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San Petersburgo: efectos secundarios

Carlos Mármol | 29 de junio de 2012 a las 6:05

Las promesas que Zoido ha hecho ante el Comité Mundial de Patrimonio de la Unesco necesitan el visto bueno de la Junta, implican cambios urbanísticos y, en ciertos casos, podrían obligar a pagar indemnizaciones a terceros.

La frase de moda dice que el demonio está en los detalles. En las hipotecas. En los seguros. En los contratos. También en los compromisos políticos que se adquieren ante las instituciones internacionales. Si aplicamos el principio de ver la letra pequeña de las cosas, costumbre que aconsejan la prudencia y la experiencia, a la teórica victoria que el Ayuntamiento de Sevilla insiste en haber conseguido esta semana en la cita de San Petersburgo habría que aplicarle algunos atenuantes . Quizás demasiados.

La supuesta gesta se asemeja mucho más a un acto de piedad. Según el relato del Ayuntamiento, los argumentos que hicieron que el dedo de la Unesco se levantara hacia arriba –como una torre– en lugar de hacia abajo son como una réplica de las arquitecturas efímeras que en el Siglo de Oro se levantaban en las ágoras sevillanas para disimular la realidad. Digámoslo de forma coloquial: son unos excelentes argumentos retóricos, pero a efectos prácticos no sirven de casi nada. Vayamos despacio. Por partes.

En primer lugar hay que analizar el relato municipal de la victoria. La historia oficial. Según esta versión –cuya fuente es única y es imposible contrastar hasta ver la redacción final del acta de la Unesco–, Sevilla no ha perdido el sello patrimonial de sus tres grandes monumentos –Catedral, Alcázar y Lonja– porque Juan Ignacio Zoido, apoyado por el Gobierno de Mariano Rajoy, se empleó a fondo ante el sanedrín patrimonial.

Los juglares nos cuentan que a pesar de que la posición de partida era muy difícil –en los relatos épicos siempre es bueno resaltar las dificultades del héroe para que su victoria sea más egregia– las razones que puso encima de la mesa el alcalde terminaron al punto por convencer a la Unesco, incluso a pesar de la dura postura (los enemigos en la narración mítica deben ser sólidos) de Alemania.

¿Cuáles son estos argumentos? ¿Cómo han sido capaces de obrar el prodigio? Sustancialmente son dos. Primero: ampliar la protección del patrimonio histórico en Sevilla. Dos:evitar que nuevos edificios en altura puedan verse desde la zona monumental. Al acto de contrición, que es en lo que consistió la intervención de Zoido, que primero prometió parar la torre y ha terminado defendiéndola, siguió una amplificatio involuntaria: el alcalde hasta está dispuesto a que Sevilla acoja un “congreso doctrinal” sobre cómo combinar el paisaje con el patrimonio. Algo de lo que sabemos mucho en esta ciudad. A la vista está.

Hasta aquí la versión oficial, que vende como logro lo que es una excepción política. La Unesco llegó a su reunión con una resolución en contra de la Torre Pelli y en esa misma asamblea castigó a la ciudad de Liverpool. Las gestiones del alcalde han logrado que nos perdonen la vida –durante un año más– pero el motivo, desde luego, no parecen ser los argumentos oficiales. Ni mucho menos. Sobre todo porque son bastante discutibles.

En primer término hay que aclarar una cuestión clave para enjuiciar el argumentario:la Torre Pelli existe no porque Sevilla carezca de un sistema de protección patrimonial o este edificio lo haya violado, sino pese a ambos factores. Nuestro corpus patrimonial rige desde hace casi medio siglo y ha sido desarrollado durante más de dos décadas. Lo único que pasa es que la torre de la discordia está fuera de su ámbito jurídico, no dentro. ¿Es un mérito prometer que se hará lo que ya se tiene? Como demuestra justamente el polémico rascacielos, esto no afecta al fondo. Es tangencial.

El Conjunto Histórico de Sevilla fue declarado por decreto en 1964. Fue objeto de una ampliación iniciada en 1982 que no culminó hasta 1990. El Ayuntamiento no ha explicado aún si su compromiso significa incrementar la superficie de su ámbito legal o, por el contrario, se limitará sólo a mejorar las normas existentes dentro del perímetro ya establecido. En cualquier caso, el cumplimiento de ambas cuestiones no es de índole municipal.

Es la Junta de Andalucía, que tiene las competencias en la materia, quien deberá resolver el asunto. Lo que significa que para que Zoido pueda cumplir su palabra ante la Unesco –en cualquiera de los dos sentidos antes mencionados– debe contar con un acuerdo marco con la administración regional, a la que precisamente acusa de bloquearle proyectos –la Alameda, la Gavidia– y cuya ausencia en el examen de San Petersburgo es enjuiciada por la Alcaldía como un acto hostil hacia Sevilla.

Si la opción pasa por ampliar el actual límite de la Sevilla histórica para incluir a la Cartuja en su totalidad, dicho cambio afectaría a la licencia de la torre, que habría que revisar y, en su caso, adaptar mediante el pago de una indemnización a la que Zoido se ha negado antes de ir a la Unesco. Una locura. Si lo que el Consistorio ha prometido es que el ámbito administrativo de la Sevilla monumental contará con un marco de protección patrimonial suficiente estamos ante un argumento descontado. Toda esta normativa ya existe.

De los 27 sectores en los que se divide el Conjunto Histórico casi todos cuentan con planes de protección convalidados, además de con catálogos que controlan las operaciones inmobiliarias en el caserío histórico. Los grandes monumentos cuentan con su propia normativa específica, que no requiere de más planes más concretos. Es mucho más estricta. De donde se concluye: prometer lo que ya existe es un sacrificio que no es sacrificio.

¿Cómo ha podido levantarse entonces la torre? Porque está fuera de este ámbito en el que manda la normativa patrimonial. A las puertas del centro, pero fuera de la línea administrativa, que se queda en la orilla de la dársena, con la única excepción del Monasterio de Santa María de las Cuevas. La legislación válida fuera de la Sevilla histórica es la ordinaria. Es la que se ha aplicado a la Torre Pelli, cuya licencia es legal. Tanto una como otra están recogidas en el Plan General de Sevilla, puesto en cuestión de forma obsesiva por el propio gobierno local.

Aquí llegamos al supuesto segundo gran compromiso: que no se construyan más edificios en altura en Sevilla. De entrada, en dicha promesa late una contradicción. ¿Si la Torre Pelli no debe repetirse por qué entonces la defiende Zoido ante la Unesco? Dicho de otra manera: ¿Si defendemos a los promotores de este edificio por qué no vamos a hacer lo mismo con todos los demás? Consciente del aprieto, el Gobierno central acuñó ante la Unesco un singular concepto: “el impacto no directo”. Una expresión que es intrísecamente imposible. Un edificio tiene impacto o no lo tiene. Punto.

Esta promesa también tiene sus problemas. ¿Puede cumplirla el alcalde? Depende. En esta cuestión, igual que en otras de índole urbanística, lo trascendente no es la mayoría, sino la ley. Los problemas son dos. Primero, el cauce:el Consistorio tendría que cambiar fichas urbanísticas y ordenanzas del PGOU. La última palabra no es suya, sino de la Junta.

Esto es lo de menos: lo sustantivo es que si decide recortar la edificabilidad a otros dueños de terrenos con el derecho reconocido a construir edificios en altura tendrá que indemnizarles por tal quebranto. Da igual que tengan o no licencia. Su seguridad jurídica está amparada por el PGOU, que consolida derechos de terceros. Si éstos se ven mermados (aplicándoles de forma arbitraria un patrón opuesto a la Torre Pelli), deberán ser compensados. No es raro que Zoido empezara ayer a autoenmendarse.

¿Cuánto cuesta dicha ocurrencia? Aún es un misterio. Tampoco se conoce el número de propietarios afectados, ya que Zoido no ha aclarado aún cuál será su criterio para limitar la altura de los edificios en el entorno histórico. Empresas potencialmente afectas ya tienen proyectos en marcha. Otras podrían negociar otras tipologías si no se reduce su edificabilidad global, aunque esto no depende de la voluntad de las partes, sino del tamaño de las parcelas. En ciertos casos, no hay margen, lo que implica que habrá que pagarles o enfrentarse a juicios.

Las promesas de San Petersburgo tienen pues sus efectos secundarios. No existen las guerras sin daños colaterales. Ni hay victorias neutras. Y al hombre lo duermen con cuentos (León Felipe).