La Noria » urbanismo

Archivos para el tag ‘urbanismo’

Urbanismo pluscuamperfecto

Carlos Mármol | 28 de octubre de 2012 a las 6:15

La recalificación del entorno urbano del Estadio de la Isla de la Cartuja es un ejemplo de ‘la eficacia’ del gobierno municipal en asuntos urbanísticos: un expediente que no se sostiene unido a una media verdad.

Hay quien piensa que un buen sistema para ocultar las carencias es dar gritos. Hacer un alarde para distraer la atención. Puede ser. En cualquier caso, éste es el sendero que ha elegido para el presente el gobierno municipal del PP, cuya extraordinaria mayoría en el Pleno –20 ediles tiene– parece ser proporcional a su falta de solvencia política. Especialmente en las lides urbanísticas. El alfa y omega de la política municipal. Una pena. Una triste realidad.

Estos días repaso la prensa atrasada –dicen no hay nada más antiguo que un periódico (de ayer)– después de un largo paréntesis. Al hacer el obligado escrutinio otoñal encuentro una extraña sucesión de golpes de efecto, en su mayoría fallidos, impulsados con vehemencia por el habitual equipo de guardia de la Alcaldía, que da la impresión de haber volcado sus energías en la delegación más problemática, donde sigue estando, tan rotunda como evidente, la misma piedra con la que desde hace ya dos años no deja de tropezar el alcalde.

El rosario tiene las cuentas muy claras. Las enumero. En el último mes el PP ha puesto al borde del fracaso al estratégico proyecto cultural del CaixaForum con un cambio de criterio inexplicable y caprichoso. Ha recibido un sonoro tirón de orejas en público por parte de la patronal sevillana por subir casi todos los impuestos. Comienza ya a escribir el preámbulo del gigantesco ajuste que viene y que no ha empezado todavía a vislumbrarse en toda su extensión: Sevilla Global ya no existe, Giralda TV va camino de la disolución. De colofón, según cuentan ciertas voces oficiales, ha hecho una recalificación como un estadio. La del coliseo de la Cartuja, que el viernes ratificó el Pleno.

El ‘episodio Decathlon’. Sobre esta cuestión merece la pena detenerse. Los exégetas del alcalde nos la transmitieron con tono marcial: “He dado las instrucciones oportunas para que se cambie el PGOU”, dijo el regidor. La versión oficial afirma que con la operación se busca que Sevilla no pierda inversores por culpa del marco urbanístico vigente. No es cierto. Aunque eso a ellos se ve que les importa poco. Nada. En su lógica política la verdad ha pasado a ser algo contingente.

Zoido acaso no ansíe con este nuevo movimiento más que otro argumento interesado en su perpetua estrategia de confrontación con la Junta. En caso contrario no se explica bien ni el fondo ni la forma elegidos. Francamente, la eterna canción del victimismo municipal cansa. Los ciudadanos tienen otras cosas que atender. La esencial: tratar de seguir vivos en el enorme océano de amargura en el que se está convirtiendo la vida diaria. En la Alcaldía parecen haber dejado de reparar en la rotunda postración por la que pasan miles de sevillanos y continúan vendiéndonos el libro de siempre: el superhombre contra los diablillos rojos de San Telmo. En fin.

En honor a la verdad, el único principio al que se debe un periodista, habría que decir que el episodio de Decathlon no es sino una muestra más del sentido de la eficacia de Plaza Nueva: es un expediente urbanístico que no se tiene en pie y que tan sólo persigue armar un relato político sesgado sustentado en una media verdad. Algo casi peor que una mentira.

La historia ya la publicó –en exclusiva– este diario. El equipo de gobierno del PP ha estado durante muchos meses dando un trato dispar y caprichoso a los inversores privados interesados en desarrollar proyectos inmobiliarios en Sevilla en función de quién fuera el promotor, no de pautas técnicas, objetivas y expresas. Mientras en el caso del aparcamiento de la Alameda o la recalificación de la Gavidia modificaba el Plan General sin más miramientos, a Decathlon, una empresa que quería abrir una gran superficie comercial junto al estadio de la Cartuja, le cerraron las puertas. El hecho resultaba contradictorio con el discurso público de la Alcaldía. No les importó demasiado. ¿Quién se iba a enterar?

Su actitud sólo se entiende debido a la competencia que existía entre la iniciativa de esta firma y el proyecto virtual de nuevo pabellón deportivo de la Federación Española de Baloncesto, después fallido. Dado que el alcalde es aficionado a ejercer de promotor deportivo, en las caracolas le dijeron a los de Decathlon que lo suyo no sólo no podía ser, sino que era imposible. Dos veces. En reuniones documentadas. En la sorprendente falta de interés del Ayuntamiento pesó también otro hecho: la recalificación del estadio de la Cartuja sólo beneficiaba a la Junta de Andalucía, gestora del recinto deportivo, con quien Decathlon tenía suscrita una concesión económica.

Al equipo municipal no le gustó nada verse retratado en esta suerte de urbanismo reversible. Es lógico. No salían bien. Lo inaudito es que apenas unos meses después quienes dejaron morir un proyecto que hubiera sido relativamente viable con determinados cambios quieran aparecer como salvadores de la patria. Justo ahora, cuando la compañía de artículos deportivos ya ha desistido de su iniciativa dada la respuesta oficial del Consistorio.

Zoido obvió al comunicar su marcial decisión todos estos antecedentes –molestos para el discurso del Ayuntamiento– y, como suele ser recurrente, culpó al anterior gobierno local de todo. Hasta de la guerra de Troya. Es el disco habitual: traspasar las responsabilidades propias a los demás se ha convertido en una insana costumbre en el PP. También lo hizo el concejal de Urbanismo, Maximiliano Vílchez, después de poner a la Caixa al borde de renunciar a la rehabilitación de las Atarazanas al culpar a la entidad financiera de hacer las cosas tarde y mal. Cosa que no deja de ser sorprendente si se tiene en cuenta que fue el propio gobierno del PP –ningún otro– quien dijo por escrito que este proyecto era totalmente viable sin necesidad de un plan especial.

La recalificación. Si se analiza el expediente de la recalificación del Estadio Olímpico –una parcela exterior, en realidad–, se verá que estamos ante un ejemplo de aquella excelencia suiza que nos prometió en campaña el regidor. El Consistorio va a modificar una normativa de aplicación general para dar cobijo exclusivamente a una hipotética situación particular cuyo promotor es inexistente. Una heroicidad. La fórmula no sólo es extraña, sino ilegal. Y lo es porque la figura jurídica en la que se sustenta –la reserva de dispensación– ha sido tumbada en los tribunales. El motivo: un Ayuntamiento no puede cambiar una norma general para satisfacer un interés parcial. De hacerse, el cambio debería alcanzar también a todos los otros propietarios de suelo en idéntica situación. Esperaremos a que el Consultivo se lo explique.

No es la única paradoja. Al tomar este singular sendero urbanístico, a quien realmente perjudica Zoido es al propio Ayuntamiento. Y lo hace además para beneficiar a la Junta. ¿No me creen? Es obvio: el Estadio verá incrementado automáticamente su valor patrimonial gracias a este urbanismo a la carta mientras el Consistorio, que es el titular registral de la mayoría de dotaciones deportivas de Sevilla, no porque todas ellas quedan excluidas de la nueva norma. Extraña forma de velar por los intereses públicos.

La operación además no soluciona nada. Y no permitirá la implantación de una gran superficie en el coliseo deportivo. El PP ha optado por modificar un artículo equivocado  –el 6.6.11 de las normas del PGOU– sin reparar en que en 2010 se modificó otro –el número 6.5.39– que sigue impidiendo legalizar “grandes superficies comerciales en suelo urbano consolidado”. Sólo es posible en terrenos urbanizables. El Estadio está en territorio urbano.

Vílchez dijo en el Pleno: “El PGOU no es infalible, ni perfecto, ni intocable”. Podría discutirse. De lo que ya no nos cabe  duda es de que al gobierno del PP le ocurre lo mismo. Ni es infalible, ni perfecto, ni intocable. Más bien parece un perfecto desastre. A pesar de su piadosa costumbre de creerse pluscuamperfecto. Laus Deo.

Hadid, la austeridad caprichosa

Carlos Mármol | 9 de septiembre de 2012 a las 6:15

La arquitecta internacional califica de “escandaloso” el derribo de su biblioteca central para la Universidad, un edificio concebido como un meteorito en un espacio verde, El Prado, recuperado con fondos europeos.

A juzgar por la notable repercusión que esta semana han tenido las palabras de la famosa arquitecta Zaha Hadid sobre la destrucción de la biblioteca del Prado de San Sebastián, cualquiera diría que tras oír su firme anatema sobre Sevilla deberíamos rasgarnos las vestiduras. Pecado mortal.

La autora de la efímera mediateca de la Hispalense, un esqueleto de hormigón e hierro que apenas si logró levantarse pocos unos metros del suelo, calificó de “escandalosa” la eliminación de la cimentación de este inmueble, que ha quedado definitivamente fuera de planeamiento por una decisión firme de los tribunales de justicia. Hadid sostiene que cumplir esta orden judicial es un caso evidente de mala utilización de los recursos públicos. “No conozco los detalles; quizás alguien cometió un error; no tengo ni idea de la historia completa, pero en las actuales circunstancias, cuando España está pasando por serios problemas financieros, demoler un edificio que ya se está construyendo cuesta dinero y es simplemente inaceptable”.

Es una opinión lícita, desde luego. Sobre todo porque la viabilidad de dicho proyecto significaba un próspero negocio para su estudio de arquitectura, uno de los más importantes y caros del mundo. Y, sin embargo, no deja de resultar paradójico que una de las autoras más representativas de la excesiva y vacía arquitectura efectista que hasta hace sólo unos pocos años ha poblado de forma compulsiva, con los mismos iconos en serie, una buena parte de las urbes europeas, americanas y asiáticas se permita el lujo de darnos lecciones de austeridad. Precisamente en este momento.

El culto a la vanidad. Una cosa sí es cierta: el proyecto de Hadid ha sido un quebranto para las arcas públicas. Aunque el derribo tan sólo es la última parte de la enorme factura. El dispendio comenzó el día que la Universidad abrazó sin prudencia alguna la aspiración del anterior alcalde –Monteseirín– de levantar un hito fotogénico sobre un jardín público. Un sitio que no era precisamente el más indicado para correr determinados riesgos. Si la biblioteca se hubiera construido en cualquier otro lugar –Los Gordales, por poner un caso, cuyo destino antes o después debe ser un campus universitario– estaría funcionando sin problemas y sin haber generado demasiada polémica. Las intenciones, sin embargo, eran otras.

Había que hacer la biblioteca de Hadid en elPrado por una cuestión de imagen, política, no por cualquier otra convicción. Se trataba de consolidar la vanidad de los políticos de ambas instituciones, que durante esos días se repartían mutuamente medallas. El proyecto jamás respondió a una decisión autónoma de la institución académica. Fue una debilidad en la que la arquitectura tuvo poco que ver. Igual que sucedió con el Parasol, donde esta disciplina brilla por su ausencia.

La arquitectura es otra cosa. En la Encarnación y en el Prado se optó más bien por la propaganda arquitectónica, que no es lo mismo que la arquitectura. El proceso fue similar: todo se dirimió a partir de una cuestión relacionada con el ego, consecuencia de la sensación planetaria que, al parecer, debe implicar el hecho de pagar con el dinero de todos (nosotros)ciertos proyectos personales.

Si hacemos algo de historia veremos que la Universidad no se ha caracterizado nunca por la incentivación de la arquitectura de calidad. Hay, claro es, algunas excepciones, pero casi ninguna de ellas ha partido de los rectores de la Hispalense. Por ejemplo: el extraordinario aulario holandés que el estudio que forman los sevillanos Morales+Giles+Mariscal (MGM), construyeron para la Pablo de Olavide. Es una disidencia, no la norma.

La Hispalense, como todas las instituciones de raíz endogámica, ha preferido resolver sus edificios de manera burocrática, funcional. Para salir del paso, sin demasiada reflexión sobre la ciudad. El rectorado repartía los proyectos según cuotas y prefería de ordinario optar por una arquitectura de aparejadores a la hecha por arquitectos. El experimento de Hadid, tan singular para algunos, en realidad oculta un largo desinterés por una disciplina en la que una institución académica debería ser un referente. Es una manera extraña de ocultar una carencia profunda: presumir de aquello que nunca se tuvo.

Prueba de ello es la intensidad con la que los dos últimos rectores universitarios –el de antes y el de ahora– perseveran en el error de defender lo indefendible. Se podrá estar de acuerdo o no con la resolución judicial que paralizó la biblioteca. El proyecto de la arquitecta de origen iraquí podrá gustar más o menos. Es lógico. Ya no lo es tanto que una institución como la Hispalense, que tiene legión de doctores en múltiples materias, incurra absurdamente en el vicio de la soberbia y, desde el principio, no respetase a la minoría que al final terminó ganándole la batalla judicial.

Una victoria que aún no se ha asumido: todavía hay quien dice que es “injusto” que un proyecto tan importante haya sido tumbado por un grupo de “vecinos con dinero”. Como si el patrimonio impidiera a uno tener la razón o, como mínimo, el legítimo derecho a defender una determinada posición ante un juez. Los vecinos se han gastado su propio dinero en pleitear. La Universidad, en cambio, lo ha hecho con los fondos de todos. Sutil diferencia.

El cáncer del proyecto de Hadid, de todas formas, nunca fue el edificio en sí mismo, sino la ubicación:una zona verde cuya rehabilitación fue costeada con fondos europeos. Había otros espacios y opciones disponibles. De hecho, el Prado fue una elección de última hora. Pero tan seguro se estaba en ciertos despachos de gozar del poder omnímodo para redibujar la ciudad en función de los deseos particulares que hasta se eximió al Ayuntamiento –el colaborador necesario– de su responsabilidad. Algo incompatible con el mínimo sentido de la prudencia exigible a quienes administran el dinero público. De todos.

El edificio es un ‘fake’. Quien todavía quiera seguir planteando la discusión –que ya resulta bizantina– de la biblioteca sobre la idea de que lo que los tribunales han impedido es que Sevilla tenga un edificio de calidad puede hacerlo. Sólo incurrirá en un soliloquio estéril, un canto fúnebre. No es raro que Hadid diga que no conoce los detalles que rodearon a su proyecto: jamás le importaron.

Su objetivo sólo era hacer caja: cobrar los millones de euros que fijan sus honorarios y partir –en primera, por supuesto– en busca de otro alcalde o rector con ganas de pasar a la historia cegado con el hábil señuelo de la grandeur, que desde antiguo sabemos que es efímera. La austeridad que ahora reivindica la arquitecta es relativa, caprichosa. A ella ni le interesaba la ciudad ni el Prado. Difícilmente podía hacer arquitectura de calidad, con independencia de su éxito comercial.

Lo suyo no ha sido más que un negocio fallido: la venta de una franquicia cultural. Un intercambio en el que la Universidad creía estar comprando prestigio –la iraquí ha convertido su firma en una multinacional del diseño– sin fijarse en el contenido. Igual que se compra un bolso de Louis Vuitton. Por el nombre.

Lo que la Hispalense adquirió por casi seis millones de euros, tirados ahora a la basura, es una réplica. Una copia. Un fake. La biblioteca del Prado era un calco casi exacto del Phaeno Science Center que Hadid le vendió antes a la ciudad alemana de Wolfsburg. Puestos a pagar, la Hispalense podía haber exigido al menos un proyecto original. Pero la rotunda emoción de la posteridad debió nublar la mente de alguien.

No todos los premios Pritzker, igual que sucede con los Nobel, son iguales. El derribo de la biblioteca no es algo que haya que celebrar. Es cierto. Pero el escándalo empezó mucho antes. Un buen día. Tras un arrebato de vanidad.

La alfombra roja destiñe

Carlos Mármol | 28 de julio de 2012 a las 6:06

Lo peor que puede ocurrirle a cualquier gobernante no es equivocarse, sino ser arbitrario, discrecional, caprichoso. En Sevilla ya está ocurriendo. El gobierno municipal lleva algo más de un año lanzando dos mensajes. Uno: le vamos a poner “una alfombra roja” a cualquier inversor que quiera venir a Sevilla. Dos: la normativa urbanística, que es la que define el modelo de una ciudad, no es un problema porque estamos dispuestos a cambiarla las veces que haga falta. Las inversiones están por encima de las leyes.

Como todo discurso grueso, sin matices, sin demasiados grises, el planteamiento tiene un fondo demagógico. El proceso debería ser justo el opuesto: las ciudades eligen primero cómo quieren ser, a ser posible en función de las necesidades de los ciudadanos, y después se lanzan a buscar inversores que obtengan sus legítimos beneficios sin alterar la esencia de su modelo. En esto pasa como con los hijos: uno quiere que trabajen y que las cosas les vayan bien pero no en cualquier cosa ni a cualquier precio. Porque en la vida existen los límites. Los principios.

El Ayuntamiento, sin embargo, ha convertido el urbanismo sevillano en una mera ventanilla de viabilidad para las ideas de terceros. Sin luz y sin taquígrafos. Habría que preguntarse si esta ciudad no requiere algo más. Sobre todo ahora, cuando la burbuja inmobiliaria, que se justificó recurriendo al empleo, ha devastado el presente y oscurecido el futuro.

Lo curioso es que Zoido abre esta ventanilla urbanística pero ni cuenta con la competencia plena en la materia –de ahí sus problemas con la Junta, que son más técnicos que políticos– ni, por lo que nos enseña en el caso Decathlon, aplica el mismo trato a todos los inversores. Para unos la alfombra sigue siendo roja. Para otros destiñe.

La ley rige igual para todos. Sin excepciones. Si el PGOU da seguridad jurídica a los inversores es porque sus criterios son objetivos. El PP, sin embargo, ha optado por la subjetividad:en unas ocasiones zarandea el Plan General y en otras se esconde tras él. Esta contradicción requiere una explicación. El urbanismo de Sevilla no debería ser reversible.

Urbanismo: tenemos un problema

Carlos Mármol | 18 de julio de 2012 a las 6:06

Los cambios en la cúpula de la Gerencia de Urbanismo de Sevilla evidencian una profunda fractura interna en el equipo político al que el PP encomendó hace apenas un año el gobierno del principal departamento municipal.

La política urbanística de Sevilla, el frente de batalla más delicado al que se enfrenta cualquier gobierno local, se ha convertido en un repentino diálogo mudo entre interlocutores sordos. Y empieza a ser un terreno peligroso. Los doce primeros meses de gestión del PP en el Ayuntamiento, cuyo balance global es bastante discreto, como en su momento reconoció el propio alcalde, han estado marcados por los constantes tropiezos del equipo al que Zoido encomendó la responsabilidad de pilotar el departamento municipal de más tamaño (450 funcionarios), más complicación (por su propia naturaleza técnica) y mayor proyección exterior, al depender de su gestión casi todos los proyectos de enjundia política.

Un año después de la llegada a la Alcaldía, y justo en el momento en el que el regidor ha sido investido presidente del PP andaluz en una apresurada sucesión tutelada desde Madrid, el sempiterno discurso de la eficacia del que el alcalde ha hecho bandera –“Sevilla funcionará como un reloj”, prometió como candidato– tropieza una y otra vez con el diabólico escenario interno de la Gerencia, que se ha convertido en un problema político recurrente que erosiona la credibilidad política de casi todo el gobierno local.

Urbanismo sencillamente no está funcionando. ¿Por qué? Los motivos son de diversa índole, aunque podrían resumirse como la suma de las expectativas excesivas y la dedicación relativa, sobre todo en el ámbito clave, que es el técnico. Un conflicto entre los deseos imposibles y la dura realidad. Un viaje para el que el PP no encuentra un guía.

El entorno de Zoido elaboró durante su etapa en la oposición un discurso político que lo catapultó al poder pero en el que apenas si existen los matices, los grises, la mesura. Era rotundo, simple y de consumo inmediato. Quizás fuera útil en el frente electoral, pero tras llegar al gobierno sencillamente no deja de hacer aguas justo en el área municipal más estratégica de todas. Las grandes promesas del PP están chocando una y otra vez con la realidad –agria– de la legislación urbanística: una red infinita de normativas, decretos y reglas establecidas dentro de la disciplina del derecho administrativo contra la que nada pueden las mayorías políticas.

La normativa urbanística –una competencia que está repartida entre el Estado y las autonomías– no muta en función de quién sea el alcalde. Sencillamente rige hasta que en los correspondientes ámbitos legislativos es modificada. Los municipios carecen de capacidad para legislar, sólo hacen ordenanzas. Y en el campo urbanístico, una vez aprobado un Plan General de Ordenación Urbana, cuya redacción sí es competencia estrictamente local hasta su última fase, deben atenerse a las pautas de gestión fijadas por la ley.

El problema en el caso de Sevilla es que esta evidencia no termina de ser aceptada por el gobierno local, que acostumbra a politizar –y va a seguir haciéndolo ahora que el alcalde es el jefe de filas del PP andaluz– cuestiones que, a priori, no tienen matiz ideológico alguno, sino que dependen de argumentos técnicos, reglados.Precisos. Justo el terreno de juego donde el equipo del PP en Urbanismo está fallando.

Los ejemplos más significativos han sido la recalificación de los suelos de Ikea –San Nicolás Oeste–, la idea de construir un parking rotatorio en la Alameda de Hércules o la conversión de la antigua comisaría de la Gavidia en un gran centro comercial. Cuestiones con las que el regidor quería liderar la agenda municipal y que han tropezado en la Gerencia. La situación preocupa, sobre todo, en el grupo municipal del PP, sobre el que pivota toda la estrategia política del gobierno.

Son conscientes de que no pueden estar un año después de llegar al poder vendiendo como propia una gestión que es ajena, como es el caso del desarrollo de suelos como los de la Ciudad de la Imagen (al Norte de Sevilla), la remodelación de la antigua barriada de Regiones Devastadas o la construcción del nuevo recinto de Fibes. Todos forman parte de la herencia de la coalición PSOE-IU que el gobierno del PP ha intentado aprovechar en su beneficio con la coartada de que existían supuestos bloqueos que ellos han solventado. Una verdad a medias, ya que en algunos casos no existía problema alguno, como ocurrió en el caso de Regiones Devastadas, y en otros, léase el Palacio de Congresos, no puede disfrazarse la realidad. Es una iniciativa ajena al PP.

Zoido ha intentado gestionar a su favor otros asuntos como la polémica ante la Unesco por la Torre Pelli. Aunque de forma discutible:hay quien no ve con buenos ojos su cambio de criterio en este asunto. El regidor, en todo caso, parece estar dándose cuenta de que, consumido el primer año de mandato, le quedan sólo dos para poner en marcha proyectos que encarnen su propia gestión. El último año del mandato ya estará marcado por la carrera electoral, que en su caso sería previa a una hipotética candidatura posterior a la Junta de Andalucía.

El tiempo se esfuma. De ahí que se estén reclamando resultados inmediatos al equipo de Maximiliano Vílchez, edil de Urbanismo y amigo personal del regidor, y el gerente de Urbanismo, Alberto de Leopoldo, nombrado para este puesto con un currículum cercano al mundo de la empresa y ajeno al urbanismo. La presión, sobre todo, se habría dirigido sobre este último.Vílchez no ha perdido la confianza de Zoido.

El nombramiento del máximo cargo técnico de Urbanismo, en cambio, fue una elección en la que pesaron las relaciones familiares y de amistad tanto como las profesionales. La necesidad de lograr resultados parece ser la causa de la última remodelación en la cúpula de la Gerencia, ejecutada por el PP al año de nombrar a su propio equipo y de la que ni siquiera se ha informado. Ni luz ni taquígrafos.

Algo anómalo si se repara en que a quien han destituido era el número tres del departamento –el arquitecto Andrés Salazar, que había trabajado con andalucistas y socialistas y fue ascendido por el PP hace doce meses– y se ha degradado a otros altos cargos en un extraño movimiento de fichas sin demasiado sentido funcional. Los motivos no parecen ser los operativos, sino los escénicos.

El gerente –cuya proyección exterior es nula– habría justificado el magro balance de su primer año amparándose en el argumento de que no contaba con un equipo a su medida. Justificación que para ser verosímil le obligaba a acometer cambios en el equipo nombrado por el propio PP. La otra opción posible era su propia destitución, una posibilidad que no se contempla. De momento.

El problema de fondo, sin embargo, continúa. No es sólo de personas, sino de método. De trabajo. El equipo del PP carece de los conocimientos necesarios de técnica urbanística, una disciplina árida pero vital para que las cosas funcionen y los proyectos salgan. Salazar, ahora destituido, cumplía esta función porque conscientemente se optó por un delegado y un gerente que no saben de la materia y que acordaron su sustitución como un argumento en defensa propia. Un error en el que ni cayeron los andalucistas –tenían los mejores equipos técnicos– ni los socialistas, que combinaron a técnicos y políticos en el timón de Urbanismo.

El PP dejó todo en manos de dos recién llegados de otras disciplinas profesionales. Resultado: no tienen a nadie que haga de bisagra entre la dirección y los técnicos, cuya labor está condicionada por la delicada situación financiera de la Gerencia –provocada por la caída de los ingresos inmobiliarios– y la sensación de que su situación laboral –privilegiada– va a ser alterada.

Hay otros elementos: rencillas internas que se avivaron cuando uno de los actuales altos cargos elaboró en secreto para el PP una hoja de ruta de política urbanística en la que calificaba al resto de directivos por criterios ideológicos –subjetivos, no profesionales– y proponía un ajuste salarial. Una bomba de relojería. En la Gerencia hay quien piensa que la decisión de Zoido de nombrar a Vílchez frustró una hipotética operación para designar gerente al directivo que hizo de topo del PP en la oposición. El cese del número tres de la Gerencia allanaría ahora el camino para retomar la idea –al eliminar a un rival potencial– en caso de que el actual gerente no diera resultados a corto plazo.

Es una hipótesis. Nada más. Aunque una cosa es evidente: el PP tiene un problema en Urbanismo que está perjudicando la imagen de Zoido. Algo que el alcalde no puede permitirse ni en el ámbito municipal ni, ahora, en el autonómico.

El PP hace una ‘purga’ en Urbanismo

Carlos Mármol | 17 de julio de 2012 a las 6:06

Fin de semana de cuchillos largos. Como suena. Mientras Rajoy ponía el viernes al país al borde de una aparente rebelión civil con su cuarto programa de recortes, en las caracolas de la Isla de la Cartuja, sede de la Gerencia de Urbanismo, los particulares hombres de negro del alcalde, Juan Ignacio Zoido, hacían otras cábalas distintas, pero similares, dentro de su estricto ámbito de competencias, que es el municipal.

La dirección política de Urbanismo, encomendada hace apenas un año por el regidor a Maximiliano Vílchez, el más interestelar de sus 20 concejales (para desgracia de Beltrán Pérez; que aspira pero no termina de conseguirlo, y mira que el hombre hasta patrocina premios y da generosas subvenciones), había decidido acometer sin más dilación lo que eufemísticamente se conoce como una “reorganización de sus recursos técnicos y directivos para adaptar la estructura de la Gerencia a nuevos retos”. Hablando en plata: una serie de destituciones fulminantes y en cadena que vienen a suponer la primera purga interna en toda regla que acomete el PP en Urbanismo. Una purga sorprendente: hecha contra sí mismos y planteada poco más de un año después de llegar al poder. Un periodo de tiempo tan breve como singular.

Los cambios en el cuerpo directivo trascienden el generoso libro de las cuestiones internas de Urbanismo. Son decisiones llamativas, significativas y tienen una lectura política evidente, ya que se producen en el departamento municipal más importante del Consistorio, donde el gobierno de Zoido ha cosechado más fracasos (a pesar de la retórica) y que había sido recién modelado en función de sus deseos nada más acceder a la Alcaldía.

El alcalde, que todavía pregona en el ámbito autonómico su fe en los equipos técnicos y profesionales, sobre todo si los componen funcionarios, decidió hace algo más de doce meses entregar la dirección política de la Gerencia a Vílchez (relegando al edil Curro Pérez, su anterior portavoz en la materia durante su etapa en la oposición) y nombrar gerente de Urbanismo a Alberto de Leopoldo, ex directivo de Cajasol (rama empresas), quien llegó a dicho puesto (uno de los mejores pagados del Ayuntamiento) oficialmente por su notable currículum, pero también, un factor que se obvió por completo, por una serie de relaciones circunstanciales de índole familiar que inclinaron la balanza a su favor frente a otros posibles candidatos a pesar de que su experiencia en esta materia era escasa. Nula.

Precisamente para suplir esta carencia, admitida en privado, el PP decidió entonces convertir en el número tres de la Gerencia Urbanismo (el director técnico) al arquitecto Andrés Salazar Leo, un profesional con larga experiencia en la casa, en la que viene trabajando desde hace años, a partir de la época del PA, en distintos puestos de responsabilidad.

Era una manera de compensar la falta de conocimientos técnicos tanto del delegado como del gerente, el primero dedicado exclusivamente a marcar las grandes líneas políticas y el segundo, en cambio, más centrado en las tareas de índole organizativa, sobre las que el PP quería centrar su gestión. Para ello redactó en su día, con la ayuda de un topo dentro de la anterior dirección de la Gerencia, una amplia hoja de ruta que contemplaba, a medio plazo, un ajuste salarial y laboral en la plantilla de Urbanismo (450 trabajadores) que pensaba justificarse en público debido al descenso de los ingresos procedentes de la actividad inmobiliaria.

Salazar, que también había estado vinculado a la Escuela de Arquitectura, alcanzó así hace un año el puesto de director técnico tras trabajar a lo largo de su trayectoria en la Gerencia a las órdenes de todos los delegados de Urbanismo del PA (José Núñez, Mariano Pérez de Ayala, Rafael Carmona) y mantener funciones directivas (con algún altibajo) durante la etapa socialista (Emilio Carrillo, Alfonso Gómez de Celis, Manuel Rey).

Al llegar el PP al poder, fue ascendido al puesto clave del departamento urbanístico municipal, tras el gerente. Su misión era dar viabilidad urbanística cierta a las propuestas políticas del gobierno local. Una tarea, por otra parte, nada fácil, dado los compases iniciales de la etapa de gestión municipal de Zoido, que ha tropezado con problemas urbanísticos desde que empezó a gobernar Sevilla hace algo más de un año. La fórmula, aparentemente, se basaba en la confianza del nuevo gobierno local en un técnico municipal.

El técnico recién destituido, de hecho, acompañó este lunes al propio Zoido en la presentación del nuevo plan de aparcamientos. Horas después de este acto, el PP lo relevó como número tres de Urbanismo. En silencio. Sin informar. Sin dar explicaciones. Y, al parecer, de forma nada correcta. Una manera de funcionar que algunos, en la Gerencia, donde el capítulo laboral empieza a enquistarse (se auguran recortes salariales y un incremento paulatino de la jornada laboral, además de la desaparición de muchos elementos del capítulo social del convenio) ya han bautizado como el estilo De Leopoldo.

¿En qué consistiría? Pues en filtrar primero la destitución entre el personal al cargo del directivo cesado (un viernes por la tarde) sin llegar a confirmar antes la noticia al propio interesado, dejar pasar todo un largo fin de semana dejando dicha incertidumbre en el aire y, a continuación, nada más iniciada la semana laboral, tras la jornada de trabajo, confirmar la decisión alegando una razón tan peregrina como la falta de sintonía personal. Un criterio llamativo si lo que importa es la capacidad profesional. Conducta que además define un determinado carácter. Y cuyos resultados prácticos se irán viendo con el tiempo: sin Salazar como director técnico de Urbanismo el grado de solidez de las propuestas urbanísticas del PP, ya de por sí escasísimo, queda seriamente perjudicado.

El motivo es sencillo: en la actual cúpula directiva de Urbanismo ninguno de sus principales responsables sabe demasiado de la materia. Y eso no es lo peor: tampoco consiguen dar, por desconfianza o falta de recomendaciones adecuadas, con un perfil profesional que los asesore sobre su tarea política con un mínimo de fiabilidad. Cosa que se viene notando desde hace tiempo en cuestiones como la recalificación de Ikea, la polémica del aparcamiento de la Alameda de Hércules o la conversión de la Gavidia en un centro comercial. Todas ellas varadas, de alguna otra forma, no sólo por cuestiones de fondo, sino por la debilidad de los planteamientos técnicos municipales. La táctica oficial es disfrazar este talón de Aquiles con justificaciones políticas. Una fórmula que tiene escasa verosimilitud si se prolonga demasiado en el tiempo, como está sucediendo.

La destitución del hasta responsable técnico de Urbanismo no es además el único cambio. Hay más. Unos decididos. Y otros en barbecho. Vílchez ha optado también por sustituir de sus puestos o trasladar a otros cometidos a jefes de departamentos como Amparo Guerrero, Emilia Barrial o el histórico Juan García Gil, que fue también director técnico de la Gerencia en el mandato como delegado de Rafael Carmona.

En unos casos se trata de traslados con descenso de responsabilidades, puesto que estos directivos son empleados públicos y, en caso de su destitución como altos cargos, vuelven automáticamente a su correspondiente categoría laboral con la posibilidad además de cobrar (según establece su convenio) el plus salarial de dirección durante varios años más después de su cese. Como nuevo número tres de la Gerencia el PP promociona ahora a Jorge Almazán Fernández de Bobadilla, un ingeniero y abogado experto en gestión de obras, pero cuya experiencia en materia urbanística es una incógnita que sólo desvelará el tiempo. Si es que se lo dan.

La ciudad: manual de instrucciones

Carlos Mármol | 1 de julio de 2012 a las 6:12

Sevilla se ha salvado de la condena pública de la Unesco pero se enfrenta a una encrucijada que consiste en saber gestionar las pulsiones que, al igual que antes se inclinaron hacia lo efectista, ahora reclaman la tradición.

La biblia nos enseña que no existe mejor propagandista que un converso. Véase el caso de Pablo de Tarso. Esta semana, mientras la ciudad oficial vivía en vilo por saber el resultado del examen de la Unesco sobre la Torre Pelli, convertido por unos en una enmienda a la totalidad sobre Sevilla al completo, probablemente para enaltecer el orgullo patrio; al mismo tiempo que reproducíamos una vez más la controversia eterna sobre la identidad del predio hispalense, fluvial y antiguo; cuando algunos insistían en salvar lo que llaman la marca Sevilla (una ciudad, en realidad), nuestro prestigio, en cierto sentido, dependía más de la impresión personal de William J.R. Curtis, un historiador y crítico que es considerado por casi todos los organismos que entienden algo de arquitectura como el mejor juez (después del tiempo) del arte que consiste en construir edificios contemporáneos.

Curtis no vino a conocer el Parasol ni la Torre de la Cartuja. Viajó para ver San Telmo y, entre otros edificios, el olvidado poblado de Esquivel. Este historiador, que es un escritor brillante y, a ratos, impertinente, aunque acostumbre a acompañar sus opiniones con su eterna sonrisa de inglés bonachón, tiene la virtud de, además de tener un criterio propio, algo que se echa de menos sobre todo en la política municipal, argumentar sus decisiones (prueba de que las ha reflexionado) y aportar, en el océano de populismo y demagogia por el que discurre el debate sobre Sevilla, una visión externa, ajena a los compromisos y a los intereses que condicionan la discusión sobre la ciudad. Quizás por eso sus enseñanzas sean tan fecundas.

Su discurso, además de un profundo conocimiento de la historia de la arquitectura, nos deja una enseñanza sorprendente. Podría resumirse así: Sevilla continúa sin llegar a ninguna conclusión sobre cómo debería evolucionar, moviéndose siempre entre los extremos del efectismo moderno y el dogma del clasicismo porque, en realidad, no sabe leerse bien a sí misma. No reconoce los versículos de su propio libro urbano.

Si una ciudad es un pergamino antiguo, noble, gastado, donde se superponen las distintas escrituras del tiempo, como una atlántida sumergida que hay que descubrir para poder seguir navegando sin naufragar, la capital de Andalucía parece haber olvidado por completo algunas de las lecciones que la historia, maestra de la vida, nos enseñó hace décadas. Incluso siglos: la modernidad consiste en saber reinventar lo antiguo en función del contexto, del lugar y de la verdadera identidad.

No se trata de ninguna teoría académica. Ni de un concepto de corte intelectual. No. Los edificios que son realmente excepcionales casi siempre tienen dos méritos: son impuros, en el sentido de que mezclan diversos lenguajes en un único discurso, generalmente nuevo; y son el fruto de la síntesis inteligente entre las lecciones del pasado y la sabiduría del presente. No es fácil dar con la combinación precisa. Por eso todas las ciudades, en cierto sentido, resultan proyectos fallidos. Y, sin embargo, el verdadero reto consiste en no dejar de buscar.

Sevilla tiene, en la Giralda y en algunos otros edificios más, desconocidos incluso para los propios ciudadanos, algunos ejemplos de esta extraordinaria capacidad de la que goza la arquitectura para poder encarnar las aspiraciones de un tiempo o una época. Curtis lo explica con otras palabras: “Los grandes edificios son aquellos que transmiten antes incluso de que se les entienda”. La pedagogía viene después.

La reflexión del crítico inglés resulta conveniente justo en este preciso momento. Cuando Sevilla, tras la certeza de que la Torre Pelli será terminada, parece condenada a repetir la pulsión de los años previos, aunque con la variante opuesta. Si en la etapa de Monteseirín se optó por una arquitectura efectista, cara y de resultados discutibles, la era Zoido parece adentrarnos en el peligroso terreno de la ciudad como parque temático, sólo que de corte tradicional en lugar de futurista. Con independencia de las preferencias que tenga cada uno, el hecho evidente es que siempre nos movemos como un péndulo salvaje (en los extremos), sin acertar a encontrar el término medio, el punto en el que, según los clásicos, radica la virtud.

Sevilla ha llegado tarde a todas estas estaciones. Los políticos, porque las ciudades las construye el poder, rara vez los ciudadanos, optaron hace una década por reproducir, a nuestra escala, mucho más provinciana, el circo de artefactos formalistas de la arquitectura de la globalización. La ciudad quedaba reducida así a una imagen, un único símbolo que permitiera su comprensión inmediata, sin tener que pensar demasiado, capaz de ser reproducido en una revista de aeropuerto.

Frutos de esta megalomanía son el Parasol de la Encarnación, cuya relación con la arquitectura es tan discutible como su estética o su rentabilidad económica; y la Torre Pelli, que quedará (ya es inevitable) como ejemplo de un tiempo marcado por la desmesura. Siendo el proyecto más sobrio de todos los posibles para el Sur de la Cartuja (el concurso de ideas tenía propuestas aún más surrealistas), reproduce la misma patología icónica de la globalización. Esto es: una ciudad (la clásica o la moderna) debe poder resumirse sólo con una única imagen. Una foto.

Habría que preguntarse si somos tan simples. Si Sevilla no será en realidad bastante más compleja. El nuevo escenario que se abre tras la Torre Pelli, por los escasos signos legibles del discurso municipal, parece augurar una especie de vuelta a las raíces, aunque con variantes. La tesis de que la Sevilla tradicional debe prevalecer en el centro y que los experimentos, si se hacen, porque ahora no hay dinero, mejor en lo que el Ayuntamiento todavía denomina “los barrios”, que es la Sevilla extramuros. La ciudad real.

El modelo, a pesar incluso de su escasa solidez conceptual, se resume en una receta: el centro debe ser un parque temático para el turismo, con azulejos en Triana; y la periferia (relativa) el territorio para dar carta blanca al inversor. La célebre alfombra roja. Y, sin embargo, ninguna ciudad puede ser un organismo armónico si se mueve entre estos dos extremos. Más bien será una ciudad dual, sin cohesión no sólo social, sino urbana.

La receta de William J.R. Curtis es de naturaleza distinta. Y, sorprendentemente, viniendo de alguien de fuera demuestra conocernos mejor que nosotros mismos. Probablemente porque, por muy singulares que creamos ser, somos iguales a otras muchas urbes. Su propuesta está llena de sentido común: hay que aprender del pasado, pero renovándolo, reinventándolo.

Sevilla nunca tuvo necesidad de acudir a modelos ajenos porque su modernidad está, aunque no sepamos atisbarla, en su raíz. Es ella misma. Tan a la vista está (en la Giralda, un edificio donde el Renacimiento se cimenta sobre el pasado musulmán y los sillares más antiguos son romanos y visigodos) que no sabemos ni mirarla.

No se trata de reproducir los modelos heredados, imitándolos, como si el tiempo no hubiera pasado, o de convertir la ciudad intramuros en un parque temático destinado al turismo para situar los edificios en altura fuera del centro. Se trata, en palabras de William J.R. Curtis, de “recordar que lo mejor de lo nuevo a veces puede depender de la metamorfosis inteligente de lo antiguo”. Toda una lección.

San Petersburgo: efectos secundarios

Carlos Mármol | 29 de junio de 2012 a las 6:05

Las promesas que Zoido ha hecho ante el Comité Mundial de Patrimonio de la Unesco necesitan el visto bueno de la Junta, implican cambios urbanísticos y, en ciertos casos, podrían obligar a pagar indemnizaciones a terceros.

La frase de moda dice que el demonio está en los detalles. En las hipotecas. En los seguros. En los contratos. También en los compromisos políticos que se adquieren ante las instituciones internacionales. Si aplicamos el principio de ver la letra pequeña de las cosas, costumbre que aconsejan la prudencia y la experiencia, a la teórica victoria que el Ayuntamiento de Sevilla insiste en haber conseguido esta semana en la cita de San Petersburgo habría que aplicarle algunos atenuantes . Quizás demasiados.

La supuesta gesta se asemeja mucho más a un acto de piedad. Según el relato del Ayuntamiento, los argumentos que hicieron que el dedo de la Unesco se levantara hacia arriba –como una torre– en lugar de hacia abajo son como una réplica de las arquitecturas efímeras que en el Siglo de Oro se levantaban en las ágoras sevillanas para disimular la realidad. Digámoslo de forma coloquial: son unos excelentes argumentos retóricos, pero a efectos prácticos no sirven de casi nada. Vayamos despacio. Por partes.

En primer lugar hay que analizar el relato municipal de la victoria. La historia oficial. Según esta versión –cuya fuente es única y es imposible contrastar hasta ver la redacción final del acta de la Unesco–, Sevilla no ha perdido el sello patrimonial de sus tres grandes monumentos –Catedral, Alcázar y Lonja– porque Juan Ignacio Zoido, apoyado por el Gobierno de Mariano Rajoy, se empleó a fondo ante el sanedrín patrimonial.

Los juglares nos cuentan que a pesar de que la posición de partida era muy difícil –en los relatos épicos siempre es bueno resaltar las dificultades del héroe para que su victoria sea más egregia– las razones que puso encima de la mesa el alcalde terminaron al punto por convencer a la Unesco, incluso a pesar de la dura postura (los enemigos en la narración mítica deben ser sólidos) de Alemania.

¿Cuáles son estos argumentos? ¿Cómo han sido capaces de obrar el prodigio? Sustancialmente son dos. Primero: ampliar la protección del patrimonio histórico en Sevilla. Dos:evitar que nuevos edificios en altura puedan verse desde la zona monumental. Al acto de contrición, que es en lo que consistió la intervención de Zoido, que primero prometió parar la torre y ha terminado defendiéndola, siguió una amplificatio involuntaria: el alcalde hasta está dispuesto a que Sevilla acoja un “congreso doctrinal” sobre cómo combinar el paisaje con el patrimonio. Algo de lo que sabemos mucho en esta ciudad. A la vista está.

Hasta aquí la versión oficial, que vende como logro lo que es una excepción política. La Unesco llegó a su reunión con una resolución en contra de la Torre Pelli y en esa misma asamblea castigó a la ciudad de Liverpool. Las gestiones del alcalde han logrado que nos perdonen la vida –durante un año más– pero el motivo, desde luego, no parecen ser los argumentos oficiales. Ni mucho menos. Sobre todo porque son bastante discutibles.

En primer término hay que aclarar una cuestión clave para enjuiciar el argumentario:la Torre Pelli existe no porque Sevilla carezca de un sistema de protección patrimonial o este edificio lo haya violado, sino pese a ambos factores. Nuestro corpus patrimonial rige desde hace casi medio siglo y ha sido desarrollado durante más de dos décadas. Lo único que pasa es que la torre de la discordia está fuera de su ámbito jurídico, no dentro. ¿Es un mérito prometer que se hará lo que ya se tiene? Como demuestra justamente el polémico rascacielos, esto no afecta al fondo. Es tangencial.

El Conjunto Histórico de Sevilla fue declarado por decreto en 1964. Fue objeto de una ampliación iniciada en 1982 que no culminó hasta 1990. El Ayuntamiento no ha explicado aún si su compromiso significa incrementar la superficie de su ámbito legal o, por el contrario, se limitará sólo a mejorar las normas existentes dentro del perímetro ya establecido. En cualquier caso, el cumplimiento de ambas cuestiones no es de índole municipal.

Es la Junta de Andalucía, que tiene las competencias en la materia, quien deberá resolver el asunto. Lo que significa que para que Zoido pueda cumplir su palabra ante la Unesco –en cualquiera de los dos sentidos antes mencionados– debe contar con un acuerdo marco con la administración regional, a la que precisamente acusa de bloquearle proyectos –la Alameda, la Gavidia– y cuya ausencia en el examen de San Petersburgo es enjuiciada por la Alcaldía como un acto hostil hacia Sevilla.

Si la opción pasa por ampliar el actual límite de la Sevilla histórica para incluir a la Cartuja en su totalidad, dicho cambio afectaría a la licencia de la torre, que habría que revisar y, en su caso, adaptar mediante el pago de una indemnización a la que Zoido se ha negado antes de ir a la Unesco. Una locura. Si lo que el Consistorio ha prometido es que el ámbito administrativo de la Sevilla monumental contará con un marco de protección patrimonial suficiente estamos ante un argumento descontado. Toda esta normativa ya existe.

De los 27 sectores en los que se divide el Conjunto Histórico casi todos cuentan con planes de protección convalidados, además de con catálogos que controlan las operaciones inmobiliarias en el caserío histórico. Los grandes monumentos cuentan con su propia normativa específica, que no requiere de más planes más concretos. Es mucho más estricta. De donde se concluye: prometer lo que ya existe es un sacrificio que no es sacrificio.

¿Cómo ha podido levantarse entonces la torre? Porque está fuera de este ámbito en el que manda la normativa patrimonial. A las puertas del centro, pero fuera de la línea administrativa, que se queda en la orilla de la dársena, con la única excepción del Monasterio de Santa María de las Cuevas. La legislación válida fuera de la Sevilla histórica es la ordinaria. Es la que se ha aplicado a la Torre Pelli, cuya licencia es legal. Tanto una como otra están recogidas en el Plan General de Sevilla, puesto en cuestión de forma obsesiva por el propio gobierno local.

Aquí llegamos al supuesto segundo gran compromiso: que no se construyan más edificios en altura en Sevilla. De entrada, en dicha promesa late una contradicción. ¿Si la Torre Pelli no debe repetirse por qué entonces la defiende Zoido ante la Unesco? Dicho de otra manera: ¿Si defendemos a los promotores de este edificio por qué no vamos a hacer lo mismo con todos los demás? Consciente del aprieto, el Gobierno central acuñó ante la Unesco un singular concepto: “el impacto no directo”. Una expresión que es intrísecamente imposible. Un edificio tiene impacto o no lo tiene. Punto.

Esta promesa también tiene sus problemas. ¿Puede cumplirla el alcalde? Depende. En esta cuestión, igual que en otras de índole urbanística, lo trascendente no es la mayoría, sino la ley. Los problemas son dos. Primero, el cauce:el Consistorio tendría que cambiar fichas urbanísticas y ordenanzas del PGOU. La última palabra no es suya, sino de la Junta.

Esto es lo de menos: lo sustantivo es que si decide recortar la edificabilidad a otros dueños de terrenos con el derecho reconocido a construir edificios en altura tendrá que indemnizarles por tal quebranto. Da igual que tengan o no licencia. Su seguridad jurídica está amparada por el PGOU, que consolida derechos de terceros. Si éstos se ven mermados (aplicándoles de forma arbitraria un patrón opuesto a la Torre Pelli), deberán ser compensados. No es raro que Zoido empezara ayer a autoenmendarse.

¿Cuánto cuesta dicha ocurrencia? Aún es un misterio. Tampoco se conoce el número de propietarios afectados, ya que Zoido no ha aclarado aún cuál será su criterio para limitar la altura de los edificios en el entorno histórico. Empresas potencialmente afectas ya tienen proyectos en marcha. Otras podrían negociar otras tipologías si no se reduce su edificabilidad global, aunque esto no depende de la voluntad de las partes, sino del tamaño de las parcelas. En ciertos casos, no hay margen, lo que implica que habrá que pagarles o enfrentarse a juicios.

Las promesas de San Petersburgo tienen pues sus efectos secundarios. No existen las guerras sin daños colaterales. Ni hay victorias neutras. Y al hombre lo duermen con cuentos (León Felipe).

Milagro en escabeche

Carlos Mármol | 28 de junio de 2012 a las 6:06

Los excesos de optimismo, al igual que los entusiasmos superlativos, con frecuencia degeneran en la temeridad. Ora pro nobis. Para juzgar lo que pasó ayer en San Petersburgo, ciudad de múltiples puentes levadizos, cementerio de zares, hay que reparar en las reacciones de los líderes políticos tras conocer la noticia. En especial es importante analizar todo lo que se refiere al tono. En primer lugar, la prosodia heroica. Zoido (PP): “La ciudad sale fortalecida de la Unesco. Además, vamos a hacer un congreso mundial para poner en común los avances teóricos y doctrinales en relación con el paisaje urbano y los bienes patrimoniales”.

Después, el enfoque optimista. Espadas (PSOE): “Siempre dijimos que no existía ningún riesgo. Voy a ir a recoger a Zoido al aeropuerto. Hay que hacer una campaña de promoción turística para resarcir la imagen de Sevilla”. Por último, la siempre fecunda variante neoestoica del edil Torrijos (IU):“Habríamos ahorrado meses de preocupación innecesaria si el alcalde, con su actitud, no hubiese alentado una polémica que luego ha tratado de apaciguar”. Salvo este último, que puede permitirse el lujo de decir lo que piensa sin temor al efecto que implica la verdad, en los parlamentos de los munícipes late una evidente inconsciencia, una manifiesta voluntad de cargar la suerte. Denotan su carácter y, por tanto, su probable destino.

La Unesco nos ha perdonado la vida in extremis –algunos somos ya algo mayores para creer en los cuentos– y encima sacamos pecho. Humildad, sí señor. ¿No sería mejor dejar las cosas como están? ¿Conviene abusar de la buena estrella? Sobre todo después de ciertas conversiones repentinas. Hacer un congreso doctrinal no se antoja prudente: los de la Unesco pueden cambiar el veredicto después de ver la torre con sus ojos. No es educado tampoco mentar la soga en casa del ahorcado. Recoger a Zoido en el aeropuerto tampoco se entiende. Salvo que Espadas ande falto de cariño, el regidor ya trae su séquito almonteño. La campaña turística, menos: ¿Si no existía riesgo hay que volver a reincidir con los Reyes de Gregorio (Serrano)?

Nos quieren vender la carambola como victoria. Nada nuevo.

Ya lo escribió Góngora en una coplilla satírica.

“Que anochezca cano el viejo,/Y que amanezca bermejo,/Bien puede ser;/Mas que a creer nos estreche/Que es milagro y no escabeche/No puede ser”.

Torre Pelli, vicios capitales

Carlos Mármol | 24 de junio de 2012 a las 6:06

Sevilla no ha sido capaz a lo largo de su historia de construir una imagen de sí misma compartida por la mayoría de los ciudadanos. Su configuración urbana nace de la eterna oposición entre los contrarios, nunca de la síntesis.

Francisco de Quevedo y Villegas, caballero de la Orden de Santiago, espía y poeta, señor de la Torre de Juan Abad, un diminuto villorrio manchego cercano al Campo de Montiel, lo dejó escrito en su excelente tratado sobre el poder de las monarquías: Política de Dios, Gobierno de Cristo. “A vuestro cuidado, no a vuestro albedrío, confió las gentes Dios nuestro Señor”.

Otro tanto podría decirse de los alcaldes y la ciudades: las grandes urbes, igual que los pueblos y las naciones, son dejadas en custodia a los sucesivos gobernantes para que éstos las mejoren o al menos no las empeoren durante su mandato, no para que las descompongan a su antojo y capricho.

Sevilla siempre ha ignorado este consejo. Su configuración mental y urbana, en lugar de ser fruto de un cierto consenso, obedece a una sucesión de decisiones arbitrarias tomadas por los sucesivos linajes con mando en plaza, muchos de ellos efímeros, pero aspirantes perpetuos a capitalizar las tareas de su gobierno.

No somos pues una ciudad con vocación ecuménica ni armoniosa, sino el resultado de ese vicio tan sevillano que consiste en superponer las propias ficciones sobre las ajenas, imponer nuestras obsesiones jerárquicas sobre la realidad y preferir la decoración y el aderezo a la solidez de los buenos edificios. El lugar donde perduró durante más tiempo la arquitectura efímera.

Hace falta mirar hacia atrás para poder comprenderlo. En el Renacimiento, los humanistas hispalenses, de vida breve y herencia escasa, proyectaron la sombra de su ciudad ideal –Roma– sobre el territorio de la Colonia Rómula Iulia. La urbe en la que habían nacido no les satisfacía: era una ciudad medieval, abigarrada, sin plazas, llena de adarves. La conquista cristiana se limitaba a un pendón sobre una de las torres del Alcázar y a un cuerpo de campanas en la cima de las viejas mezquitas.

Prefirieron negar esta realidad –renunciando en consecuencia a mejorarla– para sustituirla por su aspiración. Recurrieron a la tecnología de los artefactos: instalaron, con motivo de las celebraciones públicas más tracendentes, un rosario de decorados virtuales –de inspiración clásica, en su mayoría– sobre un tejido urbano cerrado y difícil. Durante un tiempo hicieron cierto su sueño mediante el recurso de la suplantación.

El problema fue que, fracasando, crearon escuela. Desde entonces hasta ahora muchos continúan negando en Sevilla la ciudad cierta porque no pueden comprenderla o no son capaces de transformarla de verdad, más allá de la epidermis.

Cuando uno contempla la Sevilla actual, en cierto sentido visualiza la ciudad de los nobles arcos triunfales que podían ser barridos por el viento, hechos para el Corpus, o los túmulos dedicados a conmemorar los decesos regios. La capital del soneto con estrambote de Cervantes. Roma triunfante en ánimo y nobleza donde todo resulta majestuoso un instante y, al punto, se esfuma. Un lugar pretencioso y falso. Pues su ánimo era bastante corto y los linajes se compraban en las gradas.

Cinco siglos después, estas dos ciudades no desentonan en demasía. Todavía padecemos una sucesión de arquitecturas frustradas, muchas de ellas con vocación grandilocuente, que persiguen sustituir la Sevilla anterior confiando en los milagros. La única diferencia es que lo que antes era efímero ahora es sólido. Por lo demás, seguimos peleándonos con enorme furia por gritar a los demás cómo somos en lugar de pensar cómo deberíamos ser.

Sevilla conocerá dentro de cuatro días el resultado de la asamblea de la Unesco que decidirá si nos retira el máximo sello patrimonial que disfrutamos por el mejor cahíz de la tierra, como llamaban en el XVI al conjunto monumental formado por la Catedral, el Alcázar y la Lonja.

En función de lo que pase se harán distintas lecturas, pero todas –me temo– esquivarán el problema de fondo: ¿Por qué no asumimos de una vez la ciudad que tenemos e intentamos mejorarla en lugar de dedicarnos a enfrentar las banderas de la nostalgia costumbrista y la modernidad aparente?

Si retenemos nuestro prestigio patrimonial –relativo, en todo caso–, muchos dirán que habremos salvado el buen nombre de Sevilla. Alguno se creerá un héroe. Si nos dejan sin él, el sermón más previsible nos culpará por haber pecado de soberbia al poner en peligro nuestra alma por el capricho de la atalaya que se levanta, desafiante, al Sur de la Cartuja, que más que competir con la Giralda, la emula.

Ambas posturas prolongan el eterno bucle de Sevilla, que consiste en reinventar sin descanso una ciudad que existe desde hace siglos. Que tenemos delante de los ojos y que no queremos ver, cegados por nuestras propias ideas sobre ella. Sevilla es la suma de todas las urbes previas y la antesala de todas las futuras. Un nombre polisémico. Pero no hemos sabido configurarlo como un bien compartido, común. Preferimos tirarnos a la cara nuestros respectivos decorados.

La Sevilla antigua dejó su sitio a la musulmana; la medieval, a la renacentista. Después vinieron la urbe de la Contrarreforma y la Inquisición. La ruina y los señoríos agrarios se consolidaron algo más tarde, con el breve paréntesis de Olavide, el sueño de una hermosa ilustración hispalense que, como tantas otras cosas, nos llegó desde América. Desde entonces, añoranzas y exposiciones universales, seguidas de las correspondientes crisis. Cíclicas. Constantes.

Al calor del polémico dictamen de la Unesco discutimos de nuevo si tradición o modernidad, si paisaje histórico o rascacielos. ¿Importa demasiado si todos seguimos mirando en la dirección equivocada? Los sucesivos tránsitos históricos reproducen siempre un mismo canon: niegan la ciudad existente para prometer una utopía modernizadora, en lugar de hacer el camino contrario, que pasaría por mejorar primero la Sevilla real para justo después alcanzar los sueños.

Ninguna de estas dos visiones enfrentadas quiebra nuestra aspiración de seguir siendo una urbe celestial. Nuestro problema quizás radica justo en esto: no somos capaces de ser una ciudad normal. Llevamos siglos obsesionados con imponer a los demás nuestra propia ficción sobre Sevilla. Es controversia infinita: al fin y al cabo lo que queremos consolidar es un relato sobre nosotros mismos. Nunca lo lograremos.

Sevilla nos parece destinada a encarnar este decorado capaz de cambiar en función de las circunstancias históricas o económicas. Pero en el fondo para nosotros mismos sigue siendo un misterio íntimo, el gran secreto. Escondido y a la vista, al mismo tiempo. Si aún no lo hemos comprendido antes es porque no dejamos de inventarla, superponiendo espectros para simular transformaciones que no llegan.

En la Sevilla del Renacimiento los humanistas usaban arcos triunfales para camuflar espacios impuros que igual servían como tentaderos que para los autos de fe. La Torre Pelli, el Parasol o la difunta biblioteca del Prado tienen idéntico objeto aunque su génesis sea diferente; mientras los renancentistas ignoraron la ciudad real por su ansia de alcanzar la urbe ideal, los falsos arcos de la gloria de Monteseirín nacieron del absolutismo, el mal de quienes gobiernan sobre la regla de sus caprichos, en lugar de garantizar las necesidades generales.

Las ocurrencias más recientes de Zoido –destruir la Alameda de Hércules o instalar un azulejo de cerámica en la zapata de la calle Betis para anunciar lo evidente: que Triana sigue donde siempre, idea que parece más propia de Las Vegas que de Europa– acaso son menos aparatosas pero igualmente estériles. Porque mientras unos se regodean en la gloriosa involución y otros pregonan el futuro, del presente de Sevilla no se ocupa nadie. La verdadera ciudad sigue esperando. Extramuros.

Unos piensan en Sevilla como un organismo perfecto que no debe cambiar. Una momia que nunca envejece. Otros la ven como un pueblo pobre y con pretensiones que necesita hacer ruido para llamar la atención. ¿Por qué hay que conformarse con estos extremos? Elegir entre la urna de San Fernando y la Torre Pelli no soluciona nada.

Nuestro problema es cultural. La verdadera Sevilla se nos antoja misterio porque es evanescente. Desconocida hasta para sus hijos, queda oculta tras el velo de las polémicas. La Unesco puede condenarnos pero no resolverá esta duda. No descubrirá cómo somos porque esto –la identidad– depende de nosotros. De nadie más.

Alameda: dirección prohibida

Carlos Mármol | 20 de junio de 2012 a las 6:06

Patrimonio informa en contra de la modificación del PGOU que impulsó el gobierno municipal para construir un parking subterráneo en la Alameda, recalificar la comisaría de la Gavidia y ‘vender’ los cines históricos de Sevilla.

Primer tropezón. No será el único. Ni el último. El expediente aprobado por Juan Ignacio Zoido en el mes de abril para modificar el Plan General de Ordenación Urbana de Sevilla (PGOU) ha sufrido ya el primer revolcón en su larga y obligada tramitación administrativa.

La Comisión de Patrimonio, dependiente de la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía, analizó hace dos semanas las recalificaciones urbanísticas que el gobierno local quiere acometer para, entre otras cuestiones, obtener ingresos económicos extraordinarios; destruir la actual Alameda de Hércules y construir un aparcamiento rotatorio; convertir la antigua comisaría de la Gavidia en una nueva gran superficie comercial y reclasificar los usos dotacionales asignados a los antiguos cines del centro. Su diagnóstico: son operaciones lesivas para el patrimonio de Sevilla. Sin lugar a duda alguna.

La opinión de Patrimonio es relativamente importante. Se trata de un órgano consultivo del Gobierno autonómico que, formalmente hablando, aún no ha tomado una resolución. La decisión última es de la Dirección General de Bienes Culturales. Lo que diga es todavía un misterio, aunque en Cultura existe una regla no escrita: difícilmente la dirección política de una consejería informaría en sentido positivo una cuestión que previamente ha desautorizado el foro que tiene para ayudarle a fijar su criterio. Caben pues las sorpresas, pero todo induce a pensar que su conclusión final no será favorable a las pretensiones municipales. Otra cosa es cómo se decida argumentar esta negativa.

El informe de Patrimonio no invalida por completo el expediente de Zoido. Aunque sí pone en cuestión las operaciones políticamente más importantes que perseguía el Consistorio. De las 17 modificaciones puntuales que ambicionaba el PP, la comisión valida trece porque las ve compatibles con la legislación de protección patrimonial. En cambio, cuatro de ellas piensa que atentan contra “los elementos con valores culturales reconocidos por la actual legislación en materia de Patrimonio”.

Dicho en román paladino: la política urbanística y de movilidad del PP tendrá un impacto negativo en el Conjunto Histórico de Sevilla. Además del dictamen definitivo de la consejería de Cultura, este expediente tiene que ser analizado por otras instancias regionales: la Dirección General deUrbanismo y Ordenación del Territorio y el Consejo Consultivo de Andalucía.

¿Cuáles son estas operaciones lesivas contra el patrimonio? Las dos más conocidas se refieren a la Alameda de Hércules y al edificio de la comisaría de la Gavidia, protegido como una de las primeras muestras de la arquitectura del movimiento moderno en Sevilla. En el primer caso, el gobierno local quería construir un aparcamiento rotatorio –cuestión prohibida por el PGOU– y reurbanizar por completo un espacio cuya remodelación integral data del anterior mandato municipal, cuando se gastaron más de siete millones de euros. El PP quiere darle el aparcamiento a una empresa y restituir una estética de corte más clásico.

Patrimonio, en su informe, dice que este proyecto “choca frontalmente con el modelo de accesibilidad interna del área central de Sevilla”. Y añade: “El objetivo de la modificación no parece perseguir la línea de las actuales tendencias, convenios y cartas sobre accesibilidad en los Conjuntos Históricos”. En otras palabras: el Ayuntamiento va contra la tendencia de las urbes históricas de Europa, que buscan reducir el protagonismo del vehículo privado.

En el segundo de los casos lo que se persigue es la conversión de la antigua comisaría en un centro comercial. Ambas iniciativas parecen estar vinculadas: el parking de la Alameda es parte de la operación de terciarización de la Gavidia. Sobre la reconversión de este edificio, la opinión de Patrimonio es que implantar una gran superficie comercial, “con los problemas de accesibilidad existentes, produciría una merma considerable de los valores ambientales y visuales de este sector del Conjunto Histórico”.

También hay otras dos cuestiones. Parecen menores. Pero son importantes. Una se refiere a los edificios calificados como fuera de ordenación. Y la última, a la clasificación urbanística de las parcelas de algunos de los antiguos cines históricos del centro de Sevilla.

En el primer caso el Ayuntamiento ambiciona flexibilizar el régimen jurídico de este tipo de edificios –los existentes antes del PGOU y que colisionan con sus directrices, lo que significa que aunque no se derriben sólo serán objeto de obras de conservación– eliminando la “altura” como una de las cuestiones a considerar para dejar a un edificio sin asidero urbanístico. Patrimonio cree que esta propuesta implica un peligro para los espacios monumentales.

Sobre los cines, la discusión es otra. El Plan los calificaba originalmente como dotaciones culturales –suelos de interés público y social– pero tres de sus titulares ganaron un pleito contra esta catalogación, que les impedía patrimonializar las plusvalías urbanísticas potenciales de los edificios. Cosa natural. Al asignar este uso, el Plan lo que buscaba era precisamente blindar estos espacios culturales frente a posibles operaciones inmobiliarias auspiciadas por sus propietarios. Les ponía un freno: sólo podían traspasarse para usos culturales.

El fallo judicial obliga ahora al Consistorio a alterar la calificación original del PGOU, aunque no establece ninguna alternativa. La fórmula elegida por el Ayuntamiento es la peor para garantizar la subsistencia de estos equipamientos culturales porque, en lugar de sustituir el uso dotacional por el terciario, que permite que sobrevivan, aunque con menor grado de protección, les otorga una catalogación genérica y abierta: Casco Histórico. En consecuencia, estas salas pueden ser sustituidas por promociones residenciales de hasta tres plantas de altura.

El Ayuntamiento, además, no circunscribe el cambio sólo a los tres propietarios que ganaron la batalla judicial –las salas Alameda, Cervantes y Avenida– manteniendo el uso dotacional para las demás. La recalificación del PP elimina la protección también a otras que no estaban en discusión: la antigua Sala X de la calle Amor de Dios, el teatro Imperial (calle Sierpes), la antigua Sala Pathe (Cuna), el teatro Álvarez Quintero (Laraña) y el local del antiguo Cine Llorens (Rioja con Sierpes).

Según Cultura, esta nueva calificación urbanística “puede resultar incompatible con las determinaciones de protección incluidas en las fichas patrimoniales de los inmuebles que están protegidos”. La Junta cree pues que contribuye a la sustitución de los espacios escénicos con interés patrimonial.

Pero el impacto del dictamen de la Comisión de Patrimonio afecta sobre todo a la Alameda y a la Gavidia. Hay que tener en cuenta que, aunque la recalificación impulsada por Zoido se identifica siempre con estos dos proyectos concretos, en realidad abre la mano a cualquier otro que quiera instalar un estacionamiento rotatorio intramuros o reconvertir cualquier edificio singular en una gran superficie comercial. A juicio de Patrimonio, esta posibilidad jurídica supone “una alteración integral del modelo de ciudad y, en todo caso, de su ordenación estructural”.

Esto significa que el Consistorio no puede cobijarlas bajo la figura administrativa de la modificación puntual, sino que, si insiste en acometerlas, debe revisar por completo el modelo urbano del PGOU. Una hipótesis impensable. Primero, porque el Plan General vigente apenas tiene seis años. Segundo: un procedimiento de revisión demora entre tres y cuatro años. Y tercero: si se iniciase obliga a la paralización de facto de todas las licencias urbanísticas.

Una decisión que, además de bloquear cualquier iniciativa particular que sí fuera acorde con el Plan General, dejaría a todos los operadores urbanísticos –públicos y privados– sin la seguridad jurídica plena que sólo da el actual libro urbano de Sevilla. Ya se sabe: a veces lo mejor resulta ser el peor enemigo de lo bueno.