lo mejor resulta ser el peor enemigo de lo bueno.

El alcalde y sus heterónimos

Carlos Mármol | 17 de junio de 2012 a las 6:15

La hipótesis de que Zoido termine liderando el PP andaluz tras la renuncia de Arenas mantendría a la ciudad en la pesadilla de unas elecciones perpetuas, una coyuntura que no contribuirá a resolver sus problemas.

No es ninguna sorpresa. Y, sin embargo, lo parece. Desde que en marzo el camino hacia San Telmo se cerró de golpe para Javier Arenas, líder de la derecha andaluza desde hace ya dos décadas, la figura de Juan Ignacio Zoido, alcalde hispalense apenas hace un año escaso, era la mejor posicionada, por numerosos factores tanto de índole institucional como personal, para protagonizar un proceso de sucesión que algunos –por la cuenta que les traía– no querían ni plantearse.

Pues bien: el tiempo ha pasado y el relevo político de Arenas ya es oficial. Zoido no es que aparezca en las quinielas, sino que ha sido ungido por la mayoría orgánica establecida, cosa que resulta inquietante si se tiene en cuenta que ni siquiera se ha esperado a la celebración del congreso propiamente dicho, después de que el difunto líder lo señalara directamente con el dedo. Igual que hizo Aznar con Rajoy. Por consenso, sobre todo, con respecto a sí mismo.

Junto a este paralelismo, donde la opinión de los militantes parece no contar demasiado, el relevo de Arenas al frente del PP confirma otra vieja tesis sobre el poder: dirigimos como somos. Incluso aunque no se buscase, la Operación Zoido termina teniendo cierta coherencia en relación al estilo de mando con el que Arenas ha dirigido su organización durante dos largos decenios. La figura se llama rotación. Pero en los mentideros populares se usa otro nombre más malévolo y, por eso, acertado: el síndrome de los moros de Queipo.

Consiste en trasladar sin descanso a los mismos nombres –cuatro o cinco, apenas– por los sucesivos puestos claves, institucionales u orgánicos, para poder controlar la dirección de un partido político. Es lo que ha hecho Arenas durante estos cuatro lustros en los que su guardia de corps se ha repartido sin cesar los cargos internos, electorales, parlamentarios o municipales. Los mismos en todos sitios. Llamativa manera de modernizar una organización política.

Zoido, políticamente hablando, es consecuencia directa de esta singular forma de dirigir. Por eso en el ámbito municipal, en el que lleva ya seis años, el próximo jefe de filas del PP regional la adoptó como propia llevándola casi al extremo. Hasta el punto de anular literalmente cualquier hipotético protagonismo político de sus colaboradores, que apenas son unos meros figurantes en un decorado prefabricado donde la única estrella cuyo brillo resulta tolerable, o conveniente, bajo pena de excomunión si se incumple el mandamiento, es la del alcalde.

No es por tanto nada extraño que Zoido vaya ahora a ser designado presidente del PP andaluz con idéntico procedimiento –gracias a una decisión digital, aunque de paternidad discutida– cuyo brevísimo atenuante, impostado en realidad, son las cautas declaraciones que el regidor hizo en las horas previas a que el aparato decidiera que, en realidad, no es necesaria discusión alguna porque todo está ya consumado.

La fórmula usada fue un motivo retórico clásico. Una captatio benevolentiae basada en la apelación pública y expresa a la propia humilitas. Generalmente funciona. Pero los buenos oradores saben que no es más que puro teatro. Que Arenas no confiaba en demasiada gente a su alrededor –cosa natural si se ha leído a Maquiavelo– era cuestión sabida. Que uno de ellos –apenas son cuatro más– era Zoido, también, a quien el todavía jefe popular impuso en la carrera municipal de Sevilla hace seis años manu militari, sin importarle nada relegar a puestos secundarios en la política autonómica a Jaime Raynaud, su antecesor en la Plaza Nueva, uno de los escasos políticos realmente liberales que militan en el PP andaluz.

Zoido siempre ha sido una prolongación política de Javier Arenas. De nadie más. De ahí que, al igual que en su momento le sucedió a Rajoy tras el dedazo, su primera misión será ganarse la legitimidad real, que es distinta a la formal. Lograr un verdadero liderazgo que, de entrada, le viene ancho, ya que no ha sido objeto de una auténtica discusión interna. Arenas juega todavía a ser su mentor aunque en el PP existe la tesis –no del todo incierta– de que se ha producido un cierto distanciamiento entre ambos a raíz de la derrota de las autonómicas. Una teoría que explicaría la abrupta marcha del líder del PP andaluz tras perder un pulso interno –el segundo– con la actual secretaria general del partido, María Dolores de Cospedal. Su victoria parece no haber sido muy costosa a tenor del batacazo electoral del mes de marzo.

Todas estas cuestiones, que son estrictamente partidarias, resultado de la eterna guerra por el poder, las alianzas y las traiciones que se producen en cualquier organización humana, por diminuta que ésta sea, y que nada tienen que ver con los problemas reales de la gente, son las que probablemente van a marcar la agenda política de Sevilla en los próximos años. Una coyuntura tan desgraciada como anómala.

La pregunta salta a la vista: ¿cómo va a afectar a la ciudad que su alcalde, recién elegido casi, se lance a la arena política autonómica? ¿Debe hacerlo? ¿Puede? No vamos a incurrir aquí, como han hecho otros, en los habituales consejos que buscan disuadir al regidor de su derecho a postularse como el sucesor de Arenas.

Él sabrá. Es cosa estrictamente suya. Nadie le puede criticar que tenga ambición –cuestión distinta es su capacidad para defenderse en la tarea de ejercer un rosario de cargos que superan incluso a los múltiples heterónimos de Fernando Pessoa, el poeta portugués afectado por la patología del desdoblamiento múltiple– y que su éxito electoral de hace menos de un año le avale realmente como posible opción para liderar su partido en Andalucía.

El problema no es si puede o debe hacerlo, sino si Sevilla necesita –justo en estos momentos– un alcalde a tiempo parcial, dedicado, junto al protocolo de la Alcaldía, a una larga carrera electoral para la que, aunque es cierto que quedan todavía cuatro años, es necesario comenzar a correr una vez cerradas las urnas de la elección previa.

Hay quien cree que todo esto juega a favor de Zoido. Que la Alcaldía es mucho mejor trampolín que el Parlamento autonómico –al que renunciaría, igual que a la FEMP– y que su gestión en Sevilla constituye una excelente herramienta para hacer oposición a la Junta. Todas estas teorías, fruto de la herencia cortesana que ha marcado la política española desde el Siglo de Oro, obvian una cuestión trascendente: los juegos políticos no sirven de mucho –salvo como espectáculo sangriento, igual que ciertas comedias y dramas de Shakespeare– si no resuelven algunos de los verdaderos problemas de los ciudadanos. Mucho más en este devastador contexto económico.

Zoido, que repite que su sitio es Sevilla –la cuestión no es el lugar, sino el cargo–, parece haber optado por una especie de extraña huida hacia adelante. ¿Huir un triunfador? se preguntarán su exégetas. Pues sí. Cualquiera que conozca la política municipal sabe que los proyectos que no se acometen en los 24 primeros meses de mandato son inviables. Zoido ha consumido ya doce sin excesivo éxito. Una encuesta confirma estos días que ésta es la opinión mayoritaria. Lo que significa que, probablemente, las cimas electorales de hace un año ya no son tales.

Gobernar implica decidir, lidiar con el descontento, desgastarse. Un terreno en el que el alcalde jamás se ha movido bien. Zoido lleva más de un lustro en una campaña electoral perpetua: primero, como aspirante a la Alcaldía; después, como opositor contra un gobierno que él acusó de ilegítimo y, ya en la Alcaldía, como ariete del asalto de Arenas a San Telmo. De repente, la rueda se ha detenido.

¿Qué hacer? Continuar con la estela electoral usando a la ciudad como pretexto. Mala cosa: Sevilla no es un argumento político, sino una urbe que necesita soluciones. Todo induce al pesimismo. Quizás por aquello que nos dijo Quintiliano en sus Institutio Oratoria: “Facilius est multa facere quam diu” [Es más fácil hacer muchas cosas que hacer una durante mucho tiempo].

La diabólica encrucijada de IU

Carlos Mármol | 28 de marzo de 2012 a las 6:05

La coalición de izquierdas se enfrenta a la cohabitación con el PSOE con el nefasto antecedente del PA, que salió del Parlamento tras sostener a los socialistas. IU quiere centrar el pacto en la lucha contra la corrupción.

Hay pactos que te salvan y otros que te hunden. Matrimonios que te mejoran o te destruyen. Las alianzas pueden ser vínculos de pura conveniencia o acuerdos sinceros. Casi ninguno es neutro. Izquierda Unida, tercera fuerza política de Andalucía, principal vencedora moral de las elecciones del pasado domingo, tiene por delante un folio en blanco. El previsible acuerdo con los socialistas para armar una mayoría capaz de gobernar la región no será nada fácil pero –salvo sorpresa mayúscula– terminará por rubricarse. Nadie lo pone en duda. Otra cuestión son sus bondades: los efectos concretos que tenga para la ciudadanía y para esta organización que, salvo coyunturas políticas muy determinadas, siempre ha jugado un papel necesario pero objetivamente secundario en el mapa político de Andalucía.

Precisamente el debate interno abierto ahora en IU consiste en cómo salvar esta cuestión: ¿pactar con el PSOE beneficia o perjudica? Como casi siempre en política, igual que en la vida, la pregunta no tiene una respuesta única. Depende. Fundamentalmente de los motivos reales merced a los cuales se suscriba dicho acuerdo. La duda no es mala –demuestra que los cargos no son el fin único– pero no puede ser eterna. Ni recurrente. Y sobre todo: debe permitir a la coalición encontrar un difícil equilibrio entre lo principal y lo secundario. De saber distinguir bien ambas cuestiones depende el éxito de la coalición con el PSOE y, igual de importante para ellos, el futuro inmediato de su organización.

El PA: el antecedente

Hay quien en IU está agitando desde hace tiempo el fantasma de lo que le ocurrió a los andalucistas cuando ayudaron a sostener a los socialistas en la Junta. Que esta discusión responda a un convencimiento mayoritario entre sus bases o sea la consecuencia de un mero afán de protagonismo personal es ya otro cantar. Lo cierto es que el PA, que gobernó con el PSOE durante dos legislaturas seguidas –1996/2004–, salió bastante mal parado de la experiencia. Terminó fuera de la cámara andaluza. Así sigue: como una fuerza residual, sin apoyo electoral ni muchos visos de futuro. Realmente con este antecedente es para pensárselo. El éxito en política puede tornarse fracaso con demasiada facilidad. Que se lo pregunten a Arenas.

El modelo de pacto político que los socialistas y los andalucistas suscribieron durante la V y VI legislatura andaluza –tras la etapa de la pinza, que castigó especialmente a IU– se basaba en un principio simple y pragmático: votos (en el Parlamento) a cambio de consejerías, presupuesto, cargos de confianza, poder formal. Nunca hubo un principio programático común ni una coincidencia real de objetivos más allá que mantener una estabilidad que para Chaves –entonces en San Telmo– se había convertido en una obsesión.

Los andalucistas, con 4 y 5 diputados respectivamente, dirigieron dos consejerías y media –la dirección de Relaciones Institucionales se engordó para cubrir sus necesidades– durante ocho años. Se sentaron en el consejo de gobierno con una representación electoral que ni en el mejor de los casos pasaba del 7,53% del electorado. Un éxito relativo fruto del enorme sentido de la ocasión que siempre caracterizó la carrera política de Alejandro Rojas Marcos.

Si se hiciera una traslación con los criterios de entonces en función de la representación actual de IU, el resultado sería que los socialistas tendrían que cederle a la coalición de izquierdas entre cuatro y seis consejerías. Dependiendo de si la regla de tres se hace en base al respaldo electoral –IU tiene el 11,30 de los votos en Andalucía– o al número exacto de diputados (12). Incluso si sólo se tuvieran en cuenta los escaños que el PSOE necesita de IU para tener la mayoría de la cámara –ocho– la cuenta no bajaría de las seis carteras de gobierno. ¿Demasiada cuota en un futuro gobierno que forzosamente tendrá que ser reducido?

La situación actual no es tan simple. Tampoco el punto de partida de IU es el mismo del PA: la coalición de izquierdas es una organización más longeva que los andalucistas, que prácticamente fueron una franquicia política abierta a cualquier alianza, y sus resultados en las autonómicas son mejores. Han pasado de ser un aderezo a convertirse en el centro del mapa político. Un éxito, sí, pero también una hoja de dos filos.

El análisis, sin embargo, adopta otro prisma diferente si se tiene en cuenta que, con independencia de lo que resulte del obligado proceso de debate interno (el voto de las bases), el punto inicial de negociación de la organización que lidera Diego Valderas no son los cargos –eso, al menos, dicen– sino las políticas. El programa. Los proyectos. Uno de los clásicos mensajes de la coalición desde los tiempos de Anguita.

Claro que esta tesis del programa es relativa. El corpus ideológico de IU es prolijo –sus programas suelen ser libros, lejos de los folletos de otros partidos– aunque Valderas ya ha resumido casi todo lo básico en un contrato –con notario incluido– que ha puesto a disposición de aquellas fuerzas políticas que reclamen su colaboración parlamentaria. Hasta ahora el único mensaje ha sido que IU contribuirá a que se investigue el caso de los ERE irregulares y será beligerante frente a la corrupción.

Los socialistas, que desde la misma noche electoral ya contaban como propios los votos de la coalición –una costumbre fruto del paternalismo con el que el PSOE siempre ha concebido sus relaciones con IU–, barajan distintas fórmulas de colaboración. Todas son superficiales: la presidencia del Parlamento, un número indeterminado de consejerías menores y algún que otro gesto que permita a Izquierda Unida marcar el acento de la nueva etapa. Poco más. ¿Es suficiente? Se verá.

Lo cierto es que la coalición de izquierdas tiene por delante una oportunidad histórica si es capaz de impulsar –en el tiempo– la génesis de un proceso de regeneración democrática más que necesario en la política andaluza. Algo que debería plasmarse en un nuevo sistema parlamentario de control sobre las políticas de la Junta –una especie de comité bicolor– y otras fórmulas jurídicas para que el sistema autonómico genere sus propias defensas ante la corrupción. No basta con comisiones de investigación. Es preciso un instrumento parlamentario válido para definir las responsabilidades políticas –con independencia de las judiciales– en los casos de irregularidades. Mecanismos que impidan que ciertos usos y costumbres de treinta años de gobierno socialista terminen contaminándoles.

La vía reformista

Las opciones de IU pasan más por el reformismo –en el contexto andaluz sería prácticamente una revolución de terciopelo– que por la desfasada vía revolucionaria, entendida ésta como la reivindicación de ciertas cuestiones históricas discutibles y muy superadas por el tiempo. Si IU es capaz, como ha hecho internamente el movimiento civil del 15-M, de pactar con los socialistas un decálogo de acuerdos mínimos para un verdadero impulso democrático y de transparencia –aceptable por las clases medias– estarían logrando un doble objetivo: mejorar la democracia, un bien de todos, no partidario, y al mismo tiempo desmontar con hechos reales la previsible caricatura con la que –no hay que dudarlo– el mundo sociológico del PP en Andalucía va a iniciar ya una operación a largo plazo para desgastar a la coalición autonómica PSOE-IU antes incluso de empezar a gobernar.

El gran problema, visto desde su orilla, no es tanto la relación con los socialistas. Es la incógnita de si en la coalición existe una conciencia real sobre los peligros de la cohabitación. IU tiene su gran talón de Aquiles en su tobillo: los sectores que, como ya se vió en el caso del Ayuntamiento de Sevilla, gobiernan más en función de una patológica necesidad de reafirmación ideológica –innecesaria, y que no crea más que conflictos– que con sentido común. No se trata de renunciar a la ideología, que en democracia es tan lícita como la del PP. Se trata sencillamente de distinguir cuáles son las verdaderas prioridades sociales, más allá de las partidarias. ¿La reforma agraria, un clásico de la autonomía, o la creación de empleo? ¿Que los ciudadanos vuelvan a confiar en la democracia o los sillones?

El inesperado rédito electoral no debería nublarles la vista: un respaldo del 11,3%, con independencia de su importancia estratégica (fruto del contexto, que cambiará sin remedio), no parece ser aval suficiente para imponer determinadas políticas a toda la sociedad. En cambio, sí parece útil para poder impulsar una renovación tan urgente como necesaria. De ellos depende. Tanto su éxito como su fracaso.

¿Y tú de qué te ríes?

Carlos Mármol | 27 de marzo de 2012 a las 6:05

El PSOE celebra como una gesta la carambola de permanecer en el poder autonómico a pesar de que su respaldo electoral ha descendido en todos los ámbitos. El PP tardará tiempo en digerir la derrota. IU diseña su estrategia.

Alex O´Dogherty, uno de los mejores actores andaluces, tiene un monólogo espléndido que se llama ¿Y tú de qué te ríes? Entre otras disquisiciones sobre el humor absurdo –el mejor de todos– se pregunta en esta pieza teatral la razón por la cual la mayoría de la gente, cuando va por la calle y ve que alguien se tropieza y se cae, mucho más si es un amigo, directamente se parte de risa. Me acordé de esta imagen el domingo por la noche, cuando después de que las urnas dejaran al PP clavado en una mayoría agridulce –50 diputados, muy lejos de la absoluta que todo el mundo esperaba; sobre todo ellos– la televisión (Canal Sur, por supuesto) retransmitía la sonrisa de oreja a oreja que muchos altos cargos de la Junta de Andalucía tenían detrás de Griñán, que comparecía con gesto cansado, como quien sale de una larga pesadilla.

¿De qué se ríen? Supongo que precisamente de lo mismo que contaba O´Dogherty: alguien, de forma inesperada, se ha tropezado por la calle y está en el suelo. Ha tocado el piso, que dicen en la Argentina. La conducta no es demasiado noble, pero responde la verdad. No hay nada que haga más gracia que el fracaso ajeno, mucho más si éste resulta ser inesperado. Y, desde Maquiavelo, ya sabemos que la política –mucho más la meridional– no es noble, ni buena, ni sagrada, como dijera Lorca de la vida. Los socialistas, sin iniciativa política salvo para destrozarse mutuamente desde hace más o menos dos años, con un partido en total interinidad en Sevilla desde hace algo más de un mes, casi no terminan de creerse la carambola que les permitirá, si IU cierra un acuerdo estable de gobierno, retener el poder autonómico.

Cantares de gesta

Y es que, en realidad, los motivos para tanta risa se reducen a la desgracia ajena, no a los méritos propios. Tras cualquier elección es tradicional que los partidos políticos interpreten los resultados electorales como mejor convenga a sus intereses. Cualquier argumento es válido. Griñán habló ayer de que sus resultados electorales son “una gesta”. Quizás estemos asistiendo a una reelaboración de un género literario –de raíz clásica y cuya formulación en castellano es de época medieval– que hace varios siglos que no se practica y que Cervantes terminó de desmontar –creando la novela moderna– en El Quijote. ¿Una gesta? Decididamente es una manera optimista de verlo. Porque lo que señalan de forma nítida las urnas es que la marea del PP está empezando a retrodecer –algo previsible, aunque algunos no hayan sabido verlo– pero no porque los socialistas estén mucho más fuertes. Que uno pierda habiendo ganado y otro gane habiendo perdido no es exactamente lo mismo que ganar y perder de forma limpia. Ni de lejos.

En Andalucía, el PSOE se ha venido abajo. Diez puntos menos de respaldo electoral, nueve diputados menos y 654.831 votos por debajo del baremo de las anteriores autonómicas. Son hechos. Si Griñán se considera a sí mismo como un caballero andante en fiera y desigual batalla contra la derecha será porque, como ocurre en El Quijote, el caballero de la Blanca Luna –que no es el PP, sino los ciudadanos– le ha vencido pero le deja volver sano a casa para que recupere la cordura. La diferencia es que Alonso Quijano aceptó su derrota y el líder del PSOE andaluz no parece estar demasiado dispuesto a asumir esta misma evidencia, incluso con el inesperado regalo de mantenerse en el poder durante cuatro años. Le cuesta. Cosa que da que pensar. Bastante.

Especialmente significativo es el retroceso electoral de los socialistas en Sevilla, la provincia que, pese a todo, sigue siendo donde el PSOE tiene la mayoría. Se mire por donde se mire, los datos permiten resoplar pero no sacar pecho. En relación a las últimas autonómicas –hace cuatro años– los socialistas han caído 11 puntos. Pierden 172.287 votos. En comparación con las elecciones generales –la radiografía política más próxima– el retroceso es algo menor –porque ya estaban bastante mal– pero se acerca a casi los 28.000 votos incluso aunque, en términos relativos, por la redistribución de los sufragios, puedan argumentar una subida de dos puntos. Vano consuelo: la cuestión de fondo es que, a pesar de conservar el poder autonómico, la sangría de votos que se inició en las municipales no ha terminado. Prosigue.

En la capital, donde Zoido volvió a imponerse, el coordinador de la campaña del PSOE y líder de la oposición municipal, Juan Espadas, hizo ayer una lectura positiva de los resultados: si las municipales fueran ahora el PP no pasaría de los 16 concejales. Otra forma optimista de verlo. El PSOE no ha mejorado demasiado: en relación a las generales la pérdida de votos puede cifrarse en 7.181 votos. Es cierto que la burbuja Zoido –dada su sobreexposición provincial– parece que empieza a desinflarse –mucho desgaste en excesivamente poco tiempo–, pero eso no se traduce en un mayor grado de confianza de los electores en favor de los socialistas. Ni mucho menos. El discurso oficial del PSOE resulta previsible pero es impostado.

¿Cuál es entonces la diferencia? Parece que, frente a otras elecciones anteriores, el factor diferencial ahora radica en un hecho inédito: una buena parte de los votos del PSOE han ido directamente a Izquierda Unida, duplicando la representación parlamentaria de la coalición de izquierdas. Hasta ahora lo que ocurría era lo contrario: cada vez que los socialistas apelaban al miedo a la derecha y reclamaban el voto útil, IU era la gran perjudicada. En todos los ámbitos. Los votantes de izquierdas sacrificaban periódicamente a la coalición para sostener a un PSOE débil frente al ascenso de los populares.

Ahora, en cambio, no ha ocurrido esto: Griñán, siguiendo el catón de su partido, apeló al voto útil y centró su campaña en alertar de que el PP desmontaría el Estado del Bienestar, pero los votos huérfanos no se han quedado en las candidaturas socialistas. Se han ausentado –el descenso en la participación ha sido significativo– o se han trasladado a IU. Una diferencia notable. Tanto como para que este factor permita a la coalición de izquierdas, demonizada por el PP en Sevilla en las últimas municipales, jugar un nuevo papel en la política autonómica y, a largo plazo, quizás de nuevo en la municipal. Al tiempo.

La coalición de izquierdas ha recogido buena parte del voto socialista espantado por la sucesión de casos de corrupción. Y este hecho diferencial marcará el futuro: IU, más que en el reparto de cargos, centrará su táctica de negociación política con los socialistas en la máxima de que hay que “abrir las ventanas”. Todas. El electorado no ha avalado la corrupción, como argumentan determinados analistas de Madrid. Sencillamente han dejado a Arenas a las puertas de San Telmo: el mensaje reformista del PP dejó de ser verosímil cuando Rajoy comenzó a gobernar.

Ha pesado también la reforma laboral. Mucho. No se quiere admitir, pero los ciudadanos corren menos riesgos laborales dejando de votar al PP en las autonómicas que secundando la huelga del jueves. Arenas, asumida la debacle, salió al balcón de la calle San Fernando junto a sus ministros en el Gabinete de Rajoy: Báñez y Montoro. Los dos tienen mucho que ver con su trágica coyuntura. Tanto como el bajón electoral en la provincia de Sevilla, capital incluida.

La cuestión interna

Los resultados electorales también tienen una evidente lectura orgánica para los dos grandes partidos. El PP se enfrenta al vacío: la sucesión de Arenas es una incógnita. Durante varios lustros el propio líder del PP andaluz se ha encargado de impedirla, moviendo a los mismos para distintos puestos. Su derrota no es sólo suya, sino también de su guardia de corps. Especialmente en el caso sevillano.

Los socialistas, en cambio, tienen un escenario mucho más cómodo para sus ajustes de cuentas. Los rubalcabistas del Sur, que en caso de una derrota electoral hubieran tomado el poder orgánico andaluz y provincial sin demasiados apuros, ven ahora como la dulce derrota de Griñán y Cía bloquea en buena medida el plan de la reconquista.

Griñán pidió ayer que “le respeten su sitio”. Traducido: que el ejército chavista, sobre todo sus apéndices hispalenses, siempre activos pero casi siempre en la sombra, no piensen que va a dejarles degustar los honores de la caballería andante. Si hay cabeza habrá un pacto entre familias. Es lo más razonable para que la próxima vez su destino no dependa del fracaso de otros más que de sus propios méritos.

La excepción sevillana

Carlos Mármol | 26 de marzo de 2012 a las 6:05

El PSOE resiste la marea electoral del PP en Sevilla lo suficiente para robarle la mayoría absoluta a Arenas. Zoido gana en la capital pero pierde apoyo en relación a las municipales. IU es la fuerza política más beneficiada.

Una victoria diabólica. Amarga. Sin consuelo. El PP, que había planteado desde hace algo más de año y medio estas elecciones autonómicas como una enmienda a la totalidad a los treinta años de gobierno socialista en Andalucía, se quedó ayer a las puertas del poder regional –el Palacio de San Telmo donde Arenas dijo no querer sentarse– porque la provincia de Sevilla, cuya importancia electoral era mayúscula, no respondió con el entusiasmo deseado al mensaje de cambio político lanzado por el líder del PP. Sevilla era clave. Y la clave le cerró la puerta de la mayoría absoluta al PP en Andalucía clavando sus listas en los 50 diputados. A cinco –muy lejos– de la ansiada mayoría absoluta.

Dado que el órdago del PP era total –o César o nada, parecía ser la apuesta de Arenas–, la victoria del Partido Popular, por el juego cruel de las paradojas políticas, se ha convertido en realidad en una especie de infierno de terciopelo. Ha hecho historia al ser por primera vez la lista más votada en Andalucía pero este factor no impedirá que PSOE e Izquierda Unida puedan formar una mayoría suficiente –y legal– en la cámara andaluza. Salvo que la coalición de izquierdas permita al PP gobernar, como ocurrió en Extremadura, no habrá cambio de régimen –según la terminología usada por los populares– y la marea azul que comenzó hace ahora nueve meses en las elecciones municipales parece tocar a su fin. Retrocede.

Si se tiene en cuenta que la fuerza política más beneficiada en el nuevo mapa electoral andaluz es IU –los socialistas han perdido casi diez puntos de respaldo y hasta nueve parlamentarios en relación a la última convocatoria regional– la intensa huida del electorado del PSOE no ha seguido esta vez el guión de las pasadas municipales, cuando –en Sevilla, al menos– terminó beneficiando al PP.

En esta ocasión los electores socialistas se han escorado claramente hacia posiciones de izquierda –quizás como consecuencia de determinadas medidas adoptadas por el Ejecutivo de Rajoy, en especial la reforma laboral– o sencillamente no han ido a las urnas, como señala el notable descenso del índice de participación. En cualquier caso, la demonización de IU –táctica puesta en práctica por el PP en las municipales– no ha tenido efecto alguno en el ámbito andaluz. La coalición de izquierdas ha doblado su respaldo electoral. Algo que marcará la política regional durante los próximos cuatro años.

Que la victoria electoral de Arenas corría el serio riesgo de convertirse en un agrio cambio a medias se confirma si se analizan los resultados electorales en la provincia. Sevilla se convirtió en las pasadas elecciones generales en la aldea gala del PSOE en España –junto a Barcelona– y, en esta ocasión, ha vuelto a ser el principal territorio donde los electores han optado por sostener la hegemonía socialista.

El PP debía incrementar como mínimo en cinco puntos su respaldo electoral en una serie de localidades medias sevillanas –doce pueblos donde las municipales y las generales parecían señalar un cambio de tendencia política– y conservar su ventaja en la capital. Su táctica fue tratar de exportar al área metropolitana y a la mayor parte de estas localidades el llamado efecto Zoido –la popularidad del alcalde hispalense, para algunos más bien populismo– pero la operación ha tenido un éxito discreto. Escaso.

Y no precisamente porque los socialistas hayan aguantado bien en estas plazas. El PSOE ha perdido en la provincia algo más de 31.000 votos –a pesar de que en términos relativos su respaldo electoral crece casi un punto y medio– en relación a las pasadas elecciones generales. Los socialistas no han crecido. Al contrario: muchos de sus votantes han emigrado a las candidaturas de IU –que gana hasta 24.000 votos en términos reales y crece tres puntos y medio– o sencillamente han optado por otras fuerzas minoritarias, que copan juntas 45.000 votos. Su victoria provincial es mínima. Frágil. Delicada. Aunque también suficiente.

El PP: baja la marea

¿Entonces? Parece que el voto prestado que los populares lograron cosechar en las pasadas generales –condicionadas por la gestión de la crisis económica del ex presidente Zapatero– ha emigrado de sus candidaturas. Así lo confirman los datos: el PP ha perdido 76.130 votos en la provincia de Sevilla en relación a los comicios generales. Un retroceso de casi tres puntos y medio. Suficiente para que la situación de partida –que ya era bastante ajustada– se haya complicado hasta dejar a Arenas sin mayoría suficiente para poder desalojar al PSOE de la Junta.

El análisis por localidades no deja lugar a dudas. Los primeros meses de Gobierno del PP en la Moncloa han hecho retroceder a casi todas las candidaturas elaboradas por Arenas en estos municipios. Si el objetivo oficial era ganar cinco puntos en relación a las generales, lo cierto es que los resultados son una broma cruel: esta cifra –cinco puntos de respaldo electoral– es justo lo que el PP ha perdido de media en muchas de estas localidades estratégicas.

En el área metropolitana, donde el PP de Sevilla creía haber abierto una vía de agua contra el PSOE en municipios como Alcalá de Guadaíra o Dos Hermanas, los datos electorales señalan de forma nítida un retroceso de las candidaturas populares en relación a hace sólo unos meses. Un desgaste intenso. Y llamativo. Sólo puede obedecer al efecto de las primeras medidas de gobierno de Rajoy: subida de impuestos, una polémica reforma laboral, incremento del paro.

Tres factores que, sin llegar a mejorar los resultados de los socialistas en la provincia, han sido más que suficientes para que el pulso a la grande planteado por Arenas no haya salido. El PP estableció su propio techo –tres puntos porcentuales de distancia con el PSOE en la provincia– en las últimas elecciones generales. Ahora esta horquilla está en ocho puntos. Una distancia que aleja definitivamente a Arenas de San Telmo, impide a los populares arriar la bandera del PSOE en la provincia y, a pesar de las apariencias, aconseja no ser excesivamente triunfalista en el caso de la capital.

Un retroceso relativo

En la urbe hispalense se ha producido el mismo proceso, aunque con variantes, que en otras localidades provinciales. Los resultados de Sevilla tenían especial interés para medir la resistencia de la figura política del alcalde hispalense, Juan Ignacio Zoido, que encabezaba –de nuevo– la lista provincial a la cámara de las Cinco Llagas. Tras nueve meses de gobierno, el regidor ha vuelto a ganar claramente en la capital andaluza, lo que confirma que, en su caso, su suelo electoral todavía es suficientemente sólido.

Su victoria, sin embargo, padece el mismo mal que en el resto de la provincia están sufriendo las candidaturas del PP: pierde votos. Aunque, en su caso, de forma mucho menos acusada. Los datos señalan que en relación a los comicios generales –Montoro fue el cabeza de lista por Sevilla, pero Zoido tuvo gran protagonismo– el PPha perdido ya más de 21.000 votos. Casi dos puntos. Es un desgate relativamente discreto pero cuya importancia se debe al hecho de que no se produce con relación a los socialistas –el PSOE deja escapar más de 8.314 votos, aunque en porcentaje crezca más de un punto– sino con respecto a sí mismo.

El regidor, que logró 20 ediles de los 33 que tiene el Pleno de la Corporación hace nueve meses, comenzó su mandato con un respaldo global del 49% de los electores sevillanos. Algo histórico. Esta cifra –su techo electoral– bajó ya en las generales –el PP tuvo más votos en la capital pero cinco puntos menos de respaldo electoral– y ahora se ha situado casi siete puntos por debajo de la foto electoral que le llevó a la Alcaldía. Desde entonces a ahora el PP ha perdido 17.000 votos. Una cantidad de sufragios que no pone en peligro su notable apoyo popular pero que señala –también en la capital– que ya se está produciendo un proceso similar a la bajada de la marea en el mapa político provincial. En Sevilla, el agua llegó a la capital pero sigue sin inundar la provincia. Sevilla nació como una isla menor del río Guadalquivir. Políticamente, hasta dentro de cuatro años no va a dejar de serlo.

¿Un cambio a medias?

Carlos Mármol | 25 de marzo de 2012 a las 6:15

Los resultados electorales en Sevilla condicionarán el poder autonómico en Andalucía. El proyecto político de Zoido para la capital depende de la victoria de Arenas. El PSOE entrará en crisis si no aguanta el envite.

Es cierto. Sevilla se juega muchas cosas hoy, jornada de las trascendentes –sobre todo para los políticos– elecciones autonómicas. En cambio, no está tan claro, ni es tan nítido, que los sevillanos nos juguemos demasiado. Toda una paradoja. Indudablemente, lo que se dirime es importante: quién administrará el poder regional, quién repartirá un presupuesto que, por fuerza, será menguante a medida que pase el tiempo y quién decidirá el sentido del ajuste que hundirá a Andalucía en su situación económica real –tenebrosa– durante los próximos cuatro años, como mínimo. Todo esto depende de las urnas.

Los problemas reales, domésticos, de los ciudadanos –el paro estructural, la falta de perspectivas individuales, la ilusión cada vez más inexistente, convertida ya casi en una utopía yerma, el inmenso miedo al incierto futuro– tienen, en cambio, bastante poco que ver con las gráficas que dicte el recuento de las papeletas electorales. El mundo no se va a arreglar en un día. Ni siquiera en dos. Probablemente nunca.

La importancia –relativa– de los comicios, por tanto, es sobre todo política. Pero no en el sentido más noble del término –el interés por el devenir de los asuntos colectivos– sino más bien en su más clásica acepción gremial. Se trata de una pura guerra abierta entre políticos profesionales en la que los ciudadanos somos decisivos pero apenas durante un breve suspiro. Una vez introduzcamos nuestro voto en las urnas pasaremos de nuevo a una posición secundaria en beneficio total de la democracia representativa e imperfecta en la que todos cohabitamos. Así es el cuento.

En el caso de Sevilla, los comicios del 25-M van a condicionar el signo político de la Junta de Andalucía, la gran maquinaria de prebendas y disgustos de la región. Los resultados ya están más o menos escritos, salvo sorpresa mayúscula, en la mayoría de las distintas provincias excepto en tres, entre ellas Sevilla, donde la cuestión está suficientemente abierta como para que en ella se vaya a resolver quién gobernará. Lo que se decide hoy es el gobierno, no la victoria. Todos los sondeos dan por seguro desde hace tiempo que el PP será la lista electoral más votada. Que finalmente llegue a gobernar ya es otra cuestión distinta.

Además de esta lectura, el mapa político autonómico que saldrá del 25-M tendrá incidencia directa en el porvenir inmediato de los dos grandes partidos políticos de la provincia. En el caso del PP sevillano, favorito en la pugna, lo que está por ver es si será capaz de romper por vez primera la histórica hegemonía política de los socialistas. En el ámbito local esta asignatura pendiente se superó hace nueve meses, pero no así en una serie de localidades medias donde el crecimiento de las candidaturas populares está más vinculado a la ola política nacional que a una convicción profunda. Justamente es en estas localidades donde Arenas tiene que crecer –al menos cinco puntos en relación a los resultados de los comicios generales– para poder entrar en el Palacio de San Telmo.

En Sevilla capital, además, está en discusión algo más: la fortaleza de la burbuja política que encarna el actual alcalde, Juan Ignacio Zoido. El regidor encabeza la lista electoral del PP a las Cinco Llagas y su principal reto es no perder sufragios –con respecto a citas anteriores– para poder sostener el crecimiento del PP. Probablemente lo consiga, aunque los resultados autonómicos van a condicionar toda la política municipal el resto del mandato.

El círculo perfecto

Si Arenas es investido presidente de la Junta de Andalucía, el círculo perfecto del PP se habrá cerrado. Zoido tendrá entonces a su favor una herramienta institucional clave para poder consolidar en el tiempo su proyecto para dirigir la capital de Andalucía. El aval de la administración regional es esencial para él en muchos sentidos. Primero, en el orden simbólico: sería la primera vez que el PP dominase en ambos escenarios políticos. Después, en el terreno práctico: casi todos sus proyectos de cierta envergadura –centrados en una concepción del urbanismo muy similar a la que nos ha llevado a la debacle económica– requieren pasar filtros autonómicos que, con Arenas en la presidencia de la Junta, no sólo serán superados, sino que probablemente se eliminen por completo.

Igual que en una profecía bíblica: las barreras (para hacer ciertas cosas) caerán. El camino (en determinada dirección) se allanará. Y el poder popular será como el Dios del Antiguo Testamento: omnipresente. Hasta el punto de poder calificarse de excesivo. Basta ver algunos de los argumentos de campaña del candidato popular a la Junta para darse cuenta de que la sintonía política que se establecerá entre la Plaza Nueva y el Palacio San Telmo será total. Nítida. Completa. No es raro: Zoido es una exitosa creación (política) de Arenas.

Habrá a quien esta circunstancia –que la Alcaldía hispalense sea la correa de transmisión de la Junta del PP– le parezca una cosa ideal. Y a quien le asuste el simple hecho de pensarlo. Hay que ser pacientes. No es tampoco la primera vez que ocurre: la historia democrática de Sevilla tiene precedentes ilustres. La ciudad rara vez ha tenido a un alcalde independiente, entendiendo tal adjetivo en relación a Sevilla, más que a su propia organización política. La ciudad ha elegido o a alcaldes con excesiva sintonía con la Junta –motivo por el cual su perfil político venía a ser redondo, poco reivindicativo, instrumental– o a regidores en eterno conflicto virtual con la administración autonómica, casi siempre por intereses –también– partidarios más que institucionales.

En el primer caso, la ciudad perdía peso político. En el segundo, quedaba sin capacidad de influencia. En ambas situaciones los beneficios han sido muy escasos. De este bucle parece difícil que salgamos. Sólo podría hacerse con otros perfiles políticos. No se adivinan en el paisaje. Si Arenas gana y gobierna, el plan de ajuste que el PP tiene previsto hacer en el Ayuntamiento hispalense –incluidas las empresas y organismos autónomos– y el proyecto de corte revisionista del que se han visto notables muestras en estos nueve meses no tendrá ya freno.

En cambio, si por una broma cruel del azar el PP no llegase a la presidencia de la Junta –con independencia de que se abriría de golpe el melón del liderazgo en el PP en Andalucía, un proceso en el que Zoido parece estar muy bien colocado– y PSOE e IU logran armar un gobierno autonómico estable, el grado de confrontación entre la Plaza Nueva y el Gobierno regional subirá hasta máximos históricos. De nuevo, por motivos partidarios que, si se mira bien, son los que casi siempre condicionan la política patria. Al menos, en el mundo meridional. En todo caso, la revolución reformista del PP en Sevilla quedaría en este supuesto como un proyecto a medias, abortado. Detenido. Algo que, a largo plazo, puede terminar hasta provocando el cuestionamiento de la emergente figura del alcalde.

La espiral interna

Los socialistas no tienen este problema. Su disyuntiva es mucho más simple: o resistencia o nueva crisis interna, quizás para situarse durante años en una posición secundaria inversamente proporcional al poder total del que han disfrutado durante las tres décadas de autonomía. El PSOE de Sevilla se juega todo o nada el 25-M: si aguanta el envite y conserva su secular liderazgo político provincial, aunque sea por la mínima, habrá alguna posibilidad, por remota que parezca con Arenas en la Junta, para poder al menos dar la batalla de la oposición.

Si en cambio es barrido de sus feudos sevillanos –una hipótesis que parece difícil, pero ni mucho menos imposible– el guión está escrito: nueva crisis interna, en este caso sangrienta, a la vuelta de la esquina. Primero en clave regional; después provincial. Una guerra púnica completa de la que parece complicado que salga una alternativa sólida. Más bien , a lo sumo, una nueva variante de las tribus socialistas. Insuficiente para una organización política que, si hoy cae en las urnas, tendrá que pasar un purgatorio que será tan largo e inmisericorde que, probablemente, a muchos se les haga eterno. Como el infierno, tan temido.

Sevilla 25-M: lecturas cruzadas

Carlos Mármol | 11 de marzo de 2012 a las 6:05

Los socialistas se juegan otra vez el mito de su imbatibilidad electoral. El PP intentará arañar los sufragios que necesita para la mayoría absoluta en el cinturón de ciudades medias. Los comicios tendrán derivación municipal.

El tiempo, ese concepto difuso que, según San Agustín, existía y al mismo tiempo, nunca mejor dicho, dejaba de existir en función de la ocasión, es el factor que va a marcar la campaña electoral que, como dicen los argentinos, recién ha comenzado esta semana en Andalucía. Tiempo, según los socialistas, es lo que quizás le va a faltar al PSOE en las dos semanas largas que restan para que se produzca el dictamen de las urnas. Tiempo, a juicio del PP, es lo que probablemente le sobre (a tenor de las últimas encuestas) a Javier Arenas de cara al 25-M. Y tiempo (que perder) es lo que la mayoría de los electores consideran que va a gastarse en el circo mediático en el que se han convertido las carreras electorales.

Al igual que cualquier otra guerra, una victoria es una suma de batallas –no siempre menores– que hacen ciento. Los comicios regionales en los que se disputa el inmenso poder institucional de la Junta de Andalucía –poco más; no se engañen– se alimentan pues de un sinfín de enfrentamientos provinciales simultáneos que, debido a que las elecciones se organizan a partir de las distintas circunscripciones territoriales, cobran especial relevancia a la hora de asignar los diputados necesarios para la mayoría absoluta (del PP) o la minoría relativa (que formarían PSOE e IU). Las dos variantes iniciales del menú.

En este contexto es donde la batalla de Sevilla –ciudad mil veces conquistada; escasamente leal, a pesar del lema de su escudo oficial; centro obsesivo de atención en los duelos electorales previos– adquiere especial interés, al depender el resultado global de las autonómicas en buena parte de lo que ocurra en una provincia que, todavía, parece resistirse –con independencia de los motivos potenciales– a formar parte del cambio de ciclo político que desde hace ocho meses está transformando el mapa del poder en España. La Numancia sevillana es para los socialistas la última esperanza para no fenecer (políticamente) por completo. Para el PP, en cambio, viene a ser como la Granada de los nazaríes en tiempos de la Reconquista, que, como todo el mundo sabe, no fue sino una mera conquista por las armas. Sin preámbulo alguno.

Hay mucho en juego. Demasiado. Pero de forma distinta en función de cada protagonista. En el caso del PSOE, lo que ocurre en Sevilla es, sobre todo, una guerra psicológica, de identidad. Con independencia del resultado final –los sondeos hablan de un empate técnico en número de diputados entre los grandes partidos– lo que se dirime en Sevilla es una cuestión mítica. Esto es: si la provincia seguirá siendo el último reducto de sustento electoral de unos socialistas en fase menguante y, como era de esperar, más acostumbrados a devorarse a sí mismos que a vencer a sus adversarios.

Lo que está en juego no es sólo la Junta, sino el mito de la imbatibilidad electoral del PSOE de Sevilla. La condición que le ha convertido a lo largo de la historia reciente en el corazón mismo del partido, como se dice en Madrid, o, visto desde las provincias andaluzas, en una organización que es necesario someter o controlar para que el PSOE de ámbito regional mantenga en su fuero interno un cierto equilibrio que evite que termine saltando por los aires.

Dado el tamaño de la batalla –a nivel interno y externo– lo que resulta del todo sorprendente es que el PSOE sevillano llegue al campo de juego con una situación de interinidad tan profunda como la que salió tras la última de las guerras púnicas: la elaboración de la lista electoral. Los socialistas, cuyo principal reto para no fracasar consiste en movilizar a los suyos, se presentan a los comicios con una nómina electoral que la mitad de la organización rechaza y una serie de condicionantes internos que hacen prácticamente imposible lograr un grado de movilización suficiente para no estar intranquilo. No es extraño que los actos políticos se hayan programado en aforos limitados –para no dar sensación de orfandad– y en clave, si no íntima, sí muy discreta. Hay pocos motivos para el optimismo incluso a pesar de que los últimos sondeos van reduciendo –de forma leve– la distancia que el PP ha llevado durante meses a los socialistas.

Todo se juega a una carta, y la baraja ya no está exclusivamente en manos del PSOE, que además cuenta con inquietantes señales del fin de siècle: no tanto por la corrupción, que también, sino por otros síntomas tan gráficos como el retroceso electoral que, en los recientes comicios generales, se produjo en localidades metropolitanas de usual mayoría socialista: Alcalá de Guadaíra y Dos Hermanas, esencialmente; además de otras urbes medias donde el PP casi ni osaba dar la batalla.

Los sondeos, por otra parte, en realidad no aclaran demasiado el resultado final. Formalmente ganaría el PP, pero nada se dice –porque es imposible– de cuál va a ser el comportamiento electoral en el interior de la provincia, donde realmente se librará la batalla por la Junta de Andalucía. La bolsa de indecisos –oficiales– todavía es demasiado gruesa para que nadie cante victoria, ni siquiera los favoritos en la carrera electoral. Y eso que el precedente de las municipales podría hacer pensar –cosa que antaño se consideraba inaudita– que los votantes todavía no alineados podrían votar en masa al PP.

Si hace ocho meses esta hipótesis terminó siendo cierta, que vuelva a repetirse el fenómenos ahora es mucho más improbable. Un factor ha cambiado por completo el panorama: Zapatero no está; ya gobierna Rajoy y la economía sigue igual de mal que entonces, o bastante peor, ya que han comenzado las primeras medidas de ajuste –subida de impuestos, reforma laboral– y las decisiones paliativas que el PP ha ido aprobando para tratar de no perder imagen –protocolo contra los desahucios, límites a los sueldos de los altos cargos públicos– no ocultan la realidad subyacente: la crisis la va a pagar, como ocurre siempre, la gente normal.

Probablemente en lo único que Griñán ha acertado en los últimos meses fue en separar los comicios regionales de los estatales, en los que Rubalcaba no pudo evitar la extraordinaria sangría electoral de los socialistas. El tiempo –creían los socialistas– jugaría a su favor. Aunque esta tesis tampoco está del todo clara si se tiene en cuenta que la batalla de San Telmo puede estar perdida desde hace más o menos año y medio, cuando estalló el escándalo de los ERES falsos.

Los populares saben, en todo caso, que sólo con el mensaje de la corrupción no tienen garantizada la victoria necesaria. No basta. Insisten en su táctica de poner en cuestión la gestión de los socialistas –que han dado munición para varias décadas– pero a nadie se le escapa que su gran asignatura pendiente es crecer en el circuito de urbes medias que forman el fortín sevillano de los socialistas. No es extraño que el 70% de su lista electoral esté formada por concejales. Busca así el PP que sus referentes en estos ámbitos geográficos –localidades cuya población se sitúa entre los 10.000 y los 20.000 habitantes– logren arrancar votos que hasta ahora se les han resistido. O, al menos, que los socialistas no puedan recoger demasiada cosecha, lo que les permitiría sumar los restos necesarios para la mayoría hipotética. Suficientes para que los tres puntos de distancia de las últimas generales eviten que la bandera de la Numancia socialista sevillana continúe en pie.

En esta táctica, cuentan –y mucho– los votos de la capital. También, inevitablemente, habrá pues una lectura en clave hispalense. Los socialistas han dejado la campaña en la capital en manos de Juan Espadas, el líder de la oposición municipal, que en las generales presumía de haber logrado pinchar –levemente– la burbuja Zoido. Habrá que ver qué ocurre ahora para confirmar dicha teoría. El PP está en ascenso. Es un hecho cierto. También lo es que después de ocho meses de ejercer el poder municipal la figura política del regidor sevillano no es inmaculada. Ni mucho menos. Tendría gracia que el PP no lograse la mayoría absoluta por no retener todos los votos con los que cuenta en Sevilla capital.