Los préstamos al consumo, disparados

Carmen Pérez | 11 de junio de 2018 a las 8:52

TRIBUNA ECONÓMICA, 25/5/2018

Durante la crisis estuvimos años y años retrayéndonos de gastar. Para renovar un electrodoméstico nos lo pensábamos más de dos veces. Y ni hablar de comprar un nuevo dormitorio para el niño o cambiar de coche, por muy viejo que estuviera. En muchos casos, la dura realidad hacía que no hubiera más remedio que posponer las decisiones de compra. En otros, era el miedo a un futuro incierto, lo que cerraba el bolsillo. Pero con la recuperación económica y el aumento del empleo hemos ido cogiendo ritmo. De nuevo, optimismo y confianza: nos estamos desquitando. Compramos y compramos, y aplazamos el pago. ¿Por qué no? Para eso están los préstamos.

El Banco de España, en el Informe de Estabilidad Financiera publicado esta semana, destaca este hecho. El crédito al consumo viene creciendo de forma ininterrumpida desde el primer trimestre de 2016, y cada año con tasas de crecimiento mayores: en 2017 la tasa de crecimiento fue del 15% y a finales de diciembre el volumen ya superaba los 58.000 millones de euros. El 53% de estos préstamos han financiado bienes de consumo duradero, que incluye la adquisición de automóviles. Son los que más han crecido, a una tasa que alcanzó el 26,8 % en diciembre de 2017. Y estas estadísticas sólo incluyen a los bancos, y no a las entidades de financiación y otros prestamistas que están siendo especialmente activos últimamente.

Estamos a la cabeza de Europa. Los préstamos al consumo en España vienen creciendo con mucha más fuerza que los del resto de países de la zona euro. Aunque, eso sí, también fuimos el país que los contrajo con mayor intensidad en los años de crisis. Somos los que más crecemos y también los que más caros los pagamos. La asociación de consumidores Adicae ha venido denunciando que en nuestro país se paga un tipo de interés medio del 8,3% TAE en las operaciones a plazo entre 1 y 5 años, frente al 4,8% de la eurozona. Y eso por no hablar de las entidades no financieras que ofrecen créditos rápidos a precios de usura.

Y si por nuestra parte estamos muy propensos a solicitarlos, también los bancos están más que intensos ofreciéndolos. Se están volcando con estos préstamos. Según la última Encuesta de Préstamos Bancarios publicada por el Banco de España, los bancos han relajado los criterios de concesión. El porcentaje de solicitudes denegadas ha vuelto a reducirse durante los tres primeros meses de 2018. Y también sus condiciones se han suavizado, con menores costes de financiación y con mayores importes en las operaciones.

Este segmento de negocio les permite obtener mayores rentabilidades. En el entorno de bajos tipos de interés en el que se desarrolla el negocio bancario, a estos préstamos pueden aplicarles mayores tipos. Por eso, el Banco de España ya ha activado las alertas. Piensa vigilar estrechamente la evolución de este tipo de crédito y su morosidad porque el sector puede estar incurriendo en mayores riesgos. La morosidad en estas operaciones es relativamente elevada y no suelen estar respaldadas con garantías. Pero también es responsabilidad de todos nosotros no entrar como locos al trapo. Ni en este tipo de préstamos ni en ningún otro.

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¿Qué va antes, reducir riesgos o compartir riesgos?

Carmen Pérez | 11 de junio de 2018 a las 8:50

TRIBUNA ECONÓMICA, 18/5/2018

Qué va antes, reducir riesgos o compartir riesgos? Esta pregunta, que recuerda a esa otra popular que cuestiona qué es anterior, si el huevo o la gallina, no es poca cosa. Tiene dividida a Europa. Y de la respuesta que se le dé depende el seguir avanzando en la construcción del proyecto europeo o que se destruya. Una parte piensa que antes de dar el paso de compartir riesgos los países tienen que nivelar los propios. La otra, que hay que atreverse a compartirlos porque precisamente esa es la forma de reducirlos. Esta semana, con el riesgo de Italia como protagonista, este dilema se presenta con toda su crudeza: ¿estaríamos dispuestos a compartir sus riesgos?

El asunto es de la máxima trascendencia. Mario Draghi, hace unos días, en el Instituto Universitario Europeo de Florencia, defendía la segunda alternativa al señalar, como primer paso, la necesidad de completar la Unión Bancaria Europea. De hacerse, supondría compartir entre todos los europeos los riesgos de cualquier banco de la zona euro. En España, los rescates bancarios han sido soportados por el Estado español. Europa simplemente nos prestó el dinero. Con la Unión Bancaria finalizada, el problema bancario español se hubiera asumido como problema europeo.

Draghi se alinea así con Emmanuel Macron, el político actual que tiene una visión más clara de Europa. La importancia que le concede a que se concluya la Unión Bancaria se hizo patente en su campaña, en la que llegó a afirmar que “todo hubiera ardido si no se hubiera puesto en marcha”. Para Macron no se puede ser tímidamente europeo; es de la unión, de donde nace la fuerza.

Sin embargo, este argumento no convence a Angela Merkel. Su postura ante el dilema es clara: lo primero es reducir el riesgo, luego vendría la Unión Bancaria. En lo que coinciden todos es en que acometer reformas estructurales y mantener la disciplina fiscal son absolutamente imprescindibles. Hay que evitar el riesgo moral de que unos países vivan descaradamente mejor a costa de los otros. Pero Merkel no se fía, y no le falta razón: ¿quién asegura que los países se atendrán a este comportamiento?

Italia es un ejemplo crítico. Su situación económica es delicada. Su sistema bancario no está saneado, y su Estado está débil para respaldarlo, por el bajo crecimiento de su PIB (1,5%) y por su enorme deuda pública, que supera los 2,3 billones de euros. Además las propuestas que plantea el sorprendente gobierno que se está formando -coalición del Movimiento Cinco Estrellas y la Liga Norte- constituyen una total afrenta a lo que determina Europa.

La respuesta a la cuestión “del huevo o la gallina” es una falacia del tipo círculo vicioso que puede alargarse indefinidamente. Al dilema europeo se le va a dar una respuesta en junio, con el problemón italiano sobre la mesa. Y el caso es que quizá no haya ni elección. Ya se ha llegado demasiado lejos. El BCE es propietario de 337.208 millones de euros de bonos italianos. Teóricamente no es un riesgo compartido pero no imagino cómo podría desatarse esa cuenta. No queda otra que atreverse. No se trata sólo de terminar de salir de esta crisis, es que la próxima está ahí a la vuelta.

Contenedor, ‘blockchain’ y contaminación

Carmen Pérez | 11 de junio de 2018 a las 8:01

TRIBUNA ECONÓMICA, 11/5/2918

Los países han mantenido relaciones comerciales entre ellos desde tiempos remotos. Pero la gran expansión comercial se experimentó en la década de 1960. Por entonces el comercio internacional representaba el 20% del PIB mundial; hoy en día llega al 50%. Un sencillo invento, una caja de acero ondulado de 2,44 metros de ancho, 2,89 de alto y 12,19 metros de largo, provocó en gran medida este cambio: el contenedor de mercancías. Tim Harford, en su delicioso libro 50 innovaciones que han cambiado el mundo cuantifica el ahorro que supuso el uso del contenedor estandarizado: de los 420 dólares que costaba que un barco transportara una tonelada a través del Atlántico en 1954, con contenedores pasó a costar menos de cincuenta. Ahora Hardford tendría que añadir a su lista un nuevo invento que va a volver a revolucionar el comercio internacional: la tecnología blockchain.

El ahorro de tiempo y dinero fue lo que impulsó al joven camionero estadounidense, Malcom McLean, a diseñar los contenedores. Con el blockchain la revolución vendrá por los mismos motivos. Especialmente beneficiará al transporte marítimo, que mueve el 80% del comercio mundial. Las estimaciones que se barajan señalan que digitalizar el comercio, sustituyendo el complicado y lento papeleo actual por plataformas neutras y abiertas, mediante las que el intercambio de información se haga de forma rápida y segura, reducirá espectacularmente los costes administrativos del transporte, que suponen el 20% de los costes reales del transporte físico. Así, los costes de transporte de muchísimos productos serán prácticamente nulos. Además, la documentación, que ahora tarda días en llegar a su destino, podría llegar en cuestión de minutos.

Esta transformación digital seguirá impulsando el comercio internacional, haciéndolo crecer un 15% más. Y, como todas las innovaciones, provocará nuevos ganadores y nuevos perdedores. En su día, los poderosos sindicatos de estibadores y los burócratas que manejaban el antiguo sistema no estuvieron muy a favor del cambio hacia el uso del contenedor. Del mismo modo, la aplicación del blockchain nos les hará ninguna gracia a muchos. Pero más allá de los colectivos particulares afectados, todos perdemos con el comercio internacional, y más mientras más intenso sea: por la contaminación que produce.

El transporte de mercancías es uno de los sectores que más contamina. En concreto, sólo la industria naviera genera más del 2% de las emisiones de CO2totales. Hace unos días, los 173 países integrantes de la Organización Marítima de las Naciones Unidas (OMI) se comprometieron a reducir las emisiones del transporte de carga marítima para que en 2050 sean al menos un 50% menores que en 2008, y poner así al sector en línea con los objetivos propuestos en el Acuerdo de París de 2015. Pero este acuerdo quedará en nada si esos países no descienden a adoptar medidas obligatorias para controlar las emisiones. Y no será fácil. Así que, mientras se imponen o no, mejor será que seamos nosotros los que, cuando pidamos algún producto a otra parte del mundo, contemos no sólo con su coste sino también con lo que afecta a nuestros pulmones.

La psd2: ¿en qué nos afecta?

Carmen Pérez | 11 de junio de 2018 a las 8:00

TRIBUNA ECONÓMICA, 4/5/2918

la PSD2 es como se conoce a la nueva Directiva europea sobre Servicios de Pagos. Ha entrado en vigor este año, aunque para que esté plenamente operativa en España hace falta que se produzca su trasposición a nuestro ordenamiento jurídico. Viene a actualizar la PSD de 2007, que sentó las bases para acabar con la fragmentación del mercado de servicio de pagos en Europa. Pero la aparición de nuevas tecnologías y la proliferación de entidades de servicios de pago desde entonces, incluidas las grandes compañías tecnológicas, han hecho necesario reformar la regulación. La nueva directiva busca que el usuario realice sus pagos electrónicos con total confianza, y también que le sean menos costosos, al fomentar la innovación y facilitar la competencia entre las entidades que ofrezcan estos servicios.

Para comprender la disrupción que supone esta normativa hay que recordar que los bancos son las únicas entidades financieras autorizadas para captar el dinero del público, a través de cuentas corrientes y depósitos. Los bancos son así los propietarios de la red de tuberías por donde circula el dinero. Pero ahora esta directiva obliga a los bancos a que otras entidades puedan acceder a las cuentas de los clientes, conocer las posiciones de estos y actuar sobre sus saldos. Las dos nuevas actividades que regula son la “iniciación de pagos” y el “acceso a la información de cuentas de pagos de los clientes bancarios”. Por la primera se podrá, por ejemplo, al hacer una compra on line autorizar al vendedor a que se cobre el importe directamente de la cuenta, sin necesidad de tarjeta. Con la segunda, nuevas entidades podrán tener una visión financiera completa de un cliente, pudiendo proponerle así soluciones a su situación concreta.

 Las entidades de pago tendrán que obtener la autorización del regulador y el consentimiento expreso de los clientes. La directiva exige que se establezcan mecanismos de autenticación reforzada y que las transacciones se realicen con todas las medidas de seguridad necesarias. Obliga a que se utilicen al menos dos mecanismos independientes: un PIN, que sólo conozca el cliente; algo material, como una tarjeta, o algún rasgo biométrico, como la huella o el iris.

Con esta directiva quedan reguladas muchas fintech, que podrán ofrecer nuevos sus servicios. Las grandes tecnológicas, como Facebook, Amazon, Apple o Google, están ya inmersas en el mundo de los pagos, funcionando como entidades de pago o de dinero electrónico, los dos tipos creados con la PSD. Ahora, con la PSD2, podrán desplegar todo su potencial sobre sus grandes masas de usuarios. Para las grandes cadenas de comercio, restauración o turismo también constituye una gran oportunidad, tanto iniciando los pagos, eliminando el coste de las tarjetas, como accediendo a datos que les permitan atender de forma más personaliza a sus clientes.

La PSD2 es un paso radical en la transformación del negocio financiero. Los bancos tradicionales tendrán que espabilarse, pues seguirán siendo los dueños de las tuberías del sistema financiero, pero toda la interacción con el cliente se la pueden arrebatar rivales tecnológicamente más cercanos y capaces.

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Salir de la droga financiera no será fácil

Carmen Pérez | 30 de abril de 2018 a las 20:16

TRIBUNA ECONÓMICA, 27/4/2018

No, no va a ser fácil acabar con el dopaje del Banco Central Europeo. La buena marcha de la economía del pasado año permitió a Mario Draghi iniciar el abandono de los estímulos. Por entonces, dejó planificado el camino hacia la normalización financiera, aunque de forma muy gradual y sin cerrar ninguna puerta. Ayer se celebró una nueva reunión del Consejo de Gobierno del BCE. En esta ocasión, con la expectación puesta en si la debilidad de los datos económicos recientes de la eurozona iban a obligarle a reevaluar sus cálculos. No obstante, Draghi no ha alterado en absoluto su hoja de ruta.

“El misterio de la desaceleración de la Eurozona”, “La economía de la Eurozona: ¿una desagradable sorpresa?” o “La debilidad de la zona del euro plantea la perspectiva de una larga despedida para el estímulo de la crisis” son los títulos de algunos artículos del Financial Times de estas de estas últimas semanas donde se resaltan las debilidades de la eurozona. Es verdad que algunos autores de ese periódico suelen ser agoreros, no sin cierta alegría, con nuestra economía. Pero contienen datos. Y los datos no son subjetivos.

La producción industrial cayó un 1,6% en febrero. Las exportaciones descendieron un 3,2% desde enero, la mayor caída desde agosto de 2015. En Alemania, el indicador ZEW, uno de los más vigilados del país, que mide la confianza en la economía, cayó en marzo a un mínimo de cinco años. El índice Sentix, que evalúa el sentimiento de los inversores para la eurozona, descendió en marzo por tercer mes consecutivo. Gavyn Davis, el autor de uno de esos artículos, lo resume: “El optimismo se ha debilitado por una desaceleración repentina y bastante brusca de la actividad en la zona del euro, una región que hasta hace poco lideraba la expansión mundial”.

Draghi, ayer, reconoció la existencia de este estancamiento: “Casi todos los países de la zona euro han experimentado una moderación del crecimiento o una pérdida de momentum“. Sin embargo, prefirió darle a la economía el beneficio de la duda y no cambiar en nada el plan programado. Confía en que el crecimiento se mantenga sólido, y achaca esta situación a factores puntuales como el frío extremo, las huelgas, la fecha de la Semana Santa, y a la amenaza de guerra comercial lanzada por EEUU.

La reunión de junio será decisiva. Entonces no tendrá más remedio que pronunciarse sobre si la compra de bonos seguirá el próximo año, lo que conllevaría que el aumento de las tasas de interés se retrasaría. Además, todo dependerá de la inflación, la única variable por la que el BCE decide actuar en uno u otro sentido. Las estimaciones la mantienen en los próximos años por debajo del 2% objetivo. Si se disparara, por el incremento de los precios de la energía o de las materias primas, se aceleraría sin más remedio la retirada de estímulos. Si deja margen, y persiste la debilidad de la eurozona, podría incluso incrementarlos. En este último caso, la tragedia estaría al llegar la próxima recesión, que llegará, porque el BCE se encontraría con sus armas gastadas: sin salir del dopaje actual, tendría que diseñar una nueva droga que suministrar para volver a activar la economía.

El tamaño empresarial importa

Carmen Pérez | 30 de abril de 2018 a las 20:14

TRIBUNA ECONÓMICA, 20/4/2018

En un mundo globalizado la dimensión de la empresa es un factor esencial para su competitividad. La media de trabajadores en España es de 4,7 frente a los 11,7 de Alemania, 11 del Reino Unido ó 5,7 de Francia. Nuestro tejido productivo necesita más empresas, pero también que sean más grandes. Ésta es la conclusión que alcanza el reciente estudio “El tamaño empresarial como palanca de la productividad, la inversión y el crecimiento económico”, auspiciado por el Instituto Español de Analistas Financieros (IEAF): tras una década de crisis, el tamaño empresarial sigue lastrando el crecimiento y la productividad a medio y largo plazo. ¿Qué hacer para que las empresas sean más grandes?, ¿cómo facilitar que crezcan?

Este estudio subraya que el impacto de este menor tamaño no es poca cosa: “Si la estructura de las empresas convergiese con la media europea, el PIB aumentaría el 3,5%; y si fuera similar a la de Alemania, el 6%”. Las empresas pequeñas encuentran mayores dificultades para llevar a cabo proyectos de inversión, especialmente en I+D+i y TIC, así como para internacionalizarse. El acceso a la financiación o la cualificación de los equipos gestores y el gobierno corporativo son otras variables determinantes de la productividad que están relacionadas con el tamaño. En resumen, tienen más dificultades para exportar, innovar y aprovechar las economías de escala.

Ante este diagnóstico, urge solventar las causas que provocan esta situación. Y algunas de las más importantes se derivan de un marco institucional inadecuado. Así, el Ministerio de Economía, Industria y Competitividad se propone revisar hasta 130 regulaciones que ha encontrado que juegan un papel desincentivador para ganar tamaño: la empresa se retiene de saltar a otro segmento mayor porque se activan normativas que perjudican los costes o dificultan la gestión.

Del mismo modo, mejorar el clima de negocio es otro aspecto fundamental. Hay que facilitar la apertura de empresas, agilizar y abaratar el coste de registros y permisos, y mejorar la financiación, el sistema judicial, la fiscalidad y la normativa laboral. Tampoco ayuda que existan tantas diferencias regulatorias entre las diferentes comunidades autónomas, que obligan al empresario a asumir cargas administrativas duplicadas y a afrontar trámites y requisitos distintos en cada una de las regiones. Así, todas estas actuaciones deberían ser abordadas en estrecha cooperación entre el gobierno central y los autonómicos.

En Andalucía, la necesidad de mejora del marco institucional para que las empresas no encuentren obstáculos si quieren crecer ya fue puesta de manifiesto en la Jornada El reto del dimensionamiento empresarial, que fue organizada por la Confederación Empresarial de Andalucía (CEA) a finales del pasado año. En nuestra comunidad, por una parte, hace falta aumentar el censo total de empresas, cerca de cien mil más para igualar la densidad media empresarial a nivel nacional. Pero, por otra, también hace falta que ganen dimensión porque el tamaño medio de la plantilla de las empresas andaluzas se sitúa incluso por debajo del ya de por sí reducido tamaño medio de España.

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Bonos andaluces, españoles y eurobonos

Carmen Pérez | 30 de abril de 2018 a las 20:11

TRIBUNA ECONÓMICA, 13/4/2018

La presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, manifestaba este lunes, con motivo de la presentación del Anuario Joly 2018 en Sevilla, que estos últimos años Andalucía había cumplido los deberes. Desde luego, en materia de deuda pública autonómica, esta afirmación es completamente cierta. Y los buenos datos la han animado a pedir al ministro Cristóbal Montoro volver a financiarse en los mercados. Quiere ir retirándose de los programas de asistencia financiera que se han ido poniendo a disposición de las Comunidades Autónomas (CCAA) porque a éstas con la crisis les era imposible obtener financiación solas. Andalucía ha cumplido. La presidenta tiene toda la razón. Pero, cuando Montoro manifiesta que este asunto no puede plantearse como si fuera una pugna política, también la tiene.

La deuda andaluza, dentro del horror de endeudamiento generalizado en el que se encuentra el mundo, ha evolucionado mejor que la del resto de CCAA. Ha pasado de 14.793 millones de euros en 2011 hasta los 34.260 actuales, sólo el 11,9% de la deuda total autonómica. La evolución del ratio deuda/habitante ha ido mejorando comparativamente en los últimos años: cada andaluz debe 4.088 euros frente a los 6.206 euros que resultan de la media nacional autonómica. Los andaluces somos los menos endeudados de España.

Además de crecer, la estructura de la deuda andaluza ha cambiado estos años. En 2011, era 50% bancaria y 50% a través de los mercados. Y en 2017: 15% bancaria, 11% vía mercados y el 74% lo ha prestado el Estado. Los Presupuestos Generales del Estado 2018 cifran el ahorro de las CCAA por la financiación vía Estado en 28.500 millones de euros en el período 2012-2017, 4.532 para Andalucía. Y si se considera toda la vida de los préstamos formalizados, el ahorro será de 51.900 millones de euros en 2027, 8.253 para Andalucía.

Resulta muy positivo que la Junta se atreva a salir de la tutela estatal y recuperar la autonomía financiera. Y no hay motivos para que Montoro lo niegue. Los momentos de asfixia financiera pasaron y puede ser el momento adecuado para que Andalucía dé el paso. Lo que no está tan claro, por mucha estabilidad política que haya en Andalucía y sus buenas cifras -relativas- de déficit y deuda, que las condiciones que consiga en los mercados vayan a ser mejores yendo sola. No somos el País Vasco, que tiene presupuesto fijo e independiente. El rating andaluz estará siempre condicionado al de España.

Pero lo que resulta absurdo es plantear esta cuestión como una disputa entre partidos políticos. Es más, deberían plantearse con seriedad si es conveniente abandonar completamente la financiación de las autonomías por bonos españoles. Ahora, están tan sobrados de optimismo que hasta olvidan que llegaran nuevos shocks, y no les van a coger con los bajísimos niveles de deuda de 2011. En Europa defienden la emisión de eurobonos porque se considera que la estabilidad europea se conseguiría con la financiación al menos parcial de la deuda de cada Estado con el respaldo del conjunto. ¿Por qué no se aplica esta receta de forma interna? ¿O es que se aplaude cofinanciarse con italianos pero no con valencianos?

Los PGE y la deuda

Carmen Pérez | 30 de abril de 2018 a las 20:08

TRIBUNA ECONÓMICA, 6/4/2018

Eta semana, el ministro de Hacienda y Función Pública, Cristóbal Montoro, ha presentado el proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2018. Todavía está por ver si estos presupuestos se terminarán aprobando, pero lo que es impepinable, lo que de forma inexorable se terminará cumpliendo, es que el pago de intereses por la deuda pública este año rondará los 31.547 millones de euros. Para tomar conciencia de la importancia de este montante, basta con señalar que supone más del 63% de todo lo que se gasta en España en educación, el 42% en sanidad o más del doble de lo que se gasta en defensa.

Y los intereses sólo llegarán a esa cifra porque, gracias a la política monetaria del Banco Central Europeo, los tipos de interés de la deuda se mantienen en niveles muy bajos. Las mejores calificaciones que han otorgado las agencias Fitch y S&P al bono español y la volatilidad que están experimentando las Bolsas, que termina beneficiando a los mercados de deuda, también están ayudando a que los costes financieros no se  incrementen.

Así, las subastas de esta semana han reflejado este buen momento por el que estamos pasando. El martes, el Tesoro colocó 4.501 millones de euros en letras a 6 y 12 meses, con tipos de interés resultantes de -0,466% y el -0,406%, menores que los de la última subasta de las mismas referencias. Y ayer, emitió deuda a largo plazo: bonos a 3 años y obligaciones a 10 y 30 años, con resultados más que excelentes: -0,287%, 1,17% y 2,24% respectivamente. Los PGE estiman que el rendimiento del bono a diez años termine el año en el 1,6%.

Pero no podemos esperar que estos tipos ultra bajos vayan a durar para siempre. El proceso de normalización monetaria ya se ha iniciado y empujará poco a poco el coste de la deuda al alza. Y además de más altos, cada vez hay que aplicarlos a una cifra mayor de deuda. Según los PGE la deuda pública volverá a crecer en 2018 en unos 40.000 millones de euros. Cuando termine este año, la deuda se acercará a los 1,2 billones de euros. Los PGE ofrecen estos datos desde una perspectiva más positiva, detallando que el porcentaje de deuda sobre el PIB, al crecer esta variable también, concluirá en el 97%, frente al 98,3% del cierre de 2017.

Aún así, estamos a años luz del objetivo europeo, que establece que ese ratio no debe superar el 60%. El gobernador del Banco de España afirmaba esta misma semana que llevará varias décadas llevarla hasta ese punto. También esta semana, el presidente de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, Airef, advertía -como ha hecho tantas veces Mario Draghi- que este nivel de deuda no es sostenible y proponía crear colchones fiscales que permitan al país soportarla cuando las condiciones financieras no sean tan favorables, o cuando el crecimiento se ralentice, como se espera a medio plazo.

Los PGE 2018 significan hacer oídos sordos en gran medida a estas advertencias. Cumplen con el límite europeo sobre el déficit, pero, sin desatender a los más desfavorecidos, que era prioritario, podrían haber hecho más para domar la excesiva deuda que mantenemos, porque corremos el riesgo de que en el futuro nos aplaste.

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Cofradías y empresas

Carmen Pérez | 30 de abril de 2018 a las 20:05

TRIBUNA ECONÓMICA, 30/3/2018

Hoy, Viernes Santo, coinciden de vacaciones millones de personas. Muchas se habrán ido a disfrutar del sol y la playa. Otras habrán apostado por el turismo rural para pasar la Semana Santa. Viajar a otros países o desplazarse por el interior del propio habrán sido otras alternativas elegidas. Todas ellas permiten a los viajeros conocer diferentes formas de vida, el patrimonio cultural que poseen los destinos elegidos y, especialmente en estas fechas, sus manifestaciones religiosas. Además, otro tipo de actividad puede complementar la comprensión de los lugares que se visitan: el turismo empresarial, tanto en su versión de patrimonio industrial como la visita a industrias y empresas en funcionamiento. Visitar la mina de Cobre Las Cruces, la planta termosolar Solúcar, la refinería de Cepsa, el puerto de Algeciras o las canteras de mármol de Macael son algunas de las posibilidades para disfrutar estos días.

El turismo empresarial es una oferta consolidada desde hace años en otros países. En Francia, donde esta modalidad turística se halla más desarrollada, sus empresas reciben al año millones de visitantes. Alemania, Bélgica y Holanda también están potenciándolo. En Irlanda, la fábrica de cervezas Guinness se ha convertido en el principal foco de atracción turística. En España, la oferta de patrimonio industrial -con museos, viejas fábricas o minas inactivas- está más desarrollada, pero la visita a empresas vivas, sin embargo, es todavía un turismo incipiente.
La web de la Junta de Andalucía, en la página de la Consejería de Turismo, contiene una serie de guías que recogen la oferta de empresas de interés en cada una de las provincias de Andalucía, con horarios, condiciones y días de visitas. Es un buen comienzo, aunque habría que ampliar el catálogo e ir más allá aún de lo que se ha venido haciendo de manera más o menos tradicional: visitar bodegas, empresas del sector agroalimentario y talleres artesanales.

En muchos casos este tipo de turismo constituye un importante medio de desarrollo local y una fuente de creación de empleo. También es un modo de reivindicar el valor de la empresa. El turismo empresarial es una magnífica forma de dar a conocer a la sociedad el verdadero rol de las empresas. Potenciarlo ayudaría a conseguir uno de los objetivos que Javier González de Lara, en su acto de investidura como presidente de Confederación de Empresarios de Andalucía, consideró prioritario: “es necesario incrementar el grado de conocimiento sobre la actividad de la empresa, despojándola de esos tópicos negativos, que siguen presentes en una suerte de conciencia social, que no es capaz de evolucionar…”.

Por su parte, para el turista, contemplar, por ejemplo, el espectáculo que supone ver una siderúrgica en funcionamiento o cualquiera de las empresas del Parque Tecnológico de Málaga puede ser tan edificante, o más, que visitar un museo, admirar un monumento, conectar con la naturaleza o presenciar una cofradía. Son sólo diferentes caminos para conseguir el objetivo que se esconde, o debería esconderse, cuando hacemos turismo: enfrentarnos a la pregunta ¿qué es el hombre?, cuya respuesta, como señaló Kant, debe ser el fundamento de nuestra existencia.

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Guerra por la supremacía económica

Carmen Pérez | 26 de marzo de 2018 a las 8:50

TRIBUNA ECONÓMICA, 23/3/2018

Durante décadas nos hemos acostumbrado a ver en innumerables productos la frase made in China. Este país ha sido la fuerza bruta que fabricaba lo que en los países desarrollados se ideaba. Pero el Gobierno chino está decidido desde hace años a que esta etapa sea cosa del pasado. El plan de acción nacional chino señala la intención de seguir un modelo de crecimiento impulsado por la innovación, apoyando a las compañías de alta tecnología y de nueva economía. Quiere productos designed in China. China mira al futuro con estrategias a largo plazo sobre numerosos sectores, como el computacional, la Inteligencia Artificial o la tecnología 5G. Está dispuesta a ganarle a EEUU la guerra por la supremacía tecnológica.

La respuesta de Trump a esta batalla, sin embargo, se está centrando en proteger el pasado, bloqueando compras de empresas tecnológicas y subiendo aranceles. La forma de entender su America First es a base de aislamiento y de “políticas orientadas al interior”, como ahora se denomina eufemísticamente a sus medidas proteccionistas. Este comportamiento está siendo muy criticado desde numerosos ámbitos, desde donde se hace notar que China está haciendo ahora lo que EEUU hizo en los años cincuenta y que le proporcionó el éxito: incrementar la inversión pública en investigación básica, que requiere gran cantidad de recursos, y abrir el país a mentes brillantes procedentes de cualquier rincón del planeta.

El martes, en su primer discurso tras la eliminación del límite a los mandatos, el presidente chino, Xi Jinping, se expresaba ya como líder mundial: “Es hora de que tomemos el centro de la escena en el mundo y hagamos una mayor contribución a la humanidad”, e imploró a Trump que no se “guíe por las emociones”. Pero también a China hay mucho que reprocharle. Las regulaciones chinas obligan a las empresas extranjeras a transferir sus innovaciones tecnológicas a empresas nacionales chinas, con las que están obligadas a trabajar para obtener el acceso al mercado del país, de 1.300 millones de personas. De hecho, EEUU, Japón y la UE están considerando presentar ante la Organización Mundial del Comercio una demanda por robo de propiedad intelectual y transferencia forzada.

El PIB de EEUU, de más de 18 billones de dólares, todavía supera al de China, con cerca de doce billones. Pero el alto crecimiento anual de China, en torno al 6%, está cerrando poco a poco la brecha. Y puede repetirse la Historia. En su día, fue EEUU el que superó al Reino Unido, y décadas después el dólar sustituyó a la libra como moneda de referencia. China tendrá en su contra que el valor de una moneda no sólo depende del PIB, sino de la calidad de las instituciones que la respaldan. Pero está trabajando con fuerza para que el yuan se internacionalice. Desde 2016 el yuan está incluido en la cesta de monedas de reserva del Fondo Monetario Internacional, con un 10,9%, por encima de la libra o del yen japonés. El dólar y el euro tienen un papel hegemónico, con un 41,7% y un 30,9%, respectivamente. Para China, que el yuan sea la moneda principal es sólo cuestión de tiempo. Ganar la guerra por la supremacía tecnológica es el primer paso.

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