La Noria » recalificación

Archivos para el tag ‘recalificación’

Urbanismo pluscuamperfecto

Carlos Mármol | 28 de octubre de 2012 a las 6:15

La recalificación del entorno urbano del Estadio de la Isla de la Cartuja es un ejemplo de ‘la eficacia’ del gobierno municipal en asuntos urbanísticos: un expediente que no se sostiene unido a una media verdad.

Hay quien piensa que un buen sistema para ocultar las carencias es dar gritos. Hacer un alarde para distraer la atención. Puede ser. En cualquier caso, éste es el sendero que ha elegido para el presente el gobierno municipal del PP, cuya extraordinaria mayoría en el Pleno –20 ediles tiene– parece ser proporcional a su falta de solvencia política. Especialmente en las lides urbanísticas. El alfa y omega de la política municipal. Una pena. Una triste realidad.

Estos días repaso la prensa atrasada –dicen no hay nada más antiguo que un periódico (de ayer)– después de un largo paréntesis. Al hacer el obligado escrutinio otoñal encuentro una extraña sucesión de golpes de efecto, en su mayoría fallidos, impulsados con vehemencia por el habitual equipo de guardia de la Alcaldía, que da la impresión de haber volcado sus energías en la delegación más problemática, donde sigue estando, tan rotunda como evidente, la misma piedra con la que desde hace ya dos años no deja de tropezar el alcalde.

El rosario tiene las cuentas muy claras. Las enumero. En el último mes el PP ha puesto al borde del fracaso al estratégico proyecto cultural del CaixaForum con un cambio de criterio inexplicable y caprichoso. Ha recibido un sonoro tirón de orejas en público por parte de la patronal sevillana por subir casi todos los impuestos. Comienza ya a escribir el preámbulo del gigantesco ajuste que viene y que no ha empezado todavía a vislumbrarse en toda su extensión: Sevilla Global ya no existe, Giralda TV va camino de la disolución. De colofón, según cuentan ciertas voces oficiales, ha hecho una recalificación como un estadio. La del coliseo de la Cartuja, que el viernes ratificó el Pleno.

El ‘episodio Decathlon’. Sobre esta cuestión merece la pena detenerse. Los exégetas del alcalde nos la transmitieron con tono marcial: “He dado las instrucciones oportunas para que se cambie el PGOU”, dijo el regidor. La versión oficial afirma que con la operación se busca que Sevilla no pierda inversores por culpa del marco urbanístico vigente. No es cierto. Aunque eso a ellos se ve que les importa poco. Nada. En su lógica política la verdad ha pasado a ser algo contingente.

Zoido acaso no ansíe con este nuevo movimiento más que otro argumento interesado en su perpetua estrategia de confrontación con la Junta. En caso contrario no se explica bien ni el fondo ni la forma elegidos. Francamente, la eterna canción del victimismo municipal cansa. Los ciudadanos tienen otras cosas que atender. La esencial: tratar de seguir vivos en el enorme océano de amargura en el que se está convirtiendo la vida diaria. En la Alcaldía parecen haber dejado de reparar en la rotunda postración por la que pasan miles de sevillanos y continúan vendiéndonos el libro de siempre: el superhombre contra los diablillos rojos de San Telmo. En fin.

En honor a la verdad, el único principio al que se debe un periodista, habría que decir que el episodio de Decathlon no es sino una muestra más del sentido de la eficacia de Plaza Nueva: es un expediente urbanístico que no se tiene en pie y que tan sólo persigue armar un relato político sesgado sustentado en una media verdad. Algo casi peor que una mentira.

La historia ya la publicó –en exclusiva– este diario. El equipo de gobierno del PP ha estado durante muchos meses dando un trato dispar y caprichoso a los inversores privados interesados en desarrollar proyectos inmobiliarios en Sevilla en función de quién fuera el promotor, no de pautas técnicas, objetivas y expresas. Mientras en el caso del aparcamiento de la Alameda o la recalificación de la Gavidia modificaba el Plan General sin más miramientos, a Decathlon, una empresa que quería abrir una gran superficie comercial junto al estadio de la Cartuja, le cerraron las puertas. El hecho resultaba contradictorio con el discurso público de la Alcaldía. No les importó demasiado. ¿Quién se iba a enterar?

Su actitud sólo se entiende debido a la competencia que existía entre la iniciativa de esta firma y el proyecto virtual de nuevo pabellón deportivo de la Federación Española de Baloncesto, después fallido. Dado que el alcalde es aficionado a ejercer de promotor deportivo, en las caracolas le dijeron a los de Decathlon que lo suyo no sólo no podía ser, sino que era imposible. Dos veces. En reuniones documentadas. En la sorprendente falta de interés del Ayuntamiento pesó también otro hecho: la recalificación del estadio de la Cartuja sólo beneficiaba a la Junta de Andalucía, gestora del recinto deportivo, con quien Decathlon tenía suscrita una concesión económica.

Al equipo municipal no le gustó nada verse retratado en esta suerte de urbanismo reversible. Es lógico. No salían bien. Lo inaudito es que apenas unos meses después quienes dejaron morir un proyecto que hubiera sido relativamente viable con determinados cambios quieran aparecer como salvadores de la patria. Justo ahora, cuando la compañía de artículos deportivos ya ha desistido de su iniciativa dada la respuesta oficial del Consistorio.

Zoido obvió al comunicar su marcial decisión todos estos antecedentes –molestos para el discurso del Ayuntamiento– y, como suele ser recurrente, culpó al anterior gobierno local de todo. Hasta de la guerra de Troya. Es el disco habitual: traspasar las responsabilidades propias a los demás se ha convertido en una insana costumbre en el PP. También lo hizo el concejal de Urbanismo, Maximiliano Vílchez, después de poner a la Caixa al borde de renunciar a la rehabilitación de las Atarazanas al culpar a la entidad financiera de hacer las cosas tarde y mal. Cosa que no deja de ser sorprendente si se tiene en cuenta que fue el propio gobierno del PP –ningún otro– quien dijo por escrito que este proyecto era totalmente viable sin necesidad de un plan especial.

La recalificación. Si se analiza el expediente de la recalificación del Estadio Olímpico –una parcela exterior, en realidad–, se verá que estamos ante un ejemplo de aquella excelencia suiza que nos prometió en campaña el regidor. El Consistorio va a modificar una normativa de aplicación general para dar cobijo exclusivamente a una hipotética situación particular cuyo promotor es inexistente. Una heroicidad. La fórmula no sólo es extraña, sino ilegal. Y lo es porque la figura jurídica en la que se sustenta –la reserva de dispensación– ha sido tumbada en los tribunales. El motivo: un Ayuntamiento no puede cambiar una norma general para satisfacer un interés parcial. De hacerse, el cambio debería alcanzar también a todos los otros propietarios de suelo en idéntica situación. Esperaremos a que el Consultivo se lo explique.

No es la única paradoja. Al tomar este singular sendero urbanístico, a quien realmente perjudica Zoido es al propio Ayuntamiento. Y lo hace además para beneficiar a la Junta. ¿No me creen? Es obvio: el Estadio verá incrementado automáticamente su valor patrimonial gracias a este urbanismo a la carta mientras el Consistorio, que es el titular registral de la mayoría de dotaciones deportivas de Sevilla, no porque todas ellas quedan excluidas de la nueva norma. Extraña forma de velar por los intereses públicos.

La operación además no soluciona nada. Y no permitirá la implantación de una gran superficie en el coliseo deportivo. El PP ha optado por modificar un artículo equivocado  –el 6.6.11 de las normas del PGOU– sin reparar en que en 2010 se modificó otro –el número 6.5.39– que sigue impidiendo legalizar “grandes superficies comerciales en suelo urbano consolidado”. Sólo es posible en terrenos urbanizables. El Estadio está en territorio urbano.

Vílchez dijo en el Pleno: “El PGOU no es infalible, ni perfecto, ni intocable”. Podría discutirse. De lo que ya no nos cabe  duda es de que al gobierno del PP le ocurre lo mismo. Ni es infalible, ni perfecto, ni intocable. Más bien parece un perfecto desastre. A pesar de su piadosa costumbre de creerse pluscuamperfecto. Laus Deo.

La alfombra roja destiñe

Carlos Mármol | 28 de julio de 2012 a las 6:06

Lo peor que puede ocurrirle a cualquier gobernante no es equivocarse, sino ser arbitrario, discrecional, caprichoso. En Sevilla ya está ocurriendo. El gobierno municipal lleva algo más de un año lanzando dos mensajes. Uno: le vamos a poner “una alfombra roja” a cualquier inversor que quiera venir a Sevilla. Dos: la normativa urbanística, que es la que define el modelo de una ciudad, no es un problema porque estamos dispuestos a cambiarla las veces que haga falta. Las inversiones están por encima de las leyes.

Como todo discurso grueso, sin matices, sin demasiados grises, el planteamiento tiene un fondo demagógico. El proceso debería ser justo el opuesto: las ciudades eligen primero cómo quieren ser, a ser posible en función de las necesidades de los ciudadanos, y después se lanzan a buscar inversores que obtengan sus legítimos beneficios sin alterar la esencia de su modelo. En esto pasa como con los hijos: uno quiere que trabajen y que las cosas les vayan bien pero no en cualquier cosa ni a cualquier precio. Porque en la vida existen los límites. Los principios.

El Ayuntamiento, sin embargo, ha convertido el urbanismo sevillano en una mera ventanilla de viabilidad para las ideas de terceros. Sin luz y sin taquígrafos. Habría que preguntarse si esta ciudad no requiere algo más. Sobre todo ahora, cuando la burbuja inmobiliaria, que se justificó recurriendo al empleo, ha devastado el presente y oscurecido el futuro.

Lo curioso es que Zoido abre esta ventanilla urbanística pero ni cuenta con la competencia plena en la materia –de ahí sus problemas con la Junta, que son más técnicos que políticos– ni, por lo que nos enseña en el caso Decathlon, aplica el mismo trato a todos los inversores. Para unos la alfombra sigue siendo roja. Para otros destiñe.

La ley rige igual para todos. Sin excepciones. Si el PGOU da seguridad jurídica a los inversores es porque sus criterios son objetivos. El PP, sin embargo, ha optado por la subjetividad:en unas ocasiones zarandea el Plan General y en otras se esconde tras él. Esta contradicción requiere una explicación. El urbanismo de Sevilla no debería ser reversible.

Alameda: razones para decir no

Carlos Mármol | 27 de mayo de 2012 a las 6:15

La obsesión municipal por construir un parking en la Alameda y recalificar la comisaría de la Gavidia es un digno ejemplo de una llamativa forma de hacer política: imponer las cosas sin sustentarlas antes desde el prisma técnico.

Shakespeare decía que para un rey es bueno tener la fuerza de un gigante a condición de no acostumbrarse a utilizarla. Quizás porque cuando un gobernante opta por mandar sólo en función del predominio aritmético, sin dejar sitio al diálogo, corre el riesgo de incurrir en un error impropio de los políticos inteligentes. Aplíquese dicha lección a algunos de los actuales proyectos del gobierno municipal de Sevilla, que estos días celebra su primer año de éxitos, y obténganse las pertinentes conclusiones. No sé si lo verán ustedes igual que yo, pero me debo al ilustre oficio de la sinceridad impertinente. Van mal.

Veamos dos ejemplos: la construcción del aparcamiento subterráneo de la Alameda de Hércules y la recalificación de la antigua comisaría de la Gavidia. De ambos ha hecho bandera el equipo de Zoido. Estas dos iniciativas, por así decirlo, son metáforas de su forma de concebir la política aunque no reflejen exactamente lo que se pretende enseñar –una gestión eficaz– y, en cambio, vayan camino, igual que pasó con Ikea, de convertirse justo en símbolos de todo lo contrario.

Me explico. En el episodio del aparcamiento situado bajo el principal espacio público del centro de Sevilla –Monteseirín destinó el otro, la Encarnación, a albergar un centro comercial–, la idea de Zoido de volver a levantar la urbanización hecha hace sólo dos años, que costó siete millones de euros pagados con dinero público, para convertir este enclave en la cubierta de un estacionamiento rotatorio se sustenta en argumentos con los que se podrá o no estar de acuerdo pero que remiten –siempre– a un interés particular –el de los comerciantes del centro, sin olvidar al hipotético operador del parking– bastante alejado de sus supuestos beneficios públicos.

La Alameda es desde hace unos años un espacio vivo, lleno de actividad ciudadana, donde se han abierto multitud de negocios. La decisión municipal de reinventarlo obvia todos estos elementos en busca de imponer su propio dogma:“hay que hacer un parking para que la gente compre en las tiendas de Aprocom”.

Analicemos a fondo la cuestión. En primer lugar, el tono: el Consistorio no se plantea al defender esta postura que su posición de partida pueda estar equivocada –mal síntoma– ni tampoco la viabilidad jurídica real de la iniciativa. Recurre a lo habitual: el alcalde así lo cree. ¿Para qué discutir nada?

Y, sin embargo, la discusión es lo más interesante, porque es categórica: demuestra que en el gobierno local las cosas se deciden y se anuncian, cosa que también ocurría antes, sin sopesarlas en demasía y sin articular mínimamente desde el punto de vista técnico. Con Ikea pasó igual: un año después de prometer arreglarla en semanas, la cuestión todavía sigue abierta en canal.

La pregunta clave es otra: ¿es legal la decisión municipal de cambiar el Plan General para destruir la actual Alameda? Repárese en que nadie habla de legitimidad. Zoido, con su amplia mayoría, puede iniciar el proceso administrativo para cambiar el PGOU. Sí. Otra cosa es que tenga éxito en el intento. Y no precisamente por una conspiración política, sino por su propio talento.

La legislación urbanística, que es el único marco objetivo para analizar esta premisa, fija que cualquier cambio en el planeamiento vigente de una ciudad debe mejorar la ordenación previa. Se trata de un condicionante general, con independencia de los motivos oficiales que se esgriman para defender este tipo de propuestas. Las reglas del juego son nítidas: si la idea de hacer un parking en la Alameda no mejora el PGOU difícilmente podrá ser validada por la Junta de Andalucía. O ser respaldada por un juzgado.

Con independencia de lo que se piense al respecto, el criterio para evaluar esta cuestión está fijado expresamente en la normativa: es el interés público; nunca el privado. Así, además, lo recoge en su amplia jurisprudencia el Consejo Consultivo, el máximo órgano jurídico de Andalucía, que tiene que emitir un informe vinculante al respecto de este proyecto. Su tesis: para alterar el Plan General de una ciudad debe justificarse y concretarse que la nueva propuesta urbanística mejorará el plan vigente. ¿Lo hace el PP?

A tenor del singular expediente aprobado por Urbanismo, no demasiado. La única justificación formal que da el gobierno del PP para defender su iniciativa –y sobre la que en su momento opinará el Consultivo– es que Zoido ha derogado el Plan Centro. Punto. En ningún momento se explica –acaso porque no se pueda– en qué medida el hecho de hacer un parking rotatorio optimiza el modelo urbano de Sevilla.

El cambio que persigue el PP no es menor: alterar el PGOU en este punto abrirá la mano para construir otros estacionamientos comerciales –cerrados a los residentes– en cualquier punto del casco histórico. Una decisión de fondo que invalida uno de los elementos estructurales del Plan de Sevilla:  su programa de movilidad. Evidentemente, una cuestión tan sustancial no puede ser alterada sólo con un mero documento de modificación puntual, que es lo que el Ayuntamiento ha aprobado.

Porque además de no explicar en qué beneficiará a la ciudad –un requisito legal–, el Ayuntamiento basa su propuesta únicamente en la eliminación de una medida (el Plan Centro) sin demasiada entidad urbanística. El sustento legal de este proyecto era una ordenanza y, por tanto, con un rango jurídico inferior al PGOU. Por otro lado, la supresión del veto a los aparcamientos rotatorios cuestiona los principios de protección patrimonial del Plan General para el Casco Histórico: menos coches. ¿Esto es un beneficio colectivo?

En la Gavidia sucede otro tanto. Ni la justificación oficial es sólida, dadas las exigencias jurídicas que hay que cumplir, ni atiende a los requerimientos de la norma. El PP elimina la calificación urbanística del antiguo edificio policial –un equipamiento público– para convertirlo en “una gran superficie comercial”. El objetivo es venderlo al mejor postor: el presupuesto local de 2012 cuenta con estos ingresos, aunque estamos en mayo y la operación aún no tiene calendario cierto.

Asumir que la eliminación de un equipamiento vecinal será buena para la ciudad se antoja difícil. Quizás por eso el PP haya optado por otra vía: en el expediente urbanístico alega una motivación económica. Esto es: la necesidad de obtener recursos. ¿Convencerá al Consultivo? Ya se verá. Pero lo que es evidente es que no cumple la ley urbanística de Andalucía, que exige justificar cuál es la mejora que supondrá cambiar el PGOU, además de que ésta se sustente en el “mejor cumplimiento de los fines de la actividad pública urbanística”. ¿El fin del urbanismo es ganar dinero?

De otro lado, la exigencia legal de compensar el equipamiento que se perderá en la Gavidia debe hacerse, según la LOUA (artículo 36), en “la propia área objeto de innovación”. El Ayuntamiento quiere cumplir este trámite con el mercado del Arenal y el registro de la calle Pajaritos, de menor entidad y situados en zonas urbanas distintas. Otro desliz que dificulta la viabilidad del expediente. De hecho, el proyecto del PP no cumple casi ninguna de las obligaciones legales: ni justifica la innecesariedad del uso público de la Gavidia –sólo se habla de obtener fondos– ni tiene informes viables de la Junta, además de optar por una calificación –gran superficie comercial–que ni es pública ni de interés social. Sólo mercantil.

Lo que explica que, según fija la legislación de comercio, también sea necesario un informe sobre el impacto que tendrá sobre el comercio tradicional, además de un permiso ambiental único. El centro comercial de la Gavidia estará a menos de 500 metros de una zona residencial. Todo conduce pues al abismo: la recalificación urbanística del PP resulta ser tan pretenciosa como frágil desde el punto de vista legal. Zoido, claro está, puede politizar la cuestión. No servirá de mucho. Su talón de Aquiles no lo solucionará su nutrida mayoría en el Pleno. Se llama de otra forma. Eficacia, quizás.

Ikea: un protocolo con estrambote

Carlos Mármol | 18 de febrero de 2012 a las 6:05

Insistimos en los golpes de efecto. De acuerdo. Estamos en campaña electoral –no sé si lo han notado– y el PP celebra estos días su congreso nacional en Sevilla. Conviene salir como un gobernante comprometido con el empleo aunque el número de parados no haya dejado de aumentar en los últimos meses. Ahora bien, si se analiza con rigor –ese cualidad, tan escasa– el protocolo que ayer firmó el alcalde para poder anunciar el “desbloqueo” de la recalificación de Ikea no puede sino concluirse que el gobierno local ha parido –de nuevo– un ratón. Enhorabuena.

El supuesto documento mágico, que encajaría el proyecto en el PGOU, tiene siete páginas de las cuales cinco y media son una relación de los propietarios del suelo. Es natural que el Ayuntamiento diga que redactarlo le ha costado “mucho esfuerzo”. Las cláusulas –que en términos jurídicos es lo válido– no llegan ni a un folio. Y dicen que los promotores cumplirán con sus obligaciones legales –algo no sólo normal, sino inevitable– y que el Ayuntamiento tramitará el proyecto “con la mayor celeridad posible” e intentará construir la SE-35 en el año en curso. Nada más.

El protocolo mágico se limita pues a constatar lo obvio: ambas partes van a cumplir la ley. Notable. Zoido orientó ayer la puesta en escena de este asunto en el empleo, pero este concepto no figura en el acuerdo. Se buscaba una foto. Punto. La cuestión de fondo –la rebaja de la edificabilidad necesaria para encajar el proyecto en el PGOU– aún está pendiente. De forma que lo que oficialmente se llama “desbloqueo” deja abiertas todas las incertidumbres del proyecto. A saber: cómo se encajarán las exigencias de la empresa en el marco del Plan General, qué dirá el informe de Aviación Civil, qué pasa con la desafectación de la vía pecuaria que discurre por la zona –el asunto está en los tribunales– y quién va a pagar la SE-35. Todo esto sigue exactamente igual que estaba. Sin explicar.

Desde hace ocho meses, cuando Zoido prometió que esto lo arreglaría “en semanas”, estamos dando vueltas a lo mismo. Podemos seguir, pero resulta ridículo tratándose de una administración que aspira a la eficacia suiza. Los técnicos municipales aceptaron una leve reducción de 25.000 metros cuadrados cuando informaron inicialmente el Plan Parcial de los suelos (de 149.000m2 se pasaba a 123.000) siempre y cuando se lograse una redistribución de los mismos que no violase la norma del PGOU: las superficies comerciales no pueden superar el 49% de una unidad urbanística. La aprobación inicial estaba vinculada a subsanar esta cuestión. Y ni siquiera en esto han avanzado.

De ahí que los promotores (el 74% de los propietarios) vayan a hacer un Estudio de Detalle (una figura de planeamiento) para solventar la cuestión. Hasta que este documento no esté validado, las dudas persistirán por mucho que se quiera confundir a la gente aprovechando que el urbanismo es una disciplina hermética. Con la SE-35 ocurre igual. El dinero se lo gastó Monteseirín en el Parasol. Zoido afirma ahora que la contratará en 2012 con ayuda de la Junta y el Estado. Ojalá. Si se hace –me temo– será para implantar un peaje urbano. Como en Madrid. Al tiempo.

Gobernar no consiste sólo en limitarse a hacer propaganda. El protocolo de Ikea es como el soneto con estrambote de Cervantes. “Firmose y no hay nada”.

Los demonios de la Gavidia

Carlos Mármol | 5 de diciembre de 2011 a las 6:06

La recalificación impulsada por el gobierno de Zoido para transformar la antigua comisaría del centro en un espacio comercial requiere tres modificaciones del PGOU, el permiso de la Junta y el visto bueno del Consultivo.

La recalificación de la Gavidia es un nuevo rebrote de síndrome Ikea. O lo que es lo mismo: la singular costumbre del actual gobierno municipal del PP de meterse con notable facilidad en un jardín umbrío –generalmente urbanístico– sin saber exactamente cómo salir de él, sin tantear primero sus dimensiones exactas y sin llegar a averiguar del todo siquiera el número concreto de árboles que tiene. La mejor manera de meterse en un problema. Grave, además.

La decisión del ejecutivo local que preside Juan Ignacio Zoido de vender al mejor postor para hacer caja los edificios públicos de la plaza de la Gavidia y de la calle Pajaritos –la antigua comisaría de Policía y la sede del Registro Municipal– es una llamativa forma de hacer política. A las bravas. Con un sentido sui generis de la normativa. Más o menos igual que en su día se hizo al abordar la recalificación urbanística de los terrenos de San Nicolás Oeste, donde la multinacional sueca Ikea reclamaba un cambio a la carta del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) para rentabilizar –por encima de lo necesario– una operación inmobiliaria.

Entonces, la posición de entrada del gobierno de Zoido fue: “cambiaremos lo que sea necesario antes de un mes”. La de salida todavía es una incógnita: este proyecto sigue en el aire a pesar de haberse cumplido ya todos los plazos prometidos por el alcalde como consecuencia de una “negociación técnica” que no sólo se alarga en demasía, sino que incluso provocó un episodio memorable:ver a la dirección de Ikea desmintiendo en público al propio gobierno local.

Casi todos los grandes asuntos que han puesto en apuros al equipo de Zoido en estos seis meses de gobierno –salvo el Plan Centro, cuya comisión de investigación se volvió en contra el PP, que la creó para castigar a la oposición– tienen a la Gerencia de Urbanismo de Sevilla como departamento afectado. Y a su actual titular político –Maximiliano Vílchez– como principal responsable. El foco, invariablemente, busca su figura. Algo natural, si se tiene en cuenta que toda la estrategia política del PPpasa en buena medida por derivar a otros los problemas más graves para que no perjudiquen a la Alcaldía.

Vílchez, que ya dio muestras de su conocimiento de los asuntos urbanísticos en el caso Ikea –acusó a la oposición de no conocer la normativa, pero quien ha tenido que dar marcha atrás por no respetarla en primera instancia fue él– de nuevo aparece ahora en el ojo del huracán por la enajenación de la Gavidia, que augura un nuevo quebradero de cabeza al ejecutivo de Zoido.

Vayamos por partes. El gobierno local aprobó este viernes un acuerdo que literalmente ordena a Urbanismo iniciar los trámites para “desclasificar” los edificios de la Gavidia y la calle Pajaritos. El motivo: tienen que venderse para obtener ingresos. Tanto en uno como en otro caso, el gobierno local no explica qué implica la “desclasificación” de ambos inmuebles. Un concepto de andar por casa que puede aplicarse a la vertiente patrimonial –los dos están protegidos– o a su calificación urbanística. En ambos supuestos cualquier cambio conlleva una serie de trámites legales que no dependen sólo del Consistorio, sino de otras instancias administrativas.

El caso de la Gavidia es paradigmático. El Ayuntamiento piensa recalificarlo para poder venderlo. Así de fácil. La operación, sin embargo, no es tan simple como se desprende del modus operandi municipal. Su enajenación sólo será posible si se abordan hasta tres modificaciones sucesivas del Plan General de Sevilla –cuya validez jurídica es similar a una ley– y, sobre todo, si se logra el requisito inexcusable de contar con el visto bueno del máximo órgano jurídico de Andalucía. El Consejo Consultivo. Un organismo asesor independiente que, en su momento, ya puso en un serio aprieto político a Monteseirín, cuando trató con parecida suficiencia la última modificación presupuestaria para terminar de pagar las obras del Parasol de la Encarnación.

Entremos en detalles. El primer problema de la Gavidia tiene que ver con su calificación urbanística. El PGOU la considera una dotación pública con nivel de sistema general. ¿Qué significa esto? Que es parte del esqueleto urbano de Sevilla. Y, por tanto, tan intocable como un parque público. El uso principal aplicable a esta parcela es el dotacional, aunque se tolera reservar un 20% de la edificabilidad para usos comerciales.

Al Ayuntamiento le parece poco: pretende que el solar en su integridad –7.500 metros cuadrados– sea calificado para actividades terciarias. Una modificación jurídicamente complicada. Primero, por el término utilizado en el acuerdo del gobierno local: “la desclasificación”, según juristas consultados por este diario, no existe en el caso de los suelos dotacionales. “Estamos ante una recalificación pura: un cambio que implica pasar de un uso no lucrativo (equipamiento) a otro con valor económico (terciario)”.

La cuestión no es sólo nominativa. También legal: tocar un sistema general calificado como equipamiento implica, igual que ocurrió en su día en Marbella, alterar todo el equilibrio dotacional de la parte de Sevilla –lo que el PGOU llama barrio-ciudad– en el que se encuentra.

Dicho de forma más sencilla: como la Gavidia estaba llamada a ser un equipamiento, si se recalifica el Ayuntamiento tiene obligatoriamente que compensar la pérdida de dotaciones (7.500 metros cuadrados) en esta misma área urbana. Y además debe justificarlo expresamente. Cosa nada fácil: en el centro no hay muchos espacios libres de idénticas dimensiones. Por otro lado, es probable que los vecinos afectados no reciban con agrado la noticia de que les quitan un espacio público para un centro comercial.

En segundo lugar está la vertiente patrimonial. El edificio de la Gavidia, un ejemplo de arquitectura racionalista, fue construido en 1962 por el arquitecto Ramón Monserrat. Está protegido con el segundo máximo nivel de catalogación patrimonial (global). Por tanto, no puede derribarse: es un inmueble singular, monumental.

Si se intenta darle un uso comercial, hay que hacerlo sobre el inmueble existente, que sólo puede ser reformado con meros proyectos de obra menor. Para dejar sin efecto este elevado nivel de protección, Urbanismo tendría que volver a modificar el PGOU –su catálogo patrimonial–, lograr el permiso a la Junta (Cultura) y explicar, en un momento en el que políticamente busca aparecer como defensor del patrimonio (véase la Torre Pelli), los motivos por los que piensa destruir un referente arquitectónico.

La tercera cuestión se refiere al solar de la Gavidia: la parcela sobre la que se asienta el edificio de la comisaría. Es un bien de dominio público. Por tanto, no puede enajenarse sin salvar antes la concesión demanial. De nuevo habría que modificar el PGOU, que en sus normas precisa que en el caso de las dotaciones, incluso si se altera su uso, la propiedad del suelo seguirá siendo siempre pública. Estos factores dificultan cualquier operación de venta: el supuesto comprador adquiriría un edificio protegido (que no podrá tocar) en un terreno que tampoco será suyo. Algo que no suelen hacer las grandes firmas comerciales.

La tramitación de estas tres modificaciones del PGOU está reglada: es necesario obtener en todos los casos la autorización de la Junta (Obras Públicas), el visto bueno de Cultura (Patrimonio) y conseguir el permiso expreso del Consejo Consultivo de Andalucía, que, según el artículo 36.2.c.2 de la LOUA, emitirá un dictamen vinculante. Esto es: o avala la recalificación o ésta no podrá seguir adelante.

El PP puede politizar la cuestión y culpar a la Junta (PSOE) de poner freno a sus iniciativas. Cuestionar al Consejo Consultivo es más complicado. Y sobre todo: si lo hace se pondría en la misma situación que Monteseirín cuando decidió seguir con las obras del Parasol a pesar del reproche de la máxima institución jurídica andaluza. La Gavidia está llena de demonios. Y ninguno parece benigno.

Verde, rojo y blanco: el eterno bucle municipal

Carlos Mármol | 27 de octubre de 2011 a las 6:00

Zoido recurre a la misma receta que Monteseirín: condonación tributaria para ambos equipos y posible recalificación urbanística.

Para muchos el fútbol es una hermosa pasión. Para otros, un fenómeno tribal. Como dejó dicho para la posteridad el actual presidente autonómico de Asturias, Francisco Álvarez Cascos, en su día todopoderoso secretario general del PP de Aznar, también es una cuestión de “interés nacional”. Por todo lo cual, a nadie se le escapa que hablamos de un potente instrumento de propaganda política. De imagen.

Quizás por eso no sea nada extraño que el nuevo gobierno municipal de Sevilla parezca decidido a empezar a transitar por el mismo sendero que otros –bastante antes que él– ya caminaron. Dicho en seco y por derecho:la utilización del deporte con mayor proyección popular como una herramienta para consolidar su imagen política.

El Ayuntamiento ha iniciado conversaciones informales con el Betis y el Sevilla FC –jurídicamente dos sociedades mercantiles privadas– para “colaborar por el interés general de Sevilla”. Según dijo ayer el alcalde, Juan Ignacio Zoido, al que últimamente se le ve mucho más cauto ante ciertos temas que hace apenas unos meses, dichas conversaciones todavía están en una fase “embrionaria” pero, a su juicio, el “interés [de ambos equipos] coincide con el interés de la ciudad”.

No siempre ha sido así. Ni mucho menos. Aunque el juicio definitivo dependerá, evidentemente, de cuál sea el concepto del interés general que se tenga. Si por tal se entiende dar un trato tributario y urbanístico singular a ambas entidades, estaríamos en un supuesto determinado. En cambio, si ese concepto se limita sólo al hecho de tener buenas relaciones institucionales con ambas empresas deportivas sin por eso hacer excepciones en relación a la ley, hablamos de otro escenario distinto. Lo que ocurre es que todavía no está muy claro en cuál de estas dos orillas nos encontramos.

Sacar conclusiones definitivas todavía no es posible. Al menos, de forma categórica. Sí resulta, sin embargo, oportuno recordar cuál ha sido el tratamiento que los anteriores gobiernos locales han dado a los “intereses” de Betis y Sevilla. Sencillamente como patrón para evaluar de forma seria las decisiones que vaya tomando el ejecutivo de Zoido. Sin apresurarse más de lo necesario. Antes o después, llegará el momento conveniente.

Hay que empezar por hablar de dinero. Después tocaría mencionar el siempre interesante devenir del urbanismo, que también es dinero, aunque ahora, en teoría, algo menos de lo que era hace apenas unos cuatro años, cuando cualquier convenio urbanístico timbrado con el sello municipal, incluso los más genéricos, valía su precio en oro. En sentido literal, además. El mercado inmobiliario mandaba.

La cuestión tributaria

Con respecto a la cuestión tributaria, comienzo con una obviedad: ni el Real Betis ni el Sevilla FC pagan sus impuestos en tiempo y forma al Ayuntamiento. Ambos clubes han figurado históricamente en la lista de morosos del área municipal de Hacienda sin que, paradójicamente, se les haya aplicado nunca por parte de ningún gobierno local (de uno u otro signo) ningún tipo de medida sancionadora, como ocurriría con cualquier otra empresa, ciudadano o entidad jurídica.

Habría que interrogarse sobre los motivos de este trato diferencial. Tienen donde elegir:algunos pensarán que no es de recibo;otros, que como son entidades que llevan el nombre de Sevilla por el mundo, habría que eximirlas de estas molestias tributarias. Sin entrar a valorar ninguna de ellas, lo que en cualquier caso es un hecho cierto es que tanto el Betis como el Sevilla han interpretado secularmente (son entidades centenarias) su interés particular sobre la premisa de que no hay que pagar impuestos al municipio. Cosa llamativa.

El Ayuntamiento, sin embargo, no les ha reclamado el cobro de este dinero. O, al menos, nunca ha pasado de los avisos menores. En realidad, el manual aplicado por los distintos alcaldes –con los que Zoido parece ahora venir a coincidir– pasa por salvar la situación con algún tipo de acuerdo ex profeso en el que, saltándose la normativa tributaria –que debería aplicarse por igual a empresas, ciudadanos y entidades–, se consumaba una especie de condonación de deuda o pago en especie. La prestación fiscal sustitutoria. Una forma de vestir el muñeco ante una posible reclamación de trato de favor que no se aplica jamás al resto de contribuyentes ordinarios. Probablemente porque, en el fondo, no sea del todo verdad aquello de que todos somos iguales ante la ley. En esta creencia, además, no hay excepciones en función del sesgo o de las siglas políticas.

La condición de intocables –fiscalmente hablando– de Betis y Sevilla ha sido un hecho común en la política municipal de las últimas décadas. El ejemplo más gráfico procede de la etapa de gobierno del anterior alcalde, el socialista Alfredo Sánchez Monteseirín, que estuvo en la Alcaldía desde 1999 a 2011. El ex regidor gobernó primero gracias a los andalucistas y después –durante ocho años– con el apoyo de Izquierda Unida.

Tanto en uno como en otro periodo su decisión en relación a esta cuestión fue idéntica: no exigir el pago de los impuestos municipales a los dos clubes de fútbol y, llegado el caso, habilitar procedimientos a la carta para poder condonar sus deudas con posterioridad. A nadie le pasa desapercibido que su objetivo político era similar al que ahora tiene en la cabeza el PP: lograr la simpatía de los seguidores de ambos equipos de fútbol. Algo que, en términos políticos, se traduce en un caudal de votos potenciales.

En 2002, durante su primer mandato, Monteseirín llegó incluso a montar un trofeo específico para que los débitos de Betis y Sevilla quedaran saldados. Un pago en forma de acuerdo por ciertos partidos y, también, anuncios publicitarios. El edil de Hacienda entonces era el socialista Carmelo Gómez, que ocupó cargos en la junta directiva del Sevilla FC. Unos meses antes de dejar el poder, la fórmula volvió a repetirse: Monteseirín dejó firmado un acuerdo que, al parecer, perdona al menos al Sevilla su deuda con la hacienda local. Su contenido exacto, hasta ahora, no ha trascendido.

Convendría preguntarse por qué el PP, que se ha dedicado en los primeros meses del mandato de Zoido a sacar de los cajones diversos acuerdos secretos del anterior gobierno local, no ha desvelado todavía el contenido de este convenio. ¿Acaso porque piensa hacer lo mismo? ¿La excusa de la operación será ahora aceptar jugar una serie de partidos en el Estadio de la Cartuja? En tal caso basta con pasar a pasiva la afirmación oficial de colaboración:no son los clubes los que van a ayudar a la ciudad, sino el Ayuntamiento quien ayuda a los clubes en el pago de sus impuestos. No es ni de lejos lo mismo.

Las recalificaciones

De fondo, además, está la cuestión urbanística. La razón por la que a Zoido no le conviene por ahora ser mucho más concreto sobre las negociaciones. Por lo menos, hasta después de los comicios autonómicos. Sevilla FC y Betis se pusieron en el mes de julio en la cola de las recalificaciones urbanísticas que, a raíz del caso Ikea, abrió el nuevo alcalde nada más llegar al poder. Las dos entidades deportivas, que ya fueron objeto de sendos convenios a la carta en 2003 sin que Monteseirín lograse por su parte el compromiso de trasladarse al Estadio de la Cartuja, pretenden dar una nueva vuelta de tuerca a la negociación cerrada en su día para que –de forma singular y específica– el Ayuntamiento les regale mayores plusvalías. Sin compensaciones.

Los dirigentes del equipo de Nervión quieren más espacio lucrativo para actividades comerciales. Su postura siempre ha sido contraria a irse del Sánchez Pizjuán.El Betis necesita dinero para poder terminar las obras del Villamarín. Un traslado a la Cartuja es una hipótesis con ventajas e inconvenientes. Sobre todo, económicos:¿cuánto cuesta usar y mantener el coliseo diseñado por los arquitectos Cruz y Ortiz?

Por otro lado, la ciudad no está ahora en un proceso de revisión urbanística. Terminó en 2006. Ha sido la posición política de Zoido con Ikea la que ha precipitado ambas demandas. ¿Si le dice que sí a la multinacional sueca cómo va a decir que no a los equipos de Sevilla?

Está visto: lo mejor es que el “interés general”de Sevilla sea un concepto vago e impreciso.

Y, sobre todo, variable. Por si acaso.

¿Petisú o Magdalena?

Carlos Mármol | 20 de octubre de 2011 a las 6:05

Él me hubiera permitido la licencia. Además de un maestro en el oficio, era un amigo. Me refiero a Pepe Guzmán, impar periodista sevillano, sin premios ni tonterías, muerto (como nos va a ocurrir a todos) antes de tiempo. Miembro de la vieja escuela de sabios que van a los sitios, se enteran y lo cuentan a los demás sin tener por ello que dar palmadas en la espalda a nadie para llegar a ninguna parte. Pepe descubrió pronto que en realidad no hay sitio donde ir. Y, si lo hay, como dijo Novalis, no es más que el camino a casa después de la hora del cierre.

Guzmán acuñó en su día una técnica genial –se le ocurrió haciéndole una entrevista a Lola Flores– que consistía en preguntar a bocajarro al entrevistado: “¿Petisú o Magdalena?”. Toda una disyuntiva ontológica. Se suponía que el interpelado tenía que elegir entre ambas opciones. Y, en consecuencia, definirse metafísicamente. No es lo mismo la crema que la bollería. Dado lo que está ocurriendo con Ikea, da la impresión que lo mismo habría que preguntarle al gobierno local. ¿Petisú o Magdalena? ¿Copa Davis o Ikea? ¿Recalificación en contra del PGOUo acuerdo a la baja?

¿En qué quedamos?

Lo digo porque, cuando el lunes parecía encarrilado –que no desbloqueado– este litigio urbanístico tras aceptar empresa y gobierno local que el Plan General no es un problema, sino justo la solución, ayer la multinacional nos sorprendía diciendo que ella no había rebajado su recalificación de 149.000 metros. Ni mucho menos. Los documentos oficiales dicen otra cosa. Alguien no se entera. O no está contando la verdad. Cosa nada extraña. Me lo enseñó una noche de vinos el gran Guzmán: “Sentrañi, allí [en el Ayuntamiento] todos mienten”.

Ya me dirán. El mismo día Ikea va y dice que donde dijo digo es Diego y el edil de Urbanismo apostilla que “el entendimiento entre Ikea y el Ayuntamiento es total y que su proyecto no tiene impedimentos”.

Es sencillamente de traca.

Zoido nos prometió “eficacia, plazo y presupuesto”. En Ikea ninguna de las tres cosas están muy claras.

Lo diré a la manera de Guzmán: ¿Cuándo establecemos las relaciones diplomáticas con Suiza, patria del reloj?

Humildad, bendita virtud

Carlos Mármol | 19 de octubre de 2011 a las 6:05

Al final, la cosa no era tan difícil. Bastaba con dejar de hacer las habituales puestas en escena, tan italianas, y encerrarse en un despacho con los técnicos municipales –que son los que de verdad han obligado a Ikea y al propio gobierno local a cumplir con sus propias normas, cosa paradójica– hasta encontrar una fórmula válida. Una salida que, al tiempo que reconduce –en una mínima parte– las exigencias de Ikea, no abre de raíz y al capricho del poder dinero el Plan General de Sevilla, dando además trato diferente a unos propietarios (los que cumplen la ley) frente a otros (los que exigen recalificaciones a la carta).

Si el gobierno local, con su alcalde a la cabeza, hubiera actuado en este asunto haciendo uso de las católicas virtudes cardinales (prudencia, justicia, templanza y fortaleza) en lugar de recurrir al maximalismo impostado de las mayorías absolutas –“si hay que cambiar el PGOU se cambia y punto en boca”– se hubiera ahorrado, entre otras cosas, empezar a quebrar el idílico mito sobre sí mismo que había construido en la oposición a fuerza de reiterar lo obvio.

El affaire Ikea, sin embargo, aún no ha concluido. En realidad, tan sólo se ha encarrilado –ni mucho menos cerrado– la cuestión de la recalificación. Queda lo más difícil y, curiosamente, es lo que depende exclusivamente del equipo de Zoido:hacer la SE-35, necesaria para que el horizonte del proyecto quede despejado, algo que parece complejo a pesar de que en los próximos días puedan ver fotos y declaraciones diciendo que este asunto está solventado. Sencillamente no es cierto.

Igual que nunca fue verdad aquello que decía el edil (interestelar) Vílchez de que no existía informe técnico contrario al plan de Ikea. No sólo existe (15 marzo 2011) sino que está en el nuevo documento de planeamiento que el edil copia en su acuerdo para la junta de gobierno. En esta historia nunca hubo buenos y malos, sino gente seria y diletantes. Podría decirse que faltó humildad. Una virtud recomendable incluso si se tienen 20 concejales en el Pleno.Nunca estorba.

Eufemismos

Carlos Mármol | 12 de julio de 2011 a las 6:03

Es la economía, estúpido. La célebre frase que hizo ganar las presidenciales a Bill Clinton ante Bush padre (que había vencido en la guerra de Irak pero, al igual que Churchill, y salvando las diferencias intelectuales, perdió las elecciones) puede aplicarse a la polémica urbanística que estos días preocupa –y mucho– al gobierno que preside Juan Ignacio Zoido. El caso Ikea. Una recalificación con todas las letras. Todas.

Efectivamente: “Es el urbanismo”. Como no cuesta nada ser cortés, obviaremos la última palabra de la frase, que bien podría sustituirse por otro término más diplomático e igualmente expresivo: bisoños. Las explicaciones públicas que hasta ahora ha tenido a bien dar el nuevo ejecutivo local en relación a este asunto, incluido el alcalde, parecen confiar en la vieja teoría que dice que como de urbanismo en realidad saber, lo que se dice saber, no sabe (casi) nadie, uno puede decir cualquier cosa sin demasiados apuros.

Error: el urbanismo es una disciplina que parece hermética pero de cuya destilación brotan metáforas magníficas. La principal es el concepto de recalificación, que tanto el nuevo edil del ramo, Maximiliano Vílchez, como el propio Zoido (Juan Ignacio), parecen haber proscrito al igual que la inquisición (que ya se sabe que era santa) prohibía ciertos libros (por lo general, los más sabios) llamados heréticos.

¿Es o no es una recalificación lo de Ikea? Semánticamente, no cabe la menor duda. Drae: “Recalificar: cambiar la calificación urbanística de un terreno”. Si los suelos de San Nicolás Oeste tienen asignado un uso principal (empresarial) y otro complementario (el comercial), alterar dicha distribución es un cambio de calificación. Modificar (a la carta, con la excusa del empleo) lo establecido (por el PGOU).

Resulta curioso el repentino amor de los populares por los eufemismos: para ellos la normativa del Plan General sólo es un “tecnicismo” y una recalificación “nada raro, apenas una modificación puntual”. Intenta además el PP cobijar esta operación apelando a una reforma legislativa en pañales (la adaptación de la LOUA a la ley del suelo) para tratar de serenar los ánimos, alterados al quebrarse (de pronto) la idílica estampa de la victoria.

Los hechos, sin embargo, dejan poco margen a la duda. Lo de Ikea es una recalificación de libro. Tanto desde el punto de vista descriptivo como económico. La prueba: se van a incrementar las plusvalías lucrativas de los dueños del suelo. Se generará así un valor que, en lugar de redistribuirse (mediante cesiones y equipamientos) se entregará a los particulares. El factor crematístico es innegable. Que sean los ciudadanos quienes hagan los juicios morales que procedan.

Será una lástima, pero las cosas tienen su nombre aunque los políticos crean poder sortear la realidad inventándose sus propios términos. No importa. Le llamen como le llamen, la solución pasa por la Junta. El alcalde comenzó prometiendo “desbloquear” la cuestión en julio, después empezó a hablar de septiembre y se daría por contento si el asunto no sigue varado en diciembre. “Lo vamos a hacer todo con luz y taquígrafos”, proclama Zoido para que no se dude de su transparencia. En realidad es la ley es la que le obliga a informarnos. ¿Hay que darle una medalla por cumplir con las normas? Es su obligación. Sacar veinte ediles no exime a ningún alcalde de cumplir la ley.

Dura lex, sed lex.