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No nos confundan

Magdalena Trillo | 18 de mayo de 2014 a las 11:05

En el tórrido mes de julio de 1888 una viuda adinerada fue asesinada en su casa de Madrid. Lo que debió ser una noticia más de las páginas de sucesos saltó a la portada de los diarios cuando se supo que el asesino podría ser un hijo de la víctima que estaba preso y disfrutada de un dudoso régimen de permisos. Ha pasado a la historia como el crimen de Fuencarral. Fue un filón periodístico y político en plena sequía informativa estival y supuso la explosión del sensacionalismo en la prensa española. Pasó de ser una crónica de sucesos a convertirse en un proceso a la justicia española, al sistema penitenciario y al poder político. Eran años difíciles. España entraba al siglo XX desde el desastre colonial con una pesada conciencia de crisis y una exigencia de regeneración que se extendió al periodismo y a la vida pública.

Demasiado pronto llegarían los tiempos del periodismo combatiente e instrumentalizado de la Guerra Civil y durante demasiado tiempo se tuvieron que escribir las páginas negras de la Dictadura. Tuvimos que esperar hasta 1977 para que España volviera a respirar libertad cuando el Gobierno de Adolfo Suárez aprobó un real decreto que reconocía jurídicamente el derecho de información y fijaba los principios que un año más tarde se consagrarían en la Carta Magna: “El derecho de todos los ciudadanos tanto a la libre información como al respeto de su honor y de los demás derechos inherentes a la persona es el principio fundamental de todo Estado de derecho”.

Recurro a esta parte de la historia antes de que la maquillemos en la Wikipedia con ese derecho al olvido que acabamos de improvisar sin saber muy bien si sabemos si quiera cómo aplicarlo (en la Enciclopedia ya se ha ‘reescrito’ el franquismo sin mayores consecuencias) para recordarle al Gobierno que hace más de tres décadas que medios y tribunales venimos poniéndonos de acuerdo para preservar, compaginar y resolver los conflictos que a menudo se producen entre la libertad de expresión y la seguridad, entre el derecho de información y el derecho a la intimidad y el honor de los españoles, sin necesidad de endurecer la ley, de poner en marcha “medidas adicionales” ni de emprender una caza de brujas con una tropa de ‘censores’ en internet. No sólo están perfectamente definidos los supuestos de choque y los mecanismos de defensa legales (ahí está el Código Penal) sino que también tenemos a los ‘guardianes’ de esa mitificada seguridad nacional que tantos atropellos está amparando en estos tiempos de revuelo tecnológico e incertidumbre social.

Dilemas morales siempre ha habido. Y siempre habrá. Pero es legítimo -y hasta necesario- que seamos capaces de enfrentar ética y legalidad con normalidad si de verdad queremos creer que hemos construido una democracia viva y sólida capaz de avanzar desde el desacuerdo, las contradicciones y, por qué no, la tensión y la crispación. ¿Vamos a perseguir ahora los pensamientos? ¿A criminalizar las ideas? ¿No era eso justamente lo que criticábamos del fascismo y del comunismo? Es verdad que hasta hace poco cruzábamos las líneas rojas en los bares y en la plaza del pueblo y ahora, protegidos por el anonimato de las redes sociales, lo hacemos con el frenesí del teclado del ordenador y las urgencias del móvil. Pero no nos confundan: no hay impunidad. ¿No es suficiente muestra que un joven valenciano tenga que responder ante el juez por “animar en Twitter a matar políticos”? Y no nos dejemos confundir: no tenemos que seguir perdiendo libertades para protegernos cuando quieren decir protegerse.

Leyes y política siempre han ido jadeando detrás de la sociedad y es evidente, como escribía esta misma semana José Antonio Marina, que unas tecnologías jóvenes requieren el desarrollo de su propia ética -de una responsabilidad, una conciencia social- y la aplicación de unas normas legales. Sí, “regular”. Esa palabra que tanto escuece olvidando que más eficaz que la censura siempre ha sido la autocensura; que más útil que el castigo es la educación y es la presión social.

Y ahí estamos todos. ¿Queremos “poner coto” a internet como queremos “regular” las manifestaciones en las calles? ¿Es miedo a una primavera árabe? ¿Es el modelo ‘made in China’ que ya estamos copiando en el mercado laboral el que queremos llevar a nuestro Estado de derechos y libertades? ¿Queremos utilizar el crimen de León como excusa para plantear una causa general contra los incómodos e incontrolables que nos torpedean en las redes sociales? El asesinato de la presidenta del PP es un filón político y mediático pero ni nos confundan ni nos dejemos confundir: tan rechazable es el sensacionalismo como el oportunismo y la manipulación.