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Banca y cambio climático

Carmen Pérez | 4 de noviembre de 2018 a las 19:32

TRIBUNA ECONÓMICA, 2/11/2018

Este martes, Sabine Lautenschläger, miembro del BCE, pronunció en Nassau un excelente discurso, Diez años después de la crisis financiera: riesgos, normas y supervisión, en el que se preguntó si el sector bancario se ha convertido en un lugar más seguro. Aunque su respuesta es afirmativa, advierte de que este negocio evoluciona constantemente. Lo que es seguro hoy podría no serlo mañana. Repasa muchos riesgos que ya tiene encima la banca, como el Brexit, el cambio de política monetaria, las tensiones comerciales, los activos improductivos, la revolución tecnológica o la banca en la sombra. Pero también se detiene especialmente en unos riesgos que pueden convertirse en problemas del futuro: los relacionados con el cambio climático.

Cita los riesgos físicos, como tormentas, inundaciones, sequías, olas de calor o el aumento del nivel del mar. Estos fenómenos, que están siendo más frecuentes y más severos, en la medida que no estén convenientemente asegurados, tienen efectos muy directos sobre el riesgo crediticio de los bancos, entre otras cosas, a causa de las garantías dañadas.

También se refiere a todo el negocio que se está desarrollando en torno a la financiación verde. En este sentido, ya tuvimos ocasión de contar aquí hace unos meses el aumento espectacular que están teniendo los bonos verdes, cuyo volumen ha pasado de los 2.600 millones de dólares en 2013 a los 150.000 millones de dólares en 2017.

Lautenschläger señala que la innovación financiera puede ser muy positiva, pero advierte de la importancia de controlar las finanzas verdes tal como lo haríamos con cualquier otro tipo de innovación financiera. Sin embargo, como también recogimos aquí en otra tribuna, ya hay ejemplos de querer caminar hacia una economía más sostenible a costa de alterar la estabilidad financiera. El vicepresidente de la Comisión Europea, Valdis Dombrovskis, propuso que se estudiara la posibilidad de reducir los requisitos de capital para los préstamos verdes bancarios.

Por otra parte, también menciona cómo las políticas relacionadas con la transición a una economía baja en carbono puede tener consecuencias de gran alcance para muchos clientes de los bancos, como los fabricantes de automóviles o los proveedores de energía. O por lo que pudieran impactar en los precios de los commodities y la energía, que afectarían a su vez al riesgo de mercado bancario.

Resulta gratificante esta intención de “obligar a los bancos a prepararse para la tormenta cuando el sol está brillando”. Pero de nada sirve que los supervisores detecten las nubes que se acercan sin que los políticos esté alineados con ellos. Y es para echarse a temblar al escuchar lo que Lautenschläger nos dice: se repite la Historia; en tiempos de crisis todos están de acuerdo en fijar reglas estrictas. Pero tan pronto como las cosas comienzan a mejorar, las reglas se ven repentinamente como un impedimento para que los bancos hagan buenos negocios y la economía crezca. También es descorazonador oírla reconocer la lucha titánica que mantienen para evitar el arbitraje regulatorio, citando casos en los que se demuestra lo bien que saben los bancos maniobrar para sortear las reglas.

Unión Bancaria Europea: ¿el lugar para estar?

Carmen Pérez | 24 de julio de 2018 a las 9:10

TRIBUNA ECONÓMICA, 6/7/2018

El título de este artículo no es original. Es el de un discurso que pronunció en mayo la vicepresidenta del Consejo de Supervisión del BCE, Sabine Lautenschläger, en Dinamarca. En él defendía que hay que completar la Unión Bancaria Europea: “Hay mucho que ganar si se consigue”. Llegó incluso a definirla como un lugar cómodo, cálido y seguro, utilizando el término hygge, que tan de moda han puesto los daneses. Desde luego, si ha de aceptarse el sistema bancario tal como está, tiene razón, éste ganaría en solidez y estabilidad con el respaldo público europeo conjunto. Pero “el lugar para estar” sería mucho más hygge si se cambiara el sistema, desligando completamente las finanzas públicas de las privadas.

En todo caso, el primer paso que se dio para la construcción de la Unión Bancaria -la supervisión de los grandes bancos desde Europa- está lleno de ventajas. Lautenschläger las detalló: la supervisión es más homogénea; mejora el conocimiento sobre la banca; los expertos de los diferentes países aprenden unos de otros; y se producen economías de escala. Pero le faltó mencionar la principal razón por la que se acometió este cambio: era necesario superar una supervisión nacional que tiende, como demostró la crisis, a favorecer a sus propios bancos.

Para el segundo pilar, el Mecanismo de Resolución, creado para que se encargue de los bancos con problemas, Lautenschläger defendió que su Fondo esté respaldado con recursos públicos. Esto es, que en el caso de tenerse que rescatar algún banco, además de las aportaciones bancarias, haya dinero público europeo también disponible para ello. Esta propuesta va para adelante, aunque lenta. El pasado fin de semana, la Cumbre del Euro celebrada en París se ha comprometido a proporcionar en el futuro ese apoyo a través del Mecanismo Europeo de Estabilidad, una vez que éste se reforme.

Por último, también pidió que se avance en el pilar que falta, que supone el establecimiento de un Fondo de Garantía Europeo. Esto no sería, como lo anterior, comprometer una cantidad determinada, sino que sería asumir completamente el riesgo bancario por el sector público europeo. Este tercer pilar es el más problemático, y los tiempos para desarrollarlo se extienden aún más. La Cumbre del Euro sólo ha señalado que se debe comenzar “una hoja de ruta para iniciar negociaciones políticas sobre el Sistema Europeo de Garantía de Depósitos”.

Los países de la Eurozona llevan años sin ponerse de acuerdo, y siguen sin hacerlo, porque algunos se plantean hasta qué grado quieren hacer causa común con el riesgo de los bancos. Pero en ningún momento se cuestionan retroceder en ese cóctel molotov de finanzas públicas y privadas en el que estamos inmersos: sólo discuten si mantenerlo a nivel nacional o europeo.

El camino que se ha seguido desde hace décadas con la banca va exigiendo un respaldo público cada vez más fuerte. La Unión Bancaria no es sino otro paso más en este sentido. Puede ser el lugar al que estamos abocados, arrastrados por el pasado, pero la pregunta de Lautenschläger tiene una respuesta segura: para quienes realmente la Unión Bancaria Europea es un lugar hygge es para los bancos.

Suiza vota: ¿quién debe crear el dinero?

Carmen Pérez | 3 de julio de 2018 a las 9:54

TRIBUNA ECONÓMICA, 8/6/2018

El próximo domingo los suizos están llamados a las urnas. Votarán la iniciativa Vollgeld o Dinero Soberano, cuya aprobación supondría un cambio radical en su sistema bancario. El lema de los promotores ¿Quién debe crear nuestro dinero? o la pancarta que algunos colgaron en el Banco Central de Suiza Por favor, recuerda para qué existes, centran muy bien el tema. Es una reforma de la que no sólo se ocupa Suiza, sino que ha despertado interés en todos los ámbitos: se discute en parlamentos y bancos centrales; se estudia en el mundo académico y en las consultoras más importantes; y numerosas personalidades de las finanzas, como Mervyn King, ex gobernador del Banco de Inglaterra, o Miguel Ángel Fernández Ordoñez, ex gobernador del Banco de España, se han pronunciado como partidarios. Pero es en Suiza, donde 100.000 firmas bastan para convocar un referéndum, donde se ha llegado más lejos.

Se trata de devolver al Estado el monopolio de la creación de dinero, que vuelva a ser una función pública. Esto se conseguiría si las empresas y personas tienen cuentas abiertas en el Banco Central, depositando su dinero allí en vez de en los bancos comerciales. El Banco Central emitiría su propia moneda, pero digital, que sería exactamente igual que los billetes y monedas. La banca mantendría sólo la función de asignar el dinero, aunque otras propuestas más radicales, como la suiza, ni le dejan eso.

Al eliminar la alquimia de creación de dinero por parte de los bancos, la masa monetaria no dependería de ellos como ahora, que la inflan o desinflan en función de sus privadas expectativas. El respaldo público a los depósitos bancarios ya no tendría sentido ni habría temor a los bancos too big to fail. Además, también estaría bajo control el nivel de deuda y se podría manejar mejor la política monetaria, que no tendría que ejecutarse a través de la banca.

Por contra, sus detractores señalan dos críticas principales. La primera, que conllevaría una restricción y encarecimiento del crédito para empresas y familias. La segunda, que el control de la cantidad de dinero estaría burocratizado, concentrándose la decisión en un grupo de técnicos del Banco Central.

Iniciativas similares ya se plantearon sin éxito en el pasado por economistas de la talla de Fisher, Friedman o Tobin. Pero las circunstancias actuales favorecen el cambio de paradigma financiero. Porque esta cuestión se solapa con otra con la que está íntimamente conectado y que agudiza el problema: la desaparición del dinero físico, que daría aún mayor poder a la banca. Y porque ahora se dispone de la tecnología blockchain, adecuada para emitir monedas digitales soberanas.

Lo más probable es que la votación suiza se pierda. Además de que su propuesta es de las más extremas, la relevancia del mundo financiero allí es enorme. Pero el debate en sí resulta de lo más positivo. Hay que salir de la ignorancia generalizada que existe sobre los verdaderos entresijos del sistema bancario. Entenderlo nos llevará directamente a exigir un modelo de banca mejor para todos.

La psd2: ¿en qué nos afecta?

Carmen Pérez | 11 de junio de 2018 a las 8:00

TRIBUNA ECONÓMICA, 4/5/2918

la PSD2 es como se conoce a la nueva Directiva europea sobre Servicios de Pagos. Ha entrado en vigor este año, aunque para que esté plenamente operativa en España hace falta que se produzca su trasposición a nuestro ordenamiento jurídico. Viene a actualizar la PSD de 2007, que sentó las bases para acabar con la fragmentación del mercado de servicio de pagos en Europa. Pero la aparición de nuevas tecnologías y la proliferación de entidades de servicios de pago desde entonces, incluidas las grandes compañías tecnológicas, han hecho necesario reformar la regulación. La nueva directiva busca que el usuario realice sus pagos electrónicos con total confianza, y también que le sean menos costosos, al fomentar la innovación y facilitar la competencia entre las entidades que ofrezcan estos servicios.

Para comprender la disrupción que supone esta normativa hay que recordar que los bancos son las únicas entidades financieras autorizadas para captar el dinero del público, a través de cuentas corrientes y depósitos. Los bancos son así los propietarios de la red de tuberías por donde circula el dinero. Pero ahora esta directiva obliga a los bancos a que otras entidades puedan acceder a las cuentas de los clientes, conocer las posiciones de estos y actuar sobre sus saldos. Las dos nuevas actividades que regula son la “iniciación de pagos” y el “acceso a la información de cuentas de pagos de los clientes bancarios”. Por la primera se podrá, por ejemplo, al hacer una compra on line autorizar al vendedor a que se cobre el importe directamente de la cuenta, sin necesidad de tarjeta. Con la segunda, nuevas entidades podrán tener una visión financiera completa de un cliente, pudiendo proponerle así soluciones a su situación concreta.

 Las entidades de pago tendrán que obtener la autorización del regulador y el consentimiento expreso de los clientes. La directiva exige que se establezcan mecanismos de autenticación reforzada y que las transacciones se realicen con todas las medidas de seguridad necesarias. Obliga a que se utilicen al menos dos mecanismos independientes: un PIN, que sólo conozca el cliente; algo material, como una tarjeta, o algún rasgo biométrico, como la huella o el iris.

Con esta directiva quedan reguladas muchas fintech, que podrán ofrecer nuevos sus servicios. Las grandes tecnológicas, como Facebook, Amazon, Apple o Google, están ya inmersas en el mundo de los pagos, funcionando como entidades de pago o de dinero electrónico, los dos tipos creados con la PSD. Ahora, con la PSD2, podrán desplegar todo su potencial sobre sus grandes masas de usuarios. Para las grandes cadenas de comercio, restauración o turismo también constituye una gran oportunidad, tanto iniciando los pagos, eliminando el coste de las tarjetas, como accediendo a datos que les permitan atender de forma más personaliza a sus clientes.

La PSD2 es un paso radical en la transformación del negocio financiero. Los bancos tradicionales tendrán que espabilarse, pues seguirán siendo los dueños de las tuberías del sistema financiero, pero toda la interacción con el cliente se la pueden arrebatar rivales tecnológicamente más cercanos y capaces.

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La hidra financiera

Carmen Pérez | 29 de noviembre de 2017 a las 8:20

TRIBUNA ECONÓMICA, 24/11/2017

Cuenta la mitología que la Hidra de Lerna era una enorme bestia con nueve cabezas serpentinas, que sólo con su fétido aliento podía destruir la vida. No le fue nada fácil a Heracles matarla porque tan pronto se le aplastaba una de las cabezas le surgían otras. Del mismo modo, con la regulación financiera se intenta mantener bajo control al monstruo financiero que creció durante las décadas anteriores a la crisis y que sigue creciendo, pero para cada solución surgen nuevos problemas. La actividad financiera tiene poderosas y visibles cabezas -los bancos- y otras muchas incluso más peligrosas porque trabajan en la sombra. También a la Hidra de Lerna algunos le atribuían cien, mil, hasta diez mil cabezas.

Con el mecanismo de resolución para los bancos parecía que se había ganado una batalla a la inestabilidad financiera. Sin embargo, ahora se considera que la simple existencia de esta normativa puede más bien aumentarla, porque puede precipitar pánicos bancarios. Así, en estos días, se debate en la mesa del Parlamento europeo incluir una controvertida medida: poder establecer un corralito temporal para los bancos en resolución si es necesario.

Y también parecía que se mejoraría la estabilidad con la exigencia a las entidades financieras de colchones de capital, que se cubren en gran parte con unos bonos especiales. Pero estos colchones resultan una falacia porque al comprárselos unos bancos a otros, la solidez del sistema en su conjunto no se incrementa. La Junta Europea de Riesgo Sistémico (JERS) en su último documento lo advierte: en 2016 los bancos poseían más de 50.000 millones de euros de estos bonos anticrisis. Procede ahora regular el riesgo de estos bonos en la solvencia bancaria.

Lo anterior son sólo dos ejemplos: el esfuerzo regulatorio es titánico. Y mayor es el que se tendrá que hacer con la banca en la sombra. Los intermediarios financieros no regulados y determinadas operaciones, como los derivados, fueron de las principales causas de la crisis financiera. Pero han seguido creciendo. En Europa suponen el 39% de los activos totales frente al 29% de 2008. Además, están íntimamente conectados con la banca regulada: según la JERS, las exposiciones de los bancos europeos al sector en la sombra es de más de un billón de euros.

Como Heracles, los reguladores no lo tienen fácil para ganar la batalla de la estabilidad financiera. Necesitan valor para no ceder a las presiones y establecer sin miedo los controles claves, los decisivos, que aseguren tanto la salud de cada entidad como la del sistema en su conjunto, controlando especialmente, incluso a nivel nacional o sectorial, el crecimiento del crédito.

Esa firmeza es lo que dio la victoria a Heracles. Aunque no estuvo falto de ayuda: su sobrino Yolao quemaba los cuellos de las cabezas que iban siendo decapitadas para impedir que brotaran de nuevo. Los reguladores, aunque fueran héroes, tampoco lo conseguirán solos. El mito también cuenta que la hidra se enroscó en los pies del héroe, simbolizando que la raíz de los monstruos está en la naturaleza humana: cada uno de nosotros es un Yolao que debe secar a su medida esta exuberancia financiera.

Liberbank y el tamaño de la banca

Carmen Pérez | 24 de septiembre de 2017 a las 17:45

TRIBUNA ECONÓMICA, 22/9/2017

La situación de Liberbank muestra que la crisis bancaria aún no se puede dar por terminada en España, que sigue habiendo entidades que aún no están saneadas. Y también plantea las posibles consecuencias, no deseadas, de las nuevas normas que se han aprobado en Europa para aplicar en caso de crisis bancarias. Durante estos últimos años nos hemos indignado porque se utilizara dinero público para salvar a los bancos. La normativa actual -el mecanismo de resolución europeo- tiene el objetivo de que esto no siga pasando. Antes, la protección al depositante protegía de camino a accionistas y bonistas bancarios: éstos tenían una seguridad de fondo de que no se dejaría caer a su banco. Ahora, con la protección al contribuyente por delante, se puede producir el efecto contrario: que la mera existencia de las normas precipiten la caída del banco.

Las cifras de Liberbank reflejan que el banco está pasando por una situación delicada: tiene un alto volumen -800 millones de euros- de activos no productivos, del que buscan deshacerse; está reestructurando la plantilla; su solvencia a largo plazo no es la que debiera y la calificación crediticia es baja… Su futuro depende del buen hacer de sus gestores en esta etapa tan complicada, de la credibilidad que inspire en los inversores el plan de viabilidad que han diseñado, con una ampliación de capital de 500 millones de euros garantizada.

Si perdieran la confianza, la cotización de la acción seguiría cayendo -ayer terminó la sesión en 0,83 euros- y le abandonarían los depositantes. Tan esencial es conservar la confianza que incluso algunos accionistas relevantes de Liberbank no han aceptado de buen grado que la Comisión Nacional del Mercado de Valores, con la venia de la Autoridad Europea de Valores y Mercados, ESMA, siga cuidando la cotización, prorrogando la prohibición de posiciones cortas. Entienden que tener que ser protegidos es mandar una señal de debilidad al mercado.

Con el banco Popular se estrenaron las nuevas normas bancarias, y ni los depositantes ni los contribuyentes se han visto afectados. Pero sus accionistas y bonistas han salido escaldados. Los de Liberbank se estarán mirando en este espejo y, a la mínima, se puede desatar el pánico.La entidad entonces acabaría -antes de una resolución europea o tras ella, como le pasó al Popular- en manos de otro banco. La ESMA teme que este miedo a la aplicación de la normativa actualmente vigente desencadene un rosario de caídas de bancos europeos que también están tocados.

Pero no todos los bancos están expuestos a sufrir este efecto, sólo lo estarán aquellos débiles, que el mercado sepa que podrían ser rápidamente resueltos: pequeños y medianos bancos que podrían acabar engrosando a los de gran tamaño. Porque, sin embargo, no sería nada fácil encontrarle salida si se tratara de un gran banco. Too big to fail , o demasiado grandes para caer, se les denominó cuando estalló la crisis. Ahora son demasiado grandes para que sean resueltos. Imposible compatibilizar con ellos la protección a los depositantes y a los contribuyentes al mismo tiempo. Y el asunto se agrava, porque poco a poco se acrecientan sus tamaños.

A estudiar

Carmen Pérez | 24 de septiembre de 2017 a las 17:38

TRIBUNA ECONÓMICA, 1/9/2017

Ya es septiembre, y millones de niños y jóvenes van a iniciar un nuevo curso académico. Además, otro colectivo -el personal de banca que informa o asesora a los clientes sobre las inversiones financieras- también va a tener que estudiar a la vuelta de las vacaciones. Si aún no cuentan con los conocimientos y competencias que les exige la nueva normativa, todavía están a tiempo. Tienen hasta enero de 2018, fecha en la que comienza la aplicación del nuevo marco europeo sobre mercados e instrumentos financieros. Se pretende que no vuelva a suceder lo que en el pasado ocurría: que los inversores no entendían exactamente lo que estaban comprando y, todavía peor, que los gestores bancarios, con algunos productos, tampoco sabían exactamente lo que estaban vendiendo.

Las materias que tienen que dominar estos financieros y cómo serán evaluados se concretan en una guía técnica, publicada este verano por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). Así, deberán conocer en profundidad los productos que se comercializan: riesgos, implicaciones fiscales, gastos, cómo se afectan según la evolución de los mercados financieros y de las variables económicas nacionales y globales, rendimientos pasados y previsibles escenarios futuros, etc. Y si su función no se limita a informar, sino a asesorar, tendrán además que conocer los costes de este servicio, la idoneidad del cliente para cada producto y los fundamentos de gestión de carteras.

Para capacitarse deberán recibir un número mínimo de 80 horas lectivas en el caso del personal que sólo facilita información, y de 150 si asesora; y posteriormente, 20 y 30 horas cada año, respectivamente. Quedarán acreditados sus conocimientos si poseen un título o certificación aceptados por la CNMV, o mediante cualificación obtenida mediante la formación interna o externa, cumpliendo los requisitos de la guía. La mayor parte de las entidades se pusieron las pilas hace tiempo, y las horas de formación están siendo muy superiores a las exigidas.

Pero seamos claros. Siendo muy positivo mejorar la formación del personal, su posible insuficiencia no fue la causa de los problemas del pasado. Pudo serlo con productos como los depósitos estructurados complejos, que incorporaban incluso opciones exóticas asiáticas. Pero no con otros, como las preferentes. Tampoco fue por un defecto de formación la concesión masiva de hipotecas o la inclusión de cláusulas suelos en las mismas.

Lo necesario es que no exista una estrategia de remuneración que establezca incentivos para que se coloquen productos diseñados e impuestos desde las cúpulas directivas, y que no se presione al personal para que empujen a los clientes a asumir riesgos. Los inversores difícilmente comprenderán las complejidades del mundo financiero por mucho que se las expliquen. La clave está en la profesionalidad y en la lealtad de las entidades financieras con ellos. Y, según dicen, quieren volver a ganarse su confianza. Pero los controles que está realizando la CNMV, enviándoles inspectores -mystery shoppers- que se hacen pasar por usuarios, siguen mostrando fallos en la comercialización de los productos financieros.

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Reclamaciones financieras

Carmen Pérez | 26 de agosto de 2017 a las 15:42

TRIBUNA ECONÓMICA, 4/8/2017

El Banco de España ha publicado recientemente la Memoria de Reclamaciones de 2016. Este documento permite conocer el grado de armonía de los clientes con sus entidades bancarias. En principio, parecen buenas noticias. El informe señala que el número total de expedientes interpuestos el pasado año fue de 14.462, un 28,6% menor que en 2015, continuando la tendencia descendente experimentada desde 2013, cuando se alcanzó el máximo histórico, con 34.645 reclamaciones. Pero sigue siendo muy alto en comparación con lo habitual antes de la crisis financiera, cuando se registraban unas 5.000 solicitudes al año. Además, la Memoria avanza un mal dato para 2017: se espera que el año termine con 30.000 reclamaciones.

Los andaluces son los que más reclamaciones presentaron, 3.564, un 24,6% del total. Le siguen los madrileños, con el 16% del total en términos absolutos, pero con una incidencia muy escasa si se pondera en función de la intensidad de la actividad bancaria de cada región. Los valencianos y los catalanes ocupan el tercer y cuarto puesto, ambos con un 10%.

Los clientes protestaron principalmente -más de la mitad- por las operaciones de préstamos. En un gran porcentaje por las cláusulas suelo, las causantes de que se hayan disparado el número de reclamaciones estos últimos años. También fueron muy numerosas las discrepancias en las liquidaciones de las cuentas corrientes y las incidencias relacionadas con las tarjetas de crédito y las transferencias.

De las reclamaciones recibidas, algo más de la mitad fueron admitidas a trámite; el resto se rechazó por falta de documentación, incumplimiento de requisitos o bien porque se trasladaron a otros organismos supervisores. De las admitidas, en 7 de cada 10 el Banco de España falló a favor del cliente, considerando que la entidad no había hecho lo correcto en cuanto a la normativa de transparencia o a las buenas prácticas bancarias.

Pero, a pesar del dictamen del supervisor, los bancos sólo rectificaron su postura en el 36,8% de las veces, para cuestiones ajenas a las cláusulas suelo, y en el 31% para éstas, lo que supone un empeoramiento respecto al pasado año. Así que, como las resoluciones que emite el Banco de España no son vinculantes, la mayoría de los clientes tienen que acudir finalmente -con su informe favorable en mano- a la vía judicial.

Los juzgados están colapsados, y lo seguirán estando porque el grado de confrontación sigue siendo muy intenso. Y de nuevo son los préstamos hipotecarios los que están detrás del descomunal incremento de reclamaciones que se está experimentando este año. Ahora, por los gastos de formalización, al declarase abusivas las cláusulas que los imputaban al consumidor. Es de esperar que la nueva ley hipotecaria deje bien claros los términos en los que deben firmarse estas operaciones, porque en el futuro el nuevo foco de conflictividad podría derivarse de las desavenencias de los clientes respecto a cómo evolucionen las condiciones de los productos financieros a los que se vinculan para obtener mejores precios en sus hipotecas. Y habrá un ejército de abogados perfectamente entrenado deseando atenderles.

El seguro de depósitos bancarios

Carmen Pérez | 26 de agosto de 2017 a las 15:40

TRIBUNA ECONÓMICA, 28/7/2017

Quién a la hora de abrir una cuenta corriente o un depósito en un banco se preocupa previamente de analizar su situación financiera? Pocos contestarán afirmativamente, aunque sería lo adecuado, porque, al fin al cabo, le estamos prestando nuestro dinero. Lo elegimos por la proximidad de su sucursal, por los consejos de otros usuarios o por sus ofertas. Sólo los que manejan importes muy altos se preocupan por la mayor o menor solvencia de la entidad en la que depositan su dinero. Elegimos sin temor y los mantenemos con confianza en gran parte porque sabemos que los depósitos están garantizados, por persona y entidad, hasta 100.000 euros. Pero hay que ser conscientes de que este seguro tiene un precio.

En principio, de esta protección se encarga el Fondo de Garantía de Depósitos (FGD) que se nutre de las aportaciones ordinarias, y extraordinarias si hacen falta, de la banca. Pero lo cierto es que si se presenta una crisis sistémica, con muchas entidades implicadas, o si la entidad es demasiado grande, el fondo puede resultar insuficiente. Entonces, la responsabilidad de los depósitos recae finalmente en el Estado. No es teoría, lo hemos sufrido en la práctica.

Hace unos días, el gobernador del Banco de España, en su comparecencia ante la Comisión de Investigación en el Congreso de los Diputados, al disertar sobre la crisis financiera y el rescate, dejaba este funcionamiento bien claro: la insuficiencia de recursos de los fondos de garantía de depósitos hacía necesario utilizar recursos públicos para la banca, se adoptara la solución que se adoptara. Los depósitos de las entidades financieras quebradas ascendían a 487.000 millones de euros, de los que más de 250.000 millones estaban garantizados. Se les inyectó 21.071 millones de euros del FGD y 39.542 millones de euros de dinero público. Ningún depositante se ha quedado sin su dinero, ni siquiera los no cubiertos.

No sólo ha pasado en España, en otros muchos países se ha utilizado dinero público para salvar el sistema bancario. Por eso, en Europa, tras la crisis, los controles se han disparado, elevando los requerimientos de capital e imponiendo nuevos ratios, de liquidez y de endeudamiento. Se ha trasladado la supervisión a Europa. Se ha creado un Mecanismo de Resolución para atajar los problemas… Todo lo necesario para evitar que la garantía pública tenga que entrar en juego. El banco Popular ha sido el primer ejemplo. Pero, por mucho que se vigile, podrá pasar de nuevo.

Actualmente el seguro de depósitos -y cada vez con un límite más alto- es esencial para la estabilidad financiera, porque aumenta la confianza de los depositantes, frenándose los pánicos bancarios. También se considera positiva la tranquilidad que supone para el ciudadano, que puede considerar el depósito como un producto sin riesgo. Pero los depósitos en España equivalen a más del 140% del PIB; y más de un 60% del PIB los que están cubiertos Y el seguro de depósitos se ve condicionado -sólo es creíble- por la fortaleza financiera del Estado que lo soporta. ¿Qué clase de sistema bancario hemos diseñado?, ¿dónde empiezan y terminan banca y Estado?

Corrida bancaria silenciosa

Carmen Pérez | 3 de julio de 2017 a las 20:27

TRIBUNA ECONÓMICA, 16/6/2017

Todos recordamos películas -Mary Poppins, entre ellas- que representaban corridas bancarias, con imágenes de gran cantidad de clientes haciendo cola a las puertas de un banco, intentando retirar su dinero. El pánico puede llevar a un banco hasta la bancarrota en poco tiempo: mientras más personas retiran sus depósitos, la probabilidad de impago se incrementa y se agudiza el proceso. Cuando el dinero era exclusivamente físico, todo esto era visible y muy rápido. Hoy en día, las retiradas de fondos se hacen desde casa, con transferencias a otros bancos, sin que nadie aparentemente se entere. En silencio.

Detrás del pánico suele existir fundamento. El Popular llevaba años mal. Su rating era ya de bono basura. Pérdidas en 2016 de casi 3.500 millones de euros. Activos improductivos por 35.000 mil millones, derivados del sector inmobiliario, en el que entró en el peor momento. La acción cotizaba a la baja desde hacía tiempo y los bajistas se agarraron a la situación como los perros a su presa: imparable el descenso. La sangría de depósitos se tornó hemorragia sin posible taponamiento. Los empleados, clientes, administraciones públicas, empresas: se iban los que tenían depósitos cubiertos -el miedo es libre- y no cubiertos: hasta 18.000 millones de euros.

La forma de trabajar la banca conlleva este riesgo. Como falte la confianza, incluso siendo solvente a largo plazo, una fuga de depósitos masiva conduce a una insolvencia a corto plazo, sin remedio. Asegurarlos hasta 100.000 euros y la provisión de liquidez desde el banco central son los muros de contención de las corridas bancarias. Para el Popular no han sido suficientes. El procedimiento de resolución ha sido impecable: la normativa vigente protege al depositante sin que sufra el contribuyente. Se lo ha quedado el banco de Santander por un euro. Se le acusa de haber hecho negocio. Si hubiera sido Bankia, muchos opinarían que el Estado había cargado con un muerto.

Lo que no puede entenderse es cómo los gestores no hicieron durante años nada para evitarlo. Quizá quisieron aguantar con las propias fuerzas. Pudieron pedir el rescate en 2012 o haber vendido cuando aún estaban a tiempo. Ron, sin transparencia y sin afrontar los activos deteriorados con diligencia. Saracho, hablando demasiado, sin acompañarse de una propuesta de solución resuelta.

Los accionistas, los poseedores de bonos contingentes convertibles -Cocos- y subordinados se han quedado sin nada. El alto riesgo que tienen estos productos financieros se ha puesto de manifiesto.

La cúpula directiva del Popular ya ha recibido demandas. Es inadmisible que se vayan a casa de rositas y con millones de euros. No serán los únicos. Al BCE le rebatirán la declaración de inviabilidad. A la Junta Única de Resolución, que así resolviera. A los supervisores, que no prohibieran las posiciones en corto; que no hablaran antes o que sí lo hicieran. Contra la auditora, contra el Santander… Los que más probabilidades tienen de éxito son los que acudieron a la ampliación de hace sólo un año, muchos empleados o incitados a comprar con préstamos. Con todo, la solución que se le ha dado a la silenciosa corrida bancaria del Popular parece la correcta.