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Matar al mensajero

Magdalena Trillo | 3 de mayo de 2015 a las 10:10

La información secreta vende. Suscita morbo. Curiosidad. Una exclusiva atrae tanto como un cuchicheo en un ascensor. Cuanto más protegido, mayor interés. Recuerden, por ejemplo, los cables de Wikileaks. Ya a finales del siglo XIX, el magnate irlandés lord Northcliffe levantó todo un imperio mediático -murió antes de los 60, agotado, siendo dueño del Times- siguiendo una máxima que se ha mantenido como referencia en las escuelas de Periodismo: noticia es aquello que alguien, en algún lugar, quiere ocultar. Noticia, por tanto, es lo que alguien no quiere que se cuente. Lo demás, decía el en su día conocido como el ‘Napoleón de la Prensa’, es publicidad. Lo demás, podríamos completar, es propaganda.

Por naturaleza, por vocación, los periodistas somos cotillas… A los periodistas nos encantan los secretos. Pero no cualquier secreto, no sin verificar y no a cualquier precio. Actuamos siguiendo una ética profesional, respondemos a unos principios deontológicos y publicamos con una clara conciencia sobre nuestra responsabilidad social. Hay excepciones, por supuesto, pero de todo este trasfondo se ha olvidado el ministro de Justicia cuando esta semana rescataba el debate para lanzar una amenaza velada a los medios: multar a quienes publiquen filtraciones para “garantizar la confidencialidad” de las instituciones judiciales.

Puedo compartir con Rafael Catalá su preocupación por las filtraciones, en especial, por las revelaciones de sumarios que pueden afectar a la presunción de inocencia y atentar contra otros derechos fundamentales como la intimidad y el honor. De hecho, estamos ante uno de los grandes -y recurrentes- debates en el sector periodístico: la legitimidad -e incluso legalidad- de los medios utilizados para conseguir una noticia; hasta qué punto su valor informativo y su interés han de prevalecer sobre el método de obtención. De la revelación de secretos a la quiebra del ‘off the record’. Dónde están los límites cuando se trata de cumplir y garantizar el derecho ciudadano a la información y el principio constitucional de la libertad de prensa.

El debate es tan sensible y complejo que no se entiende el momento en el que el Gobierno lo plantea -a un mes de las municipales y poco más de medio año de las generales-, la forma claramente interesada en que lo afronta -con decenas de casos judiciales por corrupción lastrando las expectativas electorales del PP- y la aparente frivolidad con que se posiciona contra el ‘mensajero': el ministro asume con irresponsable ligereza que es difícil identificar y castigar a quienes filtran -pese a que las propias leyes recogen el castigo para quienes revelen secretos- y resuelve el conflicto proponiendo sanciones a los medios. Una vez más, el camino fácil de la persecución y la penalización que el Ejecutivo de Rajoy insiste en convertir en fórmula mágica de gobierno.

Precisamente hoy, los periodistas celebramos el Día Mundial de la Libertad de Prensa en un momento de evidente retroceso de la profesión por el impacto de la crisis económica en la industria periodística pero también por el desconcierto e incertidumbre con que estamos afrontando los retos de la profesión. Son alarmantes las amenazas reales contra las que seguimos luchando (24 compañeros asesinados y 348 encarcelados sólo en lo que va de año) pero también las veladas. Internet y las redes nos han distraído prometiéndonos una democratización informativa que no es real. La mordaza en la era digital es igual de peligrosa que lo ha sido siempre, pero mucho menos evidente. Los ciudadanos nos hemos desarmado ante el espejismo de libertad que nos ha regalado el ciberespacio obviando cómo gobiernos e instituciones desarrollaban sofisticados sistemas de control y de manipulación.

Ni siquiera en las rutinas del oficio estamos a salvo. Lo vemos a diario con reprochables dinámicas como las ruedas de prensa sin preguntas o la propaganda enlatada con que nos torpedean sin que seamos capaces de conformar una postura unida de rechazo y rebelión. El debate en torno al periodismo es apasionante; el de las multas y a quién multar, mucho más. Pero no únicamente para ‘matar al mensajero’.

No nos confundan

Magdalena Trillo | 18 de mayo de 2014 a las 11:05

En el tórrido mes de julio de 1888 una viuda adinerada fue asesinada en su casa de Madrid. Lo que debió ser una noticia más de las páginas de sucesos saltó a la portada de los diarios cuando se supo que el asesino podría ser un hijo de la víctima que estaba preso y disfrutada de un dudoso régimen de permisos. Ha pasado a la historia como el crimen de Fuencarral. Fue un filón periodístico y político en plena sequía informativa estival y supuso la explosión del sensacionalismo en la prensa española. Pasó de ser una crónica de sucesos a convertirse en un proceso a la justicia española, al sistema penitenciario y al poder político. Eran años difíciles. España entraba al siglo XX desde el desastre colonial con una pesada conciencia de crisis y una exigencia de regeneración que se extendió al periodismo y a la vida pública.

Demasiado pronto llegarían los tiempos del periodismo combatiente e instrumentalizado de la Guerra Civil y durante demasiado tiempo se tuvieron que escribir las páginas negras de la Dictadura. Tuvimos que esperar hasta 1977 para que España volviera a respirar libertad cuando el Gobierno de Adolfo Suárez aprobó un real decreto que reconocía jurídicamente el derecho de información y fijaba los principios que un año más tarde se consagrarían en la Carta Magna: “El derecho de todos los ciudadanos tanto a la libre información como al respeto de su honor y de los demás derechos inherentes a la persona es el principio fundamental de todo Estado de derecho”.

Recurro a esta parte de la historia antes de que la maquillemos en la Wikipedia con ese derecho al olvido que acabamos de improvisar sin saber muy bien si sabemos si quiera cómo aplicarlo (en la Enciclopedia ya se ha ‘reescrito’ el franquismo sin mayores consecuencias) para recordarle al Gobierno que hace más de tres décadas que medios y tribunales venimos poniéndonos de acuerdo para preservar, compaginar y resolver los conflictos que a menudo se producen entre la libertad de expresión y la seguridad, entre el derecho de información y el derecho a la intimidad y el honor de los españoles, sin necesidad de endurecer la ley, de poner en marcha “medidas adicionales” ni de emprender una caza de brujas con una tropa de ‘censores’ en internet. No sólo están perfectamente definidos los supuestos de choque y los mecanismos de defensa legales (ahí está el Código Penal) sino que también tenemos a los ‘guardianes’ de esa mitificada seguridad nacional que tantos atropellos está amparando en estos tiempos de revuelo tecnológico e incertidumbre social.

Dilemas morales siempre ha habido. Y siempre habrá. Pero es legítimo -y hasta necesario- que seamos capaces de enfrentar ética y legalidad con normalidad si de verdad queremos creer que hemos construido una democracia viva y sólida capaz de avanzar desde el desacuerdo, las contradicciones y, por qué no, la tensión y la crispación. ¿Vamos a perseguir ahora los pensamientos? ¿A criminalizar las ideas? ¿No era eso justamente lo que criticábamos del fascismo y del comunismo? Es verdad que hasta hace poco cruzábamos las líneas rojas en los bares y en la plaza del pueblo y ahora, protegidos por el anonimato de las redes sociales, lo hacemos con el frenesí del teclado del ordenador y las urgencias del móvil. Pero no nos confundan: no hay impunidad. ¿No es suficiente muestra que un joven valenciano tenga que responder ante el juez por “animar en Twitter a matar políticos”? Y no nos dejemos confundir: no tenemos que seguir perdiendo libertades para protegernos cuando quieren decir protegerse.

Leyes y política siempre han ido jadeando detrás de la sociedad y es evidente, como escribía esta misma semana José Antonio Marina, que unas tecnologías jóvenes requieren el desarrollo de su propia ética -de una responsabilidad, una conciencia social- y la aplicación de unas normas legales. Sí, “regular”. Esa palabra que tanto escuece olvidando que más eficaz que la censura siempre ha sido la autocensura; que más útil que el castigo es la educación y es la presión social.

Y ahí estamos todos. ¿Queremos “poner coto” a internet como queremos “regular” las manifestaciones en las calles? ¿Es miedo a una primavera árabe? ¿Es el modelo ‘made in China’ que ya estamos copiando en el mercado laboral el que queremos llevar a nuestro Estado de derechos y libertades? ¿Queremos utilizar el crimen de León como excusa para plantear una causa general contra los incómodos e incontrolables que nos torpedean en las redes sociales? El asesinato de la presidenta del PP es un filón político y mediático pero ni nos confundan ni nos dejemos confundir: tan rechazable es el sensacionalismo como el oportunismo y la manipulación.

No nos protejan tanto

Magdalena Trillo | 28 de agosto de 2010 a las 21:01

LO que siempre se ha llamado censura hoy se viste de tecnicismos, se legitima en los parlamentos y se proclama ante la opinión pública como única salida para la maltrecha profesión periodística. Ataques directos a la libertad de expresión y a la libertad de prensa que se amparan en el peligroso y creciente papel proteccionista de los gobiernos; también democráticos. Pero, ¿necesitamos que el Estado nos proteja de la información?

Pekín se ha propuesto luchar contra la falta de credibilidad de los medios chinos dando lecciones de marxismo y comunismo a sus periodistas. El problema ya no está (solo) en internet y, por supuesto, nada tiene que ver con la censura y la propaganda que impone el Gobierno; el problema es que los periodistas no están bien formados y dan muy mala imagen.

Por eso han decidido que es el momento de ‘salvar’ la profesión haciéndoles estudiar los códigos éticos del Partido Comunista. Mientras, como relataba esta semana un corresponsal de El País, en las universidades se predica que el mejor periodista es el que no hace preguntas y en las ruedas de prensa se siguen deslizando sobres rojos con dinero, supuestamente, para el taxi.

En Venezuela, los grandes periódicos del país han llegado esta semana a los quioscos con una gran mancha blanca en la portada y un impactante “censurado” atravesando la imagen que no pudieron mostrar a sus lectores: “Si aquí hubiese una foto, usted vería a un padre llorando por un hijo que ya no tiene”. En aras de la “integridad psíquica y moral de los niños”, un tribunal de menores ha prohibido a los medios que, durante 31 días, publiquen noticias o imágenes violentas.

El Gobierno de Hugo Chávez, a pocas semanas de las elecciones parlamentarias, deja a un lado las guerras imaginarias con Colombia e introduce el tema de la inseguridad para sortear el verdadero problema de los venezolanos: la delincuencia. Chávez habla de “pornografía periodística”, de “terrorismo mediático” y, una vez más, aclara que “todo es parte de una campaña internacional” en su contra.

En Argentina, la presidenta Kirchner ha emprendido una campaña de desprestigio contra los dos grandes rotativos del país (Clarín y La Nación) para controlar al único fabricante nacional de papel para prensa y, desde ahí, al propio sector; en Italia, Silvio Berlusconi continúa los trámites para sacar adelante su ‘ley mordaza’ y seguir tapando la boca a los críticos; y en la India han decidido unirse a otros países como Arabia Saudí y Emiratos Árabes interviniendo los servicios de la Blackberry y planeando el bloqueo de la mensajería de Google y Skype para luchar contra terroristas y cibercriminales…

Podríamos continuar hablando de la falacia de la libertad de prensa en los países totalitarios, de la represión en Honduras, de la autocensura en México (para preservar la propia vida frente al crimen organizado) o de Cuba, Irán y China como las tres mayores cárceles del mundo para periodistas.

Tampoco España se salva. En la clasificación mundial de la libertad de prensa, Reporteros Sin Fronteras la sitúa en el puesto 44 de 175: por los compañeros que tienen que trabajar con escolta por la amenazas de ETA, pero también por la creciente ‘moda’ de las ruedas de prensa sin preguntas que tanto gustan a nuestros políticos.

A punto de cumplirse 200 años del primer decreto de libertad de prensa de nuestra historia (lo aprobaron las Cortes de Cádiz un 10 de noviembre de 1810), podríamos apuntar dos conclusiones: que aún queda un largo camino por recorrer  y que no todas las amenazas están en las redes ni dentro de la profesión. Precariedad laboral, crisis de modelo, falta de credibilidad… Pero también intervención, dirigismo, abusos, acoso y “censura”, digámoslo sin paliativos, en aras de la protección de oscuros intereses.