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Nos vemos en los tribunales

Magdalena Trillo | 30 de marzo de 2014 a las 12:38

ISABEL Nieto tiene fama de dura. Puede que entre todos hayamos inventado una leyenda urbana, pero media Granada sabe que desde que ella tomó las riendas de Urbanismo en la capital no hay ‘comidas de trabajo’. La explicación es un arrebato de sentido común: cualquier tema que se hable entre vinos ha de poder discutirse en una oficina municipal con la presencia de los técnicos. Le podemos llamar propuestas, presiones, prebendas… y podemos ir de los corredores de fincas que cerraban los tratos entre la nebulosa de la manzanilla y el dominó hasta la colección de maletines que ha terminado escribiendo la historia judicial de demasiados ayuntamientos de España.

El resultado es el peso de una tradición de la que es difícil escapar. Tal vez por ello y por la seriedad con que la edil se ha movido hasta ahora (no le ha salpicado ni el ‘caso del Cerrillo’ que ha puesto contra las cuerdas al propio alcalde y a toda la cúpula de su área), ha sorprendido la denuncia que realizó esta semana sobre las supuestas coacciones que sus funcionarios están recibiendo para “intimidarles” e incidir en su “imparcialidad” en la tramitación de expedientes como el que afecta al centro Serrallo. Nieto no sólo recriminó a IU que haya presentado unas alegaciones en las que viene a acusar a los técnicos de “cubrir delitos” y “delinquir” sino que desveló llamadas telefónicas de particulares “de muy malas formas” que están generando una presión inadmisible.

El asunto, que está ya en manos de los asesores jurídicos del Ayuntamiento, puede acabar en los tribunales. Y parece que con razón. El problema es que estamos en un momento de la vida pública en el que tanto se ha difuminado el muro que debía separar la política y la justicia que cada vez es más difícil saber cuándo estamos en la guerra de confrontación y cuándo se ha sobrepasado la línea que ha de justificar la acción de la justicia: cuándo los políticos hacen política y cuándo se aprovechan de los tribunales; cuándo lo jueces hacen justicia y cuándo se inmiscuyen en la política.

Lo menos que se puede decir de Alaya en su especial instrucción del caso de los ERE es que es una “juez peculiar“; lo último que el juez Moreno ha dicho del Ayuntamiento de Armilla y de la agencia Idea de la Junta es que “sorprende” que no se hayan personado en la causa de los vertidos fecales del Parque de la Salud. Que lo hiciera Antonio Ayllón (PP) cuando tenía la Alcaldía y que, tras la moción de censura, no lo ha haya hecho el equipo de Gerardo Sánchez (PSOE). Porque sólo la ‘ilógica’ de la política y los intereses partidistas podrían explicar que el municipio esté perjudicado por unos hechos presuntamente delictivos y, unos meses después, con un cambio de color en la corporación, se olvide todo el asunto.

En la capital, Torres Hurtado lleva buena parte de su tercer mandato criticando a la oposición, especialmente al grupo socialista, que se haya obcecado en intentar ganar en los tribunales (con bastante poca fortuna) lo que le niegan las urnas y, en la provincia, tenemos ya tantos ejemplos de guerras internas y de mociones de censura por corrupción que ni es fácil creer a unos ni confiar en otros.

A pesar de todo, y hasta de ellos mismos, la Justicia se mantiene como el último bastión de los ciudadanos en un intento -tal vez iluso- de preservar la credibilidad en el sistema. La última encuesta del Egopa constata el hartazgo ciudadano en una escala que va de la “desconfianza” y la “irritación” al “aburrimiento”; ocho de cada diez granadinos confiesan que no se identifican con ningún partido político y la incógnita no es ya si gana PSOE o PP sino quién pierde más votantes.

Lo más desalentador de todo es tener que comprobar que, si quieren, pueden. Me refiero a Aznalcóllar, un conflicto que prometía dejarnos meses de confrontación política mientras se dirimía en el Constitucional y que se ha resuelto con unas llamadas de teléfono y una buena dosis de responsabilidad y de seriedad. ¿Tan difícil es seguir el ejemplo?

En el último pleno de la capital se han analizado 105 puntos y sólo se han alcanzado cuatro acuerdos, uno de ellos para que el Gobierno de Rajoy baje el IVA a los peluqueros y otro para decirle a la Junta que elimine la obligación de que los perros lleven bozal…

Puestos a vernos en los tribunales, estaría bien que sirviera para saber hasta qué punto nos están tomando el pelo… Unos y otros… Puede que la Justicia no sea la salvación pero es evidente que ganamos todos si la preservamos de la confrontación. Respetándola cuando nos dé la razón y cuando no (incluido Artur Mas) y limitando al máximo los casos de impunidad.