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El nuevo reaval de CERSA

Carmen Pérez | 4 de mayo de 2015 a las 16:00

El 27 de abril se publicó en el BOE la ley 5/2015, que regula diferentes aspectos para el fomento de la financiación empresarial. El Capítulo II se dedica a la mejora del régimen jurídico de las sociedades de garantía recíproca, SGR, y de las sociedades de reafianzamiento, con tres medidas de muy diferente naturaleza.

La primera consiste en la mejora del gobierno corporativo de las SGR, haciendo  extensivo el régimen de idoneidad de administradores y directivos de las entidades de crédito a las sociedades de garantía recíproca.

Con la segunda se reducen las cargas administrativas al eliminarse la obligación de formalizar en escritura pública o póliza intervenida las relaciones entre las sociedades de garantía recíproca y el socio, en cuyo favor se hubiese otorgado una garantía.

Pero es la tercera la que puede contribuir en mayor medida a dinamizar el mercado de crédito bancario a las  PYME, modificando  el funcionamiento del reaval que prestan a las SGR las sociedades de reafianzamiento. Entre ellas, la Compañía española de reafianzamiento, CERSA, entidad de carácter público que lleva a cabo este papel a nivel estatal. Así, a partir de ahora este reaval se activará ante el primer incumplimiento de la SGR.

La intención de esta tercera medida es clara: que las entidades de crédito tengan mayor confianza a la hora de aceptar el aval de las SGR. Pero sorprende que haya que reforzarla porque la confianza debería ser ya total: las SGR son entidades financieras, están supervisadas por el Banco de España y sometidas a los mismos controles y exigencias de solvencia que cualquier otra entidad financiera. No hay más motivos para desconfiar del aval de una SGR que del aval de cualquier otro banco. Ahora, además, los bancos saben que en el caso hipotético que la SGR falle, como ha sucedido con la SGR de la Comunidad Valenciana, CERSA entrará inmediatamente en juego según los porcentajes fijados en los contratos de reafianzamiento.

Es, sin duda, una nueva apuesta pública estatal por este instrumento financiero de apoyo a las PYME. Ahora bien, desde el momento en que se  fortalece el aval otorgado, los bancos deberían compensar la ausencia total de riesgo mejorando ostensiblemente las condiciones de estos préstamos garantizados, tanto en plazo como en coste. Estas operaciones que cuentan con el aval automático y líquido de la SGR, y ahora con este nuevo plus de confianza, deberían tener unos tipos de interés menores que los que la banca considera para sus operaciones hipotecarias. Y también habría que conseguir de ellos una mayor implicación en el sistema, que se concretara en aportaciones de fondos a las SGR con las que suscriben convenios para aumentar tanto su solvencia como su capacidad operativa.

Si esto no es así, lo que conseguirá esta ley son nuevos beneficios para  la banca pero no para la PYME.

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