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De récord en récord, y así 12 años

Carmen Pérez | 17 de abril de 2021 a las 16:39

TRIBUNA ECONÓMICA, 19/3/2021

Este miércoles hemos conocido que en España se ha batido un nuevo récord: nuestra deuda pública ha alcanzado los 1.314.335 millones de euros al cierre de enero, casi un 10% más con respecto a enero del pasado año. Efectivamente, la Real Academia Española define récord como el resultado máximo conseguido hasta un momento determinado en una actividad. Pero hay que preguntarse si se le puede seguir denominando así cuando ese máximo se renueva continuamente, perdiendo ese carácter que debe tener un récord de algo excepcional y muy difícil de superar. Es lo que le pasa a la deuda pública española, que lleva doce años de récord en récord y bajo la completa seguridad de que va a seguir marcándolos sin descanso en el futuro próximo.

Para comprender la magnitud del crecimiento que ha experimentado la deuda pública estos últimos años hay que señalar tres momentos. En 2008, justo antes de la crisis financiera: ascendía a 0,4 billones de euros (39,5% del PIB). A principios de 2020, justo antes del inicio de la pandemia: se había multiplicado por tres, hasta los 1,195 billones de euros (95,5% del PIB), tras más de once años recogiendo los efectos devastadores de la crisis financiera y sin que se procediera a su disminución a pesar de la llegada de la recuperación en 2014. Y actualmente: el primer año de la pandemia la ha disparado en 118.457 millones de euros (hasta el 117% del PIB).

La sostenibilidad de ese enorme volumen de deuda está siendo posible por la intervención del Banco Central Europeo. Con sus programas de compras de activos se ha convertido en propietario de 384.845 millones de euros de deuda pública española (el 29,2% del total). Disponer de este comprador incondicional ha facilitado que la prima de riesgo española se mueva en niveles bajos, con el consecuente ahorro de intereses que esto supone anualmente. Así, el Tesoro cobra a los inversores a corto plazo (hasta 5 años) y paga por el bono a diez años un 0,3%.

Y la semana pasada se vio cómo el BCE está al quite, y en cuanto el coste de la deuda ha comenzado a elevarse levemente, se ha comprometido a incrementar sus compras de bonos para detenerlo y garantizar la recuperación con ello. Por supuesto, también a renovar y renovar todos los importes adquiridos mientras haga falta. Y ya veremos qué más habrá de hacer, porque quedan años duros de fuertes déficits y los récords seguirán, y no cesan las intensas tendencias al alza de los rendimientos.

La Comisión Europea, en sus últimas previsiones, señalaba que la deuda pública española podría alcanzar el 122% del PIB en 2021; y en 2022, el 124%. Ante este panorama -el problema no se limita a España- ha planteado mantener en suspenso las reglas fiscales hasta al menos 2023 y ser flexible para exigir su cumplimiento a partir de esa fecha. Recordemos que el criterio previsto por el Tratado de Maastricht, basado en la prudencia y el rigor financiero, considera que un país tiene unas finanzas saneadas si su deuda pública no supera el 60%. En Bruselas también se habla ya dereformar esta regla sobre la deuda, de hacer con ella un Groucho Marx (éste es mi criterio, pero si es incumplible, pongo otro) y “tirar p’alante“.

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¡Más madera!

Carmen Pérez | 20 de febrero de 2021 a las 9:14

TRIBUNA ECONÓMICA,  11/12/2021

El Tesoro Público español colocó este jueves 921 millones de euros en una nueva subasta de obligaciones a 10 años, cobrando a los inversores por primera vez en su historia para este plazo. Los portugueses se habían adelantado con los tipos negativos unos días antes. Otros países llevan tiempo disfrutándolos, como Francia, Bélgica o la que más, Alemania, que ya cobra porque le presten un 0,615%. Y anclados en esos bajísimos costes de financiación, las economías de la Eurozona miraban ávidas ayer a Fránckfort, a la reunión del Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo, esperando que inoculara más chutazos. Y los hubo, mayores incluso de los esperados.

Su presidenta, Christine Lagarde, justificó las nuevas medidas porque la segunda ola de la pandemia tendrá “un impacto pronunciado en la economía e incidirá en la inflación más de lo esperado”, afirmando que “la economía volverá a contraerse en el cuarto trimestre del año”. Así, amplía en 500.000 millones de euros la dotación del programa de compras de emergencia pandémica (PEPP), hasta un total de 1,85 billones de euros; alarga su horizonte hasta al menos finales de marzo de 2022; y extiende las reinversiones de estas compras como mínimo hasta fin de 2023. Además, y esto es especialmente interesante para España, reafirmó la flexibilidad con la que se actuará en las distintas jurisdicciones y activos según fuere adecuado.

Al mismo tiempo, el BCE ha reforzado la política monetaria clásica, esto es, a través de los bancos, prolongando doce meses -hasta junio de 2022- las líneas de financiación TLTRO III retribuidas al 1%, elevando el porcentaje que pueden solicitar, incrementando el número de operaciones que se realizarán, y prolongando hasta junio de 2022 el conjunto de medidas de flexibilización adoptadas en abril sobre los colaterales necesarios.

Con estas medidas, y algunas otras, pretenden incentivar a los bancos a solicitar financiación, y que dispongan así de suficiente liquidez para otorgar préstamos a hogares y empresas en condiciones favorables. Añadido a ese objetivo, el BCE persigue combatir la reciente fortaleza del euro, que ya cotiza a 1,21 dólares. Ayer, Lagarde mostraba su preocupación al afirmar expresamente que continuarán monitoreando la evolución del tipo de cambio por sus posibles implicaciones para las perspectivas de inflación a medio plazo.

La situación recuerda a una escena de una de las películas de los hermanos Marx. Groucho, junto a la caldera de un tren, grita una y otra vez: “más madera”. Sus hermanos, arrancando todo lo que fuera combustible, echan hasta los equipajes de los pasajeros para conseguir que la locomotora de vapor siga avanzando. También los bancos centrales -no sólo el BCE- llevan más de una década suministrando intensamente a la actividad económica estímulos monetarios. Y no se vislumbra cuando la caldera podrá funcionar sin su socorro. Antes de la pandemia se constató la dificultad de dejarlos. Ahora, el PEPP, se empezaría a revertir a partir de 2024, como muy pronto. Eso sí, el tren económico sigue, en un viaje de anormales tipos de interés negativos, pero marchando. Esperemos que no termine, como el de los Marx, destrozado y descarrilando

Dinero gratis, palos y zanahorias

Carmen Pérez | 10 de diciembre de 2020 a las 8:51

TRIBUNA ECONÓMICA, 27/11/2020

La deuda pública española no deja de crecer tanto en términos absolutos como en relación con el PIB. A finales de septiembre ya alcanzó los 1.308.439 millones de euros, un 114% del PIB. Y ha seguido, sigue y seguirá subiendo. Y lo normal sería que el coste de financiación para el Estado se fuera incrementando a medida que crece su endeudamiento. Pero no, España se está financiando prácticamente gratis. La cotización del bono español a diez años es del 0,06%, y es negativa para las letras e incluso para los bonos a 3 y 5 años. Así de maravillosa es la situación: cuando España marca récords históricos de deuda pública es capaz de cobrar intereses por financiarse, en lugar de tener que pagarlos. Esta aparente violación de la más elemental lógica financiera tiene su explicación, y se llama Banco Central Europeo. Pero su bendita actuación no está exenta de incentivos perversos.

Desde 2012 los españoles tendríamos que levantarnos cada día dando gracias al BCE. Nos ha mantenido en pie desde entonces. Y lo está haciendo ahora de nuevo con la crisis del Covid-19, con el fenomenal programa de compras de bonos, el PEPP (Pandemic Emergency Purchase Programme) que puso en marcha en primavera. Su balance se ha multiplicado por nueve desde 2000 y ha crecido nada menos que un 40% desde el inicio de la pandemia. Así, el repunte que sufrió la prima de riesgo española en marzo se cortó radicalmente por la rápida y contundente intervención del banco central. Si no, hubiera ido escalando como pasó con la crisis financiera.

Pero ésta es una realidad que se silencia. Escuchamos a los miembros del gobierno pavonearse de que España se financia en condiciones muy ventajosas en los mercados financieros: “no tenemos problemas de financiación, hay una gran confianza”. ¿Qué confianza? Y cuando prefieren no pedir fondos bajo condicionalidad, aunque sea mínima, como con el préstamo de 25.000 millones de euros disponible en el Mecanismo de Estabilidad Europeo, presumen: “podemos endeudarnos por nuestras propias fuerzas”. ¿Qué fuerzas? ¡Qué manera de disfrazar la verdadera situación financiera de España!

Al mismo tiempo, las reglas fiscales europeas respecto al control de los niveles de déficit y de deuda pública se han suspendido temporalmente. Esto es: los Estados pueden lanzarse a gastar, y el endeudamiento será a tasas muy bajas, porque el BCE se encargará de ello; y pueden gastar sin rendir cuentas, porque la política monetaria se desarrolla sin condicionamientos. El incentivo no puede ser más peligroso. No empuja en absoluto a que los Estados se fortalezcan, a que persigan mejorar sus primas de riesgo por sí mismos, trabajando, haciendo las cosas bien, acometiendo las reformas necesarias, con objetivos a largo plazo: a que cada euro de gasto pese.

Más nos vale que esta carta de libertad para gastar, asistida por la política monetaria, no sea motivo para que las administraciones de todos los niveles sean desleales al espíritu europeo de sostenibilidad de las cuentas públicas. La disciplina fiscal volverá. Y cualquier día se acaba esta política del BCE “sin palos pero con zanahorias”. A ver con qué confianza y fuerzas propias contamos entonces.

Nuevas cuentas

Carmen Pérez | 23 de octubre de 2020 a las 8:21

TRIBUNA ECONÓMICA, 24/7/2020

A estas alturas todos sabemos que “habemus pactum“. El martes a lascinco de la mañana, tras cuatro días de negociación, el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, lo comunicó con un breve tuit: ¡Acuerdo! Un momento histórico en el que Europa da un nuevo paso en su construcción, como siempre, acuciada por una crisis. Ante el nefasto panorama económico, los 27 líderes nacionales se han visto empujados a endeudarse juntos: acordaron pedir 750.000 millones de euros y comprometerse a devolverlos y a pagar sus intereses de forma solidaria.

Y la solidaridad no acaba ahí. Todos son responsables de esa deuda pero no todos reciben igual parte del montante recabado, el reparto es asimétrico. En función de diferentes variables se distribuirán 390.000 millones de euros como donaciones y 360.000 millones se podrán pedir en préstamos. España es de los países que resultan más agraciados: recibirá hasta 140.000 millones de euros, de los que 72.700 no tendrán que ser devueltos.

Esto no significa que los gobiernos tengan carta blanca. No reciben esos fondos y luego deciden libremente qué hacer, sino al contrario: los planes van por delante. Cada país tiene que elaborarlos, atendiendo las recomendaciones de la Comisión Europea y alineándolos con las prioridades -transición ecológica y digitalización- que ésta ha fijado. Además, el proceso no va a estar exento de controles, aunque sean más light que lo que algunos países hubieran querido. Funcionará un freno de emergencia y por mayoría cualificada tendrán que resolverse las controversias.

En definitiva, no se trata de salir del hoyo de cualquier manera. Ursula von der Leyen lo decía claro: el objetivo es que se impulse la convergencia, la resiliencia y la transformación de Europa. No es momento para aplausos por tener la potencialidad de acceder a fondos, sino de afanarse por preparar los planes adecuados y aplicarlos con agilidad y eficiencia: sólo cuando la recuperación y la sostenibilidad a largo plazo sean hechos procederá que resuenen con fuerza.

Para superar la crisis de 2008, los países europeos tiraron de deuda, y no se esforzaron en reducirla después aprovechando el crecimiento y el apoyo del BCE. La deuda pública europea (sin Reino Unido) se situaba a finales de 2019 en unos 11 billones de euros, el 80% del PIB. Por sus altísimos niveles, algunos estados -Grecia (176%), Italia (134%), Portugal (117%), Bélgica (98%), Francia (98%) y España (95%)- no pueden apelar para superar esta nueva crisis otra vez a la deuda.

Con todos esos países (45% del PIB europeo) sin credibilidad, y estando además entre ellos los más castigados por la pandemia, no se ha tenido más remedio que recurrir a la confianza que da la Unión. A partir de ahora en Europa coexistirán dos cuentas de deuda pública: las nacionales y la europea. Con estos 750.000 millones de euros y con la caída del PIB prevista, la ratio europea pasará del 80% al 94% y esto sin contar con las subidas adicionales de las deudas estatales. Llegará la recuperación y el BCE también prestará su ayuda. Y entonces, debe exigirse firmemente que esa suma de deuda descienda. La confianza tiene siempre límite, hasta para la Unión Europea.

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Suspenso en deuda

Carmen Pérez | 30 de diciembre de 2019 a las 20:49

TRIBUNA ECONÓMICA, 20/12/2019

El martes el Banco de España publicó la cifra mensual de deuda de las administraciones públicas españolas. Analizando este dato y el mismo en periodos anteriores se constata que, obviando las oscilaciones mensuales, en valores absolutos la deuda ha experimentado un aumento continuado desde 2008. A finales de octubre de 2019 el saldo se situó en 1,194 billones de euros. Comparada con un año atrás la deuda es ahora un 2,7% mayor, ha crecido en 31.727 millones de euros.

Ahora bien, mirando este dato en términos relativos -en relación al PIB- la interpretación es diferente. El sólido crecimiento de nuestra economía en estos últimos años ha conseguido que, a pesar del aumento del numerador, la ratio deuda/PIB haya ido descendido desde el máximo del 100,7% que marcó en 2014 hasta el 97,8% del tercer trimestre de 2019, 1,1% menos que en el mismo trimestre de 2018. Así, esta ratio lleva cinco años contenida, sólo con ligeros descensos.

Pero esto no es suficiente. La Comisión Europea, también el martes, publicó el Informe de Mecanismo de Alerta, en el que con once indicadores evalúa a los países europeos. España suspende -además de en paro, deuda empresarial e inversión- en deuda pública. Nos recuerda que estamos muy lejos del 60%, el máximo permitido. Su reprimenda podría expresarse de esta manera: la deuda no deja de subir porque no se mejoran las cuentas públicas, los déficits fiscales son “persistentes”, el numerador sube prácticamente al ritmo del denominador, y así incluso con los niveles de crecimiento tan importantes la ratio baja tan poco.

No sólo lo advierte Europa, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, Airef, ya lo señaló en el informe de noviembre. Viene a decir que se crece, pero que los mayores ingresos que se derivan de ese crecimiento se gastan totalmente e incluso se siguen sobrepasando. Y eso encima de que se está contando con la ventaja de que uno de los epígrafes importantes de gasto, el gasto financiero, se comporta a la baja. A España, gracias a la política monetaria adoptadas por el BCE, el coste de financiación de la deuda pública se le abarata. En 2019 el ahorro de intereses será de 2.371 millones de euros, aunque eso no significa que la cuenta no siga siendo muy abultada: 24.000 millones de intereses al año, casi tres millones cada hora.

En la medida en que haya suficiente crecimiento y que las buenas condiciones financieras persistan, la ratio de deuda no se desmandará. Pero además resulta fundamental que las diferentes administraciones respeten los límites asignados para sus presupuestos. No es de esperar que en ninguna se vaya a presentar con superávit de forma voluntaria para reducir deuda, siempre gastan a tope. Y cuidado los que creen que pueden elevar el gasto y equilibrar subiendo impuestos, porque ahogarán el crecimiento. Todos deberían sopesar muy bien el camino que toman porque una vez aprobado un incremento de gasto es muy difícil retroceder y bajarlo; y sin embargo, los ingresos futuros son siempre inciertos. Y también deben tener en cuenta la calidad del gasto: no es lo mismo el gasto corriente, con el que se le dice al dinero adiós, que el de inversión, al que se le dice hasta luego.

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La deuda pública española: riesgos futuros

Carmen Pérez | 27 de marzo de 2019 a las 16:59

ANÁLISIS, 9/2/2019

Nuestro altísimo volumen de deuda pública somete al Estado a dos importantes retos cada año: conseguir dinero suficiente en los mercados para poder amortizar los títulos que van venciendo y soportar la pesada carga de intereses que genera. Para salir airoso de ambos resulta fundamental que España sea un país que ofrezca confianza, que los inversores acudan a las subastas y que lo hagan además sin exigir una retribución alta. Ahora estamos pasando un momento dulce. La amplia demanda para nuestras Letras, Bonos y Obligaciones del Estado y los bajísimos costes a los que se están colocando estos títulos están haciendo llevadero el elevado nivel de endeudamiento. Pero existen riesgos en el horizonte.

Deuda pública

Deuda pública DPTO. DE INFOGRAFÍA

Llegar a esta situación ha sido posible por la positiva evolución de nuestras variables macroeconómicas de estos últimos años -crecimiento del PIB, la contención del déficit público y la disminución de la tasa de paro-. Consecuentemente, las cuatro principales agencias de rating han ido mejorando la calificación crediticia de España hasta el nivel A- (Fitch). Nada que ver con la situación de 2012, cuando los inversores compraban deuda pública exigiendo un 7%. Ayer el bono a diez años cotizaba a 1,22%.

 Y para que esto se produjera ha resultado, y sigue resultando, decisiva la intervención del Banco Central Europeo (BCE). Hemos contado con un agente dispuesto a comprar y comprar nuestra deuda sin mirar precios, y que además ha mantenido los tipos de interés oficiales por los suelos. El Estado ha notado sus efectos por la menor carga de intereses en los presupuestos, pero también por el impulso que ha supuesto para la economía que las familias y empresas se aliviaran de intereses, pudiendo dedicar esa parte liberada a consumo y a inversión: un poderoso estímulo fiscal disfrazado de monetario.
Deuda públicaDeuda pública

Deuda pública DPTO. DE INFOGRAFÍA

La sostenibilidad de esta enorme deuda exige crecimiento. Y ahí está la clave de lo que pueda pasar éste y los próximos años. Las previsiones se están revisando a la baja. Este mismo jueves, la Comisión Europea –otra vez– ha rebajado seis décimas a su previsión de crecimiento de la Eurozona para 2019, hasta el 1,3%; para España, la ha dejado en el 2,1%. De la misma forma, también han retocado a la baja las estimaciones para 2020. Y el temor es que se sigan rebajando, porque son numerosos los riesgos geopolíticos -Italia, un Brexit sin acuerdo o la guerra entre EE.UU y China- que existen actualmente. En caso de materializarse alguno de ellos, tendría un efecto claro negativo sobre el crecimiento económico.

Deuda pública

Deuda pública DPTO. DE INFOGRAFÍA

En estas circunstancias, al BCE le va a ser difícil retirarse. Y en la medida que la desaceleración sea más o menos acusada no solo tendrá que seguir manteniendo sino volver a intensificar los estímulos monetarios. La deuda pública española, por tanto, seguirá contando con su importante respaldo; además, España espera unos crecimientos por encima de la Eurozona, y esto también será positivo porque nuestra deuda puede beneficiarse de la mejor situación relativa respecto a otros países como Italia o Francia. No obstante, no cabe la complacencia. Recordemos que cada punto de subida del interés medio de la deuda rebaña 11.000 millones de euros al presupuesto, y cuando se pierde el equilibrio, los bucles negativos empiezan a dispararse. España tiene –sí o sí– que seguir ofreciendo confianza. Y para ello, cada décima de crecimiento cuenta.

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Deuda pública: de récord en récord

Carmen Pérez | 26 de agosto de 2018 a las 14:29

TRIBUNA ECONÓMICA, 24/8/2018

Esta semana hemos conocido que en España se ha batido un nuevo récord: nuestra deuda pública ha alcanzado los 1,163 billones de euros. Para comprender la magnitud del crecimiento que ha experimentado estos últimos años puede acudirse a un dato: en 2008 ascendía a 400.000 millones de euros. Desde el inicio de la crisis se ha multiplicado prácticamente por tres. Y aportemos dos datos más para terminar de hacernos una idea de su importancia: cada español debe unos 25.000 euros, o unos 65.000 euros si es por familia como se realiza este cálculo.

Si ese montante de deuda se mide en términos relativos -en función del PIB- la noticia es algo más llevadera. Actualmente representa el 98,2% frente al 39,5% del 2008. El máximo se consiguió en 2014, cuando alcanzó el 100,4% del PIB. Pero, con todo, sigue estando muy alejada de los criterios previstos por el Tratado de Maastricht, que considera que un país tiene unas finanzas saneadas si su deuda pública no supera el 60%.

Bajar el nivel ahora que hay crecimiento es lo que aconseja la prudencia. Lejos de eso, tanto la administración central como las autonómicas, como viene siendo su norma, siguen incrementándola. Pero sobre todo es la deuda de la Seguridad Social, por el gasto que suponen las pensiones, la que está subiendo como la espuma. Es tal el ritmo que lleva que en junio acumulaba una deuda de 34.888 millones de euros, 7.501 millones más que en mayo y 17.715 millones más que en junio de 2017. De hecho, este capítulo es la principal causa de que ya se esté incumpliendo el objetivo marcado para este año que estaba fijado en el 96,8% del PIB.

Para la sostenibilidad de ese enorme volumen de deuda resulta decisiva la intervención del Banco Central Europeo. Con el programa de compras de activos que ha desarrollado estos últimos años se ha convertido en propietario de 250.711 millones de euros, casi el 22% del total de nuestra deuda. Disponer de un comprador fuerte, que no mira precios, ha facilitado que la prima de riesgo española se mueva en niveles bajos, con el consecuente ahorro de intereses que esto supone anualmente. En las subastas de Letras a 3 y 9 meses que el Tesoro ha realizado este martes se ha seguido notando su efecto: seguimos cobrando por prestar dinero a corto plazo. Y el bono a diez años está por debajo del 1,4% anual.

España y otros países europeos no dejan de incrementar sus deudas, y luego apelan ansiosos al BCE. Se comportan como los adictos a la cocaína, que desarrollan una adicción paralela a pastillas que contrarrestan sus efectos. Nuestro caso ahora no es el más grave, pero sólo hay que mirar a Italia. La deuda italiana supera el 130% del PIB y su prima de riesgo este lunes cerró en 279 puntos, con el bono a diez años en el 3,1%. Esta semana sus dirigentes pedían a gritos que el BCE garantice la compra de deuda pública en el futuro para que su prima no se siga disparando. Incluso amenazan con que si este apoyo no continuaba “se desmantelará todo”, refiriéndose al euro. Pero por mucho que el BCE siga paliando, el único camino posible es parar el crecimiento de la deuda. España e Italia, sin embargo, están decididos a ir de récord en récord.

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Bonos andaluces, españoles y eurobonos

Carmen Pérez | 30 de abril de 2018 a las 20:11

TRIBUNA ECONÓMICA, 13/4/2018

La presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, manifestaba este lunes, con motivo de la presentación del Anuario Joly 2018 en Sevilla, que estos últimos años Andalucía había cumplido los deberes. Desde luego, en materia de deuda pública autonómica, esta afirmación es completamente cierta. Y los buenos datos la han animado a pedir al ministro Cristóbal Montoro volver a financiarse en los mercados. Quiere ir retirándose de los programas de asistencia financiera que se han ido poniendo a disposición de las Comunidades Autónomas (CCAA) porque a éstas con la crisis les era imposible obtener financiación solas. Andalucía ha cumplido. La presidenta tiene toda la razón. Pero, cuando Montoro manifiesta que este asunto no puede plantearse como si fuera una pugna política, también la tiene.

La deuda andaluza, dentro del horror de endeudamiento generalizado en el que se encuentra el mundo, ha evolucionado mejor que la del resto de CCAA. Ha pasado de 14.793 millones de euros en 2011 hasta los 34.260 actuales, sólo el 11,9% de la deuda total autonómica. La evolución del ratio deuda/habitante ha ido mejorando comparativamente en los últimos años: cada andaluz debe 4.088 euros frente a los 6.206 euros que resultan de la media nacional autonómica. Los andaluces somos los menos endeudados de España.

Además de crecer, la estructura de la deuda andaluza ha cambiado estos años. En 2011, era 50% bancaria y 50% a través de los mercados. Y en 2017: 15% bancaria, 11% vía mercados y el 74% lo ha prestado el Estado. Los Presupuestos Generales del Estado 2018 cifran el ahorro de las CCAA por la financiación vía Estado en 28.500 millones de euros en el período 2012-2017, 4.532 para Andalucía. Y si se considera toda la vida de los préstamos formalizados, el ahorro será de 51.900 millones de euros en 2027, 8.253 para Andalucía.

Resulta muy positivo que la Junta se atreva a salir de la tutela estatal y recuperar la autonomía financiera. Y no hay motivos para que Montoro lo niegue. Los momentos de asfixia financiera pasaron y puede ser el momento adecuado para que Andalucía dé el paso. Lo que no está tan claro, por mucha estabilidad política que haya en Andalucía y sus buenas cifras -relativas- de déficit y deuda, que las condiciones que consiga en los mercados vayan a ser mejores yendo sola. No somos el País Vasco, que tiene presupuesto fijo e independiente. El rating andaluz estará siempre condicionado al de España.

Pero lo que resulta absurdo es plantear esta cuestión como una disputa entre partidos políticos. Es más, deberían plantearse con seriedad si es conveniente abandonar completamente la financiación de las autonomías por bonos españoles. Ahora, están tan sobrados de optimismo que hasta olvidan que llegaran nuevos shocks, y no les van a coger con los bajísimos niveles de deuda de 2011. En Europa defienden la emisión de eurobonos porque se considera que la estabilidad europea se conseguiría con la financiación al menos parcial de la deuda de cada Estado con el respaldo del conjunto. ¿Por qué no se aplica esta receta de forma interna? ¿O es que se aplaude cofinanciarse con italianos pero no con valencianos?

Los PGE y la deuda

Carmen Pérez | 30 de abril de 2018 a las 20:08

TRIBUNA ECONÓMICA, 6/4/2018

Eta semana, el ministro de Hacienda y Función Pública, Cristóbal Montoro, ha presentado el proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2018. Todavía está por ver si estos presupuestos se terminarán aprobando, pero lo que es impepinable, lo que de forma inexorable se terminará cumpliendo, es que el pago de intereses por la deuda pública este año rondará los 31.547 millones de euros. Para tomar conciencia de la importancia de este montante, basta con señalar que supone más del 63% de todo lo que se gasta en España en educación, el 42% en sanidad o más del doble de lo que se gasta en defensa.

Y los intereses sólo llegarán a esa cifra porque, gracias a la política monetaria del Banco Central Europeo, los tipos de interés de la deuda se mantienen en niveles muy bajos. Las mejores calificaciones que han otorgado las agencias Fitch y S&P al bono español y la volatilidad que están experimentando las Bolsas, que termina beneficiando a los mercados de deuda, también están ayudando a que los costes financieros no se  incrementen.

Así, las subastas de esta semana han reflejado este buen momento por el que estamos pasando. El martes, el Tesoro colocó 4.501 millones de euros en letras a 6 y 12 meses, con tipos de interés resultantes de -0,466% y el -0,406%, menores que los de la última subasta de las mismas referencias. Y ayer, emitió deuda a largo plazo: bonos a 3 años y obligaciones a 10 y 30 años, con resultados más que excelentes: -0,287%, 1,17% y 2,24% respectivamente. Los PGE estiman que el rendimiento del bono a diez años termine el año en el 1,6%.

Pero no podemos esperar que estos tipos ultra bajos vayan a durar para siempre. El proceso de normalización monetaria ya se ha iniciado y empujará poco a poco el coste de la deuda al alza. Y además de más altos, cada vez hay que aplicarlos a una cifra mayor de deuda. Según los PGE la deuda pública volverá a crecer en 2018 en unos 40.000 millones de euros. Cuando termine este año, la deuda se acercará a los 1,2 billones de euros. Los PGE ofrecen estos datos desde una perspectiva más positiva, detallando que el porcentaje de deuda sobre el PIB, al crecer esta variable también, concluirá en el 97%, frente al 98,3% del cierre de 2017.

Aún así, estamos a años luz del objetivo europeo, que establece que ese ratio no debe superar el 60%. El gobernador del Banco de España afirmaba esta misma semana que llevará varias décadas llevarla hasta ese punto. También esta semana, el presidente de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, Airef, advertía -como ha hecho tantas veces Mario Draghi- que este nivel de deuda no es sostenible y proponía crear colchones fiscales que permitan al país soportarla cuando las condiciones financieras no sean tan favorables, o cuando el crecimiento se ralentice, como se espera a medio plazo.

Los PGE 2018 significan hacer oídos sordos en gran medida a estas advertencias. Cumplen con el límite europeo sobre el déficit, pero, sin desatender a los más desfavorecidos, que era prioritario, podrían haber hecho más para domar la excesiva deuda que mantenemos, porque corremos el riesgo de que en el futuro nos aplaste.

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Deuda pública y pensiones

Carmen Pérez | 25 de enero de 2018 a las 18:23

TRIBUNA ECONÓMICA, 1271/2018

Esta semana el Tesoro ha hecho pública su Estrategia de Financiación para 2018. En esta ocasión, para ilustrar el documento utiliza las imágenes de algunos de nuestros mejores Teatros. Es de suponer que con estas muestras del rico patrimonio con el que contamos quiere hacernos más digerible el angustioso panorama que nos pone por delante el texto: el Tesoro tiene que conseguir el próximo año en los mercados 220.145 millones de euros.

De ellos, 180.000 millones es para pagarles a los inversores que compraron en el pasado Letras del Tesoro y Bonos y Obligaciones del Estado, y les llega el vencimiento. Es decir, pide dinero de nuevo a los mercados para poder atender las amortizaciones que llegan. Además, el Tesoro recabará otros 40.000 millones de euros para hacer frente a la necesidad adicional de dinero, porque el Estado seguirá gastando más de lo que ingresa por impuestos. Se cuenta en estas previsiones con atender el déficit anual y con que se vuelva a conceder un nuevo préstamo a la Seguridad Social de 15.000 millones de euros, que se suma a los 10.000 millones que se le prestaron en 2017.

Iremos viendo en qué condiciones consigue el Tesoro los fondos a lo largo de las 48 subastas que tiene programadas para 2018. Estos últimos años, los bajos tipos de interés con los que ha colocado los títulos ha permitido reducir de forma importante la factura de intereses a pagar cada año. También ha ido extendiendo la deuda en el tiempo para conseguir que se vuelva menos vulnerable a estas peticiones periódicas.

Pero este año empieza a ser diferente. Desde este mismo mes de enero inicia la retirada el que ha sido el principal comprador de nuestra deuda: el Banco Central Europeo. Y, en principio, nos dejará en septiembre solos a nuestras propias fuerzas ante los mercados financieros. A nuestro rating, BBB+ por la agencia Fitch, no le corresponde nuestra prima de riesgo actual de 105 puntos básicos. Aunque no esté totalmente correlacionado, países como México tienen una prima mucho más alta con igual calificación que la española.

La normalización de la política monetaria en la zona euro, por muy suave y lenta que sea, con seguridad encarecerá a medio plazo la deuda. Resulta temerario seguir incrementando su volumen cuando ya supera los 1,15 billones de euros. Es inevitable hacerlo para cubrir los déficits programados para los próximos años, pero solucionar el déficit de las pensiones mediante préstamos del Tesoro es una patada hacia delante, no abordar el problema de fondo. Máxime cuando las previsiones de las necesidades de la Seguridad Social las sitúan entre 61.000 y 83.500 millones de euros anuales en un futuro próximo.

Los estudios sobre las distintas posibilidades están más que hechos. De todos los colores. Con sus efectos colaterales, sus implicaciones económicas o los colectivos afectados. Urge tomar decisiones, que sean creíbles, viables, consensuadas, por muy impopulares que sean. Lo que es inadmisible es demorar el problema más tiempo, poniendo en riesgo la sostenibilidad de la deuda para hacer sostenible el sistema de pensiones.