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Viva el protocolo

Carlos Mármol | 7 de octubre de 2012 a las 6:15

El último trimestre de 2012 comienza sin que se hayan cumplido, de momento, las previsiones de ingresos del presupuesto municipal, cuya ejecución se revela incompleta justo cuando toca comenzar con el siguiente.

No pueden alegar ni ignorancia ni desconocimiento. Sabían de sobra lo que ocurriría y el jardín en el que se metían. Consecuencia de ver la política exclusivamente en el corto plazo. El último trimestre del año 2012 se inicia este mes de octubre, comienzo del imperceptible otoño sevillano, tan leve, sin que el gobierno local haya podido hasta ahora cumplir con las previsiones que él mismo hizo al elaborar las cuentas municipales del año fatídico que ahora entra en su recta final. El presupuesto municipal todavía en vigor tiene una trascendencia política superior a la de cualquier otro año. Dos elementos lo explican: fue el primero de Zoido como alcalde de Sevilla y se elaboró en un contexto económico adverso provocado por la suma de la crisis económica, el descenso de los ingresos municipales ordinarios y las consecuencias de los años de grandeur de Alfredo Sánchez Monteseirín. La célebre herencia.

Zoido tuvo que dirigir el Ayuntamiento durante los primeros compases de su mandato –seis meses– con las cuentas que aprobaron socialistas e IU, un factor que lógicamente jugaba en su contra, ya que el campo de acción del que disponía el alcalde tan sólo le permitía hacer modificaciones parciales de las cuentas en un momento en el que la recaudación ya no iba bien, al estar vinculada a la marcha de la actividad económica global y a unas ordenanzas fiscales que también procedían de su antecesor.

Un cambio con herencia. El arranque del mandato no fue, en términos económicos, nada sencillo. Quizás por eso las decisiones más importantes que tomó el gobierno local consistieron en una contradicción:desmontar los símbolos del pasado municipal más reciente (Plan Centro) para vender la idea de cambio sin dejar en paralelo de usar un argumento –la nefasta herencia– que precisamente remitía al pretérito en lugar de al presente. Y  que daba pocas pistas, y no precisamente optimistas, del futuro.

El viento, sin embargo, soplaba a favor. La ola de popularidad del regidor era enorme –los famosos 20 ediles, las advocaciones en la procesión del Corpus– y parecía harto difícil que nadie reparase, y mucho menos llamase la atención, sobre estas incoherencias argumentales, demasiado finas para ser percibidas por los ciudadanos, que estaban encantados unos, y esperanzados otros, con la idea del deseado relevo municipal. Los tiempos nuevos sólo se construyen con ciertas dosis de olvido sobre los malos momentos pasados, aunque en este caso desde primera hora el gobierno municipal siguiera explotando a su favor la ventaja que suponía contar con información delicada y el vicio de enfocar los faros, en cuanto alguien osaba hacer una mínima crítica, hacia el mandato anterior.

Todo esto empezó a cambiar a medida que los meses se sucedieron. El PP intentó, con éxito relativo, transmitir a los ciudadanos durante esta primera fase que su gestión estaría guiada por la austeridad, la profesionalidad y la eficacia. El saldo es muy discutible, si bien es cierto que en apenas un año su imagen, siendo ya peor que al arranque del mandato, está todavía muy lejos del deterioro que sufrió Monteseirín al final de su última Alcaldía. No es casual. En Plaza Nueva se sabía que las dificultades comenzarían cuando se pusieran a hacer números. No sólo para ver cómo estaban las arcas municipales, sino para con la realidad heredada –impagos, dinero escaso, promesas laborales sin presupuestar– poder marcar por primera vez sus propias prioridades en el documento político más importante: un presupuesto.

Luces cortas. Las opciones estaban fijadas desde el principio. El PP, pese a poder justificar su apuesta presupuestaria sobre la herencia recibida, sólo tenía dos caminos. O traducir directamente su programa de gobierno en el presupuesto o posponer determinadas medidas –las más impopulares, y las que según los expertos deben tomarse nada más llegar al poder– en el tiempo. Se optó por la segunda opción. Algo sorprendente si hablamos de un gobierno recién formado y con un apoyo electoral increíble. No era falta de ganas, sino consecuencia de un cálculo puramente electoral. Zoido sabía desde la oposición que si ganaba las elecciones el desgaste sería inmediato en caso de empezar a aplicar un plan de saneamiento y ajuste en el Ayuntamiento que inevitablemente pasa por reducir las plantillas en las empresas municipales, replantear convenios, ajustar los gastos a los ingresos –entonces ya en retroceso– y hasta abrir la puerta a privatizaciones de empresas públicas. Todo esto iba en contra del discurso de la campaña electoral, cuando no había ciudadano que se acercara al candidato del PP sin irse con una promesa bajo el brazo que no fuera a ser cumplida.

El desgaste de la figura política del alcalde era en todo caso asumible. Estaba en la cumbre. El PP confiaba en que fuera leve (lógico después del milagro de los veinte concejales) y podía responsabilizar de las medidas impopulares a la herencia, más que a la voluntad del nuevo gobierno. El problema no era estrictamente de índole municipal, sino autonómica. Apenas unos meses después los comicios regionales, en los que el PP era el claro favorito según las encuestas, debían cerrar el giro maestro:la victoria completa en todos los ámbitos de poder (municipal, regional y estatal) en España. Especialmente importante era la batalla de San Telmo: si Javier Arenas llegaba a la presidencia de la Junta el éxito, apoyo y sustento a las políticas municipales de su hipotético Gobierno regional estaba garantizado. Entonces se pondría en marcha el plan previsto:modificación por partes, pero integral, del Plan General de Sevilla; y cambios legales en consonancia con el programa de ajustes presupuestarios y asistenciales que se estudió en la oposición. Todo ello con un factor ambiental favorable. No habría más poder institucional que el del Partido Popular.

Con esa lógica Zoido hizo su primer presupuesto, consagrado, mayormente, al protocolo amable, su gran aportación política, junto a la promoción de eventos deportivos, en su año largo de mandato. La reducción del gasto (en realidad se ha desviado por otras vías) se programó en distintas etapas y se pospusieron hasta final de año decisiones críticas, como la renegociación de los convenios en las empresas públicas. No bastaba. Tuvieron también que fabricar un plan de inversiones irreal para vestir el muñeco porque el PP no podía dar a la oposición la munición que suponía la evidencia de un primer presupuesto sin inversiones reales. El discurso de que la ciudad se había parado de pronto sería imbatible. Ni siquiera el famoso argumento de la deuda heredada impediría que en plena guerra por conquistar San Telmo que el PSOE no aprovechase tal error.

El resultado fueron unas cuentas municipales –las que ahora entran en su tramo final– que son pura ficción, al estar supeditado su capítulo más importante a unas operaciones patrimoniales (la venta de la Gavidia, del edificio municipal de la calle Pajaritos y la subasta del mobiliario del hotel Alfonso XIII) que se sabían inviables. Zoido subastó la antigua grandeur del principal hotel de la Exposición del 29, pero se quedó sin los ingresos de los edificios municipales porque chocó con la legislación urbanística, su mayor talón de Aquiles. La recurrente confrontación con la Junta le permitió disimular el planteamiento de partida, pero casi un año después de la batalla urbanística ni ha vendido estos edificios ni ha ingresado el dinero que necesitaba para pagar las inversiones que prometió. Eran casi 20 millones de euros. Tras la estéril victoria electoral de Arenas, que alejó definitivamente a la Junta del PP, las cábalas municipales sólo han empeorado. Ni dinero, ni inversiones, ni sintonía con la administración regional. Ahora se aproxima el segundo presupuesto. Las cuentas de los inminentes recortes.

El signo de los tiempos

Carlos Mármol | 18 de diciembre de 2011 a las 6:05

Los nuevos presupuestos municipales de Juan Ignacio Zoido no solucionan los problemas estructurales de las empresas del Ayuntamiento de Sevilla y son el preámbulo del duro ajuste que comenzará en primavera.

No va a ser algo inmediato, cosa de un día para otro, pero el inevitable proceso de ajuste de la estructura administrativa global del Ayuntamiento de Sevilla ya está en marcha. Los presupuestos que esta semana ha presentado el gobierno del PP, que destacan por vender una discreta reducción de los gastos corrientes y prácticamente convertir en una utopía el capítulo de las inversiones municipales, tienen un reverso (para algunos tenebroso, para otros lógico) que consiste en recortar significativamente (20%) la partida de transferencias de capital público que reciben la mayoría de las empresas y organismos autónomos del cabildo sevillano.

Del tijeretazo sólo se ha librado Tussam. Consecuencia de la crítica situación por la que desde hace años pasa la empresa municipal de autobuses, quebrada de facto tras doce años de gestión socialista (la firma siempre fue deficitaria, aunque nunca en las magnitudes actuales) y ahora nuevamente herramienta para los guiños electorales del PP, que ha decidido mantener un generoso cuadro de bonificaciones a pesar de que durante su etapa en la oposición solía alertar de que las iniciativas sociales van en perjuicio de la salud financiera de las compañías municipales.

El descenso de los fondos de las sociedades publicas del consistorio pudiera contemplarse en apariencia como una señal de austeridad política. Es una verdad a medias. Quizás podría también considerarse una medida adecuada en un contexto económico diferente (ahorrar tiene sentido cuando hay ingresos; cuando se vive en la ruina es sencillamente imposible) pero en la coyuntura vigente más bien parece anunciar la llegada a la gran encrucijada por la que antes o después pasarán las empresas públicas de Sevilla: los cambios en su actual sistema jurídico de gestión. Lo que algunos llaman privatización.

De momento no se ha producido ningún anuncio oficial que avale esta tesis. Es cierto. Aunque las noticias realmente importantes, y con costes sociales y políticos, nunca se desvelan con demasiada antelación. Al contrario: suelen adoptarse nada más llegar al poder (para que se olviden más fácilmente), de improviso y, últimamente, justo después de haber pasado por el trance electoral. Algo que convierte el hecho de votar en una estafa: los ciudadanos, como ha ocurrido en el caso de las elecciones generales, y en cierto sentido también en las municipales, sólo votan para expulsar a quien gobernaba, pero sin conocer el programa político que se les va a aplicar. Circunstancia que, por lógica, tiende a hacer pensar que será impopular, duro e inaceptable. Mejor no contarlo y aplicarlo una vez pasado el ritual de las urnas. Basta, sin embargo, mirar un poco alrededor para darse cuenta de que los tiempos duros que vienen (como anuncia hasta el Rey) lo serán para unos más que para otros y, de cualquier forma, supondrán que muchas de las situaciones que se antojaban eternas, permanentes, no volverán a ser como antes. Ni seguirán tampoco como ahora.

Esta semana el presidente de la patronal española, Rosell, ha propuesto que se despida a los empleados públicos (los funcionarios son una estirpe distinta) que no tengan funciones encomendadas. Intenta así abrir un debate para que la agenda del nuevo Gobierno que será nombrado la próxima semana comience por cuestionar el gran principio de la función pública: que es vitalicia. La historia no es nueva, pero a muchos todavía les parece inverosímil, increíble. Ocurrió en su día en la Argentina (los tiempos del corralito y el colapso moral y económico de la nación austral) y está pasando en Grecia. Incluso en Granada, que no está tan lejos, el Ayuntamiento del PP, como casi todos, anunció hace días la desaparición de una serie de organismos municipales creados en etapas de prosperidad relativa. Entre los organismos eliminados está incluso la Gerencia de Urbanismo, el gran foco de poder, junto a la Alcaldía, de cualquier consistorio.

La crisis ha instaurado un nuevo dogma político. Es el propio de los momentos de derrumbe: “Todo está sujeto revisión”. Dentro del concepto revisión se incluye la palabra ajuste, que en realidad es recorte. Reprogramación, según la vieja terminología del PSOE. Tras cuatro años de debacle económica, con un paro galopando como un caballo demente y las empresas en el esqueleto (muchas pregonan ahora el discurso de rebajar los sueldos porque algunas ya no tienen fondos ni para despedir, y si despiden más saben que su estructura no podrá seguir funcionando), las miradas se dirigen hacia el sector público. La disyuntiva es trágica: o los servicios básicos o los empleados públicos. Ambas cosas, en algunos casos, no son compatibles.

Probablemente algunos crean que esta reflexión es excesiva. Incluso que se adelanta a los acontecimientos. Veremos. Lo que sí habría que empezar a preguntarse, a menos que gusten las mentiras piadosas, es por qué si esta cuestión está empezando a estar en todas las agendas políticas (europeas, nacionales, incluso regionales; véase el caso de Cataluña) en Sevilla todavía se mantiene en un segundo plano. ¿Una singularidad de corte meridional? Puede que sí. Aunque en realidad es un mero simulacro: se llaman elecciones autonómicas.

El PP municipal ha condicionado toda su agenda de gobierno en Sevilla a los comicios regionales (en los que Javier Arenas se juega todo a César o nada, como César Borgia) y es lógico que desde la Alcaldía no se den pasos para sembrar la semilla de la inquietud entre los empleados municipales, especialmente cuando una de las tácticas del PP andaluz ha sido posicionarse a favor de los funcionarios en el duro conflicto que mantienen con el Gobierno andaluz. Y, sin embargo, la rueda no está quieta. Se mueve.

Esta semana el ejecutivo de Zoido, además del recorte en las transferencias, ha resucitado el proyecto de Monteseirín (esta herencia al parecer no les parece contaminada) de crear la Corporación Municipal DeSevilla. El holding empresarial que en su momento llegó a ambicionar dirigir, con quebranto económico notable para las arcas públicas, el hombre de confianza del ex alcalde, Manuel Jesús Marchena.

La medida, con algunos cambios cosméticos, reaparece ahora con el argumento del ahorro. En positivo. Ya. Hay quien no lo ve igual: la nueva corporación municipal puede ser el principio del plan de reconversión del Ayuntamiento, una nueva superestructura libre de compromisos que impondrá un único convenio colectivo a todos los empleados municipales (con cláusulas adecuadas a los nuevos tiempos) e impulsará un modelo de gestión privada para empresas que, de momento, son públicas. Y ruinosas.

La cosa tiene poco misterio. Puro sentido común: si en los tiempos actuales las entidades y organismos municipales reciben menos transferencias públicas, no pueden endeudarse ni para gastar ni para invertir, sus ingresos estructurales siguen mermando (Urbanismo depende de un mercado inmobiliario desaparecido; Lipasam y Tussam de precios inferiores a los costes) y el Consistorio no sube los impuestos, el Ayuntamiento está abocado al colapso. Emvisesa, la empresa de la vivienda, parece ser el campo de pruebas para el experimento: en 2012 no iniciará ningún proyecto nuevo. Un derribo mudo. Con silenciador. ¿Los argumentos? Siempre queda la justificación habitual: la herencia recibida. Y el signo de los tiempos. La nueva era comienza en marzo. Está escrito.

La austeridad era esto

Carlos Mármol | 15 de diciembre de 2011 a las 6:05

El nuevo presupuesto municipal dejará a Sevilla huérfana de inversiones tangibles durante 2012. El gobierno local ‘politiza’ la elaboración de las cuentas públicas al usarlas para culpar a la oposición en lugar de para gobernar.

La política municipal se ha convertido en Sevilla en un déjà vu. Una paramnesia. Una réplica del famoso síndrome de lo ya visto, ya oído. Sólo que en esta ocasión con vocación perpetua. El gobierno local presentó esta semana –en dos tiempos, como si temiera hacerlo de forma íntegra– los nuevos presupuestos de la ciudad para el año 2012. El primer acto de gobierno –al menos formal– de Juan Ignacio Zoido (PP), que durante los seis meses que lleva en la Alcaldía ha tenido que reinar con las cuentas que le dejó en herencia Monteseirín. Sobra decir que el legado del regidor socialista no era precisamente brillante. Sobre todo en términos financieros.

Las nuevas cuentas municipales no podían ser, en consecuencia, holgadas. Ni osadas. Cuestión distinta es la singular actitud con la que el nuevo ejecutivo local ha abordado el ejercicio político (trascendente) que consiste en marcar prioridades, ordenar recortes y reorientar la gestión municipal en una determinada dirección; asunto cuyo impacto sobre la economía local es notable: el Consistorio es la principal empresa de la ciudad, aunque tal circunstancia sea más un síntoma de debilidad –del tejido empresarial sevillano– que un verdadero activo económico.

Nadie esperaba sorpresas. Tampoco alegrías. A lo sumo, actitudes. Del análisis de los presupuestos, sin embargo, no se obtiene más que una conclusión agria: el PP ha decidido politizar también en su provecho la elaboración de las cuentas públicas para seguir alimentando su estrategia –cuyo horizonte final son las autonómicas de marzo– de culpar a la oposición municipal de una ruina a la que ciertamente contribuyeron –y que pagaron en las urnas; aspecto éste importante– pero que, en cualquier caso, no exime ya de gobernar a quien actualmente disfruta de la mayoría en el Pleno .

Los presupuestos de Sevilla no son los de un gobierno en sentido estricto. Más bien parecen las cuentas de una administración condicionada por un extraño afán de confrontación que se destila hasta en las meras cuestiones terminológicas. Un ejemplo: la edil responsable de elaborar la cuentas, Asunción Fley, calificó de “enchufados” a todos los cargos de confianza de la anterior estructura municipal. Una figura que el PP también usa desde que llegó al gobierno, incrementando incluso el gasto global si la cuestión se analiza estrictamente desde el punto de vista de los altos puestos directivos. Parece obvio que bajo un prisma técnico el adjetivo utilizado era innecesario. Políticamente, al parecer, resultaba esencial. La orientación de un presupuesto, como es obvio, es una decisión de naturaleza política. Hasta ahora se hacía siempre hacia el futuro, nunca hacia el préterito. Salvo para el PP de Sevilla, que sigue mirando hacia el pasado.

Con independencia de la tesis elegida para presentar las cuentas –el Ayuntamiento está en la ruina por culpa del anterior gobierno local–, los presupuestos, pendientes aún del análisis del interventor municipal, y que ayer comenzaron a ser cuestionados por la oposición, dibujan un preocupante porvenir para la institución municipal. Hasta el punto de que no es descartable que, pasados los comicios autonómicos, veamos medidas de ajuste que tendrían a las empresas y organismos municipales en el punto de mira. Todos ellos, salvo Tussam, que tiene ya problemas para pagar las nóminas, recibirán menos fondos sin que los ingresos aumenten. Lo que augura cambios profundos desde el punto de vista jurídico si se quieren mantener los servicios.

Entremos en detalles. En primer lugar, los motivos de la ruina: la carga financiera municipal ronda ya los 70 millones de euros. ¿A qué se debe su incremento? Las razones son dos: el pago de la operación financiera suscrita en 2008 para aminorar el impacto de la deuda municipal global y la liquidación del dinero estatal recibido en los dos últimos años. El anterior gobierno local incumplió periódicamente la legislación de estabilidad presupuestaria, lo que provocó la tutela de la Junta de Andalucía. En cifras: en lugar de lograr un incremento de la tesorería del orden de 16 millones de euros (la previsión), las desviaciones fueron de 33 millones. La ley obliga a asumir este desajuste, lo que recorta la capacidad maniobra del PP.

La situación, siendo grave, no es una completa sorpresa: el plan fue objeto de dos ajustes antes de que llegase Zoido a la Alcaldía y los términos del acuerdo con los bancos –pago de intereses sin amortizar capital hasta 2012– eran conocidos. ¿Entonces? El segundo factor es el trascendente: las liquidaciones a cuenta del dinero que el Estado entrega a los ayuntamientos han sido negativas –la recaudación ha caído– y por tanto hay que devolver todo el dinero entregado en demasía. Hasta 106 millones de euros, que el Estado restará anualmente de las futuras aportaciones durante varios años.

Las tres fuentes que nutren de ingresos al Consistorio (transferencias estatales, tributos, operaciones financieras) van en regresión mientras los gastos se ven reducidos de forma discreta. Lo que dejará al Ayuntamiento durante 2012 sin capacidad real para poder invertir. Cierto es que el gobierno del PP ha decidido –cosa que le honra– hacer aflorar la deuda subterránea del Consistorio: facturas con proveedores por importe de hasta 12 millones de euros asumidos de forma extrapresupuestaria. Es la principal medida positiva –casi la única– de las cuentas locales, que al menos impedirán que las empresas afectadas continúen sin cobrar. Aunque, en términos macroeconómicos, la realidad subyacente en el presupuesto no cambia: no se percibe una decidida apuesta por el empleo, el ahorro es más aparente que sustancial y todos los problemas estructurales de la administración local se dejan sobre la mesa.

Las dos mayores contradicciones de las cuentas proceden del propio discurso oficial del gobierno local. El PP ha dicho que sus cuentas son realistas –a su juicio no contemplan ingresos hipotéticos, sino ciertos– y austeras. Sobre el primer aspecto llama la atención un hecho: probablemente para poder presentar un capítulo de inversiones en las cuentas –apenas 15 millones de euros– se han consignado unos ingresos teóricos por venta de patrimonio –el edificio de La Gavidia, entre otros– que no están garantizados. Ni de lejos. Los socialistas e IU se apoyaron ayer en este punto para decir que las cuentas son “falsas”. Más correcto sería decir que son una ficción. Y, como tal, arbitraria: se presupuestan sin rubor alguno estos ingresos inseguros pero, en cambio, no se consignan todos los fondos de personal para determinados programas de empleo porque se desconoce si se aprobarán por parte de la Junta. Criterios opuestos ante una misma incertidumbre presupuestaria. Curioso.

Sobre la austeridad, la regla utilizada también es discutible. En altos cargos (el gran argumento político del PP) el recorte es de sólo un millón de euros. Un cifra que no casa con la trascendencia de la versión oficial, sin que ello cuestione su necesidad. El capítulo I [Personal] se reduce en apenas un 4%. Los gastos de funcionamiento [capítulo II] descienden un 5%, aunque en realidad crecen, al tener que incluir la ayuda a domicilio y reconocimientos extrajudiciales. Los gastos financieros [capítulo III], en cambio, se disparan un 39% y las inversiones quedan en un mero deseo: el propio presupuesto reconoce que “no se pueden pedir préstamos para invertir”, por lo que recurren a la supuesta venta de patrimonio para al menos incluir una cifra en las cuentas. Que se cumpla ya es otro cantar.

El gran tijeretazo es para las empresas y entidades municipales: un 23% menos de dinero. ¿Afectará a los servicios? Todavía está por ver. La desaparición de Sevilla Global y otros organismos facilita el ajuste. En el caso de Tussam, que se salva de la regla, no se modifica la situación de fondo, al haber aprobado bonificaciones que reducirán sus recursos. Las políticas asistenciales (secundarias en el ámbito político local) se mantienen, aunque en materia de construcción de VPO no se contempla ni una sola obra nueva. Una señal evidente de que la vivienda pública va a pasar a mejor vida en Sevilla.

Infinitamente mejor, infinitamente menos

Carlos Mármol | 23 de diciembre de 2010 a las 20:04

La política sevillana es poderosa en la fabricación de paradojas. Al parecer, que la inversión municipal para el próximo año caiga de forma histórica –un 78%– debe ser motivo de orgullo. Cosas veredes, amigo Sancho, que farán fablar a las piedras, decía el Quijote. En Sevilla las piedras todavía no hablan. Todo llegará. Otra cosa es que al final realmente terminen diciendo lo que piensan, cosa que en esta ciudad siempre es difícil porque impera el miedo a hacerse enemigos. Y, además, estamos en Navidad. Por lo visto está prohibido ponerse dramáticos.

La etapa final de la era Monteseirín entra estos días en su fase terminal. La decadencia, lamentablemente, está viniendo a certificar muchos de los vicios que, durante los años previos, ya se habían puesto de manifiesto de forma más o menos expresa, aunque la Alcaldía se negara –todavía se niega, de hecho– a asumir la más mínima evidencia de lo que ocurre. El balance real de estos años de gestión parece que va a terminar dejando como legado el quebranto casi total de las arcas públicas, fruto de determinadas políticas municipales. Por supuesto, para invertir y mejorar la ciudad hay que gastar. Pero, como cualquier estudiante de económicas sabe, desde el punto de vista conceptual no es lo mismo una cosa que otra. Más bien son todo lo contrario.

¿Ha invertido el Ayuntamiento en los últimos diez años? Indudablemente. Eso no lo niega nadie. Tanto ha invertido Monteseirín que no queda dinero del Plan General, hay al menos dos sociedades públicas en situación empresarial crítica y la caja común cada vez recibe menos ingresos, sin mencionar los desvíos de dinero público que, por los indicios de la investigación judicial, se han perpetrado en sitios como Mercasevilla. La estructura municipal ha crecido exponencialmente en estos años: fundaciones, nuevas empresas, proyectos, iniciativas. Todo eso está muy bien. Tenemos políticos ambiciosos. La cuestión es saber si esto que el gobierno local llama inversión ha sido realmente productivo o, por el contrario, la administración del dinero público en Sevilla se ha hecho durante estos años sin reportar demasiado en el hecho de que la rentabilidad de cualquier inversión real radica en lo que los analistas llaman la tasa de retorno. No en el simple hecho de gastar en función de los caprichos políticos.

ALFREDO SANCHEZ MONTESEIRIN

Las cuentas locales para 2011, que han caído a niveles de hace casi veinte años, no son austeras por voluntad. Lo son por obligación. No quedaba otra salida. Tras dos lustros seguidos de grandeur, la realidad se impone de forma gráfica. Pura matemática. No necesita de los habituales exégetas amables. Son hechos: el presupuesto de 2010 prácticamente no ha podido ejecutarse dado el gran retraso con el que se aprobó en su día; el del año que viene va a nacer directamente muerto. La extraordinaria caída de la inversión es bastante más que una mera anécdota o una cuestión provocada exclusivamente por la crisis económica. Es la visualización del negro porvenir que espera a esta ciudad, cuya primera empresa, no se olvide, sigue siendo el Consistorio. Así nos va.

Lo divertido, si no fuera en realidad lamentable, es que desde Plaza Nueva se diga que es hora de “la tranquilidad, no de hacer más obras”. Estaría bien si, al menos, hubieran terminado algunos de los proyectos de los planes 8.000 y Proteja, para los que, por cierto, han pedido prórrogas. El dinero de estos programas paliativos frente a la crisis fueron cobrados en tiempo y forma. ¿En qué se lo han gastado si algunas de estas obras todavía no están hechas? Con los fondos consignados en el capítulo 6 del presupuesto –algo más de 30 millones de euros– no puede hacerse ni siquiera una reurbanización similar a la primera fase (parcial) del boulevard de Bellavista. Lo que implica que, descontando el gasto corriente y las crecientes inyecciones económicas para que Tussam y Lipasam no caigan de nuevo en la ruina (las consideran inversión cuando es dinero a fondo perdido) Sevilla va a pasar en pocos meses a tener un presupuesto similar al de un pueblo medio. No es de extrañar que el regidor diga que dejará el Ayuntamiento infinitamente mejor de lo que lo encontró. Infinitamente mejor y con infinitamente menos (recursos). Nos ha convertido en un extraño poblachón andaluz. Aunque, bien mirado, ¿acaso en alguna ocasión dejamos de ser justamente otra cosa?