El síndrome de la Operación Nazarí

Magdalena Trillo | 20 de mayo de 2018 a las 10:00

Despilfarro y ausencia de control en el gasto público. Inversiones “totalmente improductivas”. Actuaciones que responden a intereses y caprichos individuales por encima de las necesidades colectivas. Saqueo. Derroche.

Podríamos pensar que estamos fotografiando los años del boom del ladrillo. Y de la Gürtel. Y de los ERE. Sólo en parte. Son las conclusiones a las que llegan 35 catedráticos de Derecho Financiero y Tributario de todo el país después de analizar la evolución de su especialidad en el último medio siglo. Los juristas se reunieron este viernes en la Facultad de Derecho y bautizaron su diagnóstico como Declaración de Granada.

Hablan de “involución”, arremeten contra Hacienda por tratar a los contribuyentes como “súbditos” y critican el desmedido “afán recaudatorio” de la Administración. A nivel fiscal, constatan lo que se ha convertido en la seña de identidad de nuestro fallido Estado de las autonomías: la desigualdad y discriminación que sufrimos, también a la hora de rendir cuentas, en función del lugar de residencia. Injusticia financiera e insolidaridad tributaria.

Seguro que usted, como yo, se siente vigilado por Hacienda. Y perseguido. Y se cabrea cuando el Gobierno aprueba una amnistía fiscal -esas que nunca llegan al ciudadano de a pie y que nunca cumplen sus objetivos- con tanta intensidad como cuando se anuncia un indulto. Porque es la impunidad de unos pocos frente al control de la mayoría. Y porque no hay justicia social y ahora nos advierten de que tampoco la hay fiscal.

Lamentablemente, esta Declaración de Granada tendrá el mismo recorrido que la firmada hace unos años a nivel político -los socialistas impulsaron en el verano de 2013 su propuesta de reforma de la Constitución hacia un Estado federal- buscando una salida al conflicto territorial. Los males de fondo son compartidos y las posibles soluciones son una utopía; no porque no sean viables sino porque estamos en un país incapaz de llegar a acuerdos -y cuando se alcanzan, como el Pacto de Estado contra la Violencia de Género, no se ejecutan-, con las instituciones rehenes de los intereses de los partidos y los políticos distraídos con las encuestas y con la bola de cristal del adelanto electoral.

Para empezar, los catedráticos reconocen que el “mal uso de los fondos públicos no justifica de ninguna manera cualquier forma de objeción fiscal”. Es decir, que ni el derroche ni el despilfarro tiene consecuencias para Hacienda. Tampoco lo tiene la parálisis. Sobre este tema no se pronuncian los expertos pero resulta igual de alarmante: los fondos públicos están para ejecutarse, no para devolvernos o dejarlos dormir en un cajón.

Estamos ante una normalización del mal gobierno que debería preocuparnos más incluso que los casos de corrupción. Y es que por los delitos se termina pagando -o al menos se debería-, pero no por la incompetencia y la inacción. En Granada, por ejemplo, podríamos verlo como una derivada sofisticada del vuelva usted mañana. Estoy pensando en Urbanismo, un área clave que vendría a funcionar como un barómetro de la salud del Ayuntamiento. La Asociación de Constructores ha arremetido esta semana contra el equipo de gobierno por tener más de 40 millones de inversión bloqueados. Denuncian el “atasco” y los retrasos inasumibles en la concesión de licencias.

Siempre está la explicación de la sobrecarga de trabajo, la falta de personal, la complejidad de los proyectos… pero también hay intangibles. Aunque médicamente no está diagnosticado, seguro que podríamos encontrar alguna fobia que aplicar a los técnicos y funcionarios -sobre todo a sus jefes- que lidian a diario con el papeleo más sensible.

Lo voy a llamar el Síndrome de la Operación Nazarí. En realidad, los constructores no han hecho más que poner cifras y voz a una situación de la que se habla en corrillos desde hace tiempo: en Granada no se mueve un papel. Buena parte de los funcionarios están trabajando para la UDEF y tampoco ayuda que cualquier informe o expediente mínimamente conflictivo acabe bajo llave… Los excesos de los que habla la Declaración de Granada son un problema, pero no hacer nada no es una solución.

Los comentarios están cerrados.