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Alameda: dirección prohibida

Carlos Mármol | 20 de junio de 2012 a las 6:06

Patrimonio informa en contra de la modificación del PGOU que impulsó el gobierno municipal para construir un parking subterráneo en la Alameda, recalificar la comisaría de la Gavidia y ‘vender’ los cines históricos de Sevilla.

Primer tropezón. No será el único. Ni el último. El expediente aprobado por Juan Ignacio Zoido en el mes de abril para modificar el Plan General de Ordenación Urbana de Sevilla (PGOU) ha sufrido ya el primer revolcón en su larga y obligada tramitación administrativa.

La Comisión de Patrimonio, dependiente de la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía, analizó hace dos semanas las recalificaciones urbanísticas que el gobierno local quiere acometer para, entre otras cuestiones, obtener ingresos económicos extraordinarios; destruir la actual Alameda de Hércules y construir un aparcamiento rotatorio; convertir la antigua comisaría de la Gavidia en una nueva gran superficie comercial y reclasificar los usos dotacionales asignados a los antiguos cines del centro. Su diagnóstico: son operaciones lesivas para el patrimonio de Sevilla. Sin lugar a duda alguna.

La opinión de Patrimonio es relativamente importante. Se trata de un órgano consultivo del Gobierno autonómico que, formalmente hablando, aún no ha tomado una resolución. La decisión última es de la Dirección General de Bienes Culturales. Lo que diga es todavía un misterio, aunque en Cultura existe una regla no escrita: difícilmente la dirección política de una consejería informaría en sentido positivo una cuestión que previamente ha desautorizado el foro que tiene para ayudarle a fijar su criterio. Caben pues las sorpresas, pero todo induce a pensar que su conclusión final no será favorable a las pretensiones municipales. Otra cosa es cómo se decida argumentar esta negativa.

El informe de Patrimonio no invalida por completo el expediente de Zoido. Aunque sí pone en cuestión las operaciones políticamente más importantes que perseguía el Consistorio. De las 17 modificaciones puntuales que ambicionaba el PP, la comisión valida trece porque las ve compatibles con la legislación de protección patrimonial. En cambio, cuatro de ellas piensa que atentan contra “los elementos con valores culturales reconocidos por la actual legislación en materia de Patrimonio”.

Dicho en román paladino: la política urbanística y de movilidad del PP tendrá un impacto negativo en el Conjunto Histórico de Sevilla. Además del dictamen definitivo de la consejería de Cultura, este expediente tiene que ser analizado por otras instancias regionales: la Dirección General deUrbanismo y Ordenación del Territorio y el Consejo Consultivo de Andalucía.

¿Cuáles son estas operaciones lesivas contra el patrimonio? Las dos más conocidas se refieren a la Alameda de Hércules y al edificio de la comisaría de la Gavidia, protegido como una de las primeras muestras de la arquitectura del movimiento moderno en Sevilla. En el primer caso, el gobierno local quería construir un aparcamiento rotatorio –cuestión prohibida por el PGOU– y reurbanizar por completo un espacio cuya remodelación integral data del anterior mandato municipal, cuando se gastaron más de siete millones de euros. El PP quiere darle el aparcamiento a una empresa y restituir una estética de corte más clásico.

Patrimonio, en su informe, dice que este proyecto “choca frontalmente con el modelo de accesibilidad interna del área central de Sevilla”. Y añade: “El objetivo de la modificación no parece perseguir la línea de las actuales tendencias, convenios y cartas sobre accesibilidad en los Conjuntos Históricos”. En otras palabras: el Ayuntamiento va contra la tendencia de las urbes históricas de Europa, que buscan reducir el protagonismo del vehículo privado.

En el segundo de los casos lo que se persigue es la conversión de la antigua comisaría en un centro comercial. Ambas iniciativas parecen estar vinculadas: el parking de la Alameda es parte de la operación de terciarización de la Gavidia. Sobre la reconversión de este edificio, la opinión de Patrimonio es que implantar una gran superficie comercial, “con los problemas de accesibilidad existentes, produciría una merma considerable de los valores ambientales y visuales de este sector del Conjunto Histórico”.

También hay otras dos cuestiones. Parecen menores. Pero son importantes. Una se refiere a los edificios calificados como fuera de ordenación. Y la última, a la clasificación urbanística de las parcelas de algunos de los antiguos cines históricos del centro de Sevilla.

En el primer caso el Ayuntamiento ambiciona flexibilizar el régimen jurídico de este tipo de edificios –los existentes antes del PGOU y que colisionan con sus directrices, lo que significa que aunque no se derriben sólo serán objeto de obras de conservación– eliminando la “altura” como una de las cuestiones a considerar para dejar a un edificio sin asidero urbanístico. Patrimonio cree que esta propuesta implica un peligro para los espacios monumentales.

Sobre los cines, la discusión es otra. El Plan los calificaba originalmente como dotaciones culturales –suelos de interés público y social– pero tres de sus titulares ganaron un pleito contra esta catalogación, que les impedía patrimonializar las plusvalías urbanísticas potenciales de los edificios. Cosa natural. Al asignar este uso, el Plan lo que buscaba era precisamente blindar estos espacios culturales frente a posibles operaciones inmobiliarias auspiciadas por sus propietarios. Les ponía un freno: sólo podían traspasarse para usos culturales.

El fallo judicial obliga ahora al Consistorio a alterar la calificación original del PGOU, aunque no establece ninguna alternativa. La fórmula elegida por el Ayuntamiento es la peor para garantizar la subsistencia de estos equipamientos culturales porque, en lugar de sustituir el uso dotacional por el terciario, que permite que sobrevivan, aunque con menor grado de protección, les otorga una catalogación genérica y abierta: Casco Histórico. En consecuencia, estas salas pueden ser sustituidas por promociones residenciales de hasta tres plantas de altura.

El Ayuntamiento, además, no circunscribe el cambio sólo a los tres propietarios que ganaron la batalla judicial –las salas Alameda, Cervantes y Avenida– manteniendo el uso dotacional para las demás. La recalificación del PP elimina la protección también a otras que no estaban en discusión: la antigua Sala X de la calle Amor de Dios, el teatro Imperial (calle Sierpes), la antigua Sala Pathe (Cuna), el teatro Álvarez Quintero (Laraña) y el local del antiguo Cine Llorens (Rioja con Sierpes).

Según Cultura, esta nueva calificación urbanística “puede resultar incompatible con las determinaciones de protección incluidas en las fichas patrimoniales de los inmuebles que están protegidos”. La Junta cree pues que contribuye a la sustitución de los espacios escénicos con interés patrimonial.

Pero el impacto del dictamen de la Comisión de Patrimonio afecta sobre todo a la Alameda y a la Gavidia. Hay que tener en cuenta que, aunque la recalificación impulsada por Zoido se identifica siempre con estos dos proyectos concretos, en realidad abre la mano a cualquier otro que quiera instalar un estacionamiento rotatorio intramuros o reconvertir cualquier edificio singular en una gran superficie comercial. A juicio de Patrimonio, esta posibilidad jurídica supone “una alteración integral del modelo de ciudad y, en todo caso, de su ordenación estructural”.

Esto significa que el Consistorio no puede cobijarlas bajo la figura administrativa de la modificación puntual, sino que, si insiste en acometerlas, debe revisar por completo el modelo urbano del PGOU. Una hipótesis impensable. Primero, porque el Plan General vigente apenas tiene seis años. Segundo: un procedimiento de revisión demora entre tres y cuatro años. Y tercero: si se iniciase obliga a la paralización de facto de todas las licencias urbanísticas.

Una decisión que, además de bloquear cualquier iniciativa particular que sí fuera acorde con el Plan General, dejaría a todos los operadores urbanísticos –públicos y privados– sin la seguridad jurídica plena que sólo da el actual libro urbano de Sevilla. Ya se sabe: a veces lo mejor resulta ser el peor enemigo de lo bueno.

Transparencia relativa

Carlos Mármol | 31 de julio de 2011 a las 6:00

Las promesas de transparencia del nuevo equipo municipal de gobierno avanzan tímidamente a pesar de ser uno de los compromisos electorales de Zoido. Los ejemplos: los sueldos, el urbanismo y la circular de información.

Acogiéndome al generoso amparo del alcalde, que esta semana, con motivo de la polémica por la madre de todas las derogaciones (Plan Centro), ha defendido “la libertad de expresión y de opinión”, me veo en la obligación de recordarle, porque viene al caso que nos ocupa, lo que dicen que dijo Goethe en el lecho de muerte, con el pie casi rompiendo el estribo: “Luz, más luz”.

El nuevo gobierno local llegó al poder hace algo más de un mes. Y lo hizo, entre otras, con la promesa de ser transparente y ejemplar en su gestión. Lo segundo depende de lo primero. Se trata de una vieja reivindicación ciudadana que, sin embargo, los distintos grupos políticos que han gobernado la ciudad a lo largo del tiempo reciente siempre han confesado desear pero nunca terminaron de cumplir. El fondo del asunto es sencillo: un ayuntamiento es una institución pública y, al financiarse con el dinero de todos, sus decisiones pueden –y deben– ser examinadas por aquellos que deseen hacerlo más allá de la habitual propaganda con la que nos deleitan nuestros estimados gobernantes. Puro sentido común.

Zoido ha querido esta semana cumplir este compromiso. A su manera, claro. Si cuando llegó al poder tuvo el gran acierto de restituir a la oposición en los órganos de gobierno de las empresas municipales, ahora, quizás porque durante las últimas semanas ha estado tropezando con la incómoda piedra del urbanismo (asunto que aunque el ejecutivo local quiera diluir con los habituales señuelos va a seguir dando grandes tardes de gloria), el regidor, además de eliminar el Plan Centro por decreto (ellos lo llaman resolución; también las recalificaciones eran modificaciones puntuales), ha optado por otra derogación planetaria: la de la ordenanza que limitaba el acceso de la oposición a los expedientes municipales.

En su día el PP la llamó, por conveniencia electoral, la circular Torrijos. En realidad fue aprobada por la mayoría entonces vigente (PSOE e IU) con el argumento de la protección de datos. ¿Qué decía esa circular? Que cualquier edil que quisiera consultar los expedientes del gobierno tenía que pasar por un determinado filtro, aunque en realidad era un calvario.

En aquel momento el sendero establecido obligaba a la oposición a pedir cada uno de los puntos que se quisieran examinar a los distintos servicios municipales (que tenían cinco días para enseñar los documentos) una vez discutidos por el gobierno. Los populares, que sorprendentemente parecen ahora no ser capaces de abandonar la mentalidad del palomar –espacio donde habita la leal oposición en la Plaza Nueva–, censuraron tal decisión y reivindicaron sus derechos.

A quien le tocó pronunciar la solemne declaración fue al edil Curro Pérez, que en un Pleno de febrero de 2008 reclamó ver los expedientes del gobierno local tres días antes de que los discutiera el gobierno de Monteseirín, sin limitaciones de tiempo y con libertad plena para poder realizar copias de los documentos oficiales. El concejal popular se amparaba en el reglamento de funcionamiento del Consistorio (que Zoido piensa cambiar, según su programa) y en el derecho de la oposición a ejercer su labor.

Pérez tenía toda la razón. Cuestionar el derecho de la oposición (y de los ciudadanos, que no es lo mismo) a consultar la documentación municipal parecía tener poco que ver con la protección de datos. En esto hay que ser muy rotundo: cualquier sevillano debería poder tener acceso, si quiere, al recorrido administrativo de las decisiones municipales. Internet lo permite. Es posible.

Las tornas políticas han cambiado. Y el PP, dentro de su táctica de culpar de todo al anterior gobierno (a veces con razón; en otras ocasiones con una voluntad de revancha que no casa con su humildad, tan pregonada), decidió esta semana cambiar la citada circular para garantizar “la transparencia absoluta”. De nuevo Pérez, a la sazón ahora portavoz del Gobierno, fue el encargado de comunicar tan excelente decisión. Cosa digna de celebración: el capitular popular tiene capacidad política más que demostrada para bastantes más cosas que organizar la Velá de Triana, tarea a la que, inexplicablemente, le ha condenado el alcalde sin inmutarse.

Los cambios no generaron mucha alegría en la oposición. Los socialistas los critican alegando que se quedan cortos. Los populares, cuyo ánimo aflora más en las respuestas que en las propuestas, volvieron a su argumento intelectual: “Vosotros erais bastante peores. ¿De qué os quejáis?”. Torrijos, cuyo nombre quiso vincular el PP a esta circular restrictiva, explicó lo que ya dijo en su momento: que las supuestas limitaciones derivan de un informe de la secretaría municipal.

Todo esto, claro está, es la epidermis del asunto. Vayamos al fondo. ¿Qué es lo que ha cambiado el PP de dicha norma? La expectativas eran grandes. Tanto como el discurso del edil Pérez en aquel Pleno de 2008. El análisis documental –que es justo lo que todos los gobiernos quieren evitar que hagan los ciudadanos que desconfían de las consignas– arroja algunas incoherencias y atenúa en buena medida el impacto de la “transparencia absoluta” que afirma haber recuperado el PP en el Ayuntamiento. La oposición, ya se sabe, es de natural desagradecida. Incluso cuando se le ayuda.

La circular, en realidad, no se ha derogado, aunque sea el verbo de moda. El PP simplemente ha modificado su redacción jurídica en un par de párrafos. Se refieren al espacio físico donde la oposición podrá a partir de ahora consultar los expedientes y al tiempo. Si antes había que ir a los correspondientes servicios municipales cinco días después (a veces tardaban más, dada su eficacia), ahora será en el propio ayuntamiento (sección actas), tres días después de aprobar los asuntos. Los lunes pasan a ser los días grandes en Plaza Nueva, si las filtraciones previas del gobierno permiten a la oposición abrir frentes propios.

Como decían los dibujos animados, eso es todo, amigos. Punto. Ni el PP va a dar los expedientes municipales antes de ratificarlos en su reunión semanal de gobierno, ni los informes jurídicos de los funcionarios (a los que pagamos todos) van a conocerse con suficiente antelación a las decisiones políticas. Tampoco, tal y como en la oposición reclamó Zoido, los ediles podrán ver los temas tres días antes de discutirse.

De las fotocopias nos olvidamos. Si Monteseirín quería que se le pidiera permiso (como en el ejército) para obtener una mísera versión de un documento oficial, Zoido deja la situación igual que su antecesor:en su mano seguirá estando la potestad de autorizar a la oposición a tener los documentos que pida. No se les vaya a ocurrir repartirlos en una rueda de prensa. Habrá generosidad, qué duda cabe, siempre y cuando los socialistas e IU no hagan peticiones “inconcretas”, “genéricas” o “injustificadas”. ¿Quién decide todo esto? El alcalde, se supone. Para eso ha sacado 20 concejales.

A partir de aquí cada uno es libre de sacar sus conclusiones. Aunque para tal viaje no hacían falta alforjas. Zoido puede ordenar, como ha hecho en el último Pleno, todas las comisiones de investigación que desee sobre la gestión del anterior gobierno local (serán bienvenidas) para dar la impresión de llegar al fondo de las cosas. Pero mientras tenga guardada la llave de la fotocopiadora en la mesa de caoba de la Alcaldía todo parecerá impostado.

Nadie duda de la buena voluntad del PP. Nos han dado ejemplos: no supimos (por ellos) el sueldo de sus altos cargos, ni tienen intención de notificar los salarios de sus gerentes, ni han colgado su patrimonio en la web municipal. Tampoco han explicado qué es exactamente lo que negocian con las empresas que quieren recalificaciones a la carta. Ellos, mientras tanto, presumen de Open Government. Bueno. A mí me parece que la prometida luz es más bien penumbra. Y los taquígrafos, los escribas de los scriptorium medievales. Únicamente copiaban. No pensaban. Ideales, ¿verdad?

Vílchez, concejal interestelar

Carlos Mármol | 30 de julio de 2011 a las 6:00

Lo del nuevo delegado de Urbanismo es realmente notable. Va camino de convertirse en la gran estrella dentro del firmamento de los galácticos de Zoido. Y eso sin haber empezado todavía a mandar (dicen) en la Casa. Para profanos: la Casa es la Gerencia de Urbanismo. El concejal, que fue delegado del Gobierno en Cádiz durante la etapa de Aznar, y que es letrado de la Seguridad Social, ha terminado en Urbanismo por decisión (unipersonal, desde luego) del nuevo alcalde. Bueno. Para eso tiene mayoría (absolutísima) el regidor. Nada que objetar. Cuenta con todo el derecho a elegir a sus amigos y colaboradores.

Hasta ahora Vílchez había destacado por su sonrisa: al menos eso cuentan las crónicas de la nueva Giralda TV, tan objetiva como la anterior, que glosó su primera rueda de prensa como si fuera poco menos que una comparecencia de Rem Koolhaas, el autor de Delirious de Nueva York.  En fin. Víchez cae bien y no presenta demasiadas aristas. La derecha civilizada y liberal, según algunos. El problema es que cada vez que habla de la materia que gobierna (el urbanismo) suenan todas las alarmas.

Primero se despachó hace unas semanas abriendo un debate hermenéutico similar al nominalismo de Guillermo de Ockham: “Lo de Ikea no es recalificación, sino modificación puntual”. Gracias por la aclaración. Basta consultar el diccionario para ver que los académicos de la lengua (de urbanismo no hay academia que brille, fije y dé esplendor: el sector no es tan ilustre) piensan lo contrario. Como este extremo ya lo dejamos aclarado en una Noria anterior, no vamos a insistir ahora en todos los argumentos (evidentes) que desmienten la mayor. Vílchez quiso aquel día dar una lección de urbanismo y terminaron dándosela (desde la oposición) a él. Y eso que esta oposición todavía está padeciendo el tremendo golpe electoral y los veinte ediles de Zoido (Juan Ignacio).

Tras semejante aportación conceptual, el edil de Urbanismo tuvo el arrojo de irse con el alcalde a la barriada Regiones Devastadas (donde el anterior ayuntamiento proyectó un ecobarrio para realojar a los vecinos de las viejas casas baratas) para sacar pecho por haber “desbloqueado” su construcción. Cosa milagrosa: el proyecto nunca estuvo detenido. Se inició cuando los bomberos (funcionarios municipales) decidieron hacer el obligado informe de seguridad que exigía la licencia. Nada más que un trámite.

De gestión política en esta cuestión hubo más bien poco, por no decir nada. La única decisión del PP a este respecto fue despedir (con toda la legitimidad de su victoria, por supuesto) al anterior gerente de Emvisesa, la empresa municipal de la vivienda, Juan Carlos de León, precisamente quien permitió que existiera  realmente la medalla que Vílchez y Zoido se pusieron (a sí mismos) ese día.

Esta última semana hemos visto una réplica del mismo epifenómeno, esta vez con el pretexto de una comisaría de policía de barrio contratada por el anterior gobierno. También ha pasado lo mismo en una entrega de pisos de VPO (cosa loable) hecha por la anterior coalición PSOE e IU. Sin rubor alguno, ambos asuntos han sido objeto de la voluntad de apropiación selectiva del gobierno local. Está visto que miedo escénico, respeto a las cámaras, no tiene el PP municipal, que sólo mira hacia atrás para exculparse de su inactividad política (en cierto sentido natural, lleva sólo mes y pico) y, tanto si puede como si no, fagocitar los méritos ajenos.

Total, la cosa no tiene ningún riesgo: son pocos quienes se atreven a hacer honor a la verdad so riesgo de llevarle la contraria a los triunfadores. Ya se ve claramente en qué consistía aquello de la Ciudad del Talento: en apuntarse los méritos ajenos amplificando ad infinitum las sombras de la gestión previa. Sin cortarse.

Ayer, en el Pleno municipal, tuvimos otra prueba irrefutable de que lo de Vílchez va a ser, en este mandato, un asunto superlativo, digno de la máxima atención: el edil de Urbanismo nos desveló a todos que el anterior alcalde firmó (en secreto) un supuesto convenio con Ikea en el que venía a hacer lo mismo que ahora quiere hacer Zoido. Dicho en seco: pasarse el PGOU por el arco del triunfo para que la multinacional sueca tenga su recalificación a la carta. El acuerdo fue esgrimido por el PP como el nuevo secreto templario: “fijarse (que diría Lopera) que Monteseirín también estaba por la labor en lo de Ikea”. A eso algunos lo llaman golpe de efecto. Admirable.

Claro que, si se piensa bien, o en su defecto un rato, no se entiende muy bien entonces la tesis de la necesidad del cambio en el Consistorio que pregonaba el PP durante la campaña electoral: ¿si Zoido quiere hacer lo mismo que quería hacer Monteseirín (en urbanismo, al menos) por qué el actual gobierno se oponía completamente a todo en su etapa de la oposición? Parece que estamos ante una evidente contradicción.

Por otra parte, el hecho de que dicho convenio (que no fue aprobado al final en foro municipal alguno porque los técnicos de Urbanismo no autorizaron el Plan Parcial que presentó Ikea para consumarlo) exista no supone en realidad argumento alguno en favor de la operación. Sencillamente acerca un poco más los perfiles del anterior y el actual alcalde. No sé qué gana el PP con esta extraña táctica. Lo suyo era el cambio. La luz frente a las sombras. Porque tanto si Monteseirín realmente rubricó dicho acuerdo (cosas peores firmó el ex alcalde) como si dentro de unos meses suscribe uno parecido Zoido (al tiempo), el fondo de la cuestión no cambia en absoluto. Lo de Ikea seguirá siendo una recalificación a la carta que atenta contra el PGOU y que debe autorizar la Junta de Andalucía.

¿O acaso las cosas son mejores o peores dependiendo de quién las proponga?

Extraña esta obsesión del PP de señalar con el dedo al anterior gobierno local para casi todo, como si siguieran gobernando PSOE e IU en lugar de ellos. Parece una pelea de colegio entre escolares. “Pues tú, mucho más”. Lo grave es que tan edificante escena se repita en el foro político que representa a Sevilla. Sería recomendable algo más de seriedad argumental. La inteligencia de los ciudadanos, que votaron a Zoido, ya lo sabemos, las obviedades no hace falta repetirlas, exige política de altura. No más batallitas.

De todas formas, lo más llamativo son las afirmaciones hechas ayer por el delegado Víchez con respecto a esta cuestión de la recalificación de Ikea. El edil dijo que el Plan Parcial de Ikea no tiene informe negativo de Aviación Civil, ni lesiona el PGOU ni, en su opinión, supone nada más que una gran oportunidad de inversión. La opinión es libre. Los hechos no. Debería repasar el delegado los informes de sus funcionarios en relación al Plan Parcial de Ikea, donde se mencionan todas estas cuestiones.

La recalificación de Ikea no se aprobó, firmara Monteseirín lo que firmara, sencillamente porque alguien, un funcionario anónimo (aunque tiene nombre), hizo bien su trabajo. Por lo visto, para el PP el valor de los empleados municipales depende de si lo que digan en sus informes le viene bien o mal a sus objetivos políticos. Los jefes de servicio que critican el Plan Centro (otros empleados públicos del área de Movilidad, en cambio, sí asumieron la contrata de las cámaras instaladas) son buenos. Los de Urbanismo, como no han permitido la cuestión de Ikea, malos. No parece muy justo. Ni equilibrado.

Vílchez quizás debería, con todos los respetos que me merece, emular a sus propios funcionarios. Y hacer bien su trabajo. Aquí pegaría acaso citar aquella célebre frase de Rubalcaba: “Nos merecemos (un edil de Urbanismo) que no nos mienta”. Añadiendo: “Que no nos hable de transparencia y siga sin decir sobre qué bases está negociando con Ikea y otras empresas las recalificaciones urbanísticas. O que dé más credibilidad a una empresa (que en esto es parte interesada) que a un capitular electo del Ayuntamiento; al menos, de entrada”. Pero, como queremos ser ante todo corteses, y se trata del concejal de la sonrisa, sencillamente diremos: “Nos merecemos un edil de Urbanismo que respete el trabajo de sus funcionarios”. Simplemente.

Nuevos tiempos, vicios viejos

Carlos Mármol | 17 de julio de 2011 a las 6:04

Zoido, amparado por su rotunda mayoría absoluta, retoma la peligrosa senda que iniciara Monteseirín a partir de 2003 con la política urbanística: gestionar la ciudad al margen de la concertación institucional.

Quédense en la memoria con dos frases. Ambas fueron pronunciadas en un momento solemne, su toma de posesión, por el nuevo alcalde de Sevilla, Juan Ignacio Zoido. La primera: “Gobernaré como si no tuviera mayoría absoluta”. La segunda: “Todos los políticos no somos iguales”. Dichas así, casi sin necesidad, parecen erigirse como los compromisos admirables de un gobernante que en los recientes comicios locales consiguió una representatividad de 20 concejales sobre un cabildo –como decían los cronistas antiguos– de 33 capitulares. Lo nunca visto en la historia de la democracia hispalense.

Evidentemente, la pluma que le escribió el discurso al nuevo regidor buscaba aproximarse, a su manera, al célebre recurso retórico clásico. La captatio benevolentiae. Una apelación en favor del orador –que es de lo que siempre se trata– para atraer la buena disposición de una audiencia a la que se pretendía seducir mostrando una humildad superlativa (a veces falsa; en otras ocasiones, sincera) que sirviera para equilibrar las inevitables antipatías que provocan las victorias excesivas.

Dado el notable número de devotos que parece haber conseguido en su peregrinación hacia la Alcaldía, Zoido, aclamado en público durante la última procesión del Corpus por una grey contra la que –cosa llamativa– los habituales rigoristas y guardianes de las esencias hispalenses, los célebres cuentaconcejales, no han levantado aún su voz tronante, probablemente porque hace cierto tiempo que la pusieron en venta, afirma sentir rubor ante tan elevadas dosis de entusiasmo e intenta mostrarse llano, sencillo. Justo lo que recomendaba El Quijote: “Llaneza, muchacho, no te encumbres, que toda afectación es mala”.

Claro que una cosa es lo que se dice y otra distinta lo que se hace. Suele suceder. ¿No es contradictorio decir que uno gobernará como si no tuviera la mayoría (absolutísima) que tiene, o de forma diferente a otros cargos políticos y, justo después de declaradas ambas cuestiones, venir a hacer justo lo opuesto? Zoido debe hacer una gimnasia diaria de contención y repasar las nociones básicas de la propaganda política, disciplina que fue aprendiendo día a día en la oposición, antes de llegar al despacho, porque lo cierto es que entre el discurso bondadoso del regidor y la realidad pedestre empiezan a producirse fisuras.

La política urbanística se ha convertido en los últimos días en el escenario abierto de este conflicto. En el flanco urbanístico la verosimilitud del relato oficial que ha construido el equipo de estrategia del PP –un alcalde dialogante, bonachón, muy cercano, de consenso, sin sectarismos– colisiona con ciertos vicios que, aunque algunos percibieron ya antes del acceso al poder, siempre suelen intensificarse una vez se está en el sillón de mando. Porque lo que el caso Ikea –la recalificación urbanística a la carta que el regidor está dispuesto a autorizar a la multinacional sueca con el viejo argumento del empleo– está comenzando a hacer aflorar es una concepción de la ciudad que, mutatis mutandi, se asemeja bastante a la que durante los últimos años de gobierno practicó su antecesor en la Alcaldía, el socialista Alfredo Sánchez Monteseirín:la gestión del futuro de Sevilla sin el necesario y exigible concierto político.

Volvamos por un segundo la vista atrás en busca de algo de contexto para entender esta afirmación. Primer mandato de Monteseirín. La Gerencia de Urbanismo está en manos de los andalucistas, quemados tras una política urbanística muy controvertida que terminó por convertirlos en extramunicipales. El edil de Urbanismo de entonces, Rafael Carmona, asume la tarea de limpiar la imagen del PA y abre el proceso de revisión del Plan General con un urbanista de prestigio –Manuel Ángel González Fustegueras– y una voluntad de consenso que, al menos en el primer tramo de la redacción del PGOU, resultó ser admirable. Sobre todo en una ciudad cuya evolución urbana ha estado marcada a lo largo de su historia por las decisiones de determinados sectores sociales –los siempre dominantes– que disfrazaban sus sucesivas aspiraciones con un paternalismo que algunos, ahora, parecen haber descubierto como la gran piedra filosofal.

No descubro nada nuevo: Sevilla siempre ha tenido una burguesía de origen agrario –con ínfulas nobiliarias, además– que se hizo urbana con el correr del tiempo, pero sin cambiar jamás de mentalidad. Simplemente aplicándola en otro escenario. Propietarios rústicos convertidos en tenedores de fincas urbanas. Educados en la lógica de que la ciudad es una extensión más –la más valiosa, quizás– de sus dominios agrícolas.

El crecimiento de Sevilla, con y sin planeamiento urbano, nunca logró salir de este bucle. Curiosamente, así fue hasta que en 2006 se aprobó el PGOU, que es hijo de un consenso (momentáneo) en el que los socialistas, los populares, los comunistas y los andalucistas, cada uno por motivos diferentes, desde orillas antagónicas, decidieron acordar una metodología común de trabajo y pactar unos puntos básicos para que el diseño urbano de Sevilla pudiera perdurar en el tiempo –principal condición para que algo funcione–, fuera atractivo y seguro para los inversores externos y tuviera un cierto perfil institucional.

La idea era que el urbanismo no volviera a estar sometido a las tensiones y a las cambiantes mayorías políticas que se suceden cada cuatro años. Un modelo básico para todos, igual que ocurrió en la transición política, con independencia de quien gobernase en cada momento. El PGOU de Sevilla, no el del gobierno de turno.

Toda la fortaleza del Plan –su filosofía– deriva de esta raíz: no ser consecuencia directa de las fuerzas dominantes en la sociedad, sino de la voluntad de saber reconducirlas para que, mejor o peor, se incorporen sin exigencias a un proceso en marcha en el que el protagonismo de los ciudadanos debe, como mínimo, ser equivalente. Un plan donde la gente cuenta. No sólo las inmobiliarias, los bancos o los propietarios.

En este punto había que preguntarse lo que Vargas Llosa. ¿Cuándo se jodió el Perú? Fue un día de 2003, cuando Monteseirín (que no tocó bola urbanística con los andalucistas) decidió desquitarse. El entonces regidor contaba, gracias a IU, con mayoría suficiente para dar un giro al Plan General y convertirlo –equivocadamente– en un proyecto suyo en lugar de algo de todos. Comenzó –cosa simbólica– violando el protocolo pactado entre todos los grupos y prometiendo sendas recalificaciones a Sevilla y Betis para seguir en sus estadios. Todo lo contrario de lo que en principio perseguía el Plan. ¿Importó el interés de los barrios donde ambos coliseos se ubican? Nada al lado de las ansias de grandeza y el sueño de convertirse en Napoleón. Tan intensa debió ser la pulsión interior del regidor que todo el dinero del PGOU se gastó en sus proyectos faraónicos, dejando de lado la cohesión social. Sevilla, que parecía haber logrado un sueño urbano común, se convirtió en el escenario de los compromisos del regidor.

Zoido, que también cree en el urbanismo unilateral, viene a terminar este proceso. El nuevo regidor sólo ha ofrecido un pacto a la oposición de cara a la galería, porque negocia desde hace tiempo en solitario recalificaciones en favor de Ikea, Altadis, los clubes de fútbol (otra vez) y la patronal de la construcción, Gaesco, que ha abierto una ofensiva de fondo cuyo objetivo es terminar de tumbar el PGOU aunque sea con argumentos contradictorios. Su gran tesis:hay que adaptar el PGOU a las necesidades económicas. ¿De quiénes? habría que preguntarse. ¿De ciertas empresas o de los ciudadanos?

El empleo es sólo un pretexto para invertir un modelo que, si bien comenzó a derribar su falso pregonero (Monteseirín), guarda aún suficiente espíritu de resistencia ante el hecho, quizás inevitable, de que Sevilla vuelva ser coto de los de siempre. No es un dogma de fe. Sólo es un mecanismo para lograr una ciudad más justa. Qui prodest?, decían los clásicos. El PGOU no es más que un instrumento. La cuestión es si lo será para la gente o para quienes todavía sueñan con volver al punto álgido de la burbuja inmobiliaria.

El caso Ikea: el fin y los medios

Carlos Mármol | 7 de julio de 2011 a las 6:05

El alcalde desvela que se ha reunido hasta seis veces con la multinacional sueca para negociar su recalificación urbanística y relativiza el papel de la Junta de Andalucía en el proceso. Su ‘solución’ colisiona con la legislación.

Seis reuniones de trabajo para desbloquear la recalificación urbanística a la carta que la multinacional Ikea (y los propietarios de los terrenos del sector San Nicolás Oeste) venían reclamando desde hace meses al Ayuntamiento ha celebrado hasta ahora el actual gobierno local. Lo desveló ayer en el Foro Joly el propio alcalde, Juan Ignacio Zoido, que defendió la viabilidad de esta operación urbanística a pesar de la existencia de dos informes técnicos que consideran que el proyecto planteado por Ikea no casa con las directrices del Plan General de Ordenación Urbana.

Zoido no entró demasiado en detalles.Reiteró que su intención de alterar el máximo documento urbanístico de la ciudad es firme y, según dijo, está dispuesto a sacarla adelante con su mayoría absoluta, sin llegar (en principio) a consenso alguno con el resto de grupos políticos municipales. Los encuentros, de los que el regidor no dio más datos, se han celebrado en solitario por el PP. Zoido, que prometió que en estas cuestiones habrá “luz y taquígrafos”, no explicó, sin embargo, si los organizó como candidato (antes del 22-M), como ganador de las elecciones (hasta el 11 de junio) o en los 26 días que lleva de regidor. Sólo quiso lanzar un mensaje: los inversores son bienvenidos; no así los “especuladores”.

La pregunta que habría que hacerse es si Ikea, con su proyecto de un segundo centro comercial en Sevilla, lo que quiere es invertir o especular. Evidentemente son dos cosas distintas, pero, en determinadas circunstancias, ambos términos suelen confundirse. A tenor de la posición de partida de la multinacional sueca (y de los propietarios de los terrenos, que ahora son una inmobiliaria y un grupo de dueños particulares con participaciones minoritarias) parece más bien lo segundo que lo primero. ¿Por qué? Porque su argumento básico es que deben obtener hasta 41.409 metros cuadrados más de edificabilidad lucrativa de lo que permite el Plan General y, además, según explican los informes técnicos, sin asumir las correspondientes cesiones urbanísticas, sin un estudio de tráfico y exclusivamente por una cuestión económica: quieren hacer viable la operación inmobiliaria que les permitirá abrir la tienda de Ikea a coste cero. Sin invertir.

El anterior gobierno municipal (PSOE e IU), al que Zoido acusó en su día de poner en peligro esta inversión, negoció con los promotores de la operación durante meses una salida al conflicto. Fue imposible encontrar un punto de encuentro: Ikea y los propietarios de San Nicolás exigían que su oferta se aceptara de forma global. En caso contrario, desestirían de su ejecución. Urbanismo llegó incluso a iniciar una modificación puntual del PGOU –reducida– para poder encajar el centro comercial en estos suelos, calificados para uso empresarial. La idea era incrementar el porcentaje máximo de presencia comercial hasta un 49%.

La Gerencia acometió la tramitación pero la respuesta de Ikea fue una alegación reclamando 41.409 metros cuadrados más de espacios lucrativos y luz verde a su proyecto de crear en esta parte de Sevilla el mayor Parque de Mediana de Andalucía. Su fórmula es simple: Ikea actúa como la locomotora necesaria para revalorizar los suelos en los que se abre una de sus tiendas. La cuestión no es el centro de venta de muebles –que cabe en la zona ya prevista por el PGOU–, sino obtener la edificabilidad global necesaria para que, revendiéndola a terceros, a otros operadores comerciales, lograr que el coste de apertura de la tienda sea cero y la matriz inmobiliaria de Ikea –diferente a la distribuidora de muebles– logre beneficios. El negocio es doble: para Ikea, que actúa como un operador privado de suelo;y para los propietarios de estos suelos, que ven como su valor se multiplica sólo por la decisión municipal de alterar el PGOU.

El alcalde dijo ayer que espera que se alcance una solución razonable entre ambas partes. No explicó cómo. El concejal de Economía, Gregorio Serrano, al ser cuestionado ayer por las negociaciones se limitó a decir que la ciudad no puede desperdiciar una inversión de 200 millones de euros por “tecnicismos” y recordó que este proyecto requiere la construcción de un tramo de la SE-35 que no podrá hacerse porque el dinero se ha desviado para pagar los sobrecoste del carril bici y el Parasol. El tramo que necesita Ikea de la SE-35 ya está diseñado. Cuesta 25 millones de euros y va desde la avenida Emilio Lemos a la A4. Todavía no ha pasado el informe sectorial (vinculante) de la Dirección General de Carreteras del Estado. Aviación Civil, en cambio, emitió en su día un dictamen contrario al proyecto por afectar a la huella de ruido del aeropuerto de SanPablo.

Tanto las palabras de Zoido como las declaraciones de su concejal dejan sin aclarar cuál va a ser la salida del atolladero jurídico que implica cambiar el PGOU sólo para este proyecto. Porque el problema no son los “tecnicismos”, como los denomina Serrano, sino el cumplimiento de la normativa urbanística. Zoido ha prometido cambiar la legislación si hace falta. La cuestión es si realmente puede hacerlo, con independencia de sus 20 ediles.

En teoría, el alcalde tiene dos opciones: o incrementar la edificabilidad comercial contemplada por el PGOU en estos suelos –asignarle 41.000 metros cuadrados más a sus propietarios– o ampliar el tope previsto en las ordenanzas del Plan en todos los suelos de uso productivo. Este límite está ahora fijado en un 49%. La primera opción es completamente ilegal. Varios juristas consultados señalan que si el PP optase por esta vía –un incremento de edificabilidad ad hoc– entraría en el supuesto jurídico de una “reserva de dispensación”, algo expresamente prohibido por la ley del suelo.

¿Qué es una reserva de dispensación? Explicado en términos llanos: una recalificación a la carta con un único beneficiario. Ikea. Dicha decisión perjudicaría a todos los demás propietarios de suelo de Sevilla, que tienen idéntico derecho a recibir este regalo. La sucesión de impugnaciones en los tribunales estaría cantada. Los motivos son evidentes: una administración no puede tomar decisiones urbanísticas en beneficio de un único propietario, sino con carácter general. Para todos.

La segunda opción –un cambio en el tope máximo de edificabilidad comercial– solventaría este problema. Pero implica meterse en otro jardín:si el PP opta por alterar la normativa del PGOUestaría haciendo un cambio “estructural” del Plan General. Una modificación de tal magnitud que, además de afectar a la seguridad jurídica integral del máximo documento urbanístico de Sevilla, implica que la última palabra no será de Zoido, sino de la Junta. El gobierno local sólo puede aprobar la recalificación dos veces en los foros municipales. La aprobación definitiva –que es la jurídicamente relevante– es autonómica. Si implicase un cambio del modelo urbano, no será aprobada. A Zoido sólo le quedaría acusar a la Junta de paralizar el proyecto. La confrontación. Pero, a efectos prácticos, no arreglaría las cosas. La razón: que un buen fin no justifica determinados medios. Una lección que ya nos enseñaron los clásicos.

Ikea abre ‘la caja de pandora’ del PGOU

Carlos Mármol | 6 de julio de 2011 a las 6:05

La multinacional sueca lleva meses presionando para que se dé luz verde a una recalificación a la carta de 41.409 m2 comerciales.

Debajo de los adoquines está la playa, gritaban los estudiantes de mayo del 68. Bajo el relato oficial que esgrime la Alcaldía para justificar su decisión de acometer la primera alteración del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), aprobado hace apenas cinco años, se esconde un conflicto que enfrenta desde hace meses a los abogados de los propietarios de los terrenos donde está previsto construir el segundo Ikea y a los técnicos municipales. Un litigio en el que lo que está en juego no es sólo la viabilidad de una inversión, sino el criterio sobre el que sustenta todo el derecho urbanístico: el respeto a la normativa.

Estamos ante una ofensiva en toda regla. El pasado martes el consejero delegado de la compañía sueca, Mikael Ohlsson, concedía una entrevista a The Wall Street Journal, la biblia del periodismo económico. En ella desvelaba que sus planes para abrir diez centros comerciales en España no prosperan por culpa de las trabas urbanísticas de los ayuntamientos y las autonomías. Conclusión apresurada: la burocracia pone en peligro la creación de miles de empleos. Depende.

Visto así, y en tiempos de crisis, parece toda una tragedia. Un problema que necesita una solución urgente. El alcalde de Sevilla, Juan Ignacio Zoido, se comprometió ayer a encontrarla “antes de que termine julio” cambiando el Plan General. En su opinión, el bloqueo del segundo Ikea de Sevilla es culpa de las “discusiones del anterior gobierno PSOE-IU, que evitaba que se abrieran las puertas a las empresas”.

Las cosas rara vez son tan simples. En realidad, los abogados y arquitectos de los propietarios de los terrenos donde la multinacional del mueble pretende instalarse para aplicar su nuevo concepto de negocio (vender un producto inmobiliario propio a terceros con la marca Ikea como locomotora, como ya ha ensayado en Jerez) llevan meses presionando a los técnicos municipales para que orillen la normativa. Quieren flexibilidad.

Lo que está en discusión, en el fondo, no es la conveniencia de facilitar la instalación de Ikea (como parece querer darse a entender), sino el respeto al marco urbanístico, que debe ser igual para todos; y las garantías establecidas por la ley para que lo que debe ser una inversión empresarial lícita no se convierta en un negocio inmobiliario especulativo que además termine conculcando la base legal en la que reside toda la planificación de la ciudad.

El debate planteado en público es engañoso. No se trata de abrir el PGOUpara permitir a Ikea poner su nuevo centro comercial en Sevilla. La empresa puede hacerlo mañana mismo sin alterar este documento urbanístico. Lo que se dirime es si la multinacional sueca, y los propietarios que le venden el suelo, deben recibir un trato diferenciado en relación a otros dueños de terrenos a pesar de que, a la luz de los diferentes informes técnicos, hasta ahora no han estado dispuestos a cumplir los requisitos para lograr la autorización administrativa necesaria.

Vayamos por partes. Los terrenos de SanNicolás Oeste están situados junto al aeropuerto de SanPablo. Forman una de las grandes bolsas de suelo (1,4 millones de metros cuadrados de superficie) que el PGOU reservó para actividades productivas. Empresas, compañías de servicios avanzados y áreas comerciales. Su calificación urbanística también incluye usos residenciales. Son secundarios: 429 viviendas. El futuro de estos suelos era convertirse en un centro económico de primer orden junto a la carretera de Madrid y a nuevas infraestructuras como el Paso Territorial Norte. La operación, gestionada entre los diferentes propietarios de terrenos, requería un Plan Parcial para ordenar los usos globales previstos en el PGOU. Un documento que, por ley, tiene que ser aprobado por Urbanismo.

¿El problema surge entonces porque Ikea no cabe en estos terrenos? No. Ni de lejos. Otra cosa es que políticamente ahora se quiera contar así. La verdad –documental, además– es que el Plan Parcial presentado por los propietarios intenta alterar, por la vía de los hechos consumados, el PGOU para conseguir más aprovechamientos lucrativos de los permitidos.

Que no son pocos, por otra parte: el libro urbano de Sevilla tolera que hasta un 49% de toda la edificabilidad global –219.574 metros cuadrados de techo– sea destinada a una gran superficie comercial. Ikea, por tanto, no sólo cabe en San Nicolás Oeste, sino que podría crear hasta 4,6 parcelas similares a las que la multinacional sueca ya tiene en Castilleja. Si el cómputo se hace sobre la zona estrictamente comercial (16.000 metros) las dudas se evaporan: Ikea puede hacer 6,7 tiendas idénticas a la que ya tiene.

¿De qué estamos hablando entonces? De una operación inmobiliaria particular en la que los propietarios de estos terrenos buscan una recalificación a la carta de 149.000 metros cuadrados de techo, superior exactamente en 41.409 metros al tope del PGOU, cosa que hasta ahora el nuevo gobierno local mantiene en secreto. Lo que se persigue con el cambio es facilitar el negocio inmobiliario de la multinacional sueca, que consiste en la venta del hipotético exceso de edificabilidad concedido –un regalo– a otros inversores privados.

La operación no encalla por un capricho político, sino porque no respeta el marco legal. De hecho, tiene dos informes técnicos negativos: uno de Aviación Civil, que desaconseja su desarrollo por colisionar con la huella de ruido del aeropuerto, y otro –el trascendente– del servicio de planeamiento de Urbanismo. Un técnico cualificado –un funcionario– es quien bloquea su tramitación por ser contraria al PGOU. Y expone un largo rosario de argumentos: la operación “desequilibra la distribución de usos del planeamiento urbanístico”, “altera conceptualmente la normativa vigente” y no “justifica” una superficie comercial de este tamaño.

Hay otras razones, casi ninguna fruto del azar o de una conspiración en contra de los empresarios: los propietarios de los terrenos –sostienen los técnicos– no han presentado un “estudio de tráfico e infraestructuras para justificar la viabilidad del uso [comercial]” y no contemplan la “cesión del aprovechamiento [urbanístico] resultante” de la recalificación, un punto clave expresamente recogido por la legislación.

En definitiva, los promotores sólo quieren más espacios comerciales pero sin “cumplir las reservas mínimas de sistemas generales de equipamientos e infraestructuras”. Los técnicos no tienen más opción que declarar “improcedente” su admisión por “alterar sustancialmente las determinaciones vinculantes del PGOU”.

Queda así demostrado que el encaje urbanístico del segundo Ikea no es un problema de voluntad, sino de respeto a la ley. Una ley que Zoido ha anunciado que va cambiar “en beneficio de los sevillanos”. Algo que, como mínimo, es discutible.

Gaesco 3, Urbanismo 0

Carlos Mármol | 25 de noviembre de 2010 a las 5:24

No hace falta ser marxista, con perdón, para entender el urbanismo en términos económicos. De plusvalía. Los promotores utilizan hace tiempo esta terminología. Tampoco es necesario ser un jurista especializado en las difíciles aguas del derecho urbanístico –en Andalucía el corpus legal abarca 91 normas distintas– para entender el acuerdo que ayer rubricaron, en el foro de la reunión anual de los constructores españoles, el Ayuntamiento y la patronal del sector, Gaesco.

Digámoslo en términos financieros: lo de ayer es un reconocimiento de deuda. Luego habrá que pagar. ¿Qué débito? El que el Ayuntamiento tiene con los promotores después de haber desviado a los proyectos estrella del alcalde todos los recursos que éstos pusieron para cohesionar la Sevilla de los próximos 15 años. No es raro que la Gerencia no diera el texto. Ni tampoco que intentase camuflarlo bajo el paraguas del Plan Impulsa. Se quería decir el qué. No el cómo. Gato encerrado.

Para los promotores el convenio es un éxito: confirma la mayor (el dinero que pagaron era para sus suelos, no para toda la ciudad), algo que estaba en discusión; tienen un escrito oficial que sostiene que no tendrán que poner más dinero y no evita la reclamación judicial de aquellas empresas que quieran judicializar el conflicto. El negociador de cámara, tan hábil como casi siempre, habló hasta envolver a su paisano. Las circunstancias ayudaban: determinados promotores habían advertido al entorno del alcalde –por cierto, ¿quién decidió desviar el dinero del PGOU?– que no habría denuncias, sino “querellas por estafa”. En la Alcaldía la idea de padecer otro frente judicial –con Mercasevilla en activo– daba pavor. Había que hacer algo. Y se ha hecho: un convenio que es la certificación de una culpa.

Algo, por otro lado, tan cristiano como la espada del rey San Fernando. El problema será para el sucesor. ¿Qué más da? Pagamos todos.

El síndrome de la hucha vacía

Carlos Mármol | 13 de julio de 2010 a las 12:30

Monteseirín aprovecha la fase final de su mandato para abrir el debate sobre la reforma del PGOU con la coartada de la crisis. La idea ahonda las diferencias con IU. El alcalde necesita dinero para camuflar los tiempos de dispendio.

Aceptar los inevitables cambios de ciclo, una constante vital, nunca fue su fuerte. Quizás por eso la salida de Monteseirín de la Alcaldía va camino de dejar abierta en canal una cuestión trascendente para la ciudad que, como todas las cosas importantes, es susceptible de una fecunda doble lectura.

Hace unos días, tras una conferencia del Plan Estratégico Sevilla 2020, el regidor reaccionó ante el alud de pésimos datos económicos que caían sobre las desfondadas espaldas de la economía sevillana anunciando que su gobierno estaba dispuesto a tratar de combatir el desempleo modificando el Plan General de Ordenación Urbana de Sevilla. El razonamiento no era demasiado elaborado.

Venía a ser algo así: si hace falta cambiar la ley –un Plan General es normativa vinculante– para atraer a las empresas que sean necesarias, se hará. No estamos para ponernos exquisitos. Monteseirín no dijo entonces los motivos de tan sorprendente propuesta, que resultaba a todas luces contradictoria con sus intensos años de defensa de un PGOU en el que encontró no sólo un discurso político que jamás tuvo, sino, sobre todo, los recursos para poner en pie casi todos los proyectos que glosarán, durante décadas, su paso por Plaza Nueva, la residencia del poder municipal.

No hubo, en todo caso, que esperar demasiado: apenas unos pocos días después se supo, de forma indirecta y lateral, que un grupo inversor que gestiona fondos de pensiones estaba interesado en construir en el Norte de la Isla de la Cartuja un complejo comercial y de ocio de 45.000 metros cuadrados. La operación se ha querido vincular además a la viabilidad de Isla Mágica –no hay que olvidar que ahora preside dicha entidad Luis Navarrete, su cuñado– para fortalecer la idea de que sería un importante revulsivo ante la crisis. Una manera de hacer lo que el alcalde siempre ha llamado “urbanismo social”.

Los antecedentes

Como debe ser norma del oficio de periodista sospechar de argumentos tan simplistas y buscarle, con la habitual vocación de impertinencia, los tres pies al gato, resulta que tras el sano ejercicio de refrescar la memoria el cronista se ha acordado de un proyecto, también visto inicialmente con buenos ojos por el Ayuntamiento, de cierta empresa que gestiona en Madrid los centros comerciales Xanadu y que quiso instalar una embajada similar y pareja junto a Isla Mágica. ¿Serán los mismos inversores con distinto collar?

El asunto tiene trayectoria. No es baladí. ¿Por qué? Pues porque en su día, cuando la ciudad –el poder político municipal– hizo su reflexión sobre qué hacer con el antiguo recinto de la Expo 92 desestimó abordar esta operación. ¿Motivos? No meter más presión comercial en una Cartuja, que, gracias al Plan General, ya iba a tener un gran centro comercial y de oficinas en su vértice Sur –Puerto Triana– y toda una serie de nuevos espacios comerciales que, distribuidos a lo largo del antiguo recinto de la Muestra Universal, podría gestionar en solitario Isla Mágica.

Esta última operación, cuyo objeto era reconvertir a la empresa gestora del parque temático en una inmobiliaria con sustento público, dado que su actividad principal no despegaba, supuso multiplicar la densidad urbana potencial en la Isla –cosa que los urbanistas veían bien– y, de paso, configurar cierta oferta complementaria a las necesidades de servicios del Parque Tecnológico. Sólo los usos residenciales –esenciales para entender el concepto de lo urbano– quedaron vetados de dicha propuesta. Tabú inexplicable.

Isla Mágica, hasta ahora, no ha desarrollado estos suelos terciarios. La recalificación global que se aprobó para ayudarla –junto a la singular operación de quita de su histórica deuda financiera– continúa pues virgen y mártir. ¿Y con este activo en el cajón se apadrina de golpe la idea de incrementar las zonas comerciales para hacer otro complejo comercial junto al río Guadalquivir? Extraña forma de recuperar la ribera fluvial. Un poco raro, ¿no?

SINDROME_HUCHA_VACIA_baja

En este punto no hay más remedio que citar a Lopera: “Mire usted. No es lo mismo tener un chalé en la Palmera que en la Cartuja”. Ésta fue la célebre frase que dijo el ex accionista mayoritario del Betis, aplicando su particular gramática parda, cuando le pidieron que trasladase el antiguo Villamarín al Estadio Olímpico. Por idéntico motivo, aunque, claro, con sus variantes, tampoco es igual tener las superficies terciarias dentro de la Isla que posicionadas junto al río y con vistas al Guadalquivir. Las cosas, en el negocio inmobiliario es sabido, valen más o menos según dónde estén y si cuentan con el camino legal despejado.

Torrijos no traga

Para contar con el sendero jurídico expedito, sin embargo, además de convencer a la consejería de Obras Públicas de la Junta de Andalucía –¿no está allí el ex edil de Urbanismo y delfín del alcalde, Alfonso Rodríguez Gómez de Celis?– hay que contar con una mayoría suficiente para aprobar el asunto en primera instancia. En el Pleno. Se impone aquí una duda: ¿Monteseirín hizo la propuesta en cuestión de reabrir el melón del PGOU en solitario o por casualidad forma parte de una estrategia conjunta de PSOE e IU?

Buceando en los silencios de la coalición de izquierdas se encuentra la respuesta. ¿Cuál? Pues que para variar, y eso que tienen un vicegerente en Urbanismo, no se habían enterado de la carga de profundidad de la sugerencia. En público, primero, hablaron poco. En privado, en cambio, una vez percibido el repentino interés del PSOE por alterar un Plan General que no tiene ni cuatro años, la cosa no ha gustado nada. Torrijos presume de no ser maximalista pero no va a tragar –igual que en su momento no hizo con Altadis– con cualquier cosa que venga con la coartada del empleo. Eso dice su gente. Con el tiempo se verá.

Las arcas vacías

La viabilidad de la iniciativa, sin el aval de IU, es pues difícil. Imposible. Acordar la cuestión con Zoido a meses para las municipales tampoco parece factible. ¿Para qué se mete el alcalde en el tramo final de su mandato en este jardín? ¿Cuestión de carácter o ansiedad por mostrar dotes de mando hasta el último día? Probablemente ambas cosas. Y otro factor más, nada menor: no queda ni un euro de los fondos que el Plan General recaudó para los sistemas e infraestructuras generales necesarios para impulsar los nuevos crecimientos urbanísticos de Sevilla. ¿Se han llevado el dinero? De momento, no lo parece.

Lo que sí ha hecho el PSOE ha sido distraerlo. Entiéndase bien: usarlo para aquello que no debía utilizarse. Poner todos los huevos en una o dos cestas y ponerse de lado. El dinero que los empresarios inmobiliarios pagaron en base a la célebre tasa Fustegueras se ha usado así en la Encarnación –en cantidad además mayúscula–, en la Alameda, para las reurbanizaciones de plazas, para las peatonalizaciones, en el fracasado Plan de Barrios y en otros asuntos varios.

¿Es ilegal? ¿No son acaso éstos sistemas generales? Si la visión de la ciudad es centrípeta –Sevilla es sólo el centro– la respuesta es afirmativa. Ahora bien, si se tiene una visión algo más real de la ciudad –la mayoría de la población de la capital vive extramuros, aunque la urbe oficial se mire siempre en el centro– más bien no. Peca de parcial.

Tanto si buscan seguir disparando con pólvora de rey como si quieren camuflar los excesos recientes siempre es lo mismo: pedir más dinero a los empresarios a cambio de pervertir el PGOU. La biblia deshojada por quien durante años ha jugado a ser su principal y –casi único– evangelista.

La herencia oculta

Carlos Mármol | 13 de julio de 2010 a las 12:22

El urbanismo sevillano, materia aparentemente árida pero tan sustancial en términos de dinero y poder como la discusión sobre el control de las cajas de ahorro, va camino de vivir un viraje que podría resumirse con una frase. De la tasa Fustegueras a la hipoteca Monteseirín. Evidentemente, subprime. Principio y fin del hermoso modelo de urbe vanguardista y sostenible que tanto han pregonado algunos al tiempo que agasajaban, como siempre, a la vieja Sevilla eterna.

Para explicar la vaina, que dirían en Colombia, es necesario usar un símil bancario. ¿Dónde está el dinero de los sistemas generales del Plan General? Los empresarios, a los que Fustegueras se lo sacó a cambio de recalificaciones urbanísticas, lo dejaron a plazo fijo en un banco llamado Urbanismo para que no se tocara hasta que llegara el momento de recuperar la vajilla.

Fustegueras es un genio: por primera vez en la historia de Sevilla ideó un sistema para que la ciudad no creciera de forma desequilibrada, a capricho, como siempre, de los dueños del suelo. Y además, por si las administraciones fallaban, logró que los capitalistas financiaran su idea. Mejor, imposible. El problema es que el gestor de esta herencia –las joyas de la abuela; salvo Tablada, la ciudad casi ha agotado su término municipal con este PGOU– ha decidido gastársela en caprichos. Algunos no están del todo mal. Incluso son razonables, como el nuevo bulevar de Bellavista. Otros, en cambio, parecen propios de alguien no sólo ambicioso, sino ciego.

Igual que el Plan General es el sustento intelectual –con adaptaciones y lecturas particulares– del modelo de ciudad del que tanta bandera ha hecho el alcalde, el Parasol es su cáncer: la célula imperfecta que se está tragando los organismos sanos e hipoteca gravemente la supervivencia económica de Sevilla, cuyos últimos recursos se han dilapidado de manera inaudita. Menuda herencia le espera al sucesor. Sea el que sea.

De ruina

Carlos Mármol | 6 de diciembre de 2009 a las 20:20

La grave situación financiera del Ayuntamiento de Sevilla, que ha decidido retrasar la presentación de sus presupuestos para 2010, pone en solfa la capacidad del gobierno local para administrar los recursos públicos.

Al final, casi todo en la vida termina siendo, de una manera u otra, un problema de cartera. Del vulgar dinero, que dirían los clásicos españoles. El dios más común. Algo así le sucede al Ayuntamiento de Sevilla, que esta semana ha decidido retrasar la presentación de sus cuentas para 2010 alegando que tiene que elaborar un plan de viabilidad a tres años que le permita salir del pozo económico en el que se encuentra. Casi todo el dinero previsto para inversiones se irá en cubrir el agujero financiero de Tussam. La mayor empresa de la ciudad –el Consistorio– dejará de invertir durante al menos un año. Puede que incluso más.

Se dirá –como se dice– que ésta es una situación normal. Previsible. La crisis económica obliga a las administraciones públicas, empresas privadas y ciudadanos a apretarse el cinturón –en algunos casos hasta ahogarse– para tratar de salir de la recesión. Vale. En el caso de Sevilla hay algunas singularidades notables. Esencialmente una: el Ayuntamiento hispalense, que sacó adelante hace apenas un mandato –en el año 2006– su nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), contaba hasta hace poco, gracias precisamente a este factor, con más recursos económicos disponibles que durante casi todos los periodos recientes de su historia.

El cabildo sevillano, como se le conoce históricamente, nunca fue excesivamente boyante. Vivía de las transferencias estatales y de lo que recaudaba anualmente de los ciudadanos –algunos– en concepto de tributos locales. Desde la reinstauración de la democracia nunca fue dado a las alegrías. La transformación de la ciudad acometida con motivo de la Exposición Universal de 1992 se pagó gracias a programas de los gobiernos central y autonómico o con fondos procedentes de la gestión del anterior Plan General de Ordenación.

En términos económicos, desde el fin de la Muestra Universal se ha ido, digamos, trampeando. Poco más. Háganse una idea: el volumen de inversiones ordinario en áreas como Urbanismo, en un ejercicio ordinario (2005), no llegaba ni a los 30 millones de euros. Con una única obra de cierta entidad –el bulevar de Bellavista, por poner un caso– se agotaba la hucha. Casi todo el dinero municipal se destina a gastos de personal y funcionamiento. En una parte, notable, heredados de la secular estructura consistorial; en otra, nada despreciable, fruto de la conveniencia política de los distintos regidores.

La era monteseirín

Monteseirín llegó a la Alcaldía en 1999 gracias al PA. Su primer mandato estuvo marcado por esta situación. No es raro que se sintiera estrecho de costuras. La coyuntura cambió a partir del segundo mandato: la revisión del PGOU –no hay máquina más potente a la hora de generar dinero que el urbanismo– permitió al gobierno local ingresar una ingente cantidad de dinero. Había fondos en metálico y avales bancarios. A estos recursos hay que añadir, en tiempos de la burbuja inmobiliaria, la enorme bolsa de patrimonio municipal de suelo procedente de la gestión urbanística ordinaria. Una magnífica herramienta política y de inversión al servicio del gobierno municipal.

DE ruina baja

Esta vía de autofinanciación, a sumar a los recursos ordinarios municipales, que durante todo este tipo no fueron escasos, han permitido que en estos años se pongan en marcha muchos de los proyectos de los que presume Monteseirín. La trascendencia de estos fondos urbanísticos no es sólo cuantitativa: el nuevo PGOU casi agotó el suelo del término municipal, salvo Tablada y alguna zona más. Los ingresos obtenidos gracias a él constituían una reserva económica clave para poder construir la nueva Sevilla y mejorar la ciudad existente, evitando que volvieran a producirse los graves desajustes producidos a lo largo de la historia urbana reciente de la ciudad. Desajustes que, como casi siempre ocurre, padecen esencialmente los barrios situados más allá de la ronda del Tamarguillo.

¿Qué ha ocurrido con este dinero?¿Dónde están los fondos de las recalificaciones? Ésta es la gran pregunta que nunca ha aclarado –ni aclarará– el gobierno local. Parte de estos recursos se derivaron –con autorización autonómica– a los dos grandes programas de inversión en barrios, cuyo grado de ejecución ilustra la capacidad de gestión del ejecutivo de Monteseirín. Desde el gobierno local se admite que son un auténtico desastre. Otra cantidad se utilizó en proyectos como la Encarnación –subvencionado a fondo perdido–, el tranvía –licitado por un empresa oficialmente en situación casi de quiebra, es de suponer que con permiso del interventor– y otras muchas muestras de grandeur.

El problema financiero del Consistorio no es sólo fruto de la coyuntura económica –caída de los ingresos estatales en 52 millones de euros o reducción del orden de un 35% en la recaudación tributaria ordinaria– sino de una determinada política. Antecedentes existen. Basta mirar los informes de fiscalización de la Cámara de Cuentas sobre la Diputación bajo la etapa de Monteseirín. Débitos crecientes y dinero sin justificar cuya falta quedó prescrita. Dada la conocida celeridad del organismo fiscalizador, no es de extrañar que esta innovadora gestión se repita en el Ayuntamiento. Se podrá apelar a la coyuntura lo que se quiera, pero lo cierto es que las causas de la ruina municipal están muy claras.