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El síndrome de la Operación Nazarí

Magdalena Trillo | 20 de mayo de 2018 a las 10:00

Despilfarro y ausencia de control en el gasto público. Inversiones “totalmente improductivas”. Actuaciones que responden a intereses y caprichos individuales por encima de las necesidades colectivas. Saqueo. Derroche.

Podríamos pensar que estamos fotografiando los años del boom del ladrillo. Y de la Gürtel. Y de los ERE. Sólo en parte. Son las conclusiones a las que llegan 35 catedráticos de Derecho Financiero y Tributario de todo el país después de analizar la evolución de su especialidad en el último medio siglo. Los juristas se reunieron este viernes en la Facultad de Derecho y bautizaron su diagnóstico como Declaración de Granada.

Hablan de “involución”, arremeten contra Hacienda por tratar a los contribuyentes como “súbditos” y critican el desmedido “afán recaudatorio” de la Administración. A nivel fiscal, constatan lo que se ha convertido en la seña de identidad de nuestro fallido Estado de las autonomías: la desigualdad y discriminación que sufrimos, también a la hora de rendir cuentas, en función del lugar de residencia. Injusticia financiera e insolidaridad tributaria.

Seguro que usted, como yo, se siente vigilado por Hacienda. Y perseguido. Y se cabrea cuando el Gobierno aprueba una amnistía fiscal -esas que nunca llegan al ciudadano de a pie y que nunca cumplen sus objetivos- con tanta intensidad como cuando se anuncia un indulto. Porque es la impunidad de unos pocos frente al control de la mayoría. Y porque no hay justicia social y ahora nos advierten de que tampoco la hay fiscal.

Lamentablemente, esta Declaración de Granada tendrá el mismo recorrido que la firmada hace unos años a nivel político -los socialistas impulsaron en el verano de 2013 su propuesta de reforma de la Constitución hacia un Estado federal- buscando una salida al conflicto territorial. Los males de fondo son compartidos y las posibles soluciones son una utopía; no porque no sean viables sino porque estamos en un país incapaz de llegar a acuerdos -y cuando se alcanzan, como el Pacto de Estado contra la Violencia de Género, no se ejecutan-, con las instituciones rehenes de los intereses de los partidos y los políticos distraídos con las encuestas y con la bola de cristal del adelanto electoral.

Para empezar, los catedráticos reconocen que el “mal uso de los fondos públicos no justifica de ninguna manera cualquier forma de objeción fiscal”. Es decir, que ni el derroche ni el despilfarro tiene consecuencias para Hacienda. Tampoco lo tiene la parálisis. Sobre este tema no se pronuncian los expertos pero resulta igual de alarmante: los fondos públicos están para ejecutarse, no para devolvernos o dejarlos dormir en un cajón.

Estamos ante una normalización del mal gobierno que debería preocuparnos más incluso que los casos de corrupción. Y es que por los delitos se termina pagando -o al menos se debería-, pero no por la incompetencia y la inacción. En Granada, por ejemplo, podríamos verlo como una derivada sofisticada del vuelva usted mañana. Estoy pensando en Urbanismo, un área clave que vendría a funcionar como un barómetro de la salud del Ayuntamiento. La Asociación de Constructores ha arremetido esta semana contra el equipo de gobierno por tener más de 40 millones de inversión bloqueados. Denuncian el “atasco” y los retrasos inasumibles en la concesión de licencias.

Siempre está la explicación de la sobrecarga de trabajo, la falta de personal, la complejidad de los proyectos… pero también hay intangibles. Aunque médicamente no está diagnosticado, seguro que podríamos encontrar alguna fobia que aplicar a los técnicos y funcionarios -sobre todo a sus jefes- que lidian a diario con el papeleo más sensible.

Lo voy a llamar el Síndrome de la Operación Nazarí. En realidad, los constructores no han hecho más que poner cifras y voz a una situación de la que se habla en corrillos desde hace tiempo: en Granada no se mueve un papel. Buena parte de los funcionarios están trabajando para la UDEF y tampoco ayuda que cualquier informe o expediente mínimamente conflictivo acabe bajo llave… Los excesos de los que habla la Declaración de Granada son un problema, pero no hacer nada no es una solución.

De tarjetas black y otras tentaciones

Magdalena Trillo | 21 de diciembre de 2014 a las 11:32

No son ni tres ni cuatro. En la Universidad de Granada circulan más de 200 tarjetas de crédito desde hace cinco años. Controladas con lupa, fiscalizado hasta el último euro, pero circulan. Fue el actual equipo de gobierno quien implantó el sistema para agilizar los pagos a proveedores y facilitar las labores de gestión de los directores de los grupos de investigación, los responsables de departamentos y los decanos. La norma es muy clara: no se pueden abonar partidas de protocolo y representación y, por supuesto, ni un solo gasto personal. Parecía lógico, y así me consta que se recalca cuando se reparten las visas, que una cosa es organizar desplazamientos y asistencias a reuniones científicas o agilizar la compra de material informático y otra bien distinta pasar la compra del supermercado, el tique de la gasolinera o las copas del fin de semana.

El problema, como bien han recalcado esta semana el rector de la UGR, no está en las tarjetas sino en su uso. Pero a esta irreprochable aseveración deberíamos unir un matiz: la tentación. Más de un decano nos confesaba a raíz del escándalo destapado en la Universidad de Cádiz que las rechazó en su momento porque realmente no las necesitaba… o porque prefería no meterse en el bolsillo la posibilidad de gastar 3.000 euros al mes con un gesto tan automático y cotidiano como marcar un numerito. El viejo ejemplo de las armas de fuego; mejor restringir su uso que pagar la consecuencias. El extendido ejemplo de los maletines en las operaciones urbanísticas; mejor esconder la manzana para no caer.

Nadie niega que en la UCA se hayan auditado los gastos pero es una absoluta indecencia conocer la “justificación” de los 880.000 euros que el anterior equipo de gobierno despilfarró durante cinco años con las ‘tarjetas black': 162.019 euros en tres de los restaurantes con más caché de la ciudad; 2.729 euros en gasolina; 1.396 en compras en el Makro… El ex rector disfrutó de una Business Oro con un límite de 30.000 euros al mes, su adjunto no tuvo problemas en usarla en el súper, el vicerrector de Investigación se dio más de un homenaje en fin de semana y la directora de Cooperación cargó alguna que otra compra en Londres.

Todo muy “legal” y “controlado” y, por supuesto, inmoral. Tanto que hasta se llega al ridículo. Y aquí no hablamos ya de tarjetas, sino de dietas y privilegios y de conocer qué se paga de forma ordinaria en las instituciones públicas con nuestros impuestos. ¿Recuerdan el episodio de la bolsa de Doritos con que el PP ejemplificó los “desmanes” de PSOE e IU nada más aterrizar en la Diputación? En la UGR, aseguran que ningún miembro del equipo rectoral tiene tarjetas pero eso no significa que no se realicen gastos en protocolo, en representación institucional y en lo que toque… Y, con o sin visa, lo mismo podríamos decir del resto de instituciones. Lodeiro advierte que no piensa realizar ningún cambio en el sistema de pago con tarjetas porque funciona y porque, en la práctica, resulta la forma más efectiva de controlar este tipo de partidas. Bien. Pero la siguiente pregunta exigible, sin respuesta y extensible a las demás instancias públicas, es conocer la letra pequeña del gasto.

Como ya vimos en el caso de CajaMadrid, se trata de un montante insignificantes si lo comparamos con los millones del rescate bancario o con los presupuestos que mueven al año las instituciones, pero son los más dolorosos para una opinión pública que sólo conoce de sus gobernantes mensajes de austeridad y ajustes de cinturón. ¿Nosotros hemos vivido por encima de nuestras posibilidades o ellos? ¿Se imagina cómo cambiaría su vida con una ‘tarjeta black’? No me diga que no se la pediría para Reyes -legal, eso sí- con la misma ingenua ilusión con que esperamos que mañana nos toque el Gordo.

Donde campa la desvergüenza es en el barro de la opacidad y sólo se cura con grandes dosis de educación cívica… y con mucha luz. Directa y externa. ¿Sabemos qué gastos están pasando nuestros políticos habitualmente con o sin tarjeta? Todavía está por ver hasta qué punto la Ley de Transparencia que acaba de entrar en vigor -y sus réplicas en las siguientes escalas de gobierno- van a servir para atajar estas prácticas abusivas y para imponer la prudencia y la responsabilidad en la gestión pública.

Tal vez no hablemos de estafa, de fraude ni de dinero negro, pero es obvio que no gastamos con la misma alegría con nuestro dinero que con el de los demás y que lo que estamos viendo se parece mucho a lo que desde pequeños hemos aprendido que era robar… La transparencia y la ejemplaridad no deberían ser unas palabras de moda autoexculpatorias en esta España de la corrupción que está dibujando la Audiencia Nacional ni una obligación que llegue -y se vaya- con la crisis; es una necesidad que todos deberíamos compartir si entendemos que es uno de los termómetros más claros de la degradación a la que estamos sometiendo el sistema.

Ni la compra del Ikea ni la bolsa de Doritos hubieran significado nada en un momento de bonanza económica y confianza institucional. La gravedad del escándalo es directamente proporcional al castigo social. Los consejeros de Bankia se llenaron los bolsillos en los años más duros de la crisis, los de los cinco millones de parados, el cierre incesante de empresas, el reparto solidario de alimentos y los suicidios por desahucios; los altos cargos de la UCA han mantenido su tren de vida mientras se recortaban las becas, se perdían profesores en las facultades y se negaban fondos a la investigación. Y no seamos hipócritas. De nada sirve que no invitemos a una copa de vino en una inauguración si por la puerta de atrás nos gastamos mucho más tomando copas con los colegas.

No me refiero sólo a Cádiz. La mayor injusticia de la austeridad que hemos vivido estos años es la doble vara de medir con que se ha estado aplicando; esa misma que siguen los partidos cuando se enfrentan a un caso de corrupción. El sacrificio para nosotros, que hacemos de público obediente en la espartana ceremonia de turno, y la comilona con cargo a fondos públicos para los organizadores y sus ‘amigos'; el recorte en el salario a los trabajadores y los gastos elitistas perfectamente ‘justificables’ para ellos. Y lo triste es que, en la mayoría de los casos, no hay más opción que esperar a un cambio de gobierno -de verdad, no de los mismos que llegan y tapan- para saber qué hicieron con nuestro dinero…

Pues lo bueno en estos momentos, aparte de confiar en que también a los asalariados nos llegue la hora de compartir aquello de que la “la crisis ya es historia”, es que para la siguiente cita en las urnas apenas faltan cinco meses. Mire en su barrio, en su pueblo, en su ayuntamiento de turno. Recuerde con qué casa y coche llegaron y compruebe cómo se van. Mientras funciona -o no- lo de la transparencia y mientras damos -o no- ejemplo, es el instrumento más efectivo con el que podemos sancionar lo que, por muy indecente y aberrante que nos parezca, se escapa en los tribunales.

¡Pero qué injusta y caprichosa es la vida! Nuestro cesto lo dejaron sin manzanas para evitarnos la tentación, ¿y el de ellos?