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Cargos de confianza

Antonio Méndez | 27 de junio de 2011 a las 12:49

El miércoles, un día antes de la constitución del nuevo Pleno de la Diputación Provincial de Málaga, un total de 63 personas recibieron sus cartas de despido. Todas eran cargos de confianza del gobierno de coalición PSOE-IU. Toca mandar al PP. Dentro de unas semanas, 35 empleados que ocupan puestos de libre designación en la Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol occidental correrán la misma suerte. En total más de cien, contando los que faltan en algunas sociedades instrumentales del propio organismo provincial y del mancomunado, como la empresa de aguas, Acosol. Una auténtica agencia de colocación en la sombra pese al nombre.

Son sólo un par de ejemplos, pero ¿cómo es posible que para gestionar esos dos organismos se necesiten cubrir a dedo tantas plazas? Ésta sí que es una ley privada de partidos. No es el veredicto de las urnas el que obliga a echar a unos para incorporar a otros sino unas normas aprobadas por las mismas formaciones políticas que luego se benefician de la posibilidad de disponer de un elevado número de personas para contratar con discrecionalidad. Ni la mayoría de los que estas semanas reciben los finiquitos ni los nuevos que entran en su puesto se justifica en la mejora del funcionamiento de estas instituciones sino en los servicios prestados al partido de turno. Aunque ahora se anuncien recortes o planes de austeridad que limiten el número de esas contrataciones.

No me imagino los secretos de Estado que guarda la Diputación o la Mancomunidad para precisar esa ingente red de colaboradores. Por cierto, en ésta última superaban en número a los propios funcionarios. Si un gerente de una empresa municipal no sirve igual para el PP que para el PSOE, si es necesario un militante para dirigir un barrio o un área municipal, nadie quiere entender el mensaje.

En comparación, me parece demagógica esta carrera de los políticos por bajarse los sueldos o anunciar incluso que se trabaja gratis. Aunque no discuto que algunos deberían de pagar por ser concejal.

Ahora que lo pienso, el primer presidente popular de la Diputación de Málaga, Luis Vázquez Alfarache, sí tenía razón cuando fichó a una persona cercana para que limpiara su despacho oficial. En esa delicada misión sí que se necesitaba un cargo de confianza.