Pressing Cash

Traqueotomías financieras

Carmen Pérez | 23 de octubre de 2020 a las 8:05

TRIBUNA ECONÓMICA, 10/7/2020

Nadie diría que rajar con un cuchillo el cuello de alguien está bien. Pero tampoco nadie se opondría a que se hiciera si ese alguien estuviera asfixiándose y con esa acción se pudiera salvar su vida. No cabe duda de que el remedio aplicado tendría numerosos e importantes efectos colaterales; incluso es posible que esa persona se tenga que quedar respirando por la garganta para siempre. Pues algo similar pasa con las intervenciones públicas. En momentos críticos se adoptan algunas medidas que nadie discute. Hay que hacerlas y punto: el caso contrario es el caos, la destrucción, el desastre. En el ámbito financiero -con la banca- se han tomado algunas de este tipo, y también resulta difícil desandarlas.

Una de ellas -el respaldo público a los depósitos bancarios- se estableció en la pasada crisis financiera ante el terror de que se produjeran por doquier corridas bancarias. En Europa, el volumen garantizado subió hasta 50.000 euros por persona y entidad; en pocos días, se elevó a 100.000 euros. La banca se había quedado sin confianza y el Estado tuvo que sacar pecho: era vital salvaguardar el ahorro de los depositantes. Pero esto intensificó el vínculo perverso entre banca y Estado. Con el tiempo, lejos de revertirse esta medida, va a reforzarse convirtiendo la garantía pública de nacional en europea.

Ha venido otra crisis, y el cuchillo ha vuelto a clavarse: el tejido empresarial puede quedar asolado. Avalando, los Estados – en España, a través del Instituto de Crédito Oficial, ICO- han asumido casi todo el riesgo de los préstamos concedidos por la banca. Lógicamente, las entidades no hubieran estado dispuestas a ejercer su actividad prestamista por la mayor probabilidad de impago derivada de la enorme incertidumbre por el Covid-19. Ahora, si los préstamos resultan fallidos, el Estado paga, y el importe posible asciende a 100.000 millones de euros.

El 8 de julio, Kerstin af Jochnick, del Consejo de Supervisión del BCE, advertía que estos avales también han reforzado los vínculos entre los sistemas bancarios nacionales y sus respectivos soberanos, y que se pueden acabar reviviendo círculos viciosos entre ellos, como los que se desencadenaron en los países periféricos durante la anterior crisis. También advertía que es importante que no se conviertan en un recurso crónico. Pero lo cierto es que ya hay numerosas voces pidiendo no sólo que se amplíen cuantitativamente sino que se extiendan en el tiempo.

Han sido dos traqueotomías financieras en situaciones críticas. De la primera, habría mucho que reflexionar sobre por qué se dejó a la banca llegar a esa situación. En la segunda, la causa -la pandemia- es externa. Ha habido otras intervenciones, como la consideración del riesgo soberano, la patada a Basilea III o las flexibilidades adoptadas en la relación con el BCE. La radiografía actual es la de una banca asistida por lo público en sus dos actividades fundamentales -prestar y captar depósitos- y débil -la capitalización de toda la banca española no supera los 85.000 millones de euros-. De la recuperación económica depende que siga respirando. En otro caso, se tendrán que aplicar en Europa traqueotomías en forma de nacionalizaciones y rescates.

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Por una inversión pública efectiva

Carmen Pérez | 23 de octubre de 2020 a las 8:00

TRIBUNA ECONÓMICA, 3/7/2020

La Comisión Europea ha depositado sus esperanzas de recuperar la monumental caída de la actividad en el Recovery and Resilience Facility. Ese programa estará dotado con 750 mil millones de euros y se pretende que gran parte se dirija a facilitar inversiones públicas. La idea es que consigan impulsar a medio plazo la economía europea. Pero para eso deben estar bien diseñadas. Esta semana, el Banco de España, en su Informe Anual, nos ilustra sobre el tema de la inversión pública en uno de sus recuadros. Lo hace de forma genérica, aunque podemos aplicar sus reflexiones al plan de recuperación europeo.

El estudio cuantifica el impacto que un incremento permanente del 1% del PIB en inversión pública tendría en el crecimiento de la economía española. En general, en el corto plazo, la mayor demanda de bienes de inversión por parte del sector público aumenta directamente la producción y el empleo privados. Y a medio plazo, la expansión del stock de capital público produce mejoras de la productividad en el sector privado, con un incremento de su empleo y de producción. Pero cuatro factores influyen para lograr la mayor efectividad posible.

En primer lugar, depende de cómo se financie. Lo más efectivo es hacerlo mediante deuda, que modula el aumento recaudatorio en un plazo más dilatado. Hacerlo mediante impuestos provoca un efecto expulsión de la inversión privada que anula lo conseguido con la pública. También depende de la capacidad de reacción de la política monetaria para que los tipos de interés nominales no se eleven ante la posible subida de precios como resultado de la mayor demanda agregada. El Recovery and Resilience Facility, financiado por deuda europea y acompañado por el BCE, contaría con estos dos aspectos.

También contaría con el tercer factor de efectividad: el grado de coordinación internacional. Si se hace de forma conjunta, no se generan pérdidas de competitividad en ninguno de los países europeos y al mismo tiempo las mejoras en cada uno de ellos fomentan las exportaciones y el PIB de los otros. Una acción coordinada puede casi doblar el efecto interno de una expansión de la inversión pública.

Y es en el último factor en el que tendrán que afanarse los diferentes países, porque la efectividad depende fundamentalmente de lo que arrastre a la actividad privada. La complementariedad que tenga para generar externalidades positivas sobre la actividad privada es el condicionante más sensible y relevante. Y aunque este estudio no entre en ello, la colaboración público-privada también apalanca enormemente el impacto de la inversión pública.

Europa ha estado dormida en los laureles: la inversión pública se sitúa en el 2,7%, frente al 3,2% de EEUU o el 6% de China. El enorme consumo de recursos que conlleva el estado del bienestar ha desenfocado su atención hacia la inversión privada, sin facilitarla ni apoyarla con inversión pública en investigación básica, innovación o nuevas infraestructuras. Y en momentos de incertidumbre como los actuales, tiene además que tomar la iniciativa. Sin inversión -en digitalización o cambio climático, que son los retos de futuro- no será sostenible el gasto social, siempre creciente.

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Los pagos y el dinero del futuro

Carmen Pérez | 23 de octubre de 2020 a las 7:59

TRIBUNA ECONÓMICA, 26/6/2020

Los sistemas de pago son el conjunto de instrumentos, procedimientos y reglas para que se produzca la transferencia de fondos entre dos partes. El documento Central banks and payments in the digital era, publicado esta semana por el Banco de Pagos Internacional (BIS), señala el motivo de sus inicios: el mal -la desconfianza- es la raíz de todo el dinero, nos dice, citando a John Moore y a Nobu Kiyotaki. Los sistemas de pagos, que palian esa falta de confianza entre las partes, no han dejado de evolucionar a lo largo de la historia. No obstante, los particulares y las empresas seguimos exigiendo que los pagos sean aún más seguros y eficientes. Además, en la actualidad, se impone mejorarlos en un entorno digital y completamente globalizado.

Así, las circunstancias actuales añaden otras reivindicaciones a las tradicionales de seguridad y menores costes y plazos. La digitalización plantea un problema de acceso, porque cientos de millones de personas y empresas en todo el mundo están vinculados al efectivo como su único medio de pago. Por su parte, la globalización exige que la eficiencia se consiga en los pagos transfronterizos, que no sólo suelen ser opacos sino que también son especialmente costosos y a menudo tardan días en liquidarse.

Nuevas formas de gestionar los pagos han tratado de solventar y capitalizar estas nuevas deficiencias. Así, ha motivado el desarrollo del Bitcoin y otras criptomonedas. También ha sido el objetivo tanto de la propuesta de Facebook para desarrollar la moneda Libra como de los acuerdos privados globales que se ensayan para generar monedas estables. Por último, ha conllevado la incursión de las grandes empresas tecnológicas y fintech en los servicios financieros.

Ante esto, los bancos centrales han decidido tomar cartas en el asunto. Como garantes que son de los sistemas de pagos combaten sus amenazas, como el riesgo sistémico, el fraude, la falsificación del efectivo, el financiamiento ilícito, el lavado de dinero o las cibernéticas. Pero la honda preocupación actual no es sólo por estos aspectos. Tampoco porque se vean responsables de mejorar la eficiencia. El problema real que subyace para los bancos centrales, aunque no se exponga así en el informe, son las enormes implicaciones que conllevan esas propuestas privadas: perder la soberanía monetaria y la eficacia de la política monetaria.

Por eso, la actitud actual es totalmente favorable hacia la única manera de escapar a esas pérdidas: la emisión de monedas digitales soberanas (CBDC). Se afanan por estudiar las características para que sean como el dinero físico, no supongan una destrucción abrupta del sistema bancario y puedan interactuar entre ellas. Parece que se han inclinado ya por un sistema a dos niveles, como en China, en el que los bancos centrales emiten el dinero digital y los bancos y multitud de operadores se encargan de diseminarlo. Los pagos del futuro -totalmente digitales y globales- están forzando la aparición del dinero del futuro: ahora, sólo disponemos de un dinero digital: el bancario convertible en dinero físico; pronto, dispondremos de billetes y monedas digitales directamente en billeteras electrónicas de nuestro móvil.

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El rol público en la salida de la crisis

Carmen Pérez | 23 de octubre de 2020 a las 7:57

TRIBUNA ECONÓMICA, 19/6/2020

Desde la delegación de Andalucía del Instituto Español de Analistas Financieros, IEAF, hemos elaborado un extenso informe proponiendo acciones concretas que pueden contribuir a la reestructuración de la economía. El objetivo a conseguir es la supervivencia del mayor número de empresas porque sin la regeneración del tejido empresarial no hay salida para la crisis. Son ellas las que generan riqueza y empleo, permitiendo así el sostenimiento de las finanzas públicas y del estado del bienestar. Y son ellas las que deben tomar sus propias decisiones, pero también el rol público es importante, y en estos momentos se requiere tomar medidas de calado con el mayor acuerdo social y político posible.

El prolongado confinamiento, la incertidumbre y los cambios estructurales han impactado en la confianza de los agentes, restringiendo inversiones y consumo, transformando un inicial problema de liquidez en uno de solvencia a medio y largo plazo. En Andalucía la situación se ve agravada porque existe una estructura empresarial de menor tamaño, menos profesionalizada, escasamente capitalizada y con más dificultad de acceso a la financiación alternativa. La reestructuración debe aprovecharse para solucionar estos males endémicos de la empresa andaluza.

Desde el IEAF entendemos que siempre es preferible para los problemas de solvencia encontrar cauces de solución privados, vía operaciones corporativas y de entrada de capital privado. Necesitamos un marco que lo favorezca para que así se capitalicen empresas viables, se fomente su crecimiento y se facilite el desarrollo de nuevas empresas que sustituyan a las que no tengan continuidad. La regulación y tramitación administrativa no debe ser un impedimento.

Si hubiera que acudir a la financiación pública, lo más eficiente es movilizar recursos privados paralelos, utilizando instrumentos financieros atractivos para ello. De ser necesarias, las transferencias de capital públicas habría que hacerlas a través de alternativas híbridas que respeten la propiedad privada, y en función del valor añadido por empleado. No obstante, la forma más eficiente de contribuir a la solvencia de las empresas viables es vía reducción de impuestos, de manera coyuntural, condicionando a objetivos de empleo o reinversión de beneficios.

Por otra parte, habría que potenciar la inversión pública, con un papel dinamizador de la economía muy importante, y la manera más eficiente es a través de la colaboración público-privada. En este sentido, se proponen medidas para solucionar el déficit de infraestructuras, para cubrir el gap de inversión para cumplir los objetivos de desarrollo sostenible, ODS 2030, y para acelerar las inversiones realizadas por terceros con mecanismos “fuera de balance”, que no supongan incrementar el déficit y la deuda pública.

El apoyo debe otorgarse a los sectores que suponen un efecto arrastre, para los que en el informe se proponen acciones específicas, y especialmente a los emergentes en los últimos años y que esta crisis ha venido a consolidar, en especial los vinculados a la economía digital, sostenibilidad y la “nueva industria”. La comunicación permanente entre lo público y lo privado se hace imprescindible.

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Sectores de futuro

Carmen Pérez | 23 de octubre de 2020 a las 7:56

TRIBUNA ECONÓMICA, 12/6/2020

El momento actual es de máxima trascendencia para España y para el resto de países de la Unión Europea. Tras el bestial impacto que han tenido en sus economías ahora tienen que decidir cómo van a afrontar la recuperación. Las medidas que se están tomando para combatir el Covid-19 en todos sus frentes van a provocar que tanto estos países como sus empresas acaben con un nivel de endeudamiento más alto. Se necesita, por tanto, y de forma imperiosa, que se vuelva al crecimiento para que no terminen sucumbiendo ante las deudas. Pero en esta tarea los gobernantes no deberían limitarse a apostar por más de lo mismo, sino que tendrían que convertir esta situación crítica (la etimología de esta palabra es “que separa lo bueno de lo malo”) en una oportunidad de cambio, canalizando correctamente los recursos que se van a movilizar hacia inversiones -de capital físico y humano- en sectores de futuro.

En España ya disponemos del ejemplo de Alemania, que ha sido el primer país en detallar cómo piensa enfrentar la activación de su economía. El plan presentado asciende a 130.000 millones de euros, cerca del 4% de su PIB, con numerosas y variadas medidas de política económica. 50.000 millones se dedicarán a avanzar hacia un futuro sostenible, apoyando especialmente la movilidad eléctrica, las energías renovables y las inversiones en campos innovadores que mejoren la competitividad de su industria, como la computación cuántica, la tecnología 5G, la tecnología del hidrógeno o la inteligencia artificial.

Además, España cuenta con las recomendaciones específicas de la Comisión Europea, animándola a “centrar la inversión en la transición ecológica y digital, y particularmente en el fomento de la investigación e innovación, en la producción y utilización de fuentes de energía limpias y eficientes, la infraestructura energética, la gestión de los recursos hídricos y de los residuos y el transporte sostenible”. Recordemos la mala situación de España en materia de innovación, ya que todas las regiones están por debajo de la media de la UE y sus empresas están menos preparadas para competir en una economía basada en el conocimiento.

Otras instituciones han manifestado la conveniencia de invertir más en salud pública y en tecnologías de la comunicación, o en sectores en los que, según señalan diferentes estudios, España tiene potencial para ser competitiva: tecnologías verdes, biosanitario y educación.

El primer escollo con el que se encuentra España para desarrollar su plan de recuperación es la falta de margen de maniobra propio, porque antes de la pandemia su deuda pública ya se situaba cerca del 100% del PIB. No obstante, es muy posible que quede solventado porque se recibirá ayuda de Europa. Pero aún en ese caso, persisten dos problemas: que los gobernantes cedan ante las presiones de sectores que quieren continuar con sus negocios tal cual, aunque a todas luces tengan pendiente una reconversión; y que la apuesta de los políticos sea cortoplacista, sólo buscando obtener réditos electorales, negándose a abrir la economía al futuro porque los resultados por esta vía no sean tan rápidos. ¡Exijamos que el futuro de España no quede doblemente hipotecado!

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Hacia la UE del futuro

Carmen Pérez | 23 de octubre de 2020 a las 7:54

TRIBUNA ECONÓMICA, 5/6/2020

Algo ha cambiado en Europa. De momento, la actuación mutualizada que todo indica que va a producirse tiene un estricto carácter temporal, encaminada a luchar específicamente contra la pandemia. Pero es un gran paso para una Europa que se ha negado sistemáticamente a funcionar como un conjunto. La palabra solidaridad estaba maldita y, sin embargo, ahora el plan de reconstrucción que se está negociando bajo el mando de la presidenta de la Comisión Europea, la conciliadora Ursula von der Leyen, será financiado directamente por los impuestos de la Unión Europea. Para llegar a este punto, el cambio de actitud de Angela Merkel, la canciller alemana, ha sido decisivo. Posiblemente no la han animado motivos altruistas pero ha tenido la capacidad de comprender la gravedad de la situación y de la posibilidad de que esta crisis económica derive en una financiera. En todo caso, ha constituido otro momento “todo lo que sea necesario” para salvar al euro.

La presión de la presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, ha sido crucial para que se cruce este rubicón. Al igual que siempre hizo su antecesor, desde que accedió a la presidencia ha defendido que había que actuar desde el ámbito fiscal al mismo tiempo que desde el lado monetario. Pero el tono de ella ha sido más duro, más firme, casi de exigencia. En la reunión del Consejo de Gobierno del BCE de ayer jueves se congratuló de la propuesta del plan de recuperación “dedicado a apoyar a las regiones y sectores más afectados por la pandemia, al fortalecimiento del mercado único y a la construcción de una recuperación duradera y próspera”. No obstante, éste no elimina la necesidad de que el banco central continúe prestando su respaldo. Y ella tampoco ha defraudado.

Ayer amplió el programa de compra de emergencia pandémica, PEPP, en 600 mil millones de euros, hasta un total de 1.350 mil millones, medida fundamental porque al ritmo que se ha estado comprando desde marzo el programa se hubiera quedado corto. Las compras están dotadas de total flexibilidad: “en todas las clases de activos y entre jurisdicciones”. Además, extendió el horizonte para estas compras hasta finales de junio de 2021, y anunció que se reinvertirán los importes que vayan venciendo al menos hasta finales de 2022. Por su parte, continuará el anterior programa APP en las condiciones establecidas, con una ampliación hasta final de año de 120 mil millones.?

No sólo con el plan de reconstrucción, desde el BCE también se ha dado un gran paso en la formación de la Europa del futuro. No por la fuerza de los estímulos que está estableciendo por el Covid-19, porque el BCE ya había actuado contundentemente en el pasado. Tampoco porque Lagarde esté en cierta manera obviando el reciente fallo del Tribunal constitucional de Alemania desafiando la independencia del BCE, porque en su día también Mario Draghi soslayó las denuncias judiciales alemanas. El hecho que marca una actuación radicalmente diferente es la flexibilidad con la que se ha dotado ahora el BCE para actuar asimétricamente, aportando solidaridad a Europa por la vía monetaria. Christine Lagarde, Angela Merkel y Ursula van del Leyen: ¡vaya tres mujeres!

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El Fondo de recuperación europeo y la banca

Carmen Pérez | 23 de octubre de 2020 a las 7:52

TRIBUNA ECONÓMICA, 29/5/2020

Esta semana, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, propuso en el Parlamento Europeo un plan de reconstrucción mutualizado de 750.000 millones de euros. También esta semana, la Autoridad Bancaria Europea, EBA, publicó una evaluación preliminar del impacto de la pandemia en el sector bancario europeo, señalando los desafíos sin precedentes que se le plantean. Es de imperiosa necesidad que ese plan se emprenda: la morosidad acecha. O los estados activan la economía y prestan un decidido apoyo al sector empresarial o terminarán rescatando a los bancos, desatándose así bucles diabólicos entre deuda bancaria y deuda soberana. Europa entera saldría perjudicada.

Von der Leyen advertía de que los problemas son demasiado graves para ser solucionados de forma individual y animaba a los países a recorrer juntos el camino para consolidar el proyecto europeo para las generaciones venideras. Del total, 500.000 millones serán para ayudas directas a los países en función del impacto del coronavirus y 250.000 para préstamos. La financiación la afrontará el presupuesto de la UE sin necesidad de que las contribuciones estatales anuales se eleven porque éste se incrementará con impuestos al carbono, plásticos, empresas digitales y grandes corporaciones.

Hay que conseguir sí o sí que la recuperación sea lo más cercana a una V. Mientras más se tarde en volver a la normalidad mayor será el impacto en las cuentas de resultados de los bancos y, por ende, en su solvencia. La EBA lo dice claro: “A medida que se desarrolle la crisis, es probable que los bancos enfrenten crecientes volúmenes de préstamos morosos, que pueden alcanzar niveles similares a los registrados después de la crisis de 2008″. Y ahora además se parte de una exigua rentabilidad bancaria.

Luis de Guindos, vicepresidente del BCE, esta semana ha sido muy explícito sobre este tema: “Si teníamos un problema de rentabilidad antes, ahora lo tenemos agravado”. Los datos son demoledores: si la rentabilidad media de la banca europea estaba en torno al 6%, muy por debajo del 10% que exigen los inversores, puede caer al 2,5% en el bienio 2020-21. Este deterioro se está reflejando en las valoraciones bursátiles bancarias, que han pasado de tener descuentos medios del 55% sobre su valor en libros al 70%, y algunas entidades financieras alcanzan el 90%.

El plan aún tiene que negociarse. Austria, Dinamarca, Países Bajos y Suecia están en contra. Pero cuenta con el apoyo de Angela Merkel, la canciller alemana, que consiente en la mutualización porque es consciente de que el peligro es para todos. Por su parte, Christine Lagarde, presidenta del BCE, presiona amenazando con que, si no se lleva a cabo, tendrá que practicar la solidaridad por la vía monetaria. Por último, la presión que estará ejerciendo el lobby bancario debe estar siendo enorme: está en juego su supervivencia. Europa y su banca comparten destino, ahora no sólo por el buen fin de los depósitos, sino por lo miles de millones de préstamos avalados. Cada vez está más difuminado dónde empieza una y termina la otra. El plan saldrá para adelante. ¡A ver con qué tino y con qué responsabilidad se desarrolla!

El CBDC y el Covid-19

Carmen Pérez | 23 de octubre de 2020 a las 7:50

TRIBUNA ECONÓMICA, 22/5/2020

La emisión de dinero digital por parte de los bancos centrales (Central Bank Digital Currency, CBDC) estaba pasando por un momento intenso antes de la pandemia. El anuncio de Facebook de lanzar la moneda digital e internacional Libra avivó el debate académico y político y los bancos centrales tomaron conciencia del desafío monetario que suponía ese lanzamiento y de la necesidad de responder con urgencia. Durante estos meses, debido a la gravedad de las circunstancias, podría suponerse que se habría detenido, pero no, no ha dejado de continuar su avance.

Los dos países que más desarrollados tenían sus proyectos lo han llevado a la práctica en medio de esta crisis global. El Banco Popular de China ha puesto en marcha el yuan digital apoyado en sus grandes empresas de pago. La población allí está totalmente familiarizada con el uso de herramientas digitales para mover el dinero. Por su parte, Suecia, donde los billetes y monedas van teniendo un uso residual, comenzó en febrero a probar la corona electrónica o e-krona, con idea de que empiece a funcionar efectivamente dentro de un año.

En la Eurozona, las posturas son contradictorias debido a las diferencias entre los países. El pasado martes, el Banco Central de los Países Bajos advirtió que el uso del efectivo físico está disminuyendo claramente en su país y que con el Covid-19 está tendencia se intensifica, y se ofreció a liderar el desarrollo de un CBDC en Europa. Sin embargo, hace unos días, en el evento de criptomonedas más grande a nivel mundial, Consensus 2020, Yves Mersch, miembro del BCE, en su discurso An ECB digital currency – a flight of fancy? precisaba que esa tendencia no es generalizada en la zona del euro -el 76% de las transacciones utilizan dinero físico- y que la pandemia había incluso incrementado su demanda. Eso no es óbice para reconocer la necesidad de disponer de un euro digital.

Los promotores de un dólar digital, en ese mismo evento, manifestaban cuánto hubiera facilitado éste a la administración americana a combatir los efectos negativos del Covid-19. El envío masivo de cheques a cada uno de los americanos para impulsar la economía resulta costoso, inseguro y lento. Si cada ciudadano tuviera una cuenta directamente en el banco central ese traspaso monetario hubiera sido sencillo. El inconveniente del modelo que proponen es que no sólo cambiaría la política monetaria sino que la desintermediación bancaria podría irse al traste por la posible fuga de los depósitos bancarios hacia esas cuentas en moneda digital soberana.

Pero hay múltiples diseños, hay que encontrar el adecuado. En Occidente no podemos negarnos al cambio cuando la tecnología pide paso: sería un completo retraso. China avanza, y su sistema híbrido ya en funcionamiento está marcando el camino.Yves Mersch nos invita a darle vuelo a la fantasía: sueño con la Libra de Facebook, modificada para que la operativa sea privada pero contando con el respaldo y total control de los soberanos occidentales coordinados. El Covid-19 debe animarnos a caminar hacia una sociedad nueva: los medios de pago internacionales pueden mejorar extraordinariamente y es posible otro sistema financiero más perfecto.

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‘Achinizado’ y desacoplado de China

Carmen Pérez | 23 de octubre de 2020 a las 7:49

TRIBUNA ECONÓMICA, 15/5/2020

El desacople de EEUU de la economía china es una tendencia que ya estaba patente pero que este “virus del demonio” puede acelerar y radicalizar. Durante 2018 y 2019 asistimos a crudos enfrentamientos entre estos países que quedaron apaciguados a principios de este mismo año cuando firmaron el acuerdo denominado “Fase uno”. Sin embargo, con la pandemia, China ha reconocido serias dificultades para satisfacer las compras a las que se comprometió y Donald Trump ha puesto sobre la mesa la posibilidad de dinamitarlo, y además ahora está buscando iniciar un desacoplamiento financiero.

Alegando razones de seguridad nacional, el presidente americano desencadenó en el pasado una guerra de aranceles, mostró su rechazo a la migración de las cadenas de suministro de los Estados Unidos a China, limitó las adquisiciones chinas de empresas estadounidenses e incluso los acusó de espionaje tecnológico. Todo esto puede ahora recrudecerse. Las acusaciones recíprocas entre EEUU y China de ser culpables del virus han tensado aún más las relaciones entre ellos. La penuria económica y la necesidad de salir airosos de esta crisis ante sus ciudadanos puede empujarles a posturas más enconadas.

Así, Trump ha añadido esta semana más leña a la candela sugiriéndole al principal fondo de pensiones del gobierno americano que no invierta en acciones de compañías chinas. La reacción de Pekín a esta afrenta ha sido templada, limitándose a señalar que los inversores estadounidenses perderán oportunidades. Ellos no hablan, actúan, y no pierden comba: han lanzado ya el yuang digital, con el que pretenden expandir la influencia de su moneda y escapar del sistema bancario global, controlado por EEUU. Y cuentan con la baza de ser uno de los principales tenedores de la deuda pública americana.

Estos dos países están cada vez más separados y cada vez también se parecen más. Hace más de cuarenta años que China emprendió una reforma económica y su apertura al exterior que la ha transformado hasta convertirla en la segunda potencia económica del mundo, y con pretensiones claras a ocupar el primer puesto. Ahora, por el contrario, es EEUU el que converge hacia China, y no sólo en lo económico. A las políticas proteccionistas, a su actitud cada vez más nacionalista, a la censura creciente, al control de las fronteras o al mayor poder gubernamental, con la pandemia se le suma la intervención directa del Estado en las actividades del sector privado, tomando participaciones en sus empresas.

Y este peligro de achinización no sólo sucede en EEUU, Europa también está experimentándolo. El protagonismo de los gobiernos se acrecienta para mantener el bienestar de la población y las nacionalizaciones -parciales o totales- van a extenderse. La Unión Europea ha intentado ponerles límites y que la participación pública en las empresas sea temporal, pero está por ver cuánto tiempo tardan las salidas en producirse. Por otra parte, la pandemia también está provocando mayor desconfianza en la Unión -la sentencia alemana contra el BCE es un reflejo claro-, lo que dificultará a sus economías -las más abiertas del mundo – mantener su independencia respecto a los dos bloques.

 

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OK, tomamos nota

Carmen Pérez | 23 de octubre de 2020 a las 7:45

TRIBUNA ECONÓMICA, 8/5/2020

En plena pandemia y con Europa inmersa en una descomunal crisis económica, va el Tribunal Constitucional alemán y le da una patada al proyecto europeo. Ha dictaminado que el programa de compra de deuda que puso en marcha Mario Draghi en 2015 -el Public sector purchase programme (PSPP)- es “desproporcional” y le da al BCE un plazo de tres meses para demostrar que no se ha extralimitado en sus competencias. Parece que estos jueces alemanes han olvidado que las naciones de la Eurozona no tienen poder para cuestionar lo que se decide respecto a la política monetaria. Hay que recordarles que cedieron soberanía a una entidad supranacional e independiente para que actuara con total autonomía en este aspecto.

Si algún tribunal puede vigilar esa actuación del BCE es el Tribunal Constitucional Europeo, y éste ya falló en 2018 avalando su legalidad. Por eso, el BCE no se ha inmutado y se ha limitado a comunicar escuetamente que toma nota, pero que seguirá haciendo todo lo necesario. O sea, que piensa seguir con dicho programa, con el nuevo -el Pandemic emergency purchase programme (PEPP)-, con el resto de medidas que ha adoptado, y lo que haga falta. También podría haberle aclarado a los alemanes que mientras que pertenezcan al club, el Bundesbank tendrá que hacer lo que se le ordene, porque en política monetaria es sólo la sucursal operativa que tiene en ese territorio europeo.

Ni son las formas adecuadas ni es a nivel nacional como hay que plantear el necesario debate sobre el papel que se le está haciendo jugar al BCE. Con la crisis de 2008, tuvo que tomar el mando y sacar las castañas del fuego. Desde entonces, en una constante huida hacia adelante, la eurozona ha desperdiciado doce años sin enfrentar las incoherencias y debilidades del proyecto europeo. De nuevo, con la pandemia, el BCE también se ve sin el acompañamiento de una respuesta fiscal contundente común europea. Si los alemanes se muestran así con el PSPP, a saber cómo reaccionarán con el PEPP, con el que el BCE se ha dotado de mucha mayor libertad de movimiento.

Y es que esta forma de solidaridad por la puerta falsa que supone la actuación del BCE termina finalmente siendo más controvertida y generando más resentimiento. Así lo advertían hace unos días 80 economistas holandeses -los Países Bajos están siendo aún más críticos que los alemanes- en el diario Volkskrant. Pedían “al Gobierno holandés que cambie de rumbo y que apoye un enfoque europeo” porque, en otro caso, el BCE actuará por su cuenta nuevamente y esto, dicen, supone una clara falta de legitimidad y de orientación política.

Están de acuerdo, como reclamamos desde España, en que ahora es el momento de una respuesta europea contundente y generosa, aunque, eso sí, señalan que en el futuro habrá que exigir a los países reformas y que ordenen sus cuentas. Lo decente sería que los necesitados de ayuda no esperen a que se les obligue a esto, sino que deberían voluntariamente y desde ya actuar para ganarse la credibilidad y la confianza del resto: no se puede apelar al esfuerzo común pero no querer ni un poco de sufrimiento propio: es la postura del gobierno español que pide y pide y no hace ni el mínimo gesto.

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