La inocencia de los votantes

Antonio Méndez | 4 de agosto de 2015 a las 12:31

Con la sentencia del Tribunal Supremo, Marbella ajusta cuentas con su pasado más negro. Nueve años después, el caso de corrupción política que provocó la disolución del Ayuntamiento marbellí completa su recorrido por la vía ordinaria de la Justicia. Desde entonces se han sucedido tantos casos que no es que conviertan a Malaya en un asunto de aprendices, sino que aquel episodio que nos escandalizó entonces formaba parte de una gangrena que estaba extendida a todo el país. No era sólo el gilismo el que estaba corrompido hasta los tuétanos.

De la resolución a los recursos de casación, dictada por el Alto Tribunal, queda como resumen principal los seis años más de cárcel que se imponen a Roca, hasta sumar 17 años. Todavía lejos de los 30 que solicitó la Fiscalía pero al menos un castigo más acorde a la gravedad de los hechos que se le atribuyen al cerebro de esta trama. Yel incremento de la pena en año y medio para los concejales que participaron en el saqueo por un delito de cohecho continuado.

Pero inmediatamente el debate se ha instalado en una ocurrencia, más que una sugerencia, que en su momento tuvo la Sala de la Audiencia de Málaga que enjuició el caso en primera instancia, y que promovió que las multas y los bienes incautados a los condenados revirtieran a Marbella, como forma de resarcir a la ciudad del atraco continuado a la que fue sometida.
Como exposición de buenas intenciones por parte de sus señorías está bien, si no fuera porque se supone que los magistrados que rubricaron la recomendación sabían de antemano que la legislación no contempla esa posibilidad. Como bien explicaba el jurista Diego Martín Reyes en este periódico “el importe de las multas son ingresos del Tesoro Público por disposición de ley”.

Una decisión populista de la Sala malagueña que pasó la pelota al Supremo, que ha tenido que ejercer el papel de malo al revocar la petición. Suficiente para alimentar el debate político y partidista. La Junta, que hizo bien poco en su momento ante las correrías urbanísticas de Jesús Gil y sus secuaces, se apunta rápidamente ahora a pedirle a Rajoy que transfiera a Marbella el importe de esos ingresos.

Pero ésta no es la historia de Robin Hood. No hay vasallos desangrados a impuestos ni reyes usurpadores del trono municipal. Supongo que alguna vez deberemos asumir también que como ciudadanos tenemos alguna responsabilidad en las consecuencias de apoyar en las urnas a determinadas opciones políticas. No casa aquí el papel de ciudad masacrada por unos políticos que engañaron a sus inocentes votantes.

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