Paco Cuenca: dos años de un mandato de transición

Magdalena Trillo | 6 de mayo de 2018 a las 10:00

El 5 de mayo de 2016, el candidato socialista a la Alcaldía de Granada consiguió 16 votos favor -un respaldo sin fisuras de todos los partidos a excepción del PP- y Rocío Díaz quedó sin opciones de relevar a Torres Hurtado para culminar el cuarto mandato de los populares en la Plaza del Carmen. De forma inesperada, en un contexto de transición, Paco Cuenca cogió el bastón de mando en una ciudad todavía abierta en canal por la crisis de la operación Nazarí y puso fin a la etapa más extensa y controvertida del gobierno local con un compromiso explícito por abrir ventanas, levantar alfombras y gestionar desde el “diálogo” y la lealtad hacia el resto de grupos con la máxima “responsabilidad” y “transparencia”.

Hoy, dos años después, no es difícil vaticinar que el PSOE correría el riesgo de quedarse (casi) solo en la votación: sus 8 concejales frente a los 11 del PP y los 4 de Ciudadanos. Puede que los socialistas consiguieran atraer a su causa al nuevo edil tránsfuga Luis de Haro y, tal vez, invocando los nostálgicos y cada vez más frágiles principios de la necesidad de unión de la izquierda, lograran la abstención de Paco Puentedura (IU) y de las dos concejales de Vamos Granada. Aunque más por estrategia, para levantar un muro contra la derecha (la vieja y la nueva), que por confianza hacia el equipo de Cuenca.

Luis Salvador ya lo advirtió en el tenso pleno de investidura con que el PSOE desembarcó en el gobierno de la capital tras la era Torres Hurtado: ni eran tiempos de reeditar experiencias fallidas como el ‘tripartito’ de Moratalla ni se extendía un cheque en blanco a los socialistas. El primer año sirvió para afrontar buena parte del catálogo de exigencias de estos particulares socios en la sombra -la formación naranja ha pivotado cómodamente en toda España con su decisión de facilitar gobiernos pero no desgastarse gobernando- con actuaciones concretas como el cierre del botellódromo, con contrapartidas efectistas como la dimisión del diputado de Deportes Mariano Lorente y con un compromiso de profunda regeneración política y económica en la gestión municipal que se ha ido diluyendo en un quiero y no puedo.

Por la minoría de unos y las zancadillas de otros, pero también por una incapacidad manifiesta para llegar a acuerdos. El equipo de Cuenca lleva dos años gestionando la ciudad con los presupuestos del PP -si ya es difícil que los políticos cumplan los programas electorales, más lo es si no se puede contar ni con un escenario propio de ingresos y gastos- y con una herencia endemoniada de crisis económica y financiera que mantiene a Granada como objetivo preferente del Ministerio de Hacienda para su intervención. A pesar de ello, del difícil punto de partida, resulta paradójico que una de las principales quejas en los grupos de la oposición -sin excepción- sea la intransigencia del equipo de gobierno, su afán de protagonismo y su inexplicable opacidad en la gestión.

Ruina municipal, falta de entendimiento en el día a día, choques más o menos velados con otras instituciones -incluidas las gobernadas por el PSOE- y continuos sobresaltos judiciales… También sorprende que la auditoría prometida para esclarecer el oscuro urbanismo de la última década se esté realizando con más solvencia en los tribunales que en las dependencias municipales y la personación en las diferentes causas que acorralan al anterior equipo del PP -es el caso Nazarí, pero es también el Serrallo, Casa Ágreda, la gestión irregular en TG7 y los contratos fantasma en Emucesa- no superen un perfil bajo de aparente obligatoriedad de estar simplemente para saber más que para actuar y para liderar el esclarecimiento de los casos en beneficio de la ciudad.

Se podría valorar que no se haya querido hacer leña del árbol caído, que se hayan separado los intereses partidistas de la responsabilidad institucional, pero no son pocos los que cuestionan (dentro y fuera de las filas socialistas) la poca contundencia con que se están enfrentando a procesos que apuntan a perjuicios millonarios.

Decía este viernes el alcalde que Granada ha recuperado “normalidad”, “tranquilidad” y la “confianza” de los ciudadanos en su ayuntamiento. “Una nueva etapa sin trampas”, tal vez, pero con ausencia de autocrítica y con un legado limitado si tenemos en cuenta que estamos ya en la cuenta atrás de las próximas municipales.

Lo más relevante que ha ocurrido en la ciudad en los últimos meses ha sido la puesta en marcha del Metro y la reversión de la fusión hospitalaria -sin un protagonismo directo por parte de la capital- y entre lo que está por venir se vislumbran luces -la llegada del legado de Lorca sigue su hoja de ruta para ser una realidad antes del 30 de junio- pero también sombras: por mucho que se presente como un éxito la gratuidad de los transbordos entre autobuses y Metro, aún está por ver que se pueda llevar a cabo la “revolución” del mapa de transporte anunciada -tampoco aquí se ha logrado el acuerdo con los grupos- y, sobre todo, anticipar si terminará sumando votos o los acabará restando.

En este punto, en este horizonte político de absoluta incertidumbre, podríamos situar, por ejemplo, el reforzamiento de Paco Cuenca dentro del PSOE asumiendo las riendas de la agrupación de la capital -si no gana lo suficiente dentro de un año para pactar y gobernar, el camino previsible apunta al Congreso o el Senado más que a la bancada de la oposición- y con esas mismas expectativas de que el juego está totalmente abierto podríamos leer los efusivos abrazos que esta misma semana se daban Luis Salvador y Sebastián Pérez en la cruz de Regina Mundi…

Gracias Sr. Juez

Magdalena Trillo | 1 de mayo de 2018 a las 10:37

Volvimos a despertar con el #MeToo de la alfombra roja, después llegó el tsunami del 8-M español y hoy celebraremos el primer 1 de Mayo feminista de nuestra historia desconcertados aún por la polémica sentencia de la Manada.

Las razones de la indignación son muy simples: una chica es acorralada en el rellano de un portal y penetrada hasta nueves veces por cinco tipos y no es violación. Estaba borracha, medio inconsciente y no se resistió; no se jugó la vida ni hizo de heroína. El corto que ha analizado la Audiencia de Navarra muestra un ambiente de “jolgorio” y “regocijo”, imágenes de sexo frío y explícito en las que “no tiene cabida la afectividad”. Hay “prevalimiento”, superioridad e intimidación, pero no agresión.

Sin el voto particular del juez Ricardo González, el magistrado que ha llegado a defender la absolución de los cinco jóvenes sevillanos y que ni siquiera considera que haya habido “abuso sexual”, no estaríamos hablando ahora de cambiar el Código Penal para revisar, actualizar y dar un mínimo de coherencia a la tipificación de los delitos sexuales, no estaríamos reclamando formación especializada para jueces y fiscales en la lucha contra el machismo y no estaríamos pidiendo explicaciones al Gobierno por los 200 millones comprometidos en el Pacto de Estado contra la Violencia de Género.

El problema son las leyes -más de treinta veces se ha modificado el Código Penal de 1995 y seguimos encontrando aberrantes zonas grises- pero más aún su interpretación. El problema son las palabras -es muy distinto hablar de 9 años de cárcel por “abusos” que por “violación”- pero sólo en la medida en que hacen saltar las alarmas sobre los prejuicios y las injusticias que hay detrás.

Si el señor juez del voto particular no hubiera criminalizado a la víctima, humillándola como un simple objeto de usar y tirar y hasta convirtiéndola en cómplice de los agresores, hoy no estaríamos debatiendo sobre la crisis de la Justicia.

Si el señor juez del voto particular no nos hubiera dado a todos una lección de machismo y bajeza moral, no estaríamos preguntándonos hasta qué punto la opinión pública ha de actuar de motor para propiciar un cambio en las leyes, en quienes las hacen y en quienes las administran.

No se trata de usurpar el papel de los jueces; se trata de resquebrajar su torre de marfil. Ni siquiera es necesario buscar fantasmas -como ha hecho el ministro Catalá- para justificar lo injustificable. Nos guste o no, elseñor juez del voto particular no es ninguna excepción en este país. No es una cuestión de togas, de sexo y ni siquiera de edad.

Gracias, por tanto, señor juez por su bofetada de realidad.

La hazaña de resistir

Magdalena Trillo | 29 de abril de 2018 a las 10:30

Levantar la persiana de una ciudad cuesta mucho y no luce. Es el gris de la rutina; el tedio de la normalidad. Que funcionen los autobuses y los semáforos, que las calles estén limpias y la basura recogida, que salga agua caliente en la ducha, que haya gente haciendo algo más que proclamar el vuelva usted mañana, que los centros deportivos estén abiertos… No hay grandeza en el día a día. Ni titulares. Ni fotos que llevar a una portada.

Los políticos lo saben. Y saben también que con una hoja de servicio de pura supervivencia no se pueden ganar unas elecciones. ¿O sí? Hasta que llegaron los recortes y se acabaron las tijeras y las cintas inaugurales, pocos ayuntamientos se han salvado del “puedo prometer y prometo” del político de turno ni han esquivado el golpe de realidad que subyace en esa gráfica frase que ya se ha erigido en toda una máxima de pragmatismo municipal: “Ya lo pagará el que venga detrás”.

Fueron los años de las obras faraónicas, los grandes viajes de trabajo y los cócteles con champán. Y fueron también los tiempos de la movida municipal -desde el tráfico de influencias y los tratos de favor hasta los delitos de corrupción- que ahora empieza a ocupar protagonismo en el banquillo de los tribunales. La Fiscalía acaba de pedir 8 años de cárcel para el exalcalde Torres Hurtado (PP) por el caso Serrallo y no es más que un aperitivo de lo que significará el desenlace de la operación Nazarí. Puede que no circularan maletines pero los excesos se pagan.

Es la misma lección que nos acaba de dar Cristina Cifuentes desde Madrid -la ya expresidenta de la Comunidad ha terminado cayendo por el “escándalo” de robar dos botes de crema antiarrugas en un supermercado- al evidenciar cómo la crisis y la corrupción han convertido en toda una heroicidad la misión de resistir. Frente a los otros y frente a los propios.

Perfil plano. Laconismo. Estabilidad. Lo practica Rajoy con la misma vehemencia con que lo invocaba hace unos días Susana Díaz insistiendo en que no habrá adelanto electoral en Andalucía y lo defendía el actual alcalde, Paco Cuenca, cuando se cumplían dos años de la intervención policial que acabó desalojando al PP de la Plaza del Carmen: el valor de la “etapa de tranquilidad” en que ha entrado Granada frente a los “continuos líos” del equipo de gobierno de los populares.

¿Pero con la normalidad se pueden ganar unas elecciones? ¿Con subir la persiana cada día se puede justificar una gestión? ¿La resistencia a qué precio?

Los músicos de la OCG han vuelto a dar la voz de alarma por la situación de la orquesta. Las instituciones lograron buscar una salida puntual para el problema de personal pero la crisis financiera no se ha resuelto. No hay recursos. Ni para pagar las dietas a un artista invitado. Lo que está contra las cuerdas es su calidad y su prestigio; que no es otra cosa que su sentido de ser y su futuro. Es un desafío de todas las administraciones, no sólo de la capital, pero es un buen ejemplo de las trampas que conlleva el cómodo ejercicio de levitar. Sobre todo, si ni siquiera se consigue un mínimo de solvencia y credibilidad.

Cuando el Gobierno apruebe por fin los Presupuestos Generales del Estado, recuperaremos cierta “normalidad” y “estabilidad” pero ninguna de las partidas relacionadas con la resistencia de Rajoy tendrá recorrido mediático. Solemos decir que el periodismo no es más que el reflejo de la sociedad. Pues bien, reconozcámoslo: no hay ningún atractivo en la inercia.

Pero, ¡cuidado!, todo cambia si se tambalean los cimientos de la rutina: no puedes vender que pagas a fin de mes a los trabajadores municipales, pero sí que las próximas nóminas corren peligro. No puedes vender que los autobuses y el Metro circulan cumpliendo las frecuencias, pero sí que se interrumpe el servicio por una huelga. Eso sí, quienes lo rentabilizan son los otros. Los que acechan contando los días para citarse en duelo en las urnas. Resistir se ha convertido en toda una heroicidad, sí, pero no es garantía de nada.

El triste ejemplo de Granada

Magdalena Trillo | 24 de abril de 2018 a las 10:30

Granada lleva tres años de aislamiento ferroviario y no pasa nada: los turistas se las ingenian para seguir llegando a la ciudad y los granadinos continúan viajando a golpe de resignación y de paciencia. El 7 de abril de 2015, el Ministerio de Fomento decidió cortar el servicio de trenes para agilizar las obras del AVE. El corte no iba a durar más de cuatro meses. Mil días después, nos acordamos del bloqueo cuando compramos un billete en tren a Madrid -y sin darnos cuenta nos vemos subidos en un autobús con un puñado de japoneses despistados rumbo a Antequera- y cuando las plataformas de protesta toman las calles para celebrar -con relativo éxito de convocatoria- las tristes efemérides de la “vergüenza”.

Calculan las instituciones y los empresarios que el impacto del bloqueo supera los 420 millones en pérdidas y no pasa nada: la llegada del AVE continúa sin fecha y sin más compromiso que la palabra del presidente Rajoy asegurando que se inaugurará “en 2018″. El Gobierno ha logrado culminar las obras, pero la explotación queda ahora en manos de la Agencia Estatal de Seguridad. Aquí no hay prisas ni presiones; se pondrá en marcha cuando los técnicos lo determinen y poco importa si se adelantan las elecciones o se atrasan. En Moncloa lo saben y en Génova también.

Y no pasa nada en España… pero sí en Europa. Lo paradójico es que se lo debemos a la pequeña ciudad de Rastatt. En agosto se produjo un accidente y se derrumbó un túnel que afectó al estratégico eje de comunicación ferroviario entre Alemania y Francia. Las eurodiputadas socialistas Inés Ayala y Clara Aguilera han utilizado la presión social y empresarial de esta importante región para elevar una pregunta a la Comisión de Transportes del Parlamento Europeo, poner de relieve la incomunicación de Granada e intentar evitar que se repita.

El 2 de mayo se aprueba el presupuesto comunitario y el 28 se fijará el reglamento sobre infraestructuras transeuropeas -afecta a los nueve corredores- con la inclusión de un protocolo de buenas prácticas que exigirá a los Estados miembros que establezcan un plan alternativo -viable y lo menos perjudicial posible- cuando se aborden proyectos de gran envergadura que afecten a los servicios de transporte de la ciudadanía. Es muy sencillo: garantizar que ninguna ciudad o región europea pueda quedarse tres años sin tren y no pase nada… Y, con la ayuda de Rastatt, se lo deberemos al “triste ejemplo de Granada”.

Rehenes de la minoría

Magdalena Trillo | 22 de abril de 2018 a las 10:00

Plaza del Carmen. 8:30 de la mañana. Pleno extraordinario de movilidad. Probablemente seré una de las pocas inconscientes de esta ciudad que el viernes tuvo la santa paciencia de engancharse al ordenador para ver en streaming el debate sobre la revolución del transporte que seguirá al exitoso estreno del Metro. Interés profesional pero también particular. Egoístamente, soy usuaria de la Rober y lo sería de una segunda línea por el centro si se concreta el tercer intento de rescate del histórico tranvía -lo avanzó la concejal de Movilidad esta semana a Granada Hoy- tras los fallidos proyectos de Moratalla y Torres Hurtado.

No hubo pleno; no hubo debate. Hubo bronca, reproches y varias tomas de actuación grotesca. El equipo de gobierno se quedó solo pero pudo escenificar un sucedáneo de pleno cuando el ‘tránsfuga’ Luis de Haro aprovechó la ocasión para hacerse notar, para desmarcarse del plante acordado por todos los grupos de la oposición y, sobre todo, para dar una patada a las compañeras de su antiguo partido. Hizo el papel de responsable y dio la oportunidad al alcalde para que siguiera dirigiendo la orquesta.

Oficialmente, el Ayuntamiento celebró el pleno extraordinario de movilidad y Raquel Ruz pudo mostrar un mapa de la ciudad con la propuesta de reestructuración de las líneas de autobuses -lo más novedoso es que se conectará el Zaidín y la zona Norte pasando por la Gran Vía-.

Todos hemos perdido tiempo y dinero. Los plenos extraordinarios se convocan ante cuestiones realmente urgentes para la ciudad y en casos de tal complejidad y envergadura que se considere inasumible en una sesión ordinaria. No nos olvidemos, además, de que cuestan dinero y lo pagamos entre todos con nuestros impuestos. Si es verdad la versión del equipo socialista de que hasta la noche de antes no se había podido ultimar la documentación para entregar a la oposición y que justo por eso no existía el famoso expediente que todos los grupos exigían para poder debatir y votar, ¿para qué se convocó el pleno con urgencia? ¿por qué no se aplazó?

Es más, si realmente nos creemos que somos responsables y que trabajamos por el bien de la ciudad -Cuenca lo dijo infinidad de veces intentando desmarcarse de la bronca política que ellos mismos habían desencadenado-, ¿para qué el show del viernes? ¿para debatir en formato pleno lo que llevan discutiendo desde hace meses en el observatorio de la movilidad?

No importan los artículos a los que apeló una y otra vez el secretario interpretando la normativa municipal. Es el propio sentido común el que debería orientar la actuación de los grupos desde la mesura y la estrategia.

Lo del viernes hubiera funcionado hace unos años con Torres Hurtado y su rotunda mayoría absoluta. Se celebra y se aprueba lo que se quiera aprobar. Sin la obligación siquiera de tener que debatir e incluso con todos y todo en contra. Es lo ‘bueno’ del rodillo: pragmatismo y efectividad. Te puedes equivocar, puedes cavar tu tumba, pero tomas decisiones y las ejecutas. Gobiernas.

Un equipo en minoría está condenado a la inanición si no cautiva a algún grupo de oposición para la causa. Si no son generosos y no se imponen como credo la obligación de pactar. Son rehenes de ellos mismos, de su precaria y frágil situación en el tablero municipal, y son rehenes de los demás. Es una relación perversa: cuanto más insignificantes son, más relevancia acaban teniendo en el juego político. ¿A cuántos granadinos representa Luis de Haro? No es sólo simbólico; lo vemos continuamente en todas las escalas de gobierno. Ha sido históricamente la gran baza de los nacionalistas y lo estamos sufriendo en los últimos años como contrapartida de la fragmentación del mapa político.

A Torres Hurtado se lo llevó por delante la justicia pero ya estuvo en el precipicio cuando se implantó la LAC y cabrearon a media ciudad con los transbordos. El PSOE tiene ahora el bastón de mando pero sin la legitimidad de las urnas. En un año hay elecciones y cada decisión, cada error, sumará en la cuenta atrás. Ni siquiera es tiempo ya de apelar a la “tranquilidad” del mandato y a la inercia. Porque no hacer nada -por no ser capaz de negociar y de pactar- también es decidir.

La Alhambra, en campaña

Magdalena Trillo | 17 de abril de 2018 a las 10:30

Mateo Revilla llegó a la Alhambra en los años 80 con el título de comisario. Nada más pisar la Colina Roja, decidió prohibir los cócteles y las celebraciones. Se acabó la fiesta en el monumento más visitado de España. No tardaría mucho en levantar a todo el sector turístico: la conservación de los palacios nazaríes estaría por encima del negocio. 300 personas cada media hora.

Así empezó todo. El problema, entonces y ahora, es muy sencillo: la oferta de entradas no cubre la demanda. Hay mucha más gente dispuesta a ver la Alhambra -poco importa si llegan desde un crucero de Málaga o en vuelos desde Japón- de lo que permite el cupo de acceso a las zonas más sensibles. La globalización, la modernidad, también tiene un precio. Y, lamentablemente para las empresas que viven del turismo, las actuales políticas de gestión cultural tienden a imponer la preservación del legado a la presión lobbista.

Es verdad que luego está la letra pequeña. Por un lado, cómo gestionamos lo escaso, cómo garantizamos la equidad y cómo evitamos que unos cuantos se apropien del sistema. Más aún si tenemos en cuenta el precedente de la trama corrupta de entradas falsas que saltó en 2005 y desencadenó uno de los macrojuicios más dilatados de la justicia andaluza. Por otro lado, están los desafíos del día a día. Cómo evitar las aglomeraciones, cómo desestacionalizar la llegada de turistas, cómo diversificar y ampliar las opciones de visita y cómo mejorar la experiencia del público.

A partir de aquí se puede analizar si funciona o no el nuevo sistema de entradas nominativas que se puso en marcha el 1 de enero para los turistas individuales -se empezará a aplicar el 1 de mayo para grupos-, si se puede conseguir una mayor flexibilidad para las agencias de viaje y turoperadores, si hay medios alternativos de control y seguridad que puedan contribuir a frenar la reventa y si hay fórmulas de trabajo colaborativo entre las instituciones y el empresariado que ayuden a mitigar la “fuga” de viajeros.

De nada de esto se habla cuando la Alhambra salta al debate en el Parlamento andaluz. No hay argumentos por encima del relato político; hay críticas calculadas y reproches tacticistas. La Alhambra, como Sierra Nevada, vende. Captando turistas y atrayendo votos. Por mucho que se pongan los intereses del sector como coartada, vuelve a ser el PP contra el PSOE; Granada contra Sevilla. Y poco importan los problemas, las mesas de diálogo y las posibles soluciones cuando los partidos ya se han puesto en modo electoral.

¡Menos mal que no tengo un máster!

Magdalena Trillo | 15 de abril de 2018 a las 11:46

El tono socarrón de Esperanza Aguirre en el Senado, por la suerte de no tener un máster y con su cínico consejo sobre ¡lo bien que se está en casa!, probablemente sea lo más sincero y revelador que esta semana hemos escuchado del curioso caso de Cristina Cifuentes y su máster fantasma. Por las ramificaciones con que se está expandiendo la crisis del PP, por la mancha de desprestigio que ha vuelto a ensombrecer a la clase política y, como efecto colateral, por el perjuicio que está suponiendo para la imagen de toda la universidad española.

el curioso caso de Cifuentes

Los muros de contención hacen aguas: Cifuentes tiene que dimitir -casi más por lo que ha mentido que por lo que ha hecho-, pero también el rector de la Rey Juan Carlos -casi más por lo que no ha hecho-. Son dos escenarios distintos de irregularidades y despropósitos -el político y el académico- que exigen medidas valientes y contundentes de asunción de responsabilidades que vayan más allá de cumplir el expediente y del suicida cierre de filas. Porque lo ético y lo estético se une a posibles infracciones administrativas y hasta de tipo penal.

El enroque del PP no sólo le puede costar el gobierno de la Comunidad de Madrid a un año de las elecciones; también tendrán que valorar hasta qué punto están dispuestos a fabricar un nuevo ‘Tierno Galván’ facilitando la llegada de Ángel Gabilondo, regalándole una precampaña de diez meses y reforzando la alianza PSOE-Ciudadanos que desde Andalucía viene marcando el contrapunto a la estrategia de pactos de la formación naranja -por mucho que ya empiecen a sonar los calculados tambores de adelanto electoral-.

En la Rey Juan Carlos debería abordarse de una vez, y con cirugía mayor, qué ocurre en esta universidad inexplicablemente “pública”, constantemente sumida en la polémica y vinculada desde sus inicios al Partido Popular. Voy a aplicar el mismo criterio que defendería para la enseñanza básica segregada. Y al margen del aval que estos centros anacrónicos -que apuestan por discriminar por sexos justo cuando la batalla es la contraria- acaban de lograr del Tribunal Constitucional: absoluta libertad para que los padres elijan el colegio de sus hijos pero no con el dinero de todos; no con subvenciones públicas.

Exporto el argumento a la enseñanza superior: si los políticos quieren un retiro académico en modo puerta giratoria, que lo paguen; si quieren tratos de favor y normas especiales para afrontar sus estudios, que los paguen. Y que no nos confundan a los demás. Ni a los que se dejan la piel, y el dinero, en la butaca de al lado para conseguir un título (y, por encima del papel, una formación supuestamente de calidad) ni a quienes lo hacen en instituciones con acreditadas trayectorias y férreos instrumentos de filtro y control.

Con todo, lo mejor del caso Cifuentes tal vez sea la operación limpieza de curriculum que ha desencadenado a nivel nacional. No habrá político ni cargo público en España que no se haya puesto a pensar si lo exageró, si lo retocó, si lo maquilló y, sobre todo, si lo pueden pillar. Les animo a que vayan a la Wikipedia y vean la cantidad de entradas que se han editado en los últimos días.

“Estudios de”. Pocas veces la realidad se corresponde con el deseo. Y es que una cosa es empezar y otra terminar. Suele ser un clásico en las campañas electorales. Cuando se dan a conocer las listas de candidatos de los diferentes partidos y cuando, tras la cita con las urnas, toman posesión de sus cargos. En esos momentos, los medios los diseccionamos y situamos la lupa sobre su perfil. Las sorpresas son tan morbosas como el momento en que, en aras de la honradez, se fiscaliza su paso por el poder haciendo públicas sus declaraciones de la renta… Y aparecen sus coches, y sus casas, y sus fondos de inversión…

La propia presidenta de la Junta, Susana Díaz, ha sido carne de cañón para el PP a cuenta de los diez años que tardó en terminar Derecho y de su diploma de Alta Dirección de Instituciones Sociales por el Instituto San Telmo. Este posgrado, como algunos medios han vuelto a publica esta semana, se habría financiado con el fondo de reptiles de los ERE (se dieron unas becas por la Dirección General de Empleo) y benefició a numerosos sindicalistas y políticos socialistas como el actual alcalde de Granada, Paco Cuenca, que ya en 2004 tuvo que dar más de una explicación. Puesto en marcha el ventilador para contrarrestar el caso Cifuentes, de la operación limpieza ya hemos pasado a la ofensiva desempolvando todo lo que pueda contribuir al corruptómetro y al ‘y tú más’.

paco cuenca sd

Si nos quedamos en Granada, el propio presidente del PP, Sebastián Pérez, tuvo que pedir en su día que modificaran la Wikipedia para aclarar que “no acabó sus estudios en Ciencias Políticas en la Universidad de Granada”. Aparece como “cita requerida” y, extrañamente, un poco más abajo se presenta como político y “asesor de empresas”. Lo cierto es que no miente y es consecuente: no es licenciado y no dice que lo es. Muy distinto al polémico caso del exdiputado Francisco Tarifa, que le salpicó cuando estaba al frente de la institución provincial. Poco después de dimitir por el fracaso del proyecto de la Alpujarra como Patrimonio Mundial, Tarifa se enfrentó a un escándalo por la falsificación de un título.

tarifa

Como Cifuentes pero en plan chapuza. El certificado con que acreditaba tener nivel intermedio de Francés parecía modificado a golpe grotesco de Photoshop y la Escuela de Idiomas de Órgiva tardó medio segundo en asegurar que “ni constaba como alumno ni había superado nivel alguno”. También entonces, en la precampaña de 2015, Tarifa seguía la escuela Cifuentes y se presentaba como víctima de una “cacería”.

rodríguez

Viajando un poco más en el tiempo, el caso local más sonado tocó de lleno a la entonces Caja General de Ahorros. Julio Rodríguez, presidente de la entidad en el año 2000, tuvo que acudir a los juzgados para defender la capacitación de su director general tras una denuncia de CCOO a la que se sumó el PP. Fernando Rodríguez, en contra de lo que figuraba en su currículum, sólo aprobó una asignatura de Derecho y no realizó un Máster de Dirección de Empresas en Deusto…En algunas ocasiones, la tentación del amaño ha fulminado carreras en cuestión de horas. Diez días ocupó Cristina Almagro el cargo de concejal de Juventud del PP en el Ayuntamiento de la capital; justo el tiempo que en 2014 tardó en conocerse su condena por falsificar certificados para ser presidenta de la Asociación de Vecinos del Albaicín.

La casuística es variopinta, las razones diversas y los resultados inciertos. Al final de todo, y pese a lo mucho que nos deleitamos estos días en las críticas a la universidad, sería cínico no admitir lo que viste un título a nivel profesional y social. Bien enmarcado. Con la firma del Rey y al lado de la orla. Más aún si hablamos del gobierno de los mejores.

A medida que los españoles nos hemos ido abriendo al mundo, ¡y a los idiomas!, era lógico que progresáramos ascendiendo al nivel del máster y de los estudios de posgrado, preferiblemente en centros extranjeros. Y es que el inglés también vende más. Pablo Casado es un ejemplo de esta sofisticación, aunque resulte que el viaje transatlántico se hizo cuatro días al hotel de al lado… ¿Pero alguien se va a poner a comprobarlo? Pues resulta que sí. Que no hay que tener altos estudios para saber que las mentiras tienen las patas muy cortas.

El poder de la calle

Magdalena Trillo | 8 de abril de 2018 a las 10:12

El mismo día que las kellys consiguen ser recibidas en Moncloa por el presidente del Gobierno -y lo comprometen con su causa-, uno de los colectivos más alérgicos a las movilizaciones se echa a la calle para reivindicar su independencia frente a las injerencias políticas, denunciar el desgaste que el sistema judicial ha sufrido en la última década y reclamar avances laborales. Desde medios técnicos y refuerzo de personal hasta mejoras salariales, regulaciones de descansos y vacaciones y ampliación del permiso de paternidad. Son humanos. A pesar de sus poses marmóreas y sus togas decimonónicas; a pesar de los jueces y los fiscales estrella.

Que las camareras de piso alerten de la degradación laboral que están sufriendo -con la externacionalización del servicio, las “jornadas esclavas” y los contratos leoninos- podría formar parte del guión. Por el impacto que la crisis ha tenido en los colectivos sociales más vulnerables pero también por la flexibilidad que introdujo la reforma laboral castigando un mercado especialmente marcado por la explotación y la precariedad.

La ecuación que conecta a las kellys con los jueces es sencilla: si todos sufrimos los ajustes cuando España estaba al borde del abismo y la intervención, todos queremos ahora participar de la recuperación. Sin excepciones. La ola de las protestas se ha vuelto incontrolable e imprevisible y poco tiene que ver con el organizado movimiento sindical que ha ido modulando el poder de la calle en estos cuarenta años de democracia.

kellys

En Granada, esta semana ha sido el turno de las trabajadoras de los hoteles -que han unido fuerzas constituyéndose en asociación- pero también de los funcionarios de prisiones -el jueves se encerraron en Albolote para exigir la equiparación salarial con sus compañeros de Cataluña- y el de los policías locales que están intensificando la batalla por la prometida bajada de la edad de jubilación. Todo llega, además, cuando aún resuenan los ecos de la marcha feminista del 8-M, cuando aún prosiguen los compases de rebelión de los mayores por unas pensiones dignas y cuando aún intentamos digerir imágenes inéditas como las protagonizadas por Guardia Civil y Policía Nacional denunciando su sangrante discriminación territorial.

Ya no hay líneas rojas. Y ya no son movilizaciones más o menos nostálgicas para celebrar efemérides y plantear reivindicaciones casi voluntaristas. Incluso el 15-M, asumiendo el espíritu de las protestas juveniles de la primavera árabe, empieza a quedar superado por las brechas de injusticias y de agravios que en el caso español ha desencadenado un cóctel inesperadamente explosivo: la quiebra del modelo autonómico, acentuada con la estrategia pactista que desde Madrid no ha dejado de alimentar a los nacionalismos, y con las secuelas de la crisis debilitando los frágiles pilares del Estado del Bienestar.

El punto de inflexión de todo hay que buscarlo en Cataluña. Por la interminable distracción que está suponiendo el desafío independentista y por los intoxicantes vasos comunicantes con que el bloqueo institucional está distorsionando la telaraña pública. Es el 155, pero es también el impasse en el que siguen los PGE y es, sobre todo, la profunda confusión entre política y justicia que ya hemos asumido como normalidad.

No lo es. No debería serlo. Ni en el conflicto separatista ni en las innumerables causas que saturan los tribunales certificando el fracaso más absoluto de la política. No se recurre ni a la vía administrativa; es la amenaza del proceso penal lo que tiene recorrido mediático, político y electoral. Lo estamos sufriendo en el conflicto catalán y lo comprobaremos a nivel local cuando casos de impacto como el Nazarí, Serrallo o Emucesa vayan marcando los verdaderos escenarios de juego. ¿Infracciones administrativas e irregularidades o trasfondo penal?

También aquí han saltado por los aires las líneas rojas. Y la prudencia. Más aún cuando es la propia política la que se intenta apropiar del poder de la calle. Lo veremos precisamente hoy en la movilización convocada por los tres años de aislamiento ferroviario. ¿Ni siquiera este incomprensible hito es capaz de arrancar una foto de unidad?

¿Qué sueldo quieres?

Magdalena Trillo | 3 de abril de 2018 a las 10:30

Alemania abrió el debate en enero: el Gobierno de Merkel aprobó un proyecto de ley para obligar a las grandes empresas a dar a conocer el salario de sus trabajadores. El objetivo era evitar la brecha salarial entre hombres y mujeres: de hasta un 21% si tenemos en cuenta el impacto del techo de cristal y las reducciones de jornadas y de un 7% eliminando estos condicionantes. El mandato constitucional de la equiparación salarial no se cumple. Ni en el país germano ni por supuesto en España y ni siquiera en los modélicos estados nórdicos que siguen encabezando todos los rankings mundiales de bienestar.

Pero la realidad es que tampoco se cumple si prescindimos del factor de género. El debate es más profundo: porque hablar del sueldo sigue siendo un tabú y porque continúa funcionando como un instrumento de poder en las empresas. Por lo que tiene de premio y de castigo en un ambiente laboral de creciente competitividad y por la vinculación que debería tener respecto a la productividad real de la compañía.

En marzo se ha dado un paso más. Serán los trabajadores los que podrán recabar información sobre lo que cobran sus colegas por hacer las mismas tareas. El Bundestag pretende imponer la igualdad salarial por ley y ya hay empresas que han tomado la avanzadilla: en Einhorn, una start-up ubicada en Berlín que se dedica a vender condones veganos, sus diez empleados se sientan cada seis meses a analizar sus salarios, deciden cuánto quieren cobrar, lo votan y lo aplican. En la cadena de hoteles Upstalsboom no lo votan directamente pero sí evalúan el mercado y sugieren las remuneraciones…

Máxima transparencia y un escenario casi idílico para el trabajador: ¿cuánto quieres ganar? Casi una utopía poder poner precio a tu esfuerzo, a tu implicación y a tu desempeño al tiempo que evalúas a los compañeros… Aunque la pregunta tiene trampa. Basta con cambiar el verbo principal incorporando al deseo un plus de autocrítica: ¿cuánto mereces ganar? Y de pragmatismo: conociendo los números de la empresa y la situación del sector, ¿cuánto crees que podrías ganar? Y hasta de corresponsabilidad: ¿estarías dispuesto a bajarte el sueldo en caso de necesidad?

De la transparencia a la presión. Hay un desafío en los nuevos entornos laborales para propiciar unas tablas salariales “ecuánimes” y “justas” pero, si invertimos por completo las reglas del juego, debemos ser conscientes de que al final nos exponemos todos… Imaginen a los trabajadores de la Renfe francesa: ¿36 jornadas de huelga contra ellos mismos?

Federico vive

Magdalena Trillo | 1 de abril de 2018 a las 10:00

Así que pasen quince años… Con este guiño lorquiano a una de las obras “imposibles” que escribió Federico -no sólo El maleficio de la mariposa fue un fracaso cuando se estrenó-, resulta tentador volver a escribir el mismo artículo; el que mira hacia atrás. El que se lamentaría de los quince años de conflictos y desencuentros entre los políticos y la familia que han terminado convirtiendo la puesta en marcha del Centro Lorca en una endiablada cuenta atrás, el que se escandalizaría por ver el nombre del poeta unido a esas estafas de guante blanco más propias de nuestros tiempos de corrupción que de los suyos de picaresca, el que hablaría de la placa de La Caixa que ya luce atornillada en la fachada del edificio de La Romanilla y se perdería buceando en lo que sabemos -y lo que no- sobre el tortuoso camino que conecta dos fotos: la de Laura-García Lorca con el entonces presidente José María Aznar en la famosa reunión de Moncloa de enero de 2004 y la de los camiones de mudanza del pasado 19 de marzo depositando los primeros fondos del legado en Granada.

No es ningún regreso -es una llegada- y es mucho más que una “habitación propia” lo que ya tiene Federico en su ciudad. Las más de 5.000 piezas y documentos que integran los fondos que desde 1986 se custodian en la Residencia de Estudiantes terminarán de ocupar la cámara acorazada del Centro Lorca antes del verano.

Hasta entonces, llegarán noticias de los tribunales (por el fraude del anterior secretario de la Fundación, Juan Tomás Martín) y de las instituciones que habrán de despejar el complejo escenario de cómo, con qué fórmula y con qué presupuesto, se gestiona el que está llamado a convertirse en un centro de referencia y en un revulsivo para el nuevo panorama cultural español.

inauguracion

Lo exige la marca. El Centro Lorca no puede ser uno más. No lo fue Federico y no puede serlo el gran proyecto que lleva su nombre. Le escuché decir una vez al hispanista Ian Gibson que poco importa si el legado está o no en Granada, que hoy todo está digitalizado y a disposición de los investigadores. Pero es que el debate es otro: no hablamos (sólo) de los estudios lorquianos -deben ser una pieza angular, pero una más- y no deberíamos conformarnos con mantener abierto, con un hilo de subsistencia de fondos públicos, un museo-tanatorio en memoria del poeta.

Federico vive. Con este lema intentó el anterior gobierno en la Diputación (PP) recuperar el espíritu de La Barraca, llevar la obra de Lorca a los pueblos y, aunque nunca fuera un objetivo explícito, contrarrestar la acción del Gobierno andaluz con la búsqueda de sus restos siguiendo las hipótesis de su asesinato entre Víznar y Alfacar. Nos guste o no, son dos páginas entrelazadas de una misma historia y en las dos interviene la política.

Pero miremos hacia adelante. El Centro Lorca llega en un momento clave y de intenso debate en la política cultural. Granada ha situado el proyecto de la Capitalidad del 2031 como un horizonte de oportunidad para relanzar su oferta y resituarse como destino de prestigio. Y lo hace justo cuando los gestores de los grandes museos y centro culturales están repensando lo que son y lo que quieren ser.

En enero se reunían en París los máximos responsables del MoMa de Nueva York, el Pompidou francés, la Tate de Londres, el LACMA de Los Angeles, el Hermitage de San Petersburgo y el Reina Sofía de Madrid poniéndolo todo en cuestión: el porqué y para qué de la (democrática) gratuidad, el dilema entre la razón utilitaria y la razón creativa, el coste de los blockbuster sometidos a la tiranía del público, el riesgo de las franquicias y la homogeneización…

El paso adelante de Málaga es una cuestión coyuntural; una interesada distracción. Y el Centro Lorca, con la misma fuerza que lo hace la Alhambra, no puede quedar relegado a disputas localistas y planteamientos provincianos. Cómo establecer vías de financiación que superen el modelo de confort de la subvención y que creen comunidad, hacia dónde lanzar las redes de las sinergias y con qué contrapartidas, cómo sostener una programación de primer nivel capaz de romper y de coser entre lo viejo y lo nuevo…

Lo excepcional, lo único, la marca, la tenemos. Pero queda lo más difícil. Darle vida.