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Los ‘muertos’ no se tocan

Carlos Mármol | 22 de enero de 2012 a las 6:05

La crisis de los socialistas sevillanos, provocada por la decisión de la dirección regional del PSOE de copar manu militari la lista de los delegados al congreso federal, termina con una derrota disfrazada de empate.

La última guerra púnica de los socialistas sevillanos, la agrupación más importante de un PSOE menguante, ha sido la más violenta de cuantas se recuerdan por estos pagos, habituados desde antiguo a resolver con dagas brillantes, y de madrugada, los viejos conflictos familiares mientras se reivindica sin reparos el singular sentido meridional de la santa lealtad. Hoy te abrazo con ternura; mañana quizás te asesine por la espalda. Quién sabe. No es nada personal: sólo es política.

Desde 2004, cuando el aparato regional en pleno se rebeló contra la mayoría natural del PSOE de Sevilla, representada por José Caballos, con una vehemencia que era fruto del terror, más que de la valentía, no se había visto tanto calibre en las dentelladas. La historia ha vuelto a repetirse ahora, para estupor de los militantes a los que de verdad les duele el postrado presente de su viejo partido, durante toda esta intensa semana. Aunque con ciertas variantes en relación a aquel agrio congreso de hace ya casi ocho años.

Muchos actores han revivido las mismas escenas de entonces, pero con papeles distintos. Verdugos de antaño han pasado a ser víctimas repentinas, mientras otros sufrían un extraño dèja vu por persona interpuesta. Las circunstancias, de todas formas, son un poco diferentes. En 2004 había un elemento esencial que ya cada vez es más dudoso: una perspectiva real de seguir cerca del poder. Cosa que a setenta días de las próximas elecciones autonómicas no está nada clara. Ni de lejos.

La batalla de los delegados al congreso federal (que promete ser épico) terminó ayer a destiempo, con la tarde más que avanzada, el cuerpo cortado y un ceremonial con forma de pax armada. Lista única. Empate aparente. Sonrisas forzadas y un amargo sabor de boca después de una larga madrugada de ceniza en la que los principios de acuerdo se rompían sin pensar que, en la vida, a veces hay pulsos que aunque parezca que se están ganando en realidad se pierden. Sólo cabe disfrazarlos y esperar. El verdadero conflicto, que es mucho más profundo y tendrá sus inevitables réplicas inmediatas en las listas autonómicas, y en el panorama que se abrirá en función de lo que ocurra en el mes de marzo, recién ha comenzado. Será cruel.

El parte bélico es éste: todos los soldados, generales incluidos, están muertos. Pero, en realidad, ellos todavía no lo saben. La metáfora usada por uno de los principales actores de la tragicomedia socialista, el presidente de la Diputación Provincial, Fernando Rodríguez Villalobos, que habló de muertos (políticos) vivientes que aspiraban a resucitar, no pudo ser más certera. Al tiempo que inoportuna, porque en el PSOE sevillano casi nadie puede ya tirar la piedra sin esperar recibir, a su vez, una pedrada del contrario.

El congresillo socialista de ayer, en realidad, fue una misa vociferante de difuntos. Una verdadera puesta en abismo. Un velatorio con un finado (el propio PSOE) cuyo duelo parecía la tropa del libro (ahora también película) de Rafael Azcona. Los muertos no se tocan, nene.

Todo comenzó con una especie de golpe de estado. Fruto tanto de la inconsciencia como de la debilidad. La difícil situación interna del PSOE en Andalucía (conflictos en casi todas las demarcaciones provinciales) provocó que la batalla de Sevilla, que podía haberse diluido sin problemas, se transformara en una guerra a vida o muerte. A sangre. O se ganaba (por decreto) o no habría monedas suficientes que cambiar en el cambalache de talentos que será el inminente cónclave federal.

Los números, que no salían, precipitaron el conflicto e hicieron estallar una pugna en la que lo que se decidía no eran ya los enviados al congreso mayor, sino el propio control del partido en Sevilla (un cónclave ordinario por adelantado, sin que mediara convocatoria alguna), la mayoría política estable de la organización y, sólo por extensión, el posicionamiento oficial en el duelo Chacón/Rubalcaba. Por ese orden.

Como todas las guerras, incluso las caprichosas, requieren de algún tipo de argumento moral, al igual que las dictaduras suelen intentar dotar de cierta representatividad las imposiciones, la actual dirección regional recurrió a tres argumentos y a un ariete para dar la batalla. Las razones más o menos se resumen así: la mayoría de Sevilla debe copar toda la lista de los delegados al congreso federal, el actual secretario provincial (José Antonio Viera) está políticamente muerto por el escándalo de los ERES y quien no esté con San Vicente es que discute al presidente de la Junta, José Antonio Griñán, que, sorprendentemente, se precipitó al avispero del PSOE sevillano sin reparar en que su mayoría en Andalucía depende de esta agrupación provincial.

El ariete elegido era el más convincente: Villalobos, que ocupa un cargo honorífico en la ejecutiva provincial pero tiene en su mano la llave de las nóminas de cientos de militantes socialistas y asimilados. La Diputación Provincial. El mensaje estaba claro: se trataba de las cosas, cada vez más escasas, de comer. La ideología brillaba por su ausencia en todo el planteamiento de guerra.

La victoria, además, parecía segura a tenor del antecedente de 2004. Al final, hubo derrota (es de suponer que en buena medida debido a lo bronco del planteamiento de origen), aunque se disfrace de empate ajustado y la cosecha no se quiera remover en demasía para no minar todavía más la imagen del candidato a la reelección en la Junta, que se ha alineado con una parte del partido en Sevilla en detrimento de la contraria. Un error mayúsculo. Tanto como para lograr el inaudito milagro de convertir en aliados coyunturales (vieristas y minorías críticas) a los más antiguos enemigos. Realmente notable.
De humor negro.

¿Qué ha ocurrido? Pues que parece que el supuesto muerto decidió fenecer con cierta dignidad. Ya se sabe: cuando a uno ya no le queda casi nada que perder es cuando, paradójicamente, las victorias, o las derrotas honrosas, como se quiera llamar al resultado final, son más fáciles. Se puede arriesgar hasta el final. Uno quizás seguirá estando muerto sin saberlo pero, al menos, ganará el tiempo suficiente para elegir cómo será su propio entierro y, en su caso, hasta los herederos.

La fragmentación en dos del PSOE sevillano, episodio que ya avanzamos hace casi un año, en el mes de marzo de 2011, en una de estas vueltas de la noria, cuando el timón del partido en Sevilla no era todavía resultado de una disputa en campo abierto, sino soterrada, no va a dejar a nadie vivo si dentro de unas semanas se produce el posible derrumbe del Imperio Romano, que es San Telmo (Palacio). Todos los actores de la tragedia (para ellos) o de la comedia (para el PP) son difuntos previsibles: los críticos seguirán siendo minoría, los vieristas tendrán que asumir la rotunda erosión del escándalo de los ERES y los susanistas, si no salen bien del congreso federal y pierden las elecciones autonómicas, pueden llegar a convertirse en jóvenes cadáveres. Salvo Villalobos. Hasta Griñán, con su retórica autosuficiente, está invitado al entierro, que probablemente será en un camposanto yermo. Con el nuevo sol en su cénit.

Parece que durante esta semana de ira bíblica (varios de los personajes de la trama tienen barba de evangelistas), mientras los socialistas sevillanos se apuñalaban con estrépito para confeccionar una simple lista de nombres, nadie pensaba en los motivos del deceso que viene. Parte médico: la sociedad, preocupada por el paro, la debacle económica, la falta de futuro, el desastre cotidiano, dejó de prestar atención a la eterna función bélica del PSOE, que, en vez de lanzar un mensaje para capear la crisis sin renunciar a determinados valores, prefirió dedicarse al descabello mutuo.

Un mensaje glorioso a sólo unas semanas de ir a las urnas. Laus Deo.

La reconquista de los patriarcas

Carlos Mármol | 27 de noviembre de 2011 a las 6:05

El congreso federal de los socialistas en Sevilla dirimirá si el PSOE es capaz de renovarse tras la rotunda derrota electoral o volverá a estar bajo la tutela de los líderes históricos. El resultado condicionará los cónclaves regional y provincial.

La idea está hermosamente esbozada por Borges. Brevísimo epílogo del libro El hacedor. Dice así: “Un hombre se propone la tarea de dibujar el mundo. A lo largo de los años puebla un espacio con imágenes de provincias, reinos, montañas, bahías, naves, islas, peces, habitaciones, instrumentos, astros, caballos y personas. Antes de morir, descubre que ese paciente laberinto de líneas traza la imagen de su cara”.

A veces ocurre. Sobre todo tras las derrotas: uno busca comprender el porqué de las cosas y de pronto se topa en el camino con el reflejo de su propio rostro. La cara del mundo. La metáfora sirve para ilustrar el pozo en el que acaba de entrar, tras las últimas elecciones generales, el PSOE. Expulsado sin contemplaciones de las instituciones después de las dos últimas convocatorias electorales –municipales y generales– y con Andalucía, su último gran feudo, en peligro, los socialistas anuncian para febrero un congreso federal en Sevilla cuyo objeto es curarse las heridas con la designación de una nueva dirección política que, dado como están las cosas, quizás no sea tan nueva.

A priori, la organización política a la que los ciudadanos han encargado ejercer la oposición contra el nuevo poder, casi omnímodo, que las urnas otorgaron al PP pensaba entrar en su propia guerra púnica con sólo dos bandos claros: la vieja guardia, que representarían Rubalcaba, Chaves y casi todos los referentes del felipismo; y los herederos del zapaterismo, personificados en la figura de Carmen Chacón. Los primeros nunca se han ido del todo. Los segundos se han quemado –por su propia bisoñez, entre otras cosas– demasiado pronto. En apenas ocho años de gobierno.

La profunda sima del 20-N trastoca, sin embargo, este planteamiento a dos aguas. Rubalcaba, que aspira a controlar la organización pese a su batacazo en las urnas (su candidatura no tenía otro objetivo más que éste), parece estar siendo cuestionado –y con motivos– por los zapateristas, que no piensan pasar a la historia como los únicos responsables del hundimiento total del PSOE. Probablemente con parte de razón: la responsabilidad debería ser compartida –como compartido fue el poder– aunque en distinto grado.

El entorno de Chacón –la política es muy dada ahora al juego de los heterónimos de conveniencia, un recurso para desdecirse según las circunstancias de lo que se piensa– también ha visto seriamente recortadas sus aspiraciones tras los resultados en Cataluña. Otras posibles opciones se autodescartan. A la vista no se adivina ningún mirlo blanco. Parece pues que los socialistas no tendrán más remedio que optar, si no aparecen inesperados aspirantes, por dos proyectos fracasados en las urnas para reconstruirse. Paradójico.

Con independencia de lo que ocurra en dicho cónclave, situado peligrosamente a un mes escaso para las autonómicas, probablemente los comicios más dramáticos del ciclo electoral perpetuo en el que estamos, el panorama orgánico de los socialistas tiene por delante una etapa llena de incertidumbre. Zapatero dejará el poder orgánico en dos meses, pero quiere un congreso abierto, similar al que lo encumbró hace ahora once años. Los patriarcas abogan por capitanear un proceso de tutela –algo paternalista– que salve los únicos muebles que quedan en el políticamente ruinoso predio del PSOE. Quizás para reinventar sobre las esencias del pasado la próxima larga etapa política en la oposición. Regreso al préterito.

La cosa no deja de tener gracia. La candidatura de los socialistas al 20-N ya se configuró sobre la base de una sucesión extraña, anómala, antinatura: los abuelos desplazando a los nietos. La batalla orgánica se perfila ahora como el reverso de la clásica figura de la muerte del padre. En este caso estaríamos ya ante el entierro de los infantes. En ambos casos, una liza sangrienta, lo que confirma que la política es mucho peor que la vida. Max Weber: los sentimientos nobles, en política, no siempre engendran felicidad, sino desgracias. Uno empieza postulándose para cambiar el mundo y termina matando a quien tiene al lado para tratar de sustituirlo en el atrio. Los sueños utópicos terminan demasiadas veces en el barrizal.

Estos días veo a algunos ilustres socialistas argumentar su apoyo a Rubalcaba debido a la gravedad de la situación.“¿Cómo vamos a decirles ahora a los ciudadanos que quien hemos propuesto para dirigir el país no puede liderar el partido?”, se preguntan. El argumento es válido. Aunque para mí la respuesta aparece al volver la pregunta, como suele decirse, a pasiva: si los ciudadanos no han elegido a Rubalcaba como presidente del Gobierno su liderazgo en el PSOE parece, cuanto menos, discutible.

En realidad, el fondo de la cuestión es mucho más simple: hay que optar entre el patriarcado y la democracia. No hay más. La fragilidad política que les espera a los socialistas durante los próximos años parece inclinar la balanza en el primer sentido. Probablemente por el eterno miedo a la libertad, que incluye la posibilidad de equivocarse. Aunque la etapa política de Zapatero no ha quedado invalidada por cómo fue su llegada al poder –democrática–, sino sencillamente por su falta de coherencia. Los resultados políticos no anulan necesariamente el método de elección. Confundir ambas cosas es un recurso interesado.

Claro que, si hablamos de la lucha por el poder, el interés se da por supuesto. Como el valor en la milicia. Se presupone, aunque no siempre abunde. La batalla orgánica de febrero no será en realidad el fin, sino el principio. La renovación de la dirección política en el PSOE federal seguirá un camino descendente que pasa por Andalucía y por Sevilla.

En el ámbito regional, las espaldas están en lo alto: Griñán busca pactar una posición común con sus críticos, que son los chavistas. El presidente juega a dos bandas: elogia a Rubalcaba pero sin rehuir a Chacón. Por si acaso. Adscribirle directamente a uno de los dos contendientes es arriesgado. Tiene edad para ser uno de los patriarcas del PSOE –secundario en términos históricos– pero su poder en Andalucía se gestiona ahora a través de generaciones posteriores que padecen el mal que Baroja certificaba en su libro Juventud, egolatría. Todo hace indicar que al final apostará por Rubalcaba, pero tampoco es seguro. Veremos.

Seamos sinceros: en Andalucía el zapaterismo no ha existido nunca. En las sectas (políticas) nunca se vieron con buenos ojos las primarias. Igual que en Sevilla, aquí los bandos en disputa son mucho más heterogéneos: los contendientes son viejos conocidos, antiguos aliados –amigos cuyos vínculos se han roto por completo–, generaciones interpuestas (abuelos y nietos juntos) y la lectura electoral no estará clara hasta el mes de marzo. Puede ocurrir de todo.

Una cosa sí es segura: si los viejos patriarcas triunfan en Ferraz la ola, en esta ocasión, sí descenderá hacia el Sur. Con Zapatero no pasó de Despeñaperros. Lo hará con mentalidad de reconquista. Igual que cuando Fernando III, el rey castellano, entró en Sevilla llevando la espada que esta semana le ha tocado llevar a Zoido (PP).

En el PSOE de Sevilla es donde las cosas están más difusas. La actual dirección perdió las municipales en la capital pero ha aguantado el tipo –por la mínima– en las generales. Las autonómicas servirán para desempatar. Oposición al aparato existe, pero es débil y tampoco tiene demasiados motivos de orgullo: es corresponsable de la pérdida de la Alcaldía. ¿Se atraverán sus referentes a dar el gran paso? En solitario es poco probable. Barajan y esperan a ver qué ocurre con los abuelos. Si ganan, quizás. Si pierden, harán como Borges: mirar su propio rostro en el espejo.

El nuevo ‘cursus honorum’

Carlos Mármol | 20 de noviembre de 2011 a las 6:02

La probable victoria de Rajoy abrirá una nueva etapa política después de ocho años de gobiernos socialistas · Tras la ‘marea azul’ de las municipales, que ha tenido a Sevilla como epicentro, el PP gozará de un poder omnímodo.

La política es una moneda de dos caras. En el anverso acostumbran a situarse el poder, los honores, los privilegios, todos los valores asociados al triunfo (social)y, en demasiadas ocasiones, también la prevalencia económica. En el reverso, que es la parte que casi nunca se tiene en cuenta, pero que suele ser la más agria, están los sacrificios asociados al ejercicio de cualquier tipo de mando: la soledad, la responsabilidad, el sentido del deber moral, la capacidad para soportar las críticas ajenas y, al mismo tiempo, la fortaleza interior necesaria para asumir que nadie, salvo uno mismo, va a entender el sentido último de tus propias decisiones.

Las elecciones generales que hoy se celebran en España probablemente abrirán un nuevo ciclo político en el que –si se cumplen los pronósticos de todos los sondeos– el Partido Popular conseguirá alcanzar la Moncloa después de ocho años de oposición. Gracias al trascendental avance logrado en las todavía recientes elecciones locales y autonómicas, en las que Sevilla ha funcionado como símbolo (efímero) del cambio, disfrutará por primera vez de un poder casi omnímodo para aplicar su programa político. Una marea azul de la que, de momento, sólo se salvan Cataluña, el País Vasco y Andalucía.

Rajoy, que llegará al poder gracias al respaldo de las urnas, tiene por delante un misión imposible:evitar de forma urgente que el país sea intervenido –por los mercados financieros–, restablecer un mínimo de confianza social y crear cierto consenso público para poder abordar un urgente plan de regeneración de España, herida por la sangría de los cinco millones de parados, la corrupción que predomina en todas las administraciones públicas –incluidas las gobernadas por el PP; el PSOE no tiene la exclusiva de las irregularidades– y un tejido productivo débil, endogámico (al menos en el Sur) y más acostumbrado, salvo contadas excepciones, a poner la mano en lugar de generar ingresos y crear empleo de calidad.

Ninguno de estos retos, que son los que tienen abierta en canal a España, son fáciles de lograr. Requerirán tiempo –cosa que no tenemos– y mucho diálogo –algo a lo que no estamos acostumbrados–. Pero sobre todo necesitan un sentido mayúsculo del equilibrio. Las decisiones que irá tomando el nuevo Gobierno nos afectarán a todos –administraciones y ciudadanos– y servirán para averiguar si la democracia formal de la que disfrutamos todavía funciona para un país que ha cambiado –hemos naufragado desde el espejismo de la riqueza a la pobreza repentina– y que, a través de plataformas como el 15-M, reclama en la calle, de forma civilizada, profundos cambios que no coinciden precisamente con los que imponen los mercados financieros y tantas veces pregonan los dirigentes políticos. Especialmente los del PP.

La gran reforma, sin embargo, no podrá acometerla Rajoy en solitario por mucha mayoría absoluta que consiga hoy en las urnas. Se trata de la reformulación del propio modelo democrático. Algo para lo que necesita al resto de grupos políticos. Desde el primero hasta el último. Lo que está en juego en el nuevo paradigma político en el que ya vivimos, probablemente sin quererlo, no es puramente el juego de mayorías y minorías, ni la representatividad parlamentaria –asuntos que nadie discute–, sino la supervivencia de un modelo que sólo permite a los ciudadanos elegir cada cuatro años a unos políticos que cada vez son menos políticos (en el sentido clásico del término) y mucho más tecnócratas (dirigentes al servicio de causas mayores; siempre económicas). La actual crisis, junto a sus repercusiones continentales, siembra dudas sobre la vigencia de la vieja democracia griega. ¿Si mandan los mercados y éstos quitan y ponen a los gobiernos para qué votan los ciudadanos?

Si alguna lección están aprendiendo los españoles de la profunda tempestad –económica y moral– en la que braceamos desde hace ya cuatro años es que la política, el territorio común y público, no puede abandonarse en manos de nuestros representantes formales, que acostumbran a llegar al poder con un programa y, en demasiadas ocasiones, terminan aplicando una agenda diferente. Cosa que en Sevilla, por ejemplo, ha empezado a suceder en el caso del nuevo gobierno municipal del PP, más dedicado a cuestiones como la Copa Davis, o a seguir escudándose en la herencia recibida, que a la tarea de gobernar desde el primer minuto. La dialéctica civil forma parte de la sustancia de la política. Lo contrario es llamar democracia a un régimen político meramente formal. Válido pero insuficiente.

Zapatero, que hoy comenzará a ejercer como presidente en funciones hasta la toma de posesión del ganador del 20-M, llegó a la Moncloa prometiendo que bajo su mandato no habría recortes de índole social. La realidad es que, forzado por las circunstancias, ha acometido el mayor ajuste que ha conocido España en décadas. Una contradicción que probablemente deje a Rubalcaba con una representación de diputados escasa en comparación con la actual.

El PP, en caso de ganar hoy los comicios generales, tendrá que desvelar –con los hechos, no con palabras– su verdadero programa político. Una agenda de reformas (recortes, en realidad)en las que deberá elegir quién soportará, y en qué medida, las consecuencias inmediatas del doloroso proceso al que nos obliga la pertenencia al euro. En su mano está compensar los posibles sacrificios –en muchos casos injustos, pues lo sufrirán capas medias de la población que no provocaron la crisis– con ciertas compensaciones sociales, de forma que el peso de levantar al país no recaiga únicamente en los de siempre.

En pocas palabras, lo que se espera de Rajoy es cierto sentido de lo que los romanos denominaban officium. El deber moral que debe exigírsele a cualquier gobernante, empezando por los de ámbito municipal. Es curioso contemplar los principios rectores de la legislación clásica sobre el gobierno municipal –la política nace en las ciudades– y ver cómo, siendo un sistema oligárgico, nada democrático en realidad, está lleno de sentido común. De una sabiduría que, en nuestro caso, hemos perdido por completo. No tanto porque no figure en los corpus legales, sino porque en la práctica ha dejado de aplicarse. Y de exigirse. Cosa que explica el relativismo moral que en política –la vida privada es otra cosa– impera en nuestros días.

Los políticos romanos tenían que pasar (en época republicana) por las diferentes estaciones de un cursus honorum. Ninguno accedía al poder –por mínimo que éste fuera– sin cierta experiencia (buena y mala; la segunda ayuda más que la primera). Lo trascendente, sin embargo, no es esta exigencia, que si se impusiera en el seno de todos los partidos políticos mejoraría sustancialmente la calidad de nuestra democracia, sino las cautelas de índole económica que el sistema romano establecía para quienes ejercían el gobierno y, por tanto, manejaban fondos públicos.

A todos ellos se les reclamaba una fianza patrimonial –en forma de aval o propiedades inmobiliarias propias– para impedir que su gestión causara un quebranto al erario común que no pudiera ser recuperado a posteriori. Una caución que, al tiempo que disuadía a los políticos de tentaciones inconfesables, reducía el ejercicio de la política sólo a las clases más pudientes, el ordo de la oligarquía. Un estamento endogámico y elitista.

En nuestros días el ejercicio de la política está –teóricamente– abierto a todos. Sin condiciones. Afortunadamente, la representación pública ya no depende del patrimonio ni de la cuna, sino de los votos. ¿Sólo de los votos? Aún no hemos perjurado del mismo mal que había en el imperio:los candidatos de las listas electorales siguen pasando por el filtro de los partidos, igual que los decuriones romanos elegían a sus sucesores en el senatus local, en lugar de concurrir en listas abiertas. No somos Roma. Pero, en ocasiones, se echa de menos algo de su sentido del equilibrio –exigir dignidad y mayores sacrificios a quien es el encargado de tomar decisiones– a la hora de elegir a nuestra clase política, cuyos errores están condenados a pagar siempre los ciudadanos.

Las corporaciones galdosianas

Carlos Mármol | 21 de agosto de 2011 a las 6:10

Los socialistas resucitan el debate sobre las diputaciones después de que las elecciones del 22-M les hayan dejado sin poder local. La propuesta, a la que ahora se opone el PP, enciende todas las alarmas en el ‘aparato provincial’.

No sé si lo han notado. Pero la década recién estrenada –el segundo decenio del siglo XXI, con todos sus desastres económicos y morales circundantes– tiene a veces la extraña apariencia de ser algo así como una reproducción, con variantes, pero bastante fiel, de la etapa decimonónica de la restauración borbónica, que, como es sabido, terminó con la pérdida de las últimas colonias españolas de ultramar y la dictadura de Miguel Primo de Rivera.

Las diferencias, aparentemente grandes, en realidad no lo son tanto. Sólo de matiz: ahora vivimos en el autonomismo militante en lugar de prisioneros del centralismo;y usamos la tecnología en lugar de aquellas misivas lacradas en las que a uno le comunicaban su cese inapelable. Por lo demás, casi todo se parece bastante.

España vive un bipartidismo semejante al de entonces –con la alternacia en el Gobierno de las dos grandes fuerzas políticas, sin cuestionamiento alguno del sistema liberal imperante– y la calle empieza a llenarse, sobre todo tras las últimas elecciones del 22-M y dado el augurio de las últimas encuestas para las dos próximas convocatorias electorales, de cesantes modernos a los que un giro repentino del gobierno les va a cambiar la vida. Probablemente para peor.

También están los del 15-M, que son como los obreros contestatarios de entonces. Con la diferencia de que ahora nadie se considera ya un proletariado. Todo lo más, un indignado.

El ambiente de aquella época histórica, tan similar a la actual, lo contó magníficamente Galdós –un escritor al que, como todos los genios que trabajaban, nunca se le ha valorado lo suficiente; aquí lo que funciona es el compadreo– en una novela notable que se llama Miau, en la que se cuenta la (triste) historia de Ramón Villaamil, un viejo tigre, funcionario, al que dos meses antes de la jubilación le destituyen de su puesto en el ministerio.

La vida le da entonces un vuelco (siniestro) que termina llevándolo al suicidio. El relato retrata magistralmente del cinismo social imperante (vigente aún) y muestra la extraordinaria capacidad española (y sevillana) para practicar la crueldad más abyecta, que es la que se ejerce, sin riesgo, contra el débil, nunca contra el poderoso. Una elección que ya define para siempre a las personas.

En este contexto de paralelismos históricos, los socialistas, que cada día que pasa tienen más cartas para convertirse en los nuevos cesantes galdosianos –aunque con Ipad, en lugar de con los viejos cuadernos de contabilidad de los negociados administrativos– han declarado que ya es hora de reformar el mapa de la función pública –por la falta de dinero– y que lo más conveniente es disolver las diputaciones. Su argumento esencial: son administraciones decimonómicas.

Rubalcaba, el cabeza de lista del PSOE a la Moncloa, designado para tratar de atenuar la previsible derrota de noviembre, parece así dar un paso firme en una dirección que, paradójicamente, su mismo partido político ha estado evitando durante las últimas décadas. Porque la pregunta es evidente: ¿qué mayoría política es la que ha desarrollado el esqueleto de la administración pública en España?

La propuesta de los socialistas, que ahora centra la agenda política nacional, a falta de algo mejor, se produce después de que hayan perdido los dominios de los que disfrutaron durante años tras el nefasto 22-M. El poder local del PSOE ha quedado circunscrito a ayuntamientos de la entidad del de Cuenca o Dos Hermanas. Diputaciones han retenido sólo ocho (tres de ellas andaluzas) tras el espectacular tsunami azul de las últimas municipales. Ya lo dijo alguien:no hay como perder el poder para empezar a pensar con cierta libertad. Sin confundir el criterio con los intereses.

Rubalcaba ha dicho lo que todo el mundo sabía pero nadie quería reconocer: que las diputaciones se pueden eliminar sin problemas para ahorrar dinero. El PP, tan partidario de recortar el frondoso árbol de los organismos públicos cuando le son ajenos, ha reaccionado descartando de plano la extinción de las corporaciones y planteando un pacto global de reforma de la administración pública. Probablemente el hecho de gobernar ahora en 24 corporaciones provinciales, además de en casi todos los gobiernos autonómicos, tenga bastante que ver con esta prudencia repentina. ¿Qué partido político va a aceptar la necesidad de perder sus nuevas plataformas institucionales?

Con independencia de la discusión política –interesada, sesgada, poco objetiva– lo que habría que preguntarse quizás es por el fondo íntimo de la cuestión. ¿De verdad sobran las diputaciones? ¿Qué tiene que ver el hecho de ser instituciones creadas en el siglo XIX con su operatividad? ¿Son acaso más eficaces las autonomías por el hecho de ser mucho más recientes?

Como ocurre en casi todas las controversias oportunistas, casi nadie pone los datos necesarios encima de la mesa para que cada uno pueda formarse su propia opinión. Sólo se exponen dogmas y se corean lemas. Es cierto que las corporaciones provinciales, creadas por ley en 1845 sobre la unidad administrativa que los españoles copiamos de los franceses, han quedado encajonadas entre los municipios –la unidad política básica– y las autonomías, verdaderos monstruos a los que curiosamente nadie se atreve a cuestionar.

Llamativo: la mayoría del déficit público lo generan los gobiernos regionales y sus innumerables organismos autónomos. Una red de poder clientelar que no distingue –basta comparar Valencia con Andalucía– de siglas políticas concretas, sino que sólo entiende el ejercicio de los mecanismos más primarios del poder.

Casi todos los políticos socialistas han salido estos días a respaldar la idea de Rubalcaba. Con dos excepciones: Griñán y Villalobos. En el primer caso es comprensible: el presidente de la Junta firmó hace apenas un año una ley de autonomía local que salvaba de la extinción a las diputaciones. Hubiera sido contradictorio decir ahora lo contrario a pesar de las voces internas que quieren ver locura donde sólo hay coherencia.

En el caso del presidente de la Diputación de Sevilla (también presidente del PSOE provincial) la cuestión es más bien biológica:no se le puede pedir que reivindique su propio deceso. Nadie quiere ser el personaje de la novela de Galdós. En el seno del aparato del PSOE de Sevilla, además, la ocurrencia de Rubalcaba ha hecho saltar las alarmas:la diputación sevillana es el último reducto institucional de poder que le ha quedado a los socialistas tras el avance del PP en las ciudades medias y en muchos los ayuntamientos. Una aldea gala frente al avance de los romanos.

Es obvio que todos los intereses en juego impiden que la discusión sea neutral. Acaso por eso no se repara en que las diputaciones, pese a su condición de cementerio de elefantes, ventanilla de subvenciones y casino de favores (vicios de los que, por cierto, no tienen la exclusiva), también hacen una tarea que, a nivel territorial, ahora mismo no ejercen ni los ayuntamientos (sería más lógico fusionar los más pequeños) ni la Junta de Andalucía, mastodóntica estructura que, por ejemplo, descarga en muchos consistorios –Sevilla es un ejemplo– tareas como la construcción de ambulatorios sin que por eso nadie ponga en cuestión no ya su existencia, sino su utilidad.

Hacen falta cifras objetivas para poder discutir. E independencia de criterio. ¿Qué nos cuesta más?¿Los sueldos de los diputados provinciales o los de los parlamentarios regionales y los senadores? Todos votan por consigna. Unos son elegidos por los ciudadanos. Otros, por los partidos. ¿Qué es más útil?¿Mantener servicios públicos eficaces o ciertos virreinatos autonómicos?

Quizás sobren las Diputaciones. Puede ser. Pero también sobran los motivos para que los políticos, al discutir estas cuestiones, piensen, por una vez, en los ciudadanos en lugar de en sus propios intereses. Algo difícil. Prácticamente imposible. Ya nos lo enseñó Galdós.