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No nos confundan

Magdalena Trillo | 18 de mayo de 2014 a las 11:05

En el tórrido mes de julio de 1888 una viuda adinerada fue asesinada en su casa de Madrid. Lo que debió ser una noticia más de las páginas de sucesos saltó a la portada de los diarios cuando se supo que el asesino podría ser un hijo de la víctima que estaba preso y disfrutada de un dudoso régimen de permisos. Ha pasado a la historia como el crimen de Fuencarral. Fue un filón periodístico y político en plena sequía informativa estival y supuso la explosión del sensacionalismo en la prensa española. Pasó de ser una crónica de sucesos a convertirse en un proceso a la justicia española, al sistema penitenciario y al poder político. Eran años difíciles. España entraba al siglo XX desde el desastre colonial con una pesada conciencia de crisis y una exigencia de regeneración que se extendió al periodismo y a la vida pública.

Demasiado pronto llegarían los tiempos del periodismo combatiente e instrumentalizado de la Guerra Civil y durante demasiado tiempo se tuvieron que escribir las páginas negras de la Dictadura. Tuvimos que esperar hasta 1977 para que España volviera a respirar libertad cuando el Gobierno de Adolfo Suárez aprobó un real decreto que reconocía jurídicamente el derecho de información y fijaba los principios que un año más tarde se consagrarían en la Carta Magna: “El derecho de todos los ciudadanos tanto a la libre información como al respeto de su honor y de los demás derechos inherentes a la persona es el principio fundamental de todo Estado de derecho”.

Recurro a esta parte de la historia antes de que la maquillemos en la Wikipedia con ese derecho al olvido que acabamos de improvisar sin saber muy bien si sabemos si quiera cómo aplicarlo (en la Enciclopedia ya se ha ‘reescrito’ el franquismo sin mayores consecuencias) para recordarle al Gobierno que hace más de tres décadas que medios y tribunales venimos poniéndonos de acuerdo para preservar, compaginar y resolver los conflictos que a menudo se producen entre la libertad de expresión y la seguridad, entre el derecho de información y el derecho a la intimidad y el honor de los españoles, sin necesidad de endurecer la ley, de poner en marcha “medidas adicionales” ni de emprender una caza de brujas con una tropa de ‘censores’ en internet. No sólo están perfectamente definidos los supuestos de choque y los mecanismos de defensa legales (ahí está el Código Penal) sino que también tenemos a los ‘guardianes’ de esa mitificada seguridad nacional que tantos atropellos está amparando en estos tiempos de revuelo tecnológico e incertidumbre social.

Dilemas morales siempre ha habido. Y siempre habrá. Pero es legítimo -y hasta necesario- que seamos capaces de enfrentar ética y legalidad con normalidad si de verdad queremos creer que hemos construido una democracia viva y sólida capaz de avanzar desde el desacuerdo, las contradicciones y, por qué no, la tensión y la crispación. ¿Vamos a perseguir ahora los pensamientos? ¿A criminalizar las ideas? ¿No era eso justamente lo que criticábamos del fascismo y del comunismo? Es verdad que hasta hace poco cruzábamos las líneas rojas en los bares y en la plaza del pueblo y ahora, protegidos por el anonimato de las redes sociales, lo hacemos con el frenesí del teclado del ordenador y las urgencias del móvil. Pero no nos confundan: no hay impunidad. ¿No es suficiente muestra que un joven valenciano tenga que responder ante el juez por “animar en Twitter a matar políticos”? Y no nos dejemos confundir: no tenemos que seguir perdiendo libertades para protegernos cuando quieren decir protegerse.

Leyes y política siempre han ido jadeando detrás de la sociedad y es evidente, como escribía esta misma semana José Antonio Marina, que unas tecnologías jóvenes requieren el desarrollo de su propia ética -de una responsabilidad, una conciencia social- y la aplicación de unas normas legales. Sí, “regular”. Esa palabra que tanto escuece olvidando que más eficaz que la censura siempre ha sido la autocensura; que más útil que el castigo es la educación y es la presión social.

Y ahí estamos todos. ¿Queremos “poner coto” a internet como queremos “regular” las manifestaciones en las calles? ¿Es miedo a una primavera árabe? ¿Es el modelo ‘made in China’ que ya estamos copiando en el mercado laboral el que queremos llevar a nuestro Estado de derechos y libertades? ¿Queremos utilizar el crimen de León como excusa para plantear una causa general contra los incómodos e incontrolables que nos torpedean en las redes sociales? El asesinato de la presidenta del PP es un filón político y mediático pero ni nos confundan ni nos dejemos confundir: tan rechazable es el sensacionalismo como el oportunismo y la manipulación.

Límites

Magdalena Trillo | 7 de abril de 2013 a las 10:36

No son límites lo que buscan sino censura y control. Primero fue Cristina Cifuentes quien propuso “modular” el derecho de manifestación y ahora es Ignacio González quien quiere coartar la libertad de prensa. Lo preocupante es que la opinión de la subdelegada y del presidente de la Comunidad de Madrid no es aislada; a la derecha y la izquierda (nada tiene de democrático defender los escraches, apropiarse de fincas y asaltar supermercados) son muchos los que están convencidos de que buena parte de los problemas de este país se resolverían con menos libertades y más mano dura. González parece reivindicar para Núñez Feijóo la estrategia Rajoy: de lo que no se habla -de lo que no se informa- no existe.

Pero lo que habría que valorar es si el problema es que se haya publicado una fotografía antigua del actual presidente de la Xunta en compañía del contrabandista Marcial Dorado -cumple 14 años de cárcel por narcotráfico- o lo que la imagen desvela sobre la relación de quien entonces ostentaba la viceconsejería de Salud en el gobierno de Fraga con uno de los personajes más oscuros de la Galicia de aquellos años. Si el problema es la publicación de la imagen o lo que el propio protagonista opina (opinaba) sobre las ‘amistades peligrosas’ cuando en la campaña de 2009 atacó a Anxo Quintana por una fotografía del vicepresidente de BNG en el yate con un destacado constructor. “El Gobierno gallego no se puede fotografiar con malas compañías”, pontificó entonces Feijóo olvidando matizar, como les ocurre a todos los políticos, que las lecciones de ética son siempre para los demás.

Es verdad que los límites del derecho a informar son en ocasiones difusos y conflictivos, pero las reglas del juego están perfectamente establecidas en nuestra Constitución (el artículo 20 que garantiza el “derecho a comunicar noticias, hechos o datos, sin añadir opiniones o juicios de valor” frente al artículo 18 que recoge “el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen”) del mismo modo que su vulneración está tipificada en nuestro Código Penal con los delitos de calumnias e injurias (artículos 205 y 208). Son derechos irrenunciables, inalienables e imprescriptibles, pero no son derechos absolutos ni ilimitados. Si Núñez Feijóo considera que se ha dañado su reputación de forma “innecesaria” y sin atender a los principios de veracidad, neutralidad y diligencia profesional exigibles, no se entiende que no haya recurrido ya al juzgado de turno.

Hace pocos días que el director de El País respondía ante el juez por la publicación de los ‘papeles Bárcenas’ y, en el escenario local, esta misma semana coincidían en Granada dos procesos por calumnias. García Chamorro, la número 2 del PP, ha tenido que comparecer ante el juez para aclarar las acusaciones de “despilfarro” que hizo en su día contra el ex gerente de Visogsa y, ese mismo día, su compañero Antonio Ayllón (PP) invocaba su condición de senador para que sea el Supremo quien determine si calumnió al socialista Gabriel Cañavate cuando afirmó que el pacto para arrebatarle la Alcaldía de Armilla se había fraguado con “300.000 razones” detrás…

La misma “prudencia” que el príncipe Felipe pedía el jueves a los jueces, con la sombra de la imputación de la infanta Cristina planeando en el auditorio, habría que reclamar a los políticos y a los medios. Prudencia, contención y rigor profesional. Más que un problema de límites es, en ocasiones, un problema de usos y abusos y es, también, un problema de ética y responsabilidad. Para la opinión pública, la infanta ya está condenada y Núñez Feijóo, también.

Lleva razón el jurista Miguel Roca, su despacho va a defender a la hija del Rey en el caso Nóos, cuando alerta de que hemos convertido la presunción de inocencia en una presunción de culpabilidad. Todos nosotros ya hemos juzgado. Piensen en la infanta Cristina: si prospera el recurso de la Fiscalía y finalmente no tiene que hacer el paseíllo en los juzgados de Palma, será porque se ha presionado “por ser quien es”. La justicia, de nuevo, no será igual para todos. Si declara como imputada y el juez Castro la deja libre sin cargos, seguirá estando la duda de si es una inocencia fabricada “por ser quien es”.

Tanto daño está haciendo la corrupción a este país, infiltrada en el corazón mismo de las más altas instituciones del Estado, que sólo unos barrotes responderán a una opinión pública con más sed de ejemplaridad que de justicia. Pero no son más límites a la información lo que necesitamos, sino límites a la podredumbre. El problema no es lo que contamos; el problema son los hechos.