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¿Márcará el Euríbor un nuevo récord?

Carmen Pérez | 23 de octubre de 2020 a las 8:28

TRIBUNA ECONÓMICA, 14/8/2020

El 5 de febrero de 2016 se produjo un hecho sorprendente. El Euríbor (Euro Interbank Offered Rate) a doce meses cruzó el Rubicón y pasó a cotizar por debajo del 0%. Que el precio del dinero sea negativo no puede sino calificarse de anormalidad, de irregularidad, de rareza. Dice el refrán que “a todo se acostumbra uno menos a no comer, y eso porque cuando se está acostumbrando se muere”. Pues también ha pasado con el Euríbor: lejos de suponer aquello algo puntual, esta aberración financiera se ha hecho permanente. Son más de cuatro años los que llevamos así, en un mundo loco, donde incluso se perciben intereses por las deudas en vez de pagarlos. Y lo que nos queda.

Este indicador es de la máxima trascendencia porque el valor de los instrumentos y los contratos financieros que lo utilizan como referencia en la Eurozona superan los 500.000 millones de euros, y de ellos una parte importante son hipotecas. A lo largo de su historia, el Euríbor a doce meses se ha movido entre el máximo del 5,39%, que marcó en julio de 2008, y el mínimo de -0,399%, registrado el 21 de agosto de 2019.

Posteriormente, en octubre, el tiering que puso en marcha el BCE, cuyas decisiones condicionan al Euríbor, estableciendo dos niveles para el cobro al exceso de liquidez de la banca, implicó una leve subida, aunque sin abandonar en ningún momento el terreno negativo. De forma añadida, con la enorme incertidumbre que trajo la pandemia, el Euríbor también reaccionó con fuertes subidas que lo acercaron a niveles muy próximos a cero. Así, la media de este pasado mayo fue de -0,081%, un nivel que no se veía desde finales de 2016.

Pero estos meses de octubre a mayo han sido sólo un paréntesis, luego retornó a las bajas. El martes este indicador de referencia para derivados, hipotecas y préstamos se situó en el -0,356% y puede que en los próximos días se profundice la caída y el Euríbor marque nuevo récord. Las hipotecas y préstamos a tipo variable con diferenciales pactados menores irán pasando a cobrar intereses. Los que tengan diferenciales mayores quizá alcancen también ese mundo invertido negativo con el trascurso de los meses.

Con o sin récord, seguirá en negativo por tiempo. El BCE en su última intervención garantizó que no iba a subir los tipos de interés oficiales hasta al menos 2022 e incluso aseguró que todavía podría bajarlos más en el futuro si fuere necesario. Las cotizaciones de las permutas financieras -swaps sobre el Euríbor- lo sitúan en negativo a mucho más largo plazo. Y los bajísimos tipos hipotecarios fijos que la banca está ofertando también lo está señalando.

Una aberración financiera que delata que vivimos de prestado: todo lo arreglamos con más deuda. Ya la crisis de 2008 fue a causa de una descomunal deuda; desde entonces ha seguido aumentando y con el COVID-19 el ascenso será dramático. Según el FMI, en abril la deuda mundial ha experimentado el crecimiento más alto de la historia: 2,1 billones de dólares, más del doble de los 0,9 billones mensuales en que aumentó como media entre 2017 y 2019. Enfermos crónicos nos hemos acostumbrado a alimentarnos de deuda y de tipos de interés negativos para poder tragarla.

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El SURE, para empezar

Carmen Pérez | 23 de octubre de 2020 a las 8:26

TRIBUNA ECONÓMICA, 7/8/2020

Hasta 17 países de los 27 europeos van a solicitar fondos del programa SURE (Support mitigating Unemployment Risks in Emergency). Este instrumento de carácter finalista fue puesto en marcha por la Comisión Europea para ayudar a proteger el empleo y a los trabajadores afectados por la pandemia de coronavirus. Está dotado con 100.000 millones de euros. España ha sido el primero en realizar una solicitud formal por 20.000 millones, el máximo al que puede optar según las normas establecidas; Bulgaria lo ha seguido con 511 millones de euros. El resto de peticiones irá llegando. La Comisión las evaluará y fijará las condiciones -importe, vencimiento e interés- en las que recibirán el dinero en forma de préstamos. Aunque España consiga el importe requerido, no será suficiente para atender al descomunal gasto que la ayuda al empleo está suponiendo.

SURE es un instrumento de solidaridad -temporal- entre los Estados miembros, porque es Europa la que toma los fondos prestados en los mercados financieros y los presta a su vez individualmente a cada uno de ellos en condiciones favorables: se benefician de la calificación crediticia de la UE y, por tanto, de sus bajos costes de endeudamiento. Se estima que estos bonos irán en línea con otros europeos ya existentes, que se están negociando en torno al 0,13%. Además, está diseñado para que sea de desarrollo rápido, los desembolsos de los importes se harán en varios tramos; el primero llegará en otoño y el resto a lo largo de 2021.

Son fondos, por tanto, que nos vienen como agua de mayo, pero que resultan escasos para financiar los ERTE, tanto las prestaciones como las cotizaciones sociales que se ahorra el empresario, la prestación extraordinaria que reciben los autónomos que hayan visto su actividad reducida o suspendida, la prestación por incapacidad temporal para personas que hayan estado de baja y el apoyo a trabajadores fijos discontinuos, en particular del sector turístico.

La Autoridad Fiscal Independiente, Airef, ha cuantificado que sólo por los ERTE habrá que enfrentar un gasto de 25.871 euros hasta el 30 de septiembre, a lo que habría que sumar lo que se deja de ingresar por exonerar las cotizaciones sociales, que viene a ser un 30%, y el coste de los otros conceptos señalados. Además, la Airef estima 3.400 millones de euros más por cada quincena que se extienda la cobertura desde entonces: la ayuda al empleo puede superar los 60.000 millones si se prorroga hasta diciembre.

La otra vía a la que puede acudir España es el Mecanismo Europeo de Estabilidad, MEDE, que ya nos asistió con 40.000 millones en 2012, para solventar otros frentes de gasto y liberar así margen para el endeudamiento propio. El presidente Sánchez ha afirmado que no recurrirá a esta vía -por absurdos motivos estéticos- pero está por ver si no lo hace, y a tope, si la pandemia sigue recrudeciéndose. En todo caso, la deuda pública española -la propia o la mediada por Europa (SURE, MEDE y Fondo de Reconstrucción)- se elevará considerablemente. Esperemos que cada euro que se gaste se haga con la máxima prudencia y eficiencia porque la solidaridad actual supone insolidaridad con las generaciones que vienen.

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Préparate para crecer

Carmen Pérez | 23 de octubre de 2020 a las 8:23

TRIBUNA ECONÓMICA, 31/7/2020

Prepárate para crecer es el sugerente slogan con el que se presenta una interesantísima iniciativa, el Entono PreMercado, promovida por Bolsas y Mercados Españoles, BME, gestor de los mercados españoles, oficiales y alternativos, de renta fija y variable. El objetivo operativo es que las pymes en expansión -tanto startups como las que disponen de una trayectoria más amplia (segmento growth)- conozcan el funcionamiento de los mercados de capitales y empiecen a actuar como si estuvieran efectivamente incorporadas. El objetivo estratégico es que las compañías mediante este proceso se desarrollen y consigan tamaño.

Las empresas que se añaden al programa -17 empresas, por ahora- acceden a un programa de formación financiera general pero también específica sobre los mercados. Y la idea es que estos conocimientos no se queden en el terreno teórico sino que se lleven a la práctica. Con el asesoramiento directo de profesionales se les incita a cumplir con el plus de rigor, seriedad y profesionalidad que exige cotizar en los mercados, como acometer los cambios y adaptaciones necesarias en la estructura de capital y gobierno corporativo o cumplir con las mayores exigencias de información y transparencia. Un camino que presenta en sí mismo cuantiosos beneficios, con independencia de que finalmente las compañías se decidan o no a dar el salto.

Y no queda todo sólo ahí. De forma añadida a esta tarea que prepara a las empresas para contar con esta alternativa de financiación en los mercados, el Entorno PreMercado proporciona un lugar de encuentro con potenciales inversores que pueden interesarse en ellas, teniendo un acceso exclusivo a la información de las mismas. En definitiva, las compañías adquieren visibilidad -nacional e internacional- y presencia en los medios de comunicación y en el entorno financiero, lo que favorece su acceso a la inversión y a la financiación.

La otra pata fundamental de esta iniciativa son los Partners: asociaciones, fundaciones, escuelas de negocio, sociedades gestoras de entidades de capital riesgo, plataformas de financiación participativas y otras entidades interesadas en colaborar. Hasta el momento son 15, como la asociación de business angels, Big Ban Angels, la Asociación de Parques Científicos y Tecnológicos de España, el despacho Garrigues o, desde Andalucía, la Asociación de Empresarios del Sur de España, Cesur. Empresas y startups, inversores, profesionales de los mercados financieros y partners forman así un ecosistema que permite que surjan oportunidades y se desarrollen sinergias entre todos.

Desde el Instituto Español de Analistas Financieros, IEAF, Delegación de Andalucía, también les mostramos nuestro total apoyo. El contacto con inversores y la posibilidad de salir a los mercados a obtener recursos para financiar proyectos de expansión son dos magníficas vías para que las empresas se desarrollen y ganen tamaño, algo tan necesario en una tierra de micropymes como la nuestra. También, la mejora en la profesionalidad y en la formación financiera de los directivos que proporciona esta iniciativa paliaría otros dos de nuestros males endémicos. Aún no hay ninguna empresa andaluza incorporada: ¡ánimo!

Nuevas cuentas

Carmen Pérez | 23 de octubre de 2020 a las 8:21

TRIBUNA ECONÓMICA, 24/7/2020

A estas alturas todos sabemos que “habemus pactum“. El martes a lascinco de la mañana, tras cuatro días de negociación, el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, lo comunicó con un breve tuit: ¡Acuerdo! Un momento histórico en el que Europa da un nuevo paso en su construcción, como siempre, acuciada por una crisis. Ante el nefasto panorama económico, los 27 líderes nacionales se han visto empujados a endeudarse juntos: acordaron pedir 750.000 millones de euros y comprometerse a devolverlos y a pagar sus intereses de forma solidaria.

Y la solidaridad no acaba ahí. Todos son responsables de esa deuda pero no todos reciben igual parte del montante recabado, el reparto es asimétrico. En función de diferentes variables se distribuirán 390.000 millones de euros como donaciones y 360.000 millones se podrán pedir en préstamos. España es de los países que resultan más agraciados: recibirá hasta 140.000 millones de euros, de los que 72.700 no tendrán que ser devueltos.

Esto no significa que los gobiernos tengan carta blanca. No reciben esos fondos y luego deciden libremente qué hacer, sino al contrario: los planes van por delante. Cada país tiene que elaborarlos, atendiendo las recomendaciones de la Comisión Europea y alineándolos con las prioridades -transición ecológica y digitalización- que ésta ha fijado. Además, el proceso no va a estar exento de controles, aunque sean más light que lo que algunos países hubieran querido. Funcionará un freno de emergencia y por mayoría cualificada tendrán que resolverse las controversias.

En definitiva, no se trata de salir del hoyo de cualquier manera. Ursula von der Leyen lo decía claro: el objetivo es que se impulse la convergencia, la resiliencia y la transformación de Europa. No es momento para aplausos por tener la potencialidad de acceder a fondos, sino de afanarse por preparar los planes adecuados y aplicarlos con agilidad y eficiencia: sólo cuando la recuperación y la sostenibilidad a largo plazo sean hechos procederá que resuenen con fuerza.

Para superar la crisis de 2008, los países europeos tiraron de deuda, y no se esforzaron en reducirla después aprovechando el crecimiento y el apoyo del BCE. La deuda pública europea (sin Reino Unido) se situaba a finales de 2019 en unos 11 billones de euros, el 80% del PIB. Por sus altísimos niveles, algunos estados -Grecia (176%), Italia (134%), Portugal (117%), Bélgica (98%), Francia (98%) y España (95%)- no pueden apelar para superar esta nueva crisis otra vez a la deuda.

Con todos esos países (45% del PIB europeo) sin credibilidad, y estando además entre ellos los más castigados por la pandemia, no se ha tenido más remedio que recurrir a la confianza que da la Unión. A partir de ahora en Europa coexistirán dos cuentas de deuda pública: las nacionales y la europea. Con estos 750.000 millones de euros y con la caída del PIB prevista, la ratio europea pasará del 80% al 94% y esto sin contar con las subidas adicionales de las deudas estatales. Llegará la recuperación y el BCE también prestará su ayuda. Y entonces, debe exigirse firmemente que esa suma de deuda descienda. La confianza tiene siempre límite, hasta para la Unión Europea.

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Una parada en el camino

Carmen Pérez | 23 de octubre de 2020 a las 8:19

TRIBUNA ECONÓMICA, 17/7/2020

Como se esperaba, el Banco Central Europeo no movió ficha en la reunión de ayer. Desde que empezó la pandemia ha puesto mucha carne en el asador y era momento de hacer una pausa. El éxito conseguido hasta el momento, conteniendo la bajada de la inflación y dejando bajo control las primas de riesgo soberanas, le ha permitido tomarse un respiro. También la pausa ha sido posible porque las proyecciones macroeconómicas -caídas del PIB- no han sido tan desastrosamente malas como podrían haber sido. En el comunicado, sin embargo, reitera que ahí están ellos, dispuestos a lo que sea necesario: “El Consejo de Gobierno sigue estando preparado para ajustar todos sus instrumentos según proceda”.

Y es que el camino promete ser largo. Hace poco, el economista jefe del BCE, Philip Lane, advertía que “la débil demanda, las continuas restricciones de oferta y las continuas restricciones de distanciamiento social están obstaculizando la normalización de la actividad económica”. Dio por hecho que no se volverá a los niveles previos a la pandemia hasta finales de 2022, como pronto. Y los temores a una segunda oleada del virus que comprometa esta recuperación que apenas se ha iniciado son fuertes. Así que, posiblemente en septiembre o en diciembre vuelvan a la carga, bien incrementando las compras o bien flexibilizando más las actuaciones que pusieron en marcha.

Pero hacer esta parada también le permite al BCE esperar y ver qué hacen desde la Comisión Europea. La cumbre de líderes europeos para negociar los pormenores del fondo de reconstrucción comienza mañana. No está fácil el acuerdo. Angela Merkel ha manifestado su disposición a comprometerse a que parte de los 750 mil millones de euros sean en forma de donaciones, pero no todos los países están dispuestos a secundarla. Esta misma semana pidió a los otros líderes “mirar más allá de las cifras”, pero el primer ministro holandés, Mark Rutte, uno de los principales opositores, manifiesta cada vez que tiene ocasión que está “sombrío” alcanzarlo.

Ayer Christine Lagarde alabó las tres redes de seguridad ya aprobadas, por valor de 540 mil millones de euros, pero no lo considera suficiente. Manifestó que “la UE debe alcanzar un acuerdo rápido y ambicioso”, con medidas de carácter específico y temporal que apoyen a las regiones y sectores más afectados, basado en políticas estructurales sólidas para rejuvenecer las economías, y enfocado en áreas prioritarias como las transiciones verdes y digitales.

Ella no es una gobernadora al uso, su pasado político la condiciona, recordemos que fue ministra de finanzas en Francia y presidenta del FMI. Y eso le lleva a entrometerse en lo que debe hacerse desde el ámbito fiscal. Pero tampoco es de extrañar que lo haga, porque valiente “marronazo” le cae si ese acuerdo no se alcanza. Tendría que remediar con instrumentos monetarios una recuperación desigual, con la dificultad que entraña conseguir que en esas condiciones se trasmita de forma uniforme la política monetaria. Y mejor no hablar de lo que le tocaría hacer si en algunos de los países más perjudicados y que parten de niveles de deuda elevados se desata el temido y perverso bucle banca y deuda soberana.

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Traqueotomías financieras

Carmen Pérez | 23 de octubre de 2020 a las 8:05

TRIBUNA ECONÓMICA, 10/7/2020

Nadie diría que rajar con un cuchillo el cuello de alguien está bien. Pero tampoco nadie se opondría a que se hiciera si ese alguien estuviera asfixiándose y con esa acción se pudiera salvar su vida. No cabe duda de que el remedio aplicado tendría numerosos e importantes efectos colaterales; incluso es posible que esa persona se tenga que quedar respirando por la garganta para siempre. Pues algo similar pasa con las intervenciones públicas. En momentos críticos se adoptan algunas medidas que nadie discute. Hay que hacerlas y punto: el caso contrario es el caos, la destrucción, el desastre. En el ámbito financiero -con la banca- se han tomado algunas de este tipo, y también resulta difícil desandarlas.

Una de ellas -el respaldo público a los depósitos bancarios- se estableció en la pasada crisis financiera ante el terror de que se produjeran por doquier corridas bancarias. En Europa, el volumen garantizado subió hasta 50.000 euros por persona y entidad; en pocos días, se elevó a 100.000 euros. La banca se había quedado sin confianza y el Estado tuvo que sacar pecho: era vital salvaguardar el ahorro de los depositantes. Pero esto intensificó el vínculo perverso entre banca y Estado. Con el tiempo, lejos de revertirse esta medida, va a reforzarse convirtiendo la garantía pública de nacional en europea.

Ha venido otra crisis, y el cuchillo ha vuelto a clavarse: el tejido empresarial puede quedar asolado. Avalando, los Estados – en España, a través del Instituto de Crédito Oficial, ICO- han asumido casi todo el riesgo de los préstamos concedidos por la banca. Lógicamente, las entidades no hubieran estado dispuestas a ejercer su actividad prestamista por la mayor probabilidad de impago derivada de la enorme incertidumbre por el Covid-19. Ahora, si los préstamos resultan fallidos, el Estado paga, y el importe posible asciende a 100.000 millones de euros.

El 8 de julio, Kerstin af Jochnick, del Consejo de Supervisión del BCE, advertía que estos avales también han reforzado los vínculos entre los sistemas bancarios nacionales y sus respectivos soberanos, y que se pueden acabar reviviendo círculos viciosos entre ellos, como los que se desencadenaron en los países periféricos durante la anterior crisis. También advertía que es importante que no se conviertan en un recurso crónico. Pero lo cierto es que ya hay numerosas voces pidiendo no sólo que se amplíen cuantitativamente sino que se extiendan en el tiempo.

Han sido dos traqueotomías financieras en situaciones críticas. De la primera, habría mucho que reflexionar sobre por qué se dejó a la banca llegar a esa situación. En la segunda, la causa -la pandemia- es externa. Ha habido otras intervenciones, como la consideración del riesgo soberano, la patada a Basilea III o las flexibilidades adoptadas en la relación con el BCE. La radiografía actual es la de una banca asistida por lo público en sus dos actividades fundamentales -prestar y captar depósitos- y débil -la capitalización de toda la banca española no supera los 85.000 millones de euros-. De la recuperación económica depende que siga respirando. En otro caso, se tendrán que aplicar en Europa traqueotomías en forma de nacionalizaciones y rescates.

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Por una inversión pública efectiva

Carmen Pérez | 23 de octubre de 2020 a las 8:00

TRIBUNA ECONÓMICA, 3/7/2020

La Comisión Europea ha depositado sus esperanzas de recuperar la monumental caída de la actividad en el Recovery and Resilience Facility. Ese programa estará dotado con 750 mil millones de euros y se pretende que gran parte se dirija a facilitar inversiones públicas. La idea es que consigan impulsar a medio plazo la economía europea. Pero para eso deben estar bien diseñadas. Esta semana, el Banco de España, en su Informe Anual, nos ilustra sobre el tema de la inversión pública en uno de sus recuadros. Lo hace de forma genérica, aunque podemos aplicar sus reflexiones al plan de recuperación europeo.

El estudio cuantifica el impacto que un incremento permanente del 1% del PIB en inversión pública tendría en el crecimiento de la economía española. En general, en el corto plazo, la mayor demanda de bienes de inversión por parte del sector público aumenta directamente la producción y el empleo privados. Y a medio plazo, la expansión del stock de capital público produce mejoras de la productividad en el sector privado, con un incremento de su empleo y de producción. Pero cuatro factores influyen para lograr la mayor efectividad posible.

En primer lugar, depende de cómo se financie. Lo más efectivo es hacerlo mediante deuda, que modula el aumento recaudatorio en un plazo más dilatado. Hacerlo mediante impuestos provoca un efecto expulsión de la inversión privada que anula lo conseguido con la pública. También depende de la capacidad de reacción de la política monetaria para que los tipos de interés nominales no se eleven ante la posible subida de precios como resultado de la mayor demanda agregada. El Recovery and Resilience Facility, financiado por deuda europea y acompañado por el BCE, contaría con estos dos aspectos.

También contaría con el tercer factor de efectividad: el grado de coordinación internacional. Si se hace de forma conjunta, no se generan pérdidas de competitividad en ninguno de los países europeos y al mismo tiempo las mejoras en cada uno de ellos fomentan las exportaciones y el PIB de los otros. Una acción coordinada puede casi doblar el efecto interno de una expansión de la inversión pública.

Y es en el último factor en el que tendrán que afanarse los diferentes países, porque la efectividad depende fundamentalmente de lo que arrastre a la actividad privada. La complementariedad que tenga para generar externalidades positivas sobre la actividad privada es el condicionante más sensible y relevante. Y aunque este estudio no entre en ello, la colaboración público-privada también apalanca enormemente el impacto de la inversión pública.

Europa ha estado dormida en los laureles: la inversión pública se sitúa en el 2,7%, frente al 3,2% de EEUU o el 6% de China. El enorme consumo de recursos que conlleva el estado del bienestar ha desenfocado su atención hacia la inversión privada, sin facilitarla ni apoyarla con inversión pública en investigación básica, innovación o nuevas infraestructuras. Y en momentos de incertidumbre como los actuales, tiene además que tomar la iniciativa. Sin inversión -en digitalización o cambio climático, que son los retos de futuro- no será sostenible el gasto social, siempre creciente.

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Los pagos y el dinero del futuro

Carmen Pérez | 23 de octubre de 2020 a las 7:59

TRIBUNA ECONÓMICA, 26/6/2020

Los sistemas de pago son el conjunto de instrumentos, procedimientos y reglas para que se produzca la transferencia de fondos entre dos partes. El documento Central banks and payments in the digital era, publicado esta semana por el Banco de Pagos Internacional (BIS), señala el motivo de sus inicios: el mal -la desconfianza- es la raíz de todo el dinero, nos dice, citando a John Moore y a Nobu Kiyotaki. Los sistemas de pagos, que palian esa falta de confianza entre las partes, no han dejado de evolucionar a lo largo de la historia. No obstante, los particulares y las empresas seguimos exigiendo que los pagos sean aún más seguros y eficientes. Además, en la actualidad, se impone mejorarlos en un entorno digital y completamente globalizado.

Así, las circunstancias actuales añaden otras reivindicaciones a las tradicionales de seguridad y menores costes y plazos. La digitalización plantea un problema de acceso, porque cientos de millones de personas y empresas en todo el mundo están vinculados al efectivo como su único medio de pago. Por su parte, la globalización exige que la eficiencia se consiga en los pagos transfronterizos, que no sólo suelen ser opacos sino que también son especialmente costosos y a menudo tardan días en liquidarse.

Nuevas formas de gestionar los pagos han tratado de solventar y capitalizar estas nuevas deficiencias. Así, ha motivado el desarrollo del Bitcoin y otras criptomonedas. También ha sido el objetivo tanto de la propuesta de Facebook para desarrollar la moneda Libra como de los acuerdos privados globales que se ensayan para generar monedas estables. Por último, ha conllevado la incursión de las grandes empresas tecnológicas y fintech en los servicios financieros.

Ante esto, los bancos centrales han decidido tomar cartas en el asunto. Como garantes que son de los sistemas de pagos combaten sus amenazas, como el riesgo sistémico, el fraude, la falsificación del efectivo, el financiamiento ilícito, el lavado de dinero o las cibernéticas. Pero la honda preocupación actual no es sólo por estos aspectos. Tampoco porque se vean responsables de mejorar la eficiencia. El problema real que subyace para los bancos centrales, aunque no se exponga así en el informe, son las enormes implicaciones que conllevan esas propuestas privadas: perder la soberanía monetaria y la eficacia de la política monetaria.

Por eso, la actitud actual es totalmente favorable hacia la única manera de escapar a esas pérdidas: la emisión de monedas digitales soberanas (CBDC). Se afanan por estudiar las características para que sean como el dinero físico, no supongan una destrucción abrupta del sistema bancario y puedan interactuar entre ellas. Parece que se han inclinado ya por un sistema a dos niveles, como en China, en el que los bancos centrales emiten el dinero digital y los bancos y multitud de operadores se encargan de diseminarlo. Los pagos del futuro -totalmente digitales y globales- están forzando la aparición del dinero del futuro: ahora, sólo disponemos de un dinero digital: el bancario convertible en dinero físico; pronto, dispondremos de billetes y monedas digitales directamente en billeteras electrónicas de nuestro móvil.

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El rol público en la salida de la crisis

Carmen Pérez | 23 de octubre de 2020 a las 7:57

TRIBUNA ECONÓMICA, 19/6/2020

Desde la delegación de Andalucía del Instituto Español de Analistas Financieros, IEAF, hemos elaborado un extenso informe proponiendo acciones concretas que pueden contribuir a la reestructuración de la economía. El objetivo a conseguir es la supervivencia del mayor número de empresas porque sin la regeneración del tejido empresarial no hay salida para la crisis. Son ellas las que generan riqueza y empleo, permitiendo así el sostenimiento de las finanzas públicas y del estado del bienestar. Y son ellas las que deben tomar sus propias decisiones, pero también el rol público es importante, y en estos momentos se requiere tomar medidas de calado con el mayor acuerdo social y político posible.

El prolongado confinamiento, la incertidumbre y los cambios estructurales han impactado en la confianza de los agentes, restringiendo inversiones y consumo, transformando un inicial problema de liquidez en uno de solvencia a medio y largo plazo. En Andalucía la situación se ve agravada porque existe una estructura empresarial de menor tamaño, menos profesionalizada, escasamente capitalizada y con más dificultad de acceso a la financiación alternativa. La reestructuración debe aprovecharse para solucionar estos males endémicos de la empresa andaluza.

Desde el IEAF entendemos que siempre es preferible para los problemas de solvencia encontrar cauces de solución privados, vía operaciones corporativas y de entrada de capital privado. Necesitamos un marco que lo favorezca para que así se capitalicen empresas viables, se fomente su crecimiento y se facilite el desarrollo de nuevas empresas que sustituyan a las que no tengan continuidad. La regulación y tramitación administrativa no debe ser un impedimento.

Si hubiera que acudir a la financiación pública, lo más eficiente es movilizar recursos privados paralelos, utilizando instrumentos financieros atractivos para ello. De ser necesarias, las transferencias de capital públicas habría que hacerlas a través de alternativas híbridas que respeten la propiedad privada, y en función del valor añadido por empleado. No obstante, la forma más eficiente de contribuir a la solvencia de las empresas viables es vía reducción de impuestos, de manera coyuntural, condicionando a objetivos de empleo o reinversión de beneficios.

Por otra parte, habría que potenciar la inversión pública, con un papel dinamizador de la economía muy importante, y la manera más eficiente es a través de la colaboración público-privada. En este sentido, se proponen medidas para solucionar el déficit de infraestructuras, para cubrir el gap de inversión para cumplir los objetivos de desarrollo sostenible, ODS 2030, y para acelerar las inversiones realizadas por terceros con mecanismos “fuera de balance”, que no supongan incrementar el déficit y la deuda pública.

El apoyo debe otorgarse a los sectores que suponen un efecto arrastre, para los que en el informe se proponen acciones específicas, y especialmente a los emergentes en los últimos años y que esta crisis ha venido a consolidar, en especial los vinculados a la economía digital, sostenibilidad y la “nueva industria”. La comunicación permanente entre lo público y lo privado se hace imprescindible.

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Sectores de futuro

Carmen Pérez | 23 de octubre de 2020 a las 7:56

TRIBUNA ECONÓMICA, 12/6/2020

El momento actual es de máxima trascendencia para España y para el resto de países de la Unión Europea. Tras el bestial impacto que han tenido en sus economías ahora tienen que decidir cómo van a afrontar la recuperación. Las medidas que se están tomando para combatir el Covid-19 en todos sus frentes van a provocar que tanto estos países como sus empresas acaben con un nivel de endeudamiento más alto. Se necesita, por tanto, y de forma imperiosa, que se vuelva al crecimiento para que no terminen sucumbiendo ante las deudas. Pero en esta tarea los gobernantes no deberían limitarse a apostar por más de lo mismo, sino que tendrían que convertir esta situación crítica (la etimología de esta palabra es “que separa lo bueno de lo malo”) en una oportunidad de cambio, canalizando correctamente los recursos que se van a movilizar hacia inversiones -de capital físico y humano- en sectores de futuro.

En España ya disponemos del ejemplo de Alemania, que ha sido el primer país en detallar cómo piensa enfrentar la activación de su economía. El plan presentado asciende a 130.000 millones de euros, cerca del 4% de su PIB, con numerosas y variadas medidas de política económica. 50.000 millones se dedicarán a avanzar hacia un futuro sostenible, apoyando especialmente la movilidad eléctrica, las energías renovables y las inversiones en campos innovadores que mejoren la competitividad de su industria, como la computación cuántica, la tecnología 5G, la tecnología del hidrógeno o la inteligencia artificial.

Además, España cuenta con las recomendaciones específicas de la Comisión Europea, animándola a “centrar la inversión en la transición ecológica y digital, y particularmente en el fomento de la investigación e innovación, en la producción y utilización de fuentes de energía limpias y eficientes, la infraestructura energética, la gestión de los recursos hídricos y de los residuos y el transporte sostenible”. Recordemos la mala situación de España en materia de innovación, ya que todas las regiones están por debajo de la media de la UE y sus empresas están menos preparadas para competir en una economía basada en el conocimiento.

Otras instituciones han manifestado la conveniencia de invertir más en salud pública y en tecnologías de la comunicación, o en sectores en los que, según señalan diferentes estudios, España tiene potencial para ser competitiva: tecnologías verdes, biosanitario y educación.

El primer escollo con el que se encuentra España para desarrollar su plan de recuperación es la falta de margen de maniobra propio, porque antes de la pandemia su deuda pública ya se situaba cerca del 100% del PIB. No obstante, es muy posible que quede solventado porque se recibirá ayuda de Europa. Pero aún en ese caso, persisten dos problemas: que los gobernantes cedan ante las presiones de sectores que quieren continuar con sus negocios tal cual, aunque a todas luces tengan pendiente una reconversión; y que la apuesta de los políticos sea cortoplacista, sólo buscando obtener réditos electorales, negándose a abrir la economía al futuro porque los resultados por esta vía no sean tan rápidos. ¡Exijamos que el futuro de España no quede doblemente hipotecado!

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