Archivos para el tag ‘justicia’

#DaleLaEspalda

Magdalena Trillo | 26 de junio de 2018 a las 10:40

Anne Igartiburu no puede dar dos pasos seguidos sin que la paren y torpedeen con la cámara del móvil. Su marido, el director de orquesta Pablo Heras-Casado, se acaba de estrenar al frente del Festival de Música y Danza de Granada, pero es la periodista vasca la que atrae todas las miradas. Impresionante su paciencia y sincera su imborrable sonrisa. Es el precio de salir en un medio como la televisión que todavía planta cara a los influencers de las redes sociales y que, por supuesto, vende mucho más que un auditorio y un teatro.

La televisión, generalista o a la carta, sigue siendo el gran escaparate del periodismo. Y de lo que no lo es. Los principios éticos se vuelven peligrosamente maleables cuando entra en juego la tiranía de las audiencias y se diluyen las líneas rojas de hasta dónde llegar por una historia. La cobertura informativa de un caso tan sensible como el de los violadores de la Manada ha vuelto a saltar todas las alarmas.

Este fin de semana tuvimos un aperitivo cuando los compañeros paracaidistas de una cadena nacional se saltaron el pacto del resto de periodistas para no acosar al padre del Prenda-muy mayor y en silla de ruedas- y lo veremos en los próximos días cuando conozcamos el desenlace de la guerra abierta entre las privadas para lograr las primeras entrevistas con los agresores.

La pelea por la exclusiva es un puro mercadeo con cifras obscenas y con consecuencias vergonzosas: en un encuentro pagado y amable con los agresores, la víctima terminará convertida en culpable y los culpables en víctimas. Eso no es periodismo; es espectáculo. Falta formación en perspectiva de género en la judicatura pero también en los medios. No podemos justificar al agresor ni caer en la trampa de la condescendencia.

No podemos darles un altavoz si el mensaje que queremos transmitir es que no hay impunidad frente al maltrato y la violencia contra las mujeres. Y no olvidemos que no es ninguna opción; es nuestra obligación como garantes del derecho a la información, forjadores de la opinión pública y vigilantes de nuestro sistema democrático y de valores.

La ola de indignación que desató la condena a 9 años de prisión por abusos -y no por agresión sexual- continúa ahora con su polémica puesta en libertad y ya se ha situado en la base del creciente movimiento impulsado por mujeres periodistas para intentar sensibilizar a los medios y boicotear cualquier programa que les dé cobertura.

#DaleLaEspalda, #NoEsUnCirco, #NoCompresManada. Es la fuerza de la calle y funciona. La entrevista a la madre del Cuco terminó enterrando La Noria: un bloguero dio la alerta y los anunciantes huyeron…

La caída de los jueces

Magdalena Trillo | 5 de junio de 2018 a las 10:30

La juez Alaya ha decidido salir de su ostracismo mediático sin contemplaciones: gravísimas acusaciones contra la Junta, inauditos reproches al PP y furibundos ataques a sus compañeros. Basculando entre el victimismo y la heroicidad, denuncia presiones políticas y judiciales para apartarla de las grandes causas de corrupción en Andalucía. Acusa y difama a la vez. Todo sin pruebas.

En Lugo, la magistrada María Jesús García Pérez hace de pitonisa en su tiempo libre. Ya fue expedientada por ir al juzgado con su gato y ahora es el CGPJ el que ha abierto una investigación para esclarecer la rareza de que se dedique a echar las cartas del Tarot por 20 euros. Su jefe se confiesa incapaz de calificar lo que, cuanto menos, le parece “peculiar”.

Desde Granada, el jurista Carlos Castresana, conocido por su etapa como fiscal anticorrupción al frente de investigaciones como la de Gil o Pinochet, ha lanzado una dura denuncia sobre la connivencia de jueces, fiscales, políticos y empresarios, que ha removido los cimientos del complaciente sistema judicial.

En estos momentos lleva media docena de causas que afectan al anterior gobierno de Torres Hurtado (PP) y su diagnóstico inicial es demoledor: “En Granada los casos se atascan por el gran poder de los imputados”. Asegura que la situación “está muy extendida” y que no se denuncia porque los propios abogados tienen condicionadas sus carreras, sus despachos, sus clientes… Una ley del silencio que se convierte en un burladero protector.

Preguntémonos, por ejemplo, cómo es posible que todas las grandes causas de corrupción en este país (del caso Serrallo en Granada a la trama de la Gürtel) hayan sido impulsadas por ciudadanos anónimos que han terminado siendo presionados y perseguidos… Pensemos si no lleva razón Castresana cuando ve un Poder Judicial “escuálido” y “muy manipulado” porque “así interesa” al resto de poderes. Y reflexionemos sobre una realidad: en la mayoría de los casos no es el enriquecimiento del político lo que suele estar detrás, sino la financiación irregular de los partidos. “El delito electoral -dice- es el gran desconocido”. Corruptos y corruptores. Otra pieza del puzle que a nadie le interesa remover…

Son historias variopintas, diferentes, pero todas ellas transmiten una imagen de la Justicia muy alejada de la sobriedad institucional que se le presupone. Podríamos replicar que se trata de “manzanas podridas” y de “casos aislados”, pero nos engañaríamos si pasamos por alto el cáncer que supone un corporativismo a cualquier precio.

Gracias Sr. Juez

Magdalena Trillo | 1 de mayo de 2018 a las 10:37

Volvimos a despertar con el #MeToo de la alfombra roja, después llegó el tsunami del 8-M español y hoy celebraremos el primer 1 de Mayo feminista de nuestra historia desconcertados aún por la polémica sentencia de la Manada.

Las razones de la indignación son muy simples: una chica es acorralada en el rellano de un portal y penetrada hasta nueves veces por cinco tipos y no es violación. Estaba borracha, medio inconsciente y no se resistió; no se jugó la vida ni hizo de heroína. El corto que ha analizado la Audiencia de Navarra muestra un ambiente de “jolgorio” y “regocijo”, imágenes de sexo frío y explícito en las que “no tiene cabida la afectividad”. Hay “prevalimiento”, superioridad e intimidación, pero no agresión.

Sin el voto particular del juez Ricardo González, el magistrado que ha llegado a defender la absolución de los cinco jóvenes sevillanos y que ni siquiera considera que haya habido “abuso sexual”, no estaríamos hablando ahora de cambiar el Código Penal para revisar, actualizar y dar un mínimo de coherencia a la tipificación de los delitos sexuales, no estaríamos reclamando formación especializada para jueces y fiscales en la lucha contra el machismo y no estaríamos pidiendo explicaciones al Gobierno por los 200 millones comprometidos en el Pacto de Estado contra la Violencia de Género.

El problema son las leyes -más de treinta veces se ha modificado el Código Penal de 1995 y seguimos encontrando aberrantes zonas grises- pero más aún su interpretación. El problema son las palabras -es muy distinto hablar de 9 años de cárcel por “abusos” que por “violación”- pero sólo en la medida en que hacen saltar las alarmas sobre los prejuicios y las injusticias que hay detrás.

Si el señor juez del voto particular no hubiera criminalizado a la víctima, humillándola como un simple objeto de usar y tirar y hasta convirtiéndola en cómplice de los agresores, hoy no estaríamos debatiendo sobre la crisis de la Justicia.

Si el señor juez del voto particular no nos hubiera dado a todos una lección de machismo y bajeza moral, no estaríamos preguntándonos hasta qué punto la opinión pública ha de actuar de motor para propiciar un cambio en las leyes, en quienes las hacen y en quienes las administran.

No se trata de usurpar el papel de los jueces; se trata de resquebrajar su torre de marfil. Ni siquiera es necesario buscar fantasmas -como ha hecho el ministro Catalá- para justificar lo injustificable. Nos guste o no, elseñor juez del voto particular no es ninguna excepción en este país. No es una cuestión de togas, de sexo y ni siquiera de edad.

Gracias, por tanto, señor juez por su bofetada de realidad.

Cárcel para Juana Rivas

Magdalena Trillo | 16 de enero de 2018 a las 10:00

La realidad paralela en que se ha instalado Puigdemont no es ninguna excentricidad del independentismo catalán; es una enfermedad compartida y contagiosa. Podemos hablar de la endogamia de las castas, de la intransigencia del sectarismo, de la supremacía del nacionalismo y, por supuesto, de la ceguera en que vivimos todos dentro de nuestras particulares burbujas de confort. Son múltiples variantes de un mismo virus -la convicción de sentirnos más y mejores- y el resultado es siempre el mismo: la distorsión.

La imagen de este verano de Juana Rivas alzando los brazos a la salida de los juzgados se convirtió en un símbolo. Había hecho justicia por su cuenta y había ganado. Su causa era noble -proteger a sus dos hijos pequeños de un “padre maltratador”- y la de las plataformas que se movilizaron en su apoyo también: poner el foco en la situación de vulnerabilidad de los menores y abrir el debate sobre el régimen de custodia compartida en los casos de violencia de género.

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La madre de Maracena se escondió con sus hijos, se negó a cumplir las resoluciones judiciales y hasta mantuvo en vilo a la Guardia Civil. Aquel 21 de agosto quedó en libertad provisional; igual que su victoria. Ahora tiene que enfrentarse al juicio oral y a durísima petición de cárcel que acaba de formalizar la Fiscalía: 5 años de prisión por un delito de sustracción de menores y 6 de inhabilitación para ejercer la patria potestad.

Los pulsos a la Justicia se pagan. Sus ritmos son otros, pero cuando llega es implacable. Y no es necesario tirar de hemeroteca para recordar a Pedro Pacheco; mucho más cercano tenemos el caso de Junqueras y los Jordis en prisión -ni siquiera han logrado salir de la cárcel para tomar posesión mañana de sus actas como diputados-, al virtual president catalán haciendo de forajido en Bruselas -cuando se produzca la detención nada tendrá de telemática- y, desde ayer mismo con la esperada sentencia por el saqueo del Palau, a Fèlix Millet contando barrotes y a un decadente Artur Mas absorbido por la endiablada dinámica del procés.

Más grave que la tentación natural de pensar que llevamos la razón es que nos la den. No entro en el creciente poder judicial -Joan Margarit nos advertía esta semana en una entrevista que en España “están empezando a mandar los jueces, más peligrosos que los dictadores”- ni en las circunstancias concretas de cada causa. Me detengo en el trasfondo tóxico que las alimenta. Escurridizo e invisible pero con consecuencias tan reales como la prisión.

Justicieros

Magdalena Trillo | 28 de noviembre de 2017 a las 10:30

“No me interesa saber por qué el ser humano es capaz de hacer el mal, lo que quiero saber es por qué hace el bien”. Terry Gould arranca con esta cita de Vaclav Havel una de las obras más descarnadas que se han escrito sobre el “peligroso oficio de informar”: Matar a un periodista. No son héroes los protagonistas; es gente corriente. No son periodistas en grandes conflictos atravesados por una bala perdida; son trabajadores normales que se juegan la vida a diario hasta el límite. Por llegar a la verdad, por destapar la corrupción, por contar lo que alguien no quiere que se cuente.

Pensaba llamarlos “justicieros”, reivindicando su sentido más noble, pero nos hemos vuelto todos tan justicieros que hemos adulterado la palabra y ya no sé si es positivo o negativo. En la práctica, las fronteras entre el bien y el mal se difuminan y se entrelazan.

No sé, por ejemplo, qué “justizia” reclamamos cuando colgamos de un puente cinco muñecos embutidos en un traje de plástico de color blanco y ponemos las fotografías de los cinco jóvenes acusados por violación en el controvertido juicio de la manada. Denunciar las injusticias, incluidas las de quienes profesionalmente se dedican a ello, debería ser un sano ejercicio democrático reflejo de nuestra madurez como sociedad. Sumergirnos en nuestras cápsulas de verdades absolutas, querer imponer nuestras premisas a golpe de pancartas y tuits, saltarnos algo tan básico como la presunción de inocencia sin reconocer siquiera que nuestra libertad termina cuando empieza la de los demás, habla de una sociedad decadente y desorientada. Peligrosamente enferma.

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No se puede hacer justicia en la calle. La presión social fue el alma del 15-M, de todos los movimientos de la Primavera Árabe, y tuvo su sentido. Lo tiene aún hoy cuando pervive en la incansable lucha de ciudadanos anónimos que arropan a familias vulnerables al borde del desahucio. Y debemos defenderlo, sin excusas, ante quienes insisten en gobernar desde sus despachos y sus coches oficiales sin escuchar a la calle.

Pero el bien y el mal están demasiado cerca. El caso de Juana Rivas, la madre que denunció malos tratos y pelea por sus hijos, sobrepasa ya el blanco y negro de la justicia popular. Spiriman, el médico que protagonizó el mayor levantamiento ciudadano que se recuerda en Granada, se desautoriza a diario cuando confunde la “dignidad” de la causa con una inaudita campaña de ataques e insultos que no esconden más que su prepotencia y su narcisismo. Decimos a los políticos que han de saber cuándo dejar el sillón; también deberíamos aprender como sociedad cuándo abandonar la calle.

Las lecciones del Nevada (incluidos los jueces)

Magdalena Trillo | 4 de junio de 2017 a las 12:11

Un tercio del Metro. Hasta diez carreteras pendientes en Granada, desde la Ronda Sur de Motril hasta la Autovía Darro-Iznalloz pasando por los nuevos accesos y circunvalaciones proyectadas en Órgiva, Alhama, Baza o Pinos Puente. La mitad de las obras de depuración que hacen falta en la provincia… Esto no es una carta anticipada a los Reyes Magos; son los cálculos que esta misma semana ha realizado el PP para explicar, con realidades, lo que suponen los más de 165 millones que tendremos que pagar a Tomás Olivo por haber paralizado durante toda una década la gigantesca mole del Nevada.

Mitad populismo mitad demagogia, el listado de futuribles de inversión podría llevarse al infinito. Pero si nos quedamos en el pragmatismo del hoy y del ahora, lo que hace la indemnización millonaria del complejo comercial es poner rostro y números a un cúmulo de despropósitos y disfunciones que afectan, por supuesto a la Política, pero también a la Administración y a la Justicia.

Vayamos por partes… Se debata o no el escándalo en sede parlamentaria, y desconfiando de entrada de que las peticiones de explicaciones del PP y de Podemos sirvan para algo, ¿realmente se puede sostener que no hay “responsabilidad política alguna”? ¿Nadie en toda la Junta, de Sevilla a Granada, tiene culpa directa o indirecta? ¿Ni siquiera recurriendo al pecado del ‘in vigilando’ que tan de moda ha puesto Esperanza Aguirre?

Lo curioso es que, mucho antes del desenlace final, el Centro Nevada ya fue un calvario para los propios concejales con una lección de responsabilidad que se ha retomado ahora en el caso Serrallo: ser concejal es algo más que dar ruedas de prensa, seguir las consignas del partido y salir en la foto. No pueden limitarse a dar el voto sin conocer lo que se aprueba porque haya un “principio absoluto de confianza”. ¿Cuánto dinero gastamos en mantener a nuestros políticos para que no sepan lo que firman? Para que no entiendan de planes parciales, de licencias, de letras ni de números.

La concejal del PP Telesfora Ruiz ha llegado a decirle a la jueza que había veces que ni levantaban la mano para votar, que bastaba con su mera presencia… ¿En serio? No sé si presuponerles incompetentes, lamentar su dejadez o sospechar justo lo contrario: que han querido ser más listos que nadie. El caso es que debe ser tremendamente contagioso porque es un argumento que escuchamos, una y otra vez, sin ningún atisbo de complejo, desde el último edil de pueblo hasta cualquier director de banco. Desde las ministras que no saben que hay un Jaguar en el garaje hasta todo un fiscal Anticorrupción que ignora que tener una offshore en Panamá sonaría a corrupción pasando por las alegres tonadilleras y las despreocupadas infantas.

Pero pasa con los jefes… y con los empleados. No sé a qué letrado de la Junta se le olvidó acudir a la vista de hace justo un año, pero cuesta pensar que no haya motivado ni una investigación interna. Ni un expediente sancionador. Los funcionarios no pueden ser intocables. Cualquier metedura de pata, más de tal calibre, costaría el puesto en la empresa privada. De inmediato. En este caso, sólo hay excusas y opacidad. La propia Junta y el PSOE se escudan en “criterios técnicos y jurídicos” para decir que durante todo este tiempo han actuado defendiendo el “interés general”. Para explicar por qué, en los diez años en que se ha ido solapando la vía contenciosa con la penal, no pidieron levantar la medida cautelar de paralización de obras. Ni siquiera cuando en 2011 la Audiencia Provincial dictó la sentencia que condenaba a los promotores pero indultaba el edificio. Por qué la Junta no hizo nada justo al día siguiente de que toda España supiera que el Nevada no iba a ser un Algarrobico; que no se iba a demoler…

Sobre todo esto llevamos semanas debatiendo. Sin embargo, no he leído un solo reproche sobre la responsabilidad de los jueces. En primera instancia y por parte de los magistrados del TSJA que acaban de ratificar, y hasta elevar, la indemnización a Tomás Olivo. Porque tal vez no sea un argumento publicado pero sí compartido: prestigiosos juristas de esta ciudad se preguntan por qué no se pidió una pericial de oficio, independiente, para contrarrestar los informes de parte aportados por el promotor. Si los jueces no deben velar, también, por el interés general. Si, además de darnos lecciones a todos los demás, no deberían hacer también autocrítica. Si, además de condenar, no deberían -por ejemplo- establecer los cauces para garantizar que se recupera el dinero de la corrupción. Si nadie pensó, más allá del necesario tirón de orejas a la Junta, cómo evitar que seamos los andaluces quienes acabemos costeando el imponente Centro Nevada.

Siendo realistas, aunque todavía quede la vía del recurso al Supremo, es puro procedimiento. Una vía fallida de entrada porque en esa instancia no hay posibilidad de presentar un contrainforme que desmonte las expectativas de negocio, el daño y el lucro cesante, que constituyen la base de la condena. Hay quienes piensan que simplemente con haber esperado unos meses, los jueces podrían haber tenido los datos reales con el balance de explotación del primer año. Yo no me confiaría… El propio empresario dijo en su día a este periódico que sería su “mejor opción”, que saldría ganando (más). En aquel momento sonaba a farol; hoy invita a ser prudentes: ¿y si recurrimos al Supremo y eleva (otra vez) la indemnización?

Penúltima lección: no tentar la suerte…

No es (sólo) la Capitalidad Judicial

Magdalena Trillo | 14 de mayo de 2017 a las 10:18

Desde Sevilla y Málaga nos miran con condescendencia cuando nos movilizamos contra el aislamiento ferroviario, las penalidades del AVE y el retraso del Metro: la situación de Granada es inaudita, ninguna provincia española habrá sufrido un cúmulo de fatalidades, promesas incumplidas y bloqueo tan largo e inexplicable en toda la democracia. La marea blanca fue una sorpresa para todos, incluidos los protagonistas: la indignación explotó en la calle, se canalizó en las redes sociales y ha tenido consecuencias tangibles en modo de reversión completa de la fusión hospitalaria.

El Juntos por Granada con que hemos empezado a defender la capitalidad judicial no tendría ningún sentido sin estos dos precedentes. Es más, si media España no fuera testigo de los agravios y el maltrato que Granada está recibiendo en sus múltiples guerras -unas buscadas y otras sobrevenidas-, el Parlamento andaluz en bloque no hubiera cerrado filas esta semana (inaudito ver cómo los viejos y nuevos partidos se ponen de acuerdo en algo) para presionar a Madrid y conseguir blindar el TSJA -con fachada y contenido- como símbolo del reparto de poderes que se acordó en los 80 en nuestro Estatuto de Autonomía con artífices de excepción como Rodríguez de la Borbolla y Torres Vela.

Pero basta poner un pie fuera de la forzada división provincial que se inventó Javier de Burgos en el siglo XIX para que nos adviertan de que, “en este caso”, nos equivocamos tomando partido por algo que no es más que “puro corporativismo”; para que nos alerten de que acabamos situándonos al lado de esos señores altivos de las togas que están protagonizando uno de los capítulos más vergonzosos en la historia de la Judicatura de este país con la batalla interna en el Ministerio Fiscal; y para que se muestren más que escépticos sobre el éxito que pueda tener la movilización. ¿Esperamos comprensión y un paso atrás por parte de la misma cúpula que está acusando a sus subordinados de desleales, que está filtrando información comprometida que afecta a investigaciones en curso y que está pidiendo disculpas públicas para defender las meteduras de pata de su Gobierno?

Me cuentan que lo desplazar las nuevas secciones de lo Penal a Sevilla y Málaga, el despiece del TSJA que acabaría por vaciar de contenido el imponente edificio de la Real Chancillería, fue un apaño final de los ministros Zoido y Catalá con el presidente del CGPJ, Carlos Lesmes, en una operación ideada por el magistrado sevillano Antonio Dorado, actual secretario general de Administración de Justicia, que incluso habría tenido el visto bueno del PP -un Moreno Bonilla barriendo (legítimamente) para casa-.

¿Es una cuestión corporativa? ¡Claro! Pero para todos. Es un trampolín profesional para ascender al Supremo -con sus elevados sueldos y sus privilegios- y sí… habría que trabajar en Granada. Pero cualquier magistrado andaluz se puede presentar a las plazas y ganarlas por méritos propios. Otra cuestión, por supuesto, es si los aspirantes de Málaga y Sevilla quieren que les lleven el trabajo a casa…

¿Jurídicamente se sostiene? No tengo ninguna duda -y lo puedo corroborar con el mareo de artículos que ya me han hecho llegar para justificar una decisión y la contraria- que podría tener amparo legal. Aun en el caso de tener que estrujar lo estipulado en el Estatuto andaluz y en los reglamentos pertinentes que lo desarrollan.

¿Técnicamente es defendible? Me dicen que desde noviembre se han registrado 4 apelaciones… Si pensamos en cómo se eternizan las macrocausas -hasta el punto de correr el riesgo de que se prescriban delitos-, en la desesperación con que, año tras año, los responsables de los altos tribunales reclaman más personal y medios técnicos y añadimos la saturación y disfunciones del día a día -esta misma semana se han tenido que aplazar las declaraciones en el caso Serrallo de la mitad del equipo de gobierno de Torres Hurtado porque se cayó el sistema- no pareciera que estemos ante un asunto ni importante, ni oportuno ni urgente.

Es un ataque simbólico. Uno más. Y, si no tiene la mayor importancia, que desde Sevilla y Málaga nos expliquen por qué se movilizan, por qué emiten declaraciones institucionales y por qué construyen frentes de apoyo amparándose en complejas interpretaciones jurídicas y engañosos tecnicismos.

No es (sólo) la Capitalidad Judicial.

Al final pagamos todos

Magdalena Trillo | 2 de abril de 2017 a las 10:30

El otro día me llamo un buen amigo, tan crítico y adicto a la prensa como quienes estamos detrás, para plantearme si no creía que estábamos dándole demasiado espacio a los tribunales. Primero contesté a la defensiva: por supuesto que no; la actualidad manda. Después lo he pensado y la respuesta sigue siendo no. Pero con matices. No son los tribunales de toda la vida, ese camino fácil en el periodismo que se rinde al aforismo británico de que “si sangra, manda”, lo que ocupan los titulares. Es la política, la economía y los bancos; son las instituciones y las empresas; es la movilidad y hasta el tiempo de ocio que enterramos en los centros comerciales.

En su toma de posesión como nueva fiscal jefe de Andalucía, hacía bien Ana Tárrago en garantizar que actuará contra la corrupción “sin influencias extrañas” porque, justamente, es la política el espacio que más alarmantemente se ha judicializado en los últimos años -por injerencias externas pero también por méritos propios- y que está desencadenando una contagiosa parálisis institucional con repercusiones tanto en la anormal inactividad que está vampirizando el día a día de las administraciones como en el propio funcionamiento de las ciudades. Granada es un ejemplo. A punto de cumplirse un año del estallido de la operación Nazarí, en los despachos se está más pendiente de lo ocurre en la Chancillería, en La Caleta y en la Comisaría que de la rutina de la gestión.

Y las consecuencias las sufrimos todos. Por muchas explicaciones tendenciosas que quieran deslizarse sobre maniobras en los tribunales para ‘influir’ en la política, por muchas afinidades y conexiones familiares que podamos construir entre fiscales, jueces y políticos, la connivencia del equipo de Torres Hurtado con los principales empresarios de la ciudad ya no se limita a una mera sospechas de favoritismo y trato de favor. Hay informes jurídicos que vendrían a demostrar cómo se perjudicaron los intereses de la ciudadanía para beneficiar a unos pocos; cómo se firmaron decretos con carácter de urgencia, sin pasar por pleno y sólo unos días antes de las elecciones, que despejaban negocios de particulares; reuniones privadas en dependencias municipales; agendas secretas con “información relevante” de quienes entonces orquestaban el urbanismo en la ciudad…

Es sólo el principio. ¿Será suficiente para justificar la caída de Torres Hurtado? ¿Para condenar penalmente? Lo que ya parece claro es que son consecuencias que no sólo las sufrimos todos, también las ‘pagamos’. En sentido figurado y literal. El brutal plan de ajuste que tiene que preparar la capital en menos de una semana para esquivar la intervención tiene el trasfondo de los 13 años de “herencia recibida” del PP pero no con una causa sencilla ni única. Y es que todo está conectado. Los tribunales, la política y la economía se han convertido en vasos comunicantes. Lo indignante es que al final sea la salida fácil del bolsillo del ciudadano la solución para la ineptitud de unos y la corrupción de otros.

La teoría de la privatización de las ganancias y la socialización de las pérdidas se puede aplicar casi el rigor de un manual al terreno local. No sólo son las grandes empresas las que blindan sus negocios suscribiendo cláusulas antipérdidas -el escándalo de Magdalena Álvarez con la AP7 es uno más- con negocios ruinosos para el Estado que serían impensables en cualquier economía doméstica. ¿Qué ocurre cuando un gobierno local malvende el patrimonio de una ciudad? ¿Cuándo va en contra del interés de todos?

Así que sí. Hace bien Ana Tárrago en hacer una defensa “inquebrantable” de la Justicia frente a los “avatares políticos”. Y sí, todo empieza y acaba en los tribunales. Buceando en la maraña del caso Nazarí, me recordaba Lola Quero esta semana que la guerra entre Tomás Olivo-García Arrabal no sólo es comercial y está salpicada de denuncias. Ironías de la vida. El promotor del Nevada, acusación particular en el caso Serrallo, está a punto de cerrar una operación con la que podría quedarse con el centro comercial que se convirtió en la bandera de la familia García Arrabal. Más ironías de la vida. Si no prosperan los recursos y la Junta tiene que asumir la indemnización millonaria que le exige Olivo, el Centro Serrallo lo acabaremos comprando entre todos…

El ‘cachondeo’ judicial

Magdalena Trillo | 26 de febrero de 2017 a las 12:03

Hace más de 20 años que Pedro Pacheco provocó un tsunami mediático, e institucional, cuando dijo que “la justicia es un cachondeo”. Era febrero de 1985 y la polémica se circunscribía a la paralización de una orden de derribo de un chalé de Bertín Osborne. Luego, y son muchos los que piensan que con un trasfondo de revancha de los intocables de las togas, llegarían las denuncias por su gestión como alcalde de Jerez, la condena a cárcel, los embargos y su entrada final en prisión por dos casos de enchufismo. Hablamos ya de finales de 2014. La crisis económica empezaba a dar paso a la política y, a golpe de escándalos de corrupción y de cabreo ciudadano, empezaba a imponerse una corriente de máxima ejemplaridad que explicaría, por ejemplo, que la tonadillera Isabel Pantoja acabara entre rejas con una pena por blanqueo de capital inferior a dos años.

Había que reconstruir la deteriorada imagen de la Justicia. Demostrar que la justicia era justa, imparcial e independiente… Y parecerlo. De entrada, la lentitud del sistema, con la insistente llamada de atención de jueces y fiscales por la sobrecarga de trabajo, la saturación de los juzgados y la falta de recursos y personal, en nada contribuye. Ni en el fondo ni en las formas. Por la propia indefensión que provoca -ahí están las quejas constantes de los implicados en el caso de las audioguías de la Alhambra- y por el espacio que abre al linchamiento mediático y a la condena y criminalización social.

Pero este talón de Aquiles del poder judicial, un problema que nuestro país viene arrastrando durante toda la etapa democrática de construcción del Estado de Derecho, no es sino la base de cultivo para ese otro ‘cachondeo’ que discurre estos días en paralelo a los grandes casos de corrupción y alimenta la imagen de descrédito, presiones y politización que con tan poca fortuna denunció el histórico político andalucista.

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Mientras el ya ex jefe superior de Murcia habla siniestramente de “purga”, acosos y asaltos a viviendas de fiscales Anticorrupción, en Twitter sistematizan con agudeza los atenuantes que se habrán aplicado en el caso Nóos para que Iñaki Urdangarin, el cuñado del Rey, para que pueda seguir escondido en Suiza: no ser rapero ni tuitero ni titiritero. Aun dejando de lado los argumentos estrictamente jurídicos de la sentencia, la decisión de las tres magistradas de la Audiencia de Palma acordada este jueves en la vistilla de medidas cautelares es realmente inquietante: libertad sin fianza y con la única preocupación de comparecer una vez al mes en su refugio alpino.

Hace justo un año que un juez de la Audiencia Nacional ordenó prisión provisional sin fianza para los dos titiriteros granadinos que fueron detenidos por “ensalzar a ETA” en un espectáculo programado para las fiestas de Carnaval en Madrid. Había riesgo de fuga así que permanecieron cinco días en el calabozo; hoy, la causa está archivada y ellos siguen representando sus obras, incluida la de La Bruja y Don Quistóbal. En el caso de Urdangarin no hay riesgo de fuga. Ni posibilidad de que vuelva a delinquir ni de que destruya pruebas… No es de extrañar que su abogado confesara a los periodistas que está “entusiasmado”. Y mucho menos que media España especule ya sobre si al final entrará en prisión; si hay dos varas de medir; si la justicia ni es justa ni lo parece.

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Hablar de “cachondeo” no es más que un recurso -no niego que exagerado- para alertar de las disfunciones judiciales, pero admitamos que estamos en un momento en que se ha superado ampliamente lo que podríamos considerar aislado y excepcional.

Que un ex alto cargo de la Junta vaya a presidir el tribunal que enjuiciará a Chaves y Griñán (sus jefes durante 6 años) resulta inadmisible por muy legal que sea y muy honesto y solvente que sea el magistrado… Que hayamos convertido el relevo de plazas en el Constitucional en un ‘mercadeo’ de sillones entre los dos grandes partidos -y sin pudor- poco ayuda a desmentir las “purgas”, las presiones y la politización de la justicia… Que Zoido haya puesto en marcha una operación limpieza en Interior tiene (demasiado) de cloacas y de novela negra.

El juego de tronos del Constitucional

Magdalena Trillo | 29 de enero de 2017 a las 10:30

Si tomamos como referencia las preocupaciones reales de los españoles, las espontáneas de las tertulias de bar y las cocinadas de los barómetros de opinión pública, la información sobre la renovación del Tribunal Constitucional no debería alcanzar ni la categoría de breve: una noticia especializada de interés parcial restringida a las publicaciones del sector.

Que ocupe portadas de periódicos, minutos de análisis y espacio en prime time tiene una explicación que oscila entre el amarillismo, el morbo mediático y las guerras de poder de los partidos: el juego de tronos en que los políticos (también) han convertido la elección de miembros del Alto Tribunal intentando colocar a personas afines a sus posicionamientos ideológicos y a sus intereses por encima de los criterios de mérito y capacitación que debamos presuponer a los juristas. Y ello en un órgano que es clave en la arquitectura democrática del Estado y que vela, precisamente, por que no sólo se cumplan las reglas del juego que fija la Constitución sino también que se vayan adaptando a las nuevas necesidades.

¿El deterioro y desconfianza de la política está arrastrando la independencia y el prestigio de la Justicia? Del mismo modo que es compartida la convicción sobre el referente que el TC significó en sus inicios, es creciente hoy la opinión sobre su deriva con ausencia de grandes pactos y con continuos votos discrepantes que tienen más que ver con injerencias y cadenas de favores que con planteamientos estrictamente jurídicos.

Que se hagan cábalas sobre el voto de los magistrados ante temas de tremenda trascendencia como el matrimonio homosexual, el aborto, la reforma laboral, la legalización de los partidos abertzales o el actual desafío independentista catalán -integrando en la ecuación quién propuso a cada uno de sus doce integrantes- no es sino el reflejo del inaplazable camino de transparencia -en el fondo y en las formas- que ha de afrontar la institución que ejerce de intérprete suprema de la Carta Magna y máxima garante de nuestros derechos constitucionales.

Su independencia no puede estar en cuestión ni sus integrantes deben ejercer con la sombra de haber sido elegidos primando su vinculación personal y afinidad política -hasta el punto de pertenecer o no al círculo de amigos y conocidos de los partidos (y dirigentes) que los defienden- por encima de su solvencia y experiencia profesional. La razón es sencilla: las instituciones ganan, todos ganamos como sociedad, con la calidad y el prestigio de las personas que las integran.

A esto nada contribuyen las negociaciones, presiones y pulsos que los partidos han mantenido en los últimos meses -sin preocuparse siquiera por disimular- para cubrir las cuatro plazas del TC, incluido el cargo especialmente relevante de la presidencia, que están pendientes de designación desde diciembre. Se molestan cuando se filtran sus maniobras pero es difícil negarlas cuando la realidad constata favoritismos y vetos.

Las opciones del magistrado sevillano Andrés Ollero, diputado del PP por Granada durante 17 años y vinculado a nuestra Universidad, se dan ya prácticamente por enterradas justamente por su duro posicionamiento ideológico y su afinidad al partido del Gobierno. No se trata ya de inclinaciones más o menos progresistas o conservadores sino de trayectorias de ida y vuelta a la política -con responsabilidades y gestión directa- que despiertan los apoyos encendidos de unos y el rechazo absoluto de otros.

Descartado Ollero para presidir el Alto Tribunal en sustitución de Pérez de los Cobos, la disputa parece centrarse ahora entre el exfiscal general del Estado Cándido Conde-Pumpido y el vicepresidente del Supremo Ángel Juanes.

Algunas cabeceras de la prensa nacional daban ya esta semana por acordados los otros tres integrantes: la catedrática de Constitucional y miembro del Consejo Consultivo de Andalucía María Luisa Balaguer, el magistrado del Supremo Ricardo Enríquez y el catedrático de Derecho laboral Alfredo Montoya.

En el episodio andaluz de este particular juego de tronos, Balaguer ha sido la propuesta que finalmente ha presentado el PSOE tras descartarse la posibilidad de respaldar como Comunidad Autónoma un único perfil. En la renovación del TC, una parte viene determinada por la designación del Consejo General del Poder Judicial y otra parte por el Senado a iniciativa de los parlamentos autonómicos.

En Andalucía, el consenso ha sido un espejismo. Lo intentó Ciudadanos con la jurista granadina Begoña Álvarez, valorando que sería respaldada por el PSOE -hace siete años fue consejera durante once meses con el equipo de Griñán- y que podría concitar el respaldo del PP por su perfil marcadamente “técnico” e “independiente”. La formación naranja quería “despolitizar” así el proceso pero terminó desistiendo y no la ha llegado ni a presentar.

Tampoco los socialistas han logrado convencer con su apuesta por Balaguer, catedrática almeriense y experta en Igualdad que probablemente termine colocando Susana Díaz -había división de criterios incluso entre el Parlamento y el partido-, al tiempo que el PP ha mantenido sus preferencias por Ricardo Enríquez y Podemos por la sevillana Ana María Carmona.

A la espera del desenlace final, la conclusión previa parece más que evidente: hacen falta mecanismos de control; y una transparencia real que garantice que las personas que ocupan los puestos son realmente las más idóneas. Que están porque lo merecen. Porque han superado una selección estricta donde primen los méritos por encima del amiguismo. Un proceso que contribuya a reforzar la confianza ciudadana en el Tribunal Constitucional, no el descrédito.

Cuando eligieron, por ejemplo, a la magistrada granadina Inmaculada Montalbán para el Consejo General del Poder Judicial, tuvo que pasar una especie de primarias dentro de su propia asociación. Hay, por tanto, precedentes de instrumentos que se pueden explorar: desde la introducción de filtros de este tipo hasta la reforma radical que propugnan algunos.

El debate sobre la urgencia de revisar el proceso de elección está abierto . Y ese desafío sí está directamente sobre el tejado de los partidos…