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Teatro financiero

Carmen Pérez | 4 de noviembre de 2018 a las 19:28

TRIBUNA ECONÓMICA, 19/1o/2018

Una de las propuestas contenidas en el acuerdo de Presupuestos Generales del Estado de 2019, pactado entre el Gobierno y Unidos Podemos, es la de gravar determinadas transacciones financieras. Se podría esperar de esta coalición que liderara iniciativas, aquí y en Europa, para reformar en profundidad el sistema financiero, que está tan lleno de privilegios. Pero no, lo que proponen es aplicarle un Impuesto a las Transacciones Financieras (ITF), con la que sólo se conseguirá recaudar una cantidad, que no será muy alta por las características del impuesto y que, además, terminará pagando el inversor medio. Por su parte, el mundo financiero protesta, pero en el fondo tiene que estar encantado con lo que podía haber sido y, sin embargo, en lo que ha quedado este impuesto.

Este impuesto, y más duro, ya se trató de poner en marcha desde Europa en 2011. Desde entonces, una serie de países, como el Reino Unido, se opusieron a seguir para adelante; otros decidieron continuar unidos con el proyecto. Pero finalmente cada uno ha dispuesto a su antojo, y en todos los casos de manera mucho más débil que la versión original propuesta. Y, dicho sea de paso, no debe estar muy orgullosa la Comisión Europea con esta fragmentación, cuando no deja de afirmar lo mucho que se está trabajando para alcanzar una Unión de Mercados de Capitales auténtica.

El ITF español, en línea con los otros países europeos, afectará exclusivamente a lo más básico: las compras de acciones. Y no a todas. Sólo a las acciones de empresas cotizadas y que tengan una capitalización bursátil superior a 1.000 millones de euros. En total, unas 65 empresas, incluyendo todas las del Íbex 35. Queda fuera del impuesto, por tanto, la renta fija pública y privada. Tampoco alcanza a las operaciones con derivados, y seguramente estarán exentas las operaciones intradiarias: todas las más profesionales y especulativas, y por las que se podría recaudar más dinero.

Tomando como referencia lo que sucede en Francia, y contando con la estructura de nuestro mercado y con las características específicas con las que se ha diseñado el impuesto español, con un tipo del 0,2%, se estima que la recaudación no superará los 700 millones de euros. Eso en el mejor de los casos, porque puede provocar la disminución de la negociación, perjudicando así la profundidad y liquidez del mercado. O que, con la libertad que tienen los capitales para circular por este mundo tan globalizado, empresas e inversores emigren hacia otras plazas financieras.

Así, este impuesto es puro teatro. El Gobierno y Unidos Podemos lo utilizan de escaparate electoral, como si fuera un freno a la especulación financiera, como una batalla ganada a las perversas instituciones financieras, cuando no viene a mejorar en absoluto la esencia del sistema financiero. También ocultan a la población que la recaudación terminará saliendo de sus bolsillos, directamente o a costa de la rentabilidad de sus fondos de inversión o planes de pensiones. Por su parte, las instituciones financieras se quejan como si les fuera a dañar gravemente, sabiendo que tienen bien controlada la situación en Europa y en todos los países que han implantado el impuesto.

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Los PGE y la deuda

Carmen Pérez | 30 de abril de 2018 a las 20:08

TRIBUNA ECONÓMICA, 6/4/2018

Eta semana, el ministro de Hacienda y Función Pública, Cristóbal Montoro, ha presentado el proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2018. Todavía está por ver si estos presupuestos se terminarán aprobando, pero lo que es impepinable, lo que de forma inexorable se terminará cumpliendo, es que el pago de intereses por la deuda pública este año rondará los 31.547 millones de euros. Para tomar conciencia de la importancia de este montante, basta con señalar que supone más del 63% de todo lo que se gasta en España en educación, el 42% en sanidad o más del doble de lo que se gasta en defensa.

Y los intereses sólo llegarán a esa cifra porque, gracias a la política monetaria del Banco Central Europeo, los tipos de interés de la deuda se mantienen en niveles muy bajos. Las mejores calificaciones que han otorgado las agencias Fitch y S&P al bono español y la volatilidad que están experimentando las Bolsas, que termina beneficiando a los mercados de deuda, también están ayudando a que los costes financieros no se  incrementen.

Así, las subastas de esta semana han reflejado este buen momento por el que estamos pasando. El martes, el Tesoro colocó 4.501 millones de euros en letras a 6 y 12 meses, con tipos de interés resultantes de -0,466% y el -0,406%, menores que los de la última subasta de las mismas referencias. Y ayer, emitió deuda a largo plazo: bonos a 3 años y obligaciones a 10 y 30 años, con resultados más que excelentes: -0,287%, 1,17% y 2,24% respectivamente. Los PGE estiman que el rendimiento del bono a diez años termine el año en el 1,6%.

Pero no podemos esperar que estos tipos ultra bajos vayan a durar para siempre. El proceso de normalización monetaria ya se ha iniciado y empujará poco a poco el coste de la deuda al alza. Y además de más altos, cada vez hay que aplicarlos a una cifra mayor de deuda. Según los PGE la deuda pública volverá a crecer en 2018 en unos 40.000 millones de euros. Cuando termine este año, la deuda se acercará a los 1,2 billones de euros. Los PGE ofrecen estos datos desde una perspectiva más positiva, detallando que el porcentaje de deuda sobre el PIB, al crecer esta variable también, concluirá en el 97%, frente al 98,3% del cierre de 2017.

Aún así, estamos a años luz del objetivo europeo, que establece que ese ratio no debe superar el 60%. El gobernador del Banco de España afirmaba esta misma semana que llevará varias décadas llevarla hasta ese punto. También esta semana, el presidente de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, Airef, advertía -como ha hecho tantas veces Mario Draghi- que este nivel de deuda no es sostenible y proponía crear colchones fiscales que permitan al país soportarla cuando las condiciones financieras no sean tan favorables, o cuando el crecimiento se ralentice, como se espera a medio plazo.

Los PGE 2018 significan hacer oídos sordos en gran medida a estas advertencias. Cumplen con el límite europeo sobre el déficit, pero, sin desatender a los más desfavorecidos, que era prioritario, podrían haber hecho más para domar la excesiva deuda que mantenemos, porque corremos el riesgo de que en el futuro nos aplaste.

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