Archivos para el tag ‘caso Rato’

Político, profesión de alto riesgo

Magdalena Trillo | 26 de abril de 2015 a las 10:59

Por acción y por omisión. Para ellos mismos y para todos nosotros. Ser político hoy se ha convertido en una profesión de alto riesgo. Por culpa de quienes roban, prevarican, malversan y se corrompen y por culpa de quienes nos demuestran a diario que nada de vocación, altruismo y servicio público hay en el desempeño de sus funciones. La casuística es amplia y de toda ella hemos tenido ejemplos esta semana:

Los peligros más evidentes llegan por la acción. Y el destino final va de la inhabilitación a la cárcel. Entre rejas está Bárcenas y en los tribunales se decidirá también el epílogo de viejas glorias de este país como el ex vicepresidente Rodrigo Rato. Sólo una codicia enfermiza puede explicar el supuesto fraude que ha desvelado la Agencia Tributaria para alguien que, subido en un Porsche y enfundado en estilosas camisas italianas, iba de ‘dandi’ por la vida; para alguien que lo tuvo todo y se permitió despreciarlo. Dejó el FMI porque se aburría, escribió la defunción de Bankia porque le dejaron, se enfangó con el escándalo de las tarjetas black porque pudo. Ahora sabemos que su milagro económico forma parte de la misma farsa con que ha terminado manchando su biografía.

Y sólo es una de las 715 personas de “especial relevancia” que están siendo investigadas tras acogerse a la amnistía –la grieta legal– que ideó el Gobierno para acabar con la opacidad fiscal y aflorar fortunas millonarias. Si nos creemos que la carrera ahora es por la transparencia, poco se entienden las reticencias del PP para desvelar los nombres de los demás privilegiados (175 de un total de 30.000 contribuyentes) que los funcionarios de la hacienda pública, inesperados protagonistas de la agenda política, han puesto bajo sospecha tras constatar que los datos que manejan son “la repera patatera”. Con tal elocuencia lo dijo esta semana el director general de la Agencia Tributaria cuando compareció en el Congreso para dar cuenta de las actividades de blanqueo que se están detectando a partir de esa “regularización fiscal” que, con mucho menos desparpajo y credibilidad, el ministro Montoro sigue defendiendo: ¿Seguro que “no limpia ni borra delitos”?

El ‘caso Rato’, como los cientos de las causas de políticos que se dirimen en los tribunales de todo el país, contribuye a la judicialización de la vida pública pero por razones más que justificadas. La ley, al menos en teoría, es igual para todos y las consecuencias de saltársela, también. En este tipo de situaciones, los peligros de ‘ser político’ son buscados: los privilegios se convierten rápidamente en prebendas y las posiciones de ventaja acaban desdibujando la legalidad. En el plano local, mucho podría reflexionar el ex alcalde de Almuñécar Juan Carlos Benavides, que se ha pasado media vida de litigios y siempre ha salido sorpresivamente airoso, o el ex regidor de Otura, que acaba de aceptar 16 años de inhabilitación por prevaricación.

Menos sentido tiene cuando los políticos miran a Caleta confiando en que sea el juez quien les resuelva su incompetencia, se conviertan en aliados en sus batallas electorales o les dé una salida a su desesperación. Aquí los periodistas también deberíamos hacer autocrítica y preguntarnos si no estamos sumándonos al circo cuando nos limitamos a actuar de meros altavoces de unos y otros. Es el peligroso periodismo de declaraciones. Insinuaciones, acusaciones sin pruebas y amenazas de demandas. A un mes de las elecciones municipales, pocos dejan pasar la oportunidad del “nos vemos en los tribunales”. Aunque unas veces funciona y otras se vuelve en contra.

La imputación de todo el grupo municipal socialista por denuncia falsa contra el alcalde no es sino el efecto boomerang tras su iniciativa de, “en defensa de los intereses” de la capital, alertar de un posible caso de prevaricación por parte de Torres Hurtado en la operación urbanística del Cerrillo. Su situación ahora es tremendamente comprometida; un ejemplo de cuando ser político –en esta ocasión asumiendo su labor de ejercer de oposición– es extremadamente peligroso… si no juegas bien tus cartas.

El concejal Fuentes y el diputado Torrente también han tenido que desfilar esta semana ante el juez por un tema de prevaricación y revelación de secretos y pendiente queda si la directora de la Alhambra terminará poniendo una querella contra Juan García Montero por sus durísimas declaraciones sobre el oscurantismo en la gestión del Patronato y supuestos tratos de favor. A un mes justo del 24-M, todos han subido el tono y han empezado a medirse trasladando a las instituciones el clima de hostilidad y los nervios que ya se están apoderando de este intenso preámbulo electoral.

La política estará desprestigiada, pero ya hay 8.527 granadinos pendientes del reparto de sillones de las municipales: 624 listas para definir el futuro de 180 poblaciones con una presencia inédita de propuestas de ‘independientes’.

Si las profesiones de riesgo sólo se eligen por vocación o por alta remuneración, tendríamos que pensar que no todo está perdido y que son muchos los ciudadanos que todavía están dispuestos a exponerse para cambiar las cosas desde dentro del sistema. Aunque la mera gestión suponga ya un peligro. Así lo sienten a diario muchos concejales de Economía y así lo acaba de comprobar la delegada del Gobierno, Sandra García, cuando se le ha comunicado que ha sido imputada por el caso de los vertidos fecales de la cárcel… Y es que la omisión también cuenta. A la espera de lo que resuelva el Supremo, es lo que podría subyacer en las actuaciones de Chaves y Griñán en el caso de los ERE. Si no idearon un sistema para robar, para dejar que otros lo hicieran, la prevaricación podría ser por omisión, por no vigilar.

De nuevo el debate sobre la responsabilidad política y la penal. Y de nuevo las dudas de en qué momento consideramos saldada una deuda moral. ¿Ha renunciado Griñán lo suficiente? ¿Ha pagado bastante por su co-responsabilidad? ¿Cómo de alto y cuántas veces hay que pedir perdón?

Porque ni está clara la legalidad, ni lo está la ética y ya ni siquiera la estética. Lo lamentable es que la mujer del César hace mucho que dejó de ser honrada y ahora parece que no importa que ni lo parezca. 5.000 euros por charlar dos veces al mes tomando café. Hablo de ‘trabajillos’ de cargos públicos para empresarios. De “asesorías”. ¿Tráfico de influencias? El caso de Pujalte y Trillo compaginando su labor en el Congreso con sus “servicios” a compañías que luego logran contratos públicos roza el esperpento. Es indecente y claramente inmoral. ¿Pasa el límite de lo legal?

No lo sé. Pero estaría bien que quienes van a dar su nombre para que los votemos el 24-M empiecen por preguntarse a sí mismos si concurren con la suficiente fortaleza e integridad para garantizar su honradez y mantener su palabra. La mayor crisis que estamos atravesando no es económica, es moral. Y es que es curiosa la profesión del político: es peligrosa para ellos, pero mucho más para nosotros.